La vuelta de Donald Trump al poder en los EEUU augura una nueva intensificación de la “guerra de monedas” globales entre el dólar y el yuan chino. Estamos lejos de predecir el futuro de esta contienda pero las páginas de Dolarizaciones proponen una caja de herramientas que ayuda a comprender cómo una moneda global (hoy el dólar, mañana puede ser otra) condiciona y transforma la vida de millones de personas en el mundo. 

En países donde las personas han atravesado el colapso de los mercados, la caída de regímenes políticos, guerras, múltiples reformas monetarias, devaluaciones bruscas e hiperinflación, qué activos conservan valor es una pregunta vital que la dolarización viene a resolver.

Si habitualmente la dolarización de la economía de un país se mide a través de los indicadores financieros (cantidad de cuentas bancarias nominadas en dólares, por ejemplo) el movimiento aquí propuesto es comprender cómo las dolarizaciones -en plural- se convirtieron en capítulos centrales de la historia y el presente de Argentina, Venezuela, Ecuador, Cuba, Haití, El Salvador, México, Zimbabwe, Vietnam y Georgia. 

En estos contextos nacionales, por un lado, el protagonismo del dólar alcanza un rol preponderante en la sociedad, la política, la sociedad e incluso en la configuración de las identidades personales y colectivas. Por otro lado, este protagonismo es un lente para comprender fenómenos más amplios que han marcado el último medio siglo y configuraron las trayectorias de esos países: los procesos de descolonización, el derrumbe del bloque soviético y las transiciones postsocialistas, los procesos hiper-inflacionarios y las grandes crisis sociales, la financiarización de la economía y el debilitamiento de los estados de bienestar, entre otros.

La definición corriente del término dolarización es el reemplazo legal o extralegal por parte del dólar estadounidense en todas o algunas funciones de una moneda nacional. Son las fallas en cumplir las funciones monetarias las que operan como causante para el reemplazo de las monedas nacionales por el dólar, las monedas “débiles” o “enfermas” por las “fuerte” o “sana”.

Las narrativas expertas sobre la dolarización proponen una definición estrecha sobre el rol del dinero en la vida social. Nos ofrecen una lectura pobre sobre cómo efectivamente una moneda global como el dólar condiciona y transforma la sociedad, la política, y la economía más allá de las fronteras de los EEUU, y más allá su rol en el sistema monetario internacional. 

Parafraseando al sociólogo Marcel Mauss, con el dólar circula mucho más que una moneda “fuerte” (circula poder, signos de estatus, pertenencias sociales, memorias, imaginarios colectivos y personales) y se producen muchas otras cosas diferentes a la lógica del reemplazo como determinadas dinámicas políticas (la puesta en juego de la autoridad política), sociales (la puesta en juego de modos de estratificación, diferenciación y desigualdad), personales (la puesta en juego de ideas de libertad, estima, autonomía, bienestar) e históricas (la puesta en juego relaciones con los legados del pasado).

Este libro repone estos procesos invisibilizados cuando en las conversaciones públicas, expertas o académicas las perspectivas del reemplazo dominan las interpretaciones sobre las dolarizaciones.

En primer lugar, la imagen del reemplazo invisibiliza significados y usos del dólar no tan evidentes y cambiantes a lo largo del tiempo.

Las historias de exclusiones y tolerancias en contextos socialistas y postsocialistas (Cuba, Vietnam, Georgia), por ejemplo, muestran transformaciones de los significados y usos de la moneda norteamericana muy marcadas a lo largo del tiempo, inflexiones profundas sobre los modos en que el dólar está excluido o integrado en la vida social y política de estos países. Desde ser sinónimo de contrabando e ilegalidad a representar un estatus social acomodado y afianzamiento de una identidad personal moderna y global en Vietnam, de significar un orden político contrarrevolucionario hasta ser aceptada y tolerada por un gobierno socialista como el cubano son, entre otras, inflexiones de significados y usos que exceden la esfera económica y marcan la trayectoria y los cambios de esas sociedades desde el prisma del lugar de la moneda norteamericana.

A través de la imagen de reemplazo no llegamos a captar estas transformaciones mayúsculas que impactan en imaginarios colectivos y nacionales. 

La entrada de Vietnam en la economía capitalista global se señalaba mediante la visibilidad del dólar estadounidense. Caricaturas, cuentos cortos y programas de televisión utilizaban el símbolo del dólar estadounidense para narrar la fuerza desestabilizadora pero deseada de la globalización en la sociedad vietnamita. En Zimbabwe las estimas de sí personales y colectivas estaban relacionados a la idea de nación. La perdida de confianza del dinero estatal empujada por la dolarización trajo desconfianza en la nación. En el año 2000, en El Salvado el ex presidente Francisco Flores prometía más dinero y riqueza para los salvadoreños si todos cambiaban a dólares estadounidenses. La dolarización llegó inicialmente envuelta en promesas y deseos que que el Colón no podía cumplir. La dolarización continúa en El Salvador, pero ahora compite con dramáticas afirmaciones proyectadas al futuro asociadas con el Bitcoin y la insatisfacción generalizada entre los salvadoreños de promesas no cumplidas en más de dos décadas.

En segundo lugar, estos significados y usos tienen fuertes impactos en cómo se moldea materialmente y simbólicamente la desigualdad social. Aspectos desentendidos desde la perspectiva del reemplazo. 

El acceso y la distribución de la riqueza no es indiferente a los circuitos diferenciados entre monedas. En El Salvador, la rápida afluencia de remesas nominadas en dólares estadounidenses que caracterizó los años que van desde la década de los 2000 a principios de 2020 creó una microclase receptora de estos envíos desde el exterior que permitió a algunos salvadoreños experimentar una sensación de movilidad económica, eclipsando lo que era imaginable a través de la configuración monetaria limitada a la ex moneda nacional (el colón). En Cuba en los años 90’, aunque la creación de la moneda CUC (peso cubano convertible) respondía al objetivo de mantener la política de centralización-redistribución amenazada por las dificultades que siguieron al derrumbe de la Unión Soviética, las esferas de transacciones monetarias resultantes pusieron de relieve el desarrollo de una economía de mercado en ciertos sectores, así como el desarrollo de las desigualdades en la sociedad cubana.

