¿Qué debe entenderse por “trabajar contra” el fraude y la corrupción? A esta pregunta han tratado de responder los servicios jurídicos de las Corts Valencianes para determinar que una de las candidaturas a dirigir la Agencia Valenciana Antifraude no es válida. Se trata de la candidatura que apoya el PP valenciano, la de Eduardo Beut, exdelegado de la Agencia Tributaria, planteada por una entidad, la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública, que dirige una integrante del PP valenciano.
Los servicios jurídicos de las Corts Valencianes piden impugnar esta propuesta porque consideran que la agrupación de gestores no cumple los requisitos para presentar a un candidato. El examen procede de una queja de Acción Cívica Contra la Corrupción, que pidió los avales de la agrupación de gestores, dudando de que los tuviera. La entidad presentó alegaciones que no han sido suficientes para el letrado.
Para elaborar su respuesta, el letrado de las Corts acude a la Real Academia de la Lengua Española y examina las acepciones que tiene la palabra “trabajar”. El “desarrollo esporádico, meramente ocasional, de alguna actividad relacionable indirectamente o de forma meramente nominal con los conceptos referidos” no está entre ellas. El letrado aprecia que en los estatutos de la entidad no se asume el fin de luchar contra el fraude y la corrupción, tampoco en su página web ni en lugar alguno de información pública sobre la agrupación de gestores. Así, considera que la organización de varios cursos o jornadas anuales, como expuso la agrupación, no es suficiente.
Además de acudir a la RAE, el letrado examina palabra por palabra los requisitos que dicta la ley. Hace una exposición sobre el significado de fraude y corrupción según distintas definiciones jurídicas, también sobre el tiempo que cabe en ese “en la actualidad”, que figura en las normas, incluso examina uno por uno los cursos que la asociación de gestores ha realizado para determinar si cumplen este fin.
El informe jurídico termina con una propuesta de resolución que se debatirá en la Mesa de las Corts Valencianes. El letrado considera procedente que se estime el recurso de Acción Cívica y deje sin efecto la candidatura de Beut. De ser así, sería el actual número dos de la Agencia Antifraude, Gustavo Segura, el único candidato. Su actual director, Joan Llinares, tiene el mandato a punto de caducar y se despedirá en breve del organismo, que requiere una mayoría cualificada para su renovación. Con todo, será el órgano de gobierno de las Corts Valencianes, presidido por la extrema derecha, el que tenga la última palabra sobre la propuesta.