El pasado viernes, 26 de abril, durante el pleno que celebró el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la edil de Urbanismo, Zaida González (PP), ante las críticas manifestadas por la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, manifestó que “la construcción de un hotel en la playa de Las Teresitas es necesaria para poder financiar las obras de mejora de la misma, cuyo coste ascenderá a unos 35 millones”. González alega que se trata de “una cuestión de viabilidad económica”. Para Hernández se puede intervenir en la playa para mejorarla, “sin que se tenga que construir ningún hotel” y le pregunta a la titular de urbanismo “si para pagar las alcantarillas y las luces hay que construir un hotel”.
Hernández presentó una moción para exigir al equipo de Gobierno del Consistorio (CC y PP) que incremente los procedimientos de participación ciudadana con respecto a la modificación que se está llevando a cabo del Plan General de Ordenación (PGO) del municipio, en la playa de Las Teresitas, para poder ejecutar un proyecto de mejora de la zona de baño. Para la portavoz del PSOE y exalcaldesa de Santa Cruz, la consulta ciudadana que ha realizado el Ayuntamiento, a través de internet, ha sido “un fracaso”, y añade, “sólo han participado 45 de más 211.000 chicharreros”.
Según el criterio de la socialista, la ciudadanía debe poder plasmar su opinión sobre este proyecto en pleno debate sobre qué modelo turístico se quiere para las islas y tras un 20A que dejó más preguntas y deberes por hacer, que certezas.
Hemeroteca
A comienzos de los años 2000 el ex alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz, Miguel Zerolo, tenía un plan para la playa más emblemática de Tenerife. Un plan que se forjó a través de uno de los mayores pelotazos de Canarias y que le llevó a ser condenado a 7 años de prisión por el caso Las Teresitas. Sin embargo, la historia de la playa de Las Teresitas no se comprende sin mencionar el caso Mamotreto y el caso Las Huertas. Gloria Gutiérrez Arteaga, diputada socialista en el Parlamento de Canarias en 2008, le definió lo que durante años fue “el Mamotreto” al entonces consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel Martínez, de la siguiente manera: “'La obra cuenta con una superficie aproximada de 4.000 m2, destinada a 404 aparcamientos, plazas de garaje de pago, de pago, y locales comerciales. Nos quitan los hermosos aparcamientos que tenemos ahora y nos obligan a pagar para bañarnos en la playa de Las Teresitas. La construcción invade la zona de protección de servidumbre, sin contar con la autorización preceptiva de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la competente para defender nuestro territorio, nuestro patrimonio público, a través de los correspondientes expedientes sancionadores y, en su caso, de demolición”. No sabía Arteaga en ese momento que desde esas palabras hasta el derribo del mamotreto pasaría casi una década, ya que la edificación diseñada por Dominique Perrault fue derribada en 2017.
La tercera pata de Las Teresitas, el caso Las Huertas, se inició cuando a comienzos de los años setenta el Ayuntamiento decide expropiar los terrenos de los vecinos de Las Huertas y Montaña Morera, pero, finalmente, la operación quedó paralizada y ni el Ayuntamiento ni la Junta de Compensación dieron por efectuada la compra. Es en 1998 cuando Inversiones Las Teresitas (ILT), empresa formada por Ingnacio González y Antonio Plasencia, decide ‘adquirir’ los terrenos situados en la zona trasera de Las Teresitas y cometer un expolio sin precedentes. Así, comenzó la trama que terminó con tres casos de corrupción, políticos, empresarios y funcionarios en prisión.
Después del pelotazo, la premisa sobre cómo solucionar las carencias de Las Teresitas ha acompañado a la ciudad en los últimos años. En 2018 el actual alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), hablaba de actualizar el Plan Estratégico que se comenzó en 2007 (durante el mandato de Miguel Zerolo) con el fin de mejorar el entorno de Las Teresitas. En una reunión con todos los agentes sociales y económicos de la ciudad, el alcalde de Santa Cruz planteaba que se debía repensar la ciudad de manera colectiva.
En 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tumbaba de manera definitiva el Plan General de Ordenación de 2013 por no contar con una Evaluación Ambiental Estratégica, por esta razón el gobierno municipal quiere modificar el plan vigente en Santa Cruz, el de 2005 (una adaptación del Plan de 1992). Desde el gobierno municipal se plantea esta modificación como la posibilidad de, por un lado, mejorar el frente de la playa (paseo, reorganización del tráfico) y, por otro lado, la de generar beneficios económicos al pueblo de San Andrés.
Unidas Podemos afeaba en 2020 la postura del PSOE y los acusaba de apoyarlo para continuar gobernando. Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos, que tuvo que recular tras votar inicialmente a favor del Plan, señalaba que el documento debía someterse a “modificaciones sustanciales” que facilitasen el transporte público en la zona. A estas críticas se sumaron las de colectivos sociales por seguir adelante con un plan que tenía como objetivo la construcción de un hotel en batería.
¿De dónde surge la modificación del PGO y pará qué? En noviembre de 2023 el Partido Popular y Coalición Canaria llevaban a pleno la modificación de dos puntos del Plan General de Ordenación, uno de ellos referido a la ordenación de Las Teresitas. El Ayuntamiento había encargado esa modificación a la empresa GESTUR y llevaba a pleno la aprobación de dicha modificación. El PSOE recriminaba al grupo de gobierno falta de transparencia y precisión respecto a cuáles serían las modificaciones que se querían llevar a cabo en el PGO y de qué manera afectaba a la ciudad, mientras el PP insistía en que habían hecho llegar toda la información disponible.