Los casos de Zimbabwe, Venezuela y Argentina iluminan como los mercados de cambio formales e informales y las cambiantes regulaciones estatales para acceder a las divisas son dispositivos centrales en los procesos de diferenciación social de esas sociedades. En Zimbabwe, por ejemplo, las élites dentro del partido gobernante estaban entre actores principales de los mercados paralelos que se garantizaban divisas a través de redes opacas, formales e informales, y tenían prácticas bien desarrolladas de fuga de activos. En la parte baja de la sociedad Zimbabwense, la escasez de divisas llevó a que muchos recurrieran a lo que parecía ser transacciones de trueque, como un número específico de pollos por un viaje en autobús o un galón de combustible por moler una canasta de maíz. En Georgia, el acceso a la propiedad está dado por la participación de circuitos de prestamos dolarizados. En Vietnam, las personas asociaban el đồng emitido por el estado con gastos cotidianos y los dólares con bienes importados altamente deseables.

En tercer lugar, la imagen de reemplazo deja afuera otro proceso: cómo las autoridades de los Estados son desafiadas o afianzadas a partir de un orden monetario dolarizado.

Por un lado, los procesos de descolonización (Zimbabwe, Vietnam, Haití) o de crisis y salida del régimen soviético (Georgia, Cuba) son momentos desafiantes para rearmar una autoridad estatal capaz de imponer una jerarquía monetaria. Los ordenes monetarios dolarizados informales que se erigen contra esas pretensiones enlazan a la sociedad contra el estado, eludiendo sus regulaciones e imposiciones. Esto se puede observar en la indisciplina haitiana frente al intento del estado de prohibir el dólar haitiano. El caso de Vietnam ilustra como los dólares estadounidenses median una forma de riqueza privada que escapaba al estado territorial. En Vietnam, como en Argentina, prolifera la idea del dólar como “pasaje” para eludir las regulaciones del estado.

Por otro lado, las dolarizaciones formales muchas veces son legalizaciones o estatizaciones de ordenes monetarios ya aceptados socialmente como fue el caso de Argentina en la década del 90’ o El Salvador en los 2000. El primero bajo el impacto de una gran hiperinflación que generalizó la moneda norteamericana como unidad de cuenta e intercambio, el segundo bajo el impacto de una migración masiva a los EEUU que convirtió a las remesas en dólares en la principal fuente de ingresos de la economía salvadoreña. Apoyados sobre esos ordenes monetarios dolarizados ya aceptados socialmente estos gobiernos construyeron la autoridad política del Estado, anteriormente debilitada o amenazada.

Un presidente debilitado, a la cabeza de un Estado endeudado, sin apoyo financiero externo y frente a un peronismo esperando volver al poder que se les había escapado en 1983 solo pudo tomar medidas sin efecto: hacer rotar a sus ministros de Economía y entregar la banda presidencial antes del fin de su mandato. 

El domingo 14 de mayo de 1989 el candidato opositor, el peronista Carlos Menem, ganó las elecciones. El viernes 19 de mayo el dólar llegó a 210 australes. En poco más de cuatro meses había aumentado casi un 1000% y la corrida estaba lejos de detenerse. Entre febrero y agosto el aumento acumuló un 3600 por ciento. 

El presidente Alfonsín adelantó a julio la entrega del poder. En el último trimestre de su presidencia, la inflación conoció un incremento exacerbado (mayo 78,5%, junio 115% y julio 197%). Esos fueron los picos de una hiperinflación que en los 12 meses de 1989 llegó a acumular un incremento de precios al consumidor del 4924 por ciento.

La desaparición del valor de la moneda nacional empujó a una extrema dolarización de facto pero también a un estallido interminable de deudas. Dólar y deudas fueron dos caras de una moneda pulverizada. La divisa norteamericana actuó como protagonista en la campaña presidencial de Menem. El dólar se había convertido en institución informal de la democracia recuperada en 1983. Había ganado ese por su rol de ordenador de expectativas ciudadanas y de aspiraciones políticas. 

La generalización de las deudas también marcó los tiempos de la hiper. Fueron una experiencia axial para una sociedad que miró el abismo de frente. 

En el huracán inflacionario, la indexación de pagos y cuotas hizo sentir su fuerza mayúscula. “Los presupuestos familiares están siendo avasallados por los hiperinflacionarios gastos de subsistencia y por el explosivo vuelo de las cuotas. Cada vez son más los argentinos que antes vivían al mes y ahora apenas pueden vivir al día.” Con esta conclusión cerraba una nota del diario Clarin del 18 de junio de 1989 donde se repasaba qué estaba sucediendo con las cuotas en el contexto de la hiper. Los pagos de alquileres, tarjetas de crédito y círculos de ahorro se ajustaban por una indexación que buscaba representar el aumento de la inflación. En ese mes de junio de 1989 se estimaba que llegaría a un 120 por ciento.

La indexación corría y los salarios gateaban. Entre enero y junio un seguro todo riesgo de un Peugeot 505 (auto ícono del momento) había aumentado 271%; el alquiler de una vivienda, 254%; las expensas, 306%; el costo de los préstamos personales en el banco, 456%; las cuotas en el círculo de ahorro para minicomponentes, 837%; la financiación del saldo de la tarjeta de crédito, 937%; y el descubierto en cuenta bancaria, 1265%. Los 30.000 juicios de desalojos, según la Asociación de Inquilinos, obedecía al cese de pagos de los alquileres, pero también a las moras con expensas e impuestos (Clarín, 18 de junio 1989). En junio de 1989 se aprobó una ley del Congreso para paliar la situación de los inquilinos frente a la indexación descontrolada, que establecía una rebaja del 50% para los alquileres menores de 10.000 australes. Las organizaciones representativas de los inquilinos consideraron “irrisoria” la medida. Reclamaban un congelamiento de los alquileres, denunciaban los 30.000 juicios de desalojo y pedían por las “entre 800 y 1000 familias que quedan en la calle cada día” (Clarín, junio de 1989).  

El humor gráfico suele sintetizar el humor social de una época. Más todavía cuando el autor es un humorista de la talla del rosarino Roberto Fontanarrosa, que publicó por aquellos días en el diario Clarín el siguiente dialogo en una de sus habituales viñetas:

-¡Viejo¡ ¿Qué es el retraso tarifario?

-Bueno… nosotros ya nos atrasamos tres meses en el pago de la tarifa de agua…

El humor hacía serie con las coberturas periodísticas del periodo que narraban las experiencias de endeudamiento producidas por la pulverización de los ingresos ante la hiperinflación. La señora Grandier sentía vergüenza de mostrar su casa venida a menos, refiere el cronista del diario de La Nación, que recupera la experiencia de la “clase pasiva” durante la hiper. La señora Sosa siente pudor al pedir alimentos a sus hijos. Y el matrimonio Funes -vive en Bernal marido y mujer con una sola jubilación mínima- recuerda que la primera vez que se avergonzaron fue cuando dejaron de pagar los impuestos. “No nos van a rematar la casa con nosotros adentro”. Ya les habían cortado la luz (La Nación, 20 de junio de 1989).

