El empeño de los ‘tories’ por enviar refugiados a Ruanda: dos años de batalla legal, millones de libras y más llegadas en patera

El último capítulo de la lucha del Gobierno británico para deportar a Ruanda a solicitantes de asilo llegados al Reino Unido terminó este martes unos minutos después de la medianoche. La Cámara de los Lores se rindió en su intento de parar un plan que ha consumido dos años de debate político y judicial y millones de libras, y que puede violar la legislación internacional de protección a los refugiados impulsada por el propio Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial.

La ley para declarar Ruanda como un país “seguro” e intentar soslayar el escrutinio de la justicia británica se aprobó en la Cámara de los Comunes unas horas antes de una nueva tragedia en el canal de la Mancha. Al menos cinco personas, entre ellas un niña de cuatro años, murieron ahogadas cerca de la costa del norte de Francia, en Wimereux, mientras trataban de cruzar en una patera hacia Inglaterra. En una embarcación hinchable viajaban más de un centenar de personas; entre ellas, 47 fueron rescatadas y devueltas a Francia y otras 57 se negaron a abandonar el bote y siguieron su camino hacia la costa inglesa, escoltados por un barco de la armada francesa, según las autoridades francesas. Desde que empezó el año, al menos 15 personas han muerto intentando cruzar el canal.

El alcalde de Wimereux, Jean-Luc Dubaele, culpó al Reino Unido de los naufragios por tratar, según él, demasiado bien a los migrantes. “Este último plan para mandar migrantes a Ruanda no sirve de nada para parar el tráfico. Si los ingleses quieren parar a los migrantes entonces deben dejar de cuidarlos, dejar de darles alojamiento, comida y cuentas bancarias, dejar de permitir que trabajen”, dijo al tabloide británico Daily Mail el alcalde, elegido como independiente dentro del grupo de políticos de derecha sin afiliación. Según una investigación académica recién publicada, lo que motiva a los migrantes a intentar llegar al Reino Unido son las malas condiciones de los campos de acogida en la zona de Calais y la brutalidad de la policía francesa.

Entre el 1 enero y el 21 de abril, el Ministerio del Interior británico ha identificado la llegada de unas 6.000 personas en estos peligrosos viajes; el 40% de ellas son de Vietnam y de Afganistán. Las llegadas han aumentado un 24% respecto al mismo periodo del año pasado.

Pese a la alarma del Gobierno británico, el impacto de estas llegadas es menor en comparación con otros países del sur de Europa, como España. Por ejemplo, entre el 1 de enero y el 15 de marzo, llegaron más de 15.000 personas de manera irregular sólo a Canarias. El Reino Unido tiene unos 67 millones de habitantes, es decir, 20 millones más que España. 

Intervención de la justicia

Miembros de la Cámara de los Lores han intentado introducir enmiendas para suavizar la nueva ley o garantizar la protección al menos de grupos concretos de personas, como las provenientes de Afganistán. Los lores laboristas, independientes y religiosos han dado la batalla contra el Gobierno conservador. El arzobispo de Canterbury y líder de la Iglesia de Inglaterra, Justin Welby, uno de los más críticos, ha alertado del “daño” para la reputación del Reino Unido, ha defendido los derechos de “quienes más lo necesitan” y se ha quejado de que la legislación “oscurece el hecho de que todas las personas, incluyendo los solicitantes de asilo, tienen un gran valor”.

Más allá de las críticas de la oposición, la Cámara de los Lores y las organizaciones de derechos humanos, el principal escollo práctico que ha encontrado el Gobierno británico es su propio sistema de justicia, con una larga tradición de proteger los derechos de los refugiados.

En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal el plan aprobado por el Gobierno de Boris Johnson en abril de 2022 para enviar a Ruanda a personas llegadas al Reino Unido de manera irregular y en busca de asilo, sin importar el hecho de que estas personas no tengan ninguna relación con el país del este de África a más de 6.000 kilómetros de distancia de su destino.

En junio de 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos paró el primer vuelo del Reino Unido a Kigali por la denuncia de 10 solicitantes de asilo afectados. El primer ministro británico, Rishi Sunak, insiste en llamar “tribunal extranjero” a una corte internacional que es parte del ordenamiento jurídico británico y que defiende la convención europea de derechos humanos y la convención de la ONU de protección a los refugiados de 1951 que el Reino Unido ayudó a escribir e impulsó como uno de los primeros firmantes. El Tribunal Europeo tiene su sede en Estrasburgo, pero no es un tribunal francés.

La nueva ley aprobada por la Cámara de los Comunes deja sin efecto parte de la ley británica de 1998 que incorpora la convención de derechos humanos. La norma recién aprobada pretende evitar que los jueces consideren la situación concreta en Ruanda o el riesgo de que los solicitantes de asilo sean enviados a otro país desde allí.

