Durante la madrugada del 5 de noviembre de 2026, material de relave perteneciente a División Andina, una de las minas de cobre de la empresa estatal chilena Codelco, se derramó alcanzando el río Blanco, en la Cordillera de los Andes, en la Región de Valparaíso. El río Blanco alimenta, a su vez, al río Aconcagua, cuyas aguas contribuyen al suministro de agua potable de más de un millón de personas y sostiene actividades agrícolas.

Por lo mismo, tras la emergencia, se cerraron preventivamente compuertas de riego del Aconcagua y se suspendió temporalmente una captación de Esval, empresa de servicios sanitarios encargada de la producción y distribución de agua potable. Codelco sostuvo, a través de un comunicado, que la situación “se encuentra controlada”, que “las medidas de mitigación continúan en desarrollo” y que sus monitoreos no mostraron alteraciones significativas del agua. Pero la autoridad todavía busca establecer el alcance del incidente: la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició una fiscalización para determinar las causas del derrame y sus posibles impactos.

Este caso no es el único que está siendo investigado por hechos ocurridos durante 2026.

Entre el 15 y el 20 de julio pasado, la superposición del fenómeno de El Niño con la Oscilación Antártica y la Oscilación Madden-Julian dejaron lluvias excepcionales sobre zonas habitualmente secas del norte chileno. Un análisis del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) concluyó que en Coquimbo y Atacama —las dos regiones donde se concentra la mayor cantidad de depósitos de relave, según el Servicio Nacional de Geología y Minería—lo más extraordinario de las lluvias de julio fue la duración del episodio: en amplios sectores se acumularon entre 220 y 300 milímetros durante las 72 horas más lluviosas.

Aunque científicos advierten que una lluvia intensa no implica necesariamente que un depósito de relaves vaya a fallar, ese mes Minera Las Cenizas reportó que en la región de Valparaíso, debido a las fuertes lluvias, se produjo una descarga de aguas residuales de sus faenas mineras. Por otra parte, Minera Los Pelambres informó que agua asociada al tranque de relaves El Mauro, en la región de Coquimbo, escurrió hacia el estero Pupío luego de un deslizamiento en los cerros aledaños producido por las lluvias. Además, en Aysén, la SMA investiga la rotura de una tubería que transportaba relaves de la mina El Toqui, de la Sociedad Minera Pacífico del Sur SpA, aunque este evento no tiene que ver con el frente de mal tiempo.

El riesgo de nuevas lluvias intensas no desaparece con el fin del invierno. Según un análisis del CR2, publicado a inicios de este mes, El Niño persistirá hasta el otoño de 2027. Aunque las precipitaciones son menos probables durante el verano en Chile central, la elevada humedad atmosférica podría favorecer tormentas intensas si llegan nuevos sistemas meteorológicos.

Para entender la dimensión de los riesgos, Mongabay Latam solicitó información al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) sobre el catastro actualizado de relaves y revisó su plataforma pública. El catastro analizado reúne 839 depósitos de relaves, de los cuales 455 aparecen como abandonados. Esto quiere decir que no registran un responsable al momento del catastro, lo que dificulta su vigilancia y gestión frente a posibles emergencias.

Paradójicamente, remediar los depósitos de relaves mineros podría no ser conveniente para los municipios que los tienen en sus territorios. Y es que, por tener estos pasivos, aquellos municipios reciben recursos del Fondo de Comunas Mineras. Ese dinero, sin embargo, no necesariamente debe ser invertido en proyectos de descontaminación y remediar los depósitos de relaves podría implicar la pérdida de ese financiamiento. 

Tres de cada cuatro relaves está abandonado

Los relaves son los desechos tóxicos y lodos resultantes del proceso de trituración y extracción química de los minerales. Pueden contener agua en distintas proporciones y se almacenan en depósitos cuyas características varían según el método utilizado. La peligrosidad de los relaves depende de su composición, de las condiciones del depósito y de la exposición que las personas y los ecosistemas tengan a ellos.

“Uno no puede categorizar los relaves como una sola cosa”, señala Javiera Gerding, investigadora del Instituto de Geología Económica Aplicada (GEA) de la Universidad de Concepción. La presencia de un metal no basta por sí sola para establecer un daño: importa su capacidad de liberarse, la forma en que llega a los organismos y los niveles de exposición, explica la investigadora Pamela Castillo, del mismo instituto.

El análisis de la base de datos entregada a Mongabay Latam mediante solicitud de transparencia, y que fue luego contrastada con la plataforma pública del Sernageomin, muestra que las regiones de Coquimbo y Atacama reúnen casi tres de cada cuatro depósitos de relaves del país. Más de ocho de cada diez están abandonados o inactivos. La diferencia es relevante: un depósito inactivo sigue asociado a un titular conocido, mientras que uno abandonado no registra un responsable identificado al momento del catastro lo que puede dificultar la prevención de riesgos frente a eventos climáticos extremos.

Según el Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Minería, publicado por el Ministerio de Minería en diciembre de 2025, los depósitos abandonados tienen una menor capacidad de adaptación frente a lluvias intensas, debido a las dificultades para asegurar su monitoreo y gestión. El documento identifica a las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso entre las zonas de mayor riesgo ante el aumento de las precipitaciones.

En cuanto a la distribución geográfica de los relaves, la Región de Coquimbo concentra 423 depósitos de relaves, poco más de la mitad de los 839 registrados en Chile, según el catastro de Sernageomin analizado por Mongabay Latam. La presencia de estas instalaciones es especialmente significativa en la provincia de Choapa, donde la minería convive con actividades agrícolas, localidades rurales y cursos de agua. Una de las comunas que refleja esta realidad es Illapel, que reúne 73 depósitos, de los cuales 38 están clasificados como abandonados.

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La provincia de Choapa, al sur de la región de Coquimbo, está encajada en un valle transversal de clima semiárido, a unos 300 kilómetros al norte de Santiago, en uno de los tramos más angostos de Chile continental: menos de 100 kilómetros separan la cordillera de los Andes del océano Pacífico.

A orillas de los ríos Illapel y Choapa, los principales cauces de la zona, conviven la agricultura familiar, cultivos industriales y ganadería caprina. Los arrieros aún llevan sus cabras hacia la cordillera y el queso de cabra es uno de los productos típicos de la zona. Pero el lema de Illapel, “Viscera mea aurea” —mis entrañas son de oro—, recuerda que la minería es una de sus principales actividades económicas.

Durante más de una década, la sequía debilitó los ríos, golpeó a la agricultura y obligó a familias ganaderas a desplazarse de sus sitios históricos. Incluso se discutió la posibilidad de racionar el agua potable en la ciudad. Pero en julio de 2026 ocurrió lo contrario: el agua volvió con una fuerza excepcional. Quebradas que habían permanecido secas por años crecieron y volvieron a correr, muchas veces junto a depósitos mineros integrados desde hace décadas al paisaje.

El temporal afectó las instalaciones asociadas al tranque El Mauro, operado por Minera Los Pelambres. El 22 de julio, la empresa notificó a la SMA la evacuación de aguas desde una piscina colectora de drenajes hacia el estero Pupío tras un deslizamiento asociado a las lluvias. La compañía aseguró que el tranque permaneció estable y que su monitoreo no registró cambios relevantes. La SMA abrió una investigación que se mantiene en desarrollo.

En Caimanes, comunidad aguas abajo de El Mauro, el dirigente vecinal Cristián González advierte sobre las dificultades que enfrentan los habitantes para contrastar de manera independiente la información técnica entregada por la empresa. Por eso, insiste en que la vigilancia de estas instalaciones no debería depender de que ocurra una emergencia. “No tiene que pasar algo para que estas cuestiones se reactiven”, señala.

En El Mauro al menos existe una empresa responsable que informó del incidente a las autoridades. La situación es más compleja en los depósitos abandonados, donde Sernageomin no registra un propietario u operador responsable al momento del catastro. Esta ausencia dificulta asegurar su monitoreo, mantenimiento y respuesta ante posibles emergencias, aunque el organismo mantiene facultades de fiscalización sobre estas instalaciones.

Mongabay Latam consultó a Sernageomin si está realizando inspecciones preventivas a los depósitos de relaves abandonados ante la posibilidad de nuevas lluvias intensas. También solicitó antecedentes sobre las fiscalizaciones efectuadas durante 2026, los criterios utilizados para priorizarlas y las instituciones responsables de adoptar medidas cuando estas instalaciones no cuentan con un titular identificado. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta de la institución estatal.

El legado de los relaves abandonados

A simple vista, algunos relaves parecen extensiones de los mismos cerros que interrumpen el horizonte y constituyen la geografía de la región. “A veces la población ni siquiera sabe que son depósitos de relaves, los pueden confundir con parte del paisaje”, explica César Pastén, académico del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile e investigador del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC).

Al acercarse, las diferencias se vuelven más claras. Los colores grises, amarillos y la falta de vegetación, revelan su carga antrópica y los diferencian del paisaje natural. Están ubicados en diferentes lugares, a veces cerca de viviendas, caminos y cursos de agua. En Illapel, la Plataforma Pública de Relaves del Sernageomin registra 73 instalaciones: siete están activas, dos en construcción, 26 están inactivas y 38 abandonadas.

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En 1965, un terremoto provocó la rotura de tranques de la mina El Soldado. El material sepultó el poblado de El Cobre y causó más de 200 muertes. Tras la tragedia, el reglamento de 1970 puso el foco en la construcción y seguridad de los tranques. En 2007, el Decreto Supremo 248 incorporó expresamente el cierre de los depósitos y, en 2011, la Ley 20.551 estableció obligaciones generales de cierre de faenas y garantías financieras en los casos previstos por la ley.

La normativa también cambió el modo de construir los muros.

La regulación de 1970 restringió con posibilidades de excepción el método conocido como “aguas arriba”, que eleva los muros de contención donde se almacenan los residuos mineros. Dado que los muros se apoyan parcialmente sobre los relaves depositados, la construcción quedaba vulnerable ante terremotos. El reglamento de 2007 fue más estricto y prohibió ese método expresamente, pero parte de los depósitos que hoy permanecen abandonados se construyeron antes de que entrara en vigencia la norma actual.

Los riesgos no se limitan a los depósitos construidos bajo las normas antiguas. Una lluvia intensa puede erosionar y arrastrar residuos mineros sin provocar el colapso de una estructura, incluso cuando esta mantiene su estabilidad física. La posibilidad de que ocurra depende de las características del depósito, su estado de conservación y las medidas de control de aguas y escorrentías. En las instalaciones abandonadas, la ausencia de un responsable identificado puede dificultar estas labores preventivas.

Los efectos de convivir con estos depósitos han sido estudiados en otras ciudades. Una investigación en la comuna de Andacollo, región de Coquimbo, modeló la volatilización de mercurio desde relaves urbanos; otro estudio, realizado en Chañaral, analizó cómo la incertidumbre frente a una posible exposición tóxica marca la vida cotidiana. Si bien estos resultados no pueden trasladarse automáticamente a otras comunas como Illapel, exhiben que los relaves también son un problema urbano y social.

Para Henry Jurgens, fundador de la Fundación Relaves, el análisis no debería detenerse en cada depósito por separado. En comunas como Illapel, donde varias instalaciones comparten una cuenca y están cerca de zonas pobladas, propone “pasar de la evaluación de faena única a la evaluación de cuenca”, considerando la acumulación de elementos potencialmente tóxicos en aguas y suelos.

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¿Un incentivo perverso?

En Illapel, la capital de la provincia del Choapa, en Coquimbo, la preocupación frente a los relaves se manifiesta también durante los días de viento. El concejal José Luis Núñez describe el polvo que se levanta desde algunos depósitos y el temor a que las lluvias arrastren residuos hacia sectores habitados. “Durante mucho tiempo hemos terminado normalizando la presencia de relaves dentro de nuestra ciudad, como si fueran parte natural del paisaje urbano”, advierte.

De acuerdo con Núñez, el municipio no ha desarrollado proyectos específicos para remover, trasladar o encapsular relaves que estén en la zona urbana ni campañas de educación sobre sus posibles riesgos. Reconoce que la remediación a gran escala supera las competencias y capacidades financieras de un municipio, pero cree que es posible avanzar en información, prevención y coordinación con organismos especializados.

Illapel recibe recursos del Fondo de Comunas Mineras, un mecanismo de financiamiento público diseñado para compensar a los municipios que soportan externalidades negativas de la gran minería o que albergan su infraestructura. Una de las formas para acceder a este fondo, financiado por el royalty minero, es que los municipios cuenten con un relave abandonado prioritario, es decir, que esté dentro de una zona urbana o a menos de un kilómetro de ella.

La presencia de relaves también influye en la cantidad de dinero que recibe cada municipio beneficiario.

Las 11 comunas beneficiarias de la Región de Coquimbo tienen asignados cerca de 11 828 millones de pesos (unos 12 millones de dólares). A Illapel le corresponden aproximadamente 1162 millones de pesos (1 180 000 dólares aproximadamente), mientras que Salamanca, Los Vilos y Canela tienen asignados 999, 801 y 616 millones de pesos, respectivamente. Estos montos no pueden atribuirse exclusivamente a la presencia de relaves, pues su cálculo considera también otros factores económicos, sociales y mineros.

Pero ¿qué ocurre si un municipio elimina los depósitos de relaves que lo hacen beneficiario del Fondo de Comunas Mineras? Aunque la pérdida de recursos no sería automática, pues también se consideran otras condiciones de acceso y distribución, el reglamento no asegura que los ingresos se mantengan.

Núñez recuerda que llevó esta preocupación al Concejo Municipal cuando Illapel recibió por primera vez fondos del royalty. Aunque valora los proyectos comunitarios financiados con esos aportes, “sería importante revisar que los mecanismos de distribución no terminen generando incentivos equivocados, donde avanzar en la remediación de un pasivo ambiental pudiera traducirse en una disminución de recursos para una comuna”, señala.

Las críticas no apuntan a una práctica demostrada de los municipios, sino a una posible contradicción en el diseño del fondo: entregar recursos por la presencia de pasivos ambientales sin establecer mecanismos específicos que protejan el financiamiento de las comunas que consigan eliminarlos.

Mongabay Latam consultó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) sobre las posibles consecuencias de la remediación de relaves en el financiamiento municipal, los mecanismos contemplados para evitar una eventual pérdida de recursos y los criterios utilizados para distribuir el Fondo de Comunas Mineras. Al cierre de esta edición, el organismo no había respondido las consultas.

La diputada Carolina Tello, representante de la Región de Coquimbo e integrante de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, comparte la preocupación. “Es razonable que la presencia de relaves abandonados prioritarios sea considerada al distribuir recursos, porque representa una carga ambiental concreta para las comunidades mineras. Pero una comuna no debería recibir menos recursos precisamente porque logró avanzar en la remediación de un pasivo ambiental”, afirma.

Para Tello, el diseño del fondo merece una revisión. Propone que una parte del royalty pueda destinarse al monitoreo, la contención y la remediación de relaves, junto con una transición financiera que impida castigar a las comunas que mejoren sus condiciones ambientales. “Los municipios no pueden quedar solos frente a una deuda ambiental de estas características”, sostiene, y llama a que el Estado y las empresas responsables asuman sus obligaciones.

Tras la entrevista con Mongabay Latam, en la que este medio dio a conocer el posible conflicto de interés detectado en la ley, el equipo de la diputada solicitó información a Sernageomin sobre los depósitos considerados críticos. El objetivo sería identificar las instalaciones que requieran intervenciones prioritarias y reunir antecedentes para evaluar medidas desde el Congreso.

El derrame de Codelco Andina y las demás emergencias ocurridas en 2026, algunas asociadas a las fuertes lluvias de julio, volvieron a poner sobre la mesa la importancia de conocer el estado de las instalaciones mineras, fortalecer su vigilancia y anticiparse a posibles emergencias.

“Se activaron de inmediato todos los protocolos de emergencia, incluyendo la detención total de la planta concentradora con la consecuente detención de transporte de relaves, el desvío preventivo de aguas hacia el embalse Piuquenitos y el monitoreo permanente del río, junto con los análisis correspondientes”, informó Codelco.

Martín Jacques, climatólogo de la Universidad de Concepción e investigador del CR2, destaca la importancia de ampliar las redes de observación y recuerda una lección para los territorios acostumbrados a la sequía: “No porque algo sea infrecuente, no existe”.

En Illapel, los cauces volverán a secarse y a crecer. Los relaves, mientras tanto, permanecerán en el paisaje. La pregunta es qué habrá cambiado antes del próximo evento extremo.

El artículo original fue publicado por Michael Lieberherr Pacheco en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Desde hace décadas, Manuel García Castro se dedica a sembrar maíz, calabaza y frijol, con los que da de comer a su familia y a su ganado. En 2019, destinó parte de sus tierras en la sierra de Tequila, Jalisco, a la siembra de agave azul, con el que se produce el tequila, una de las bebidas mexicanas más famosas del mundo.

El campesino se aventuró a sembrar algo diferente después de mirar cómo, un año antes, conocidos del pueblo obtuvieron jugosas ganancias al vender los agaves que produjeron. Un amigo de la ciudad lo convenció de sembrar 15 000 “hijuelos” —como llaman a los brotes del agave— en tres hectáreas de su parcela y en zonas donde pastaban sus reses. Él pondría el trabajo en campo y su amigo, el capital: “Dijimos: ‘Hay que hacerle la lucha, a ver si hay modo de agarrar dinero por otro lado’, porque del ganado no sale mucho y le invierte uno muchos gastos”.

Desde entonces, invirtieron 500 000 pesos (alrededor de 27 000 dólares) en plantas, plaguicidas y abonos, sin contar el pago de su trabajo y el del peón que le ayudaba. Cuatro años después, en 2023, la esperanza de vender el agave azul comenzó a esfumarse. Los precios de venta por kilo se desplomaron hasta en un 92 %, en comparación con los que prevalecían entre 2017 y 2019. El negocio ya no era rentable a corto plazo. Manuel García y su socio abandonaron los campos hace dos años.

Su historia es solo una muestra de lo que han vivido otros campesinos a partir del auge de la producción del tequila, una expansión que también ha tenido consecuencias ambientales.

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El boom del tequila

El tequila está protegido con Denominación de Origen en los estados de Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco. La bebida es una marca país y símbolo de la mexicanidad.

En la última década, el sector tequilero ha promovido estrategias de comercialización y ampliación de mercados, no sólo con un impulso a nuevos países de exportación sino a la innovación con marcas premium y de nicho que generen nuevas experiencias a los consumidores. Así lo ha difundido la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.

Esto ha atraído a personajes como el ex basquetbolista Michel Jordan, las actrices y productoras Eva Longoria y Kate del Castillo, el luchador Dwayne Johnson, la modelo Kendal Jenner o el cantante Maluma, entre otros, interesados en comercializar sus propias marcas, principalmente en territorio estadounidense.

Las estadísticas hablan del crecimiento de esta industria. El Consejo Regulador del Tequila (CRT) registró un aumento en la producción de esta bebida que pasó de 273.3 millones de litros en 2016 a 583.5 millones en 2025; con un pico en 2022, cuando llegó a 651.4 millones de litros, propiciando una bonanza en el sector y una mayor demanda de agave.

Los mismos datos del CRT muestran que en 2020 se exportaron 286.7 millones de litros de tequila y dos años más tarde, la cifra alcanzó los 418.9 millones de litros. Entre 2023 y 2025, las exportaciones incrementaron 5.2 %, con Estados Unidos como principal destino, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Entre 2017 y 2018, el incremento en las ventas de tequila provocó un alza en la demanda de su materia prima. La plataforma agaves.pro, que sirve de herramienta técnica para los empresarios del sector, indica que, entre 2017 y 2020, el precio de venta del agave azul se mantuvo entre los 26 y 30 pesos el kilo (poco menos de dos dólares) y alcanzó su pico en 2021, cuando se vendió en 32 pesos por kilo.

Ese momento económico atrajo a nuevos productores, entre ellos a Manuel García, quien cambió sus parcelas de maíz por la siembra de agave azul.

Agaves que sustituyen los bosques

Desde 2019, cuando se dio el boom de los precios del agave azul, Maximiano Bautista Andalón, especialista en sistemas de información geoespacial y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), empezó a documentar la expansión del cultivo de agave en Jalisco mediante imágenes satelitales.

En ese año contabilizó aproximadamente 100 000 hectáreas sembradas con agave, sólo en este estado mexicano. Seis años después, la superficie llegó a 200 000 hectáreas. El investigador detectó que esa expansión afectó ecosistemas naturales y generó monocultivos, pues muchos agricultores dejaron de sembrar alimentos y otros ocuparon espacios de bosques y selvas.

“El agave es un tema complejo, sobre todo por la distribución que tuvo: en zonas con bosque de pino, con bosque de encino o pegado en zonas medianas o altas donde se tenían otros cultivos. En general, un modelo muy industrial. Un modelo en el que casi ninguna otra plantita sobrevivió entre los campos de agave”, explica Bautista Andalón.

En 2023, el Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques, coalición subnacional que desde 2008 reúne a 43 estados y provincias de once países, entre ellos México, dio a conocer el documento Deforestación en México. Propuestas para una agenda nacional, donde se señala a la expansión de la producción de agave para tequila y mezcal entre las causas detrás de la pérdida de zonas forestales.

“El incremento en la demanda y el precio de estos destilados, especialmente el tequila, ha detonado una expansión cíclica del cultivo de agave sobre estos ecosistemas”, advierte el informe. También menciona que en los estados de la Denominación de Origen, de 2017 a 2021, la superficie sembrada de agave pasó de 150 000 hectáreas a más de 400 000.

En Jalisco, los niveles más altos de deforestación se registraron entre 2019 y 2021, con una pérdida de 23 368 hectáreas anuales, que coinciden en tiempo con el auge del tequila, advierte el documento específico que el grupo de trabajo elaboró para este estado.

Ni la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ni la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Jalisco atendieron la petición de entrevista de Mongabay Latam para este reportaje.

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Ecosistemas forestales afectados

Desde las carreteras en las zonas Valles, Sur y Ciénega de Jalisco se divisan campos de agave que trepan por laderas y cerros. El paisaje agavero alrededor del pueblo de Tequila, declarado patrimonio de la Unesco, se extendió por todo el estado de manera indiscriminada.

Al analizar las imágenes satelitales, el investigador Maximiano Bautista ha identificado que algunos de los más recientes cultivos de agave estuvieron precedidos por incendios, por desmonte con maquinaria o corte de árboles, o que la siembra se hizo en zonas muy cercanas a cuerpos de agua importantes para las comunidades.

Por ejemplo, una parte del Cerro Viejo, en el municipio de Tlajomulco, en seis años pasó de ser un matorral subtropical a un pastizal inducido que fue incendiado y ahora alberga campos de agave. Como este, Bautista ha identificado otros casos en el estado de Jalisco.

“Muchas veces la introducción del agave era antecedida por un incendio. Fue una forma de limpiar los terrenos. El incendio podía quemar 20, 30 o 40 hectáreas de pastizalito y matorralitos que son el colchón entre la frontera agrícola y los bosques”, afirma el académico.

Los incendios podrían haber sido naturales, pero Bautista no descarta que fueran inducidos para realizar el cambio de uso de suelo.

El área quemada e invadida ahora con agave en Tlajomulco está en la franja de amortiguamiento del área protegida estatal del Cerro Viejo, a unos 45 kilómetros de la zona conurbada de Guadalajara, en medio de la Laguna de Cajititlán y el Lago de Chapala, el mayor vaso lacustre de México.

Cerro Viejo es una de las montañas más altas de Jalisco, con bosques de pino, encino y matorrales que albergan especies de flora con algún estatus de protección como el lirio araña (Hymenocallis concinna), la tila (Tilia mexicana) o el zapotillo (Bumelia cartilagínea).

La zona sur de Jalisco también vive las consecuencias de la expansión del agave. El investigador de la Universidad de Guadalajara Oscar Raúl Mancilla forma parte del grupo científico que desde hace 20 años estudia el cambio de uso de suelo en la región y que identificó que, de 2015 a 2026, el cultivo del agave azul aumentó un 60 % en la región de Autlán.

“Son miles de hectáreas que han cambiado el uso del suelo de selva baja, de ganadería o de otro tipo de cultivo hacia la siembra de agave”, advierte Mancilla.

Más erosión de suelo y menos infiltración de agua

Donde había plantas y fauna nativa, ahora hay monocultivos de agave que aumentan la erosión, cambian los hábitats de especies vegetales y animales, además de disminuir la producción de alimentos para la población.

El artículo Agave azul: motor de deforestación, transformación del patrón de cultivo y erosión del suelo, publicado a mediados de 2026 y del que Mancilla es coautor, cuantifica una tasa de deforestación por agave del 39.7 % del territorio de Autlán y erosión de suelo de leve a moderada, principalmente en las parcelas manejadas por agricultores.

El académico explica que, por desconocimiento, muchos productores establecen los surcos de siembra en la misma dirección donde cae el agua, según la inclinación del terreno, lo que acelera la erosión.

“Si perdemos un centímetro de suelo en lámina [el grosor de agua acumulada en la superficie] en una hectárea, perdemos aproximadamente 100 toneladas de suelo. En este tipo de parcelas tenemos erosiones mayores a 30 centímetros. Si hacemos el cálculo, son muchísimas toneladas de pérdida de suelo en un solo ciclo de lluvias”, detalla el académico.

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También hay consecuencias en la recarga de agua en el subsuelo. De acuerdo con el estudio del cual forma parte Mancilla, las parcelas agaveras infiltran apenas 10 % o 20 % del agua de lluvia a los mantos acuíferos y 80 % o 90 % escurre a las laderas, cuando debería ser al revés.

“[Esto impacta en] las tasas de erosión del suelo, los microorganismos, la materia orgánica, la capa superficial viva de nuestras parcelas agrícolas, pecuarias, de bosque. El otro problema es que [lo que escurre por las laderas] viene a contaminar los cuerpos de agua”, explica el especialista.

El agave requiere de plaguicidas y herbicidas como el glifosato que se quedan en la tierra y se infiltran hasta llegar a ríos, arroyos y represas. Esto podría estar ocurriendo con los cultivos alrededor del Lago de Chapala —en la frontera entre Jalisco y Michoacán— u otros cuerpos de agua que surten a las comunidades, coinciden Mancilla y Bautista.

“Se utilizan muchos agroquímicos en el agave. [Usan] este ingrediente activo fuerte que se llama glifosato, que es un herbicida que en otros lados tiene un uso limitado”, asegura Bautista.

Salirse del límite

El área de agave tequilero plantada en todo el país aumentó 218 % entre 2017 y 2025, de acuerdo con el Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En 2021, el Consejo Regulador del Tequila (CRT) y el gobierno de Jalisco implementaron la certificación Agave Responsable Ambiental (ARA) para asegurar marcas libres de deforestación que cumplan con estándares internacionales de sustentabilidad.

Eduardo Ibarra Arellano, responsable de proyectos de sustentabilidad del CRT, explica a Mongabay Latam que pusieron a disposición de fábricas y agricultores un mapa que delimita las más de 2.67 millones de hectáreas de suelo disponible para plantaciones que abarcan los 125 municipios de Jalisco, así como otros en Guanajuato y Michoacán.

Todos los agricultores deben consultar el mapa, verificar que sus cultivos están dentro del área delimitada y registrarse en el CRT para cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012. De lo contrario, no pueden plantar agave y, de hacerlo, no podrían venderlo.

“Si ese predio antes de 2016 era un bosque o era un área protegida, ahí no se les podría otorgar esa autorización para que planten el cultivo del agave”, advierte. No obstante, es sabido entre los productores que se puede recurrir a intermediarios o “coyotes” para que vendan las plantas ilegalmente.

Ibarra asegura que el mapa consideró las cuencas hidrológicas para delimitar las zonas de plantación y que trabajan con una política estricta de cero deforestación. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco ha señalado que la certificación ARA ha impedido que se deforesten 17 000 hectáreas de bosques.

Sin embargo, el mecanismo se ha quedado corto. En noviembre de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un predio ilegal en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, por el cambio de uso de suelo para cultivar agave que afectó 202 hectáreas de bosque de encino.

Los campos agaveros en Jalisco se extienden a zonas protegidas como el Bosque La Primavera, hogar de cientos de especies en sus 30 500 hectáreas de superficie. A pesar de ser una zona con protección federal, en las imágenes satelitales del mapa de certificación ARA es posible identificar al menos nueve predios marcados como zonas elegibles de cultivos y con aparentes hileras de agaves.

Gabriel Vázquez, directivo del Bosque La Primavera, explica a Mongabay Latam que esas parcelas están dentro del bosque desde antes de su decreto como zona de protección forestal y que eran milpas — parcelas tradicionales basadas en el policultivo, principalmente, de maíz, frijol y calabaza—. Al ver la rentabilidad del agave, sus dueños decidieron cambiar el tipo de cultivo, aunque no son aptos para ello.

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“Son suelos muy vulnerables y el agave es una plantación muy demandante de nutrientes. Que no sea una planta compatible y la necesidad de que se generen insumos añadidos [agroquímicos] para lograr una plantación, es lo que puede afectar la calidad de los suelos y la calidad ecosistémica del bosque”, lamenta.

Vázquez añade que aunque estén en el área protegida, a los dueños de esas parcelas les interesa sacar ganancias: “Lo que el agricultor siempre va a querer es poder rentabilizar la tierra en la que vive”.

Con imágenes satelitales, el investigador Maximiano Bautista ha comprobado la existencia de plantíos de agave fuera de los límites del mapa ARA. Es el caso de la barranca de Achío, en Tequila, y del monte, en Cajititlán. Las imágenes evidencian cambio de la cobertura natural y el establecimiento de agave.

“Sí se puede leer en el territorio que una buena parte de lo que está ahora sembrado se desmontó, se cambió el uso del suelo en zonas que no están dentro de los polígonos del mapa de agave ambientalmente responsable”, recalca Bautista.

Campos de agave abandonados en 2026

El agave azul requiere de siete u ocho años de cuidados antes de su cosecha. De una hectárea se producen cerca de 100 toneladas de plantas aptas para destilar, explica un trabajador de campos agaveros que prefiere reservar su nombre por razones de seguridad.

Durante el auge del agave, entre 2017 y 2022, una hectárea dejaba dividendos de hasta 3 millones de pesos (unos 163 000 dólares), mientras que el maíz redituaba hasta 40 000 pesos anuales (unos 2200 dólares). Esto llevó a que los agricultores se volcaran rápidamente hacia el cultivo del agave. Sin embargo, esa bonanza no se mantuvo en los siguientes años.

El impacto no fue solo ambiental, el boom en la producción de agave azul también tuvo consecuencias en los precios.

El número de productores registrado por el CRT pasó de 5988 en 2017 a más de 43 000 en 2025. Este súbito aumento generó una sobreproducción de agave azul. En consecuencia, el precio se desplomó.

La plataforma agaves.pro muestra que a partir de 2022 el precio de esta planta comenzó a caer. Para 2025, un kilo se vendía en uno o dos pesos (entre 5 y 11 centavos de dólar).

Por la falta de certeza en las ganancias que obtendrán, muchos nuevos y pequeños productores abandonaron sus cultivos en los últimos tres años. En julio pasado, el CRT admitió el problema, pero hasta ahora se desconoce el total de plantíos en esta situación.

Hace ocho años, Bernardino Correa Raygoza plantó 10 000 agaves en sus terrenos de uso ejidal. Antes sembraba maíz y frijol. Como él, muchos agricultores de la comunidad de Ocotic —en los límites entre Jalisco y Nayarit— se animaron a invertir en la producción de agaves para tequila. Algunos vendieron su ganado y bienes, otros pidieron préstamos.

Correa intentó registrar sus cultivos ante el CRT, un requisito de la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012 para la venta del agave azul destinado a la producción del tequila. No logró concretar el trámite porque sus terrenos son de uso ejidal mancomunado y carecen de título de propiedad por estar en un área boscosa. El campesino mantenía la esperanza de vender los agaves a través de “coyotes” —intermediarios entre productores y fabricantes de tequila—, pero estos tampoco podían comprarlos por el desplome del precio de venta.

“Ahí están las parcelas, ahí tiradas a la basura, ya no rinden nada, ni provecho le saca uno”, afirma Correa, quien es presidente ejidal del pueblo.

Futuro comprometido

De acuerdo con especialistas como Mancilla y Bautista, la expansión de los monocultivos de agave están comprometiendo recursos importantes para la vida.

En el sur de Jalisco podrían afectar a plantas como el guaje (Leucaena leucocephala), el mezquite (Prosopis glanduloso), el pitayo (Stenocereus thurberi), los nopales (opuntia ficus- indica), los guamuchiles (Pithecellobium dulce), que son recolectados por las comunidades para alimentación o como plantas medicinales, explica Mancilla.

La soberanía alimentaria de las poblaciones está en juego al sustituir la milpa de la que comen las familias y los animales de granja, añade.

Los herbicidas y plaguicidas ponen en riesgo la supervivencia de diversos insectos, entre ellos las 20 especies de abejas nativas que hay en Jalisco, advierte Bautista.

Además, hay un problema colateral: el abandono de las parcelas de agave.

El CRT confirmó a Mongabay Latam que inició una campaña fitosanitaria, en la que inspectores de campo están visitando los predios para conocer la cantidad de plantíos abandonados. La entidad advierte sobre el peligro de la propagación de plagas como el Scyphophorus acupunctatus, conocido como “el picudo”. Este coleóptero se introduce en las hojas y el núcleo de agaves desnutridos o de edades tardías hasta pudrirlas. Si no se controla, la plaga se puede propagar a otras especies de cactáceas silvestres o a plantíos de agaves sanos.

No obstante, los productores prefieren dejar los agaves en vez de invertir más recursos. Algunos, como Manuel García, intentarán vender lo que alcancen y, si no, quemarlo para replantar maíz. No descarta que pueda volver al agave más adelante, cuando sea rentable.