Las deudas indexadas en los meses pico de la hiper produjeron un nivel de incertidumbre extremo. Horacio Aranda confía en el canal que propone Clarín para hacer oír la voz de sus lectores. Escribe una carta que en el diario titulan “Indexación y flagelo”. El sistema indexatorio tornaba ilusoria cualquier amortización y ponía al deudor en situación de mal vender su propiedad con el solo objeto de frenar la terrible deuda que se retroalimentaba día a día. En su carta al diario, Aranda recuerda que durante los años de la circular 1050 se había vivido algo parecido. Reclama soluciones políticas para morigerar la nocividad del sistema financiero. Las cuentas y las fechas revelan la experiencia extrema de las deudas indexadas en el pico de la hiper. El 9 de junio abona por una hipoteca la suma de 20.253, 74 australes; el pago en mayo había sido de 9648,98; para julio proyecta que serán 49.824. “Ya no podré pagar”, cierra su misiva.   

La desaparición del valor del austral empujó a la dolarización y al acaparamiento de alimentos sin mediación monetaria. En todas las grandes ciudades se repetían frente a los bancos las filas interminables de ávidos compradores de dólares, con una desesperación proporcional a la feroz devaluación del Austral. Los sectores más castigados por el aumento de los precios y el desabastecimiento encontraron su propia estrategia defensiva en saqueos de comercios y supermercados. Entre fines de mayo y principios de junio de 1989, en los conglomerados de grandes ciudades como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba o Rosario, pobladores de las barriadas populares se proveyeron de manera violenta de alimentos y otros bienes básicos de consumo en un contexto donde el abastecimiento a través del mercado se había vuelto imposible. 

El auge del que en años previos habían gozado los círculos de ahorro se tornó fuente de malestar colectivo. La prensa prestó mucha atención. “No llego a la cuota”, titulaba Clarín una nota que daba cuenta de las experiencias configuradas por la indexación de las deudas. Mario Gallo iba por la cuota 43 de un plan de ahorro previo por un televisor color. “El mes pasado tuve que pagar 1778 australes de cuota. Este mes me vinieron 7608 australes que son un 300 o 400% más. Yo quiero saber qué sucede, por qué seguir así. ¿Cuánto me va a venir en agosto? ¿20.000 australes? Mi sueldo ahora es de 13.400 australes. ¿Cómo voy a hacer para pagar?” (Clarín, 8 de julio de 1989). La experiencia de Mario Gallo se replicaba por cientos de miles. Alberto Rodríguez, obrero del barrio de Mataderos, señala a Crónica: “Yo venía pagando 2328 australes por el televisor pero ahora vino una factura de 13.842… Si mañana no pago 36.000 australes, pasado van a ser 51.000. ¿Qué hago? Yo gano 20.000 por mes” (Crónica, 12 julio de 1989). 

Las coberturas fotográficas en los diarios de tirada nacional se detienen en las largas colas frente a las casas de electrodomésticos, en algunas ocasiones son descritas escenas de nerviosismo, de insultos y algún intento de agresión. La multitud se agolpa en la casa central de Aurora Grundig ubicada en la esquina céntrica de Paraguay y Cerrito. Son los primeros días de julio y vence el pago de las cuotas. El clima está caldeado. Los aumentos fueron exorbitantes. La Prensa registra un aumento del 400% que llevó a “miles de adherentes” a protestar ante la puerta del negocio y describe como “confusa” e “insostenible” la situación de aquellos que no pueden pagar la cuota (La Prensa, 7 de julio de 1989). Crónica menciona “disturbios” y la intervención de la policía montada para reprimir a los “usuarios que intentaban depredar el edificio de Paraguay y Cerrito”. 

No faltó lugar para la risa. “Usted pagar… usted perder...”. Crónica se mofaba de una publicidad de Aurora Grundig que fue furor en los años 80: “Ahorra grande, Aurora Grundig” En auge de los círculos de ahorro, el protagonista del comercial era el “cacique” de una tribu indígena norteamericana caracterizado por su forma rudimentaria de hablar: con verbos sin conjugar, en infinitivo, invitaba a adquirir para el hogar productos Grundig y comprar vía los círculos de ahorro. Ahora Crónica convocaba esa media lengua racista para resaltar la trampa en que habían caído quienes estaban pagando las cuotas indexadas por la hiper. 

A fines del mes de julio de 1989 retornaron los incidentes en la puerta de la casa central de Aurora Grundig. Largas colas para protestar, forcejeos con la policía, indignación. Nuevamente, las voces enardecidas de los usuarios se hacían oír para denunciar deudas indexadas imposibles de pagar.

Los años 80, una “nueva” clase media y las deudas de la caída

La década “perdida” es la década de la “caída”. Los años 80 pueden leerse en esas dos claves. Una economía que retrocedió en sus indicadores clave (enorme endeudamiento externo y enorme reducción del PBI nacional) y una sociedad que experimentó su primer gran espiral de descenso en el siglo XX. Las expectativas de la democracia fueron escurriéndose entre esas dos duras realidades que la política no logró torcer. 

La transformación mayúscula de la estructura social tuvo su mayor exponente en la “nueva pobreza”. La caída de amplios sectores de clase media por debajo ese umbral constituye una biografía familiar y social, como narró magistralmente el sociólogo Gabriel Kessler. 

Las deudas no fueron accesorios de este proceso de desclasamiento generalizado. El retorno sobre textos sobre la “nueva pobreza” que auscultaron la sociedad de los años 80 nos confronta con deudas impagas, créditos imposibles de sostener, cuotas de círculos de ahorro que dejan de estar al día y “deudas para salir del paso”. Las deudas fueron antesala o preludio de la “caída”. Miradas retrospectivamente, el signo de estas deudas es la irracionalidad económica, interpreta Kessler. 

