El candidato indígena Yaku Pérez demanda en Quito que le devuelvan los 180 mil votos que “le robaron” en las presidenciales ecuatorianas

La confianza del candidato Yaku Pérez en la magnitud del apoyo popular con que cuenta su movimiento Pachakutik es directamente proporcional a su desconfianza en la cuantía de la honestidad de las autoridades oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) ecuatoriano encargado de contar esos votos que él no duda de que lo apoyan. Desde la primera vuelta de las presidenciales, celebradas en Ecuador el domingo 7, primera cita del calendario electoral latinoamericano 2021, confianza y desconfianza no han hecho más que crecer. Hasta hace una semana, la voluntad del líder indígena parecía dirigida al objetivo más concentrado de invertir, a su favor, la diferencia de apenas 32.600 sufragios en lo aventaja el candidato Guillermo Lasso . Según el CNE, con el 100% de las actas escrutadas, Andrés Arauz de la coalición UNES ganó el 32,72% de los votos, Lasso de la coalición CREO-PSC (Partido Social Cristiano) el 19,74, y, apenas detrás, Pérez el 19,39. Pérez había escarnecido un pacto oligárquico entre Lasso y ex presidente Rafael Correa para cercenarle el derecho de ser el rival de Arauz en el balotaje del 11 de abril. Desde el lunes, los números de su reclamo se han ampliado y el tamaño del fraude que denuncia se ha agigantado. Llegado a Quito al frente de una marcha indígena de la republicana Transparencia, en su presentación de objeciones ante la CNE señala que las dimensiones del fraude se extienden al 40% de las actas de la elección presidencial. Le robaron, dice, un promedio de dos o tres votos por acta. Un total de 180.000 mil votos, un latrocinio seis veces más grande que aquel que, en la segunda semana de febrero, se habría dado por satisfecho si se corregía.

El miércoles anterior había partido desde la ciudad interandina de Loja, en el sur del país, la “Marcha por la Transparencia y la Democracia”, que el miércoles llegó pacíficamente a la capital ecuatoriana. Desde el mismo día de la celebración de las presidenciales, Pérez se había valido de la noción de “fraude estructural” -es decir, algo extremadamente grave y poderoso pero a la vez ubicuo e inubicable. Apenas llegado a Quito, presentó pruebas concretas -e insistió que eran tales-, de las falsificaciones documentales perpetradas en su contra.Veintiún cajas con copias de las 16.086 actas que Pachakutik encuentra inconsistentes: son aproximadamente el 40% de las 39.985 actas válidas totales de la elección.

En las semanas que siguieron al día de los comicios, la impugnación de los resultados que presentaba el CNE era de timbre clasista e ideológica (para sus bases): el sempiterno complot plutocrático. O de tono moral (para las clases medias urbanas: “Los resultados verdaderos están en la conciencia de los señores del CNE y en el corazón de los ecuatorianos”. Desde que llegó a Quito la marcha, la recusación es documental, legal, procesal, jurídica. Ya no se concitan el ultraje racista ni la conjura antinatural y extractivista, sino que los ideales del día, recordados como una obviedad insípida por Marlon Santi, el coordinador de Pachakutik y habilísimo operador político, son la democracia y la transparencia, el respeto de la voluntad popular, y el ariete de la objeción es el sustento legal del reclamo, que se debe a la materialidad de las actas.

El secretario del CNE, Santiago Vallejo, fue quien recibió en mano las cajas de cartón. Las trasladaron, para su seguridad, al Comando de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Una vez que se haya inventariado el contenido exacto de cada caja e identificado cada documento, en tres días el Pleno del CNE debe aceptar o rechazar la objeción de Pachakutik. ¿En qué consisten las irregularidades constatadas en las actas, y cómo han de interpretarse? No está tan claro. Marlon Santi habla de adulteraciones. En principio, son todas las actas que tienen tachaduras, correcciones, sobreescrituras, cambios de las informaciones que se asentaron antes, que fueron anuladas o sustituidas por nuevos datos que se asentaron después cancelando las primeras.

Que Pachakutik se haya mantenido disciplinadamente a derecho invita la conclusión de que seguirá su reclamo hasta las últimas consecuencias, pero que en primer lugar agotarán la vía administrativa institucional y que sólo se saldrán de ella, también en este mismo cauce inicial de la acción política, para ir a los tribunales. Según el Código de la Democracia, la ley orgánica electoral ecuatoriana sancionada en 2009 (en tiempos de Correa), ante una respuesta negativa del CNE, Pachakutik puede apelarla y acudir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) interponiendo un recurso subjetivo. Si el CNE o el TCE reconocen la existencia de una adulteración o invalidez masiva en la confección de las actas, Pachakutik pediría, como corolario de esa admisión, un recuento total de los votos de las 24 provincias de Ecuador. Aceptarían incluso el recuento acordado en el CNE con Lasso: revisar el 100 % de las actas de la controvertida provincia de Guayas, sobre el litoral pacífico, la más poblada de todas y la que concentra un cuarto de la población total, el 50% de las actas en otras 16 provincias. En Guayas está el puerto de Guayaquil, acelerador de la economía ecuatoriana, en la ciudad de Guayaquil el banco ciudadano fue largo tiempo dirigido por Lasso, cuyo movimiento CREO nación allí, en Guayas está el PSC, su socio en la alianza electoral, partido que no presentó candidato propio, pero cuyo animador, Jaime Nebot, por veinte años alcalde porteño, era incriminado por Pérez como el tercer cateto en el triángulo de conspiradores oligárquicos que cerraba con Correa y el propio Lasso. En las elecciones del domingo 7, en Guayas creció UNES y retrocedió CREO-PSC, un desplazamiento de votos que reconoce una de sus causas en la ineficiente y grotesca gestión de la pandemia en Guayaquil. Pérez señaló al racismo como uno de los más insidiosos agentes del fraude. La existencia del fraude aún está pendiente de confirmación; la del racismo, no. Y ha sido y es uno de los agentes de la renuencia basal del electorado de la costa a darle su voto de confianza a los movimientos indígenas -mucho menos a depositar en las urnas un voto a los candidatos de su instrumento político.

En sus primeras declaraciones públicas en Quito el martes, cuando la marcha de la Transparencia que había partido de Loja una semana atrás unió sus fuerzas en el parque El Arbolito, al norte del centro de la capital ecuatoriana, con colectivos indígenas de la Amazonía y de la Sierra Central, y con líderes y cuadros sindicales, Marlon Santi hizo notar que los medios y la sociedad urbana habían pronosticado que la marcha provocaría disturbios o ejercería la violencia, y en cambio había sido modélicamente pacífica. También esto sugiere una voluntad litigiosa en sedes administrativas y judiciales que no quiere encontrar el obstáculo o el reproche de una conducta improcedente. Si las violencias habían sido temidas, se debe al recuerdo de octubre de 2019, cuando fue la determinación para la lucha callejera y la ocupación prolongada de los espacios públicos de la capital por los movimientos indígenas lo único que hizo ceder al todavía presidente Lenín Moreno para dejar sin efecto la quita de subsidios estatales al precio de los combustibles. En todo caso, la disciplina con la que los indígenas cambiaron argumentos y conductas, en los reclamos y en la movilización, conduce sin dilación a admitir que han ganado en ductilidad y efectividad, no en que hayan renunciado a hacerse oír más fuerte con sus cuerpos colectivos.