Otros, como Bernardino Correa, confían en regresar a sus cultivos tradicionales, a pesar de las posibles afectaciones al suelo.

“El que no arriesga no gana y resulta que perdimos. Ahora hay que seguir echando el cultivo del maíz, frijol y cuidar ganado, lo que dé dinero. La tierra es tan agradecida que lo que le plantemos después, todo funciona. Se acaba el agave y lo que uno siembre se sigue dando, hay que volver a arar y a trabajar la tierra”, dice confiado.

El artículo original fue publicado por Mariana González-Márquez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Durante los últimos diez años, la política ambiental argentina cambió de signo político, jerarquía institucional y modelo de gestión, pero tuvo una constante que atravesó todos los gobiernos: el área ambiental siempre ocupó un lugar marginal en la agenda estatal, con un financiamiento insuficiente para la prevención de crímenes ambientales, la conservación de la naturaleza y el desarrollo científico.

De acuerdo a una investigación de Mongabay Latam sobre los presupuestos de los últimos 10 años en Argentina, la cartera de Ambiente se llevó apenas el 0.13 % en promedio del Presupuesto Nacional anual.

Mongabay Latam dialogó con exfuncionarios, investigadores y expertos en conservación para analizar lo que reflejan los números: mientras las exigencias de la agenda ambiental y climática iban escalando a nivel internacional, la política ambiental argentina ocupó el lugar de menor importancia.

Los últimos años han incluso profundizado la crisis de la cartera. Desde que asumió Javier Milei con una posición negacionista frente el cambio climático y deliberadamente a favor de la máxima desregulación estatal, el país se encuentra en “el momento más crítico de la historia ambiental”, dice a Mongabay Latam Gonzalo Vergez, abogado a cargo de la coordinación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).

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“Además de encontrarnos en los niveles históricos más bajos del presupuesto nacional, la situación se complica mucho más con la decisión oficial de dejarnos al margen de los acuerdos internacionales e incumplir las metas climáticas”, afirma Vergez.

El presupuesto ambiental tiene una participación mucho más pequeña en el Presupuesto Nacional desde la llegada de Milei: 0.09 % (2024), 0.04 % (2025) y 0.05 % (2026). Pero, además, Argentina registra una caída significativa en la ejecución del presupuesto ambiental. Mientras en 2023 se alcanzó a gastar el 92 % de los fondos, en la era Milei se desplomó a casi el 38 % (2024). Fue un año de parálisis ambiental en el Gobierno. La ejecución remontó sin alcanzar la meta en 2025 (71 %).

Pero la crisis no escapa a otros presidentes. Durante un gobierno progresista como el de Alberto Fernández (2019-2023), el área de Ambiente no superó el 0.23 % del Presupuesto Nacional. Durante el gobierno de Mauricio Macri, de derecha, la cartera ambiental tuvo su mayor participación en la billetera del Estado, pero incluso así no superó el 0.24 % del presupuesto general en 2017.

“La cartera ambiental nunca logró convertirse en un actor clave para prevenir incendios, conservar áreas naturales y territorios”, repasa Vergez sobre la última década. Y añade que tampoco supo “ frenar las decisiones productivas impulsadas por los ministerios que responden a la agroindustria, energía y minería, desde donde se promueve la intervención de manera directa sobre recursos naturales clave sin medir sus consecuencias ambientales”.

¿Alguna vez el ambiente fue realmente una prioridad para el Estado Nacional?

Cronología de un olvido ambiental

Desde la perspectiva presupuestaria, los expertos consultados tienen una respuesta común: la importancia otorgada fue “casi nula”. A su vez, coinciden en que, por la constante degradación de la cartera, sus funcionarios tienen cada vez menor capacidad para negociar e imponer agenda frente a otros ministerios del Ejecutivo, como los productivos.

Exfuncionarios del área —que pidieron la reserva de su identidad— confirmaron a Mongabay Latam que al momento de negociar las políticas ambientales en el gabinete de ministros, las carteras con más poder de decisión siempre son las de Agricultura, Minería y Energía. El sector ambiental, en cambio, es considerado un “estorbo” ante las grandes decisiones productivas, porque es (o debería ser) la encargada de imponer limitaciones a los impactos de las actividades extractivas en defensa de la conservación, la biodiversidad, las comunidades locales y las áreas protegidas.

Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre, afirma que “independientemente del gobierno de turno, los temas ambientales nunca fueron prioridad y por eso nunca se logró una incidencia real en la promoción de un modelo de desarrollo sustentable en la política nacional”. Aunque reconoce que hubo algunos intentos por darle mayor peso a la cartera de ambiente durante el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), que fue cuando el área volvió a tener el rango de ministerio, “la jerarquía administrativa no se tradujo en mayor capacidad de decisión, mayor presupuesto o influencia sobre otras áreas del Estado”.

Martín Mónaco, ingeniero forestal y ex director nacional de Bosques (2020-2024), precisa que la cartera ambiental siempre ha estado asociada “al área que ‘molesta’ y genera ‘trabas’ para el resto de las decisiones políticas”. Sin embargo recuerda que hubo un cambio llamativo e inesperado durante la pandemia, “una época en la que crecieron los fondos ambientales que provenían del exterior porque de repente la cuestión ambiental estaba en agenda”. “Logramos pasar de ser ninguneados por otros ministerios a ser valorados por la capacidad para competir por fondos internacionales”, explicó.

Entre 2019 y 2023, la Administración de Parques Nacionales informó la incorporación de 1 055 422 hectáreas continentales al sistema nacional de áreas protegidas, lo que representó un incremento del 25 % de la superficie terrestre protegida. A su vez, se crearon cuatro parques nacionales, se reportaron un total de 15 nuevas áreas protegidas y se otorgaron más recursos para combatir incendios a través del Plan Nacional de Manejo del Fuego (que volvió a la órbita del entonces Ministerio de Ambiente).

Los bosques nativos, por su parte, recibieron más financiamiento, aunque siguieron estando lejos de lo que exige la ley. Entre 2020 y 2023 aumentaron en un 181 % los fondos asignados al área, pero hacia fin de la gestión, representaron 0.026 % del presupuesto nacional, un número muy alejado del mínimo del 0.3% establecido por la Ley 26.331.

Durante la gestión de Alberto Fernández también se aprobó la Ley de Educación Ambiental Integral 27.621, se consolidó la aplicación del Acuerdo de Escazú —aprobado por la Ley 27.566— y se publicó en 2022 el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, con medidas proyectadas hacia 2030.

Pero la emergencia por la pandemia del Covid-19 terminó. “Cuando la urgencia y la ayuda internacional disminuyeron, el área de Ambiente volvió a ser menospreciada y silenciada”, dice Mónaco, quien estaba a cargo de un área central: monitoreaba si las provincias estaban cumpliendo con la Ley Nacional de Bosques, que establece qué áreas no pueden ser deforestadas.

Después de Fernández, llegó Milei, en diciembre de 2023. Desde Greenpeace, el coordinador de la Campaña de Bosques, Hernán Giardini, advierte que todo empeoró desde entonces para la cartera de Ambiente. “El lugar que se otorga a Ambiente en el gobierno de Milei es totalmente crítico”, afirma, porque al bajo presupuesto se suma “el recorte en instituciones, en programas y personal, y también el recorte a la participación argentina en las cumbres de cambio climático y biodiversidad”.

Giardini sostiene que en este momento ni siquiera un incremento en los fondos podría cambiar la situación. “Hasta en un caso hipotético, con un presupuesto incrementado, el escenario seguiría siendo crítico si la política de Estado se mantiene enfocada en la extracción de hidrocarburos a gran escala y en la promoción del modelo del agronegocio y megaminería”, afirma.

“Lo que necesitamos, en realidad, es una política que busque una transición más sustentable en la economía y que reduzca el presupuesto a las industrias extractivas, pero estamos muy lejos de eso”, analiza Giardini.

Entre los retrocesos ambientales de la última década, los expertos resaltan la reducción del 17 % del hielo descubierto y un 23 % de manchones de nieve perenne, de acuerdo al registro del IANIGLIA en 2025.

En comparación con la última década, se redujeron alrededor de 20 kilómetros cuadrados, el equivalente al 8 % del área total de 249.59 kilómetros cuadrados. 

En los bosques nativos, se perdieron aproximadamente 1.9 millones de hectáreas de cobertura forestal entre 2015 y 2024, según el último registro oficial disponible de Bosques Nativos. Las causas principales se asocian a incendios, desmontes para agricultura y ganadería.

En el mar, la frontera extractiva se expandió en 2019 con la adjudicación de 18 nuevas áreas marítimas para la exploración y explotación de hidrocarburos -algo que ya venía de la gestión anterior-, que equivalen a un área de 225 000 kilómetros cuadrados. Se otorgaron permisos a 13 empresas con compromiso de inversión anunciados en 724 millones de dólares. 

La ciencia también resultó profundamente perjudicada: el financiamiento público tuvo un ajuste entre 2016 y 2019, cuando el presupuesto de Ciencia y Tecnología sufrió una caída acumulada de 35.3 % en términos reales.

El sector científico tuvo una recuperación parcial entre 2019 y 2023, cuando Ciencia y Técnica creció un 80 % en términos reales. Sin embargo, desde la asunción de Javier Milei, a fines 2023, volvió a caer y con una mayor profundización en el recorte: los fondos disminuyeron un 29.7 % en 2024 y en 2025, cayeron otro 15.9 % en términos reales respecto el año anterior, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

De acuerdo al Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, se estima una reducción adicional del 4.4 % para fines de 2026. El resultado proyectado es una pérdida del 42.8 % respecto de 2023 y del 51.9% respecto 2015.

La última década en números

Los datos oficiales de los últimos diez años analizados por Mongabay Latam arrojan que la cartera de Ambiente se sitúa sistemáticamente en los últimos lugares del escalafón ministerial.

Durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), el área adquirió rango ministerial: pasó de secretaría a ministerio en un primer tramo del gobierno. Luego fue nuevamente degradada a secretaría hacia el final del mandato. Entre 2016 y 2019, Ambiente concentró entre el 0.24 % y 0.04 % del presupuesto nacional, muy lejos de carteras como Desarrollo Social, Educación, Salud o Seguridad.

En 2017, mientras que el sector ambiental recibió 0.24 % del presupuesto nacional, el área de Defensa recibió 4.06 % y el ministerio de Energía el 5.11 %. Un año después, los valores se mantuvieron similares hasta 2019, cuando hubo un cambio radical: Ambiente recibió 0.04 %, mientras que Defensa obtuvo un 3.34 %. Durante ese año, el área de Energía dejó de ser un Ministerio y pasó a funcionar como Secretaría de Gobierno, bajo la órbita del Ministerio de Hacienda.

“La gestión de Mauricio Macri respondió a una de las grandes paradojas ambientales de los últimos tiempos: se posiciona con un fuerte discurso institucional y diplomático sobre la crisis climática, pero implementa políticas económicas que profundizan actividades con alto impacto ambiental”, explica Vergez.

En el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), el Ministerio de Ambiente conservó su rango ministerial y registró aumentos nominales de presupuesto a partir de 2021. Sin embargo, estos incrementos fueron acompañados por una inflación muy elevada y no modificaron de manera sustancial la participación del área en el presupuesto nacional: osciló entre 0.08 % y 0.23 %.

En este período, el área de Defensa sufrió un incremento notable: pasó de recibir 2.72 % en su primer año a 8.10 % del gasto público total. El ministerio de Agroindustria también creció y pasó de recibir el 1.19 % en 2020 a percibir el 5.41 % en 2023. En tanto, el ministerio de Agroindustria también fue beneficiado con un incremento anual constante del porcentaje asignado, hasta llegar al 0.70% en 2022. 

La gestión ambiental en el gobierno de Alberto Fernández tuvo aspectos positivos y negativos, según Jaramillo. Destaca, por ejemplo, la mayor jerarquía institucional que adquirió el área tras “recuperar rango ministerial”.

También, añade Jaramillo, se logró la actualización de los planes de acción climática del Argentina -conocidos como las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC)-, que son los que detallan las acciones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y que impulsan la adaptación al cambio climático. Además, se elaboró el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, un marco nacional para orientar políticas climáticas; y en 2021 se aprobó la Ley de Educación Ambiental Integral, que incorporó a la educación ambiental a todos los niveles educativos.

Entre los aspectos negativos, el director general de Fundación Vida Silvestre indica que el presupuesto ambiental fue limitado y los recursos destinados al área fueron escasos para dar respuesta a la magnitud de los incendios de extrema magnitud.

Tampoco se logró avanzar con el proyecto de Ley de Humedales en el Congreso, a pesar de tener media sanción y asegura que “la deforestación ilegal continuó, especialmente en el norte argentino, demostrando dificultades para fortalecer el control y la aplicación efectiva de la Ley de Bosques”.

Finalmente resalta “algunas contradicciones” entre el área de ambiente y las económicas: “El impulso de actividades en Vaca Muerta, la expansión hidrocarburífera y algunos proyectos mineros generaron tensiones con los objetivos climáticos”.

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La era Milei: la crisis total del sector

Desde que asumió Javier Milei a fines de diciembre de 2023, la cartera de Ambiente perdió su jerarquía y pasó a formar parte de otras secretarías. Durante su mandato, el presupuesto del sector Ambiente, transformado en una subsecretaría, fluctuó entre algunos de los porcentajes más bajos: empezó con un 0.09% en 2024, bajó a un 0.04% en 2025 y tuvo una subida mínima en el 2026 al alcanzar el 0.05% del presupuesto nacional.

Mientras tanto, el análisis de Mongabay Latam determinó que el ranking de los ministerios con mayor presupuesto para 2026 lo encabezó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al que se le asignó el 73.15 % del total; seguido del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, con un 7.48 %; el Ministerio de Seguridad, con el 6.52%; el Ministerio de Salud, con 6.37 %, y el Ministerio de Defensa con 4.91%.

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) confirman a Mongabay Latam que, durante 2025, la Subsecretaría de Ambiente destinó el 38.9 % a “gastos en personal”. Además, se destinó el 26.9 % a coordinación y un 50 % al control ambiental. En el mismo período, la Administración de Parques Nacionales destinó más del 68 % de sus fondos al rubro de gasto de personal.

Durante el gobierno de Mauricio Macri (2016 -2019), se destinó 18.2 % en gasto de personal y 4.9 % en control ambiental, y en ese mismo período, la APN destinó un promedio de 64.7 % en gasto de personal.

En el gobierno de Alberto Fernández (2020-2023), del presupuesto de Ambiente se destinó 16.1 % en gasto de personal y 53.3 % en control ambiental. Mientras que la APN destinó el 61.9 % a gasto de personal.

Según el economista especializado en ecología y miembro de FARN, Matías Trebucq, el área de Ambiente tiene “tan poco peso en el presupuesto nacional que no tiene sentido seguir recortando”. En realidad, considera que “se está buscando afectar el correcto funcionamiento de las áreas protegidas”. Lo que subyace, dice, es la batalla cultural: “Se quiere destruir el área desde un relato negacionista para quitar restricciones y permitir a otros ministerios avanzar sin ‘trabas’ ante el supuesto desarrollo económico”.

Trebucq explica que mientras se mantenga una estructura económica netamente extractivista y se continúe en la búsqueda de aumentar las exportaciones primarias con el agro, la minería y los hidrocarburos (que representa más del 70 % del total de exportaciones del país), “la brecha se va a seguir agravando con la quita de más derechos ambientales, menos nivel conservación de los territorios y menos respeto a los tratados internacionales”.

Bosques nativos en la mira

“A pesar de la existencia de la Ley de Bosques Nativos, su implementación estuvo sistemáticamente afectada por presupuestos insuficientes”, dice Jaramillo. Durante los últimos años, la pérdida de cobertura forestal se mantuvo en niveles altos, con un promedio de 254 000 hectáreas anuales (equivalente a 12 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y un total de 3.4 millones de hectáreas perdidas (unas 170 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), según registros oficiales de entre 2010 y 2024. 

“Los bosques nos ilustran cómo los recursos naturales estratégicos han quedado relegados frente a otras prioridades, evidenciando una problemática más amplia de gestión ambiental que trasciende los cambios de gobierno”, dice el experto.

Lo más lamentable para Jaramillo es que con el modelo de desarrollo actual y a pesar de la degradación ambiental, “tampoco se logró un desarrollo social y económico proporcionalmente distribuido entre la población”. Según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (Indec), la tasa de pobreza en Argentina se ubicó en el 32.3% durante el primer semestre de 2026

“Si bien ningún gobierno tuvo como prioridad la cuestión ambiental, con la gestión actual directamente se están destruyendo todos los derechos ganados”, agrega Giardini.

Desde que la Ley de Bosques Nativos se sancionó en 2007, los distintos gobiernos que pasaron nunca cumplieron con el fondo de financiamiento, que debería haber sido equivalente al 3 % del presupuesto nacional, coinciden los expertos consultados. Este fondo tiene por objetivo fortalecer el control territorial, las tareas de conservación, restauración y manejo sustentable.

Vergez advierte que “las acciones para la prevención de incendios, el control de desmontes, el monitoreo efectivo y el apoyo a las provincias para conservación de los bosques están cada vez más limitadas”. Y resalta: “Estamos entrando en un camino de no retorno de la mano de medidas que buscan provocar cambios irreparables”.

Desde la mirada científica, Romina Torres, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) especializada en ecología de bosques, observa con preocupación el desinterés que el gobierno de Milei declara abiertamente sobre la conservación de la naturaleza. “Cumplir con las metas climáticas internacionales y poder demostrarlo nos puede posicionar como un país interesante de financiar para seguir haciendo ciencia. Por eso, cuando entre 2014 y 2016 logramos que la deforestación se redujera, recibimos una compensación de 82 millones de dólares de fondos internacionales por fortalecimiento de acciones de mitigación del cambio climático”, explica.

Ahora, indica la experta, la política ambiental ha desalentado “la llegada de fondos del exterior para financiar investigación y cumplir con las metas climáticas”.

A su vez explica que, más allá de que el presupuesto siempre fue insuficiente para el sector, al menos en el pasado se contaba con un marco normativo que permitía transparentar el uso de los fondos para preservar los bosques. Para eso, en 2018 se creó por decreto el FOBOSQUE (fondo fiduciario) para administrar el dinero destinado a la protección de bosques, con el objetivo de controlar el destino final de su aplicación. “Ahora, con su eliminación por parte del Gobierno, se marca un fuerte retroceso normativo”, afirma.

Martín Illescas, ex director general de Proyectos con Financiamiento Externo y Cooperación Internacional del Ministerio de Ambiente del gobierno de Alberto Fernández, añade un componente más al análisis: la estrategia de lucha contra los incendios. “Los fondos destinados a la prevención y combate de fuego nunca fueron una prioridad a la hora de definir políticas públicas en los distintos gobiernos: sin recursos suficientes, no hay política pública posible”.

Illescas explica que la historia reciente del combate de incendios en Argentina estuvo marcada por una disputa entre dos paradigmas institucionales que se vio reflejada en los sucesivos traspasos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego desde el área de Ambiente al área de Seguridad y viceversa.

“El abordaje desde la perspectiva ambiental es el más completo porque mantener el Servicio Nacional de Manejo del Fuego bajo la órbita de Ambiente permite la coordinación estratégica entre las áreas de Bosques, Ordenamiento Territorial, Cambio Climático, Parques Nacionales y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), superando la visión estrecha y fragmentada del ‘combate’”, afirma.

Respecto a la gestión actual, dice que “la disolución del Fondo Nacional del Manejo del Fuego representa un claro retroceso”.

Para Federico Granato, abogado y ex presidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN) entre 2022 y 2023, la creación del fondo fue clave para la lucha contra los incendios. Fue “una medida acertada”, ya que sirvió como respuesta inmediata a la gran sequía e incendios ocurridos durante su mandato, pero sin impacto en el futuro. “Con el fondo se obtuvieron recursos para contratar de forma inmediata aviones [para combatir incendios], equipamiento y mejorar algunas condiciones laborales para los brigadistas y guardaparques, una de las grandes deudas pendientes. Pero luego de la emergencia, resultó poco efectivo para planificar prevención con políticas a largo plazo”, dice.

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Parques nacionales: ni prioridad, ni personal suficiente ni fondos necesarios

Federico Granato, abogado y expresidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN) entre 2022 y 2023, dice a Mongabay Latam que durante su gestión no observó “una línea de acción clara que buscara priorizar Parques Nacionales a excepción de los momentos de urgencia”.

“Parque Nacionales no suele ser visto como un organismo relevante dentro de la estrategia de desarrollo nacional ni está dentro de las prioridades políticas a largo plazo. En cambio, se lo suele utilizar para propaganda política o para responder a alguna urgencia mediática”, asegura.

“En la actualidad hay unos 580 guardaparques dentro del Área de Parques Nacionales (APN) para atender unas 5 millones de hectáreas de áreas protegidas, es decir, que hay un guardaparque por cada 8000 hectáreas, un trabajo que es totalmente inviable de controlar”, retoma Trebucq y enfatiza: “La prevención siempre es la política más barata y efectiva, pero para eso hay que invertir antes y la política está acostumbrada a actuar de manera tardía y reactiva”.

Los principales riesgos ambientales que no oyeron los gobiernos

Cuando Mongabay Latam pidió conocer detalles sobre la cantidad de brigadistas con las que se encuentran trabajando actualmente, dado que, según información oficial, el recorte en el área de combate de incendios dejó a más de 100 brigadistas despedidos o sin renovación en Parques Nacionales, este medio no obtuvo respuesta.

De acuerdo a datos oficiales, el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) tuvo una disminución de 74 145 millones de pesos en 2026: la partida más baja de los últimos diez años. Mongabay Latam consultó acerca de cómo logran sostener la capacitación y coordinación de brigadistas después de que la partida presupuestaria se redujera drásticamente, pero tampoco contestaron desde el área.

La funcionaria María Leticia Cardoso, del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), identificó otro de los principales riesgos de este año: el fenómeno de El Niño: “Estamos trabajando en prevención, adelantándonos a cualquier situación que pueda suceder: el balance de nuestra gestión es muy positivo”.

Mongabay Latam también solicitó una evaluación sobre el estado actual de las políticas ambientales a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación (dependiente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes) y sobre las medidas previstas para la adaptación climática en Argentina, pero al cierre de esta investigación no obtuvo respuesta.

El artículo original fue publicado por Laura Gambale en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Imagine un tramo de bosque donde termina el Chaco Seco, la gran llanura árida que se extiende por el centro de Sudamérica, y empieza a ganar terreno la humedad de las Yungas, la selva de montaña que baja desde los Andes.

En esa franja entre ambas ecorregiones conviven especies que no se encuentran en ningún otro ambiente. Según describe la autoridad de Parques Nacionales en Argentina, entre los árboles que definen este tipo de ecosistema está el quebracho colorado (Schinopsis lorentzii), de madera tan dura y densa que recibe el nombre de “quiebra hacha” y que durante más de un siglo fue arrasado por la industria taninera para la curtiembre (el proceso que transforma la piel animal en cuero).

Junto a él crece el palo santo (Bulnesia sarmientoi), un árbol de tronco oscuro y aromático, típico de las bajadas más húmedas del Chaco, que suele formar pequeños grupos junto a sus vecinos leñosos. Más cerca del límite con la selva de montaña aparece el lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus) que puede alcanzar los 30 metros y que en la temporada seca cubre sus ramas de una floración fucsia que contrasta contra el resto del bosque, todavía sin hojas.

Ahora, imagine que en el centro de ese corredor ecológico hay un pozo petrolero abandonado, perforado en 1983, y que desde hace más de tres años expulsa sin control gases de efecto invernadero y una lluvia de hidrocarburos.

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Así es el paisaje en Lomas de Olmedo, al norte de la provincia argentina de Salta, donde 20 hectáreas de este bosque único de transición ya están secas, sin vida, cubiertas por una película aceitosa que tiñe todo de un color terracota. Quienes han llegado hasta allí no dudaron en bautizar el territorio como el “Chernóbyl argentino”.

El pozo LO-X10 (su nombre técnico dentro del área hidrocarburífera Puesto Guardián) se ubica en jurisdicción de Pichanal, departamento de Orán, a unos 260 kilómetros de la capital salteña. Perforado en 1983 por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la petrolera estatal argentina, nunca llegó a explotarse comercialmente y quedó sin el sellado técnico que exige su abandono.

Con los años, la concesión del área pasó por distintas operadoras hasta llegar a President Petroleum S.A., una empresa de capitales británico-argelinos que heredó la responsabilidad del pozo sin haberlo perforado, y que en Argentina está en quiebra declarada desde 2024.

Para el biólogo y especialista en biodiversidad Matías Arrigazzi, quien participó de una misión exploratoria de la organización Greenpeace en el territorio, en noviembre de 2025, llegar a Lomas de Olmedo fue en sí mismo un desafío. “Llegamos por un contacto desesperado de uno de los pobladores, uno de los pocos que sigue ahí, aunque ya no debería [por su seguridad]”, cuenta.

Entre los materiales que los pobladores compartieron al equipo de Greenpeace, y a los cuales Mongabay Latam tuvo acceso, se encuentra un video de una vaca muerta por asfixia, cuyo vómito se prendió fuego al acercarse a un encendedor. Se presume que esto ocurrió por el consumo de agua contaminada, aunque no es posible confirmarlo porque no se hizo una autopsia al animal.

“Primero vimos una nube lejana, una nube extraña. Si uno bajaba la ventanilla del auto, se empezaban a sentir los olores y a escuchar como un ruido blanco, como si la tele se quedara sin señal o si alguna catarata estuviera cerca”, relata Arrigazzi al recordar su acercamiento a la zona afectada. “Luego encontramos animales muertos al costado del camino. Íbamos avanzando con la camioneta y vimos a un animal muerto, luego otro, después cada vez más seguidos, pilas de animales y después hileras de animales muertos tirados al costado del camino”.

Cuenta además que, al acercarse al pozo, la única señalización del lugar resultaba inútil: “Hay un cartel que creo que dice ‘prohibido el ingreso’, pero no se lee bien porque está tapado por los mismos gases que cuando salen del pozo se precipitan en forma de lluvia aceitosa. Entonces, no hay nada que impida el paso ni que advierta sobre el peligro real. Estamos hablando de un lugar donde uno pisa y salen hidrocarburos”, resume Arrigazzi.

Habla de un territorio que, además de estar identificado provincialmente como Ecosistema Prioritario para la Conservación, es reconocido internacionalmente como Área Importante para la Conservación de las Aves. Una categoría que, explica Arrigazzi, indica que allí deberían existir “especies que están muy amenazadas, siendo una zona clave para intervenir en cuanto a la conservación”.

Según comenta el biólogo, en Lomas de Olmedo deberían convivir el ocelote (Leopardus pardalis), el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), el pecarí labiado (Tayassu pecari), la tortuga acuática chaqueña (Acanthochelys pallidipectoris), además del águila coronada (Buteogallus coronatus), de la que quedan menos de 1000 ejemplares en todo el país.

Un pozo sin sellar

El pozo LO X-10 fue perforado inicialmente en 1983 por YPF. Ocho años más tarde, en 1991, mediante un decreto nacional, el área fue adjudicada como CNO-8 “Puesto Guardián” a un consorcio de tres empresas privadas.

A partir de 1991, la concesión del área cambió de manos seis veces en 24 años, hasta que en 2015 la empresa President Petroleum SA quedó como única dueña.

El 22 de agosto de 2023, tras una denuncia de President Petroleum SA, la Secretaría de Minería y Energía de Salta abrió el expediente administrativo para monitorear una posible pérdida de hidrocarburos en el pozo LO-X10.

Según un documento de agosto de 2026 de la Fiscalía de Estado, al cual accedió Mongabay Latam, las inspecciones posteriores confirmaron fugas de gas activas en la boca del pozo y aparición de hidrocarburos alrededor. La compañía, sin embargo, postergó las tareas de abandono definitivo del pozo alegando que su contratista estaba operando en otros sitios y que retomaría más tarde las tareas de sellado.

Sin embargo, fuentes de la fiscalía señalaron a Mongabay Latam que ya existían “múltiples controles, intervenciones técnicas y reclamos por pasivos ambientales sobre el pozo LO-X10” antes de agosto de 2023.

Ese mismo año, Aureliano Reyes, productor ganadero de la finca “El Estanque”, ubicada en Lomas de Olmedo, colindante con el área del pozo, presentó la denuncia que dio origen a una causa penal. Entre las múltiples pérdidas, Reyes reportó la muerte de 350 cabezas de ganado vacuno y equino, sumadas a la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas en su propiedad.

Vacas y cabras muertas a la vera de un camino de tierra en Lomas de Olmedo, cerca de Pichanal, Salta. En el monte, los árboles aparecen secos y sin hojas. Video: cortesía El Tribuno

Tras la quiebra de President Petroleum, la provincia de Salta declaró la caducidad de la concesión mediante un decreto y el área volvió a manos del Estado salteño. En diciembre de 2025 quedó a cargo, de manera transitoria, de REMSa, la empresa estatal de recursos energéticos y mineros de Salta.

Sin embargo, según el acta acuerdo firmada a finales de 2025 entre la Provincia y REMSa, las tareas de control y el abandono definitivo del pozo se limitan solo a “resguardo de emergencia”, preservando instalaciones, evitando que el daño se agrave y realizando un estudio ambiental de base.

Ante la falta de respuesta a su denuncia, Aureliano Reyes contactó a la organización Greenpeace, que en noviembre de 2025, luego de su primera visita en territorio, lanzó la campaña “Chernóbyl salteño”.

Hoy en Lomas de Olmedo, aún no existe una obra de saneamiento en curso.

Los vecinos atribuyen la liberación de gas como la causante de la muerte del ganado. Video: cortesía El Tribuno

Responsabilidades en disputa

El cierre técnico de un pozo, cuando se hace correctamente, elimina cualquier posibilidad de fuga. Así lo explica Jorge Martín Camargo, ingeniero de petróleos con más de tres décadas de trayectoria en la industria.

“Cuando tú sellas algo, como cuando cierras una botella gaseosa, ¿qué sale de la botella? Nada. No tiene que salir nada porque está sellado”, explica. Que el LO-X10 emita metano de forma simultánea a los hidrocarburos líquidos que surgen en superficie no es, para el ingeniero Camargo, un misterio técnico, sino la prueba de que “no se selló, se dejó abierto”.

Si el pozo estuviera correctamente cerrado, agrega el ingeniero, “no podría emitir metano”. “Normalmente las compañías le tienen pereza al tema porque genera gastos y, aunque tratan de cumplir con la norma, no siempre aseguran los pozos de manera debida”, explica.

En Argentina, el abandono de pozos de hidrocarburos está regido por la Resolución 5/96 de la entonces Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones de la Nación, vigente desde 1996. La norma obliga a las concesionarias a sellar los pozos inactivos, tanto los que dejaron de producir como los que solo fueron perforados, como es el caso del LO-X10.

Para los que están en zonas de bosque, o a menos de 200 metros de un curso de agua, el plazo era de diez años, con una prórroga posible de uno más. Según esos plazos, el LO-X10 tendría que haber quedado sellado cómo máximo alrededor de 2006.

La resolución exige, entre otros requisitos, un mínimo de dos tapones de cemento, cortar la cañería a dos metros de profundidad, sellarla con una tapa de acero y señalizar el sitio con un cartel legible y durable.

Consultado sobre si existe una forma técnica de determinar cuándo comenzó una fuga si no hay registros previos, Camargo responde que los organismos competentes “tendrían que consultar a un brujo, es muy difícil decir si fue ayer, hace un año o hace 20 años que el pozo está emitiendo metano y efluentes”.

Esa misma incertidumbre técnica es hoy el centro de dos causas judiciales que buscan, por caminos distintos, determinar responsabilidades sobre el pozo LO-X10.

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Según el informe de la Fiscalía de Estado, la causa penal está dirigida al representante legal de President Petroleum, imputado por contaminación ambiental con resultado dañoso, por no contener ni tratar los efluentes liberados en el área del pozo entre octubre de 2023 y mayo de 2025.

El expediente está en etapa de Investigación Penal Preparatoria y al 28 de agosto de 2026 seguía trabado por una solicitud de nulidad de la defensa. Hasta el cierre de esta nota, el pozo LO-X10 sigue sin ser sellado y continúa liberando gases e hidrocarburos.

Existe además una segunda causa, presentada el 3 de junio de 2025 por la provincia de Salta, que busca la reparación del daño colectivo por vía civil y ambiental contra President Petroleum y las empresas que administraron la concesión previamente. La demanda invoca la responsabilidad solidaria que prevé la Ley General del Ambiente cuando no puede determinarse el aporte individual de cada responsable y busca forzar la recomposición integral del pozo, algo que, según la Fiscalía, “solo será posible tras el sellado efectivo del pozo”. Hoy la causa está ampliada contra el Estado Nacional, con apelaciones de las empresas demandadas.

Mientras ambos procesos avanzaban, el 23 de octubre de 2026 la Justicia de Salta ordenó a las seis empresas que operaron el pozo presentar un plan para su cierre definitivo. La resolución da a YPF, quien perforó el pozo en 1983, y a President Petroleum, diez días hábiles para presentar un plan de cierre y contención inmediata de los fluidos. La orden, no obstante, choca con un gran obstáculo para la Justicia provincial, que no logra ubicar a President Petroleum.

En entrevista telefónica con Mongabay Latam, la Fiscalía de Estado de Salta explicó que la provincia se presentó en la quiebra de la empresa para reclamar por el daño ambiental, pero no hubo ningún tipo de acercamiento para planificar el cierre del pozo. “El único contacto que tenemos es a nivel judicial”, confirmaron funcionarios de la provincia.

