Por momentos, en la Argentina estamos condenados a las repeticiones eternas. Cambian las máscaras, a veces también los actores, pero no determinados comportamientos. Estos, que de alguna manera se imponen a las personas, son los engranajes de una suerte de máquina que se volvió autónoma y parece actuar por encima y más allá de los argentinos. Una máquina que nos hace decir que “esto no cambia más”, que “los argentinos somos así” y que hay que bajar la cabeza y tirar para adelante porque “las cosas siempre fueron iguales”.

Pienso en la inflación, en el aumento de la pobreza, en los déficits de infraestructura, en la decadencia de la educación, en los problemas con el sistema judicial, en la corrupción general, en la inseguridad, en los bajos salarios, en la economía informal, en la inequidad tributaria, en la fragmentación social, en la corrupción, en la deuda externa. La lista podría ser inagotable. Estos fenómenos nos condenaron a pensar solo en sobrevivir al día a día y, en consecuencia, nos privaron y nos privan de pensar en el futuro; de proyectarnos sobre una idea y de arrojarnos hacia ella. Nos privaron y aún nos privan de aspirar a tener una buena vida. De alguna manera, generan la falsa sensación de que las cosas son irreversibles.

Recordemos a Neo, el protagonista de Matrix, que debía elegir entre una pastilla azul y una roja. La azul prolonga el estado de las cosas. La roja, en cambio, puede cambiar la realidad. Este libro está enmarcado en esa metáfora, que utilizo para analizar el modo en que se ha sedimentado una forma de ejercicio del poder político en la Argentina. Más allá de las coaliciones que ocasionalmente ocupan los roles de gobierno, siempre nos sentimos condenados a la repetición. Esta es la pastilla azul.

Pero también voy a plantear que está en nuestras manos desenredar esa madeja que constriñe la potencia de las grandes mayorías. Hablaré, por lo tanto, sobre la posibilidad de generar nuevos escenarios desde los cuales pensar ejercicios diferentes del poder político. Si lo logro, se verá con mucha claridad que la condena no existe, que vivir de otro modo es posible, que para ello no hacen falta grandes traumas sociales sino tomar algunas decisiones atadas a una idea diferente de sociedad, a sueños grandes, pero alcanzables. Estas decisiones quizá no tengan la capacidad de llamar la atención pública pero, en cambio, tal vez sean capaces de transformar la realidad desde nuevas bases. Esta es la perspectiva de la pastilla roja.

La pastilla azul, la de la permanencia, es la concepción científica de la política, que no es otra que la del liberalismo político. Sin embargo, no es el liberalismo político en sí mismo el problema, sino la forma en que ese liberalismo fue recibido en estas tierras. Es decir, su imbricación con formas culturales muy específicas. Desde mi punto de vista, allí está la clave de que en nuestro país las mayorías no logren tener una buena vida. Transformar la perspectiva liberal —es decir, dejar de consumir la pastilla azul— es un imperativo moral que se completa con la decisión firme de tomar la pastilla roja, que contiene como principio activo la milenaria tradición republicana y democrática.

Recordemos que, de acuerdo con las constituciones de Occidente, todos deberíamos tener una vida relativamente buena y feliz. Y, de hecho, la tradición republicana pivotea sobre dos grandes principios que deberían generar las condiciones para que la vida del hombre de carne y hueso sea como las constituciones occidentales la describen: garantizar a todos el derecho a la existencia y conseguir la extensión universal del derecho de propiedad. Juntos hacen posible una concepción diferente de la libertad. Esta se define por no reconocer otro señorío que el de la ley, entendida como expresión de la voluntad común, y que no acepta siquiera la posibilidad de una interferencia externa. Se distingue así de la concepción liberal de la libertad, concebida en términos negativos frente a los demás.

La pastilla roja contiene el principio activo del cambio. Los elementos que la componen no son externos al mundo, no están fuera de la historia. Yacen en el interior de cada persona, son parte constitutiva de la condición humana. Dios, o la Naturaleza, nos dotó de razón. A la par, nos hizo criaturas débiles para otras cosas. No toleramos el frío sin abrigos o el calor sin la sombra de los árboles, por ejemplo; no tenemos velocidad para huir de los depredadores, ni fuerza física suficiente para vencerlos. Pero Dios, o la Naturaleza, nos hizo naturalmente sociables para paliar nuestras debilidades. Esta es una gran diferencia, porque los humanos tendemos a asociarnos para hacer posible el milagro de sobrevivir y vivir la vida en común, aun en medio de la discordia constante o potencial.

Kant sostenía que el antagonismo era la fuente de desarrollo de las disposiciones del hombre y la causa de los órdenes legales, específicamente por lo que llamaba “insociable sociabilidad” de los hombres. Esto es, la inclinación natural a formar una sociedad que convive con la amenaza de disolverla. Pero es la misma sociabilidad la que nos vuelve perfectibles. En palabras de Rousseau, “existe una cualidad muy específica que los distingue [a los hombres]… y ella es la facultad de perfeccionarse; facultad que, con ayuda de las circunstancias, desarrolla sucesivamente todas las demás…”. Esto es genial. Los humanos modificamos nuestra forma de vida en la intersubjetividad. Es decir, afectándonos con los semejantes.

Gracias al rasgo de la sociabilidad, tendemos a juntarnos con otros. También tendemos a tomar productos de la naturaleza, transformarlos e intercambiarlos para poder garantizar nuestra existencia. Los seres humanos también nos organizamos naturalmente para vivir en común, bajo algunas reglas establecidas por acuerdo. Sin los demás no podemos lograrlo. Pero tampoco nos gusta someternos a nadie. Por eso nos servimos de sistemas de reglas basadas en nuestro consentimiento. Se trata de crear las condiciones para que los más fuertes no sometan a los más débiles. Sin embargo, a veces un conjunto de reglas, por más perfectas que sean, no alcanzan. Es preciso también crear algunas condiciones básicas como sustrato para vivir juntos en una comunidad. Por esa razón nos servimos, además de las leyes, de algunas disposiciones institucionales que las complementan. De ello va la pastilla roja.

Sin embargo, los argentinos consumimos la pastilla azul. Sus principios activos van en contra de las disposiciones de la condición humana. Sus efectos, o sus posibilidades de hacerse reales, lo revelan con claridad. No obstante, el paradigma de la pastilla azul se nos impone y la realidad se nos presenta como un conjunto de hechos consumados. Veamos algunos ejemplos. Desconfiamos de los demás. Vivimos en una competencia destructiva latente (y a veces permanente) con otras personas. Nos aprovechamos o sufrimos las asimetrías de poder. Asignamos dispensas morales a los amigos y exigimos una severa aplicación de la ley con los que no lo son. Trazamos fronteras artificiales para dividir la vida en pública y privada, aunque la vida es una.

Esta es una escisión más profunda que separar las esferas públicas —como puede ser una instancia de diálogo colectivo— de los tópicos de la vida privada, como los hábitos de vida en el hogar. Es distinto porque fija las fronteras de lo que se puede modificar y lo que no. Es en definitiva la base real que hace posible la gobernanza de la pastilla azul. 

ED

Durante estos tiempos tan agitados de nuestra vida pública, derivados del proceso electoral en el que se define nada menos que un premio que es indivisible como la Presidencia de la Nación, a veces de manera muy clara y a veces no tanto, se utiliza mucho el recurso al “Estado de derecho” y al de la “gobernabilidad”. De ello, me voy a ocupar. Son conceptos que pueden ir juntos o ingresar en una contradicción muy costosa para la vida de todos los ciudadanos. Se trata de esas oraciones que parecen abstractas, pero que nos pueden cambiar la vida a todos.

En un texto exquisito, Guillermo O’Donnell señaló que “como ciudadanos/as y miembros de la nación/pueblo tenemos un derecho público irrenunciable al Estado…a uno que…se conviert[a] en un co-constructor…del bien común”. Esta afirmación lógicamente está anclada en una justificación teórica. Pero me interesa desarrollar brevemente esa premisa en relación con un concepto muy en boga en estos tiempos, que atraviesa a nuestras élites políticas. Por razones que no puedo señalar aquí, hay una cierta obsesión por conseguir “gobernabilidad”. Hay un consenso relativo en que “gobernabilidad” significa ocupar los roles de gobierno y tener la capacidad de diseñar y, sobre todo, implementar políticas públicas. El interrogante es quién y cómo lo hace.

El derecho público irrenunciable a un Estado es una de las cosas mágicas que tiene la vida en común, porque nacemos arropados y protegidos por derechos que nos obligan a ser protagonistas de la construcción de una vida organizada en base a esos propios derechos, ya que nuestras decisiones son fuente de leyes. Sin embargo, la forma en que se define a la “gobernabilidad” apunta a un pacto entre élites políticas, que no tiene en consideración la voluntad del verdadero soberano, el ciudadano. 

No se trata de conceptos contradictorios. Son compatibles con la condición de que la relación entre gobernantes y gobernados sea firme, porque los acuerdos entre las élites serían el resultado de discusiones plurales derivadas de la arena institucional. Esto es, el resultado de la apuesta democrática. Pero la realidad es diferente. En nuestro caso esa relación entre los gobernantes y los gobernados esta dañada. Las élites políticas tienen de hecho una autonomía relativa con respecto a los ciudadanos y, por lo tanto, su dinámica no tiene mayormente en cuenta a la ciudadanía que, además, también se mueve con cierta indiferencia con respecto a la vida pública. Eso se vio con claridad en los procesos electorales de este año.

No puedo detenerme en ese hiato, pero lo que hay que retener es que de la tensión deriva un riesgo. ¿En una república democrática, puede haber gobernabilidad a expensas de un Estado de derecho? El Estado de derecho es el gobierno de la ley y no el de la voluntad de los hombres. Si ello fuese así, las leyes que organizan la vida se verían reemplazadas por otro tipo de acuerdos. En consecuencia, nuestro derecho público a un Estado quedaría, como hipótesis de mínima, suspendido. Dejaríamos de tener la chance de participar de la construcción del bien común.

Se trata de un fenómeno extraño. Uno de los rasgos que distingue al Estado es el monopolio legítimo de la fuerza, es decir, la capacidad de emitir decisiones autoritativas y que se cumplan. En el supuesto de la “gobernabilidad” autónoma de las élites, las decisiones podrían tomarlas grupos sociales por intereses alejados del bien común. Podrían colonizar las instituciones. Por ejemplo, tener a su servicio a las fuerzas de seguridad, a los tribunales, a los ministerios y la burocracia en general responderían a intereses que no son los de la nación/pueblo. 

Esta es la tensión. No se bien como se resuelve. Pero es evidente que la democracia nos proporciona un insumo importantísimo. Me refiero al sistema legal. Todo el andamiaje institucional esta sostenido en una infraestructura legal. En lo que aquí interesa, las leyes organizan el funcionamiento del Estado y, esto es decisivo, nos reconocen a los ciudadanos como sujetos de derecho. Esto es, nos asignan voz y voto. Nos permiten participar. Nos permiten aprobar y desaprobar. Nos permiten hablar entre nosotros, reunirnos, organizarnos, interpelar a las élites y, de acuerdo con los procedimientos legales, nos permiten sentarnos a las mesas de discusiones. Nos permiten exigir rendiciones de cuenta a los funcionaros y a los propios ciudadanos.

Es cierto que, sobre todo en materia de igualdad, las leyes no tienen capacidad de cambiar la realidad. No obstante, nos abren un abanico de posibilidades para cambiar lo que nos plazca, siempre que cumplamos con la propia ley. De hecho, las recientes PASO del 13 de agosto exhibieron la autonomía de los ciudadanos que fueron a votar, cuyas consecuencias fueron analizadas por expertos en este medio. Lo interesante es que todas esas acciones fueron un resultado de un procedimiento legal.

A lo mejor el rol que le asigno al sistema legal suena a quimera en nuestro país. Somos testigos que, salvo la ley de gravedad, el resto de las normas se cumplen solo si nos favorecen. De lo contrario se eluden, tuercen o se incumplen. Pero es evidente que nuestro derecho público a un Estado para participar de la construcción del bien común depende, entre otras cosas del cumplimiento de la ley. Hoy, la ley pasa de mano en mano. Es un deber de los ciudadanos corregir eso, ya que la ley tiene un componente moral muy importante. Insisto. Nos reconoce como agentes que podemos organizar la sociedad. Es maravilloso.

La “gobernabilidad” definida por élites nos aleja de todo ello. Eventualmente, viviríamos bajo un régimen en condición de sujetos pasivos cuya libertad se limitaría a cumplir las directivas de los grupos que ocasionalmente ocupen los roles de gobierno. Por esa razón, O’Donnell advirtió sobre los riesgos derivados de la pobreza legal. La pobreza legal, tiene múltiples causas. Me interesa señalar dos. La primera es que se trata de una fuente muy poderosa para la construcción de “gobernabilidad” a expensas de los ciudadanos. La segunda, es que se alimenta de nuestra indiferencia hacia el sistema legal. El sistema legal es la base del régimen democrático. Sostenerlo, cumplirlo, engordarlo, luchar por su significado y exigir que quienes lo violen rindan cuentas, es una tarea irrenunciable de los ciudadanos. Tan irrenunciable como el derecho a la construcción de un Estado capaz de garantizar el bien común.