Las deudas se podrían haber evitado, se lamentan las personas entrevistadas por Kessler, como si hubieran sido accesorios o accidentes. En realidad, le dieron forma y contenido, cálculo y malestar a la singular experiencia social del proceso de desclasamiento. Fueron un modo de habitar la transformación del mundo social que rodeaba a esos sectores y un modo consistente de aplazar lo más posible la toma de conciencia de la nueva situación. Fueron deudas para ganar tiempo, para estirar la distancia entre la realidad objetiva y la experiencia subjetiva, entre el desclasamiento y una identidad social que se resistía a reconocerse en el nuevo contexto. Evitar estas deudas habría sido imposible: están cargadas de la singularidad histórica de una trayectoria de clase. 

Las “deudas de la caída” son el símbolo y el método de una época. La clase media descendió en masa por debajo del umbral de la pobreza, que entonces incluyó más del 40% de la población, desandando décadas de movilidad social ascendente. 

El realismo sociológico parado en la primera fila de la conversación pública postula: “Sin dinero no hay política ni mucho menos democracia”. Pero el dinero existe en la vida política de muchas formas y produciendo muchas consecuencias. No siempre es igual a sí mismo. ¿Cómo los significados y usos del dinero han formateado la política democrática realmente existente?, se preguntan mis investigaciones desde hace tiempo y algunas de sus respuestas se tiñen de color verde. Si, como afirma Max Weber, la democratización de una sociedad depende de su organización monetaria, en las últimas cuatro décadas este proceso estuvo indisolublemente atado a la popularización del dólar sobre la cual se erigió el mercado cambiario como institución informal pero fundante de la democracia argentina. 

Jefe de campaña 

El Plan Primavera fue el último intento sistemático del gobierno de Alfonsín por controlar la inflación. Los sucesivos fracasos que siguieron al Plan Austral imponían concertar una nueva estrategia para estabilizar la economía. En septiembre de 1988 fue anunciada una batería de medidas. A fines de 1988, ya asomaban claras evidencias de que el Plan Primavera no había cumplido su cometido. El atraso cambiario rondaba el 20% o 25% según algunos observadores. 

A fines de enero ni las altas tasas ni la venta de dólares por el Banco Central (500 millones la primera semana de febrero de 1988 y 1800 millones desde principios de agosto) lograron contener el precio de la moneda estadounidense. En la prensa, en las “mesas de dinero” y entre los directivos de los bancos una palabra empezaba a resonar: corrida. 

El 6 de febrero se declaró de manera imprevista un feriado cambiario y bancario. 

Un presidente debilitado, a la cabeza de un Estado endeudado, sin apoyo financiero externo y frente a un peronismo esperando volver al poder que se les había escapado en 1983 solo pudo tomar medidas sin efecto: hacer rotar a sus ministros de Economía y entregar la banda presidencial antes del fin de su mandato. La divisa norteamericana actuó como protagonista en la campaña presidencial de Menem. 

El domingo 14 de mayo de 1989 el candidato opositor ganó las elecciones. El viernes 19 de mayo el dólar llegó a 210 australes. En poco más de cuatro meses había aumentado casi un 1000% y la corrida estaba lejos de detenerse. Entre febrero y agosto el aumento acumuló un 3600 por ciento. 

Tras esa experiencia de crisis monetaria terminal, que tuvo en la profundización del bimonetarismo una de sus principales expresiones, no llama la atención que el régimen de convertibilidad (1991-2001) haya sido planteado como un intento de legalización de prácticas que ya estaban extendidas, es decir, calcular, pagar, ahorrar e invertir en dólares. Los diez años de estabilidad cambiaria fueron también de cierto disciplinamiento económico, de la mano de una profunda transformación del sistema financiero, que se concentró y abrió al capital extranjero al tiempo que creció la dolarización de los depósitos y los créditos bancarios. 

El enorme costo social, económico y político del del 1 a 1 no tardó en salir a la luz. Tras unos primeros años de buenos resultados, crecimiento económico y prosperidad relativa, la economía comenzó a estancarse. La alarma de un desempleo que aumentaba se hizo escuchar con estridencia. 

La reelección de Menem en 1995 encerró uno de los enigmas mayores de la Argentina democrática: ¿Cómo un gobierno cuyas políticas destruyeron el empleo y llevaron la desocupación por primera vez a dos dígitos obtuvo un sólido mandato en las urnas? “A Menem lo votó el partido de los endeudados en dólares”, afirmaba el humor gráfico de la época. Para explicar la rotunda victoria del riojano, los analistas apelaron a un concepto nuevo: el voto cuota. Convertibilidad o muerte. Una salida de la paridad peso-dólar -que muchos creían que sólo la continuidad de Menem era capaz de garantizar- arrastraría consigo a millones de consumidores, que perderían viviendas y bienes de confort al faltarles los pesos para pagar una deuda que venían saldando en cuotas dolarizadas (en dólares convertibles). 

El enigma de la democracia de los 90 tenía su respuesta en cada extracto bancario, que hacía evidente su saldo con cifras de color verde: cuota al día o deuda.

Con el avance de la década del 90, el endeudamiento del Estado y de las familias - ingresos en pesos pero deudas en dólares- aumentó peligrosamente. El fin de la convertibilidad tuvo como protagonista a las deudas en default, las de “arriba” (el Estado y las empresas) y las de “abajo” (las personas). En diciembre del 2001, el Estado declaraba la cesación del pago de su deuda soberana, que llegaba a 144 mil millones de dólares (50% del PBI de entonces), mientras los deudores dolarizados ganaban las calles y se multiplicaban las demandas judiciales por deudas, una vez caída la paridad cambiaria, se habían vuelto impagables.

La crisis del 2001 legó a parte de la sociedad un convicción muy fuerte: el acceso al dólar funda un derecho. No hay en la historia previa nada que se asemeje a esta idea. Al implosionar la convertibilidad, un sector de la sociedad argentina rearmó a su manera la promesa de equivalencia entre el peso y el dólar que el Estado empezó a incumplir a partir de la crisis del 2001: donde antes hubo una ley, ahora nacía un derecho a reclamar. 

Este reclamó no logró torcer los expedientes que se amontonaban en sede judicial y que durmieron acurrucados durante los primeros años del kirchnerismo, caracterizados por el alto crecimiento, la inflación y los superávits gemelos. Pero su historia oprimió la memoria de quienes se movilizaron contra la reinstalación de los controles cambiarios (“el cepo”) entre 2011 y 2015, cuando el gobierno de Cristina Kirchner limitó la venta de dólares. Este reclamo implicó un giro que lo alejó del emprendido sobre las ruinas de la convertibilidad. El reclamo hacia el Estado no se basaba ya en una promesa incumplida sino en una idea más positiva. Si en el 2001 el derecho a acceder a los dólares tuvo su origen en una desilusión, una “estafa” producida por el Estado, a partir de 2011 la demanda por la compra de la divisa norteamericana se apoyó en el valor de la libertad de mercado. El reclamo no apuntaba a un Estado que no había cumplido una propia promesa sino contra un gobierno que avasallaba las libertades. 