Además, señalan desconocer si el síndico [funcionario judicial que administra los bienes de la empresa en quiebra] se presentará a cumplir la orden.

Hasta el cierre de esta nota, ni President Petroleum ni su casa matriz Molecular Energies han respondido a las consultas de Mongabay Latam. Fuentes de YPF dijeron a este medio que la compañía colaborará con la solución que promueva la provincia de Salta, pero indicaron que “la responsabilidad es de President Petroleum y así lo hizo saber YPF en todas esas instancias del proceso”.

Gases y afectaciones a la salud

Para llegar hasta la boca del LO-X10 hay que usar máscaras. En un registro audiovisual difundido por Greenpeace, Arrigazzi describe un olor que se parece al de una estación de servicio de gasolina con las tapas abiertas. En su recorrido también encontró lagunas con restos de hidrocarburos a unos 500 metros del pozo, algo que, según los testimonios recogidos por el equipo de campaña, no se veía en 2024. Es el mismo aire que respiran las pocas familias que todavía viven en Lomas de Olmedo.

El detector de gases que llevaban marcó altas concentraciones de metano, propano y butano. “Yo no soy médico”, explica Arrigazzi, pero “tampoco creo que haga falta serlo para darse cuenta que no está bueno estar ahí”. Los pobladores le contaron que se sienten mal cuando permanecen en la zona y que, en una de las visitas de las autoridades provinciales, les recomendaron no dormir más en sus casas.

Según le relataron, los atardeceres y las noches son los peores momentos, cuando la presión del pozo aumenta y ya no pueden pasar cerca. Ahora, además, les preocupa el agua con hidrocarburos que brota del pozo y que cada día llega más lejos.

El Estado provincial sabe que el aire alrededor del pozo es peligroso. Tras una inspección el 4 de junio de 2025, el Comité de Crisis advirtió que la situación se había vuelto más crítica y estimó de forma preliminar un radio de seguridad de entre 200 y 300 metros desde la boca del pozo. Entre las medidas acordadas figuraba abrir un camino alternativo para los dos puesteros de la zona (pobladores rurales que viven en viviendas precarias, llamadas puestos) para evitar que pasen por el sector de mayor concentración de gases.

Semanas después, el medio local El Tribuno informó que, según fuentes técnicas, los fluidos que expulsa el pozo tienen un alto contenido de gas sulfhídrico, altamente nocivo para la salud. El mismo medio había informado de pobladores que deben vivir con máscaras por la toxicidad del aire.

¿Qué significa para el cuerpo humano vivir durante tres años cerca de una fuga como esta? Un documento publicado en septiembre de 2026 por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), elaborado por el médico toxicólogo Francisco Tomás Dadic, presidente de la Fundación Argentina de Toxicología (FARTOX), advierte que los pozos abandonados pueden seguir liberando contaminantes durante décadas.

Según el informe, la principal puerta de entrada de los hidrocarburos al organismo es la respiración, aunque también ingresan al comer o a través de la piel. El sulfuro de hidrógeno, el gas reportado en Olmedo, está clasificado como un gas “histotóxico” porque ataca directamente la respiración de las células: en bajas concentraciones irrita y en dosis altas puede provocar un paro respiratorio.

“¿Cuál es la magnitud de ese daño? Eso no lo sabemos, no sabemos hasta dónde puede llegar”, dice Arrigazzi.

Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio de Salud Pública de Salta no respondió las consultas de Mongabay Latam sobre estudios públicos de la salud de quienes viven o vivieron cerca del pozo y la cantidad de vecinos que han declarado problemas respiratorios.

Pasivos ambientales y la era de los grandes incentivos

Sellar el pozo LO-X10 será apenas el primer paso. Según Arrigazzi, algunas especies vegetales pueden volver a brotar en pocos meses, pero los árboles tardan mucho más en crecer y madurar. “Para tener un bosque nativo con características de maduro, a veces hablamos de más de 100 años”, explica el biólogo.

Mientras el LO-X10 sigue abierto, el presidente Javier Milei apuesta por atraer nuevas inversiones en hidrocarburos. En julio de 2024, mediante la Ley 27.742, el Gobierno argentino creó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios por 30 años a proyectos en sectores como petróleo y gas.

En febrero de 2026, el Decreto 105 extendió hasta el 8 de julio de 2027 el plazo para adherirse al régimen e incorporó, dentro del sector de petróleo y gas, la explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos en tierra firme, en áreas que todavía no habían sido desarrolladas.

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Según el Observatorio del RIGI, más del 95 % del volumen de inversión anunciado hacia mayo de 2026 correspondía a minería e hidrocarburos, con Salta entre las provincias que concentran buena parte de esas iniciativas.

¿Qué pasaría si una de esas empresas dejara un pasivo ambiental sin remediar? Durante la presentación del segundo boletín del Observatorio del RIGI, Mongabay Latam consultó a Luciana Ghiotto, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y del Transnational Institute (TNI), un centro internacional de investigación con sede en Amsterdam que analiza comercio, inversiones y justicia social.

Según Ghiotto, los tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) “están pensados para que un inversor reclame contra un Estado, no al revés”, explica. “La fuente del derecho para ellos es el Tratado de Protección y Promoción de Inversiones, no un tratado de protección y promoción de los derechos humanos, derechos ambientales o derechos laborales”.

En otras palabras, si una empresa abandona un pozo y deja un pasivo, el Estado no tiene una vía equivalente para demandar ante esos mismos tribunales. “En el caso de una demanda por reparación de pasivos ambientales, el que siente violado su derecho es el inversor, porque esto afecta la inversión. El Estado no podría accionar”, resume.

Mientras la discusión sobre quién reparará el daño sigue abierta, en Lomas de Olmedo el bosque todavía da señales de vida. Durante su recorrido, el equipo de Greenpeace fotografió brotes nuevos entre las plantas muertas que rodean el pozo. Pero junto a ellos encontró otros del mismo tamaño, ya secos: nacen y mueren sin poder prosperar mientras el pozo siga abierto.

“No está todo perdido. Y no da lo mismo si se hace o no se hace [el sellamiento]”, dice Arrigazzi. “Estamos a tiempo [de recuperar el bosque], pero hay que hacerlo ya”.

El artículo original fue publicado por Ana Victoria Domínguez Britos en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un corredor biológico es un espacio que conecta áreas naturales separadas por la actividad humana. Su función principal es permitir el libre desplazamiento de animales, insectos y plantas para buscar alimento, refugiarse, reproducirse e intercambiar genes, lo que evita la extinción de las especies.

Ese modelo se aplica desde 2017 en el sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina, a través de la reintroducción de flora nativa. Los resultados: un incremento de insectos controladores de plagas, aves y mamíferos insectívoros, a pesar de enfrentar condiciones climáticas extremas, como la sequía.

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Las conclusiones surgen de una investigación conducida por la bióloga Paula Taraborelli, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y miembro independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). El trabajo fue ejecutado por el equipo de Agroecología de la Chacra Experimental Integrada Barrow, una institución de investigación agropecuaria en Argentina que depende de una gestión conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires y el INTA.

Según explicó Taraborelli a Mongabay Latam, el estudio se llevó a cabo en tres corredores. El primero es un corredor lineal con vegetación natural y los otros dos son de parches o islas dispuestas en zigzag, uno con herbáceas y arbustos nativos y otro con arbustos y herbáceas nativas, ubicados en el contorno de un predio de nueve hectáreas con avena y trigo de manejo agroecológico.

La experta detalló que el equipo del INTA y el Vivero Nativos de Claromecó fueron quienes plantaron los corredores para realizar el estudio, cuyo objetivo central fue atraer biodiversidad a estos sitios utilizando la agricultura convencional -cuando se cultiva una sola especie no nativa-, y también implementando la agroecología, que es una combinación de al menos tres especies.

“El hecho de poner plantas nativas es atraer toda una red de insectos, aves y mamíferos más que todo nativos. Y cuando la red está funcionando, algunas especies funcionan como controladores biológicos de otras especies. De esta manera el sistema está equilibrado y puede responder por sí solo sin necesidad de poner plaguicidas o insecticidas”, afirmó Taraborelli.

El corredor natural más cercano al sitio de estudio se encuentra a un kilómetro de los corredores diseñados por las investigadoras: es el río Segundo Brazo de Tres Arroyos. A dos kilómetros se encuentra el río Primer Brazo de Tres Arroyos, ambos en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Taraborelli destacó que el monitoreo de la flora nativa durante los ciclos 2021 y 2022 reflejó diferentes respuestas entre los distintos estratos vegetales, condicionados por un verano extremadamente seco y caluroso. El estrato arbóreo, que tuvo un 83 % de supervivencia, fue el grupo más exitoso: acá las especies que mejor se establecieron y toleraron el estrés hídrico fueron el espinillo, la cina-cina y el caldén.

En el grupo de estrato arbustivo hubo un 43 % de supervivencia. En este caso se registró un “éxito moderado”, destacándose notablemente la consolidación de la barba de chivo o flor de indio. Por el contrario, el sen de campo o rama negra figuró entre las especies que no lograron implantarse. En el caso del estrato herbáceo hubo un 32 % de supervivencia: fue el estrato más afectado por la falta de humedad continua.

La principal diferencia entre los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo radica en su tipo de tallo, su forma de ramificación y su altura dentro de la vegetación.

“La importancia de estos espacios radica en esa capacidad de conectar. Se entiende que los hábitats fragmentados, pero interconectados por corredores, tienen mayor valor de conservación que los meros fragmentos aislados”, resaltó Taraborelli, quien añadió que los sitios prioritarios para la conservación son aquellas áreas que reúnen valores ecológicos, biológicos y socioculturales considerados de gran o crítica importancia a escala local, regional o global.

“La conservación implica, así, no solo preservar fragmentos de bosque, sino también las relaciones ecológicas que permiten la existencia y el desplazamiento de las especies. La clave es proteger nuestro bosque nativo, contraponiendose al avance del desmonte”, dijo la experta.

Especies que llegan al corredor

Según Taraborelli, a estos tipos de estratos llegaron especies de insectos, avifauna y mamíferos insectívoros que se adaptaron de manera exitosa a los corredores biológicos instalados.

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“La entomofauna benéfica [conjunto de insectos que habitan en una región, ecosistema o biotopo determinado] que se registró fue la presencia de insectos clave para el control natural de plagas agrícolas, destacándose el registro de depredadores como mantis (Mantispidae) y sus ootecas [depósitos de huevos]. También se halló el establecimiento de colonias de coccinélidos (controladores de pulgones) y de dos especies de arácnidos predadores: la araña plateada de jardín (Argiope argentata) y la araña de jardín bandeada (Argiope trifasciata)”, destacó Taraborelli.

En el caso de la avifauna, la experta detalló que los corredores funcionaron como sitios de refugio y de alimentación para las aves. Entre ellas se observaron aves insectívoras y carnívoras que regulan las poblaciones de roedores e insectos en los cultivos. En el estudio se identificaron ejemplares de halconcito colorado (Falco sparverius), lechucita vizcachera (Athene cunicularia), churrinche juvenil (Pyrocephalus rubinus) e inambú chico (Nothura maculosa).

Además, Taraborelli dijo que en los corredores biológicos se encontraron mamíferos omnívoros, como la laucha de campo (Calomys laucha) y el colicorto pampeano (Monodelphis dimidiata), una comadreja. “Y algo llamativo fue que los roedores insectívoros fueron capturados en los biocorredores, mientras que los roedores herbívoros, en los predios agrícolas”, remarcó la bióloga.

Micaela Malaspina es ingeniera agrónoma, investigadora y extensionista con filiación a Chacra Experimental Integrada Barrow. La experta, que también fue parte de la investigación, explicó a Mongabay Latam que el fondo del estudio fue disponer sitios para conservación y realización de corredores, pero ubicados de forma estratégica para no destinar grandes superficies de campo.

“Lo que obtuvimos fue una mayor diversidad dentro del sistema productivo en general al incrementar estos sitios seminaturales en donde la actividad de la fauna y de los insectos se incrementó y, a su vez, la red trófica en general, como una mayor interacción entre ellos, lo que le da a un sistema un mayor equilibrio”, detalló Malaspina.

Por ejemplo, desde el punto productivo lo que se buscó fue tratar de tener más predadores o controladores biológicos de insectos que en una gran densidad resultan plagas y que pueden llegar a comprometer al cultivo.

En el caso del clima, Malaspina explicó que fue un factor determinante para que los corredores biológicos puedan subsistir. La experta dijo que, durante el verano, se instaló un sistema de riego para generar una menor mortandad de especies arbóreas. “Lo que vemos es que no se han perdido muchas plantas, pero el ciclo de crecimiento ha sido un poco más lento, no solamente por las grandes temperaturas y los calores, sino también por los vientos. Tenemos una zona muy ventosa y eso creo que es una de las cosas que más ha afectado en combinación con la temperatura”, destacó Malaspina.

La experta añadió que tras los resultados lo que se espera es que la sucesión ecológica vaya avanzando y que vayan apareciendo nuevas especies de plantas mientras que otras vayan desapareciendo. “También se estudia la interacción [de la vegetación] con los cultivos que hay adyacentes a los corredores para evaluar cuál es la dispersión de especies y entonces detenernos en aquellas especies que tal vez son problemáticas para la agricultura, lo que normalmente se llama malezas o malas hierbas”, dijo Malaspina.

Tras procesar los resultados, el equipo técnico determinó que los corredores biológicos cumplen la función de potenciar el control natural de “especies problema” en los agroecosistemas. Para consolidar estos datos, las próximas fases del proyecto contemplan la instalación de colmenas para evaluar la polinización y la realización de muestreos sistemáticos de fauna edáfica, artrópodos epigeos y mamíferos.

Iniciativas que ayudan a insectos y aves

Luis Fortich, biólogo y docente de la Escuela Argentina de Naturalistas (EAN) de la organización Aves Argentinas, quien no participó del estudio, dijo a Mongabay Latam que la implementación de corredores biológicos es una opción positiva debido a la expansión de la frontera agrícola en Argentina, que implica la utilización de químicos para eliminar plagas para la instalación de monocultivos.

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“Esto genera un daño muy importante a la fauna en general, entonces mantener una franja de refugio nos garantiza de alguna manera no perder la riqueza de seres vivos que teníamos presentes en esa zona” antes de los monocultivos, resaltó Fortich, quien añadió que estas iniciativas también pueden favorecer a los cultivos, ya que se incrementa el número de polinizadores y se incrementa el número de controladores de plagas.

El experto destacó que el 95 % de la fauna es invertebrada y que es la más afectada cuando se pierde un bosque natural. Fortich detalló que, dentro de ese grupo, un 80 % son insectos, los más perjudicados, por ejemplo, en los incendios. Así, el biólogo destacó que la implementación de corredores biológicos ayuda a diferentes especies, en especial a los insectos.

“Muchos insectos viven vinculados con la tierra, bajo troncos, dentro de los troncos, vuelan y se dispersan, aportan fuente de alimento para otros invertebrados y para vertebrados. Muchas aves son insectívoras, tienes para alimentar reptiles, tienes para alimentar batracios, hay toda una comunidad impresionante de invertebrados, además de las lombrices”, dijo Fortich.

Y en el caso de las aves, el experto resaltó que cuando se deforesta el bosque se eliminan áreas de refugio de aves y de nidificación, lo que obliga a que los pájaros instalen sus nidos en los suelos. Es por eso que Fortich insistió en que estos corredores biológicos también ayudan a diferentes especies de aves.

“Cuando se deforesta, se están sacando muchas áreas de refugio y nidificación. En las zonas como la llanura pampera tenemos muchos casos de nidificación en el suelo porque hay menos oferta de refugios”, afirmó Fortich.

El biólogo añadió que un corredor tiene que tener un tamaño apropiado para que haya una diversidad arbórea, arbustiva y herbácea y que sea a su vez el refugio para mantener una dinámica biológica de los distintos grupos, desde vertebrados a invertebrados.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cada año, miles de personas mueren como consecuencia de afecciones en su salud causadas por el cambio climático. El informe 2026 Una década de crecientes daños para la salud y un momento decisivo, publicado por Lancet Countdown on Health and Climate Change, revela que entre 2016 y 2023, cada año, 540 800 personas murieron por causas relacionadas con el calor. De ellas, 369 940 muertes –el 68.4 %– fueron causadas por el cambio climático anualmente, en total, casi 3 000 000 de personas.

Marina Romanello, directora ejecutiva de Lancet Countdown, señala que “las muertes relacionadas con el calor atribuibles al cambio climático han alcanzado cifras récord y los costos económicos golpean con mayor dureza a los sectores y comunidades vulnerables”.

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El reporte presentado en Londres el 28 de octubre también indica que entre 2016 y 2023, luego de la entrada en vigencia del Acuerdo de París, las muertes estimadas por el cambio climático se han incrementado con relación a la década anterior. “En conjunto, se calcula que el cambio climático causó casi 3 000 000 de muertes relacionadas con el calor entre 2016 y 2023”, cita el informe. El estudio menciona, además, que en 2023, el año más caluroso hasta donde llega el informe, se registró la cifra récord de 710 000 muertes relacionadas con el calor.

Los investigadores explican que para saber cuántas muertes están relacionadas al cambio climático comparan dos escenarios. El primer escenario real o factual toma toma como base todas las muertes ocurridas a nivel global asociadas con el aumento de la temperatura, considerando todas las causas que pueden influir en ella, incluido el cambio climático y lo comparan con el segundo escenario contrafactual –lo que habría ocurrido–, que simula cómo habría sido la temperatura si no hubiera existido el cambio climático provocado por el ser humano.

“El calor no solo mata por golpe de calor, también agrava enfermedades que ya existen. Sobrecarga el corazón, descompensa enfermedades respiratorias y daña los riñones por deshidratación”, señala a Mongabay Latam Stella Hartinger, directora regional para América Latina de The Lancet Countdown on Health and Climate Change.

Estos impactos no afectan a todos por igual, explica Hartinger. “Los más expuestos son los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas, quienes trabajan al aire libre y quienes viven en condiciones de pobreza, con menos capacidad para protegerse”, afirma.

Hartinger menciona que con este décimo informe decidieron comparar la década posterior al Acuerdo de París con la década anterior. “La conclusión es que muchos daños a la salud crecieron más rápido después de París”, comenta.

El Acuerdo de París se firmó a finales de 2015 en la capital francesa. Se trata de un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre el cambio climático. Su objetivo era limitar el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C respecto a los niveles preindustriales, y continuar los esfuerzos para limitarlo a 1.5 °C.

Otro dato relevante del informe sobre cambio climático y salud de Lancet Countdown –que ésta vez llega a su décimo año– tiene que ver con América Latina y la Amazonía. “El aumento de las sequías extremas se ha acelerado”, señala el reporte. “Las zonas del mundo particularmente vulnerables, como el África subsahariana y América Latina –incluida la cuenca del Amazonas–, se vieron afectadas de forma desproporcionada”, detalla la publicación.

“América Latina enfrenta desafíos cada vez mayores ante el cambio climático, aumentan las temperaturas, los eventos extremos y la vulnerabilidad de sus poblaciones, y también vemos un aumento de sus impactos en la salud”, dice Hartinger. “Estos impactos no afectan a todas las personas por igual, porque las desigualdades sociales y económicas condicionan su capacidad de respuesta. Ha habido avances en adaptación, pero siguen siendo insuficientes”, agrega.

El reporte Lancet Countdown también aborda el rol de los combustibles fósiles en la aceleración del cambio climático y precisa que éstos “siguen suministrando más del 80 % de la energía mundial”. Por otro lado, menciona que si bien el uso de las energías renovables va en aumento, también advierte que el acceso a la energía limpia es desigual, con un mayor porcentaje de uso en países con índice de desarrollo humano muy alto, en comparación con los que tienen un Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo, que son aquellos más expuestos a la pobreza energética y por tanto más vulnerables al cambio climático.

Este informe global fue elaborado por 146 investigadores multidisciplinarios de más de 30 nacionalidades, pertenecientes a 71 instituciones de todo el mundo.

El cambio climático y la salud en América Latina

“Como investigadora puedo decir que en Latinoamérica es muy preocupante que no ocurre una sola amenaza a la vez, es decir, no solo tenemos olas de calor, sino que tenemos olas de calor, incendios forestales, polución del aire, sequía, todo ocurriendo al mismo tiempo”, dice la investigadora chilena Yasna Palmeiro-Silva, coautora de el reporte de Lancet Countdown.

Palmeiro-Silva cita, por ejemplo, lo que sucede en la Amazonía, que está expuestas a múltiples amenazas, lo que exacerba el riesgo de salud en la población, particularmente los más vulnerables. “Con un clima que cambia muy rápido y en una zona muy frágil a estos cambios, como la Amazonía, quiénes se ven más afectados son los pueblos indígenas y las comunidades que dependen de los sistemas naturales para vivir en el día a día”. La investigadora suma a esto la presencia de El Niño, “que, además, es un súper El Niño exacerbado por el cambio climático”.

La investigadora señala que los países de Centroamérica como Nicaragua, Guatemala y otros “tienen una exposición a la amenaza climática, es decir, al calor extremo, a la sequía, a las inundaciones o a las precipitaciones extremas muy importante”. Además, “con El Niño esto se exacerba”, comenta. “Son países climáticamente muy expuestos, pero que desde el punto de vista de la respuesta también están debilitados porque económicamente están en una posición más vulnerable”.

Aunque el informe específico sobre América Latina será presentado en diciembre, este informe global incluye datos sobre algunos países de la región. Para Costa Rica se menciona, entre otras cosas, que entre 2016 y 2025, las personas estuvieron expuestos a más de 900 horas al año en las que el calor suponía un riesgo moderado o alto de sufrir estrés térmico durante la actividad física al aire libre.

En Guatemala esta cifra sube a 960 horas por año, pero también se menciona que este país experimentó al menos un mes de sequía extrema cada año entre 2021 y 2025.

Las infecciones transmitidas por mosquitos es otro de los problemas en aumento debido al cambio climático. El informe menciona que “el aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de las lluvias han acelerado el incremento de las condiciones ambientales favorables para la transmisión del dengue”. Además, “el cambio climático también está afectando la transmisión de la malaria y del virus del Nilo Occidental”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los dos últimos años se registraron 19 900 000 casos de dengue y más de 15 000 muertes relacionadas con esta enfermedad en más de 100 países.

En El Salvador se menciona, por ejemplo, que las condiciones para la transmisión del dengue se mantienen altas. Además, en 2023 aproximadamente 207 muertes fueron atribuidas a la contaminación del aire por combustibles contaminantes.

En Nicaragua, la cantidad de días en los que la población está expuesta a un riesgo moderado o alto de sufrir estrés térmico se dispara a 2860 horas al año. En Panamá, la transmisión del dengue aumentó en 54 % entre 2016 y 2025, en comparación con lo que sucedía en la década de 1950 y 1960.

Pero el dengue no es el único problema climático de esta región. En ciertas época, las sequías azotan esta parte del continente. “En Centroamérica lo que tienes, debido al cambio climático más El Niño, son sequías exacerbadas. Entonces, no tienes agua para los riesgos, tienes un suelo completamente seco, donde no crece nada, lo que genera que no haya disponibilidad de alimentos, ya sea para consumo en las pequeñas comunidades o para venta. Esto afecta la economía, desde lo local hasta lo macro”, añade Palmeiro-Silva.

La información sobre los países de América Latina también incluye datos de México, Argentina y Colombia. En México el humo de los incendios forestales se asoció con por lo menos 11 100 muertes anuales entre 2021 y 2025, un 48 % más que entre 2003 y 2012. En este país, además, en 2023 unas 75 500 muertes se asociaron con el consumo insuficiente de alimentos saludables de origen vegetal, incluyendo frutas, verduras, legumbres, granos integrales, nueces y semillas.

En Argentina, la sequía extrema es un tema preocupante, los datos que acompañan al informe señalan que en 2025 hubo un número récord de muertes, 134, debido a inundaciones o tormentas, mientras que por lo menos el 72 % de la superficie de Argentina experimentó al menos un mes de sequía extrema por año entre 2021 y 2025.

Una situación similar experimenta Colombia, según el reporte, con un promedio del 55 % de su superficie que padece cada año sequía extrema en la última década, además de que los cambios en las condiciones ambientales del país también pueden aumentar la idoneidad para la transmisión del dengue.

Desde Argentina, la experta en ciencias de la atmósfera Matilde Rusticucci, profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires y coautora del informe, señala que los países de Latinoamérica “están en riesgo creciente y con poca respuesta por parte de los Estados para trabajar, por ejemplo, ante el calor extremo o ante el evento de El Niño”.

“En estos 10 años Argentina ha tenido muchos eventos de sequías muy largos, entonces, la producción de alimentos se ha visto perjudicada”, comenta Rusticucci para referirse a lo que pasa en este país de América del Sur.

Camilo Prieto, profesor e investigador en la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, señala que América Latina presenta una vulnerabilidad preocupante porque combina una elevada exposición a fenómenos climáticos extremos con profundas desigualdades sociales y dificultades de accesos a los sistemas de salud.

Prieto señala que en Colombia no hay políticas públicas que se traduzcan en acciones. “Tenemos una perspectiva reactiva pero no preventiva”, dice y enfatiza que es importante que Colombia invierta en tecnologías que puedan controlar vectores relacionados con dengue y chikungunya

Los riesgos de la seguridad alimentaria

El problema de las sequías y las lluvias intensas e inundaciones también se abordan en el estudio. “Las olas de calor y las sequías extremas, cada vez más frecuentes, suponen una amenaza creciente para la seguridad alimentaria. En 2025, las sequías afectaron al 51.8 % de la superficie terrestre del planeta durante al menos un mes”, señala el informe. “A la vez, también se ha acelerado el aumento de los días con precipitaciones muy extremas que, entre 2016 y 2025, afectaron al 17.2 % de la superficie terrestre del planeta cada año, lo que agrava el riesgo y la incidencia de inundaciones y aludes que amenazan la salud”, se lee en el documento.

El reporte también indica que “análisis basados en información satelital apunta a que, desde 2003, el 80 % de la superficie terrestre mundial ha experimentado cambios importantes en los patrones de aumento y disminución del agua subterránea almacenada, lo que ha tenido consecuencias para la seguridad alimentaria y el saneamiento”.

“Las sequías y las olas de calor reducen las cosechas y encarecen los alimentos, lo que golpea primero a las familias más pobres. Con menos agua también empeoran la higiene y el saneamiento, y aumentan las enfermedades diarreicas. En el otro extremo, las lluvias muy intensas causan inundaciones y deslizamientos, y facilitan la transmisión de enfermedades por agua contaminada y hasta generan muertes prematuras”, comenta Stella Hartinger.

Marina Romanello señala que “los riesgos se agravan aún más cuando se considera cómo interactúan y se acumulan los distintos peligros. Al mismo tiempo, la sequía se extiende y el mundo oscila entre extremos, en lo que se refiere al agua: unas zonas se secan y otras se inundan. No se trata de un empeoramiento gradual, sino de un cambio brusco que debe reconocerse como una emergencia sanitaria mundial”.

Prieto señala que en la Amazonía la sequía representa una amenaza que trasciende a la disminución de las precipitaciones porque la reducción de la humedad del suelo y los caudales de los ríos afecta la biodiversidad y compromete el abastecimiento de agua, lo que agudiza las condiciones para los incendios forestales. “Desde una perspectiva sanitaria, tiene consecuencias en seguridad alimentaria y acceso al agua, aumento de incendios, deterioro de la salud mental y riesgo para las comunidades indígenas”.

Además del avance del dengue, el reporte indica que nuevas zonas se están convirtiendo en lugares aptos para la transmisión de la malaria y el virus del Nilo Occidental, lo que deja expuestas a poblaciones y sistemas sanitarios que no están preparados para ello. No obstante, explica, algunas regiones tropicales han llegado a ser demasiado calurosas para la transmisión de estas enfermedades, pero resultan propicias para la transmisión de otras, como el dengue.

Una respuesta lenta

“Los crecientes efectos del cambio climático sobre la salud ponen de relieve la necesidad urgente de una adaptación eficaz y suficientemente financiada”, señala el informe que hace un llamado sobre la urgencia de la mitigación del cambio climático “para evitar que los peligros del clima superen la capacidad de adaptación del mundo y proteger la salud y la supervivencia en todo el planeta”.

Un tema urgente es la reducción del uso de los combustibles fósiles. Sin embargo, el informe concluye que los avances en la transición para abandonar los combustibles fósiles siguen siendo insuficientes y que éstos aún suministran el 80.7 % de la energía mundial.

“Los planes de producción de combustibles fósiles se alejan cada vez más del objetivo de 1.5 °C del Acuerdo de París. Las 100 mayores empresas de petróleo y gas del mundo prevén producir para 2040 un 150 % más de combustibles fósiles”, precisa el informe.

A pesar del aumento del uso de energías renovables –del 5.5 % en 2016 al 13.5 % en 2023–, las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía han aumentado por el uso de combustibles fósiles. A ello se suma las desigualdades en el proceso de transición energética puesto que son los países con índice de desarrollo alto y mayores ingresos los que tienen mayor acceso a las energías limpias, dejando atrás a los más vulnerables.

“Ese es uno de los grandes problemas y pilares de discusión en las negociaciones internacionales. Históricamente los países más ricos, 'más desarrollados', han sido los que han explotado los recursos naturales de una manera exagerada versus países que son más pequeños y que se han visto desfavorecidos en esa inequidad”, señala Palmeiro-Silva en relación a los hidrocarburos, pero también a los minerales, incluyendo ahora los que se destinan a la transición energética.

El estudio Lancet Countdown 2026 destaca la necesidad de contar con normas que garanticen el uso sostenible de los recursos naturales y eviten posibles daños para la salud a lo largo de todo el ciclo de vida de las tecnologías de energías renovables, incluida la extracción de minerales y la eliminación de residuos.

Los autores del informe piden que el cambio climático sea declarado formalmente una emergencia sanitaria mundial, que la OMS elabore un nuevo instrumento para facilitar una respuesta mundial coordinada para que los gobiernos sitúen la salud en el centro de todas las decisiones climáticas.

“El cambio climático ha sido muy rápido y la respuesta muy lenta”, cuestiona Palmeiro-Silva y se pregunta si lo que se ha hecho hasta ahora es suficiente. “Ahí es donde el informe recalca que en realidad no. En términos de adaptación hemos estado muy lentos, si bien los países, en general, incluyendo Latinoamérica, tienen planes nacionales de adaptación, no sabemos muy bien cómo se están implementado”.

Rusticucci va un poco más allá y cuestiona los gobiernos negacionistas. “Ese negacionismo hace que no se tomen acciones justamente para evitar la crisis climática seriamente”. Sin embargo deja un espacio para la esperanza porque dice que en algunos casos se está trabajando de forma local. “A nivel nacional no se trabaja fuertemente, pero quizás a nivel local se está trabajando un poco más. Las ciudades se están preocupando cada vez más por el cambio climático”.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Desde el 27 de junio de 2026, los países miembros de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) prohíben la captura de cinco especies de tiburones zorro y martillo altamente amenazadas. La medida fue acordada en marzo de este año durante la última reaunión de la Conferencia de las Partes de la CMS (COP15) realizada en Brasil para intentar frenar el preocupante declive de las poblaciones y evitar su extinción. Chile, Ecuador, Perú y Costa Rica, sin embargo, además de República Checa y Reino Unido, formularon una reserva específica para apartarse de ese acuerdo.

A nivel mundial, las poblaciones de tiburones y rayas se han reducido a la mitad desde 1970 debido, principalmente, a su pesca excesiva. Esta situación ha llevado a que varias especies se encuentren en peligro crítico de extinción. Así lo indican estudios científicos como el informe interino 2026 sobre el Estado de las Especies Migratorias en el Mundo, elaborado para la 15° reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS).

La situación es crítica no solo para los tiburones. La COP15 de la CMS reveló además que el 49 % de las especies migratorias está en declive y el 24 % está amenazada de extinción. Debido a esta situación, los países parte de la CMS aprobaron incluir dentro de la convención a 40 especies y poblaciones de aves, animales terrestres y acuáticos. Esta decisión otorga mayor protección y obliga a los países a una cooperación coordinada para el manejo sostenible de las especies amenazadas.

Esa decisión, a decir del presidente de la COP15, el ministro de Ambiente brasileño, João Paulo Capobianco, convirtió a la reciente conferencia en “una de las Conferencias de las Partes más exitosas en la historia de la Convención”.

Además, algunas especies que ya eran parte de la CMS cambiaron de categoría para incrementar su protección. Entre ellas, cinco especies de tiburones altamente amenazados que quedaron incluidas en el Apéndice I de la convención —el más estricto de todos— que implica la prohibición absoluta de su captura, la reducción de los factores de amenaza y la protección de sus hábitats principales.

Las especies incluidas fueron el tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus), tiburón zorro ojón (Alopias superciliosus), tiburón zorro común (Alopias vulpinus), tiburón martillo gigante (Sphyrna mokarran) y el tiburón martillo liso (Sphyrna lewini). Todas catalogadas en estado Vulnerable, Crítico o en Peligro Crítico de extinción, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

¿Por qué Chile, Perú, Ecuador y Costa Rica le dieron la espalda al acuerdo que incrementa la protección de estos tiburones?

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Mayor protección para cinco especies de tiburones

La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), también conocida como el Convenio de Bonn, es un tratado ambiental internacional enmarcado en el sistema de las Naciones Unidas. Su objetivo principal es promover la cooperación transfronteriza entre países para proteger a las especies migratorias, conservar sus hábitats y salvaguardar las rutas que emplean durante sus desplazamientos.