FD/MG

En términos conceptuales, parte de la reacción social frente al crimen de Cecilia nos muestra en carne viva la distancia que existe entre la promesa constitucional que garantiza un buen servicio de justicia y la vida real. A 40 años de la recuperación de la apuesta democrática, una parte importante de la sociedad chaqueña en particular y de los argentinos en general, sospechan acerca del desempeño del sistema judicial. Básicamente perciben que el poder instituido tiene la capacidad de incidir en la resolución del caso. El de Cecilia es un hecho policial. Pero sus protagonistas tienen fuertes lazos con el poder político, como lo demostraban las boletas electorales del domingo pasado. Esa combinación genera la representación de una posible impunidad.

No tengo elementos para corroborar la hipótesis. Pero me interesa reflexionar sobre la sospecha que es igual de grave, ya que pone en tela de juicio la palabra de la ley que es la gramática de la república democrática. Además, aunque en este supuesto se trata del dispositivo judicial chaqueño, me parece que la crisis de credibilidad se extiende desde Ushuaia a La Quiaca cuando se trata de hechos delictivos que de alguna manera están relacionados con el poder instituido. La pregunta es ¿Por qué?

Los ciudadanos tenemos un saber práctico que deriva de nuestras propias experiencias de vida. Ello quiere decir que registramos las formas en que se dirimen -en este caso- los delitos que rozan al poder político. Esa memoria histórica nos enseñó que la intensidad con que se aplica la ley es más débil en este tipo de sucesos. También nos enseñó que es vital el paso del tiempo porque las demoras generan posibilidades para la impunidad. En otras palabras, la memoria histórica muestra que la ley no se aplica de manera pareja y que en esa dinámica es crucial la administración de los tiempos. 

De hecho, estos días vimos a través de los medios de comunicación masiva intervenciones azarosas de ciudadanos chaqueños que ligaban el temor a la impunidad con la visibilidad mediática del crimen. Allí yace una de las claves de la sospecha. Ello es así porque, en general, los casos que involucran al poder tienen dos velocidades. Ambas dependen de su visibilidad. Avanzan rápidamente cuando la cobertura es alta y, a la inversa, caen en una meseta cuando la atención de los medios disminuye. Ello es un problema, pero es real. Basta elegir cualquier caso de alto impacto y cotejar estas diferentes velocidades. Ello significa que la chance de administrar la aplicación de la ley de formas no queridas por la constitución depende, en gran medida, de tener la posibilidad de controlar el tiempo del proceso. Es más, allí está anclado el “al final acá nunca pasa nada” Hay que retener, entonces, que uno de los vectores por los que se fabrica la impunidad se relaciona con el manejo del tiempo. La pregunta es ¿Para qué?

Para responder es preciso hacer un ejercicio de abstracción y separar el crimen puntual de Cecilia de una dinámica mucho más general y profunda que se relaciona con el modo en que se ejerce el poder en nuestro país. En efecto, el ejercicio del poder en la Argentina supone, de hecho, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. La sedimentación institucional funciona en la práctica en derredor de esa premisa no escrita. Me ocupe de ello en “República de la Impunidad” (Ariel, 2020)

Ello genera que muchas veces la institucionalidad funcione “como si” Es decir, se cumplen solo formalmente los pasos institucionales. El aparato judicial puede hacer múltiples allanamientos, recabar innumerables testimonios y ordenar infinitas pericias, pero luego ese material puede no procesarse de acuerdo con los procedimientos legales. Para que ese “como si” sea viable, administrar el paso del tiempo es crucial. Solo el paso del tiempo permite narrativas diferentes a los hechos comprobados. Por eso los ciudadanos en base a su propia experiencia dictan sentencia y señalan que si esta el poder en el medio habrá impunidad. Para colmo de males, insisto, la historia no los desmiente. Recordemos, por ejemplo, que Mario Pontaquarto pidió ser condenado en el caso de los “sobornos en el senado” y los magistrados lo absolvieron.

El precio de todo esto es altísimo en términos de calidad de vida individual y colectiva. En el caso del crimen de Cecilia, por ejemplo, hay una serie de conclusiones sociales contra las que los magistrados judiciales deberán luchar, porque hay una presunción de un sector social que no cree en la palabra pública. No creer en la palabra pública equivale a no creer en el lenguaje de la república democrática que se expresa a través de la ley y, a la par, equivale a cristalizar un orden social en el que los conflictos se resuelven sobre la base del poder particular de los ocasionales protagonistas. 

El sistema judicial se encuentra en medio de un tironeo institucional sin precedentes. Sus problemas son reales, concretos y difíciles de enumerar. En términos prácticos digamos que su capital más importante, la credibilidad, está bajo sospecha. Pero “la cuestión judicial” flota en medio de la tensión entre la indiferencia y el hábito de intentar apropiarse de los tribunales para conseguir fines particulares.

El juego de la apropiación es un juego cuyos actores más nítidos son las élites políticas y económicas. Se verifica en las tensiones en derredor de la ley de organización del Consejo de la Magistratura, del juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de verdaderos procesos de demonización mediante los cuales las sentencias se definen como legítimas o no, de acuerdo con los intereses que afectan. Pero otros actores, con menos capital político o simbólico, también participan del juego de la apropiación.

Todo ello tiene consecuencias prácticas que afectan los derechos humanos. Me voy a detener en el caso del artista Jey Mammon. No me interesa el devenir del proceso. Simplemente me quiero concentrar en los efectos sociales que tuvo su irrupción, porque allí reside una gran peculiaridad. Me refiero a que para la administración de justicia, la causa terminó. Jey Mammon fue sobreseído por prescripción. Pese a ello, la sociedad reclama una respuesta pública. Como si la justicia no hubiese hablado.

Hay muchas explicaciones para comprender las razones de esa contradicción. Una de ellas tiene que ver con que la sentencia del juez que lo sobreseyó y el dictamen del fiscal que le daba esa posibilidad, no fueron aceptados por la sociedad. Sus efectos se ignoraron. Pasaron como una de las tantas opiniones respecto al tema. Socialmente, se percibe que no hay una autoridad legítima capaz de zanjar la cuestión. Por ello, es la propia sociedad la que toma el toro por las astas, aunque con criterios diferentes a los de la ley. Esto es lo grave para la república democrática, porque está en crisis el monopolio estatal relativo a definir con la ley qué hacer con los delitos.

La idea del texto fundacional es que las sentencias judiciales pacifiquen las relaciones sociales, den por terminado un conflicto y generen las condiciones para que los ciudadanos tomen alguna postura sobre esa sentencia. La parte no negociable de esa dinámica es que la resolución sea aceptada. Cuando eso no pasa, la sociedad discute formas alternativas para dirimir la cuestión. Ellas se vinculan con escraches y cancelaciones en las redes sociales, con juicios mediáticos que absuelven o condenan en minutos y se vinculan también con propuestas más disgregadoras que incluyen la posibilidad del uso de la propia mano. Ello significa, palabras más palabras menos, que el Estado se revela impotente para imponer una decisión autoritativa como lo es una sentencia judicial.

Las consecuencias de todo ello para la vida pública son inconmensurables. Básicamente nos acerca peligrosamente a la ley del más fuerte. Se trata del precio que debemos pagar por los problemas de credibilidad del dispositivo institucional encargado de resolver conflictos de acuerdo con la ley. Pero hay otra consecuencia que en parte explica que la sospecha que envuelve a la palabra de los jueces fomente el hábito de intentar apropiarse de los tribunales. Veamos.

Sentencias a medida

En efecto, el monopolio estatal de decir qué es el derecho está en crisis. Por eso, algunos grupos sociales asumen la tarea de definirlo mediante herramientas distintas a la ley. Por lo tanto, poder subordinar el aparato judicial se vuelve muy atractivo, ya que es posible elaborar un relato personal y hacerlo oficial a través de los estrados judiciales. Así, cualquiera podría ser juez y parte. Esa suerte de “privatización” es letal para la apuesta democrática, porque ella está edificada a partir de derechos inherentes a la condición humana que nadie puede alterar, salvo el dispositivo judicial. En este escenario, los derechos humanos dejan de ser inmunes a los caprichos de los demás.

Ello explica la peculiaridad de que, pese a la sospecha que envuelve a la administración de justicia, persistan los intentos de apropiarse de esa estructura burocrática para que tome el caso y elabore una respuesta a medida del portador. En el caso de Jey Mammon ello fue nítido. Cuando realizó la denuncia, Lucas Benvenuto admitió que la prescripción de la acción penal podía haber operado. No obstante, igual la formuló para buscar una respuesta. A la par, los medios de comunicación masiva enfatizaron que Jay Mammon buscaría iniciar un “juicio por la verdad”, más allá de que la causa estaba técnicamente finalizada. Él quería otro régimen de verdad. En ambos casos se buscó una sentencia a medida.

Vale la pena aclarar que, en nuestro país, los denominados “juicios por la verdad”, fueron un mecanismo a través del cual el estado utilizó la arena judicial como escenario para intentar resolver las tensiones derivadas del terrorismo de estado de los años ’70 y las leyes de obediencia debida y punto final, que impedían al propio Estado ejercer su jurisdicción. Es evidente, entonces, que los “juicios por la verdad” constituyen formas de intervención pública muy específicas, para problemas concretos que exceden los intereses de las personas individuales y alcanzan a los de la sociedad en su conjunto

En definitiva, aún en medio de tanto desprestigio, la capacidad que la Constitución le asigna a los jueces y fiscales permanece intacta, de manera que colonizar los juzgados y fiscalías aparece como un camino atractivo. Específicamente, porque el derecho conserva capacidad para incidir en la subjetividad de los ciudadanos. Entonces, poder “decir qué es el derecho” a través de los tribunales, es un recurso remunerativo.

Ello revela un rasgo complejo de nuestra vida pública, porque significa admitir que las instituciones pueden ser utilizadas como un instrumento. Esta peculiaridad atraviesa a toda la sociedad, como lo reveló el caso Jay Mammon.

Lo que brilla por su ausencia es un proyecto real para encarar una transformación que ajuste al aparato judicial al rol que le asignó la Constitución Nacional, para que los derechos humanos no dependan del arbitrio de terceros. La pregunta obvia es: ¿qué hacer?

Dudo que haya alguna receta mágica, Es difícil que las élites que se sirven del sistema judicial como instrumento tengan intenciones reales de transformarlo, porque tal como está cumple una función importante, como lo sostuve en “República de la Impunidad” y en “Injusticia”. Es también dudoso que las grandes mayorías tengan en su agenda de prioridades la cuestión judicial. Ello es así porque, lamentablemente, hay una representación social que ubica a los problemas del aparato judicial como tópicos lejanos a la vida cotidiana, aunque ello es exactamente al revés. Lo relevante es que por una cosa o por otra, no hay una base real capaz de encarar un proyecto capaz de generar las condiciones para que los argentinos tengamos “una administración de justicia para la democracia”, a 40 años de 1983.

Argentina, 1983

En efecto, a partir de 1983 recuperamos y consolidamos la democracia como procedimiento de selección de coaliciones para que ocupen los roles de gobierno. Pero la democracia es una forma de organización política en base a derechos cuyo horizonte es inacabado. La posibilidad de extender la república democrática carece de límites porque sus límites, nunca fijos, dependen de la decisión del cuerpo político.

Durante los años ’80 y ’90 del siglo pasado la ciencia política discutió mucho qué significaba consolidar la democracia. Guillermo O’Donnell fue parte de ese debate. En cierta ocasión, señaló el peso de las voces ciudadanas en aquel sendero de la consolidación. El poder de las voces, afirmó, reside en que la gente hablando crea poder.  O’Donnell distinguió la voz vertical, la voz horizontal y la voz oblicua. Digamos rápidamente que la voz vertical se expresa en las elecciones. El pueblo cuando elige interpela. La voz horizontal es el medio que genera una identidad colectiva. Se trata del nosotros que luego se articula para expresar inquietudes al poder instituido. Pero me interesa la voz oblicua.

La voz oblicua, nos dice O’Donnell, existe en contextos de restricciones de derechos. Esto es en contextos sociales que tienen poco que ver con los escenarios que inspiraron a las constituciones. Pensemos en sociedades violentas, fragmentadas por la desigualdad y en las que los derechos rigen pero que se cumplen poco. En tales condiciones surge la voz oblicua. Su rasgo principal es que une a personas muy diferentes, pero que piensan parecido en algunas cosas como, por ejemplo, “deshacerse de una dictadura” o “terminar con la corrupción”. Cuando se hallan en juego cuestiones vitales de la vida pública, como contar con un sistema judicial creíble, la voz oblicua es capaz de crear las condiciones para que la regeneración institucional trepe a la cima de la agenda pública.

La voz oblicua, como articulador ciudadano del problema judicial, supone dar el primer paso para iniciar el camino de la recuperación de las instituciones judiciales para la democracia. Es decir, transformar el hábito que las concibe como un instrumento capaz de dotar de más insumos a un actor situado en un puntual conflicto social. Puede ser el caso Jey Mammon o una disputa de élites.

Pero, ¿cómo hacerlo?. Creo que aquí no hay muchas recetas. Se trata de asumir que recuperar la credibilidad del sistema judicial, como parte de un saneamiento institucional sobre el que oblicuamente hay consenso, requiere que cada ciudadano ejerza toda la potencia que la Constitución le asigna a su condición de tal. ¿Cómo? Exprimiendo las herramientas que el mundo actual proporciona para hacerse escuchar según las leyes. La clave es preguntar. La clave es exigir.