De este modo, la sociedad, que había salido del 2001 reclamando más Estado, diez años después comenzaba a mostrar indicios de un anti-estatismo beligerante. El mercado cambiario, escena primordial de la vida política argentina, fue el terreno en el que se expresó este cambio. En cierta forma, una parte de la sociedad fue libertaria antes de que lleguen los libertarios de Milei, y fue apañada por una oferta electoral de derecha que, en este punto, no mostraba divergencias.

En efecto, Macri cumplió la promesa con su electorado de levantar el cepo. Si en otros aspectos de la gestión se movió lentamente, en este actuó sin gradualismos. A una semana de asumir, el gobierno liberó el mercado de cambios y la cuenta capital. Fue también, claro, el principio del fin del plan económico, que llegó en el verano de 2018, cuando el financiamiento externo se interrumpió y se allano el camino para volver a endeudarse con el FMI . El compromiso con su base electoral llevó al gobierno de Cambiemos a liberar el mercado cambiario y preferir tomar la deuda soberana más grande en la historia argentina antes de traicionar a quienes los habían votado y consideraban el cepo un símbolo de los tiempos del populismo kirchnerista. Todavía faltaba quemar el préstamo más grande en la historia del FMI antes de –ya en spetiembre de 2019, en los caóticos meses finales de su gobierno-–dar marcha atrás con esa promesa y reinstaurar los controles cambiarios.

Dolar contra la casta

¿Quién votó a Milei? ¿Qué incidencia tivo en su victoria su propuesta de dolarizar la economía? Gran parte de su electorado no puede calificarse simplemente de furibundo, pragmático o anti-poítico. Entre sus votantes están aquellos que quieren mejorar económicamente, que creen en el valor de su propio esfuerzo, exigen orden y mercado. Y lo hacen menos por estar de acuerdo con intelectuales y publicistas de derecha que por una larga experiencia social en la que esas ideas –de derecha– parecen volverse preferibles.

Las demandas neoliberales que tras la crisis de 2001 se habían quedado casi sin audiencia volvieron con fuerza: la dolarización llega acompañada de la demanda de privatización de la educación, el sistema científico y la salud,en un marco en el que se celebra la iniciativa individual y se denuncian la crisis de los servicios públicos. El estado de ánimo de la sociedad respecto a la actuación del Estado, que ya había comenzado a cuestionarse antes de la pandemia, resulta muy favorable a los privatizadores libertarios. “Si no me vas a ayudar, al menos no me molestes”, tal el testimonio que recogió Pablo Seman en sus investigaciones. Las promesas de dolarización expresan estos sentimientos.

La convertibilidad implicó la construcción de una nueva moneda convertible que asegurase el retorno del orden social perdido con la hiper de 1989 y sus secuelas. La convertibilidad era también el sacrificio, como apuntó Alexandre Roig, de la moneda nacional. Sacrificar la moneda nacional para salvar a la patria: la formula del uno a uno. Un sacrificio que no dejaba afuera al peronismo ni al radicalismo. Eran los tempranos 90, la denuncia moral contra la política estaba en pañales y todavía el poder podía organizarse a través de pactos y acuerdos entre las grandes figuras de los partidos nacionales.  

El dólar mileista fue un pack político y económico. Castigaba a la “casta política” al mismo tiempo que permitía hablar de la mayor preocupación de la sociedad (la inflación). Los estudios cualitativos mostraban la afinidad entre la opción electoral, la preferencia por la moneda norteamericana y la experiencia de sacrificio cotidiano. Los estudios cuantitativos reflejaban un 30% de preferencia por la dolarización en la población general y 80%/90% entre los electores de Milei. Al mismo tiempo que la propuesta del cambio de régimen monetaria le daba identidad al pueblo mileista ocupaba la escena de la conversación pública. La iniciativa se “llevaba la marca” y giraba sobre ella las respuestas que economistas y políticos daban sobre cómo estabilizar los precios de la economía. No hubo economista que no fuera consultado sobre la viabilidad de la dolarización. No hubo economista (sacando a un circulo muy muy reducido cercano a Javier Milei y al propio candidato) que no rechazará la propuesta. 

Las monedas nunca son iguales a si mismas. El peso, la moneda que surgió con la convertibilidad, es distinto al austral alfonsinista. Pero ni el peso ni el dólar de hoy tienen los mismos significados de ayer. La dolarización mileista es tan inviable técnicamente como poderosa socialmente. Como señalamos, los economistas explican por qué dolarizar llevaría a la ruina económica a una enorme mayoría social, incluyendo a muchos de los votantes de Milei. Pero en sus cálculos sobre bases monetarias y devaluaciones comunican una aritmética que pareciera no sumar ni restar la economía moral del sacrificio que alimenta la rebeldía contra la política. El dólar invocado por Milei para reemplazar al peso es una moneda desprovista de la arbitrariedad del Estado argentino (y, fundamentalmente, de la élite política que lo controla), un Estado al que se percibe como culpable de desorganizar y empeorar la vida cotidiana de la gente por su incapacidad para darle estabilidad al peso y alimentar el poder de la “casta” sobre la sociedad. 

La ley de hierro de la democracia argentina

Las diferentes velocidades de la expansión, generalización e intensidad de la moneda norteamericana en nuestro país ayudan a mostrar la “relativa” autonomía entre el dólar como moneda inserta en repertorios financieros y múltiples mercados y el dólar como moneda de interpretación y acción política. Esta dualidad del rol del dólar en nuestra sociedad queda opacada si usamos el termino bimonetarismo, ya que éste recupera solamente las funciones tradicionales de las monedas. Esta dualidad estalla recurrentemente en la cara de quienes asumen las gestiones económicas de los diferentes gobiernos. 

Éstos deben responder a la pregunta que aguijona desde las entrañas del mercado cambiario “¿Cómo un mercado tan ”chico“, donde participa poca gente, genera problemas tan ”grandes“? La respuesta es clara: la popularización del dólar en la argentina implicó que las interpretaciones sobre los vaivenes del mercado cambiario sean no solo familiares para gran parte de la sociedad, sino que además sean instrumentos poderosos de evaluación y acción frente a coyunturas políticas y económicas.

