El Presidente del Gobierno de Aragón ha escrito una carta destinada a António Guterres, el Secretario General de las Naciones Unidas, como respuesta al informe publicado la semana pasada por los relatores de la ONU sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Aragón y el futuro plan de concordia que se quiere aprobar en la comunidad.
Azcón se dirige a Guterres para expresar su “contrariedad” por dicho informe y lamentando que “no se nos haya dado trámite de audiencia previa como parte directamente aludida. Dicha garantía jurídica y democrática hubiera evitado la indefensión que ahora nos vemos obligados a invocar. Esta exclusión del Gobierno de Aragón socava gravemente la objetividad del Informe y la obligada imparcialidad de sus conclusiones”. Reitera Azcón el mensaje del pasado viernes, cuando el Gobierno de Aragón sustuvo que este informe estaba basado en “información sesgada e interesada” suministrada por el Gobierno de España. Lo que, según Azcón, “desvirtúa la realidad y está plagado de inexactitudes, falsedades y omisiones”.
Dice el Presidente del Gobierno de Aragón que el objetivo del plan de concordia que se aprobará “en próximas fechas” es “honrar” a todas las víctimas. “También a las del periodo democrático, como las víctimas de la banda criminal ETA y, por extensión, las del terrorismo. El partido al que represento (Partido Popular) y yo mismo hemos condenado reiteradamente, tanto en el Congreso de los Diputados como en las Cortes de Aragón, el golpe de Estado de 1936 que desembocó en la Guerra Civil y la represión durante la dictadura franquista”.
A continuación, Azcón ennumera los “errores” que contiene el informe de la ONU. En primer lugar expone que Aragón no ha aprobado ninguna ley de concordia, lo que se ha aprobado es la derogación de la Ley de Memoria Democrática, ley que, según el Presidente, “imponía un relato sesgado y realizaba una interpretación partidista de la historia”. También asegura que la derogación de la ley “no invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista”.
Expone que “no se ha suprimido el portal web institucional del Gobierno de Aragón sobre memoria democrática , ni el mapa de fosas comunes de Aragón —anterior, por cierto, a la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón—, ni la información sobre los lugares de memoria democrática de Aragón”, aunque esto sí que se contemplaba en la derogación de la ley. También sostiene que “las subvenciones a proyectos públicos de memoria histórica no quedan en una situación incierta como consecuencia de su sujeción a la justificación correspondiente, como apuntan los autores del Informe”.
Termina la misiva asegurando que el Gobierno de Aragón enviará, “tan pronto como nos sea posible” un informe “a modo de alegación que profundice jurídicamente en todas las cuestiones mencionadas en la presente”.