La voz oblicua, en estas condiciones, constituye una obligación moral. A 40 años de 1983 se impone consolidar la república democrática. Esto es, extenderla para que todos los comportamientos se vean subordinados a la Constitución y evitar la impunidad. Pero para ello es preciso recuperar la credibilidad del dispositivo judicial.

CC

Estuve en Rosario el 14 de febrero de este año porque presenté en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario mi “República de la Impunidad” y con los presentes conversamos sobre la relación entre el sistema judicial y la democracia. El encuentro se repitió al día siguiente en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, debido a una invitación del pleno del cuerpo promovida por los legisladores Agustina Donnet y Rubén Giustiniani. 

El tema de la seguridad estuvo presente todo el tiempo. En particular, los efectos violentos del tráfico de drogas ilegales. Hablamos mucho de lo que significa convivir con ese problema y discutimos largo y tendido sobre la relación entre las instituciones públicas y aquel fenómeno, desde el punto de vista jurídico y de la ciencia política. Ahora todo se agudizó porque, como cualquiera puede imaginar y también constatar, el ataque al comercio de la familia de Antonella Roccuzzo le asignó a la cuestión un alcance global. 

Sobre la base de esa experiencia, me interesa identificar a título hipotético algunas causas que ayuden a entender un fenómeno que no está acotado a la ciudad de Rosario.

Antes de hacerlo, debo decir que no soy un experto en seguridad y tampoco en la dinámica del narcotráfico. Por lo tanto, no voy a plantear una “receta” para terminar con el problema. Sobre esos aspectos, me parece interesante solamente compartir que, fruto de mi memoria institucional generada por el trabajo en el sistema penal, las recomendaciones de quienes se dedican a estudiar a las organizaciones que trafican ilegalmente drogas enfatizan ciertas cosas.

Más allá de la violencia

Si bien es importante la identificación y enjuiciamiento de quienes venden drogas en las calles, la cuestión nodal es diversa. Los que saben señalan que es central poner la lupa en el flujo de fondos. La venta de drogas ilegales es altamente remunerativa. Por ello los expertos aconsejan enfocar las energías en los grupos de profesionales que administran ese dinero ilegal para convertirlo en legal. Dicho esto, me concentro en algunas causas que ayuden a pensar el fenómeno.

Los hechos que percibimos a través de los medios de comunicación masiva y del contacto con los ciudadanos de Rosario nos afectan por su reiteración y por la violencia que los envuelve en ciertos momentos. Pero si logramos abstraernos lo máximo posible de la violencia y la repetición, rápidamente podemos concluir en que lo que sucede en Rosario ocurre en muchas partes de la Argentina. Es cierto que bajo otras formas e intensidades. Pero sucede, ya que el problema básico es la inefectividad en la aplicación de la ley.

Si logramos abstraernos lo máximo posible de la violencia y la repetición, rápidamente podemos concluir en que lo que sucede en Rosario ocurre en muchas partes de la Argentina

En efecto, en algunos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano de la provincia de Buenos Aires hay problemas análogos con el tráfico de drogas y con los crímenes conexos a esos comportamientos ilegales. El punto en común que tienen estos acontecimientos, más allá de las distancias geográficas, tiene que ver con que en algunos de los lugares de nuestro país la ley que produce el estado rige, pero no se cumple. Ello significa que la vida real de esos sitios se rige por pautas de organización social informales. Dichas pautas las producen quienes controlan el territorio que, por definición, no son leales a la Constitución Nacional. Pero ese problema no es exclusivo del narcotráfico.

Ello es así pues, en nuestro país, el Estado tiene muchos problemas para aplicar la ley de manera universal, homogénea y con la misma intensidad en todas partes y a las diferentes personas. Hay otros comportamientos menos visibles que el tráfico de estupefacientes, pero igual de graves que también se escapan de la perspectiva de la Constitución Nacional. Pienso en el lavado de dinero, en el contrabando, en la evasión tributaria y en los hechos de corrupción administrativa, por ejemplo. 

No estoy minimizando los acontecimientos que ocurren en la ciudad de Rosario. Al contrario. Creo que la cosa es más grave. Me parece que muchas actividades ilegales en nuestro país adolecen del mismo problema. No puedo detenerme en cada una de ellas. Pero la realidad revela con nitidez que la capacidad estatal de aplicar la ley en general se ve resentida.

En el país real hay grupos que logran eludir las leyes positivas y obligatorias que genera el país legal

En otras palabras, me refiero a que la fuerza de la ley que produce la república democrática no se impone de manera universal e igualitaria, tal como lo contempla la Constitución. Ello tiene varios efectos. En lo que aquí interesa, da lugar a lo que Guillermo O’Donnell llamó “zonas marrones” para definir determinados lugares en los que el gobierno de hecho queda en manos de actores informales. Ello quiere decir, lisa y llanamente, que la soberanía estatal está en tela de juicio. Supone que no manda la ley, sino que manda el que tiene fuerza para tomar decisiones y conseguir obediencia.

Desde este punto de vista, y más allá de la magnitud de los hechos que por estos días ocupan la cima de la agenda pública, creo que lo que ocurre en Rosario es básicamente un fenómeno que atraviesa a toda la Argentina y que tiene que ver con el hiato que separa al país real del país legal. Insisto. En el país real hay grupos que logran eludir las leyes positivas y obligatorias que genera el país legal. Ello resiente la soberanía estatal porque determinados lugares no están subordinados a la perspectiva de la Constitución. 

Aquí yace un punto de suma importancia para comprender la ilegalidad que atraviesa a nuestro país.

Ley selectiva

Hay otra razón complementaria que profundiza la extensión de las “zonas marrones” y que se relaciona con el modo en que se aplica la ley. Recordemos que las leyes pueden cumplirse, no cumplirse o se puede torcer su significado. En este último caso, mediante la actividad interpretativa, los judiciales a veces ubicamos a las reglas en una zona brumosa cuyo resultado es que la ley parece que rige pero, en rigor de verdad, la torcemos para que en la práctica los efectos sean los opuestos. 

Bajo esos hábitos, propongo pensar el debate público que se inscribe en derredor de la posibilidad que tienen los detenidos de usar teléfonos en las cárceles. Hay perspectivas muy claras sobre el punto. Pero casi todas eluden la explícita previsión legal que existe al respecto. Veamos.

De acuerdo con el artículo 18 de la Constitución Nacional la condena a prisión es el modo en que un ciudadano rinde cuentas frente a sus pares a través de un juicio justo. Cuando una persona ingresa a prisión no pierde la condición de sujeto de derechos. Al contrario, como el fin del encierro es la resocialización del reo, la ley 24.660 traza las pautas que tienen que cumplir los detenidos. Es un régimen progresivo. Quien respeta el marco legal adquiere beneficios que se traducen en la morigeración del encierro. 

La pregunta es obvia: ¿por qué los presos tienen teléfonos celulares si la ley lo prohíbe?

Entre los derechos que tienen los presos está el de comunicarse. Sin embargo, la chance de tener celulares está expresamente prohibida. “Quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles”, dice el artículo 160 de la citada ley.

Por lo tanto, no hay posibilidades legales de discutir esa disposición, salvo que los magistrados comprueben que no es razonable y que ofende la Constitución Nacional.  

No conozco ningún caso en que ello haya pasado. Sí sé que durante las restricciones derivadas del Covid-19, esa prohibición fue morigerada. Pero todo eso, felizmente, es parte del pasado. 

La pregunta es obvia: ¿por qué los presos tienen teléfonos celulares si la ley lo prohíbe? No lo sé. Pero quizá el hábito de torcer el significado de las leyes nos suministra algunas pistas. 

El problema de las “zonas marrones” y de las interpretaciones de las leyes que a veces atentan contra la eficacia de las propias leyes no agota el tema. Pero me parece que nos lleva a una discusión un tanto más profunda. 

También nos legó O’Donnell la idea de que cuando el Estado no hace algo, no tenemos que quedarnos con la sensación de que esa impotencia se limita a los malos funcionarios, o a la corrupción, a la desidia institucional. Si el Estado no hace lo que tiene que hacer alguien gana. 

O’Donnell remarcaba que la inacción del Estado es una forma de acción. Cuando el Estado no hace algo está haciendo otra cosa. Por ejemplo, no aplicar la ley de manera universal e uniforme permite que algunas zonas “se liberen” de la arquitectura legal. 

Recordemos que el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza en un territorio. Puede imponer sus decisiones cuando no se cumplen las leyes que el propio Estado produce. Las “zonas marrones”, en esa clave, quizás tienen que ver con una determinada forma de ejercicio del poder político que no es la que contempla la Constitución Nacional y que concibe al Estado y a sus instituciones, no como la expresión del poder político de los ciudadanos, sino como un instrumento capaz de ser manipulado para conseguir beneficios sectoriales.

ED

El juicio realizado en los tribunales de Dolores para dirimir las responsabilidades derivadas del hecho que le costó la vida a Fernando Báez Sosa dejó muchas dimensiones para pensar la vida pública. Algunos aspectos son indiscutibles. Primero. Las únicas víctimas de un hecho aberrante fueron Fernando y sus familiares. Segundo. Los magistrados del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires dictaron una sentencia después de un juicio que, seguramente, será discutida en las instancias de apelación. Tercero. La sentencia, como era esperable, despertó polémicas. Aquí me quiero detener.

No haré un análisis jurídico. Por lo tanto, no voy a ingresar en el debate sobre el monto de la pena. Me interesa, en cambio, señalar algunas diferencias entre el plano moral y el plano legal. Desde mi perspectiva, esos planos están peligrosamente superpuestos. Es por ello que se espera de una sentencia mucho más de lo que puede dar. Al colocar tanta energía en la sentencia, quizá se escapa algo que es central para evitar que estas cosas pasen. Me refiero a detectar las condiciones sociales que hacen posible una matriz de violencia que atraviesa a toda la sociedad. En esto caso, nos detenemos en las formas de violencia que acompaña a lo que debería ser el momento de diversión de los jóvenes. Pero esa matriz de violencia está presente en el trabajo, en el tránsito, en los espectáculos deportivos, en la vida doméstica y en la pública. No debemos olvidar que los hechos preceden al derecho. Hay sentencias porque pasaron algunas cosas no queridas. El desafío es cómo hacer para que no pasen más.

Durante los días previos a la sentencia se reclamaba “justicia” Pero los jueces no pueden hacer “justicia” ¿Por qué? Nadie explicó mejor la discusión acerca de la justicia que Hans Kelsen en un libro de texto elocuente ¿Qué es la justicia? (1) Decía Kelsen que “la razón humana sólo puede acceder a valores relativos (…) Ello significa que no puede emitirse un juicio sobre algo que parece justo con la pretensión de excluir la posibilidad de un juicio de valor contrario”. Es una verdad autoevidente.

Cada persona tiene un juicio de valor individual al que es imposible darle un alcance universal. Si ello puede pasar, viviríamos en una dictadura. Por ello, entre otras cosas, nos organizamos para vivir en sociedades edificadas en base a derechos y creamos instituciones. Una es el sistema judicial. ¿Qué hace? Expropia los conflictos sociales y los resuelve por medio de juicios sobre la base del derecho. Así, evita que hagamos “justicia por mano propia”. Precisamente porque cada uno de nosotros tiene una visión distinta de lo “justo”.

Todo esto significa que al aparato judicial no dicta justicia. Lo que hace es resolver mediante la aplicación del derecho problemas que giran en derredor de lo que es justo. Las leyes las produce el Estado, pero a través de un sistema de representación que depende de la voluntad de los ciudadanos. Así, las normas que hace el Congreso expresan los valores medios de la sociedad y constituyen la única herramienta que tienen los magistrados para resolver problemas en torno a lo que es justo. A Fernando le arrebataron el derecho a la vida. Los jueces resolvieron de acuerdo con la ley las responsabilidades por ello y fijaron una pena. Así funciona. En base a la ley. Esto es decisivo.

Cuando prometemos o juramos lealtad a la Constitución, a los 10 años, renunciamos a hacer justicia y nos conformamos con que los jueces apliquen la ley. Por ello es tan importante tener un sistema judicial creíble y prestigioso, porque allí yace la autoridad de la ley que es la autoridad de la república. Retengamos esto. Siempre la ley tiene relación con la moral. Pero a los efectos de estas líneas, es decisivo entender que los jueces solo pueden guiarse por la letra de la ley. Repito, por ello es tan importante la credibilidad. La credibilidad les da espaldas anchas para aplicar las normas más allá de los reclamos individuales o grupales de “justicia”.

Así, una sentencia pone fin a un conflicto. Tiene autoridad porque es la palabra de la república. Debe ser aceptada por los ganadores y por los perdedores. Ratifica qué está prohibido y qué está permitido. Es un insumo para los comportamientos futuros de los ciudadanos. Pero poco más. Las sentencias no transforman la realidad. No tienen ese alcance. La realidad la transforman las prácticas de los ciudadanos que colectivamente deciden vivir de otra manera. Por ejemplo, deciden respetarse, tratarse bien, no insultarse en los semáforos, deciden crear mediaciones institucionales que impiden la explotación, deciden crear dispositivos institucionales que instituyan marcos para que los chicos puedan disfrutar de los momentos de diversión. En fin, es la praxis humana la que cambia el mundo y no las sentencias judiciales.

Por estos días escuchamos que son necesarias “sentencias ejemplares” en el sentido de que la dureza de las penas puede transformar el mundo de la vida. Cesare Beccaria (2), en 1764, advirtió la ineficacia de esa apuesta discursivamente tan atractiva. Beccaria, en cambio, sostenía que era muy importante que la pena de los delitos sea proporcional a la gravedad del hecho y enfatizaba que más importante aún que el monto de la pena era que efectivamente se cumpla, porque los delitos violan el contrato social.