Después de un largo proceso de sedimentación, la moneda norteamericana ha pasado a formar parte de los modos locales de hacer, pensar y tratar la economía. Podemos agregar que esta sedimentación ha sido también política. El dólar es un dispositivo de interpretación para evaluar una realidad en continuo movimiento y, por momentos, profundamente inestable. Difícilmente podrían los ciudadanos dejar de lado o renunciar a este recurso al dólar sin que ello no significara también correr el riesgo de perder o de ver disminuida esa capacidad aprendida de interpretación y acción política.

El politólogo argentino Guillermo O’Donnell apelaba a considerar a “otras instituciones”, más allá de las formales, para comprender el funcionamiento de la democracia. El mercado cambiario moldeó expectativas y sanciones entre y hacia los actores políticos democráticos durante estas cuatro décadas. Fue un largo proceso que se estabilizó como una forma regular, legítima y dada por descontada desde 1983. Por lo tanto, podemos hablar del mercado cambiario como una institución que contribuyó a dar forma a los comportamientos democráticos gracias a una cultura monetaria organizada en torno del dólar. Durante estas cuatro décadas, los actores políticos (oficialistas y opositores) midieron sus chances de éxito o fracaso a través del escurridizo valor de la moneda norteamericana. En diferentes coyunturas, cuanto más aumentaba el dólar y se mostraba fuera del control de las autoridades, más se alejaba para el gobierno la posibilidad de un triunfo electoral. Mientras tanto, los ciudadanos de a pie no pudieron dejar de prestar atención a las oscilaciones del billete verde. En ellas leyeron el rumbo de la economía, y también las alternativas de la política. Ignorar esa cifra que los medios de comunicación informaron a diario equivalía a quedar excluidos de la vida política. Unos y otros estuvieron condicionados por el mercado cambiario en su participación en el juego democrático durante cuatro décadas.  

La moneda de la democracia

La sociedad argentina se encuentra desde hace décadas en un estrecho desfiladero donde el déficit estructural de su economía para generar los dólares que necesita para su desarrollo y el aumento de la inflación son pinzas que recortan el margen de maniobra de la política económica. Cada ciclo político democrático se enfrenta también con otra evidencia tan persistente como cualquier dato macroeconómico.

El mercado de divisas ha condicionado la acción de políticos profesionales y la participación democrática de los ciudadanos durante los últimos cuarenta años. En esta historia de cuatro décadas esta institución económica ha condicionado el horizonte de demandas y las expectativas democráticas. Por lo tanto, el bimonetarismo no afecta solo la coordinación, eficiencia o el crecimiento económico sino la calidad de la democracia. Mientras otros Estados latinoamericanos fallan al no poder controlar el territorio en todo su alcance y sucumben al narcotráfico o a poderes fácticos emergentes, el Estado argentino ha fracasado centralmente en la posibilidad de ofrecer una moneda que permita reforzar la democracia. 

Sobre esta deuda se apoya, en parte, el nuevo ciclo político que se abre con la presidencia de Milei. La democracia argentina nuevamente es un experimento monetario a cielo abierto de resultado incierto y riesgoso. 

AW/MG

Fernando Andrés Sabag Montiel es un hijo legítimo de la economía popular realmente existente. Trabajador por cuenta propia, vendedor callejero de copos de azúcar, inquilino de un mono-ambiente localizado en Villa Zagala, partido de General San Martín y con pasado laboral como chofer de aplicación. Pareja con quien comparte emprendimiento de venta callejera y gestiona una página en OnlyFan, se pronuncia contra “los vagos” que cobran planes, sin dejar de reconocer que ella misma fue en el pasado reciente beneficiaria de alguna asignación social. “Estaba preocupado por el dólar, por la economía”, dijo Brenda Uliarte antes de ser detenida como participe del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.  Datos deshilachados que recibimos durante las primeras horas posteriores del intento de magnicidio. Caracterización sociológica necesaria sobre las condiciones de expansión de los discursos de odio en zonas de la sociedad donde crece la degradación urbana, social y laboral. Caracterización rudimentaria, básica, incompleta y riesgosamente sociologista pero a modo de alerta. Los discursos sobre el discurso del odio corren el riego de llevarse por delante la sociedad y tramar una política moral sin cambio social.

Como las condiciones de vida no están igualmente repartidas tampoco las emociones que sustentan el odio. Las condiciones de eficacia de esos discursos son muy heterogéneas. La sobre-integración de señoras acomodas de Recoleta y la sub-integración de trabajadores precarizados. El miedo a perder privilegios y la rabia por que no se los tendrá por culpa de otros. El anti-peronismo clásico de las clases medias altas urbanas y el anti-populismo popular de los precarizados.  

Escribimos acá con Pablo Seman: “La sociedad argentina salió de la pandemia con una ideología más fuertemente familiarista y anti-estatista, muy lejos de los sueños del 2001 y de las realidades del 2002, que mezclaban políticas de un Estado social financiadas con retenciones, movilización colectiva y medidas pro tejido industrial”. Para parte de la población, las intervenciones estatales (ayudas monetarias de emergencia) significaron un quiebre biográfico, que lejos de producir un reconocimiento hacia el gobierno alimentaron su encono.

La pandemia arrojó un saldo demoledor para relación entre parte de la sociedad y la política. A más Estado más bronca contra el gobierno y sus representantes. El anti-populismo popular de los precarizados se enciende más con el IFE y sus variaciones que con las palabras de Luis Majul o Joni Viale en el primetime de La Nación+.

La inflación no es un contexto, es parte del proceso que envuelve a Sabag Montiel y sus acciones. La lectura en clave de derechización política de esta fracción del electorado resuelve muy rápido -en términos interpretativos- el proceso profundo que implica la experiencia de alta inflación en clave de ajuste y desorden y su impacto en una expectativa que achica su horizonte (cada vez más centrada en la lucha contra la inflación) a medida que el futuro se percibe de manera cada vez más negativa. El consenso social anti-inflacionario fiscalista se expande y propone demandas de ajuste y achique del Estado y de la política en versiones moderadas y extremas (escribimos con Esteban Foulkes sobre esto aca).

Un gobierno nunca está a la altura de una sociedad que demanda que realice un ajuste igual que lo hace ella cotidianamente. La inflación como proceso social alimenta una moral donde la sociedad se encuentra tendencialmente por arriba de la política, donde la primera se vuelve contra la segunda y sus símbolos más poderosos.