“Se trata de una convención científica y técnica que protege a las especies migratorias de cualquier situación, a diferencia de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), que solo regula el comercio de estas especies”, explica Jessica Galvez-Durand. La especialista, trabajó como punto focal de la CMS en Perú para lograr, en 2020, la inclusión del jaguar (Panthera onca) en el Apéndice I, que representa el nivel más alto de protección dentro de la convención y conlleva compromisos legales estrictos para los Estados que forman parte de la ruta de distribución de la especie.

Las cinco especies de tiburón que fueron incluidas durante la COP15 en el Apéndice I de la CMS estaban antes en el Apéndice II, un nivel de protección más bajo que no prohíbe la pesca, pero obliga a los países parte a establecer medidas de gestión para garantizar que cualquier captura, uso o comercio sea sostenible, legal y regulado.

El cambio se produjo luego de que se demostrara, a través de datos científicos, que estas especies migratorias están en peligro de extinción en todo o en una parte significativa de su territorio.

De acuerdo con la convención, los países que forman parte de la CMS y que son parte del área de distribución de las especies migratorias que están protegidas por el Apéndice I deben prohibir expresamente que los ejemplares de aquellas especies sea sacadas de su ambiente natural, restringiendo la caza, la pesca, la captura, el hostigamiento o la matanza premeditada.

Además, el acuerdo establece que los “Estados parte se esforzarán por conservar y, cuando sea factible, restaurar los hábitats fundamentales para evitar que la especie se extinga”.

“El Apéndice I de la CMS señala que esas especies amenazadas requieren sí o sí la cooperación de todos los países del área de distribución y esas especies no pueden ser extraídas. Todas esas rutas migratorias están bien estudiadas”, agrega Galvez-Durand.

Sin embargo, no todas las disposiciones que fueron acordadas en la COP15 de la CMS serán acatadas por los cuatro países de América Latina que presentaron su reserva al reciente acuerdo sobre tiburones.

Perú se opuso a la prohibición de la captura de las cinco especies de tiburón zorro y martillo, mientras que Chile, Ecuador y Costa Rica presentaron su reserva para las tres especies de tiburón zorro.

Perú continuará capturando las cinco especies amenazadas

A través de un comunicado, el Ministerio de la Producción (Produce) indicó que el haberse restado del acuerdo “permite que Perú mantenga la gestión pesquera de estas especies bajo su normativa nacional, evitando una prohibición automática e inmediata de extracción, sin perjuicio del cumplimiento de las medidas de conservación, fiscalización, trazabilidad y ordenamiento pesquero vigentes”.

Para la comunidad biológica, sin embargo, esta decisión del Gobierno peruano representa un freno a los esfuerzos internacionales. “Los tiburones son especies altamente migratorias que no respetan fronteras marinas, la falta de una prohibición total en las aguas del mar peruano debilita y dificulta enormemente la recuperación de estas poblaciones de tiburones”, opina Juan Carlos Riveros, director científico de la ONG Oceana en Perú.

No obstante, los especialistas también coinciden en que la reserva impuesta por Perú ante la CMS no anula sus obligaciones frente a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), tratado que regula el comercio internacional, por lo que la importación y exportación de aletas o carne de estas cinco especies siguen estando estrictamente reguladas.

Jessica Galvez-Durand recuerda que, para poder exportar aletas, las empresas peruanas están obligadas a tramitar un permiso CITES y para ello deben certificar la cadena de custodia desde el momento del desembarque. “No se puede exportar material proveniente de capturas ilegales o desembarques no declarados”, recalca.

Las acciones implementadas por el Estado peruano para asegurar la sostenibilidad de los tiburones amenazados presentan, sin embargo, serias deficiencias. Así lo demuestra una serie de reportajes publicados por Mongabay Latam en los últimos años que da cuenta de irregularidades en la entrega de permisos CITES a empresas exportadoras, el desembarque ilegal de aletas de tiburón, investigaciones fiscales a grandes exportadoras de aletas de tiburón, entre otros problemas.

Para la bióloga Alicia Kuroiwa, experta en tiburones e investigadora asociada del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia, los problemas que enfrenta Perú para proteger a los tiburones amenazados disminuirían si el Estado implementara cuotas de extracción máximas y periodos de veda estrictos para todas las especies, basándose rigurosamente en estudios científicos. Actualmente, solo el tiburón martillo liso (Sphyrna zygaena) cuenta con una cuota de pesca anual (para 2026 se establecieron 444 toneladas), la exigencia de respetar una talla mínimas para su captura y una temporada de veda reproductiva que va desde el 1° de enero al 10 de marzo.

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Costa Rica se opone a la protección total del tiburón zorro

En mayo de 2021 el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) de Costa Rica incluyó las tres especies de tiburón zorro, además del tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) y tres especies de tiburón martillo, en la lista nacional de especies amenazadas de vida silvestre. Con ello, el comercio de estas especies quedó prohibido.

¿Por qué entonces Costa Rica se apartó de la decisión de la CMS de prohibir la captura de los tiburones zorro y martillo si por legislación nacional ya había decretado la prohibición?

El problema radica en una contradicción legal. Randall Arauz, biólogo marino e investigador de la Asociación Centro Restauración Especies Marinas Amenazadas (CREMA) de Costa Rica, explica que “a pesar de esa inclusión [de algunas especies de tiburones en el Sinac], en Costa Rica los tiburones no son legalmente considerados vida silvestre sino especies comerciales. Esto impide que se aplique la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la cual prohíbe el comercio de especies amenazadas”.

En junio de 2023, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica dictaminó que las especies amenazadas no pueden ser consideradas comerciales y ordenó al Ministerio de Ambiente asumir su protección. Pese a esto, según Arauz, el Instituto Costarricense de Pesca (Incopesca) sigue tomando las decisiones “de manera ilegal”.

“La Corte ordena al Ministerio de Ambiente a cumplir con la Ley de Conservación de la Vida Silvestre para esas especies, pero eso todavía no se cumple. Todas las decisiones políticas que tienen que ver con tiburones las realiza de manera ilegal el Instituto Costarricense de Pesca”, advierte el especialista.

Mongabay Latam envió preguntas al Incopesca y al Ministerio del Ambiente para recoger sus versiones, sin embargo, hasta la publicación de esta nota no respondieron.

Para Arauz, la decisión de Costa Rica de restarse del acuerdo de la CMS “representa una sumisión total a la voluntad de los exportadores de aletas de tiburón”.

La reserva al acuerdo internacional, agregó, “tira por la borda décadas de esfuerzos de conservación marina y el prestigio internacional de Costa Rica como país ecológico, perpetuando la sobrepesca de especies al borde de la extinción”.

Ecuador, país sancionado por la CITES

La reserva de Ecuador al acuerdo de la CMS genera una inconsistencia política, asegura Kuroiwa, ya que inicialmente este país había respaldado la propuesta de incluir a los tiburones zorro en el Apéndice I durante la COP15 de la CMS, pero le dio la espalda a la decisión en el registro oficial.

El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador respondió a Mongabay Latam que el Apéndice I de la CMS exige la protección estricta de las especies catalogadas en peligro de extinción y prohíbe de forma general su captura, pero que “para los tiburones zorro y martillo el país aplica salvaguardas que, en varios aspectos, superan los estándares internacionales”.

Sin embargo, Ecuador enfrenta desde marzo de 2024 una suspensión comercial impuesta por la CITES que le impide la exportación legal de tiburón zorro y otras especies, hasta que el país demuestre la sostenibilidad de sus pesquerías de tiburón. La sanción llegó tras comprobarse una serie de eventos de tráfico ilegal, principalmente hacia Perú.

De hecho, el Ministerio Público peruano viene investigando por presunto tráfico de especies y crimen organizado a dos empresas peruanas que buscaban exportar a países asiáticos aletas de tiburón zorro. Una de las hipótesis en ambos casos es que las aletas provendrían de Ecuador.

A decir del Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador, para mitigar el contrabando hacia la frontera con Perú se exigen guías de movilización y se ejecutan controles conjuntos con la Policía Nacional y la Aduana.

Pero en vista de los declives en las poblaciones de tiburones, los esfuerzos continúan sin ser suficientes. “La pesca de esas especies es tan feroz que sus poblaciones vienen experimentando una caída”, asegura el biólogo Sebastian Hernández. Sumado a esto, el potencial reproductivo de estas especies es bajo, asegura el científico. “Por ejemplo, el tiburón zorro alcanza su primera madurez sexual entre los nueve y los 13 años. Eso significa que una hembra debe estar escapando [durante años] de anzuelos, redes de pared, cercos, etc, para poder llegar a su primera madurez sexual”.

Además, “estos animales tienen un crecimiento lento, una reproducción limitada y una fecundidad baja [una hembra puede parir solo dos crías por temporada]”. Todo eso hace que las poblaciones de esta especie sean particularmente vulnerables a la pesca.

Captura incidental y directa de tiburones en Chile está en aumento

En Chile, de las cinco especies de tiburones que entraron en el Apéndice I de la CMS solo hay dos: el tiburón zorro común (Alopias vulpinus) y el tiburón martillo común (Sphyrna lewini), que son capturados de manera incidental por los barcos que pescan especies pelágicas, aquellas que habitan en la columna de agua y que normalmente forman grandes cardúmenes, como el jurel, el atún o la anchoveta.

Según el estudio del Grupo de Especialistas en Tiburones de la UICN, en las últimas décadas, tanto la captura directa de tiburones como la incidental ha aumentado de forma considerable en el país debido al declive en las poblaciones de peces óseos comerciales y a la demanda de carne y aletas de tiburón. Además, el estudio advierte que la flota artesanal no tiene la obligación legal de reportar desembarques de captura incidental, lo que provoca un subreporte masivo de las capturas reales. Y aunque Chile cuenta con 42 áreas marinas protegidas, ninguna fue diseñada específicamente para resguardar hábitats críticos o especies de tiburones o rayas.

El biólogo Sebastián Hernández explica que actualmente Chile no puede exportar ninguna de las especies de tiburón protegidas por la CITES porque el país no cuenta con los estudios científicos que esa convención exige para obtener los permisos.

¿Por qué entonces Chile decidió hacerse a un lado del acuerdo de la CMS para prohibir la captura de tres especies de tiburones?

Carlos Bustamante, doctor en Ecología Marina y director regional del grupo de expertos de tiburones de la IUCN, explica que Chile lo hizo porque no tiene cómo implementar las medidas que se establecen en acuerdos como el de la CMS o de la CITES. “Somos un país inmaduro y atrasado en gestión pesquera, en especial en lo que respecta al manejo transfronterizo de pesquerías de tiburones. Administrativamente se prefiere ignorar la realidad”, señala.

El también académico de la Universidad de Antofagasta añade que Chile no ha establecido medidas concretas para proteger las especies comprendidas en el Apéndice II de la CMS. “El Apéndice I [de la CMS] requiere una inversión [por parte del] país mucho más seria que un compromiso de papel. Por eso no van a apoyar ninguna moción al respecto”, considera.

Mongabay Latam solicitó entrevistas y envío consultas a los Ministerios de Ambiente de Perú, Costa Rica y Chile para conocer los motivos de su exclusión a la decisión sobre las cinco especies de tiburones del convenio internacional y las medidas que se tomarán para preservarlos, pero hasta el cierre de esta edición ninguno respondió el pedido.

El artículo original fue publicado por Cristina Fernandez Aguilar en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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América Latina alberga el 40 % de la biodiversidad del planeta, contiene más de una cuarta parte de los bosques del mundo, que son hogar de más de 800 pueblos indígenas, y enfrenta amenazas constantes ante el avance de economías ilegales. Sin embargo, la importancia que los gobiernos asignan a la protección del ambiente en términos económicos parece ser nula si revisamos sus presupuestos nacionales.

Con el propósito de monitorear el nivel de importancia que los Estados de la región asignan a la protección de la naturaleza, Mongabay Latam analizó las cuentas públicas de Perú, México, Colombia, Argentina, Ecuador y Bolivia de los últimos 16 años y encontró que los ministerios de Ambiente han sido sistemáticamente relegados al último escalón de las prioridades estatales.

La base de datos construida para esta investigación, a partir de información extraída de las partidas presupuestales oficiales, reveló que, entre 2011 y 2026, el promedio de la inversión ambiental en cada uno de estos seis países no llegó ni al 1% del gasto total del Estado.

Mongabay Latam también entrevistó a 31 exfuncionarios, investigadores y especialistas en conservación en los países analizados. El consenso es claro: históricamente, se trata de un sector al que se le ha negado la prioridad y el peso que verdaderamente requiere.

“Nos encontramos en los niveles históricos más bajos del presupuesto nacional, la situación se complica mucho más con la decisión oficial de dejarnos al margen de los acuerdos internacionales e incumplir las metas climáticas”, dice Gonzalo Vergez, coordinador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).

“Hay un error constante en los miserables montos de presupuestos [ambientales], es un gravísimo error de concepción de lo que es importante e irreversible, como son los ríos contaminados con mercurio [debido a la minería de oro]”, reclama la diputada boliviana Cecilia Requena.

Para José Antonio Dávalos, exministro de Ambiente de Ecuador, el debilitamiento del presupuesto e incluso la degradación del sector ambiental responde a una tendencia en la región. “Estos países necesitan que el sector ambiental sea lo menos complicado para que no entre en conflicto con otros sectores”, opina.

Esta situación beneficia a proyectos enfocados en la extracción de recursos, de acuerdo con Juan Carlos González, economista ambiental y asesor en proyectos de conservación de biodiversidad y territorios de pueblos indígenas en América Latina. “Si quieren abrir una nueva ronda petrolera, no les conviene un ministerio de Ambiente fuerte”, sostiene.

Al comparar, además, el presupuesto asignado a los gabinetes ambientales con el destinado a otras carteras se detectó la misma tendencia: Ambiente se quedan siempre con la tajada más pequeña del pastel. Esto contrasta con el presupuesto que se asigna a carteras como las de Defensa, que en todos los países ha sido superior a las de Ambiente.

En un contexto donde la sostenibilidad aún no se considera un pilar del desarrollo nacional, ¿cuáles son los sectores prioritarios en estos países?

Por citar unos ejemplos, en Perú, Mongabay Latam encontró que el Ministerio de Economía y Finanzas reforzó su dominio presupuestario, pasando de representar el 24 % del total ministerial en 2011 al 31 % en 2026.

En Argentina, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no solo es el más grande, sino que su importancia ha crecido sustancialmente: pasó de recibir el 53 % del presupuesto en 2017 al 79 % en 2026.

No es el mismo escenario en Bolivia, donde la seguridad interna y la defensa nacional son la prioridad. Los ministerios de Gobierno y Defensa encabezan el ranking de distribución presupuestal.

“Sí hay una crisis económica, pero hay otros sectores que también están creciendo. La [Secretaría] de la Defensa [de México] tenía un presupuesto en el año 2000 que era el doble que el de Ambiente y ahora es más del triple”, advierte Julia Carabias Lillo, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex secretaria de Medio Ambiente de México.

La prioridad en Ecuador, México y Colombia, según la distribución de los recursos, son los sectores de Educación, Salud y Desarrollo Social.

Argentina, Ecuador y Bolivia: los países que erosionaron sus ministerios de Ambiente

Uno de los fenómenos más preocupantes de los últimos años es la erosión de la importancia de los ministerios de Ambiente, situación que ha ocurrido, de manera más evidente, en Argentina, Ecuador y Bolivia.

En Argentina, el Ministerio de Ambiente pasó a ser una cartera degradada al rango de Subsecretaría en 2024, con la llegada de Javier Milei.

En diálogo con Mongabay Latam, Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre, afirma que en Argentina, “independientemente del gobierno nacional de turno, los temas ambientales nunca fueron prioridad y por eso nunca se logró una incidencia real en la promoción de un modelo de desarrollo sustentable en la política nacional”. Una opinión con la que coincide el coordinador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Gonzalo Vergez, quien advierte, además, que con el gobierno de Javier Milei el país se encuentra en “el momento más crítico de la historia ambiental”.

Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, advierte que al bajo presupuesto se suma “el recorte en instituciones, en programas y personal, y también en la participación argentina en las cumbres de cambio climático y biodiversidad”.

Esta inacción financiera, sumada a la degradación institucional del Ministerio de Ambiente, coincide con periodos de alta incidencia de incendios forestales, dejando a las brigadas de control en una situación de vulnerabilidad extrema.

“La disolución del Fondo Nacional del Manejo del Fuego representa un claro retroceso, toda vez que el fideicomiso constituía una herramienta ágil y veloz para dar respuesta a las demandas de la temática”, sostiene Martín Illescas, exdirector General de Proyectos con Financiamiento Externo y Cooperación Internacional del Ministerio de Ambiente del gobierno de Alberto Fernández.

En Ecuador se repite la misma historia de recortes presupuestales y de degradaciones. Tras la fusión del Ministerio de Ambiente con la Secretaría del Agua, en 2020, la entidad ha tenido que gestionar una agenda doble con pocos recursos. Pasó de manejar 147 millones de dólares en 2012, su máximo histórico, a apenas 30 millones de dólares en 2025. Casi la quinta parte del presupuesto que solía tener.

Tarsicio Granizo, actual director de WWF Ecuador y ex ministro de Ambiente durante el mandato de Lenín Moreno (2017-2018), admite que la falta de interés del Estado por el ambiente se evidencia claramente en la baja asignación de recursos económicos. “El tema ambiental no ha sido, en la mayoría de las veces, una prioridad para el Estado y eso se refleja en los presupuestos”, reconoce.

La situación de Ambiente en un país que debe enfrentarse a la presión minera y al crimen organizado en la Amazonía parece agravarse, pues en 2026, bajo el gobierno de Daniel Noboa, el Ministerio de Ambiente y Agua fue absorbido por el nuevo Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).

El sector ambiental fue reducido así a dos viceministerios: uno de Ambiente y otro de Agua. Según la información remitida a Mongabay Latam por el actual MAE, para 2026, el presupuesto conjunto de ambas dependencias fue de 14.6 millones de dólares, distribuidos en 11.4 millones para Ambiente y 3.2 millones para Agua. Esta cifra es menos de la mitad de lo que manejó el Ministerio de Ambiente y Energía en 2025 y la más baja desde 2011.

La falta de presupuesto parece reflejarse en la lenta operación dentro de esos dos viceministerios. A la fecha, hay más de 43 000 trámites sin atender en el Viceministerio de Agua y en el Viceministerio de Ambiente, de acuerdo con información entregada por el MAE.

Bolivia es uno de los países donde el presupuesto ambiental ha crecido con los años. Sin embargo, esta asignación representa, en promedio, apenas un 0.56% del Presupuesto General del Estado (PGE) en los últimos quince años.

Para Gonzalo Colque, economista e investigador de Fundación Tierra, esta cifra demuestra el “real interés” que les dan las autoridades bolivianas a materias ambientales, que por ahora –afirma– “solo queda en discursos”. “Detrás de picos estadísticos recientes, la historia fiscal del país revela un abandono crónico que tocó fondo en 2015, cuando el sector ambiental recibió un humillante 0.3 % del PGE. Las cifras oficiales exponen que la crisis climática se combate con discursos millonarios, pero con billeteras vacías”, cuestiona.

También se debe tener en cuenta que la mayor parte del presupuesto del Ministerio del Ambiente se destina a la categoría de Agua Potable y Alcantarillado en Áreas Urbanas y Periurbanas. En 2025, este programa recibió el 68 % de los fondos destinados a la cartera ambiental, cifra que indica que la prioridad absoluta del ministerio fue el servicio básico en ciudades.

Stasiek Czaplicki, economista ambiental e investigador boliviano, explica que durante muchos años la mayor parte del presupuesto ambiental correspondía a un presupuesto hídrico-productivo, que contemplaba proyectos de riego, represas, entre otros, y no a un presupuesto hídrico-ambiental, es decir proyectos de conservación de cuencas hídricas o saneamiento de agua.

“Por ejemplo, en 2024, más del 60 % del presupuesto de dicha cartera estaba destinado al rubro hídrico. Asumir que todo ese presupuesto era ambiental puede falsear el análisis y dar la impresión de que existía un presupuesto amplio para temas ambientales, cuando no fue así”, detalla el investigador.

En ese contexto, a fines de 2025, el presidente Rodrigo Paz anunció la disolución del Ministerio de Ambiente y Agua y su fusión con el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Aunque en la actualidad el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente se encuentra en funciones, en el documento de Ejecución Presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas los presupuestos de ambas carteras figuran separadas en 2026: Planificación del Desarrollo cuenta con 830 600 572 bolivianos (unos 70.9 millones de dólares) mientras que Ambiente y Agua cuenta con 2 653 024 121 (unos 226 millones de dólares).

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México: altos costos pero para agua y saneamiento

México, con presupuestos que superaron los 72 000 millones de pesos (alrededor de 4222 millones de dólares) en años recientes y una ejecución promedio de 97 %, lidera el volumen financiero y la eficacia de gasto entre los países analizados.

Sin embargo, su estructura presupuestaria esconde una trampa. Al desglosar el presupuesto del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales la realidad interna muestra una concentración en infraestructura hídrica, es decir, en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Mientras, las entidades encargadas de la protección ambiental, como la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, vieron reducida o congelada su participación en la torta presupuestaria.

Históricamente, la Comisión Nacional del Agua ha concentrado los recursos del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales. En 2023, la CONAGUA absorbió el 89 % de los recursos totales, dejando a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental con presupuestos que rondaron apenas el 2 % y el 1.2 % del sector, respectivamente.

“Conagua concentra hasta el 90 % de los recursos destinados y hay cada vez menos dinero para otras instancias muy necesarias y bastante afectadas en los últimos años”, precisa a Mongabay Latam Gina Chacón, directora de política pública de la organización Wildlands Network, una ONG que trabaja en la protección y restauración de hábitat de vida silvestre.

Aunque el presupuesto asignado al sector de Medio Ambiente y Recursos Naturales se mantiene en un nivel intermedio (45 564 millones de pesos en 2026, unos 2675 millones de dólares), los presupuestos de 2025 y 2026 confirman una reducción frente a años anteriores.

De acuerdo con Julia Carabias Lillo, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y exsecretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el financiamiento destinado al sector ecológico experimentó un declive drástico a partir de 2015, coincidiendo con la segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto. Agrega, además, que en ese periodo se impulsaron políticas que favorecieron otras áreas en detrimento de la agenda ambiental.

A esto se añade que la gestión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido una de las más volátiles en la última década, especialmente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde la dependencia tuvo tres titulares distintos.

Los cuestionamientos al sector han girado en torno a la subordinación del Ambiente frente a proyectos energéticos y de infraestructura, como el Tren Maya, así como conflictos éticos y recortes presupuestales.

Chacón agrega que no solo hay una tendencia a desfinanciar los órganos desconcentrados de Ambiente, sino que hay opacidad en la rendición de cuentas de este gasto. “Tampoco hay información que dé cuenta del uso del dinero público que se asigna a cada uno de estos órganos desconcentrados dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, indica la experta.

Mongabay Latam contactó en varias ocasiones a la vocería de la Semarnat para conocer su posición frente a la brecha presupuestal con la que opera. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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Colombia y Perú, baja eficiencia y la última prioridad

Colombia es una de las naciones más peligrosas para quienes protegen el ambiente. Al menos 548 defensores del ambiente y el territorio han sido asesinados en el país entre 2012 y 2025, según el último reporte de Global Witness. Detrás de las muertes más recientes está el crimen organizado, el narcotráfico, los grupos armados y la minería ilegal, entre otros conflictos socioambientales y casos de criminalización.

A ello se suma otros problemas ambientales que atentan contra la biodiversidad del país, como la deforestación, la ganadería extensiva, la construcción de vías ilegales y la amenaza a hábitats cruciales, especialmente a las áreas protegidas.

Este escenario en Colombia sucede a pesar del aumento sustancial del presupuesto para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El análisis revela que, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, los fondos asignados a la cartera ambiental se cuadriplicaron entre 2022 y 2024. No obstante el incremento, la cifra asignada al Ministerio de Ambiente de Colombia apenas representó durante su gobierno alrededor del 0.16 % del Presupuesto General del Estado en 2015.

Para Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia y excongresista por el Nuevo Liberalismo para el periodo 2022-2026, aunque haya un aumento del presupuesto, no todos los nuevos recursos están relacionados a atender los problemas del sector ambiental.

El ex representante de la Cámara Juan Carlos Losada (Partido Liberal) señala que el monto asignado a la cartera ambiental aún está lejos de la cifra que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es decir en el 1 % de Producto Interno Bruto (PIB), que para el caso de Colombia equivaldría a cerca de 18 billones de pesos. “Aquí no estamos llegando a la décima parte de eso”, señala el excongresista.

Por otro lado, a pesar de tener más recursos, la eficiencia del gasto del Ministerio de Ambiente se desplomó a un mínimo histórico de 32.34% en 2024, que se recuperó alcanzando un 70 % en 2025, pero en lo que va de este año su ejecución es apenas del 25 % (hasta septiembre).

“El gobierno de Petro ha tenido importantes presupuestos para invertir en el sector ambiente, pero con una pésima ejecución. Por ejemplo, el freno a la deforestación y restauración de la conservación de la Amazonía tenía una apropiación de 354 000 millones de pesos (unos 88.5 millones de dólares) y su ejecución fue cero en 2026”, explica Miranda.

Dentro del sector ambiental colombiano, el Ministerio de Ambiente es la entidad que recibe la mayor parte del presupuesto del sector (un promedio de 35 %), mientras que Parques Nacionales Naturales de Colombia apenas el 11 % y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el 5.28 %.

A decir de los expertos, la situación de Parques Nacionales es una muestra de la debilidad del financiamiento de todo el sector ambiental y de cómo afecta el cuidado de las 123 áreas protegidas que tiene el país. “En ese caso, ni siquiera hablamos de problemas en el presupuesto de inversión, ahí [la falta de] recursos inclusive complica el funcionamiento de todo el Sistema de Parques Nacionales”, explica Sandra Vilardy, científica y ex viceministra de Ambiente.

En Perú, un país marcado por la inestabilidad política, con 9 presidentes en los últimos 10 años, el Ministerio del Ambiente (Minam) no solo se enfrenta a la escasez, sino a la invisibilidad política. Esta cartera se sitúa en el último escalón de las prioridades del país.

Para Alicia Abanto, ex defensora adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y los Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, el presupuesto del Minam “es insuficiente y muy limitado para la cantidad de obligaciones y los desafíos que tiene el sector ambiental”.

Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, añade que es insuficiente en comparación con lo que se asigna a otros sectores dentro del presupuesto nacional. “Más aún, teniendo en cuenta la importante contribución que tienen los bienes y ecosistemas para el bienestar de la población”, argumenta.

La distribución del gasto en Perú revela que las prioridades estatales están ancladas en la infraestructura física, la defensa y la economía, dejando el capital natural en el último lugar de la fila, con un promedio histórico de participación en el Presupuesto General de la Nación de apenas 0.12 %.

El análisis de la evolución presupuestaria de los ministerios de Perú entre 2011 y 2026 revela una expansión significativa del gasto público y cambios en las prioridades estratégicas del Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, pasó de manejar el 24 % del total ministerial en 2011 al 31 % en 2026. Su presupuesto creció un 206 %, consolidándose como la cartera con mayor asignación de recursos.

Y aunque el Ministerio de Ambiente ha experimentado un crecimiento notable —pasó de 78.9 millones de soles (unos 28.6 millones de dólares) a 290.4 millones de soles (unos 86.17 millones de dólares) entre 2011 y 2026—, su peso relativo sigue siendo pequeño.

“El presupuesto se define en función al peso político. No se define en función de las necesidades directas de la población, sino principalmente está vinculado con el poder político”, dice Alicia Abanto y explica que los congresistas influyen para la definición de los presupuestos en relación a los intereses que representan.

El relegamiento de la agenda ambiental en Perú no solo se refleja en la precariedad de sus presupuestos, sino también en las decisiones del propio Congreso de la República, que en los últimos años ha promovido retrocesos normativos. Ejemplo de ello son las ampliaciones otorgadas por el Parlamento al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y las modificaciones a la Ley Forestal y de fauna silvestre. “Lo que se busca es debilitar la regulación, porque la regulación, es decir, implementar estándares sociales, ambientales, implica una inversión que no quieren hacer”, opina Lucila Pautrat, directora de la organización Kené, ONG que realiza investigaciones para la conservación, defensa y manejo sostenible de los bosques amazónicos y sus ecosistemas.

Para Ruth Luque, ex presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología en el Congreso y actual senadora del nuevo Congreso bicameral, existe un tema político que influye en el presupuesto y es el debilitamiento de la institucional ambiental. “En estos últimos cinco años es como si el Minam no existiera”, comenta.

Mongabay Latam solicitó entrevistas a los ministerios de Ambiente de México, Argentina, Colombia, Bolivia y Perú para abordar estos temas, pero hasta el cierre de esta edición no atendieron el pedido. Solo la cartera de Ecuador respondió a solicitudes de información que confirmaron la carencia con la que opera y que se refleja en falta de atención a trámites.

Protegidas en papel, abandonadas en el presupuesto

Las agencias encargadas de las áreas naturales protegidas en América Latina operan también bajo una asfixia presupuestaria que contradice la riqueza biológica de la región. A pesar de custodiar ecosistemas que albergan el 40 % de la biodiversidad mundial, estas entidades reciben asignaciones marginales que rara vez superan el 0.08 % del presupuesto nacional.

La consecuencia directa de este ahogamiento económico es el déficit de guardaparques y una paulatina cesión del control territorial frente al avance de las actividades extractivas y el crimen organizado. Mientras la Federación Internacional de Guardaparques (IRF) recomienda como estándar de protección la presencia de al menos un guardaparque por cada 26 kilómetros cuadrados (2600 hectáreas) de área protegida, la realidad latinoamericana bordea el desamparo.

“Hay una brecha de guardaparques, el parque automotor no se renueva, el tema salarial sigue congelado desde 2012”, dice sobre las carencias en el sector un guardaparques ecuatoriano que pidió reserva de su identidad.

En algunos países, como en México, la brecha es extrema: un solo guardaparque debe patrullar 1385 kilómetros cuadrados, una extensión equivalente a cubrir casi la totalidad de la superficie de la Ciudad de México. En Colombia, según una investigación de la economista Adriana Soto, existe un custodio por cada 550 kilómetros cuadrados. En Ecuador, el territorio continental apenas dispone de 598 guardaparques para resguardar su patrimonio natural, a pesar de que se requerirían al menos 5240 agentes para garantizar un umbral mínimo de cobertura.

En Argentina, donde unos 580 guardaparques intentan resguardar cerca de 5 millones de hectáreas, un agente por cada 8000 hectáreas, los analistas apuntan a las deficiencias de una gestión puramente reactiva. “La prevención siempre es la política más barata y efectiva, pero para eso hay que invertir antes y la política está acostumbrada a actuar de manera tardía y reactiva”, precisa Matías Trebucq, economista especializado en ecología y miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

En Perú, recién en septiembre de 2025, tras la aprobación de la Ley del Cuerpo de Guardaparques, se oficializó una nueva escala remunerativa para los 900 guardaparques que están a cargo de las 77 áreas naturales protegidas del país.

Con esta disposición el sueldo mensual de los guardaparques en general subió a 2865 soles (unos 834 dólares), mientras que para los más expertos aumentó a 3265 soles (unos 950 dólares), además de otros beneficios. “Era un sector que estaba completamente rezagado y sus salarios eran de menos de 1000 soles (menos de 300 dólares)”, recuerda la congresista Luque.

El presupuesto asignado “no permite que haya una presencia sólida de protección de los territorios, como para tener estaciones de control, de monitoreo en terreno, de más personal con experiencia”, advierte Abanto sobre la vulnerabilidad institucional del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú.

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En México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) administra más de 98 millones de hectáreas, pero apenas recibe el 3.3 % del presupuesto total asignado al sector ambiental, mientras la infraestructura hídrica (CONAGUA) acapara el 82.7 %. Su participación dentro del Presupuesto General de la Federación resulta irrisoria, situándose históricamente por debajo del 0.04 %. Una precariedad similar se replica en Colombia, donde la participación de Parques Nacionales Naturales en el Presupuesto General nunca ha superado el 0.06 % en los últimos 15 años, tocando pisos del 0.03 %.

Especialistas consultados por Mongabay Latam añaden un ingrediente más a este escenario: la presencia de economías ilegales y de crimen organizado en áreas naturales que ha obligado a algunos Estados, como los de México y Colombia, a retirarse por falta de presupuesto. “Cuando hay un intento de defensa del territorio, desaparecen o matan a los líderes. Estamos metidos en un problema de inseguridad de tamaños mayúsculos”, sostiene Carabias, investigadora y ex secretaria de Medio Ambiente de México.

Estos espacios naturales enfrentan incluso presiones de actividades extractivas, como la minería. Un ejemplo es la Reserva de biosfera de la mariposa monarca, donde cerca del 6 % de la zona núcleo está concesionada a una empresa minera, según un análisis elaborado por la coalición Fuera Minería de ANP. Lo que pone en riesgo este ecosistema que alberga una variedad de microclimas, numerosas especies endémicas de flora y fauna, y es punto de anidación de la mariposa monarca (Danaus plexippus plexippus), especie emblemática del país. 

En Argentina, a pesar del fuerte incremento nominal, producto del contexto inflacionario durante los gobiernos previos al de Milei, la participación de la Administración de Parques Nacionales (APN) en el Presupuesto General de la Nación se mantiene en niveles muy bajos, oscilando entre el 0.04 % y el 0.08 % y mostrando una ligera tendencia a la baja o estancamiento en los últimos años (2024-2026).

Para Federico Granato, abogado y expresidente del Directorio de la APN entre 2022 y 2023, Parque Nacionales de Argentina no suele ser visto como un organismo relevante dentro de la estrategia de desarrollo nacional ni está dentro de las prioridades políticas a largo plazo. “En cambio, se lo suele utilizar para propaganda política o para responder a alguna urgencia mediática”, señala.