Nuestra historia es una muestra palpable de ello. El sistema judicial federal somete a juicio, juzga poco y cuando lo hace rara vez la pena se cumple. La condena al expresidente Carlos Menem fue un indicador de eso. Me ocupé del tema en otras partes (3). Lo relevante es que sentencias duras en contextos de debilidad institucional pueden transformarse en oficinas que “certifiquen” con la autoridad de la ley las expectativas morales de algunos grupos sociales sobre la “justicia” Nada de ello nos va a servir para cambiar la matriz de violencia que yace en los cimientos de la sociedad.

El camino para ello, repito, es más lento y fatigoso. Pero en lo que tiene que ver estrictamente con las posibilidades de una sentencia para cambiar el mundo de la vida, hay mucho que puede hacer el Estado, en los tres niveles de gobierno. El devenir del juicio de Fernando reveló la ausencia del Estado como docente. Escuchamos y vimos demasiado. No vale la pena entrar en ese terreno. Pero me parece importante destacar que las universidades, el sistema judicial y las instituciones públicas en general tienen que hacerse cargo de la tarea de difundir y enseñar cómo funciona la república. En otras palabras, hay que explicar cómo funciona la Constitución. Allí residen algunas pautas que nos ayudarían a comprender, antes que a juzgar, las razones de la violencia social. Pero para eso tenemos que aprehender qué significa el republicanismo democrático.

FD

En la agenda pública esta muy presente la cuestión de las pinchaduras ilegales de los teléfonos. Nuestra historia registra prácticas estatales de espionaje ilegal que refuerzan la percepción de que los gobiernos de turno intervienen las comunicaciones sin permiso legal. No me voy a ocupar de ello. Me voy a concentrar en otras formas de acceso ilegal a las comunicaciones, que no necesariamente requieren la intervención de funcionarios públicos, pero que inciden en la calidad de vida de los ciudadanos, porque nos impide el disfrute pleno del derecho a la intimidad que garantiza el artículo 19 de la Constitución Nacional.

En los tribunales circulan muchos casos que, motivados en venganzas personales o en la intención de estafar, revelan cuan vulnerables somos frente a terceros que ingresan a nuestras comunicaciones (protegidas por el artículo 19 de la Constitución Nacional) En estos tiempos, vemos que dichas prácticas se extendieron a otros grupos sociales. Es decir, asistimos a una suerte de universalización de la baja calidad institucional, ya que se incrementa la brecha entre lo que nos promete la constitución y lo que es la vida real. 

Lo que sigue no debe leerse como una suerte de tutorial sobre estas prácticas, sino como una simple descripción que apunta suministrar algunas pistas para estar más atentos y a marcar ciertos aspectos que podrían reducir los problemas. Hay dos formas básicas de conseguir información violando la ley. Una es el phishing y la otra es la sustitución falsa de la identidad. El phishing es un engaño. Los usuarios recibimos un mensaje de una fuente que nos parece fiable, comenzamos a responder preguntas y, sin querer, permitimos que un tercero acceda a información privada. La sustitución de identidad es igual de lesiva, pero apenas un poco más sofisticada. Consiste en la acción de un tercero que consigue una nueva tarjeta sim mediante un fraude. 

Los casos de phishing se incrementaron cuando había una necesidad social de acceder a las vacunas contra la Covid 19. Algunas personas fraguaban cuentas públicas y enviaban correos electrónicos o mensajes de whatsapp para engañar a los usuarios y así conseguir el acceso a información privada. Por lo tanto, una de las claves es hacer una pausa y respirar hondo antes de responder preguntas sobre aspectos personalísimos.

La sustitución de identidad es un tanto más sutil. Veamos los síntomas. 

En general, los usuarios detectan que el teléfono empieza a funcionar mal. Casi siempre por problemas de conectividad. Por ello se comunican con la empresa que presta el servicio para reclamar. En ese instante se enteran de que un desconocido gestionó fraudulentamente un cambio de sim card ¿Qué significa ello? Las tarjetas sim card se asemejan al documento de identidad de la línea y es lo que permite activar el servicio. Quien la obtiene controla el teléfono.

¿Cómo se gestiona ese cambio? Se realiza de manera virtual. El sistema exige unas preguntas de identificación para validar la identidad que, si son respondidas con éxito, abren las puertas del aparato. El extraño realiza el trámite sin rastros, porque se supone que es el verdadero titular. 

Pero ¿Las preguntas de seguridad son complejas de responder? Más o menos. Se trata de interrogantes que, una vez elegida la víctima, se pueden obtener de las redes sociales y de internet. Este es el camino que recorren los invasores. El daño se produce entre la sustitución de la tarjeta sim y el momento en que la víctima realiza los reclamos necesarios para recomponer la situación. En ese espacio de tiempo, nuestra información privada queda en manos de terceros. La pregunta siguiente es obvia: ¿Qué puede hacer la justicia?

En el caso del phishing casi nada, porque el autor usa cuentas de redes sociales falsas. Para conseguir su identidad hay que obtener información en el extranjero pues, allí tienen sus domicilios las empresas titulares de las redes sociales. Pero los estados solo en casos muy específicos suministran los datos de los verdaderos titulares. Por lo tanto, sin esa colaboración externa es muy difícil saber quién es el estafador. Es preciso trabajar en vías de colaboración para robustecer la prevención y la sanción ¿Quién debe hacerlo? Las áreas del estado que gestionan las relaciones con otros países.

En el otro caso hay para mejorar desde el punto de vista interno. La ley 25.891 regla las comunicaciones móviles. La norma, en lo que aquí interesa, establece que ninguna tarjeta sim card se puede comercializar “sin una clara identificación del adquirente” (artículo 2). Es decir, es una obligación identificarse a la hora de comprar un teléfono o un chip. Pero en la implementación de la ley yace el hiato que permite que el diablo meta la cola. En efecto, la práctica comercial deforma las previsiones de la norma. La voy a simplificar.

Algunas empresas o personas físicas compran muchas tarjetas sim. En ese momento se identifican correctamente. Luego las revenden por todo el país a locales grandes y pequeños. En ese paso es cuando se produce el problema, ya que las transacciones se realizan de manera informal. Por ello, cuando los jueces y fiscales se enfocan en la trazabilidad de la tarjeta sim que se usó para acceder ilegalmente al teléfono de la víctima, se topan con que no hay registros sobre la identidad del comprador final. 

Todo esto constituye un tremendo problema operativo en la justicia. De hecho, en muchos casos las fuerzas de seguridad no tienen al autor del delito, pero tienen su número. Si el teléfono sigue activo o se usó un tiempo con ingenio los atrapan. Pero en casos de sustitución de identidad para robar información, una vez conseguido el objetivo no quedan rastros.

Evidentemente hay una tensión entre la ley y la práctica comercial. La forma en que se venden aquellas tarjetas resiente los requisitos de la ley. Ello se combina con las características vulnerables de validación de identidad para cambiar una sim card. Los medios de pagos digitales, por ejemplo, tienen formas muchos más exigentes de validación. El resultado es que todos los usuarios somos potencialmente víctimas de una violación al derecho constitucional a la intimidad y no siempre por parte de funcionarios públicos. 

El objetivo de esta descripción, en definitiva, se vincula con mostrar una realidad más compleja de lo que parece. A caballo de nuestra memoria histórica, casi automáticamente atribuimos las violaciones a los derechos humanos, la intimidad lo es, a los funcionarios que ocasionalmente ocupan los roles de gobierno. Pero el panorama general es más complicado. Entre otros factores, porque existen baches entre los textos legales, las prácticas de los ciudadanos y la ineficacia de las mediaciones institucionales. 

Gran parte de estos problemas podrían corregirse realizando algunos ajustes en el campo de la regulación interna y en el de las relaciones internacionales, para conseguir que otros estados colaboren de manera más eficaz para evitar la impunidad de los estafadores y que los delitos no rindan beneficios. Se trata, simplemente, de acercarnos al desafío de la república democrática que exige subordinar todos los comportamientos al programa de la constitución.

FD

Finalmente, Cristina Fernández fue condenada en el juicio conocido como “Vialidad”. Como se esperaba, la sentencia judicial se recibió de manera diferente en los “ismos” que dividen a nuestra vida pública. Ambos confirmaron sus prejuicios. La representación de un sector se inscribe en una reivindicación frente a la corrupción. Mientras que desde el otro lado se confirma la percepción de una persecución política. La primera impresión es obvia, la sentencia de los jueces es objeto de dos miradas irreconciliables.

Por esas cosas que tiene la ley de enjuiciamiento criminal, no conocemos las razones en base a la que los jueces justificaron teóricamente la condena por defraudación y tampoco los motivos sobre los que descartaron la acusación de asociación ilícita. Esto quiere decir que se carecen de elementos para comprender y eventualmente criticar la expresión del sistema judicial. Sin embargo, a ambos lados de la grieta, hubo expresiones contundentes. Ello es un síntoma del modo en que funciona la vida pública. Básicamente atravesada por una avidez de novedades. Se esperan con ansiedad novedades capaces de habilitar la presencia en los medios de comunicación masiva y en las redes sociales para “decir algo”.

Esa avidez de novedades para “decir algo” en el espacio público no es neutral. En efecto, es una premisa obvia que nuestra institucionalidad es muy frágil y que quienes las ponen en movimiento permanecen envueltos en una sospecha generalizada. A veces justificada, a veces no, pero sospecha al fin. Lo que ocurrió el 6 de diciembre no es un hecho menor, porque el sistema judicial cerró la primera etapa de un longevo proceso con la sentencia que condena a la actual vicepresidenta de la nación. La gravedad del tema es indiscutible y el desafío del aparato judicial es muy alto, porque el 9 de marzo próximo debe comunicar a los ciudadanos por qué llegó a esa conclusión, tal como lo exige el artículo 1 de la Constitución Nacional, que consagra la forma republicana de gobierno.

En medio de esa adversidad institucional, los jueces deberán justificar su resolución para dos destinatarios. Por un lado, a las partes del juicio. Por el otro, a todos los ciudadanos. Deberán explicar en un lenguaje simple, pero teóricamente sólido, por qué hubo condenas, por qué hubo absoluciones, por qué hubo diferencias en las escalas penales que aplicaron y cómo funcionará el decomiso de bienes porque, en nuestro sistema judicial, el artículo 29 del Código Penal pone en cabeza de los jueces el deber de evitar que el delito rinda beneficios. 

Pero también los magistrados seguramente disiparán algunas dudas que envuelven al tribunal en particular y al sistema judicial en general. Me refiero al episodio del equipo de fútbol Liverpool, al incidente del mate, etc. Es que parte de la legitimidad de la sentencia se juega en la legitimidad del tribunal. Por ello es importante que los ciudadanos podamos conocer en una sentencia todo lo que ocurrió en el juicio. Es vital tener condensado en un solo texto el devenir completo de un juicio que seguramente quedará en los registros como uno de los más importantes de nuestra historia política.

Una sentencia judicial de estas características, para ser aceptada debe ser comprensible. Porque la comprensión de un texto es lo que permite su discusión seria. En particular, porque los jueces estarán enviando un poderoso mensaje a la sociedad en general y especialmente a las élites políticas y económicas. De acuerdo con el resumen que el propio tribunal difundió, se van a adentrar en un aspecto muy sensible de los actos de gobierno. Me refiero a la cuestión de la administración del dinero común. Esto es, cómo se debe administrar el dinero de todos los ciudadanos. 

En un país con los problemas que sobre ese punto existen desde hace mucho tiempo, es importantísimo que los magistrados expliquen con claridad qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cuál es la forma de hacerlo. También deberán explicar cómo los condenados tienen que devolver el dinero y responder con su patrimonio por el daño causado al tesoro público. En otras palabras, los jueces tienen la posibilidad y el deber de elaborar un texto que explique a la gente de a pie por qué los funcionarios tienen que hacerse cargo de sus actos y en qué consiste ese hacerse cargo.

Decía que en ese marco la avidez de novedades no contribuye al fortalecimiento de las instituciones de la democracia. La participación en la vida pública es conflictiva porque supone los encontronazos entre diferentes visiones del mundo. En el mercado de las opiniones hay tensiones y pujas. La discusión para definir el significado del derecho integra el elenco de tensiones, aunque es una labor del sistema judicial saldar el debate. Me preocupa que desde ayer se inició un debate muy fuerte acerca del significado del delito por el que se condenó a Cristina Fernández de Kirchner y sobre el desarrollo de ese juicio. Y me preocupa porque no se conocen las razones de los jueces. Se trata de críticas que responden a la avidez de novedades. Pero además de ello, decía que esas perspectivas no son neutrales porque hieren aún más la alicaída legitimidad de las instituciones. Coqueteando con Max Weber, se puede concluir que nuestras élites se comportan de acuerdo con la ética de la convicción, pero muchas veces dejando a un lado la responsabilidad por sus acciones. Weber recomendada a quien consagra su vida a la política balancear sus convicciones más íntimas con los efectos de sus acciones, porque el buen político combina sus convicciones con la responsabilidad derivada de sus actos. 

