La Fiscalía Europea cita a declarar a Conrado Domínguez por el caso Mascarillas

Efe

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La Fiscalía Europea ha citado a declarar este lunes al exdirector del Servicio Canario de la Salud (SCS) Conrado Domínguez, al que se investiga por el 'caso Mascarillas', del que podría haberse llevado parte de una comisión de 100.000 euros, según ha publicado este domingo el periódico Canarias 7.

El citado periódico da a conocer un informe de la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la Policía Nacional que recoge que el contrato de 4 millones de euros en favor de la empresa RR7 United por la entrega de un millón de mascarillas que nunca llegaron al SCS se incluyó la cantidad de 100.000 euros para repartir como comisión entre Domínguez y otros comisionistas.

Domínguez está investigado en esta caso como presunto autor de un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias, cargos por los que también se investiga a la entonces directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez.

A la empresa RR7, sin experiencia anterior en la importación de material sanitario (se dedicaba al comercio de coches), se le adjudicó por el procedimiento de emergencia proveer a los hospitales públicos de Canarias un millón de mascarillas FFP3, por las que recibió un pago por adelantado de cuatro millones de euros.

La sanidad nunca recibió ese material porque RR7 trató de importar una partida de mascarillas de la marca 3M que resultaron ser falsas y fueron destruidas por Aduanas.

A pesar de ese incidente, el SCS no resolvió su contrato, sino que Conrado Domínguez autorizó a que se le diera la oportunidad suministrar otra partida, que nunca llegó.

Por esos hechos, el administrador de RR7, Rayco Rubén González, está acusado de estafa agravada y Conrado Domínguez fue imputado en cargos de prevaricación y tráfico de influencias.

Además de Domínguez, el informe de la UDEF concluye que hubo otros cuatro comisionistas en el 'caso Mascarillas', los intermediarios Lucas Cruz, Ihsan Mahmoud Mohamed Al Sabbagh, Samuel Machín y Oswaldo Lastras.

La Fiscalía Europea asumió la investigación del caso al afectar la posible estafa de cuatro millones de euros que sufrió la sanidad canaria al inicio de la pandemia de covid-19 a fondos europeos, ya que el dinero que pagó por adelantado el SCS para adquirir el millón de mascarillas FFP3 que nunca recibió procedían del Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).