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La crisis de la vivienda, un grave problema social

Carteles de alquiler

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Todos estamos de acuerdo en que uno de los problemas más importantes que sufrimos es la gran dificultad para acceder a una vivienda digna. Los alquileres han alcanzado en el mes de marzo pasado su máximo histórico, siendo la cuantía media de un alquiler en España, según el portal Idealista, de 12,7 euros por metro cuadrado, cifra que se dispara a 20,7 euros en Barcelona, 18,9 euros en Madrid o 17,1 euros en San Sebastián. Murcia se mantiene aún por debajo de la media, con un precio medio de 8,3 euros por metro cuadrado, pero también los sueldos son más bajos que la media española, por lo que tampoco es fácil alquilar una vivienda en nuestra región.

Hay dos datos demoledores que reflejan la situación. El precio de los alquileres ha subido más del 66% en la última década, mientras que los sueldos sólo han aumentado un 3,4% en ese tiempo. Si tenemos en cuenta que el sueldo medio en España en 2024 es de 1.920 euros, en 12 mensualidades, según un informe de Adecco Group, se supera con creces la cantidad que se debería destinar a la vivienda, que es un 30% del salario mensual, siendo imposible para una sola persona vivir de alquiler sin compartir gastos. Este problema se acentúa en la gente joven, cuyo sueldo medio ronda los 1.000 euros, eso en el mejor de los casos, ya que casi el 28% de los menores de 25 años está en paro. Sólo el 16,3% de las personas entre 16 y 29 años ha logrado emanciparse, y la edad media a la que se van de casa supera los 30 años, una edad muy por encima de nuestros vecinos europeos.

A pesar de que los desahucios han disminuido en un 30% en 2023, debido principalmente a la aplicación de las medidas para hacer frente al Covid-19, aprobadas en 2020, que incluía la paralización de los desahucios a familias vulnerables, medidas se prorrogarán hasta 2025, el año pasado se produjeron casi 27.000 lanzamientos, causando verdaderos dramas a miles de familias. Tres cuartas partes de esos desahucios son debidos al impago del alquiler, otro 20% derivaron de ejecuciones por no pagar la hipoteca y 1.723 a otro tipo de causas.

¿A qué eso debido ese aumento desorbitado del precio de los alquileres? Según los expertos, se debe a varios factores: la bajada en un 30% de la oferta de pisos y casas en alquiler frente al aumento de la demanda, por la dificultad de acceder a una vivienda en propiedad; el hecho de que los fondos buitre copan el mercado del alquiler, adquiriendo viviendas propiedad de los bancos y subiendo sin escrúpulos los alquileres; la especulación inmobiliaria, no solamente de fondos de inversión, sino también de particulares; la escasez de viviendas de alquiler social (en España solo el 2,5% del parque es de alquiler social, tres veces menos que la media europea); la proliferación de pisos turísticos, que disparan los precios del alquiler de las viviendas cercanas a esos pisos, sobre todo en zonas vacacionales como Canarias y Baleares, donde el 4% de las viviendas son para turistas.

Sin embargo, los diferentes gobiernos, tanto central como autonómicos y municipales, sólo inciden en un tipo de solución a este grave problema, el aumento de la oferta de viviendas de nueva construcción, alimentando ese monstruo que es la burbuja inmobiliaria que tan nefastas consecuencias tuvo en el pasado reciente de nuestro país y que solo favorecería a las empresas constructoras. En un país con 3,8 millones de viviendas vacías, el 14% del total, es un contrasentido seguir aumentado el parque de viviendas, medida que no ha sido capaz de regular el mercado. Durante el 'boom' inmobiliario de la primera década de este siglo, se construyeron medio millón de viviendas nuevas cada año, y ese aumento brutal de la oferta no supuso la rebaja de los precios, sino todo lo contrario.

¿Qué medidas se proponen para paliar el problema de la vivienda en España? Básicamente son, entre otras, ampliar el parque de vivienda social y subsidiada para ofrecer más opciones asequibles a quienes más lo necesitan; implementar medidas que controlen los precios del alquiler y protejan a los inquilinos de desalojos injustificados; fomentar la construcción de viviendas asequibles mediante incentivos fiscales y subvenciones para desarrolladores que se comprometan con este objetivo; promover el cohousing, modalidad sostenible de autogestión habitacional formada por viviendas privadas y una dotación importante de servicios comunes, planeada y gestionada por sus residentes.

Frente a la aplicación de medidas puramente mercantilistas, promovidas por los partidos de la derecha, que no ayudan a reducir el precio de este bien de primera necesidad, se deben implementar medidas que conviertan el acceso a la vivienda en un verdadero derecho el cual, lejos de ser objeto de especulación para beneficio de unos pocos, debe ser protegido por los poderes públicos para garantizar lo que sanciona el articulo 47 de la Constitución, es decir, promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.

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