Para un ecosistema institucional tan frágil como el nuestro, en el que las mediaciones instituidas por la república democrática tienen muchos problemas para satisfacer las demandas ciudadanas, no creo que sea saludable un comportamiento de la dirigencia que, con sus acciones -porque los discursos son una forma de acción social-, adelante un debate que necesariamente debe darse, pero que sobre bases sólidas solo puede empezar después del 9 de marzo de 2023.

El martes que viene los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 darán a conocer su decisión en la causa denominada “Vialidad”. Ese día los ciudadanos sabremos si los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola convencieron o no a los jueces acerca de la existencia de una asociación ilícita, liderada por la actual vicepresidenta que, entre otros delitos, direccionó contratos de obra pública en favor de las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz.

Resuelvan lo que resuelvan, los magistrados tienen un enorme desafío. De acuerdo con la apuesta democrática los ciudadanos renunciamos a resolver los problemas por mano propia. Cedemos esa facultad al estado que los dirime de acuerdo con las leyes. En clave republicana, se trata de reemplazar el gobierno de los hombres por el de las leyes. El desafío judicial es presentar una sentencia creíble, pero la palabra del sistema judicial argentino está sospechada. Aunque hay muy buenos jueces y fiscales, en su conjunto, las sentencias judiciales aparecen envueltas en sospechas. Aquí yace el desafío.

El secreto de la eficacia del servicio público de justicia pasa por la aceptación social de sus decisiones. El tema no es nuevo. Esquilo, en la “Orestíada”, que se representó en el 458 ac, demostró las tensiones que sufren las sociedades que empezaban a organizarse bajo las leyes y dejaban atrás las supersticiones, pero enfatizó el rol clave que en ese proceso cumple la aplicación creíble de la ley por tribunales imparciales.

El significado social y político de la causa “Vialidad”, entonces, es una oportunidad magnifica para que el aparato judicial elabore una sentencia que sea aceptada por los ciudadanos. Entre otros factores, deberá resolver el problema del lenguaje, porque normalmente el poder judicial utiliza una jerga que es expulsiva. Al problema del lenguaje se suma el de la extensión. Las sentencias suelen ser artefactos inasibles, reiterativos, voluminosos y con problemas de coherencia y cohesión. Las bases morales del propio tribunal son frágiles luego del escándalo del equipo de fútbol “Liverpool”. No obstante, las características del caso no dejan de ser una gran chance de recomponer una relación muy dañada entre la justicia y la sociedad.

Pero más allá de los problemas del dispositivo judicial, las élites políticas y económicas tienen una responsabilidad como actores de los juicios. Obviamente que tienen de su lado las protecciones de la Constitución Nacional que son sagradas. Pero deben hacerlas valer dentro de la propia lógica de la constitución. La carta magna tolera y fomenta las críticas, las querellas entre argumentos diversos y alienta posiciones firmes sobre el significado de la ley. Lo que la constitución no admite son las descalificaciones. Cuando los imputados, como en este caso la vicepresidenta, tienen dudas sobre el comportamiento de los jueces y de los fiscales, la constitución marca senderos de acción. Pero la ley fundamental no tolera la descalificación porque ello se da de bruces con la gramática del estado que es el derecho. La oración “pelotón de fusilamiento”, entonces, no se inscribe en la lógica constitucional y quienes han sido honrados con cargos públicos deben actuar en los juicios dentro de los límites que marca la constitución.

En el Critón, Platón narró como a Sócrates ya condenado le ofrecieron huir de Atenas. Y narró una suerte de diálogo entre Sócrates y las leyes (si es que estas pudieran hablar). Dice Platón que Sócrates escogió enfrentar la sentencia injusta porque no hacerlo sería obrar en contra de las leyes y las leyes constituyen los cimientos de las sociedades. La metáfora viene a cuento, porque nuestras élites políticas se apropian de las decisiones que dictan nuestras alicaídas instituciones judiciales, ya sea para defenderlas o para denostarlas. Ese hábito corroe la legitimidad de la ley, vulnera las bases de la constitución y banaliza la república democrática.

FD

A los casos públicamente conocidos como “Los Copitos” y “Revolución Federal” se los puede pensar en dos niveles. Uno estrictamente jurídico. El otro como punto de partida para extraer conclusiones sobre el desempeño del régimen político en el plano de la seguridad y la justicia. Me voy a concentrar en el segundo y solamente en tres dimensiones: el control de las calles por parte del poder administrativo; las formas en que el sistema judicial rinde cuentas frente a los ciudadanos, y el impacto de los vetustos reglamentos judiciales en la eficacia de las investigaciones.

Paso por alto los detalles sobre los hechos en sí mismos. Solo aclaro que cuando menciono a “Los Copitos” hago referencia al intento de asesinato de la Vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Cuando hablo de “Revolución Federal” apunto al grupo cuyas acciones se investigan en la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por hechos vinculados al orden público.

El desarrollo de esos sucesos revela los problemas de las autoridades políticas para controlar las calles. Muchos tenemos grabadas en las retinas las imágenes del 18 de agosto cuando “Revolución Federal” arrojó antorchas encendidas a la Casa Rosada. La policía reaccionó después, con gases lacrimógenos. También recordamos las del sábado 27 de agosto. Ese día, seguidores de Cristina Kirchner coparon la esquina de Uruguay y Juncal. Las fuerzas de seguridad intervinieron cuando las calles estaban inundadas de gente. Arrojaron agua con un camión hidrante, pero los manifestantes no dejaron de cantar y bailar. Las tensiones se agudizaron y el 1 de septiembre vimos por televisión a una persona apretando el gatillo en la cabeza de la Vicepresidente de la Nación.

La secuencia de hechos es elocuente. Las fuerzas de seguridad actuaron como espectadores privilegiados. Intervinieron cuando los hechos se habían convertido en delitos. Es decir, cuando el Estado ya no tenía chances de prevenir sino solo de juzgar y sancionar. Esa forma de acercarse a los conflictos es un patrón común. La policía no previene pero más tarde realiza cargas para recuperar el control. Ese hiato entre el origen de los sucesos y la intervención pública requiere una reflexión.

La policía es soberana en las calles y debe impedir que se cometan delitos. El concepto de orden integra el monopolio legítimo de la fuerza que es patrimonio del Estado.

Es que el ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza, que es inherente al Estado nación en los tres niveles de gobierno, no significa que las alternativas se limiten a la tolerancia absoluta o la represión sin medias tintas. En medio de esos polos, las policías de seguridad (que dependen del poder ejecutivo) tienen el deber de administrar el orden en las calles ¿Qué significa administrar? Significa que en la vía pública la policía es la mano visible del poder del Estado. Deben ejercerlo de acuerdo con las capacidades que les asigna la ley. Tienen el deber de intervenir desde el principio para asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Y, esto es importante, en ningún caso necesitan la autorización de la justicia penal. La policía es soberana en las calles y debe impedir que se cometan delitos. El concepto de orden integra el monopolio legítimo de la fuerza que es patrimonio del Estado.

La segunda dimensión está relacionada con los mismos acontecimientos. La espiral de violencia se agudizó, los hechos se consumaron e intervinieron los magistrados de la justicia federal. La noticia trepó a la cima de la agenda pública. Muchos ciudadanos reclamaban el derecho constitucional a recibir información de parte de las autoridades judiciales. Sin embargo, el sistema judicial permanece en un fango comunicativo. Es razonable que los magistrados que llevan adelante las investigaciones guarden silencio. No obstante, ello no puede extenderse a la institución judicial en su conjunto. En hechos de semejante trascendencia pública, los sitios web del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal se revelan insuficientes. En esos supuestos, es necesaria la palabra institucional para que los ciudadanos reciban información directa de sus servidores públicos como lo exige el artículo 1 de la Constitución Nacional.

Es que el silencio institucional no impide que algunas cuestiones sean parte de la conversación pública. Frente a la ausencia judicial, la conversación se desarrolla envuelta en enunciados atravesados por intereses particulares. Cada actor presenta su versión. El resultado socava las bases de la república democrática, porque dichas perspectivas particularistas pujan por imponer un régimen de verdad parcial. Una verdad que, irónicamente, se atribuye al sistema judicial que no habla. El resultado es cantado. Aumenta el descreimiento en la palabra de los jueces y fiscales por que el sistema judicial permite que intereses particulares hablen en su nombre. En consecuencia, es el propio Estado el que empuja a los ciudadanos a alejarse de la apuesta democrática porque construye barreras comunicativas.

La última dimensión tiene que ver con los reglamentos judiciales. La pregunta cae por peso propio ¿Cuál es la relación con la labor policial en las calles y con el déficit comunicacional de la justicia? Lo explico.

Tanto el caso de “Los Copitos” como el de “Revolución Federal” tienen un alto impacto social. Vivimos tiempos en los que la información circula a mucha velocidad. Esa velocidad retroalimenta la necesidad de respuestas más rápidas. Nuestra administración de justicia tiene problemas con sus temporalidades. Cualquier ciudadano que directa o indirectamente interactuó con la justicia conoce de primera mano la mora judicial. Es cierto que el trabajo de los jueces y fiscales no puede estar subordinado a los ritmos de la circulación de las noticias. Pero tiene que existir un punto medio, capaz de balancear los ritmos de las investigaciones con la necesidad de cumplir con el deber de informar a los ciudadanos.

El 22 de septiembre la jueza Eugenia Capuchetti solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que refuerce los medios materiales del juzgado. La jueza buscaba mayor eficacia en su trabajo. Pero, ¿por qué la jueza tiene que recurrir a la corte? ¿No hay una forma más ágil? La verdad es que no. Los reglamentos son rígidos. Cuando un juzgado esta pasado de trabajo, necesita que la corte (o la procuración general para los fiscales) autoricen la incorporación de más personas. Puede pasar, incluso, que el juzgado vecino esté más aliviado y que por compañerismo algunos quieran colaborar con sus pares. Pero no pueden hacerlo ¿Hace falta una ley para simplificar eso? No.  Hace falta que las cabezas de las instituciones judiciales fomenten, mediante simples reglamentos, la cooperación.

Tengo claro que los desórdenes en las calles, la relación entre las instituciones judiciales y la sociedad junto a los problemas de diseño institucional del aparato judicial, son más complejos. Pero el camino para enfrentarlos no siempre tiene que ver con hipótesis de máxima que busquen cambiar absolutamente todo. Existen algunas formas de mejorar paulatinamente nuestra alicaída vida pública. Las contracciones en una sociedad y la puja de intereses son inevitables porque ejercer las sagradas libertades genera ruidos. Sin embargo, algunos pequeños ajustes ayudarían a vivir mejor.

Por ejemplo, las relaciones en las calles serían diferentes si, como busca la Constitución, estuviesen mediadas por las leyes. Para ello es preciso que las policías intervengan antes que los delitos ocurran. Detener la violencia en las calles exige aplicar las leyes. Para ello, las autoridades políticas de los poderes ejecutivos tienen que exprimir las capacidades legales de sus fuerzas de seguridad.

Algo parecido ocurre con la palabra judicial. Recuperar su credibilidad llevará tiempo. Pero el primer paso es construir puentes con una sociedad ávida de respuestas. Ese puente solo lo pueden construir las palabras que no usa una institución que, irónicamente, trabaja con palabras. Por ello el sistema judicial necesita hablar, necesita hacer docencia para que los ciudadanos conozcan los cimientos de sus resoluciones. El aparato judicial debe además, crear los incentivos institucionales necesarios para fomentar la cooperación interna de sus integrantes. Así, los magistrados podrán hacer su trabajo más rápido y mejor.

FD

La inseguridad es un problema que atraviesa a todos los estratos sociales, pero que impacta con mayor fuerza a las personas más vulnerables. Se trata de una cuestión compleja que tiene muchas aristas. Me voy a detener solamente en los problemas derivados de la aplicación de la ley. Específicamente, en narrar algunas de las razones por las que quienes cometen repetidamente delitos permanecen en libertad o la recuperan con mucha rapidez. En algunas crónicas se define el fenómeno como “la puerta giratoria”.

Empecemos por las reglas. En nuestro país cualquier persona y por cualquier clase de delito tiene garantizado el derecho a permanecer en libertad mientras dura el juicio. ¿Esa regla es absoluta? De ninguna manera. Los magistrados tienen la obligación de analizar y explicar, en cada caso particular, si es necesario mantener a una persona en libertad o no. Por ejemplo, si tiene medios para destruir pruebas, para fugarse o para hostigar a víctimas o testigos o cometer nuevos delitos, los jueces pueden aplicar la prisión preventiva, utilizar medios de vigilancia electrónica para que se alejen de algunos lugares, retener documentos, etc.

Esto quiere decir que la Constitución Nacional tolera el uso de muchos medios legales para equilibrar el derecho de los ciudadanos a tener un juicio justo y el derecho de la sociedad a que los delitos sean descubiertos, juzgados y sancionados sus responsables. El mandato constitucional para el sistema judicial es trabajar siempre con el horizonte normativo de ese equilibrio. Aquí empiezan los desajustes.

En efecto, el problema es la ausencia de aquel delicado equilibrio. Una de las razones que lo explica tiene que ver con que algunos magistrados no respetan la obligación constitucional de considerar el impacto que sus decisiones tienen en la vida cotidiana. Los jueces y fiscales tienen que hacer el ejercicio de pensar los efectos de las sentencias en la vida de los ciudadanos. Las resoluciones del sistema judicial tienen dos públicos. Los protagonistas de los hechos y la sociedad en su conjunto. Muchas veces, los jueces aplican las leyes en abstracto. Es decir, sin considerar las particularidades de las situaciones. Por ejemplo, tratan de la misma manera el caso de una persona que sustrajo una cartera en el subte sin violencia que el caso de que aquel que también sustrajo una cartera, pero mediante golpes y empujones. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 28 de octubre de este año, les recordó a los jueces aquella obligación en el caso “Vidal”.