En el caso de Perú el presupuesto del Sernanp representa, a la fecha, apenas el 0.05 % del Presupuesto General, una cifra que se ha mantenido a lo largo de los años y no ha variado con ningún gobierno. Mientras que el Sernap de Bolivia ha perdido peso presupuestal dentro del Ministerio de Ambiente: pasó de representar el 10 % del presupuesto de esa cartera en 2011 a un 2.8 % en 2026.

Czaplicki explica que en los últimos años el rubro de bosques y conservación quedó “muy desatendido”, ya que sus principales entidades, como el Sernap y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), contaron con presupuestos “muy bajos” que en su mayoría fueron financiados por la cooperación internacional. El especialista advierte que este presupuesto actual representa menos de la mitad de lo que se requiere para funcionar adecuadamente.

En Ecuador, de acuerdo con información entregada por el Ministerio de Ambiente, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) necesita al menos 24.5 millones de dólares anuales para su operatividad básica. Sin embargo, según el exministro Granizo, el presupuesto real es de apenas 7 millones, monto que se agota exclusivamente en salarios.

La degradación institucional en Argentina, Ecuador y Bolivia, la reducción de recursos en México y Ecuador, la parálisis por falta de ejecución en Colombia y Bolivia, y la desatención sistemática a las áreas protegidas dibujan un panorama de vulnerabilidad regional que pone en riesgo la biodiversidad, el agua, el clima, la seguridad alimentaria y el territorio de las comunidades ancestrales de América Latina.

Edición: María Isabel Torres, Alexa Vélez y Emilia Delfino. Colaboración: Daniela Quintero Díaz

El artículo original fue publicado por Cristina Fernandez Aguilar en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El viaje del sábalo (Prochilodus lineatus) en las aguas del río Pilcomayo es un verdadero desafío. Este pez realiza un recorrido exigente. Inicia su nado desde Paraguay, pasa por el norte de Argentina y llega hasta el Chaco boliviano, donde cumple su ciclo de desove. Sin embargo, su ruta está obstaculizada desde hace 20 años por la construcción de una obra vial en el Bañado La Estrella, en el norte argentino. Ese viaje se complica debido a que existen estructuras de cemento donde los peces chocan y mueren. Algunos siguen su ruta heridos y pocos llegan sanos a Bolivia.

En la provincia de Formosa, en el norte argentino, existe un sistema hidrovial con una compuerta que alimenta al bañado La Estrella a través del río Pilcomayo y forma parte de varias obras de la Ruta Provincial 28. Esa vía tiene una extensión de 109 kilómetros, de los cuales 900 metros son parte del viaducto que se construyó en pleno Bañado La Estrella.

El río Pilcomayo atraviesa Bolivia, Argentina y Paraguay, y es una de las principales arterias fluviales de la cuenca del río de la Plata. Por allí se desplazan múltiples especies de peces, entre ellas el sábalo, que efectúa migraciones de hasta 600 kilómetros durante cuatro meses, según el Centro de Estudios Regionales de Tarija (Cerdet).

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Ludmila Pizarro, bióloga y maestrante en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, explica a Mongabay Latam que la interrupción del recorrido del sábalo puede reducir la llegada de cardúmenes a Bolivia y afectar, con el tiempo, la reproducción y sostenibilidad de la especie.

La experta relata que en julio de 2026 estuvo en la zona del Bañado La Estrella y evidenció que las compuertas y un terraplén de la ruta siguen obstruyendo la migración del sábalo. Pizarro detalla que este bloqueo se da principalmente cuando se abre la compuerta en épocas de lluvia, para que el humedal pueda recibir las aguas del Pilcomayo. Es en esa misma época cuando los peces chocan con las obras de ingeniería y no pueden seguir su ruta con normalidad.

El paisaje en el Bañado La Estrella cambia con las estaciones: durante las crecidas, grandes superficies quedan cubiertas por el caudal del río y, cuando llega la época seca, aparecen los caminos, terraplenes, canales y estructuras levantadas para controlar el paso del recurso hídrico y mantener la circulación por la zona.

“Los peces no migran todo el año. Tienen un tiempo de activación hormonal para hacerlo y es justamente cuando el caudal sube en esta parte del bañado La Estrella. Ellos van haciendo migraciones estacionales y se estacionan un tiempo cuando entran a Bolivia”, detalla Pizarro.

La bióloga, que también es parte de la Fundación Biodiversidad del Gran Chaco (BioChaco), añade que la época de migración del sábalo se da por lo general en los meses de noviembre, diciembre, enero y parte de febrero, justamente cuando crece el Pilcomayo por las lluvias.

En ese tiempo, dice, junto al ciclo migratorio se ejecuta el desove de los sábalos en territorio boliviano. “Yo he visto el bañado, cuando está más seco se aprecia el terraplén, el dique, las escaleras, las compuertas y el canal. Cuando hay mucha agua no se aprecian las obras porque se inundan”.

Estos obstáculos para los sábalos también afectan a los pescadores del departamento de Tarija, en Bolivia, pues varias comunidades indígenas, entre ellas los Weenhayek, dependen de la pesca. Y es que, para este pueblo, el sábalo no solo tiene importancia alimentaria sino también cultural y económica.

La obra en discordia

Según Claudio Baigun, biólogo argentino e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la carretera tiene una elevación de nivel en forma de terraplén donde se da la afectación a los peces.

Baigun detalla a Mongabay Latam que esta ruta empezó a elevarse en 1998 y se terminó en 2012. Sin embargo, el biólogo destaca que la parte donde están las compuertas –que es donde se interrumpe la migración del sábalo- fue remplazada hace cuatro años por una vía paralela que está elevada sobre pilotes y que es la parte más crítica del bañado.

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“Después es la misma ruta, solo que cuando la Ruta 28 se aproxima a la zona donde el agua la cubría anteriormente, se abrió un desvío y la ruta se levanta sobre unos pilotes como si fuera un puente y atraviesa toda esa zona. Serán unos 900 metros en que está levantada en pilotes”, explicó Baigun, quien vive en el Chaco argentino.

Sobre la afectación al sábalo, el biólogo asegura que en 2022, cuando se construyó el tramo paralelo, se pensaba que se iba a destruir la compuerta, pero no se hizo porque en esa zona se necesita llenar el bañado en épocas de lluvia, cuando se forma una especie de embalse de baja altura. Ahí, asegura, existe una especie de azud que tiene la finalidad de levantar el nivel de agua y repartirlo para otros fines.

“A medida que la ruta fue levantándose en distintas etapas, obviamente que el paso del sábalo empezó a verse obstruido porque la Ruta 28 no fue diseñada de manera amigable para los peces, para permitir su paso”.

Por ejemplo, indica Baigun, el vertedero de ese azud tiene una pendiente de unos 25 grados. “Los peces no pueden remontar porque, además, tienen abajo una pileta de disipación [estructura hidráulica para reducir la velocidad y la energía cinética del agua] de muy baja profundidad que genera un resalto y una turbulencia que no permite a los peces saltar y alcanzar la cresta del vertedero”, detalla.

El experto añade que a todo esto se suma la construcción de alcantarillas que son impasables para especies como el sábalo por la velocidad con que viaja el agua y el diseño que tienen, “que son como unos toboganes para acelerar el flujo”.

“El sábalo, que podría eventualmente también pasar por ahí, no puede de ninguna manera superar esas alcantarillas de la obra”, resalta Baigun.

Según la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN-PB), citada por la agencia de noticias estatal boliviana ABI, los cardúmenes que ingresan a territorio boliviano proceden aparentemente del Bañado La Estrella y durante su desplazamiento pueden recorrer unos 150 kilómetros entre la ciudad fronteriza de Esmeralda, en Argentina, y Villa Montes, en pleno chaco boliviano y uno de los puntos donde más se comercializa el sábalo.

Pizarro remarca que las obras de la Ruta 28 redujeron de manera considerable esa conexión migratoria y advierte que, si menos ejemplares consiguen superar ese punto y completar su recorrido, también disminuye el intercambio entre poblaciones de diferentes zonas. Ese obstáculo, según la experta, puede ser la razón de la disminución de la pesca de sábalo en Bolivia. Según dice, en los años 80 se pescaban 1800 toneladas al año y en 2022, el último año del que se tiene registro, esa pesca cayó a 40 toneladas anuales.

Como una solución, Pizarro propone una “reingeniería urgente en los diques y portones de la zona para evitar un colapso ecológico y económico irreversible en la región del Chaco”. Esa medidas pueden ser ejecutadas -comenta- con la construcción de escaleras para peces y la apertura de portones para restablecer la conectividad del sistema hídrico.

El valor del Pilcomayo

La bióloga Ludmila Pizarro destaca que en Bolivia el río Pilcomayo tiene actividad piscícola y vitícola, pero en Argentina y Paraguay estas aguas son utilizadas por los sectores ganadero y agrícola. Es por eso que considera importante que haya una coordinación entre los tres países para salvar al sábalo y tomar acciones respecto a otros temas.

“No se ha protegido la llanura de inundación del Pilcomayo, por eso no tiene el valor de protección suficiente para hacer que las migraciones temporales de los peces, sobre todo del sábalo, puedan seguir su curso normal”, afirma.

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Para ella, Bolivia no puede mirar el problema como un asunto aislado. “Lo que ocurre en la parte baja repercute aguas arriba y alcanza a los tres países que comparten este sistema”, dice e insiste en llevar el tema a una mesa técnica trinacional.

Tomás Rivero es miembro del sindicato de pescadores de Villa Montes, un municipio en el Chaco boliviano y que tiene al Pilcomayo como su principal fuente de abastecimiento. Según comenta, el nivel del agua del río bajó desde hace 30 años y asimismo disminuyó la pesca del sábalo. “El caudal ha bajado y hay mucho sedimento”, lamenta en diálogo con Mongabay Latam.

Rivero, que también tiene un negocio gastronómico, explica que los sábalos hace tres décadas eran grandes y que de un pescado sacaban cuatro platos para vender. “Hoy por hoy, un sábalo apenas alcanza para un plato”, relata. El pescador asegura que, en general, la cantidad de sábalos que migran a Bolivia descendió, aunque reconoce que este año hubo mucho pescado, pero de talla pequeña.

“No hay estudios que nos confirmen por qué los sábalos son tan pequeños. El 90 % siempre eran grandes. Hoy es al revés, el 10 % son grandes y el 90 % pequeños. Este año hubo mucho pescado, pero ese factor se da luego de cuatro años de disminuciones”, relata Rivero.

El pescador y emprendedor pide estudios para conocer la situación del pez en el río Pilcomayo, desde su partida en el Bañado La Estrella hasta su llegada a territorio boliviano. “Hay normas pesqueras, pero hay lugares donde no se regula la pesca. Eso también se debe tomar en cuenta, porque se sabe que hay una sobrepesca”, detalla.

El biólogo Claudio Baigun también reclama estudios sobre la migración del sábalo, ya que se desconoce si todos los que migran del Bañado La Estrella llegan hasta Villa Montes o tienen otras rutas. Incluso una parte podría quedarse en territorio argentino. El experto añade que estudios como este también se necesitan para muchas otras especies de peces en el río.

Mongabay Latam envió, vía correo electrónico, una solicitud de información a la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo, que tiene sede en Asunción, Paraguay, para conocer las acciones que realizan, si estudian la actual problemática que hay con el sábalo y si se ha contemplado la posibilidad retirar las compuertas en el sector del Bañado La Estrella. Sin embargo, hasta el momento de publicación de esta nota, la entidad no ha respondido.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la madrugada del 27 de agosto pasado, a 15 millas de la costa norte de Perú, cerca de la isla Lobos de Tierra, el pescador Rusber Fiestas comenzó a recoger su red y comprobó que estaba dañada. “Fue una ballena”, se dijo. Lo supo porque la noche anterior había escuchado el característico canto de las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae), que es muy fuerte y que se puede percibir incluso a varios kilómetros de distancia.

En esa ocasión no logró ver al animal, pero tres años atrás, también durante una madrugada, sí se encontró con uno de estos cetáceos; tenía unos nueve metros de largo. “Era más grande que mi embarcación y cuando nos acercamos se puso agresiva al punto que tuvimos que cortar la red desde lejos”, recuerda.

Varias veces más, Rusber Fiestas ha tenido encuentros cercanos de este tipo que le complican el oficio.

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Pero el problema no es sólo de él, sino de la mayoría de los pescadores de la costa norte de Perú. Sobre todo en los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes, donde las ballenas de esta especie suelen aparecer, entre julio y octubre de cada año, a unas cuantas millas de la costa.

Las propias ballenas jorobadas también sufren ya que, luego de un largo viaje desde la Antártida, se quedan atrapadas en las redes de pesca. Romperlas o incluso llevarse un pedazo en medio de las olas es, muchas veces, su única salvación.

“Tras dañarse un paño [de una red], repararlo le puede costar a un pescador unos 127 dólares; si lo pierde por completo, la pérdida puede ser de hasta 578 dólares o más”, explica Chiara Guidino, responsable de investigación de Biología Marina de la Universidad Científica del Sur (la Científica). Fue ella quien lideró un estudio que se propuso averiguar si dispositivos acústicos llamados ‘pingers’ podían evitar que las ballenas queden atrapadas en las redes. Cinco especialistas más la acompañaron en esta tarea.

La investigación, realizada entre la Científica y Prodelphinus, una organización dedicada a conservar la fauna marina, demostró que el uso de alarmas acústicas puede disminuir en más de un 52 % los enmallamientos de estos enormes mamíferos marinos, al mismo tiempo que las especies comerciales que buscan los pescadores artesanales no son afectadas.

Los resultados publicados en la revista Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, podrían contribuir a resolver una de las principales amenazas que actualmente sufren las ballenas en América Latina, sin perjudicar las faenas de pesca.

¿Cómo funcionan los dispositivos?

Los pingers “son dispositivos disuasorios acústicos diseñados para reducir la captura incidental y el enredo de mamíferos marinos en las operaciones de pesca”, explica el estudio. En concreto, son alarmas que emiten sonidos de diversa frecuencia para alejar a estos animales y evitar que se enmallen.

En Australia, cuenta la investigación, pingers de 3 kilohercios (kHz) no surtieron ningún efecto para espantar a las ballenas. Sin embargo, los de 4 kHz sí funcionaron en un experimento realizado en Canadá. Atendiendo esas experiencias previas, en el norte del Perú se usaron dispositivos que emitían frecuencias moduladas de 3 a 20 kHz cada cuatro segundos.

“En una oportunidad yo estaba en un bote y escuché muy fuerte el soplido de una ballena”, cuenta Joanna Alfaro, otra de las autoras del estudio y también investigadora de la Científica. “Inmediatamente los pescadores se preocuparon y montaron guardia toda la noche porque sabían que su presencia podía afectarlos”, recuerda Alfaro. En esa ocasión las redes todavía no tenían pingers, pero el hecho confirmó la necesidad de encontrar una solución.

Meses después, los investigadores se pusieron manos a la obra y hablaron con los pescadores para poner en marcha el experimento. Algunos aceptaron y otros no: temían que los dispositivos perturbaran sus labores de pesca, a pesar de que en otros países ya se había comprobado que no hay impactos sobre las pesquerías. 

Finalmente, cuatro embarcaciones pesqueras artesanales de pequeña escala se unieron a los científicos: tres operando desde el puerto de Máncora, en la región de Piura, y una desde Acapulco, en Tumbes.

Entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023, las embarcaciones lanzaron 115 veces sus redes al mar. De ese total, 49 fueron lances de control, es decir que las redes no llevaban instalado ningún pinger que pudiera ahuyentar a las ballenas, mientras que 66 sí los llevaban. A esos casos se les llamó lances de prueba. Cada vez que los pescadores volvían a puerto, Chiara Guidino iba a sus casas para ayudarles a reportar los enredos y llenar una ficha donde se registraba lo ocurrido. “Ellos me contaban cuántas ballenas se habían enredado, qué había pasado y si tenían vídeos de los enmallamientos”, cuenta la investigadora.

Durante los 15 meses que duró la investigación, 34 ballenas quedaron atrapadas en las redes o bien las rompieron y lograron huir. La buena noticia fue que, de ese total, 21 lo hicieron en las redes que no tenían el dispositivo, mientras que sólo 13 quedaron enmalladas en las redes que tenían estas alarmas acústicas. El resultado fue que el porcentaje de reducción de enredos de ballenas en los lances que contaban con pingers ascendió a 52.9 %.

Ese porcentaje no proviene, exactamente, de comparar los lances de redes sin dispositivos con los lances que sí los tienen. Proviene de un método estadístico llamado Modelo Lineal Generalizado de Efectos Mixtos (GLMM, por sus siglas en inglés), que estima el enredo de ballenas por unidad de esfuerzo.

Los propios pescadores corroboran la utilidad del dispositivo. Según Fiestas, quien tuvo en sus redes los pingers instalados, “las ballenas no se acercaban. En mi caso [los pingers] sí funcionaron”, dijo.

De los 34 cetáceos que se enredaron en las redes monitoreadas por los científicos, seis fueron identificados como ballenas jorobadas. Los 28 restantes no pudieron ser clasificados debido a que los enmallamientos ocurrieron durante la noche, cuando los monitores no estaban presentes para hacer la verificación, o porque las ballenas se alejaron con parte de las redes antes de poder ser registradas de manera más específica.

Sin embargo, dado que la ciencia ha identificado que la mayoría de los enmallamientos en esta zona del país corresponden a ballenas jorobadas, es posible que los cetáceos que no pudieron ser identificados fueran de esta especie.

De acuerdo con la publicación científica, la razón por la que la eficiencia de los pingers no alcanza a ser total puede deberse a “una posible habituación de los mamíferos marinos al sonido”. También podría ocurrir que, dado que los pingers se instalan cada 100 metros, las ballenas se enreden en las partes de la red que quedan sin cubrir. Además, se deben considerar posibles fallas técnicas, como el desgaste de las baterías. Con todo, el experimento permitió comprobar que hay una diferencia sustancial entre usarlos o no.

“Si se usara más esta tecnología podría reducirse la pérdida de redes de los pescadores, lo que les permitiría mantener su herramienta de trabajo”, dice Alfaro. Al mismo tiempo, agrega, “las ballenas se enredarían menos y se reduciría su mortalidad”.

Pese a los resultados alentadores, las científicas apuntan a que se necesita más investigación para saber “hasta qué punto estos dispositivos reducen consistentemente los enredos en diferentes estaciones, áreas y ecosistemas”.

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La pesca continúa

Algo que hace todavía más funcional el uso de estas alarmas acústicas es que no perturban las capturas habituales. “Los pingers están hechos con una baja frecuencia para que las ballenas las puedan sentir, pero no van dirigidos a otras especies”, enfatiza Alfaro, de modo que la actividad pesquera se puede desarrollar sin problemas, aún cuando hoy ésta se haya vuelto mucho más difícil.

“Ahora sueltas la red a siete millas de la costa y ya casi no encuentras pesca; tienes que ir más lejos. Pero a las cinco millas o menos ya te puedes encontrar con una ballena”, explica Luis Chapa, un pescador de la caleta norteña de Los Órganos que también es guía turístico. “Hoy mismo he visto un grupo de 12 ballenas a una milla de la costa, en tres grupos”, cuenta Chapa.

Según el pescador, en el encuentro con una ballena “hasta puede sucumbir el bote”. Lo dice al recordar una madrugada de noviembre de 2023, cuando vio cómo unos compañeros pescadores trataban de cortar la red en la que se había enredado un ballenato. Ocurrió frente a Los Órganos, un balneario y caleta de pescadores ubicado al norte de Perú.

Según Alfaro, debido a las interacciones con ballenas, una embarcación puede tener una pérdida estimada de entre 3000 a 4000 dólares al año. Sobre todo si se tiene en cuenta las numerosas veces que puede dañarse una red o que incluso pueda perderse por completo. “Si eso les pasa hasta van a tener que conseguir otro trabajo ya que ellos mismos pagan sus equipos”, explica la científica. “Buscamos una solución para la sociedad, para los pescadores artesanales”, agrega.

Aunque en 2016 el gobierno peruano capacitó a un grupo de pescadores para que aprendieran a realizar eventos de rescate de ballenas en caso de enmallamiento, “Perú no cuenta con una red nacional de respuesta para ballenas enredadas”, asegura el estudio.

La capacitación consistió en un taller teórico-práctico auspiciado por la Comisión Ballenera Internacional, la Comisión Permanente del Pacífico Sur y Cetacean Society International (CSI), una organización dedicada a la conservación de ballenas, delfines y marsopas. Sin embargo, “ha habido poco progreso desde entonces”, aseguran las científicas en la publicación, a pesar de que en 2019 se conformaron ‘brigadas de rescate“ dedicadas desenmallar ballenas.

Para las investigadoras, este tipo de soluciones no bastan para resolver el problema. “Lo ideal es que el Estado busque implementar soluciones como esta [la instalación de pingers en las redes], que los investigadores ya encontramos”, asegura Alfaro. Puede hacerlo a través del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) o del Ministerio de la Producción (PRODUCE), las entidades que monitorean la actividad pesquera y las condiciones de los ecosistemas marinos en Perú. “Por parte nuestra hay apertura; hay que pedirle al Estado que también la tenga”, agrega la experta.

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En marzo de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo público el denominado Escudo de Las Américas, una iniciativa de ese país que se presentó como una alianza regional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

En ese momento fueron 12 países de América Latina los que se unieron a la iniciativa. Los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago fueron parte de esa primera foto en la que aparece Trump sentado en una mesa rodeado de estos mandatarios, todos de pie. Chile, sin embargo, estuvo presente solo como observador, su adhesión formal al Escudo de Las Américas se concretó en septiembre.

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Ahora son 17 los países de América Latina y El Caribe que forman parte del Escudo de Las Américas. Entre los últimos que se han sumado están Colombia, con Abelardo de la Espriella, y Perú, con Keiko Fujimori, tras ganar las elecciones presidenciales. Guatemala, Jamaica y Belice también se han unido a esta coalición, mientras Bahamas permanece como observador. Todos los presidentes que se han unido a esta propuesta impulsada por Estados Unidos son afines, en términos ideológicos, a la política de Estados Unidos.

“No es un acuerdo amplio en que todos los países pueden intervenir, sino que es una propuesta que surge desde Washington y que tiene que ver con intereses estratégicos de los Estados Unidos. Es una iniciativa vertical que tiene connotaciones políticas, económicas y militares”, dice el economista ecuatoriano Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador.

Acosta agrega que el combate al narcotráfico y al crimen organizado es un pretexto de Estados Unidos para establecer “un manejo económico que le garantice el control del suministro de los recursos estratégicos”, entre los que se encuentran minerales como el litio y el cobre.

Desde Chile, el economista Fernando Estenssoro, director del doctorado en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile, es más duro en su crítica a esta iniciativa, a la que cataloga como “nefasta para la soberanía de la región” y enmarcada en la pugna geopolítica de Estados Unidos con China.

Estenssoro agrega que el interés de Trump está en “los recursos naturales, en el petróleo, en el cobre”, en los minerales críticos y las tierras raras porque “Estados Unidos está en el proceso final de su declinación hegemónica, por tanto, ellos consideran que los recursos de nuestro continente, sobre todo Sudamérica, no pueden ir a parar a manos del ‘enemigo’ [China], sino que tienen que quedar en manos de Estados Unidos”.

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El interés por los recursos naturales

“Tenemos más de 20 millones de kilómetros cuadrados y nuestros países son privilegiados en todo tipo de recursos naturales. También en tierras raras y en los minerales estratégicos que son necesarios para la digitalización y para las nuevas tecnologías”, comenta Estenssoro sobre el interés de Estados Unidos en los recursos naturales de América Latina.

Estenssoro menciona que en Sudamérica está “la mayor reserva de petróleo del mundo”, refiriéndose a Venezuela. “Tenemos litio, tenemos Amazonía en Sudamérica, una gran fuente de recursos naturales y, además, un recurso en sí mismo porque presta servicios ecosistémicos. Tenemos agua, desde México hasta la Patagonia”, advierte.

En América del Sur, por ejemplo, se ubica el denominado Triángulo del litio, un espacio geográfico entre Argentina, Bolivia y Chile que concentra la mayor cantidad de reservas mundiales de este elemento, que es un componente básico para almacenar energía en las baterías que alimentan vehículos, teléfonos, plantas solares, entre otros equipos.

Sudamérica también tiene grandes reservas de otro mineral estratégico: el cobre. Un material de gran demanda en la industria de la construcción por su importancia para la fabricación de cables eléctricos, tuberías y sistemas térmicos, además de ser importante para la industria automotriz por su uso en la fabricación de motores y componentes electrónicos. El primer productor de cobre en el mundo es Chile, mientras que Perú ocupa el tercer lugar en la lista. En ambos países, China es el principal comprador de este mineral.

Sin embargo, el interés en el cobre no está solo en estas dos naciones. Aunque Argentina y Colombia no han sido grandes protagonistas en la industria del cobre en la región, actualmente buscan abrirse paso en el mercado global, señala una investigación publicada por Mongabay Latam en julio de este año. El potencial es claro: el 40 % de las reservas mundiales de este metal se encuentran en Latinoamérica por lo que Estados Unidos, China e incluso la Unión Europea están en la búsqueda de nuevas alianzas con los países de la región.

En la Declaración conjunta relativa a la soberanía del hemisferio, publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026, se mencionan los tres pilares del Escudo de Las Américas: económico, de seguridad y coordinación multilateral.

El que se refiere a la economía dice específicamente que se va a potenciar “la cooperación económica, explorando mecanismos de control de las inversiones, salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante un abastecimiento diversificado y confiable; y promoviendo normativas sobre proveedores de confianza para la infraestructura digital, que se apliquen de forma no discriminatoria”.

“Es un juego de palabras, porque lo que quieren es asegurarse el control de los recursos naturales”, comenta Acosta sobre el texto que se incluye en la declaración de Estados Unidos. En ese contexto, menciona los tratados bilaterales de inversiones que el país norteamericano está firmando con los países que forman parte del Escudo de Las Américas. Por ejemplo, menciona el convenio suscrito con Ecuador, en marzo de este año, “para asegurar el acceso a los recursos estratégicos”.

El 4 de febrero de 2026, Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo marco para la cooperación que incluye el suministro y procesamiento de minerales estratégicos como oro, cobre, plomo y tierras raras, además de manufacturas industriales y productos del sector forestal y maderero. El acuerdo ha sido cuestionado por el Legislativo ecuatoriano.

En marzo de 2026, Chile y Estados Unidos también firmaron una Declaración Conjunta para establecer consultas de mecanismos que fortalezcan las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras. Ese mismo mes, Perú y Estados Unidos firmaron un Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en minerales críticos y tierras raras.

“Lo que se quiere es minimizar la presencia de China en el continente”, dice Acosta sobre la importancia geopolítica de esta iniciativa. Pero también suma otro componente detrás del Escudo de Las Américas: “la militarización de las sociedades”.

¿Territorios militarizados?

Para Acosta lo que está haciendo Estados Unidos es utilizar esta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado “para asegurarse el control de nuestros países”. Pone como ejemplo “la ley que se aprobó [en Ecuador] hace un par de meses [en agosto]” porque “abre la puerta a la militarización de los territorios donde hay minerales para romper la resistencia de las comunidades que defienden esos espacios vitales, señalándolos como narcoterroristas de ser del caso”.

Y es que Donald Trump, durante su intervención en la versión 81 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el pasado 22 de septiembre, dijo que “Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental. Y, de ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para asegurar los vitales intereses nacionales de Estados Unidos”.

Trump aprovechó la asamblea de la ONU para realizar una reunión con los presidentes y representantes de los países que forman parte del Escudo de Las Américas que estuvieron en Nueva York. Durante la cita mencionó la riqueza natural de estos países y les pidió evitar que potencias externas hostiles se apoderen de ella.

Ricardo Soberón, ex director ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) de Perú, también habla de lo que significa el Escudo de Las Américas para el país y para Latinoamérica. “El costo de haber suscrito ese acuerdo político es demasiado grande para Perú porque acarrea acuerdos sobre inversiones, sobre explotación de minerales estratégicos, una posición frente a China y al puerto de Chancay. Hay muchas cosas por fuera de la lucha contra la criminalidad. A mi juicio, ha sido un terrible error. No ha habido una interlocución, un diálogo, un acuerdo entre países”.

Soberón considera lamentable que Perú y otros países de la región hayan “agachado la cabeza a este acuerdo” que, supuestamente, no es vinculante porque no es un tratado internacional, sino un acuerdo político. El problema es que “debajo de ese paraguas van a venir una serie de cartas, acuerdos, memorándum de entendimiento”.

El experto peruano también menciona los acuerdos sobre minerales estratégicos firmados con Argentina, Chile, Perú, Bolivia, y lo sucedido en Venezuela, donde Estados Unidos “se ha adueñado del sector petrolero a partir de una decisión militar”. El ex jefe de Devida precisa que el Escudo de Las Américas ha logrado “asentar su presencia en la región sin ofertas financieras concretas” y recuerda que iniciativas como el Plan Colombia contaban con fondos comprometidos, pero que en esta ocasión solo se trata de “discursos vacíos de Donald Trump y Marco Rubio, utilizando la mayor presión política posible y los hechos del 3 de enero en Caracas que permiten dar cuenta de lo que es capaz de hacer Estados Unidos en la región”.

Los minerales detrás de la tecnología

Para Alberto Acosta, lo que Estados Unidos pretende es asegurar la tecnología para la inteligencia artificial, la cual requiere gran cantidad de minerales. “Actualmente, el consumo de minerales no solo es para la transición energética, sino que hay otros dos rubros que no siempre aparecen: el armamentismo y la inteligencia artificial”, precisa.

En el caso de las armas se requieren minerales de punta para su elaboración y lo mismo sucede con la inteligencia artificial. La lista de minerales usados para la fabricación de armas incluye grafito, cobalto, aluminio, litio, manganeso y tierras raras, entre otros. En el caso de la inteligencia artificial están el cobre, el litio, el níquel, el cobalto y las tierras raras, entre otros. “Ambas cosas tienen mucho que ver con los intereses de Washington. Estados Unidos es un imperio en decadencia y su talón de Aquiles es la tecnología”, asegura Acosta.

El economista ecuatoriano agrega que el gobierno de Trump está tratando de “disputar espacios tecnológicos con China” y parte de esa disputa es asegurar el acceso a minerales estratégicos. “No sólo son minerales, agua, biodiversidad, sino que, simultáneamente, Washington cuenta todavía con una gran ventaja comparativa que es su fortaleza militar”, menciona.

Estenssoro también entra al campo de la disputa por los minerales estratégicos y las tierras raras y pinta un panorama para los próximos 15 o 30 años cuando “la escasez de los recursos sea brutal”. “Eso lo saben todas las agencias estratégicas, está probado por Naciones Unidas, solo que antes se veía como un futuro muy lejano y hoy día está aquí”.

En la pugna con China por la tecnología, dice Estenssoro, “los últimos espacios que se están disputando son los microchips”, comenta, pues la industria automotriz, que era la gran industria de Estados Unidos y de Europa, ahora está siendo copada por marcas chinas. “Es cuestión de tiempo, quizá en cinco años la Boeing sea de capitales chinos. La tendencia es que China va subiendo y Estados Unidos va bajando”. En este contexto, añade Estenssoro, “el Escudo de Las Américas busca establecer un protectorado económico sobre nuestros países. Es una política de recolonización”.

Ricardo Soberón agrega que para el caso peruano, “en términos de minerales tradicionales como oro, plata, níquel, zinc”, lo que busca Estados Unidos es “asegurar las cadenas de suministro”, y en el caso de los minerales estratégicos, “generar las condiciones para que la empresas norteamericanas y no las chinas sean las que aseguren la compra y venta de esos minerales”. “Estamos en un proceso de confrontación empresarial donde la capacidad de influencia china es fuerte, pero Estados Unidos ha dejado muy claro que en el hemisferio occidental nadie va a entrar a reemplazarlo”.

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Cada mañana, el biólogo Piero Uceda observa el recorrido de Tuta, una de las tres ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) a las que hace un año se les instaló transmisores satelitales durante su paso por la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, en Perú, rumbo a la Antártida. En ese momento, a las tres ballenas se les implantó un equipo configurado para que cada vez que salieran a la superficie el transmisor pudiera enviar señales al satélite con la posición exacta de las ballenas.

Fueron Tuta, Encanto y Wallina las ballenas a las que se logró colocar el transmisor en noviembre de 2025, pero solo Tuta lo ha conservado hasta ahora. En el caso de Wallina, el contacto se perdió semanas después de instalado el equipo; mientras que Encanto llevó el equipo por lo menos durante cuatro meses hasta que la señal se perdió frente a Viña del Mar, en Chile. Tuta, en cambio, llegó con el dispositivo hasta la Antártida y ahora está de regreso en Perú.

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Esta ha sido la primera vez que se instalan estos dispositivos a ballenas jorobadas en Perú. “Sabemos que todos los años las ballenas jorobadas llegan al norte del país, sabemos en qué momento empiezan a llegar y cuándo empiezan a irse, lo que no sabemos es qué pasa cuando se mueven del norte de Perú hasta la península Antártica. Son 6000 kilómetros de distancia en los que desconocemos qué sucede” comenta Uceda, oficial de Mecanismos de Conservación para Megafauna Marina en el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) Perú.

En esta ruta, dice Uceda, las ballenas enfrentan amenazas, pero también hay zonas de importancia biológica para esta especie. Además, a lo largo del recorrido migratorio se puede conocer la conectividad ecológica entre las diferentes áreas marinas protegidas, no solo en Perú, sino a escala regional.

En esta primera expedición participan investigadores de WWF Perú en coordinación con el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), Cetalab de Chile y Marine Ecology and Telemetry Research (MarEcoTel).