La socióloga Evangelina Caravaca encontró en su trabajo de campo para un proyecto de conjunto entre la EIDAES y la Revista Anfibia de la UNSAM desarrollado en el mismo partido donde vive Montiel Sabag las siguientes inquietudes existenciales entre vecinos preocupados por la inseguridad. El contexto es favorable a que no importe qué se hace si de lo que se trata es escapar a sentirse un boludo y “decir basta”. En sus notas Evangelina se pregunta: ¿somos conscientes cuán comprometidas están las personas en escaparle a ese sentimiento? Cagar a patadas a un chorro puede no tener eficacia punitiva, pero si rendimiento moral, la violencia permite “salvar la cara” en una situación fuera de control, amenazante y degradante.

El cuentapropismo económico y el cuentapropismo existencial: juntar la moneda y juntar razones para darle sentido a la vida. Vender copos de azúcar y decir basta. Lo primero a través de un peso devaluado y lo segundo a través de una Bersa cargada que, por suerte o por milagro, no se disparó.

AW

La cultura monetaria es el tinglado de la frágil política argentina. En los días “aciagos” que corren esta verdad nos es revelada en color verde. Decime cuanto cotizará el dólar y sabremos si habrá 2023. Pero no solo. Transferencias monetarias del Estado, ¿Ingreso o Salario Universal? ¿Con o sin intermediación? Decime tu respuesta y sabremos de qué lado de la interna te encontrás.

El mercado cambiario es una institución informal de la democracia argentina. Guillermo O’Donnell, el gran politólogo argentino que pesquisó en detalle el funcionamiento de las democracias, apelaba a prestarle atención a esas instituciones no formalizadas o no convencionales que organizaban expectativas políticas y estabilizaban decisiones e interpretaciones de electores y políticos profesionales. Aunque afuera del radar de instituciones informales de O’Donnell, el mercado cambiario moldeó expectativas y sanciones entre y hacia los actores políticos democráticos durante estas casi cuatro décadas. Y no lo hizo una vez ni de manera intermitente. Fue un largo proceso que se estabilizó como una forma regular, legítima y dada por descontada desde 1983 hasta hoy.

Las fluctuaciones del mercado cambiario configuran decisiones financieras pero también expectativas y experiencias políticas. Seguir esas fluctuaciones es un modo de participar en vida política, permite evaluar el desempeño de un gobierno o las chances de los partidos de oposición. Las culturas monetarias son culturas políticas. Los usos y significados que los ciudadanos atribuyen al dólar impacta en las interpretaciones y decisiones de los políticos profesionales.  

La brecha es el hecho maldito del país cambiario. Hace unos días en conferencia de prensa, la vocera presidencial cumplió su rito de iniciación frente a todo comienzo de una corrida. “El mercado del blue es marginal”, dijo. Bajarle el precio al mercado paralelo es agrandar la nación. Vocero, ministro o banquero central que denuncia lo “ficticio” o “marginal” del valor del dólar del blue no se le niega a ningún gobierno. La ficción del dólar blue se escribe en cada coyuntura cambiaria critica que los gobiernos tratan de domar.

Cuando la corrida está en marcha, la brecha crece y la inflación salta a niveles cada vez más altos. Separar lo real de lo ficticio es un lujo que ya no podemos darnos. Homenaje a Ricardo Piglia y sus tesis sobre las ficciones del dinero. El dólar es el mejor novelista de la sociedad argentina realmente existente.

Durante una corrida el mercado cambiario se devora a la sociedad y a la política. No sabemos en que momento de una corrida cambiaria nos encontramos. No hay forma de escaparle al efecto más generalizado que produce. Una corrida nos convierte, primero, en especuladores sobre el tiempo de la corrida, sobre su duración y su fin.  Nos convierte, segundo, en especuladores sobre la profundidad de los quebrantos que deja, sobre qué sociedad y qué política encontraremos una vez calmada la voracidad del mercado cambiario.

Los gobiernos atan su suerte a gobernar el mercado cambiario. La sociedad ata su destino a este mercado. La política cambiaria es el grado cero de la política argentina. Contra este hecho se movilizan las organizaciones sociales reclamando otra solución diferente a “calmar a los mercados”.

Valor del dólar y porcentaje de población indigente siguen en aumento. Son los números públicos de una puja distributiva a cielo abierto.  El mercado cambiario se devora a una sociedad donde crece el hambre de los que menos tienen.

Mientras otros Estados latinoamericanos fallan al no poder controlar el territorio en todo su alcance y sucumben al narcotráfico o a poderes fácticos emergentes, el Estado argentino fracasa centralmente en la posibilidad de ofrecer una moneda que permita proteger a la sociedad. Frente a esta intemperie, la línea de fuga viene del litoral. Estos días se viralizaron las selfies de trabajadores municipales que retrataron sus anchas sonrisas mientras sostenían en sus manos ajadas por la dureza laboral fajos de dólares encontrados en un basural de Las Parejas, Santa Fé.

En 1949 el General Perón se preguntaba en una asamblea de trabajadores ladrilleros ¿Quién ha visto un dólar?. Paradojas de la historia. Hoy, durante un gobierno peronista, la respuesta a esta pregunta viene en forma de autorretrato de felices laburantes.

AW

Pasó la auditoría del FMI y estampó en la frente de los responsables políticos y económicos del gobierno de Macri una leyenda: “Con el cepo no alcanza pero sin el Cepo no se puede”. El documento del Fondo vino a certificar lo que muchas voces críticas advertían sobre los enormes riesgos que el desapego de la conducción económica del gobierno del PRO por los controles cambiarios y de la cuenta capital generaban. La sangría de dólares, por arriba y por abajo, demandados por el “chiquitaje” como por los jugadores grandes de acá y de afuera, no se detuvo en todo el periodo 2015-2019.

Algunos quisieron ver la fuente de ese desapego un revival cuatro décadas después de similares medidas tomadas por el gobierno de la dictadura entre 1977-1978. Sin embargo, un dato distorsiona este reflejo y reenvía esas medidas a otro contexto muy diferente. La libertad cambiaria que la dictadura instrumentaba en 1977 fue muy diferente a la libertad cambiaria que el gobierno de Macri sancionó en 2015. La relación de la sociedad con el mercado cambiario tuvo sus contrastes en los dos contextos. No se trataba de la misma sociedad ni tampoco este mercado ocupaba el mismo lugar material y simbólico.