Otra razón del desequilibrio se vincula con el divorcio que existe entre los hábitos judiciales y la dinámica de la vida real del siglo XXI. La forma vetusta en que los funcionarios judiciales llevamos adelante los procedimientos muchas veces conspira contra el éxito de las investigaciones. Esto es importante. No siempre hay mala fe o comportamientos deliberadamente ilegales de los funcionarios públicos. A veces la cultura jurídica frustra genuinos intentos de aplicación de la ley. Esto no es una excusa, es un síntoma que explica el enorme desafío de encarar programas de actualización para cambiar la forma en que se administran los procesos.

El caso paradigmático es el de los celulares robados. Las víctimas se acercan a los estrados judiciales y a las oficinas de las fuerzas de seguridad a realizar la denuncia y a proporcionar la ubicación exacta del aparato, porque el servicio telefónico les suministra el dato. Sin embargo, la burocracia insume tanto tiempo que los delincuentes logran disponer del artefacto antes de que la justicia se mueva para recuperarlo. Algo similar pasa con las personas que cometen pequeños delitos y son liberadas para esperar el juicio en libertad. Concretamente, la lentitud de la justicia para hacer los juicios permite que los comportamientos delictivos se repitan. Así, se comenten muchos delitos y ninguno de ellos son enjuiciados. Si no hay juicios no hay condenas. Sin condenas firmes, todos los ciudadanos son inocentes. Es un círculo.

La aplicación en abstracto de la ley, los hábitos de otros tiempos y, en general la cultura jurídica que envuelve a nuestro sistema judicial, son tópicos que ayudan a comprender el fenómeno de la “puerta giratoria”. Además, explican por qué muchas decisiones de los jueces y fiscales, aunque son legales, la sociedad las percibe como injustas. Incluso, a veces la ciudadanía se rebela contra las propias instituciones públicas por esa tensión entre la ley y la justicia. Se trata, en definitiva, de la naturalización de un fenómeno que hinca sus raíces en el uso privado de la estructura institucional. Me referí al tema en República de la Impunidad (Ariel 2020).

La aplicación en abstracto de la ley, los hábitos de otros tiempos y, en general la cultura jurídica que envuelve a nuestro sistema judicial, son tópicos que ayudan a comprender el fenómeno de la “puerta giratoria”.

Uno de los caminos para reconciliar a las leyes con las sentencias pasa por trabajar en la formación de los funcionarios judiciales para conciliar las cláusulas generales y universales de la ley con el sentido común. Las sentencias tienen que reconocer el “aquí” y el “ahora”. No se pueden desentender del mundo de la vida. Cuando eso pasa, el sistema judicial se aleja de la sociedad y, en el mejor de los casos, la práctica judicial se convierte en un ejercicio académico. Pero el diseño institucional asigna a la justicia la función de expropiar los conflictos sociales tipificados como infracciones y resolverlos de acuerdo con la ley. Una aplicación de la ley que tiene que embridarse en el ethos social.

Nada nuevo. Aristóteles en su Retórica advertía que existían dos clases de leyes. Las comunes, que son las reconocidas por todo el mundo como los derechos naturales, y las leyes particulares. Dentro de esa categoría distinguía las leyes escritas de las no escritas, que son las “definidas por cada pueblo en relación consigo mismo”. Las normas no escritas son, precisamente, parte de las dimensiones del sentido común que muchas veces desconocen nuestros magistrados quienes, a menudo sin querer, dictan sentencias legales pero injustas.

FD

Norberto Oyarbide no fue un buen juez, pero tampoco el peor de todos. Obviamente no fue el magistrado modelo que prevé la Constitución Nacional. Llegó al cargo en 1994 envuelto en sospechas sobre su independencia y se jubiló en medio de una confusa trama (que nunca se aclaró) en 2016, bajo esas mismas sospechas. Lo conocí en sus últimos meses como fiscal. Lucía impecables trajes blancos que combinaba con zapatos del mismo color. A menudo organizaba eventos en su oficina, a los que concurrían entonces importantes funcionarios judiciales. Tuvimos siempre buena onda en términos personales, aunque la relación profesional estuvo surcada por los desacuerdos.  

Había muchos Oyarbides. Cuando le tocó resolver casos complejos y de alto impacto público su trabajo fue coherente. Siempre se amoldó a las necesidades del poder de turno o a las propias, ligadas a los pedidos de enjuiciamiento que lo acompañaron durante toda su trayectoria. Oyarbide se acercó a ese modelo de juez que en “República de la Impunidad” (Ariel 2020) llamé “juez rockstar”; para definir a los jueces que buscan notoriedad y no hacen justicia. Pero Oyarbide se comportaba así en las causas que él llamaba de “ricos y famosos”, que eran sus preferidas. Disfrutaba de las tensiones propias de un cargo tan complejo. Incluso de momentos de mucha tensión cuando, por ejemplo, poderosos imputados durante las audiencias le reprochaban en su cara su trabajo como juez. Vi como soportaba esos transes sin despeinarse.

También le gustaba la ansiedad de los cronistas judiciales para acceder a información en off. Jugaba con esas necesidades y administraba esa información con mucha eficacia. Supo mover los expedientes al ritmo de los requerimientos sociales. Por ejemplo, procedimientos judiciales en momentos del prime time televisivo, citaciones a personas reconocidas en horarios precisos, resoluciones procesales publicadas el día indicado. Oyarbide supo jugar como nadie los “juicios mediáticos”

Cuando intervino en causas “normales” su trabajo era diferente. Recuerdo que en una época saludaba a todos los detenidos que pasaban por su juzgado y a todos les daba su teléfono celular para que lo llamen ante cualquier problema. A las chicas que colaboraban con él les regalaba flores los 21 de septiembre. También recuerdo sus obsesiones por la atención al público y a los abogados en su juzgado. Llegó a colocar cámaras en la mesa de entradas y personalmente monitoreaba la relación entre los empleados y los litigantes. A punto tal que muchas veces abría el micrófono y dejaba su opinión en las típicas discusiones entre abogados y empleados judiciales.

Pero todos los diferentes “Oyarbides” confluían en un punto: la exageración de sus actos. Teatralizó gran parte de su vida pública. Narraba con orgullo por los pasillos de Comodoro Py, siempre seguido por sus fieles custodios (los gladiadores), que Mirtha Legrand lo felicitó por su trabajo investigando medicamentos truchos. Convirtió algunas audiencias en sesiones cinematográficas. Recuerdo una tarde memorable, cuando recibió en su juzgado a Chiche Gelblung, acusado de hacer apología de las drogas. Protagonizaron escenas desopilantes. Uno en defensa de la libertad de prensa. El otro explicando la importancia del acto procesal de defenderse. Norberto Oyarbide tuvo muchos rostros como magistrados. Fue un modelo de juez, no un juez modelo, que dejó marcas muy importantes en el sistema judicial. Su polémico comportamiento, habla de él. Es verdad. Pero Norberto Oyarbide fue juez por mas de 20 años. Y ello habla del desempeño de nuestras instituciones. 

FD

En las últimas semanas los hechos que conmueven a Colombia, a Nicaragua, a Haití, a Sudáfrica y a Bolivia, por citar solo algunos ejemplos, revitalizaron la discusión sobre la mentira en la vida pública.

El uso de la mentira en la arena política se puede rastrear en el tiempo. Tomo dos casos. Platón en su República la vio con buenos ojos. Dijo que “Una mentira es útil solo como medicina para el hombre y el uso de estas mentiras debe reservarse sólo a los médicos” (recordemos que para Platón el ejercicio de la política estaba reservado a unos pocos). Maquiavelo aconsejó al Príncipe el uso de la mentira, porque “Si todos los hombres fueran buenos, este precepto sería malísimo, pero ellos como son malos y no observarán su fe con respecto a ti si se presentase la ocasión, no estás obligado a guardarles tu fidelidad”. En ambos casos, la mentira está pensada como un recurso para mantener la cohesión de la ciudad (del Estado diríamos hoy), despojada de componentes morales. Pero el devenir histórico modificó el uso de las mentiras en la vida pública.

A partir del siglo XX, con la democracia de masas, la ampliación del derecho al sufragio, la política como una profesión y el impacto de la tecnología en la competencia por acceder a los roles de gobierno convirtieron a la mentira en un recurso de la política práctica. Bernard Manin definió el fenómeno como “democracias de lo público”, en la que los partidos políticos se limitan a crear candidatos que, como si fuesen productos, son consumidos por el electorado. En el caso argentino la promesa de una “revolución productiva”, que fue el caballito de batalla de Carlos Menem en 1989, fue un ejemplo.

No obstante, la revolución comunicacional del siglo XXI expandió la eficacia de la mentira y cambió sus efectos. Las posibilidades de organizarlas y de difundirlas se volvió prácticamente ilimitada, perfeccionando probablemente la experiencia nacionalsocialista de la Alemania de Hitler y Goebbels. Esto incidió en los efectos de la mentira, porque permite construir verdaderas burbujas virtuales, que, aunque carecen a veces de vínculo con la realidad, capturan la subjetividad de los espectadores.

Los romanos distinguían al sujeto de derecho, es decir, al que podía tomar decisiones por sí mismo -con la categoría sui iuris- mientras que llamaban alieni iuris a los que no podían hacerlo. Mi intuición es que, en determinadas situaciones muy específicas, la mentira debidamente organizada y exprimiendo al máximo las capacidades tecnológicas puede convertir a las personas en alieni iruis; es decir, en alineados. El mitin que en base a mentiras montó Donald Trump el 6 de enero de 2021 y que culminó con la invasión del Capitolio por parte de sus seguidores, es un indicador concreto de la potencia de la mentira planificada. 

Es evidente que la mentira es una constante en la vida pública de las sociedades occidentales, aunque las formas en que se la utiliza actualmente permiten sospechar que son algo más que promesas falsas o acusaciones sin fundamento. Probablemente, se convirtió en un elemento decisivo para hacer posibles proyectos políticos que, si bien invocan a la democracia como horizonte normativo, en rigor de verdad están pensando en órdenes políticos poco inclusivos. La mentira puede ser un insumo que apunta a crear una realidad diferente al lenguaje de los hechos. La mentira como vector de construcción política apunta a mantener o sustituir una forma de ejercicio del poder. Esto es decisivo.

En efecto, la mentira como elemento para representar un mundo diferente al de los hechos, es un intento de conservar o reemplazar el estado de las cosas. Fundamentalmente porque busca negar algo real y aturdir al receptor para expropiar su atención. Este es su secreto, ya que significa la expropiación de la atención del receptor mediante el aturdimiento. Lo aturde porque la mentira se emite desde diversos canales y durante mucho tiempo: la prensa, la tv, las redes sociales, los memes. Lo aturde porque la intensidad de la lluvia de información que gira en derredor del mismo eje poco a poco aleja al receptor del mundo de la vida. En fin, esa multiplicación de mensajes inunda los sentidos y obtura la capacidad de correr el barniz y mirar si hay algo tras esas capas espesas de mentiras. Su efecto principal tiene que ver con que desplaza la discusión. La realidad queda a un lado.

La mentira como vector de construcción política apunta a mantener o sustituir una forma de ejercicio del poder.

En la justicia nos pasa todo el tiempo. Los juicios tienen pasos que llevan tiempo. No es factible decir “culpable” o “inocente” en un día. Aunque la justicia es particularmente lenta en nuestro país, necesariamente tiene una temporalidad distinta a la de otras actividades. Así, a menudo se usa la mentira organizada cuando los casos involucran a personas con importantes recursos económicos, políticos y/o simbólicos para crear una situación distinta a la real. Se apuesta al fracaso de la investigación. Cito un ejemplo. Cuando la República Federativa de Brasil y la República Oriental del Uruguay enviaron pruebas oficiales sobre las derivaciones de “Odebrecht” en nuestro país, se decía que esos documentos oficiales eran falsos. Tan bien se organizó, que la discusión se desplazó hacia las mentiras. La intención no era simplemente desprestigiar el proceso penal sino negarlo, porque en esos casos tan importantes es casi imposible que el éxito de la investigación no altere la realidad material que, a través de la mentira, se intentó en esos casos conservar.

El eje que me interesa retener, entonces, no tiene que ver con aspectos éticos que me preocupan y mucho. En este caso, el eje se vincula con el recurso que surge de combinar las posibilidades comunicacionales con mentiras debidamente planificadas para negar hechos que se presumen amenazantes. Ello se traduce en la chance concreta de reducir el espacio público a través de la acción de demonizar o invisibilizar hechos que algún grupo o persona catalogue como un riesgo para afectar determinadas posiciones. Significa que, quien pueda, tiene posibilidades para fijar de facto reglas de juego en la arena pública que distingan lo admisible de lo inadmisible, por fuera de la constitución.  