La ruta de las ballenas

“Hemos podido observar cómo las ballenas conectan áreas marinas protegidas”, afirma Uceda sobre los primeros resultados del seguimiento satelital. El recorrido, explica, se inició en la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau –donde se les instaló el equipo–, una zona marina importante para la reproducción de esta especie, donde, además, se realizan actividades turísticas de avistamiento de ballenas.

Después de unas semanas, comenta Uceda, pasaron frente a la Isla Lobos de Tierra, en Piura, que forma parte de la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, otra área marina protegida en Perú. La siguiente área protegida que cruzaron fue la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, explica el biólogo, una zona con gran biodiversidad, donde también se realiza pesca industrial, lo que significa un riesgo para la especie por la amenaza de choques con las embarcaciones.

“Pasaron por tres áreas marinas protegidas en Perú y cuando llegaron a Chile también pasaron por algunas áreas marinas”, explica Uceda. Por lo observado en las imágenes satelitales, comenta el biólogo, atravesaron el Parque Marino Nazca-Desventuradas.

La información satelital también ha permitido evaluar las amenazas que enfrentan las ballenas en su recorrido al sur. “El tráfico marítimo es una de las principales amenazas para las ballenas a nivel global. La información satelital es sumamente valiosa para identificar cuáles son estas zonas de alto riesgo y cuáles las zonas de importancia para la conservación”. El riesgo para las ballenas son las colisiones que pueden ocurrir con los buques comerciales durante su camino migratorio.

Para identificar estas zonas de riesgo, los investigadores han superpuesto la información satelital del recorrido de Tuta con los datos del tráfico marítimo de los buques comerciales en la plataforma Global Fishing Watch. Analizaron así el traslape entre el recorrido de la ballena y las rutas comerciales de buques con velocidades mayores a 10 nudos, ya que a esa velocidad la colisión puede ser letal para la ballena.

La superposición de datos en Global Fishing Watch también ha permitido saber “dónde están las principales pesquerías que utilizan artes de pesca que podrían generar enredos con ballenas”, asegura Uceda. “Es un primer panorama que nos permite indagar qué está pasando en esa zona, qué tipos de buques son, a qué velocidades van, es solo un primer pantallazo de lo que está sucediendo para tomar decisiones sobre dónde intervenir”.

Con el seguimiento a Tuta también se han podido apreciar todos los movimientos que hacen las ballenas para buscar alimentos en la Antártida, donde permaneció entre cuatro y cinco meses. Según Uceda, se trata de una zona muy productiva de krill –pequeño crustáceo marino–, alimento principal de las ballenas. “Estos recorridos migratorios también nos permiten distinguir su comportamiento, por ejemplo, un comportamiento muy claro es simplemente movilizarse hacia un punto fijo y vemos una línea recta que la ballena está siguiendo”, explica Uceda en una imagen satelital. “Pero cuando llegamos a esta zona [Antártida] se ven movimientos más tortuosos, porque es un tipo de movimiento para buscar alimento”.

El recorrido de Tuta también permitió descubrir, por ejemplo, que en la Bahía de Sechura, en el norte de Perú, la ballena permaneció un par de semanas antes de iniciar su recorrido migratorio. “La Bahía de Sechura tiene mucha productividad y es poco profunda, entonces, puede ser que la ballena se quede a descansar ahí para reponer energía y empezar este recorrido migratorio sumamente extenso”, comenta el experto de WWF.

“Lo increíble es que Tuta también nos ha empezado a dar información de su regreso a Perú, de alguna forma está cerrando todo este círculo migratorio”, dice Uceda mientras mira en la pantalla la ubicación de la única ballena que aún lleva el transmisor satelital. Según las imágenes, Tuta está en Paracas al momento de la redacción de esta nota.

Los investigadores esperan que se pueda registrar el viaje de Tuta por lo menos hasta la zona donde se le instaló el equipo satelital. “Esperemos que pueda llegar al norte de Perú porque estamos viendo muchos cambios de comportamiento. Hay ballenas que se quedan un tiempo por el sur de Perú alimentándose. Además, estamos pasando por el fenómeno de El Niño, con el calentamiento de las aguas y, cuando las ballenas van al norte de Perú lo que buscan son aguas cálidas. Ahora estamos viendo más ballenas en zonas donde no las veíamos usualmente, por ejemplo, en Lima, en el sur de Perú”, agrega.

El seguimiento de las ballenas

Instalar un equipo satelital en una ballena no es tarea fácil. Los investigadores deben acercarse mucho al animal porque “el disparo tiene que ser muy certero”, dice Uceda y explica que lo que se coloca es un transmisor que ingresa en la piel justo “en el sector donde se aloja es la base de la aleta dorsal, porque es la zona con mayor cantidad de grasa en las ballenas”. En esa zona, explica Uceda, no toca los nervios de la ballena, por tanto, no lastima al animal, además, cuando la ballena sale a la superficie para respirar, el transmisor queda expuesto y, automáticamente, envía la información.

Para insertar el transmisor satelital se utiliza un disparador de aire comprimido con el cual se coloca el equipo debajo de la piel y se deja una antena por fuera de la piel. Cuando la ballena sale a respirar automáticamente el transmisor queda expuesto y envía la información. Previamente, además, se deben preparar y esterilizar los equipos. “Es complejo porque no todas las ballenas están tranquilas en la superficie. Hay algunas ballenitas que están saltando, están navegando muy rápido o cuando se acerca la embarcación empiezan a bucear”, cuenta Uceda sobre las dificultades para instalar los transmisores.

“Qué bueno que en Perú se haya logrado colocar transmisores a las ballenas porque se tenía información de transmisores que habían puesto en Chile, en Ecuador, en Colombia y en Panamá, entonces, justo faltaba Perú”, dice el biólogo marino Juan Capella, investigador de la Fundación Yubarta en Colombia y de la Fundación Whalesound en el sur de Chile.

Capella explica que con los transmisores satelitales se puede obtener información más precisa que la que se conseguía, anteriormente, a través del seguimiento fotográfico de las ballenas. Además, explica la forma en la que los expertos identifican a cada ballena jorobada: “Se puede distinguir a cada uno de los individuos por la foto de la parte ventral de su cola, porque es una marca individual, equivalente a la huella digital humana”.

El experto agrega que antes de usar el mapeo satelital la información se recogía a través de fotografías. “El problema con la fotografía es que se tiene información sobre los destinos, pero no sobre la ruta. La ventaja del transmisor satelital es que te va dando posiciones en distintos lugares a lo largo de la ruta y se puede trazar una línea de migración”.

“Se sabía que los animales que se reproducen en Perú, en Colombia, en Ecuador o en Panamá viajan principalmente a la península Antártica durante el verano para alimentarse. Una fracción más pequeña de esta población viaja a las aguas de la Patagonia en el Estrecho de Magallanes y en el canal de Beagle, en Chile”, explica Capella sobre la migración de las ballenas jorobadas, una especie que ha estudiado por más de 30 años.

El científico también considera importante el tiempo, casi un año, que ha durado el transmisor colocado a Tuta. En general, dice Capella, los transmisores por distintas razones –porque se acaba la pila, porque no reciben la señal, porque se le caen a los animales o dejan de funcionar– solo permanecen algunas semanas y, en algunos casos, unos meses. “Un año es un muy buen dato porque, además, lograron trazar la ruta completa, es decir, bajada hacia la Antártica y retorno hacia la zona tropical”.

Capella señala que la información recogida es muy importante porque se puede definir, por ejemplo, los lugares donde las embarcaciones deben tener mayor cuidado, ya que la probabilidad de que encuentren ballenas es mucho mayor. “Esa información de los lugares donde hay interferencia mutua entre embarcaciones y ballenas deberá informarse a la Organización Marítima Internacional porque circulan naves de todo el mundo”, explica Capella. Además, se debe informar a los gobiernos o el servicio que controle las embarcaciones de pesca para que establezcan medidas de control y protección de las ballenas.

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Una zambullida rompe la calma del agua, es el chapoteo de un cuerpo pesado que sube y baja con destreza gracias a unas patas palmeadas y a bigotes gruesos capaces de detectar la mínima vibración de un pez en el agua. Luego se escucha un resoplido fuerte, casi una tos, que anuncia que algo enorme acaba de asomar la cabeza. Cuando el lobo gargantilla se yergue sobre el agua, apoyado en su cola, medio cuerpo afuera, como hace cuando algo llama su atención, muestra su mancha blanca e irregular en el pecho, única en cada individuo.

Después de treinta años sin registros de avistamiento y por ello ser considerada una especie regionalmente extinta en Argentina, el lobo gargantilla (Pteronura brasiliensis) vuelve a nadar en este país. Esta especie que alguna vez habitó las cuencas frescas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay de la mesopotamia argentina, llegó a internarse en regiones boscosas del impenetrable chaqueño al viajar a través de ríos como el Bermejo.

Conocida también con el nombre de nutria gigante, esta especie es la mayor representante de la familia de los mustélidos (mamíferos carnívoros que también incluye comadrejas, tejones y hurones), y el más grande de todos ellos: un macho adulto puede superar 1.8 metros de largo y pesar más de 30 kilogramos. Su pelaje denso, oscuro y brillante la llevó a la ruina pues la convirtió en un blanco fácil para cazadores furtivos. Viviendo de forma cotidiana en grupos familiares numerosos de hasta diez o más individuos, la nutria gigante se caracteriza por ser ruidosa. Emite gritos constantes durante la pesca y las disputas entre miembros del grupo, según describe Alejandro Valenzuela, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Hoy en los Esteros del Iberá, la ecorregión de humedales que cubre casi cuatro millones de hectáreas al norte de la provincia argentina de Corrientes, las nutrias gigantes dejaron de ser un recuerdo. En el corazón de un laberinto de lagunas y bañados, en la isla de San Alonso, funciona hace siete años el único proyecto en el mundo de reintroducción de la especie. Liderada por la Fundación Rewilding Argentina, la iniciativa ya cuenta con más de 30 ejemplares, una primera familia de cuatro individuos liberada en junio de 2025, y otros 13 individuos en espera de completar el camino de vuelta a los ríos argentinos.

Volver a empezar en San Alonso

La nutria gigante supo nadar una gran porción del país. Según describe el biólogo Guillermo Gil, delegado del Nordeste Argentino de la Administración de Parques Nacionales, la especie ocupó en el pasado un territorio mucho más amplio que los Esteros del Iberá: incluía el río Paraná y sus afluentes en Misiones, el Iguazú, el Urugua-í, el Yabebirí, el río Uruguay y su afluente Iraí, el Paraguay y hasta los ríos San Francisco y Bermejo, en el extremo norte del país. Un mapa que se fue vaciando un río a la vez.

Aunque los expertos aclaran que Argentina “carece de estudios sobre el uso del hábitat de la especie”, los causantes de la desaparición de la nutria gigante son múltiples. En el Urugua-í (afluente misionero del río Paraná), una represa hidroeléctrica construida en 1990 inundó los 85 kilómetros cuadrados que incluían la zona donde se dieron los últimos registros de grupos familiares reproductores en la cuenca: el último avistamiento en la zona databa de 1985, cinco años antes. En el propio río Paraná, la represa de Yacyretá inundó 1200 km² entre 1989 y 1994, y en el Uruguay, la de Salto Grande anegó 783 km² en 1979.

A esa fragmentación del hábitat se sumaron la caza, legal entre 1941 y 1960, además de un comercio ilegal que continuó después, y la sobrepesca de las especies de peces de las que se alimentaba, como el el surubí (Pseudoplatystoma corruscans) y el sábalo (Prochilodus lineatus) que alcanzaron un récord de 35 000 toneladas exportadas en 2004, según datos de Parques Nacionales. Con diversas presiones combinadas, la especie fue retrocediendo río arriba hasta que dejó de haber señales de su presencia: los últimos ejemplares confirmados en el país se observaron en el alto río Iguazú, en 1986 y 1988.

Argentina pasó, en cuestión de décadas, de tener una de las especies más ruidosas y sociables de sus ríos, a desaparecerla.

La historia de la nutria gigante en el país es a su vez la historia de la región. En 2021, la especie fue catalogada En Peligro de extinción en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y en marzo de este año los países miembro de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias (CMS) la incluyeron en sus Apéndices I y II, las dos categorías más altas de protección según el tratado, durante una reunión en Campo Grande, Brasil. Según un informe presentado en esa reunión, la población global cayó un 50 % en los últimos 25 años y podría caer otro 50 % en el mismo plazo si no se toman medidas.

Consultada por Mongabay Latam, la bióloga brasileña, coordinadora del Grupo de Especialistas en Nutrias de la UICN y fundadora del Giant Otter Project (Projeto Ariranhas), Caroline Leuchtenberger, explica que la caza por su piel y la degradación de su hábitat le hicieron perder a la especie alrededor del 40 % de su área de distribución histórica en toda la región. Parte de esa degradación, señala, se dio mayoritariamente en las cuencas de los ríos Uruguay y Paraná, las mismas en las que alguna vez nadaron las nutrias gigantes argentinas.

Revertir esa ausencia significa construir un lugar donde la historia de la nutria gigante pueda empezar de nuevo.

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Magalí Longo, coordinadora de conservación del proyecto Rewilding, cuenta que “el proyecto de la fundación inició en 2019 con la construcción de los corrales en lo que es la isla San Alonso, el corazón de los Esteros de Iberá”, con una etapa previa de planificación junto a especialistas en la especie que asesoraron sobre dónde construir los recintos y cómo encarar el trabajo ex situ. Un corral de presuelta (preliberación), explica Gustavo Solís, veterinario y coordinador de incorporación de individuos a los proyectos de reintroducción de Rewilding Argentina, funciona como un territorio de práctica antes de la libertad total, un punto intermedio entre la vida en cautiverio y el estero abierto.

A diferencia de una “suelta dura”, donde un animal se traslada y se libera de una sola vez, sin ningún período de transición, el equipo trabaja con lo que llaman “suelta blanda”: el ejemplar permanece en el recinto el tiempo necesario para adaptarse, sin fecha fija de salida. “El animal va conociendo ese corral que es como su territorio, tiene sus olores, tiene la comida, tiene refugio y se siente seguro”, cuenta Solis, quien lleva más de dos décadas trabajando en conservación.

En el caso de la nutria gigante, el recinto combina una parte de tierra firme y otra de agua conectada directamente a la laguna, para que el mamífero acuático pueda moverse entre ambos ambientes tal como lo haría en libertad. “Nuestros corrales están en pleno estero de Iberá, tenemos corrales muy grandes con una parte sobre la tierra firme y una parte en agua”.

Meses después de comenzar el proyecto llegó Alondra a la Argentina, la primera hembra incorporada al proyecto, donada por el Zoológico de Budapest. Antes de llegar al corral, pasó por una cuarentena en la que, según comenta Solís, cada ejemplar recibe un transmisor de telemetría implantado quirúrgicamente en la cavidad abdominal que le permite al equipo seguir a cada animal a distancia una vez liberado.

A fines de 2019, tras el mismo proceso, se sumó Coco, un macho del Zoológico de Givskud, en Dinamarca. Ambos compartieron el corral de presuelta en la laguna Paraná, dentro de la isla San Alonso, alimentados a diario con peces vivos de la zona para que practicaran la pesca, comenta Longo. En 2021 el proyecto sumó un segundo macho, Nanay, traído desde Suecia, y en 2022 una hembra proveniente de Francia.

Pero la familia recién formada no tardó en conocer la pérdida. En 2022, en medio de incendios catastróficos que obligaron a evacuar la isla, Alondra comenzó a mostrar signos de debilidad. Una bacteria instalada en sus pulmones, sumada a su edad de 11 años (una edad avanzada para una especie que suele vivir entre 8 y 13 años), terminó por vencerla. De Alondra quedan sus crías nacidas en mayo de 2022: Yvera, Ipegua y Chiru, el primer grupo familiar de la especie en Argentina desde la década del 80.

Custodias de los ríos

El regreso del lobo gargantilla no es solo la reivindicación de una especie perdida en Argentina, es también la restauración de un custodio de sus aguas. Depredador alfa, la nutria gigante se encuentra en la cima de la cadena alimentaria acuática. “Son depredadores tope, necesitan una buena cantidad de peces, porque esa es su presa principal. Si el agua tiene contaminantes, ellos nos lo muestran”, comenta Leuchtenberger en cuanto al rol de “custodios del agua” que suele atribuirse a esta especie.

“Necesitan agua sana y bosques ribereños sanos. Todo el ecosistema acuático y su entorno tienen que ser muy estables para que puedan persistir”. Un estudio de 2026 sobre vigilancia de patógenos en nutrias gigantes de tres ecorregiones de Brasil, del que Leuchtenberger es coautora, documentó un riesgo sanitario asociado a la contaminación del agua, con patógenos que provienen sobre todo de animales domésticos, una amenaza nueva cuyo impacto real sobre la población todavía se desconoce. Según Leuchtenberger, la dieta de la nutria gigante se superpone además con la de las comunidades que viven en las riberas de esos mismos ríos. “Si el río no es saludable para las nutrias gigantes, tampoco lo es para la gente”, resume.

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La otra razón por la que funciona como bioindicador tiene que ver con lo exigente que es la especie. No alcanza con que haya agua y pescado, la nutria gigante necesita un territorio estable durante todo el año, con cobertura vegetal en las orillas para construir sus madrigueras, y un entorno sin perturbaciones constantes. “Cuanto más grande es el grupo, más sano o más equilibrado está el ambiente”, afirmó la experta. Además, agrega que un grupo familiar arranca con una pareja que se reproduce, y que las crías permanecen con sus padres durante años, lo que hace crecer a la familia, siempre que el entorno lo permita. En cambio, allí donde hay tráfico de embarcaciones u otra actividad humana intensa, “nunca se ven grupos más grandes, solo parejas o tríos”.

Para Leuchtenberger, la sola presencia o ausencia del animal es un dato revelador: “Aunque haya peces, si en el hábitat hay conflicto humano, caza furtiva y cualquier tipo de disturbio, químico y físico, nunca vas a tener nutrias gigantes ahí”.

Pasaporte, cuarentena, y un stud book

Curiosamente, el primer obstáculo de la reintroducción de la nutria en Argentina no fue biológico, sino logístico. “Cuando empezamos con el proyecto de nutrias gigantes, el gran desafío era que no teníamos [nutrias] en Argentina, no había nutrias gigantes. Se extinguió para todo el país y en cuativerio no había ninguna. En la historia de los zoológicos argentinos nunca hubo nutria gigante”, comenta Solis.

Conseguir los primeros ejemplares implicó mirar hacia afuera y negociar con instituciones de conservación en la región, además de adquirir permisos bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas (CITES) y protocolos sanitarios acordados entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). También requirió un recurso indispensable: tiempo.

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La primera presentación formal del proyecto de reintroducción en Argentina se dio en 2017, durante el primer Taller Internacional de Nutria Gigante realizado en Cali, Colombia, donde el equipo argentino presentó su idea ante especialistas de toda la región, entre ellos, Caroline Leuchtenberger. “Generar la confianza necesaria para que instituciones extranjeras cedieran ejemplares de una especie tan escasa en cautiverio no fue nada fácil”, recuerda Solís sobre los primeros contactos en Brasil, donde en ese momento había apenas nueve ejemplares bajo cuidado humano en todo el país. “Cada zoológico que pudo tener estas nutrias es muy receloso de ellas, es imposible que las cedan a ningún proyecto. Nosotros teníamos que demostrar que este era un proyecto que iba a funcionar, el primer proyecto de reintroducción”.

Con tan pocos ejemplares disponibles en Sudamérica, la búsqueda tuvo que cruzar el Atlántico y el proyecto de reintroducción en Argentina se presentó a la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), que gestiona un programa de cría en cautiverio coordinado a nivel mundial para la especie a través de un registro genealógico centralizado, llamado stud book, desde el cual un comité técnico decide qué ejemplares se aparean y hacia dónde se derivan.

Según el propio documento del proyecto presentado por Rewilding en 2018, ese programa reunía entonces 62 ejemplares en 18 instituciones europeas y ya operaba en su capacidad de carga, es decir que no tenía espacio físico para seguir criando individuos sin destino dentro de Europa, lo que lo volvía capaz de ceder ejemplares al proyecto de la fundación. “En este proyecto [a diferencia de otros]”, aclara Solis, “anduvo todo muy bien. Las nutrias se conocieron, se enamoraron y hubo reproducción bastante rápido”.

En total, entre ocho y diez nutrias llegaron desde Hungría, Suecia, España, Alemania y Dinamarca y Estados Unidos. El traslado, dice Solís, fue un proceso lento y cuidadoso, pensado para minimizar el estrés de los animales: en origen, las instituciones zoológicas coordinaban entre sí para asistir a cada ejemplar durante las cuarentenas en origen, los transbordos aéreos, viajando en cajas de transporte con acceso a agua y comida. Al llegar a Ezeiza (ciudad donde se encuentra el aeropuerto internacional Ministro Pistarini en Argentina), un equipo de la fundación esperaba en la zona de carga desde primera hora de la mañana para atenderlas y completar los trámites migratorios. Ya en destino, los animales pasaban por una segunda cuarentena, donde se realizaban los primeros chequeos sanitarios antes de trasladarlos a los corrales de la fase de presuelta. Según Solís, “gestionar la importación de un solo ejemplar nos demoraba entre ocho meses hasta un año”.

Una cuestión de tiempo para ser libres

Argentina es, según cuenta Leuchtenberger, el primer caso de reintroducción de nutria gigante en el mundo con el que otros países pueden comparar sus propios planes, incluido uno que Brasil intenta reactivar en la cuenca del Paraná, después de que su primera versión, planteada en 2010, se suspendiera por falta de fondos.

“Para mí, el éxito del programa es tener animales libres, reproduciéndose y comportándose como nutrias gigantes salvajes”, explica la científica. Eso significa que son capaces de establecer su propio territorio, defenderlo, pescar, encontrar sus propios recursos y desplegar el repertorio social completo de la especie: marcación con arena, vocalizaciones complejas, interacción dentro del grupo y defensa del territorio frente a otros grupos. “Si toda esa interacción compleja está sucediendo, eso va a significar que el proyecto realmente es un éxito”.

Ese también es el criterio que usa el propio equipo de Rewilding para trazar sus etapas de trabajo en otros proyectos de la región. Solís lo compara con lo que ya ocurrió en Iberá con otras especies del programa de reintroducción de Rewilding: el oso hormiguero, el yaguareté o el venado de las pampas que hoy están en una “segunda etapa”, la de dispersión natural. En esta fase los animales se alejan del sitio de liberación original y se establecen, por su cuenta, a veces a decenas o cientos de kilómetros.

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A un año de la liberación de la familia de nutrias gigantes, San Alonso empieza a dar señales de esa segunda etapa. Según confirmó Longo, el grupo ya se dispersó hacia otras zonas del parque, y en el camino construyó sus propias madrigueras. Ya no dependen exclusivamente de las que tenían en el corral, aunque siguen moviéndose dentro de un radio cercano a él, sin haberse alejado del todo. En la lectura del propio equipo, esta es la primera señal concreta de que el proyecto empieza a moverse hacia la definición de éxito que persigue: no solo que la especie sobreviva, sino que deje de necesitar, cada vez más, la ayuda del corral.

Longo describe también cómo es el trabajo cotidiano con el grupo de nutrias liberado en junio de 2025: salen a pescar durante el día, descansan al sol y, hacia la noche, se resguardan en madrigueras construidas por ellos mismos en el monte que rodea el corral, con un monitoreo constante y una suplementación de alimento que se reduce a medida que registran eventos de pesca exitosos por cuenta propia.

La parte reproductiva, explica, tiene sus propios tiempos y sus propios riesgos: “hay una primera etapa en donde la pareja misma pierde camadas debido a que son inexpertos, porque no los saben criar o no los cuidan como corresponde. Una vez que son exitosos en eso, empiezan a reproducirse muy bien”. El período de gestación es de entre 65 y 75 días, y si una pareja pierde a sus cachorros, la hembra puede volver a quedar preñada apenas diez días después. Un grupo, dice Longo, recién se considera consolidado “cuando los juveniles tienen también la capacidad de poder cuidar los cachorros que está teniendo la familia”, recién ahí empieza la independización de los más grandes, que se van para formar sus propios núcleos familiares.

Según el informe anual de Rewilding, correspondiente al ejercicio cerrado en marzo de 2025, dos de las tres parejas del proyecto formadas en ese año tuvieron crías, llevando a 13 la cantidad de ejemplares en fase de liberación en el Gran Parque Iberá.

Hoy el proyecto supera los 30 ejemplares y ya empezó a replicarse dentro del propio país. Una segunda familia, formada en el Ecoparque de la provincia de Buenos Aires a partir de una pareja donada por instituciones europeas, tuvo tres camadas consecutivas y hoy espera su liberación en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco. Este es el segundo sitio, además de Iberá, habilitado para reintroducir la especie. “Es muy loco porque, fíjate, dos ejemplares que vienen de Europa, las crías nacen, son porteñas, y después toda la familia se traslada al Impenetrable”, dice Solís. Para el equipo, esta es la prueba de que el modelo no depende de un único sitio y que, si el protocolo funcionó una vez para formar un núcleo familiar viable, puede repetirse en otro punto del país con condiciones similares. “Es solo una cuestión de tiempo para que el proyecto sea exitoso en otras partes de Argentina”, concluye Solis.

El artículo original fue publicado por Ana Victoria Domínguez Britos en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los efectos del evento El Niño ya se están sintiendo en varios países de la región. En los últimos días, intensas precipitaciones cayeron en el noroccidente de Ecuador, principalmente en la provincia de Esmeraldas, así como lluvias de mediana intensidad ocurrieron en la costa norte de Perú, principalmente en Tumbes. Sin embargo, en la sierra y Amazonía ecuatoriana se registran altas temperaturas, al igual que en Perú, donde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informa sobre el incremento de la temperatura durante el día en la costa y sierra del país. Ambos países también están enfrentando incendios forestales.

El último comunicado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), del 28 de septiembre, confirma que estamos ante un evento de magnitud extraordinaria en la zona más cercana a las costas de Ecuador y Perú, mientras que en el Pacífico central la magnitud continúa siendo muy fuerte.

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En Lima, Perú, también se están presentando lluvias por el fenómeno El Niño. Foto: cortesía Agencia Andina/Daniel Bracamonte“Lo que ya estamos viendo es un evento intenso. No sabemos aún si será uno de los más intensos históricamente, aunque hay una probabilidad de que sí lo sea, al menos del periodo que tenemos registro, más o menos desde 1950 a la actualidad”, comenta Alejandro Jaramillo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Jaramillo nombra a los eventos más fuertes de los que se tiene registro. “El Niño 1982-83 ha sido uno de los más intensos», comenta el experto. También menciona El Niño ocurrido en 1997-98 y el de 2015-16. A estos le sigue el de 1991-92, ”en particular porque en Sudamérica fue bastante fuerte, aunque no está entre los más intensos en esta lista“, aclara el experto. ”Tuvo mayores impactos en Sudamérica, en particular en Colombia, donde hubo problemas con la generación de energía“, asegura Jaramillo. En cambio, ”el de 1997-98, por ejemplo, fue muy fuerte en términos de efectos para México“, agrega.

“Necesitamos ver toda su evolución, pero es probable que pueda ser el más intenso en esta lista, puede ser que ocupe el primer o segundo lugar en el periodo de 1950 a la actualidad”, afirma el experto sobre el evento que ha empezado a tomar fuerza y cuyos efectos más críticos se esperan en diciembre de 2026.

¿Cómo se define El Niño?

Para que se declare un evento de El Niño se debe tener en cuenta el aumento de la temperatura del mar, pero también los cambios en la atmósfera, explica Jaramillo. Frente a dos cuadros Jaramillo muestra cómo se va definiendo este evento climático y atmosférico.

En uno muestra cómo va aumentando la temperatura del mar en el océano Pacífico, principalmente en la zona central y hacia las costas de Perú y Ecuador. Al mismo tiempo, en el otro cuadro se puede ver cómo va variando la circulación de la atmósfera y las lluvias se van moviendo en el planeta hacia las mismas zonas en el Pacífico. “Cuando se mueven a la par, es decir, se van moviendo juntas, hay un evento de El Niño”, explica Jaramillo.

Si bien estas son las dos condiciones más importantes para que se defina un evento climático de este tipo, también es imprescindible que “se mantengan por un periodo de al menos cinco meses”. Cuando eso ocurre, “se dice que está ocurriendo El Niño”, agrega el experto de la UNAM.

“Tenemos el desarrollo de un gran evento que está abarcando no solamente la costa peruana, sino el Pacífico central”, agrega Kobi Mosquera, investigador del Instituto Geofísico del Perú (IGP), para explicar las dos zonas del océano donde el aumento de la temperatura del mar son relevantes para un evento de El Niño.

Mosquera explica que hay dos regiones importantes de monitoreo en el océano. La zona colindante con la costa de Perú y Ecuador, conocida como 1+ 2, que también se identifica como El Niño Costero, y la zona central del Pacífico, conocida como 3.4, también identificada como El Niño Global porque sus efectos ocurren en todo el planeta.

Mosquera también recuerda que hay dos eventos extremos que se han medido, el de 1982-83 y el de 1997-98. “Posiblemente el actual, 2026-27, entre a este grupo de los tres eventos extremos”, comenta.

Los impactos a nivel regional

“Perú ya ha estado sufriendo efectos con una mayor intensidad de lluvias, mientras que Colombia, país inmediatamente al norte en la frontera con Perú, tiene efectos de menos precipitaciones”, afirma Jaramillo. “Hay que destacar que los efectos de El Niño son muy diferentes entre una región y otra e incluso en regiones que están cerca”, aclara sobre los que sucede en estos dos países fronterizos.

En México, por ejemplo, dice Jaramillo, la actividad de los ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico ha sido muy tranquila, es decir, no han habido muchos y los que se han formado no han sido muy intensos. Sin embargo, en la parte central del Pacífico ha habido mucha actividad.

Jaramillo también señala que se espera que en diciembre de 2026 el evento de El Niño llegue a su punto máximo, por tanto, los efectos seguirán ocurriendo hasta el próximo año.

“Al ser un evento muy intenso, impacta en la pesca, porque las temperaturas altas no solamente están en la superficie [del mar], sino que llegan hasta más o menos 100 metros de profundidad, y en algunos momentos, cuando pasa una onda Kelvin, también puede afectar hasta los 500 metros”. Las ondas Kelvin son abultamientos de agua que elevan el nivel del mar a medida que avanzan por la costa. También aumentan la temperatura del océano y llevan aguas frías y ricas en nutrientes a mayor profundidad bajo la superficie.

Mosquera recuerda que en Perú la pesca ya se vio afectada, ya que se suspendió la primera temporada de pesca. En abril pasado, el Ministerio de la Producción de Perú, responsable de regular las políticas de pesca, suspendió de manera temporal las actividades extractivas de anchoveta en amplias zonas del litoral norte-centro del país por un periodo de diez días. Esta medida se adopta para “garantizar el desove, evitar la captura de ejemplares en tallas menores a las permitidas, así como preservar y proteger el desarrollo de la biomasa y la sostenibilidad del recurso hidrobiológico”, señala el decreto que anuncia la suspensión.

Mosquera también menciona los impactos que se pueden producir en la agricultura. La Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que “El Niño suele estar asociado con sequías extremas en algunas áreas, que afectan la disponibilidad de agua para la agricultura y el consumo humano, y con lluvias intensas e inundaciones en otras, que destruyen cultivos, infraestructuras y generan pérdidas económicas sustanciales”. En ese sentido, el organismo internacional señala que estas alteraciones climáticas provocan una reducción en la productividad agrícola, disminuyen la disponibilidad de alimentos y elevan los precios.

El economista ambiental Stasiek Czaplicki, de Bolivia, señala que en el altiplano occidental y sur se está presentando “un déficit de lluvia bastante sensible y, por tanto, una menor disponibilidad hídrica, mayores temperaturas”. Mientras, en los valles interandinos, ocurren “lluvias irregulares con períodos secos prolongados, estrés agrícola térmico”, agrega.

“Los impactos son un poco heterogéneos. En el Chaco, el calor extremo o déficit hídrico ya es una realidad y podría, potencialmente, en la medida que continúe hasta diciembre, ser más problemático”. En cuanto a la Amazonía, dice Czaplicki, en Bolivia el efecto es bastante heterogéneo, pero en Brasil ya se tiene pronósticos de grandes sequías.

A inicios de septiembre Mongabay Latam informó sobre los incendios forestales que ocurren en la región y su relación con el fenómeno de El Niño. Otro informe del 1° de octubre da cuenta de la pérdida de alimentos y la reducción de especies marinas que pone en riesgo la seguridad alimentaria de muchas comunidades. Ahora las lluvias empiezan a ser más intensas en Ecuador y Perú, lo que podría derivar en pérdida de infraestructura. Los expertos ya anunciaron un fenómeno extraordinario y advirtieron que corresponde a los gobiernos minimizar los impactos.

*Imagen principal: inundaciones por lluvias en Esmeraldas, Ecuador. Foto: cortesía Secretaría Nacional de Riesgos de Ecuador

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la Reserva Natural Cabo Vírgenes, ubicada en la provincia de Santa Cruz, al sur de Argentina, habitan cerca de 120 000 parejas de pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus). Fue allí donde un grupo de científicos analizó el comportamiento alimenticio de estas aves marinas y el recorrido migratorio que realizan: descubrieron que no todos los individuos migran pero los que lo hacen realizan trayectos de hasta 3500 kilómetros que pueden durar seis meses.

