Contra la manipulación informativa. España y EEUU han firmado este viernes un protocolo de entendimiento para combatir la desinformación, Y llega en pleno debate en España sobre la publicación de bulos, que llevaron incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sopesar su continuación al frente del Gobierno por la campaña política, mediática y judicial contra su esposa, Begoña Gómez.
El memorando de entendimiento firmado por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el secretario de Estado, Antony Blinken, este viernes en Washington, aborda “la manipulación informativa que se ejerce a través de métodos como la propaganda y la desinformación, que puede crear o comentar divisiones dentro de los países y comprometer la integridad de las elecciones”.
El documento, además, señala que “la injerencia externa representa una amenaza para la seguridad nacional”, el “compromiso de trabajar conjuntamente es sobre la desinformación”: la necesidad de “apoyar a las organizaciones multilaterales que fomentan la cooperación internacional en este tema” y la puesta en marcha de “un marco de cooperación bilateral para contrarrestar la manipulación en el que se intercambiará información dentro de las respectivas leyes, reglamentos y políticas”.
El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha destacado en la firma del protocolo que “la desinformación supone un desafío para la democracia, y la propaganda representa una amenaza para la seguridad, además de afectar a la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales”.
La UE tiene en un mes, el 9 de junio, elecciones al Parlamento Europeo, mientras EEUU irá a las urnas en noviembre para decidir entre Joe Biden y Donald Trump, quien ha hecho uso de la desinformación con fines políticos de la mano de poderosos brazos mediáticos como la cadena de televisión Fox News.
“Hay que trabajar más efectivamente para reforzar la resiliencia de los medios y apoyar a los periodistas”, ha afirmado Blinken.
El responsable de Exteriores español, José Manuel Albares, ha insistido por su parte en la lucha contra las interferencias de la desinformación en los procesos electorales que se avecinan “en el Parlamento Europeo y las presidenciales de Estados Unidos”.
Reglamento europeo
La UE, por su parte, obligará a los medios a publicar la publicidad institucional y sus propietarios. Este martes entró en vigor el reglamento europeo de medios de comunicación que pretende blindar su independencia, pero también impone una serie de obligaciones en materia de transparencia. El acuerdo dejó fuera el intento de permitir el espionaje a periodistas bajo la premisa de la “seguridad nacional”.
La intención de la UE es garantizar la pluralidad mediática y blindar, sobre todo, a los medios de posibles injerencias políticas con la vista puesta, especialmente, en los ataques a la libertad periodística y los riesgos al pluralismo de los últimos años en Hungría, Polonia y República Checa. Pero también impone una serie de obligaciones a las empresas de los medios, especialmente en materia de transparencia.
Los medios de comunicación tendrán que hacer pública la información sobre sus dueños. En concreto, estarán obligados a difundir “el nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública”. La motivación de la UE es clara: que los lectores, oyentes o espectadores sean conscientes de qué intereses pueden estar detrás de la información que reciben.
“Es crucial que los destinatarios de servicios de medios de comunicación sepan con certeza a quién pertenecen los medios de comunicación y quién está detrás de ellos, de modo que puedan detectar y entender posibles conflictos de intereses. Esto es un requisito previo necesario para formarse opiniones bien fundadas y, como consecuencia, para participar activamente en una democracia. Esa transparencia es asimismo un instrumento eficaz para desincentivar y por consiguiente limitar el riesgo de injerencia con la independencia editorial”, señala el reglamento en su exposición de motivos.