Y aquí yace una cuestión nodal y que tiene que ver con el pleno imperio de la ley. En una república democrática, son los ciudadanos a través de las mediaciones institucionales, quienes definen lo permitido de lo prohibido. La transformación de la mentira en el sentido precedentemente individualizado es un tópico pendiente de regulación específica; es decir, acorde con los tiempos que corren. Pero en términos individuales hay un terreno que debemos recuperar los ciudadanos y que tiene que ver con valorizar el honor ¿Cómo? Exigiendo mediante la ley que las ofensas personales sean reparadas. Naturalizar la devaluación del honor y tolerar las ofensas son formas de matar por dentro la democracia y de reproducir la eficacia política de la mentira. Sobre todo, porque una sociedad constituida por vínculos sociales que se nutren de la mentira es frágil y solo es remunerativa para aquellos sectores que tiene posibilidades de propagarla de manera sistemática. La mentira es  hostil a las mayorías y abre el camino hacia lo que Robespierre llamó “la aristocracia del dinero”.

FD

Hace pocos días generó un pequeño debate en nuestra vida pública el mensaje que el papa Francisco envió al director general de la Organización Internacional del Trabajo Guy Ryder. Me interesan dos frases para discutir. La que definió a la propiedad privada como un derecho secundario y la que subordinó este derecho al destino universal de los bienes. Me interesan porque no se trata solamente de cuestiones propias de la filosofía política, sino de tópicos prácticos sobre los que se asientan los cimientos de las sociedades occidentales y que definen la extensión de los derechos humanos, un tema que envuelve a toda la tradición republicana.

La palabra república está un poco maltratada y sometida a un proceso de resignificación que la alejó de todo su potencial emancipador original. Básicamente recordemos que república se define por la capacidad de vivir en una sociedad sin reconocer otro dominio que el de la ley, que es la expresión de la voluntad ciudadana. Retengamos eso, la ley expresa nuestros acuerdos y es universal porque se aplica -al menos en teoría- a todo el mundo. Recordemos también que al interior del republicanismo hay dos grandes vertientes. La aristocrática, que se remonta a Aristóteles y que grosso modo se limita a incluir en el régimen político como sujeto de derechos a los propietarios y el republicanismo democrático, que se remonta a la Atenas de Aspasia y Pericles, de vocación universal.

En ambas corrientes, la cuestión nodal es la relación entre la libertad, la igualdad y la propiedad, porque se trata de esferas inescindibles para poder vivir sin reconocer ningún señorío o amenaza de un tercero. En esa clave, es importante tener en claro que la base material que suministra la propiedad es una fuente de igualdad, porque nos vuelve autónomos. No es lo mismo ser parte de la sociedad con casa y trabajo asegurado, que vivir en la incertidumbre del día a día para comer y dormir. La gran diferencia entre ambas es la extensión de aquella relación.

Decía que la tradición del republicanismo democrático tiene un horizonte normativo universal, vinculado con la extensión del derecho de propiedad. Según esta mirada, cuantos más propietarios haya, habrá más libertad definida como la chance de tomar decisiones sin pedir permiso a nadie (esta es la razón ética de la Renta Básica Universal). Para el republicanismo, en cualquiera de sus posiciones, el grado de libertad de una sociedad se define por la forma en que está configurada la propiedad.

Es por ello por lo que, en las facultades de derecho, en las primeras clases de derecho constitucional, a los alumnos nos enseñan que hay derechos que se pueden disponer y otros de los que no se pueden disponer ¿Está permitido firmar un contrato de esclavitud? No. Hay en juego derechos inalienables que no se pueden separar de la condición humana. ¿Se pueden comprar y vender cosas? Si. Ello tiene que ver con la forma en que regulamos la propiedad. Las palabras del Papa, entonces, toman partido por una perspectiva teórica que se remonta a la reacción de la Escuela de Salamanca, a través de Juan de Mariana y Bartolomé de las Casas, que en el siglo XVI reflexionaban sobre las implicancias de la “Conquista de América” y generaron lo que se conoce como el derecho natural revolucionario.

El planteo del Papa introdujo, frente a los representantes de los trabajadores (a quienes Aristóteles llamaba “esclavos a tiempo parcial”), el debate sobre la propiedad que, obviamente, tiene que ver con discutir la libertad y la igualdad; es decir, las bases de la sociedad. Por eso decía que se trata de una cuestión práctica, actual y pertinente en sociedades como la nuestra, atravesadas por la pobreza estructural. 

¿Por qué es la propiedad un derecho secundario? La respuesta a esta pregunta nos va a mostrar por qué el Papa habló del destino universal de los bienes. Veamos rápidamente las dos grandes posiciones.

Para el republicanismo la propiedad es el modo en que se controlan en una sociedad los recursos que hacen posible la existencia material. Esos recursos de la naturaleza son comunes. Para el cristianismo son obra del creador, para el racionalismo son obra de la naturaleza que no reconoce autoridad. Lo importante es que nadie nace con derecho a ser propietario. La propiedad es un problema, entonces, de diseño institucional.

Por razones de espacio es imposible rastrear las huellas de la tradición republicana. Digamos que John Locke, Adam Smith, Immanuel Kant, Thomas Paine y Thomas Jefferson la representan magníficamente. Probablemente el discurso de Robespierre del 2 de diciembre de 1792 condensa a esta tradición. Afirmó que “la primera ley social es aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir”. Aquí aparece claro el problema. Los bienes de la naturaleza son comunes. El derecho de propiedad es secundario porque es la sociedad es la que establece a través de la ley su funcionamiento. La constitución de México de 1917 delegaba en el parlamento dicho aspecto, como la constitución Alemana de la República de Weimar. La nuestra es más taxativa. Pero lo importante es que fueron ciudadanos los que resolvieron el punto.

No obstante, desde fines del siglo XIX la propiedad se definió de otra manera. El jurista británico William Blackstone la entendió como el exclusivo y despótico dominio que un hombre exige sobre las cosas externas del mundo, con total exclusión del derecho de cualquier otro individuo. Se trata de la concepción liberal de la libertad. ¿Cuándo nació? Sigo a María Julia Bertomeu y a Antoni Domenech. Nació en las Cortes de Cádiz, en 1812, cuando la libertad fue separada de las condiciones materiales de existencia. Desde ese momento, libre es quien tiene propiedades y también quien solo tiene para vender su fuerza de trabajo. Esta es la innovación liberal (alejada de Locke y Kant que murieron en 1704 y en 1804, respectivamente) y que nos coloca a todos en un pie de igualdad para contratar, más allá de nuestras condiciones de vida reales.

Esto quiere decir que el planteo del papa Francisco, anclado en esa noción de derecho natural revolucionario que distingue derechos disponibles de los indisponibles, se inscribe en una disputa sobre el tamaño de los derechos humanos y apunta a discutir el formato del mundo de la vida real. Aquella intervención ante la OIT es similar a las discusiones de la OCDE, la Unión Europea y los países más poderosos que en estos días debaten temas tributarios que también se vinculan con el diseño de las sociedades.

Hagamos una simple asociación para reforzar la pertinencia de la tensión entre libertad, igualdad y propiedad. De acuerdo con el Indec, el muestreo del segundo semestre de 2020 reveló que el 42% de la población de nuestro país está por debajo de la línea de pobreza. Es urgente discutir el funcionamiento de la sociedad y para ello hay que problematizar cómo hacer para mejorar la república que, según el artículo 1 de la Constitución Nacional, tenemos que construir colectivamente. No se trata, entonces, de usar adjetivos calificativos para discutir la intervención papal. Tampoco es una cuestión de fe, sino de reflexionar sobre el tipo de sociedad en la que nos interesa vivir. Recordemos cómo empieza el preámbulo de nuestra Constitución. Dice: “Nos, los representantes del pueblo”. Esa fórmula permite sostener que la soberanía reside en el pueblo y que el pueblo cedió su derecho a intervenir en los asuntos públicos a sus representantes. Pero esa cesión no desliga a los ciudadanos de la obligación constitucional de construir una república democrática.

FD

El conflicto entre la Presidencia de la Nación y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por las clases presenciales ocupa la atención pública. La pelea sobre si tiene razón uno u otro no creo que nos lleve muy lejos. Propongo pensar el tema en dos planos. Por un lado, por qué la estructura institucional, desprovista de ciertos recaudos, incentiva estas querellas.  Por otro, qué puede hacer la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para ganar claridad haré a un lado las cuestiones jurídicas finas. 

Hasta el 18 de abril solamente sabíamos que el presidente había tomado una decisión que conocimos días antes (mediante la que estableció algunas restricciones producto de la evolución de la pandemia) y que el gobierno porteño la había impugnado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero aquel 18 nos enteramos que dos asociaciones civiles habían hecho un planteo similar, pero ante la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si estos jueces resolvían favorablemente el pedido, una parte de la decisión presidencial podía quedar sin efecto. 

Esa noche, los jueces de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad ordenaron al ejecutivo local garantizar las clases presenciales en la ciudad. El lunes 19, a pedido del gobierno nacional, la justicia en lo contencioso administrativo federal bloqueó la decisión de los jueces porteños. Pero la ciudad no la acató. ¿Cómo es esto? Veamos primero por qué ocurrió legalmente este entrecruzamiento legal. Luego, qué puede hacer la corte. Finalmente, por qué nos pasan estas cosas a los argentinos.

La República Argentina es un país federal. Brevemente, significa que los estados provinciales conservan todo el poder no delegado al Estado central ¿Qué conservan? La chance de elegir autoridades, de diseñar sus instituciones (ejecutivo, legislativo y judicial), la salud pública, etc. El Estado federal regula todas aquellas materias propiamente federales establecidas en la Constitución. En ciertos temas, todos tienen facultades concurrentes. Si hay un conflicto entre una provincia y la nación, lo resuelve la Corte Suprema. 

Pregunta obvia ¿la ciudad capital es una provincia? No. Es una ciudad autónoma luego de la reforma de la Constitución de 1994. Pero la corte la equiparó a los efectos legales. En tanto ciudad autónoma, Buenos Aires tiene su justicia, que dirime los conflictos entre los vecinos de la ciudad y entre los vecinos y el estado local.

Retengamos que cada jurisdicción puede establecer normas en materia de salud pública y que el gobierno federal a veces también. Entonces, ¿quién puede dictar disposiciones para enfrentar la pandemia? Formalmente todos. De hecho, hasta estos días, el presidente fijó a través de decretos las principales políticas en materia sanitaria desde marzo de 2020 y cada nivel de gobierno las acató y ajusto a sus realidades.

El federalismo supone cooperación. Esto es decisivo. Requiere mucha destreza política y buena fe de los actores. Sobre todo, porque el Ejecutivo es muy fuerte según el diseño institucional y está en permanente tensión con las autonomías de los estados que integran la federación. Aquí y ahora lo que pasó es que el Estado federal y la Jefatura de Gobierno porteño quieren regular de manera diferente la misma cuestión. 

El presidente emitió una decisión autoritativa que, por un tiempo limitado, anclado en la crisis sanitaria y en nombre del bienestar general como horizonte, avanzó sobre las autonomías de la capital y de la provincia de Buenos Aires. Sería como soportar tener menos poder en beneficio de todos. El jefe de gobierno impugnó el decreto ante la Corte Suprema. La corte debe resolver si el decreto (el medio de intervención que escogió el presidente) es proporcional al mal que busca evitar (que la crisis aumente). Es decir, si la Constitución tolera el avance del Ejecutivo sobre el área metropolitana. 

Corre por otro carril la discusión entre la justicia local y la federal por la suspensión de las clases, pero depende de lo que la corte diga sobre el decreto. Veamos. Opción a) la corte resuelve que el decreto del presidente es inconstitucional y cae. En tal caso la puja judicial por las clases se termina. Opción b) la corte resuelve que el decreto presidencial es constitucional. En ese caso queda sin efecto la decisión de la justicia porteña. Siguen las restricciones. Además, se abre un escenario legal desafiante para la justicia, ya que debe analizar si las medidas que desconocieron la expresión de voluntad del presidente tienen consecuencias jurídicas (penales, civiles, administrativas).

Esta es la explicación legal. Está muy lejos de lo que quiere la Constitución. Se puede decir que es un caso de judicialización de la política. Hay algo de ello, pero es más grave. Asistimos al uso privado de las instituciones. Me ocupé de esta catástrofe en República de la Impunidad (Ariel, 2020). Dicho fácil, los ciudadanos con la ley podemos hacer tres cosas: cumplirla, desobedecerla o torcer su significado para que nos calce a medida. Cuando la torcemos nos apropiamos. Por lo tanto, hacemos un uso privado de ella, aunque la ley es universal. Si, además, conseguimos que algunos magistrados recepten favorablemente esa interpretación particular, conseguimos hacer un uso también particular del expediente. Se trata de un producto dotado de autoridad pública, que subsidia intereses privados. 

Así, las instituciones de todos los ciudadanos se vuelven herramientas que sirven intereses privados. La llamada “sentencia a medida” es un caso paradigmático en nuestra vida pública. Pero es un síntoma de un problema mayor, ya que agudiza el proceso de expropiación de lo público. De este modo, las instituciones no nos mejoran la vida a todos. Sirven a pocos ¿Por qué pasa? Entre otras cosas, porque no pasa nada. No hay costos para quienes participan de estos procesos, ya sean funcionarios públicos o particulares. 

Nuestra estructura institucional federal esta desprovista de mecanismos eficaces que impidan estas prácticas desleales con la Constitución. El diseño legal da por sentado que nos vamos a comportar como lo indica el plano del deber ser. No hay costos reales para nadie. En algunos sistemas de nuestro país, las medidas cautelares como la que suspende clases presenciales o la que las bloquea, exigen para quienes la piden que suministren un reaseguro para con el Estado. Pero no se aplica en todas partes. 