Durante ese lapso de tiempo los pingüinos permanecen en el mar y no tocan tierra. Además, a través de la investigación se determinaron áreas importantes en el mar donde los pingüinos se alimentan, además de las zonas donde descansan durante su estación reproductiva, sobre todo durante la cría de pichones, entre diciembre y enero.

La investigación fue realizada durante la temporada reproductiva de 2025 por el Consejo Agrario Provincial (CAP) de Santa Cruz, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), la Fundación Por el Mar y WCS Argentina para conocer la migración de pingüinos. Los científicos colocaron dispositivos GPS a ocho individuos: los primeros resultados, publicados a inicio de septiembre, permitieron conocer sus recorridos de alimentación y detectar el uso de sectores por fuera de los límites de la reserva.

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Esteban Frere, investigador de la UNPA, asociado a WCS Argentina y quien dirigió el equipo de científicos, explicó a Mongabay Latam que en 2017 iniciaron un trabajo de estudio en distintas colonias de pingüinos en Cabo Vírgenes. Para 2019, empezaron a estudiar la migración con aparatos geolocalizadores. El objetivo era conocer los sitios donde van a alimentarse estas aves para dar mejor atención al cuidado de esas áreas marinas.

“El caso específico de Cabo Vírgenes es muy interesante porque es la primera vez que nosotros documentamos”, afirmó Frere. “Pensábamos que todos los pingüinos eran migratorios, pero hay una buena proporción de animales que no migran, que se quedan en la zona sur. Evidentemente, aguantan, soportan la temperatura baja del mar, pero tienen suficiente comida como para no hacer el recorrido postreproductivo de enormes distancias que pueden ser 3500 kilómetros o 3000 kilómetros al norte”, detalló Frere.

La Reserva Cabo Vírgenes es un área protegida ubicada en la Patagonia argentina que alberga alrededor de 240 000 pingüinos de Magallanes, según el último censo realizado en 2025. Esta reserva constituye la colonia continental más austral del mundo de esta especie y la tercera en cuanto al número de individuos.

Una especie que bucea en busca de sardinas

El pingüino de Magallanes habita las costas de Argentina y Chile. A lo largo de los años, su comportamiento, migraciones y adaptaciones fueron objeto de estudio. Frere, biólogo argentino que también es investigador principal de Conicet y especialista en ecología de aves marinas, afirmó que uno de los focos del trabajo está puesto en entender a dónde van los pingüinos a buscar alimento durante la cría de pichones. 

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“Luego de la reproducción, llegan hasta el río de la Plata, en Uruguay, o llegan a Península Valdés, en la provincia de Chubut, o sea, recorren 2500 a 3500 kilómetros de distancia; y otros se quedan todo el otoño-invierno más o menos entre 300 y 350 kilómetros alrededor de la colonia. Es decir, no migran. Es un comportamiento que se desconocía”, resaltó Frere.

En 2025, según el biólogo, los pingüinos de Magallanes adultos recorrieron distancias mayores de lo que se presumía. La diferencia, además de la distancia, fue el tiempo. “Sabíamos que sus viajes tardaban menos de 24 horas y ese año fue distinto, invirtieron más tiempo en buscar alimento. Sus viajes duraron un día y medio”, destacó el experto, quien añadió que un pingüino puede recorrer hasta 350 kilómetros buceando en busca de bancos de sardinas cercanos a sus colonias.

Frere afirmó que el año pasado los pingüinos demoraron 12 horas más en buscar alimentos debido a que hay zonas donde los bancos de sardinas u otros alimentos no están disponibles como en años anteriores. Sin embargo, aclaró que hubo casos en los que las aves recorrieron la ruta solo durante un día.

“Esos recorridos cortos son durante la cría de pichones. Ellos están en el nido con los pichones y van y vienen todos los días, puede ser cada dos días o día por medio y regresan para dar comida a los pichones, pero mucho depende del lugar, ya que pueden ser recorridos cortos o poco cortos”, detalló el especialista.

Sin embargo, Frere explicó que el recorrido entre Cabo Vírgenes y el sur de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo, la ciudad balnearia de Mar del Plata, puede durar unos seis meses en el caso de los pingüinos que realizan recorridos largos. Lo asombroso, según el biólogo, es que en ese largo lapso de tiempo están en el mar y no regresan a tierra.

“Ellos suben al norte buscando comida. Están todo el tiempo en el mar, son animales marinos y solo necesitan ir de septiembre a marzo a tierra porque necesitan criar sus pichones, caso contrario estarían todo el tiempo en el mar. En un día podrían hacer 300 a 400 kilómetros fácilmente, pero no necesariamente lo hacen, y no son kilómetros lineales, ya que pueden subir y bajar o dar vueltas”, destacó el experto.

En tierra, mientras tanto, la dinámica es otra. El cuidado de los pichones se reparte desde el inicio. Frere explicó que tanto machos como hembras van en procura del alimento y lo llevan a sus pichones. “Cuando los pichones son pequeños, uno de los dos se queda en el nido”, dijo. Con el crecimiento, la dinámica cambia. “Cuando el pichón tiene casi un mes de vida, salen los dos padres a buscar el alimento”, remarcó el experto.

Frere añadió que las hembras son aquellas que mayoritariamente no migran y que los machos son los individuos que recorren largas distancias. “Y ese es el dato más curioso y más interesante que encontramos en la colonia de Cabo Vírgenes respecto de la migración o la dispersión post-reproductiva”, dijo.

El biólogo detalló que las hembras son más costeras y los machos son los que ingresan más en la plataforma continental, ya que se alejan de la costa y van de sur a norte. “La mayoría llega más o menos al Golfo San Matías, pero hay individuos que llegan hasta el sur de Uruguay y el río de la Plata, en la provincia de Buenos Aires”, resaltó.

El estudio evaluó ocho viajes de alimentación de ocho ejemplares y el área núcleo conjunta utilizada alcanzó 5543 kilómetros cuadrados, más del doble de la superficie estimada en estudios anteriores. Los investigadores advierten que se trata de resultados preliminares y que las condiciones del mar pueden modificar los recorridos de una temporada a otra. 

Durante los días de trabajo de campo, el equipo se organizó en grupos y aplicó una metodología basada en transectas, que es la toma sistemática de datos a lo largo de recorridos previamente definidos. Este enfoque permite estimar la densidad de nidos y obtener una referencia más precisa sobre la evolución de la población.

Mariano Bertinat, ingeniero en recursos naturales renovables y coordinador de la Fundación Por el Mar, explicó a Mongabay Latam que por la zona de Cabo Vírgenes pasa el tráfico internacional de buques, existe movimiento turístico, de pesca y de logística y hay actividad hidrocarburífera de plataformas petroleras. Esas presiones fueron la razón para conocer cuál es el estado de salud de la colonia de pingüinos de Magallanes.

“Lo que descubrimos es que tenemos una colonia [de pingüinos] muy saludable, un buen número de pingüinos, una colonia que tiene un alto éxito reproductivo y es muy pujante. Una colonia que tiene claramente un mar que la rodea en muy buen estado de salud, que puede abastecer una colonia de pingüinos realmente importante”, destacó Bertinat.

Sin embargo, el experto añadió que existen colonias de pingüinos en la región, sobre todo en el lado de Chile, que están perdiendo el número de individuos. “Primero descubrimos que nuestra colonia está muy bien pero es una colonia muy sensible. Entonces, por eso la necesidad de profundizar en el conocimiento, no solamente de la dinámica ecológica de estos pingüinos, sino también de si se alimentan, hasta dónde viajan, hasta dónde van a buscar la sardina fueguina, que es su alimento principal, cuánto tiempo tardan en ir a buscarla y si las poblaciones de sardina también tienen algún vínculo con la salud de esta colonia”, dijo.

El recorrido de los que se quedan y los que se van

Bertinat remarcó que la investigación revela que toda el área marina alrededor del Cabo Vírgenes tiene una alta relevancia en la alimentación de los pingüinos.

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El estudio detectó viajes de hasta 70 kilómetros de distancia al punto de nidificación. Esto significa que los pingüinos viajan y regresan al menos unos 130 kilómetros en un día y medio aproximadamente. “Ese es el rango de alimentación que hemos encontrado como máximo alrededor de la colonia. Y después, en la migración invernal, cuando ya termina la temporada de reproducción, los pingüinos se distribuyen en diferentes lugares en la costa atlántica”, dijo Bertinat.

Otra parte del estudio comprobó que durante la temporada de migración otro grupo de pingüinos van hacia el norte. Los adultos reproductivos llegan hasta Uruguay o incluso el sur de Brasil, mientras que los jóvenes y los que no se reproducen llegan hasta Península Valdés, en la provincia patagónica de Chubut.

En la actualidad, la población de pingüinos de Magallanes en Argentina continental se estima en casi 2 400 000 individuos, con alrededor de un millón más en Chile, según la Fundación Rewilding Argentina.

De acuerdo a la página oficial del gobierno de la provincia de Santa Cruz, el presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP) de Santa Cruz, Hugo Garay, destacó que la investigación “permite conocer mejor cómo se mueve la especie, y con esa información, tomar mejores decisiones para protegerla, trabajando para que la conservación tenga información concreta y sirva para planificar el territorio de Santa Cruz”.

Bertinat explicó que el siguiente paso del estudio es repetir las metodologías que se realizaron el año pasado y que en octubre se realizará un nuevo censo de la colonia en Cabo Vírgenes para confirmar la población de pingüinos de 120 000 parejas.

“En diciembre vamos a volver a instalar dispositivos GPS para ampliar el conocimiento del rango de alimentación de los pingüinos y estamos trabajando con el gobierno provincial [de Santa Cruz] en estudiar cuál es el área marina contigua a la actual reserva terrestre que podría ingresar como un proyecto de conservación, ya pensando en un área marina protegida que pueda asegurar a futuro el éxito de esta colonia”, detalló Bertinat.

*Imagen principal: una colonia de pingüinos en la reserva Cabo Vírgenes. Foto: cortesía Gobierno Provincial de Santa Cruz

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La pérdida de alimentos, la reducción de pescado y mariscos así como el incremento de sus precios son riesgos reales para Latinoamérica, que ya enfrenta los impactos por el fenómeno meteorológico de El Niño con sequías, incendios, inundaciones y cambios en los patrones del océano que se reflejan en tu mesa.

Estos impactos no afectan a todas las personas por igual. Especialistas consultados por Mongabay Latam explican que las alteraciones provocadas por este fenómeno aumentan las desigualdades sociales y económicas en la región.

En Colombia, por ejemplo, un análisis hecho por la Red por la Defensa de la Reforma Agraria advierte que los cultivos que representan entre el 30 % de toda la producción nacional de alimentos —incluyendo a varios de la canasta básica— están en riesgo de perderse por los efectos de El Niño.

La pesca en México, una actividad de la cual dependen miles de personas, también se verá afectada por la disminución de especies comerciales causada por el calentamiento anómalo en el Pacífico.

Mientras que en el norte de Argentina, las comunidades indígenas ya resienten los efectos de las lluvias e inundaciones en sus cultivos, así como la crianza de animales que utilizan para alimentarse y subsistir.

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El Niño le puede costar un tercio de la comida a Colombia

Papa, cebolla, maíz, arroz, banano y yuca son algunos de los principales alimentos que se producen y consumen en Colombia. El aumento de las temperaturas y la alteración en las lluvias provocadas por El Niño puede costarle al país la pérdida de 8 460 000 toneladas de comida, lo que representa entre el 30 % de toda la producción nacional, de acuerdo con un análisis hecho por la Red por la Defensa de la Reforma Agraria.

De acuerdo con el mapeo —el cual se basó en pronósticos oficiales de lluvias, evaluaciones agropecuarias municipales y calendarios de siembra de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA)— el impacto más fuerte no llegará este año, cuando más falta el agua, sino entre febrero y mayo de 2027 cuando se recolectan las cosechas.

Por esta razón, el mapeo identifica dos riesgos distintos en la siembra y la cosecha de alimentos.

Por un lado se considera el impacto en las semillas que no germinan o cuya siembra se aplaza por que el suelo está seco. Este riesgo se enfoca entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. Mientras que el riesgo para la planta que germinó es distinto pues rendirá menos por el agua faltante durante el proceso y podrá ocurrir desde octubre de 2026 hasta agosto de 2027, con picos entre febrero y mayo.

Cristian López, integrante de la Red por la Defensa de la Reforma Agraria y uno de los autores del análisis, explica que la ausencia de lluvias en esos meses clave repercutirá después en alimentos básicos para la población.

“Hemos identificado que las cadenas alimentarias más afectadas van a ser el maíz, el plátano, la papa, el arroz, la yuca, el frijol, el aguacate. Esos cultivos alimentarios van a ser profundamente afectados y tendrán un impacto muy profundo en el hambre, en la pobreza y en las brechas de desigualdad en Colombia”, expone el investigador a Mongabay Latam.

El análisis advierte los puntos de sequía más críticos en diferentes momentos, acorde a la región y cultivo. Por ejemplo, se espera que la lluvia en La Guajira, al norte de Colombia, se reduzca más del 95 % en diciembre, así como un 85 % en el Caribe. Mientras que para el eje cafetero y el alto Magdalena el punto crítico es ahora, en septiembre, con una reducción de la lluvias del 74.6 % en Quindío; 68.2 % en Tolima; y 67.8 % en Huila, departamentos que incluso han enfrentado incendios forestales en las últimas semanas.

La red publicó también esta herramienta para que los campesinos y productores puedan conocer el nivel de riesgo por municipio y cultivo en este periodo, así como saber qué mes exactamente puede ser el más crítico en sus regiones.

La Red precisa que este esfuerzo es parte de un llamado para que el Gobierno de Colombia, encabezado desde agosto por Abelardo de la Espriella, destine una partida presupuestal para atender el tema y revierta el recorte previsto al sector agropecuario, pues los impactos no solo pueden encarecer los alimentos sino también dejar sin ingresos al sector campesino.

López explica que la gran mayoría de las medidas de prevención y atención parten de activar el presupuesto para, por ejemplo, compras públicas anticipadas, gestión de reservas, créditos para los productores y acceso a seguros para quienes arriesgan sus cultivos.

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Incertidumbre para la pesca en México

Originado por el calentamiento de la superficie del océano Pacífico, El Niño también se refleja en el cambio de la distribución de organismos marinos y, por lo tanto, en la ausencia de peces y especies comerciales. Esto representa un gran riesgo para la pesca en México, que concentra la mayoría de su actividad en el Pacífico y de la cual dependen directamente más de 333 630 personas.

Uno de los efectos principales que causa el fenómeno climático es el cambio en la distribución de los organismos. Las surgencias costeras —zonas de ascenso de aguas profundas y ricas en nutrientes— se ven alteradas, por lo que muchas especies que se alimentan en ellas migran a aguas más profundas y frías.

Esto dificulta más la actividad pesquera de muchas especies. Antar Pérez Botello, especialista en ciencias marinas de la organización Oceana, explica que los impactos se reflejan tanto en peces que “pueden ir a zonas más frescas, donde encuentran alimento”, como en especies que no migran, como moluscos y ostras.

También precisa que con las altas temperaturas de El Niño habrá mayor blanqueamiento de corales e incluso una menor productividad, por ejemplo, del ostión de roca, debido al mayor estrés.

Otro ejemplo ocurre en las costas de Oaxaca, donde la pesca del huachinango o pargo rojo (Lutjanus peru), una especie comercial clave, es cada vez menor debido al incremento de la temperatura del agua.

Pero un clima mucho más adverso no solo cambia la distribución de las especies. Pérez agrega que pescar puede volverse una actividad de riesgo ante cambios abruptos en el Pacífico, como recientemente ocurrió con el huracán Polo, que escaló de tormenta tropical a huracán categoría 5 en tiempo récord frente a las costas de Guerrero.

Estas circunstancias, explica Pérez, ponen en mayor incertidumbre a las personas que se dedican a la pesca ribereña en el Pacífico, especialmente en la captura de camarón, de túnidos, huachinangos y toda la escama marina.

Para el especialista en ciencias marinas, los efectos de El Niño en la pesca no solo se quedan en la costa, pues afirma que son más de dos millones de personas las que están involucradas en toda la cadena de valor, sin considerar los consumidores finales.

“Nos va a afectar de manera integral a toda la población”, afirma.

Actualmente, Oceana trabaja con comunidades costeras en planes de manejo pesquero que les permitan adaptarse a un clima cambiante y dinámico. “Vamos a poder responder de una manera mucho más informada, con la mejor ciencia disponible y entendiendo que estos patrones son el clima que nos toca enfrentar”.

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Comunidades indígenas de Argentina, con mayores retos para obtener comida

A diferencia de otras regiones de Latinoamérica, en el norte de Argentina El Niño potencia la estación de fuertes lluvias e inundaciones. Para las comunidades del pueblo vilela, estos efectos ya se sienten dentro de la provincia de Santiago del Estero.

Deolinda Carrizo, integrante del pueblo vilela y de la Coordinación Nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena en Argentina (Mocase), cuenta que estas condiciones ya representan un riesgo alimentario para las comunidades que dependen de la agricultura familiar, la cría de animales y el monte nativo.

“Estamos en alerta máxima con el fenómeno de El Niño y nos están desmontando el monte. Lo están desmontando para el monocultivo. Ahí es donde también se rompe una barrera de contención para que estas cosas se paren”, explica la dirigente a Mongabay Latam.

Cuenta que por las fuertes lluvias y granizo han dejado de recolectar frutos como el algarrobo, que les brinda alimento tanto a ellas como a sus animales. Incluso estos efectos han mantenido inundada la zona de bañados, un conjunto de lagunas naturales, donde han perdido a algunos de sus animales de crianza.

“Normalmente las familias en invierno viven en la zona alta y en verano vuelven al bañado, pero en estos últimos meses prácticamente las familias no han podido volver porque sigue habiendo agua y las crecidas repentinas les han matado cabras, vacas, ovejas, yeguarizo que son la economía de las familias”, comenta Carrizo.

En años anteriores, dice Carrizo, las comunidades tenían acceso a un fondo de emergencia climática que les permitía paliar un poco los impactos del fenómeno climático. Sin embargo, hoy ya no es posible por lo que son las propias comunidades vilelas las que han sostenido entre ellas.

“Las familias tenían para plantar de nuevo un vivero. Hoy no hay nada. La Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la pesca artesanal ha sido eliminada”, cuenta la dirigente.

“Tratamos de compartirnos desde el huevo de gallina hasta un puñado de semillas, porque en muchos casos se han perdido por la inundación los cultivos por la sequía. Otra forma es el intercambio de reproductores”, expone Carrizo.

“En esta etapa tenemos no solo para compartir saberes y prácticas, sino que también queremos que se nos incluya en las soluciones que podemos aportar para que no nos afecte más”, sostiene.

*Imagen principal: los impactos de El Niño en Colombia ponen en riesgo al 30 % de la producción nacional de alimentos. Foto: cortesía Alcaldía de Medellín

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El doctor en ciencias marinas Christian Daniel Ortega Ortiz y estudiantes de ciencias marinas de la Universidad de Colima llevaban todo el día monitoreando ballenas jorobadas frente a la costa sur de Jalisco, en México, cuando escucharon a pescadores decir que habían visto a un grupo de orcas (Orcinus orca) acechando delfines. Tomaron la radio, preguntaron por la ubicación exacta y se dirigieron hacia el sitio, a unos 18.2 kilómetros de la bahía de Barra de Navidad. Al llegar encontraron dos machos adultos, cuatro hembras, dos juveniles y dos crías alrededor de un delfín tornillo (Stenella longirostris).

El cetáceo nadaba en círculos muy cerrados porque las orcas lo mantenían completamente acorralado. Lo que los investigadores vieron después forma parte de su documentación para proponer la existencia de un nuevo ecotipo de orca que habita desde el Golfo de California hasta las Islas Galápagos. La han denominado orca Pacífico Oriental Tropical (POT) porque tiene características diferentes a los otros grupos registrados en el Pacífico nororiental.

“Los pescadores se fueron, nos dejaron solos y vimos cómo lo acechaban [al delfín], lo cansaron. Después, con la cámara GoPro metida en el agua, vimos que lo estaban desmembrando y cada quien se llevaba una parte. Las crías de las orcas salían con restos de órganos. En algún momento dijimos: ‘Eso parece un riñón, eso parece una parte del intestino’”, cuenta Ortega Ortiz, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima en entrevista para Mongabay Latam.

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Después de dejar atrás los restos del delfín, las orcas siguieron hacia el oeste. En el camino encontraron a una tortuga prieta (Chelonia mydas agassizii) y una de las hembras del grupo la sujetó por las aletas traseras y la sumergió a la fuerza. Unos metros más abajo la soltó y le dio una mordida que le provocó heridas fatales. Esa tarde repitieron la técnica tres veces más para cazar la misma especie de tortuga.

El par de escenas confirmaron que el grupo de orcas que habían visto era generalista, es decir, que no se alimentaba de una sola especie, sino de varias. Esa característica es clave dentro de la descripción que los investigadores han hecho del ecotipo POT, ya que los otros tres ecotipos de orca registrados en el Pacífico nororiental tienen hábitos especializados: las residentes se alimentan casi exclusivamente de peces, en especial de salmón; las transeúntes comen mamíferos marinos como delfines, ballenas y pinípedos; y las presas de las oceánicas son elasmobranquios, principalmente tiburones.

“A diferencia de otras orcas que son especialistas en su alimentación, las de aquí arrasan con lo que se les atraviesa. Comen peces, tortugas, ballenas y han comido tiburón ballena”, describe Myriam Llamas González, doctora en ecología marina por la Universidad de Guadalajara y una de las investigadoras que analiza este ecotipo.

La descripción de esta población de orcas es una de las principales líneas de estudio del Grupo Universitario de Investigación de Mamíferos Marinos, una agrupación de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima, integrada por estudiantes de la licenciatura en Oceanología y Sustentabilidad Marina.

Las diferencias que dieron pie a un nuevo ecotipo

Un ecotipo se define como un grupo de individuos de la misma especie que presenta caracteres y adaptaciones ecológicas diferentes a otros grupos, tales como la morfología, la alimentación y la distribución. Describir estas variantes es fundamental porque cada grupo opera bajo limitantes distintas, lo que impide aplicar planes de manejo generalizados para conservarlas.

Para ilustrarlo con un ejemplo, el ecotipo residente de orcas se alimenta casi exclusivamente de salmón, cuenta con un rango de distribución pequeño y enfrenta problemas muy focalizados por la escasez de comida, lo que requiere medidas normativas especiales. En contraste, un ecotipo con una dieta generalista y un rango amplio de movimiento tendrá necesidades y retos de conservación completamente diferentes.

“Cada ecotipo está bajo ciertos limitantes muy diferentes a los demás y por lo tanto su plan de conservación, su plan de manejo, debe ser diferente. No podemos generalizar a todas las orcas. Es mejor manejar piezas pequeñas que una gran pieza. Si no conocemos las piezas pequeñas, no podemos tener este manejo grande y adecuado”, comenta Ortega Ortiz.

Desde 2010, los miembros del Grupo Universitario de Investigación de Mamíferos Marinos (Guimm) de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima recorren el mar en una pequeña embarcación, cerca de las costas de Colima y Jalisco, para estudiar los mamíferos marinos de la región. En 16 años de trabajo coordinado por Ortega Ortiz, han registrado 20 especies, entre ballenas, delfines y pinípedos, mediante técnicas como la fotoidentificación, las grabaciones acústicas y el registro de varamientos en playas.

El doctor en ciencias marinas cuenta que desde las primeras salidas de campo de la agrupación, en 2010, vieron orcas y cuando acumularon fotografías de diferentes individuos comenzaron a notar que eran diferentes a otras descritas con anterioridad. No solo porque su alimentación era diferente, sino porque tenían un patrón morfológico muy particular.

“Notamos que la silla de montar [una zona de pigmentación situada justo detrás de la aleta dorsal] tenía un color muy tenue; en algunas hasta parecía transparente y no se podía diferenciar. No era solo un individuo, sino que todos los individuos la tenían así. Entonces, esa es una característica morfológica importante”, explica el investigador.

Ortega Ortiz y los estudiantes de oceanología comenzaron a pedirle a pescadores deportivos que cuando vieran orcas les tomaran fotos y les avisaran. “Así empezamos a jalar datos e información de donde pudimos y, al final, armamos un trabajo de licenciatura que estaba muy bien. El resultado era prometedor. Nos aventuramos a decir lo del nuevo ecotipo y logramos publicar en una revista importante de mamíferos marinos”, comenta el científico.

Los resultados de la investigación fueron publicados en el artículo Ecological aspects of killer whales from the Mexican Central Pacific coast: Revealing a new ecotype in the Eastern Tropical Pacific el 31 de agosto de 2020 en Marine Mammal Science. En el texto se propone por primera vez el ecotipo POT y los autores describen otras características morfológicas particulares. Por ejemplo, tanto los juveniles como los adultos presentan una aleta dorsal redondeada, pero con una pequeña punta orientada hacia atrás. Además, el parche ocular tiene forma de “gancho y bulto”, se orienta de forma paralela al cuerpo y está alineado con el orificio nasal.

El estudio también describe que estas orcas se mantienen cerca de la costa. Fueron vistas sobre la plataforma continental, a unos 12.6 kilómetros de la costa y a una profundidad promedio de 594 metros. Además, suelen desplazarse en grupos pequeños, de alrededor de cinco individuos, aunque algunos fueron observados solos y otros en grupos de hasta ocho. Esto las diferencia de los demás ecotipos del Pacífico Norte Oriental: las orcas residentes suelen formar grupos mucho más grandes y seguir la disponibilidad de peces; las transeúntes se desplazan en grupos pequeños para cazar mamíferos marinos y las de alta mar lo hacen principalmente lejos de la costa.

Otro rasgo que les llamó la atención a los investigadores es que varias de las orcas tipo POT tienen grandes balanos, crustáceos que viven pegados a las rocas u otros animales, adheridos a sus aletas dorsal y caudal. Estos pequeños animales marinos suelen desprenderse cuando las orcas permanecen en aguas frías. Por ello, su presencia puede ser una señal de que estos animales pasan buena parte de su tiempo en aguas cálidas. En contraste, los otros ecotipos descritos habitan principalmente en regiones de aguas frías y templadas (desde Alaska hasta la costa de California).

Los investigadores también buscaron otras evidencias sobre lo que comía este ecotipo más allá de las observaciones. Para hacerlo, tomaron nueve pequeñas muestras de piel de las orcas con la ayuda de una ballesta y las analizaron a través de isótopos estables de carbono y nitrógeno.

“Las nueve muestras nos decían que lo más probable era que estas orcas se habían alimentado de peces grandes como dorados, atunes y también de tortugas. Con eso corroboramos lo indicado por las observaciones en campo: que comían lo que fuese que encontraran”, dice Ortega Ortiz.

“Al estar en zonas cálidas la diversidad de potenciales presas es más alta, pero la abundancia es más baja. Entonces, al tener una diversidad de cosas que comer pero en poca cantidad, comen lo que sea que encuentren”, explica el investigador. “En zonas más frías, en cambio, la diversidad es más baja en general, pero la abundancia es más alta, entonces agarran una presa y sólo comen de esa especie. Esa es la teoría ecológica en cuanto a las latitudes. La variabilidad ambiental sin duda afecta a los recursos marinos, a las presas y por ende a los depredadores”, agrega.

Después de la primera publicación, el grupo de investigación pudo ver más orcas que cumplían con las características del ecotipo alimentándose de otras especies como tiburones ballena, ballenas, delfines, tortugas marinas, tiburones, rayas, diversos tipos de peces. Esas observaciones las publicaron en un segundo artículo, en septiembre de 2023, en la revista Examines in Marine Biology & Oceanography (EIMBO).

¿Por dónde se mueven estas orcas?

La idea de encontrar poblaciones de orcas con características particulares en zonas cálidas no es completamente nueva. En 2014, el investigador venezolano Jaime Bolaños Jiménez y sus colaboradores publicaron un estudio fundamental sobre la distribución, dieta y morfología de las orcas en el mar Caribe. El trabajo reportó ejemplares de menor tamaño, con una dieta generalista y patrones morfológicos notablemente distintos a los de las poblaciones del Atlántico templado. Estos hallazgos constituyen un antecedente clave para los equipos de investigación en el Pacífico tropical.

Como parte de su tesis de maestría, la investigadora Camila Lazcano Pacheco dio continuidad a las investigaciones sobre el ecotipo POT: construyó un catálogo de fotoidentificación de orcas que será publicado este año, junto con sus conclusiones, en una revista científica. Para ello, reunió fotografías de distintas fuentes: utilizó los registros previos del grupo de investigación y recibió imágenes de investigadores que trabajan en Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de registros de El Salvador, Costa Rica y las islas Galápagos. También buscó fotografías publicadas en Instagram y Facebook y contactó a personas que habían fotografiado orcas, entre ellas operadores de ecoturismo.

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“Tenemos amigos, conocidos, muchos capitanes de la región o prestadores de servicios turísticos que vieron orcas y nos compartieron videos. Seleccionamos las imágenes de mejor calidad y metimos esas fotos al catálogo. Ha sido exprimir, buscar lo más que se pueda para llegar a conformar este gran catálogo”, comenta Ortega Ortiz, quien asesoró la investigación.

De acuerdo con la tesis, Lazcano Pacheco revisó más de 13 000 fotografías y seleccionó las imágenes que permitían reconocer mejor a cada orca. A partir de este proceso, construyó un catálogo con 592 orcas. Después, revisó las características físicas de cada una para determinar si correspondían al tipo de orca que el grupo de investigadores propone como un nuevo ecotipo. De este total, 531 orcas (el 90 %) presentaron las características del ecotipo, mientras que el resto mostró una morfología diferente o indefinida.

El catálogo permitió conectar fotografías de las mismas orcas tomadas en distintos sitios y años, lo que facilitó trazar sus recorridos. Gracias a estas coincidencias se identificaron lapsos prolongados entre el primer y el último registro de ciertos individuos, lo que demuestra que un mismo animal que cumple con el ecotipo ha sido observado durante décadas. Entre estos destaca una orca registrada tanto en el Golfo de California como en Perú. Este desplazamiento de miles de kilómetros fue publicado antes por la doctora en ciencias marinas Mercedes Guerrero.

A esto se suma el caso de Phantom, un macho del ecotipo POT reconocido por su característico parche ocular en forma de fantasma. Este ejemplar cuenta con más de 20 registros acumulados a lo largo de 30 años, los cuales evidencian sus trayectos entre Perú, Centroamérica, el sur de México y el norte del litoral del Pacífico mexicano.

“Vimos que orcas que fueron vistas en un sitio luego aparecen en otro. Por ejemplo, las que fueron vistas en Los Cabos luego fueron vistas en Mazatlán, las de Jalisco luego fueron vistas en Oaxaca, las de Colima luego fueron vistas en Mazatlán y unas de Los Cabos luego aparecieron en Galápagos; entonces, ahí está el rango de movimiento”, comenta Ortega Ortiz.

Para comprender mejor los sitios donde se concentran estas orcas, la autora de la tesis desarrolló un modelo ecológico. Consiste en un algoritmo matemático que combina variables oceanográficas con los registros de avistamientos para determinar dónde existe una mayor probabilidad de encontrarlas. El modelo identificó tres grandes zonas clave de alta concentración de orcas que cumplen este ecotipo: el Golfo de Tehuantepec, Bahía de Banderas y el Golfo de California.

Las piezas que faltan

La propuesta de este ecotipo de orca aún no está completamente cerrada. Los investigadores consideran que la descripción es como un rompecabezas al que todavía le faltan piezas. Ya cuentan con evidencia sobre morfología, alimentación y distribución, pero necesitan fortalecer la parte sobre la acústica y la genética. Ya existen grabaciones de sus vocalizaciones y muestras para análisis genéticos, pero aún faltan más muestras y todavía deben compararse con las de otros ecotipos para determinar si existen diferencias consistentes.

En particular, los investigadores buscan aumentar el número de muestras genéticas para realizar análisis filogenéticos que permitan saber de dónde provienen estas orcas y cuánto tiempo llevan diferenciándose de otros grupos.

“Para que el ecotipo sea aceptado, se necesitan más elementos y que el comité internacional de taxonomía de mamíferos marinos lo acepte y lo publique. Lo interesante es que [el artículo donde se propuso el ecotipo] ya ha sido citado y ya se han propuesto otros ecotipos en otros lugares. Eso es lo que nos ha motivado a continuar para tener más elementos y fortalecer la propuesta”, asegura el investigador Ortega Ortiz.

*Imagen principal: los investigadores analizaron muestras de piel de las orcas, lo que reveló que se alimentan de peces grandes como atunes y dorados, además de tortugas. Foto: cortesía Grupo Universitario de Investigación de Mamíferos Marinos (GUIMM) de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima

El artículo original fue publicado por Mariana Recamier en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cuando era niña, la lideresa indígena wichí Norma Rodríguez se apoyaba en las palabras de su abuela para saber si venía la lluvia o la sequía. Su pronóstico, recuerda, no fallaba. Viendo el cielo o a partir de la dirección del viento podía anticipar lo inminente. “Ahora eso no es posible, cambió mucho el clima”, dice desde la localidad Lote 8, ubicada en la provincia de Formosa, al noreste de Argentina.

La variabilidad climática tiene amenazas concretas en su tierra, próxima a la frontera con Paraguay. Entre las más duras están las crecidas de los ríos Pilcomayo y Bermejo por el aumento de las lluvias, que devienen en desbordes que afectan viviendas, animales y cultivos de muchas familias del Gran Chaco, la segunda región boscosa más grande de América.

Para adaptarse a estos cambios, las mujeres han aprendido a observar y vigilar su territorio con nuevas herramientas: celulares, mapas, pluviómetros —instrumentos para medir las precipitaciones— y grupos de WhatsApp les permiten monitorear estos cambios en directo y alertar a las comunidades cercanas.