Millones de libras

Entretanto, tres gobiernos conservadores, el de Boris Johnson, el efímero de Liz Truss y ahora el de Sunak, han gastado millones de libras entre los litigios y el dinero pagado al Gobierno de Paul Kagame. Hasta ahora, el Gobierno británico ha comprometido casi 280 millones de euros para Ruanda envíe o no a refugiados allí, y prometió desembolsar otros 58 millones de euros en el momento en que se aprobara esta nueva ley.

Cada deportación costará al Reino Unido unos dos millones de euros, según las cifras del órgano oficial de auditoría, y el Gobierno dice que espera que el primer vuelo “de prueba” con algún solicitante de asilo despegue del Reino Unido dentro de 10 ó 12 semanas, es decir a partir de julio si nuevas querellas no lo impiden. Representantes de solicitantes de asilo ya han dicho que seguirán disputando en los tribunales caso a caso los intentos de deportación del Gobierno, que se dice dispuesto a abandonar la convención europea de derechos humanos. El sindicato de funcionarios británicos también ha amenazado con denunciar al Ministerio del Interior si obliga a los servidores públicos a cumplir con órdenes de deportación que pueden suponer una violación de la legislación internacional. El sindicato teme que los funcionarios puedan cometer una ilegalidad siguiendo las instrucciones del Gobierno y que puedan incluso ser denunciados personalmente.

El Gobierno ha hecho un primer cálculo del coste para deportar a unas 300 personas y, según un documento interno publicado hace unos días, estima poder deportar a Ruanda como mucho a 500 el primer año del acuerdo. Pueden ser menos por la lenta burocracia del proceso de asilo, que tiene a unas 52.000 personas en espera, según las estadísticas oficiales.

Tanto representantes del Consejo de Europa como de Naciones Unidas criticaron este martes de nuevo el plan que el Partido Conservador ha puesto como prioridad de gobierno. “La nueva legislación marca un nuevo paso todavía más lejos de la larga tradición del Reino Unido de dar refugio a quien lo necesita y viola la convención de refugiados”, dijo Filippo Grandi, alto comisionado para los refugiados de la ONU. “Este acuerdo busca traspasar la responsabilidad de la protección de refugiados, dinamitando la cooperación internacional y sentando un precedente global preocupante”. 

Sunak defiende que su plan para mandar a unos cientos de personas a Ruanda es “un paso para un cambio fundamental en la ecuación global de la migración” y que su ley “disuadirá a los migrantes vulnerables de los cruces peligrosos y acabará con el modelo de negocio de las bandas criminales que los explotan”. “Esta legislación nos permitirá dejar muy claro que si llegas aquí de manera ilegal, no te podrás quedar”, dijo Sunak en una declaración por escrito. La convención sobre el estatuto del refugiado de 1951 prohíbe expresamente penalizar a un solicitante de asilo por la manera en la que ha llegado a un país, ya que por la guerra o la persecución a menudo los refugiados no pueden tramitar los papeles en su país de origen u otros intermedios. 

En respuesta al último naufragio de este martes, Sunak dijo a la prensa que lo ocurrido es “un recordatorio” de por qué plan “es tan importante” y “hay cierta compasión” en lo que está haciendo su Gobierno.

Las elecciones

Sunak intenta recuperar votos perdidos en vísperas de unas elecciones generales cuya fecha aún tiene que anunciar, pero que pintan mal para su partido. El Partido Laborista le saca 20 puntos o más de ventaja a los conservadores en intención de voto desde hace meses y, dado el sistema mayoritario del Reino Unido, los tories de Sunak tienen el riesgo de quedarse en un grupo minoritario. Los conservadores podrían pasar de los 346 escaños actuales en la Cámara de los Comunes a menos de 100, según las últimas estimaciones. El laborista Keir Starmer podría obtener así una victoria mayor incluso que la histórica de Tony Blair en 1997. 

Sunak, cuya gestión es muy impopular, intenta movilizar a su base electoral perdida más a la derecha con un asunto que movió el voto a favor del Brexit: el 60% de los votantes conservadores y más de un 20% de laboristas creen que la inmigración ha sido “mala” para el país en los últimos diez años. Ahora, el 84% de los adultos británicos creen que el Gobierno británico está gestionando mal la inmigración y sólo el 8% tienen una visión positiva, según la última encuesta de YouGov.

El primer ministro ha dicho que convocará elecciones en la segunda parte del año y algunas fuentes apuntan ahora a que lo hará en julio si consigue enviar para entonces a unos pocos solicitantes de asilo a Ruanda. El límite máximo para convocar elecciones es en diciembre, cuando el Parlamento se disolvería de manera automática y los comicios se celebrarían en enero de 2025, pero se espera que la votación sea, como tarde, en otoño de este año.