El uso privado de la cosa pública se transforma en una tentación para quienes tienen recursos. Es casi una regla informal. En 1984 Guillermo O’Donnell describió el juego político de la argentina como un “corporativismo anárquico”; esto es, un movimiento en que las facciones buscan imponer “su” interés en las instituciones sin respetar las formas y a caballo de su propio peso específico. De prepo. Creo que el problema de fondo es una cultura política incentivada por una estructura institucional que no contempla costos y que solo profundiza la expropiación de lo público.

La tensión por las clases presenciales se inscribe en esta matriz. Se traduce en la posibilidad de contar con sentencias judiciales como una herramienta propia. Es peligroso. Un martillo sirve para clavar un clavo, pero también para lastimar. El uso privado del expediente des-ciudadaniza y la república democrática se alimenta de ciudadanos.  La corte no puede hacer milagros. Puede resolver el caso simplemente o ir más allá. Puede, coqueteando con John Austin, “hacer cosas con palabras” y, aprovechando el carácter performativo del derecho, dotar a su sentencia de un poderoso mensaje moral.

FD 

La pregunta por el orden social justo atraviesa la República de Platón. Y es la pregunta que subyace hoy a todo el debate que tensiona a Occidente. Une los hechos del 6 de enero en el Capitolio, las discusiones de nuestra vida pública sobre el aparato judicial, el sistema de salud, el régimen impositivo y también las tensiones entre países ricos y países pobres miembros de la Unión Europea. Recordemos que Trasímaco punzó a Sócrates diciendo que lo justo es lo que beneficia al más poderoso. A partir de allí se desarrolló todo un andamiaje que, en el fondo, apunta a justificar las razones por las que los pobres libres no deberían ser parte de la democracia. La pregunta que nos habita hoy es: ¿Puede la democracia producir un orden social justo? Dicha pregunta nos lleva a otra: ¿Dónde estamos?

En medio de la combinación de una crisis económica y política envuelta en la pandemia, asistimos a una suerte de expropiación de las instituciones heredadas de las Revoluciones Norteamericana y Francesa. De hecho, la toma de esas instituciones públicas trajo aparejada una exclusión de las mayorías en el proceso de toma de decisiones. La política se volvió corporativa, chata, opaca: las decisiones se toman a espaldas y a veces en contra de las grandes mayorías. La impunidad, la violencia y las desigualdades distinguen a estos tiempos. ¿Por qué no pasa nada?

En su artículo “Poder y orden: La estrategia de la minoría consistente”, Norbert Lechner explicó por qué un mundo injusto permanece en el tiempo. Sostuvo que el secreto de su duración está anclado en la ‘seguridad’, la cual -más allá de toda consideración sobre la calidad de vida- vuelve predecible el proceso social. En nuestro país, un ciudadano puede calcular cómo hacer para violar la ley y que no le pase nada. Se tiende así a ‘invertir’ para conservar lo que se tiene, por poco que sea. 

A la pregunta por los cimientos de esa situación social, Lechner respondía que obedecían a un fenómeno subjetivo y a condiciones materiales que generan un ecosistema autoritario edificando disposiciones que tienden a hacer respetar las jerarquías, un rasgo propio de las sociedades estructuradas en base a las diferencias. El resultado de este proceso se asemeja al mundo actual: minorías que gobiernan en contra de los intereses mayoritarios, pero que permanecen.

Respecto al modo en que mantienen la dominación, señaló que una vez en el poder las minorías se las ingenian al administrar los recursos públicos para generar divisiones que hagan casi imposible crear una organización capaz de desafiar el esquema. A la par, hacen creer que conservar lo que existe es la única alternativa. En otras palabras, el secreto del éxito de las minorías pasa por naturalizar determinado orden social creando un entorno que lo transforma en sentido común. Cualquier alternativa es percibida como el caos. A ese orden, que es el rostro de una forma de ejercer el poder, Lechner lo llamó el poder normativo de lo fáctico. Su fuente de vida es la capacidad de generar anticuerpos para que los ciudadanos no se animen a interpelar su conciencia y, en consecuencia, a cuestionar la realidad.

Pero, ¿cómo se sostiene el esquema en la vida cotidiana? Gracias al rol de los ‘guardianes’. Esto es, una serie de personas capaces de respaldar con la fuerza algunas decisiones y convertirlas en obligatorias. Es el caso de los jueces rock star y sus sentencias arbitrarias, de las voces de los ‘mercados’ o de las empresas tecnológicas que definen -en lugar de hacerlo la República- quién puede ejercer la libertad de expresión. Los guardianes intervienen también en la esfera simbólica. Destilan una forma de ver el mundo que dice que no hay otro distinto al actual. Se presentan como técnicos que se mueven en base a un saber impersonal, objetivo y despolitizado. Esa élite exige un consenso por adhesión a su visión petrificada del mundo, porque lo contrario es ‘irracional’. Así, una minoría adquiere la capacidad de gerenciar sociedades en las que se naturaliza vivir mal. Cristalizan la respuesta que dio Trasímaco a Sócrates.

Como decía al principio, vivimos en tiempos de resignificaciones.  Por ello es preciso reflexionar en torno al poder normativo de lo fáctico. Sobre todo, porque esa cara del poder entraña apatía política que engendra apatía moral y lleva a que las grandes mayorías acepten el mundo como algo externo, natural e incuestionable. Además del tópico racial, el fascismo se caracterizó por impedirles a las mayorías discutir la extensión de los derechos en la sociedad. Por eso, cuando discutimos acerca del orden social justo, debemos tener claro que cambiar el mundo tiene que ver con recuperar el poder, que es un producto humano. También, con recordar que las experiencias históricas constituyen una poderosa fuente de conocimiento para pensar el futuro.

Como enseñó Antoni Domenech en El eclipse de la fraternidad, los griegos en el período de Pericles lograron articular la vida pública en base a los pobres libres, algo que no le gustaba a Platón. Crearon repúblicas democráticas que consiguieron grandes logros.  Por ejemplo, prohibir la esclavitud por deudas, remunerar la función pública de los pobres libres, gozar de la libertad de palabra en el ágora, asegurar la rotación en los cargos públicos. Resolvieron con éxito uno de los problemas básicos de la vida en común: ¿quién toma las decisiones? Y dieron lugar a un verdadero estado de derecho en el que los ciudadanos vivieron obedeciendo a una ley que era la expresión colectiva de sí mismos.

Por ello, es preciso discutir los modos en que las grandes mayorías pueden articularse para construir un orden social justo a partir del derecho a la existencia (el derecho que hace posible disfrutar de otros derechos). Un orden que genere las condiciones para sociedades que hagan posibles la libertad, la igualdad y la fraternidad.

 FD

En diciembre del año pasado entregué el manuscrito de República de la Impunidad (Ariel, 2020). Tuve que cambiar la conclusión del texto. Lo hice estimulado por el discurso del presidente Alberto Fernández en el Congreso el 10 de ese mismo diciembre, que con mucha precisión realizaba un diagnóstico impecable de la “cuestión judicial”. Básicamente porque gran parte de la Justicia hace cosas no previstas ni queridas por la Constitución Nacional. Un año después Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, se expresó en una carta que se inscribe en una perspectiva análoga. Nada nuevo. Mauricio Macri, cuando asumió la presidencia, también dedicó un párrafo al sistema judicial y el exministro de Justicia Germán Garavano impulsó el proyecto “Justicia 2020”. No me interesan los actores institucionales en tanto tales. Tampoco discutir ahora los proyectos en sí mismos. Me preocupa que todo sigue igual.

Un concurso preventivo se transforma muchas veces en un mecanismo heterodoxo que utilizan los deudores para financiarse a costa de los acreedores. Los trabajadores despedidos injustamente tardan demasiados años en conseguir la indemnización. Los jubilados deben esperar décadas para percibir correctamente su remuneración. Un cheque sin fondos no se puede cobrar casi nunca. Las cárceles rebalsan de personas cosificadas que están lejos de cualquier instancia de resocialización. Los delitos de los poderosos no son juzgados. Los ciudadanos esperábamos con ansiedad ver en imágenes públicas los polémicos juicios orales contra los exfuncionarios kirchneristas. No fue posible. Es verdad que la pandemia lo cambio todo, pero en la Justicia sus efectos aún son tenues. De hecho, no sabemos bien cómo reemplazar el viejo expediente que acumula papeles. Es más, las oficinas funcionan gracias a la creatividad y el esfuerzo de la gran mayoría de los judiciales que hacen milagros con los vetustos sistemas informáticos.

La Justicia, como expliqué en mi libro, profundizó en los últimos años el hábito de usar la ley con fines ilegales. Para decirlo rápido, la Justicia no es justa y fabrica impunidad. Aunque, irónicamente, la mayoría de sus integrantes son gente buena. La pregunta es: ¿Cómo se hace para salir de este tobogán que parece no tener fin? Intuyo que hay dos caminos que recorrer. Uno de ellos atañe a la política. Es preciso hacer algunas reformas en la arquitectura del dispositivo judicial. Sobre todo, para reducir los niveles de discrecionalidad que tienen los magistrados sobre las vidas de los ciudadanos. Llamo a esa dimensión “la reforma exterior”. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia debe tener plazos para dictar sentencias y tiene que haber incentivos institucionales para premiar a los leales a la Constitución y castigar a los que no hacen las cosas bien. 

Sin embargo, hace falta “la reforma interna” que tenemos que hacer los judiciales. Creo que a esa dimensión no se le presta la atención adecuada. Normalmente se discuten grandes y pomposas reformas legales. Se olvida que las leyes son puestas en movimiento por hombres y, en consecuencia, se subestima el peso que tienen los comportamientos de jueces, fiscales, empleados de la Justicia, abogados, periodistas y todos aquellos que componen el ecosistema judicial. Casi siempre lo micro explica lo macro. En este texto no puedo extenderme sobre ello. Pero voy a tratar de graficarlo con un ejemplo.

El miércoles 25 de noviembre, cuando murió Diego Maradona, cerca de las 10.00 de la mañana fui al edificio de la Obra Social del Poder Judicial, porque necesitaba bonos de consulta médica. En la entrada había dos gendarmes y mucha gente agrupada en derredor de tres filas muy desprolijas y desparejas. Una llegaba casi hasta la esquina de la calle Rodríguez Peña. Otra se extendía unos metros hacia Callao y una tercera estaba frente al ingreso. Los gendarmes me preguntaron si tenía turno y me mandaron a la cola. Repentinamente, dos personas salieron del edificio hacia la calle. Uno le dijo a un afiliado: “Tomá, llevá este papel, que el médico lo llene, lo firme y me lo traés de nuevo”. La otra llamaba en voz alta a los afiliados por su apellido en medio de la vereda y a medida que se acercaban les entregaba papeles. Bastante caótico todo. Esperé veinte minutos hasta que medio aturdido por las discusiones en la vereda de la calle Lavalle tomé mis bonos y me fui.

Nuestra Obra Social nos describe. Desorden, malos tratos, vueltas y más vueltas. La obra social de los judiciales trabaja con bonos, credenciales impresas en papel, autorizaciones para servicios que hay que tramitar personalmente, atiende en la vereda, pero a través de empleados y con la mediación de la gendarmería, porque sus autoridades son como fantasmas. Cuando en 2018 (in)explicablemente un auto me atropelló, estuve cinco horas en una camilla esperando que una ambulancia me trasladase de un hospital a otro. Fue la primera vez que hablé con el responsable máximo de la entidad, quien me llamó a los dos o tres días para decirme que no era responsable de la demora. 

La anécdota condensa un campo de problemas que trascienden el cambio de una ley, pero que explican gran parte del fracaso de la aplicación de la ley. El desafío es mucho mayor que cambiar jueces y fiscales. Estoy de acuerdo en que hay que mejorar las designaciones y los controles. Pero hay que trabajar duramente sobre ese entramado cultural que se impone sobre las personas, transforma a quienes están del otro lado del mostrador y los vuelve hoscos, distantes, poco sensibles, arbitrarios y a las sentencias brutalmente incomprensibles. 

No obstante, es este ecosistema el que hace posible las sentencias a medida, las causas armadas, los jueces rockstars, los empleados infieles, las coimas, el vínculo anómalo con los medios de comunicación, los abusos en las prisiones preventivas, la corrupción en general. Vuelvo al ejemplo. Parece extraño que una obra social, cuyo espíritu es la solidaridad para enfrentar algunas de las desventuras de la vida, sea tan hostil. Pero, en alguna medida, no se aparta del funcionamiento general del sistema judicial que sufrimos los ciudadanos.

Guillermo O’Donnell creó probablemente el mejor modelo teórico para comprender los autoritarismos en América Latina. En particular, en nuestro país. Lo llamó el “Estado Burocrático Autoritario”. Sostenía que el autoritarismo de alguna manera permitía hacer efectiva la dimensión económica del nuevo patrón de acumulación, ya que hacía posible la exclusión política de grandes sectores sociales. Tan solo con mirar a algunos países de la América Latina, del sur de Europa y estados del norte de nuestro continente, nace el interrogante angustiante que invita a pensar si la aplicación arbitraria de la ley no se acerca peligrosamente a la función que en otros tiempos tenían los autoritarismos. 

Más allá de las escenas de estériles pugilatos verbales, de tantos “ismos” que reivindican “la” verdad, en aquella tendencia yace la reforma judicial necesaria. Depende de la construcción colectiva de la república democrática. Coqueteando con Antoni Domenech, hay que trascender “El eclipse de la fraternidad”.