Este paso se logró gracias a la conectividad a Internet y al programa Nanum Mujeres Conectadas que, desde 2020, promueve el uso de herramientas digitales en las mujeres del bosque chaqueño de tres países: Argentina, Paraguay y Bolivia. En total, el programa ha instalado 46 centros de conexión que abarcan 129 comunidades. Es decir, más de 100 000 personas de parajes aislados del Gran Chaco acceden actualmente a Internet gracias a estos centros.

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“Identificamos que el cambio climático afectaba de forma diferencial a hombres y mujeres en esta ecorregión. Así surge Nanum Mujeres Conectadas para darles acceso a las TICs [Tecnologías de la Información y la Comunicación] y mejorar su resiliencia climática”, afirma Silvina Sampastú, directora ejecutiva de la Fundación Gran Chaco (FGCH), una institución que promueve la sostenibilidad de organizaciones locales en la región y que lidera en Argentina este programa de inclusión digital creado por la Fundación Avina.

En Argentina más de 3000 productoras y artesanas indígenas forman parte de la iniciativa. En cada capacitación aprenden a leer mapas, chequear indicadores de niveles de agua, comparar cuadros meteorológicos y comprender la información que resulta del monitoreo. “La tecnología hoy nos permite mirar todo el tiempo cómo crece y baja el río”, dice la lideresa Rodríguez.

Esas nuevas tecnologías fueron implementadas en lugares físicos que las comunidades ya usaban como puntos de encuentro. El 80 % de los centros instalados, por ejemplo, se acondicionaron en locales de mujeres productoras y artesanas, quienes eran las coordinadoras territoriales de sus comunidades. Actualmente el trabajo en Argentina está concentrado en las provincias de Formosa, Chaco, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, impactando en los pueblos originarios wichí, qom y pilagá.

Como asegura la lideresa wichí Norma Rodríguez, el acceso también les ha traído beneficios sociales y económicos. “Nos ayuda mucho para poder comercializar nuestros productos, para organizar nuestros cultivos, comunicarnos con más personas y comunidades”.

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Nodos tecnológicos

El programa para conectar mujeres tiene un antecedente importante. Entre 2013 y 2019, se desarrolló un proyecto similar llamado Nanum Village, apoyado por Samsung, en el que se instalaron los primeros centros de conexión comunitaria equipados con computadoras, tablets y otros dispositivos de acceso a Internet.

La dirigente qom Olga Aparicio recuerda cuando, en 2015, se abrió uno de estos centros en la localidad formoseña Vaca Perdida. “Para la comunidad fue una explosión”, dice.

Hasta ese momento, para tener señal y comunicarse con ONGs o técnicos que visitaban la zona, Aparicio debía trasladarse a Ingeniero Juárez, una pequeña ciudad ubicada a 60 kilómetros por un camino de tierra. Para coordinar reuniones con otras integrantes de la Cooperativa de Mujeres Artesanas del Gran Chaco (COMAR) enviaba notas hechas a mano. “La mandaba en bicicleta y la mujer, desde otra comunidad vecina, leía la misiva y enviaba su respuesta. Así nos organizábamos”, recuerda.

En 2019 se realizó una encuesta a 122 personas de la zona y el 92 % respondió haber accedido por primera vez a Internet a través de un Centro Nanum.

Conforme se abrían más centros, la comunicación iba fluyendo entre las mujeres de las localidades aisladas del Gran Chaco. Cada dos semanas, en estos espacios se organizaban encuentros de alfabetización digital.

“Se diseñó un programa de formación por competencias, en donde no se enseña desde la herramienta, sino desde el saber hacer”, refiere Sampastú. En términos sencillos, el proceso no se centró en aprender Word, Excel o a tomar fotos, sino, por ejemplo, en hacer censos para identificar las organizaciones que había en la zona, mapear las comunidades para precisar las distancias y usar las redes sociales para comercializar las artesanías que producían, entre otras funciones.

Junto con profesionales del área de Género, Sociedad y Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales para América Latina (FLACSO), las comunidades vincularon las posibilidades tecnológicas con lo que sucedía en sus territorios.

“Aprendimos a usar la tecnología para que fuera útil para la comunidad”, dice Aparicio.

En las conversaciones entre pobladores y técnicos se buscó que el acceso y uso de esta tecnología atendiera también las dificultades vinculadas al cambio climático que enfrentan las comunidades. Sequías, inundaciones y vientos fuertes fueron identificadas como las principales preocupaciones.

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Prevención climática

El lado occidental de Formosa es el corazón del Chaco seco: una zona semiárida marcada por largas sequías fuera de la temporada de lluvias. La falta de infraestructura sanitaria complica el panorama. Según un estudio de la Fundación Plurales, el 41 % de los hogares en las provincias que integran la región del Gran Chaco no tiene agua.

La escasez hídrica obliga a caminar grandes distancias para recolectarla. Y esa labor recae muchas veces en las mujeres, quienes además asumen las tareas de cuidado familiar y el mantenimiento de las huertas.

El río Pilcomayo es uno de los pocos cursos de agua en el Chaco semiárido. Sin él, esta región sería casi un desierto inviable para la producción y vida comunitaria. Pero, a su vez, es una de las principales amenazas para las comunidades aledañas.

Nace en lo alto de la Cordillera de los Andes, en Bolivia, y baja hasta la llanura chaqueña funcionando como una frontera natural entre Argentina y Paraguay. Sus cauces son muy variables, ya que depende en un 95 % de las lluvias en la cuenca alta. Esto hace que alterne temporadas muy secas con picos altos de caudal.

En épocas de sequía, el río pierde fuerza para mover la gran cantidad de arena y piedras que carga, pues transporta más de 120 millones de toneladas de sedimentos al año. Este material se acumula en el fondo. Cuando llegan las lluvias y crecientes repentinas, el río ya no tiene profundidad en sus cuencas bajas y se desborda afectando a las comunidades vecinas. Las inundaciones provocan cortes de rutas y caminos, pérdida de animales de granja, ganado y cultivos.

De ahí que, desde hace décadas, los habitantes de la zona hayan impulsado esfuerzos para monitorearlo. A inicios de los años 2000, ante la lentitud del gobierno nacional y las autoridades locales para responder a esta problemática, los pobladores, junto con el investigador Luis María de la Cruz y técnicos locales del Chaco salteño y formoseño próximos al Pilcomayo, empezaron a monitorear de modo artesanal su flujo.

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“Al principio la comunicación fue a través de las radios comunitarias o por el sistema de salud. Alguien avisaba al enfermero que el río venía crecido, muy cargado o alguna característica anómala y él lo transmitía por radio a otros lugares”, describe el antropólogo Agustín Noriega, director territorial de la Fundación Gran Chaco, quien trabaja en la zona desde esa época. A ese esfuerzo lo llamaron Sistema de Alerta Pilcomayo.

Pero el método fallaba cuando la crecida sucedía de noche. Los avisos llegaban tarde, ya que las radios estaban apagadas a esa hora.

Otra dificultad era que no había mapas de las zonas de riesgo con precisión cartográfica. Por eso, desde 2015, la iniciativa trinacional Gran Chaco ProAdapt, coordinada en Argentina por la Fundación Gran Chaco, adoptó y tecnificó este esfuerzo comunitario y autogestionado.

Junto a geólogos, ingenieros y geógrafos, se estudió la dinámica del terreno, se desarrollaron mapas de riesgo hidrológico, se utilizaron imágenes satelitales para anticipar el movimiento del lodo y el agua y se distribuyeron nuevos pluviómetros a lo largo del curso del río.

Luego, gracias a la conectividad que llegó con los centros Nanum, la información climática se podía socializar en tiempo real a un mayor número de personas. “Todas las comunidades que están sobre el Pilcomayo ya tienen un sistema de alerta temprana, siendo las mujeres quienes tienen un rol protagónico en su promoción”, afirma Noriega.

Esfuerzo comunitario y transnacional

Al arrancar el día, Norma Rodríguez revisa su celular para ver los últimos reportes enviados en el grupo de WhatsApp Alertas Pilcomayo. Cada día, cientos de mujeres indígenas y campesinas de las comunidades aledañas al río y técnicos locales comparten fotos, videos y mapas del estado de las aguas.

“Hay gente de Bolivia, Paraguay y Argentina en el grupo. Entonces, si desde Bolivia avisan que el río está creciendo, la gente de nuestras comunidades se prepara”, cuenta la lideresa wichí desde el Lote 8, en pleno chaco formoseño.

El agua, afirma, tarda entre 48 y 72 horas en descender a las cuencas formoseñas. Por eso, tras una alerta, las mujeres movilizan a los vecinos para alejar a los animales de la ribera antes de que el caudal del río suba unos metros.

Ante un fuerte aumento de caudal, las poblaciones saben cómo actuar. En las comunidades más expuestas a los desbordes, el equipo técnico de Nanum ha impulsado planes de evacuación y relocalización. “Además del monitoreo diario, el programa tiene también una mirada climática de largo plazo”, señala Noriega.

De hecho, el Sistema de Alerta Pilcomayo tuvo su prueba más dura en febrero de 2018, cuando el río alcanzó su pico máximo de crecida y llegó a tener hasta 7.28 metros de profundidad en la entrada al Chaco salteño. En una temporada de lluvias normal, la profundidad puede llegar hasta 4.5 metros.

Ese verano en todo el curso del río se evacuaron a más de 10 000 personas. Si bien los desbordes produjeron daños materiales, las alertas evitaron pérdidas humanas.

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Las comunidades del Gran Chaco también cuentan con AdApp, una aplicación móvil —desarrollada por especialistas de la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (ACDI), aliada al proyecto— que comparte datos meteorológicos, anticipa eventos climáticos extremos y funciona de manera colaborativa. Varias mujeres cargan en la aplicación los registros de lluvia y disponibilidad de agua de su localidad tras revisar los pluviómetros instalados. De este modo, la información se retroalimenta continuamente.

Esta aplicación también ofrece recomendaciones climáticas para la actividad apícola, caprina y ganadera, como avisos de la llegada de heladas para proteger a los animales.

Este flujo y carga de información complementa la de los grupos comunitarios de mensajería (como WhatsApp y Telegram). Para fortalecer el alcance y la inmediatez, allí también se comparten los avisos del Servicio Meteorológico sobre la intensidad de los vientos y olas de calor.

Tecnología que potencia saber local

Para las mujeres wichí la artesanía es una salida económica y una práctica cultural milenaria. El insumo principal para sus productos es el chaguar (Bromelia serra), una fibra nativa que crece en esta ecorregión, pero ya no como antes. Las altas temperaturas han reducido los espacios donde esta planta crecía de forma natural. “El calor extremo la afecta. Hay días que superamos los 50 grados”, anota Rodríguez.

La pérdida de chaguar afecta también su independencia económica. Por eso, las mujeres indígenas y campesinas han buscado revertir esta vulnerabilidad mediante estrategias colectivas que se han fortalecido en los últimos años por el acceso a la tecnología.

Norma Rodríguez explica que la búsqueda de chaguarales —lugares donde crece el chaguar— se simplificó gracias al uso de mapas aprendidos en el programa Nanum Mujeres Conectadas. “Los mapeos nos ayudan a saber dónde hay algarrobos, dónde están las plantas para tintes o dónde encontraremos mayor cantidad de chaguares”, refiere.

En cada recorrido, las mujeres marcan con Sistemas de Información Geográfica las ubicaciones o coordenadas donde encuentran estas especies. Esas referencias les permiten hacer más eficientes y rápidas sus futuras búsquedas.

Asimismo, el saber con precisión cuándo lloverá les ayuda a decidir cuándo repoblar los chaguarales o sembrar sus alimentos. “Si vemos en las aplicaciones que habrá lluvia, sabemos que la plantación funcionará”, precisa la lideresa wichí.

A mediados de julio, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp se reportaba un bajo caudal del río debido a las escasas lluvias. Por ello, Olga Aparicio y otros pobladores de Vaca Perdida decidieron sembrar sus productos para autoconsumo en los humedales.

“No crecía tanto el río y nos fuimos al humedal. Metimos rastras para ablandar el suelo y eliminar malezas, lo cercamos y sembramos las semillas. Pudimos cosechar bastante sandía, zapallo, choclo”, cuenta Aparicio.

El programa Nanum también les ha traído nuevos beneficios a las mujeres artesanas del Gran Chaco. Las herramientas digitales se han convertido en una gran ventana para dar a conocer su trabajo ancestral.

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Aprendieron, por ejemplo, a sacar fotos y grabar videos del proceso completo para extraer los tejidos que utilizan de los chaguares. Cada paso de la confección de las prendas es registrado. Desde la separación de fibras, hasta el lavado, hilado y teñido. Ese material se sube en sus redes sociales para promocionar las creaciones de la cooperativa COMAR. El registro también lo hacen con sus tejidos a partir de lana de oveja.

“Conforme íbamos publicando, iban surgiendo más pedidos de distintas partes del país”, cuenta Aparicio. De hecho, el pico de conexión causado por el confinamiento durante la pandemia del Covid-19 intensificó el flujo de ventas de las artesanas de la cooperativa. “Tuvimos muchos encargos, reuniones virtuales, fue ahí donde incorporamos mejor la tecnología”, explica la artesana qom.

Actualmente son las mismas productoras quienes enseñan el uso de herramientas digitales en los centros Nanum al resto de la comunidad y afrontan los desafíos climáticos y económicos. Para Agustín Noriega, de la Fundación Gran Chaco, la resiliencia climática se concreta cuando las posibilidades tecnológicas son apropiadas por las comunidades. Y son ellas quienes las vinculan a sus actividades económicas y sus territorios.

“A fin de cuentas el manejo de todas estas herramientas facilita la gobernanza de las comunidades. Les facilita entender cómo están las cosas y también controlar el territorio”, sostiene.

El artículo original fue publicado por Oscar Bermeo Ocaña en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un proyecto petrolero a solo 220 kilómetros de las Islas Malvinas, al sur de Argentina, amenaza con alterar uno de los ecosistemas marinos más ricos y vulnerables del Atlántico Sur. Se trata del proyecto Sea Lion, una iniciativa operada por dos empresas –una británica y otra israelí-, que reavivó el conflicto por la soberanía de las islas del Atlántico sur entre los gobiernos de Argentina y Reino Unido. Según expertos argentinos, Sea Lion no tiene una evaluación de impacto ambiental aprobada en Argentina -ya que Reino Unido y el Gobierno de las islas no reconocen su soberanía- y existe el riesgo de un derrame en agua ultrafrías. Además, la Justicia argentina dictó una medida cautelar ordenando paralizar el programa petrolero.

La exploración offshore o costa afuera, el proceso de búsqueda de yacimientos de petróleo y gas natural en el lecho marino mediante tecnologías geofísicas y perforaciones en alta mar, con capacidad para procesar aproximadamente 120 000 barriles diarios de petróleo y 140 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de acuerdo a la demanda presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas La Plata (CECIM).

En medio de la escalada del conflicto geopolítico, que tuvo su mayor pico de tensión durante la guerra de 1982, la Justicia federal argentina ordenó suspender las operaciones debido a la falta de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) validada a nivel nacional.

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Esta medida, dictada por la jueza federal Mariel Borruto, está basada en los principios de prevención y precaución de la legislación ambiental argentina. Según el dictamen, el proyecto avanza de forma ilegal en la plataforma continental argentina, careciendo de las autorizaciones oficiales que garanticen que la actividad no desencadenará un impacto ecológico en la región.

Rafael Colombo, coordinador de Clima y Energía y asesor legal de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, explicó a Mongabay Latam que entre los principales riesgos ambientales del proyecto petrolero se encuentran las perforaciones, movimientos del lecho, circulación de embarcaciones, contaminación acústica submarina y utilización de químicos y derrames petroleros.

“Estos riesgos forman parte del ADN de la industria hidrocarburífera offshore a lo largo del mundo, integrado de un extenso historial de desastres debido a explosiones, derrames, incendios, filtraciones y escapes, que han generado pasivos ambientales de enorme magnitud y daños difíciles o imposibles de revertir”, afirmó Colombo.

El experto añadió que, debido a las corrientes marinas en esa zona, todos estos impactos, pueden incluso expandirse sobre áreas de alimentación, reproducción y migración de especies marinas entre el Mar Argentino, las Islas del Atlántico Sur y la Antártida.

“La ecorregión del Mar Argentino comprende las aguas de la plataforma continental y sostiene una enorme productividad biológica, pues allí viven, se reproducen o se alimentan alrededor de 300 especies de peces, además de ballenas francas australes, lobos y elefantes marinos, pingüinos de Magallanes, albatros, petreles, cormoranes, orcas, delfines, tiburones y rayas”, detalló Colombo.

Flavio Quintana, biólogo del Centro Nacional Patagónico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Cenpat-Conicet), dirigió un estudio que investigó la conducta de distintas especies marinas y aves de la región, informó Conicet en 2022. Llegó a la conclusión de que las aguas adyacentes a las islas Malvinas conforman un único ecosistema marino junto al resto del mar patagónico argentino. 

El trabajo científico se centró en estudiar a los animales cuando se encontraban mar adentro, volando o buceando en aguas profundas lejos de la costa. Se realizó desde 1997, colocando registradores electrónicos de localización y comportamiento en distintas especies de cormoranes, pingüinos y petreles gigantes. Los datos obtenidos permitieron conocer las áreas marinas de importancia para estas y otras especies, los tiempos de permanencia en dichas áreas y el potencial de interacción entre los animales y las actividades del hombre en el mar.

Además, el estudio muestra que las especies investigadas se reproducen y transitan tanto en la plataforma continental argentina como en las Islas Malvinas, conectando todo el mar patagónico en una sola unidad ecológica.

Afectación a la fauna marina

Colombo puso como ejemplo al león marino, que se encuentran sobre la plataforma continental argentina, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. El hábitat de estos ejemplares, según Colombo, se encuentra cercano a los bloques petroleros identificados por las empresas de Sea Lion como PL032 y PL004B.

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“El proyecto contempla dos primeras fases con 23 pozos submarinos: 16 productores, seis de inyección de agua y uno de gas, incluyendo cañerías, equipos sobre el lecho marino y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga”, explicó Colombo. El plazo de duración se estima en 30 años a partir de 2028. “La escala, dificultades logísticas, complejidad para operar y la proyección temporal del proyecto, junto a los riesgos propios del offshore ya reseñados, colocan en situación de vulnerabilidad al ecosistema marino”, agregó.

Esta iniciativa es operada por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65 % del proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration tiene el 35 % restante. Mongabay Latam escribió peticiones de información a los correos corporativos de ambas empresas para conocer su posición ante las críticas, pero no tuvo respuesta.

El avance del proyecto Sea Lion generó una respuesta del gobierno argentino. El presidente Javier Milei afirmó que la explotación de hidrocarburos en esa zona requiere autorización nacional y, por eso, el Ejecutivo argentino impulsa en el Congreso de ese país el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca ampliar el alcance de las sanciones aplicables a empresas y actores vinculados con actividades de explotación de recursos naturales sin autorización argentina.

Milei anunció el 3 de septiembre que buscará aumentar las sanciones en su país a petroleras con actividades en las islas Malvinas. El mandatario también afirmó que creará una base naval en la zona de Tierra del Fuego. “Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina”, dijo el presidente argentino en un discurso por cadena nacional. El mensaje de Milei se dio días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que está dispuesto a revisar la posición de Estados Unidos sobre la soberanía de las islas.

El gobierno de las Islas Malvinas, con respaldo del Reino Unido, extendió por cinco años las licencias petroleras offshore en medio de la escalada de tensión diplomática y judicial con Argentina. Esta prórroga, con una cláusula para sumar dos años más si se cumplen metas de trabajo, da estabilidad al proyecto Sea Lion.

En este contexto, la demanda contra el proyecto Sea Lion fue presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Esa acción judicial fue entregada en septiembre con el fin de frenar el proyecto petrolero Sea Lion en la plataforma continental argentina. 

Zona con extremo frío

La principal preocupación de la comunidad científica y las organizaciones ecológicas argentinas radica en las condiciones extremas de la zona elegida para las perforaciones. A diferencia de las explotaciones en mares templados, el Atlántico Sur presenta temperaturas extremadamente bajas.

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Hernán Pérez Orsi, marino e investigador de Océanos y Energía, advirtió que, ante un eventual derrame de hidrocarburos, el frío ralentizaría drásticamente la descomposición y limpieza natural del crudo, provocando que la contaminación permanezca en el agua durante décadas.

Además, el investigador explicó, en contacto con Mongabay Latam, que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) por la quema del petróleo producidas por Sea Lion también será uno de los impactos de mayor preocupación. En su demanda ante la Justicia argentina, Abogados Ambientalistas sostuvo que la emisión del proyecto sería de 9 millones de toneladas de CO2 durante el desarrollo y más de 100 toneladas por la quema de petróleo extraído, mientras Pérez Orsi comparó esas emisiones con las de Argentina, que emitió 171 millones de toneladas de CO₂ en 2024.

“La exploración petrolera en el mar intrínsecamente conlleva riesgos ambientales más altos y sus daños potenciales resultan más difíciles de controlar y cuantificar. Todo el ecosistema está sujeto a impactos. Las tareas de exploración que ya se llevaron a cabo incluyeron exploración sísmica, que consiste en la emisión de sonidos muy fuertes que viajan por la columna de agua hasta el lecho marino y allí provocan un pequeño sismo”, remarcó Pérez Orsi.

El experto añadió que el ruido submarino es una forma de contaminación que puede afectar negativamente a la fauna marina, desde el zooplancton hasta las grandes ballenas. “El ruido puede modificar el comportamiento habitual de los animales, enmascarar su comunicación, dificultar la percepción del entorno, desplazar de hábitats relevantes, provocar reacciones de estrés, interferir con sus funciones vitales, reducir la disponibilidad de presas y en casos extremos de exposición al ruido puede causar lesiones directas e incluso la muerte”, dijo.

Pérez Orsi afirmó que luego de la exploración vienen las perforaciones, ya sea exploratorias, de catas, diseño o de extracción, “que traen la amenaza de grandes derrames y la certeza de impactos directos por contaminación química y acústica, intrínsecos de la operación”.

“El petróleo crudo derramado puede dañar a los seres vivos debido a la toxicidad de sus componentes químicos. Esto afecta a los organismos tanto por exposición interna al petróleo, ya sea por ingestión o inhalación, como por exposición externa, a través de la irritación de la piel y los ojos. El petróleo también puede asfixiar a algunas especies pequeñas de peces o invertebrados, y cubrir sus plumas y pelaje, reduciendo la capacidad de las aves y los mamíferos para mantener su temperatura corporal”, detalló Pérez Orsi.

*Imagen principal: imagen de referencia. Plataforma petrolera offshore. Foto: Gobierno de Argentina.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Mientras en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile avanza un proyecto de ley que busca establecer medidas para capturar y controlar a perros asilvestrados y eximir de responsabilidad penal a quien actúe en defensa ante un ataque de estos animales, científicos cuestionan la categoría sobre la que se construye el proyecto y las soluciones propuestas.

“No sé si es el mejor enfoque porque la evidencia muestra que los perros que ocasionan mayor daño no son asilvestrados”, dice Darío Moreira, académico del departamento de Gestión Agraria de la Universidad de Santiago de Chile e investigador asociado del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB).

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Los perros asilvestrados o ferales, aclara Moreira, conforman una categoría distinta a la del perro socializados, aunque se trata de la misma especie. Detalla que una de las mayores diferencias es que no tienen contacto con los humanos. “Hasta donde yo tengo entendido, no hay evidencia de poblaciones en Chile de perros que sean completamente ferales”, agrega.

Para Eduardo Silva, profesor e investigador de la Universidad Austral de Chile, “el problema de fondo es que en casi todos los casos hay un responsable humano detrás”. Es decir, en gran medida, canes que tuvieron o tienen tutor son los que atacan al ganado o a la fauna silvestre y no los llamados ferales o asilvestrados.

Por eso, a su parecer, la problemática podría solucionarse hasta “en un 80 % o 90%” al exigir tenencia responsable. Esto incluye la obligatoriedad de chips de identificación para perros, la prohibición de que los animales estén en las calles y la implementación de la “fiscalización estricta”.

A los especialistas les preocupa principalmente el impacto que estos animales tienen en especies nativas y amenazadas, que va más allá de los ataques. También se ha registrado desplazamiento de especies amenazadas y transmisión de enfermedades.

Además, entre 2011 y 2019, los perros fueron responsables del 68.3 % de las muertes por eventos de depredación de ganado registrados en Chile, de acuerdo con un estudio publicado a inicios de 2026 en la revista Ambio. Los pumas (Puma concolor), depredadores nativos, quedaron detrás con el 27 %.

Esta investigación, en la que participó Moreira, también halló que las regiones más afectadas son Magallanes, Los Lagos, Los Ríos, Aysén, La Araucanía y Biobío. Las ovejas fueron la especie más afectada, seguida por las cabras y las vacas.

Grises entre lo doméstico y lo silvestre

El perro es una de las especies de carnívoros más abundantes del planeta, por lo que el problema no es nuevo, explica Elke Schüttler, académica de la Universidad de Magallanes e investigadora asociada al Centro Internacional Cabo de Hornos.

Científicos empezaron a documentar las interacciones con vida silvestre hace unos 20 años y, más recientemente, usuarios de redes sociales han contribuido a visibilizarlas a través de la publicación de imágenes y videos. La situación se repite en otros países de Sudamérica y también de África y Asia, “donde la cultura es dejar a los perros en libertad de movimiento”, precisa la experta.

Schüttler ha trabajado en la isla Navarino, en el archipiélago de Tierra del Fuego, desde hace 15 años. Allí, donde no hay depredadores naturales y las especies no desarrollaron estrategias de defensa, los perros se convirtieron en el depredador tope, dice la científica. La isla es parte de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos.

A pesar de que el pueblo indígena yagán ha vivido miles de años en el territorio, junto a los llamados “perros fueguinos”, llegaron muchas más mascotas cuando se instaló la base naval en 1953. “El alto flujo de personas y el libre movimiento de sus perros hizo que estos se acerquen al bosque”, cuenta la científica.

Así como sus colegas, no puede poner una línea clara entre los perros asilvestrados y los socializados. Tras realizar varios estudios, concluye que “hay un continuo” entre estas categorías. Pone el siguiente ejemplo: un perro de casa puede desaparecer semanas en el bosque, comportarse como perro silvestre obteniendo sus propios alimentos, pero después vuelve a casa con sus tutores.

También encontró casos en los que perros abandonados se alejan de la zona urbana, cazan especies nativas del bosque, forman manadas y tienen crías, pero después esas crías son adoptadas por campesinos que quieren evitar que ya de adultos ataquen al ganado.

En otro proyecto todavía en desarrollo, la científica y su equipo identificaron con cámaras trampa una serie de perros que se movían en el bosque. También levantaron una base de datos de mascotas de Puerto Williams, ya sean perros con tutores o callejeros. Contrastaron ambas bases de datos y, por descarte, encontraron los que consideran son perros asilvestrados.

Después indagaron sobre qué hábitat prefieren y encontraron que buscan la cercanía a poblados y estancias. Los expertos creen que esto se debe al mayor acceso a ganado, desechos y basura.

En el mismo proyecto hicieron análisis genéticos entre individuos asilvestrados y perros del pueblo. Encontraron que “la población asilvestrada no constituye un linaje genéticamente aislado, sino que forma parte de un sistema demográfico conectado en el que persiste flujo génico entre los distintos grupos de perros”, de acuerdo con el informe al que accedió Mongabay Latam.

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Otro estudio les permitió corroborar, al analizar fecas, que el 64 % de la dieta de estos animales correspondía a vacas o caballo, el 14 % a castores (Castor canadensis) –una especie de Norteamérica introducida en Navarino– y el 10 % a aves.

Por estos grises en la categorización, las políticas chilenas orientadas a atacar a los perros asilvestrados “han fracasado”, opina Schüttler.

Impactos en la fauna silvestre

El investigador Eduardo Silva también es coordinador de Snapshot Chile, una iniciativa de monitoreo estandarizado de mamíferos. Cada año, entre octubre y diciembre, voluntarios y el organismo de Parques Nacionales colocan hasta 2000 cámaras trampa en todo el país.

El objetivo, dice Silva, es obtener una “foto anual” de la fauna chilena. Las capturas también revelan la presencia de especies no nativas, entre ellas, el perro. Aunque los canes aparecen a lo largo del país, su presencia es “muy preocupante” en áreas protegidas del norte, precisa.

Para el especialista, estos datos ayudan a corroborar que en espacios biodiversos “no hay menos perros” y que “las políticas [de control] no han sido efectivas”. “Prueba de ello es que en la mayor parte de las áreas que se han evaluado por largo tiempo, no tienen evidencia de que el problema se reduzca en el tiempo”, dice.

Darío Moreira, investigador de la Universidad de Santiago de Chile, está evaluando la presencia de estos animales en áreas protegidas y su impacto en la fauna nativa. De manera preliminar, detalla que se halló que los perros están entre las especies no nativas más frecuentes en el país, solo superadas por las vacas y las liebres, estas últimas ya naturalizadas en Chile.

En otros estudios, Moreira y sus colegas han observado que en presencia de perros de libre deambular, algunas especies de la fauna nativa modifican sus patrones de uso del espacio. El pudú (Pudu puda) –uno de los ciervos más pequeños del mundo–, el zorro chilote (Lycalopex fulvipes) y el zorro chilla (Lycalopex griseus) se excluyen de las zonas de bosque nativo usadas por perros o tratan de ser menos activos durante el día para no coincidir con ellos por sus hábitos diurnos.

El patrón de actividad diurna de los perros también coincide con el de especies como el huemul (Hippocamelus bisulcus) y el guanaco (Lama guanicoe), lo que expone más a estas especies nativas a los ataques, dice Moreira.

“Prácticamente todos los mamíferos de mayor tamaño corporal en el país tienen evidencias de ataques por perros”, añade Silva. Esto incluye al gato colocolo (Leopardus colocolo), la güiña (Leopardus guigna), el pudú, el zorro chilote, el huillín (Lontra provocax) y el chungungo (Lontra felina).

En un proyecto recientemente finalizado, pero todavía no publicado, en el que se colocaron radiocollares a zorros en zonas urbanas y rurales de Valdivia, la mayoría de muertes registradas fueron causadas por perros, relata Silva. En la zona urbana, la totalidad de los casos, con y sin collar, correspondió a ataques de perros. Se documentaron siete casos desde 2024 en el sector Isla Teja en Valdivia.

Algunos de los atacantes fueron identificados en terreno como perros comunitarios. En ninguno de los casos hubo consumo de la presa, un comportamiento común en carnívoros que matan por competencia del espacio y no por alimentarse.

Silva y Moreira también alertan sobre los riesgos sanitarios. En el pasado ya se ha obtenido evidencia de zorros con sarna transmitida por perros. El distemper canino y el parvovirus son otras dos amenazas, pues se mantienen en poblaciones urbanas de perros conectadas con fauna silvestre. Especies como los zorros podrían contagiarse.

Tenencia y turismo responsables

En la isla Navarino, una investigación liderada por Elke Schüttler encontró que la mitad de los 37 perros monitoreados con collares GPS superaron los 500 metros del borde urbano y el 13.5 % realizó excursiones a más de 10 kilómetros del hogar, según la investigadora

La isla alberga el circuito de trekking más austral del mundo, donde turistas han filmado y difundido en redes sociales encuentros con perros. A la científica le preocupa el impacto de una manada de perros sobre especies nativas como el guanaco.

En un estudio publicado en 2022, junto a su equipo determinaron que los turistas actúan como vectores que facilitan el ingreso de perros a la naturaleza. A través de cámaras trampa y cuestionarios confirmaron esta interacción. Después, en una investigación publicada en 2025 encontraron que el estímulo principal que hacía que los perros siguieran a los turistas fue la comida. A partir de estos hallazgos, Schüttler propone diseñar políticas para concientizar a los turistas.

En una investigación mediante collares de posicionamiento satelital y un experimento de apego observaron que los animales con alta conducta exploratoria y bajo interés en la presencia del dueño se alejaban más. Por eso, las políticas deben dirigirse a los tutores, afirma Schüttler. Junto a su equipo encontraron que fortalecer el vínculo ayuda a que los perros sin restricción de movimiento no se alejen tanto de su hogar.

La científica, de origen alemán, identificó además un factor cultural. En Chile, dice, los perros pequeños suelen estar dentro de casa, mientras que los grandes afuera, lo que debilita el vínculo. Para la científica, la estrategia más efectiva es fomentar la tenencia responsable a través de diferentes vías de sensibilización, no solo multas.

En sus estudios, Silva ha observado algo en la misma línea. Atribuye la presencia de perros en zonas rurales, áreas protegidas y zonas urbanas con fauna silvestre a la tenencia irresponsable. En la mayor parte de las áreas protegidas que ha analizado, la mayoría de los animales identificados tienen tutor. Recalca que existen excepciones donde es probable que no tengan propietarios.

Para Silva, el debate sobre el control letal versus la tenencia responsable pierde de vista el punto central: “Ninguna estrategia va a funcionar si las mascotas no permanecen dentro de sus propiedades”. Enfatiza que los países con programas exitosos de manejo poblacional de perros son estrictos respecto al libre deambular.

Moreira coincide e insiste que a esto se suma la exigencia del registro del animal y el uso del chip vinculado a un humano, como herramienta para fiscalizar a los tutores. También son importantes, dice, la obligatoriedad de esterilización, desparasitación y vacunación a las mascotas.

Finalmente, aunque es una postura muy criticada por ciertos sectores, Moreira y Schüttler consideran que en las áreas protegidas y zonas donde habita fauna nativa no debería haber perros, lo que implica tomar medidas para su retiro siempre bajo los estándares de bienestar animal más altos.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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