La crisis del 2001 legó a parte de la sociedad un convicción muy fuerte: el acceso al dólar funda un derecho. No hay en la historia previa nada que se asemeje a esta idea.  Al implosionar la convertibilidad, parte de la sociedad rearmó a su manera la promesa de equivalencia entre el peso y el dólar que el Estado empezó a incumplir en enero de 2002: donde antes hubo una ley ahora nacía un derecho a reclamar. Este reclamó no logrará torcer los expedientes que se amontonaban en sede judicial y con el tiempo dormirá acurrucado por los primeros años del kirchnerismo de muy baja inflación y superávits gemelos. Pero su historia reciente oprimirá la memoria de quienes se movilizaron contra la reinstalación del “cepo” cambiario entre 2011 y 2015. Este reclamo hará un giro que lo alejará del emprendido sobre las ruinas de la convertibilidad. El reclamo hacia el Estado no será sobre la base de una promesa incumplida sino sobre una idea más positiva. Si en el 2001 el derecho a acceder a los dólares tenía su origen en una desilusión producida por el Estado, en 2011-2015 la demanda por la compra de la divisa norteamericana se apoyaba en el valor de la libertad de mercado. El reclamo no era hacia un Estado que no había cumplido su propia promesa sino contra un gobierno que avasallaba las libertades. La sociedad que salió del 2001 reclamando más Estado 10 años después comenzaba a mostrar focos de un anti-estatismo beligerante. El mercado cambiario fue una escena privilegiada para expresarlo. Una parte de la sociedad fue libertaria antes que lleguen los libertarios y fue apañada por una oferta electoral de derecha sin divergencias internas sobre este punto.

A esta promesa con su electorado el gobierno de Macri la cumplió sin gradualismo. A una semana de asumir liberó el mercado de cambios y la cuenta capital. Era el principio del fin que llegó cuando el financiamiento externo se interrumpió en el verano del 2018. Pero todavía faltaba quemar el préstamo más grande en la historia del FMI antes de dar marcha atrás con esa promesa.

Muy rápidamente nos liberamos de prestarle atención a las condiciones sociológicas de las decisiones económicas y le atribuimos otras causas o motivos, muchos de los cuales sirven para desnudar una complicidad oculta. La auditoría del FMI al préstamo de 2018 alimenta esta segunda y deja muy relegada la primera. Sus argumentos son agua para el molino de la denuncia de la complicidad del gobierno de Cambiemos con la fuga de capitales. Fuera del radar de la auditoría, y no por eso menos importante, queda la inclinación de parte de la sociedad de interpretar su participación en el mercado cambiario como un derecho fundamental y la promesa de un gobierno de defenderla hasta las últimas consecuencias.  

El problema, entonces, es menos saber que hacemos con el mercado cambiario y más que hacemos nosotros con lo que él hizo de la sociedad argentina. No hay auditoría del FMI que nos resuelva este segundo enigma.

A cada crisis sus deudas. Saldo impago en las cuentas públicas, familiares o personales, las deudas son para las crisis su símbolo y su método. En ellas se descifran el cómo y también el porqué de las crisis. 

En la Argentina apenas escuchamos la palabra deuda inmediatamente nos transportamos a la larga historia que conecta nuestro país con acreedores externos, institucionales o privados. De manera cíclica nos convertimos en expertos espectadores de rondas de negociaciones entre los funcionarios argentinos con representantes del FMI, de los fondos buitres o bufets de abogados que los representan. Una historia menos sistematizada pero igualmente poderosa para el destino de amplios sectores de nuestra sociedad, son las deudas de las familias, las deudas llamadas personales o privadas. Una historia argentina aún no escrita. 

2001-2002. Entre el “corralito” y el “corralón”, entre el último intento de contener la convertibilidad y la primera sentencia de repartir perdedores y ganadores una vez estallada la paridad cambiaria, transcurren saqueos, rebeliones populares y presidentes. La patria sublevada se levanta sobre un pantano de deudas que crecen y transforman su fisonomía. El corralito secó de efectivo las economías informales y empujó el crecimiento de las deudas por la interrupción de las cadenas de pago. El “corralón” y la pesificación asimétrica dibujaron una nueva frontera entre los sectores medios: de qué lado de la deuda te encontrás.

Durante la convertibilidad, el sistema bancario se había extendido apalancado, en parte, por el crédito nominado en dólares. En la pre-historia de mediados de los 90’ estuvieron las mujeres agropecuarias que resistieron los remates activados por la morosidad en el pago de esos créditos en dólares, que habían inundado el campo argentino y que de forma anticipatoria mandaron señales sobre las fallas de un sistema que eclosionará años después. Luego, fueron los deudores hipotecarios que habían aprovechado las oportunidades que el sistema bancario ofreció para comprar o mejorar su vivienda, pero que con la crisis del 2001 se encontraron en una encerrona difícil de digerir: comer o pagar la deuda bancaria. Por otro lado, los ahorristas con depósitos en dólares se movilizaron para demandar en la calle y luego en sede judicial a los bancos por las deudas que ahora tenían con ellos cuando la pesificación de sus depósitos corrió detrás de la devaluación de la economía. Estos ahorristas reescribieron la historia. Donde hay una deuda hay un derecho. La salida de la convertibilidad nos legó la convicción que acceder de manera irrestricta a la moneda norteamericana es un derecho cuasi fundamental. 

2020-2021. A diferencia de la crisis de la salida de la convertibilidad, en un estudio para los proyectos PISAC de la Agencia I+D+I identificamos que las deudas que impactan sobre la vulnerabilidad financiera de los hogares indica un tipo de crisis diferente, donde la interrupción de cadenas de pagos se da en casi todos los circuitos de servicios y créditos donde participan las familias sin que el sistema financiero y bancario esté organizándolas.    

Las deudas de ayer y las deudas de hoy son diferentes. La fisonomía política de cada una de ellas también. El sistema financiero no está para organizar las deudas ni tampoco para absorber la furia que ellas generan. El malestar social que las deudas de hoy producen no tienen protesta ni lenguaje público que lo exprese y organice. Hay que recomponer sus dinámicas para hacerlas legibles y comprender su impacto político.     

El malestar social que las deudas de hoy producen no tienen protesta ni lenguaje público que lo exprese y organice.

Fueron el crecimiento de las deudas para la manutención de la vida cotidiana que reflejaron cómo el hogar se volvió en un “problema financiero” durante la pandemia (en los términos de la socióloga Eva Illouz). Las deudas se familiarizaron (las relaciones interfamiliares fueron fuentes principales de financiamiento) generando una presión extra sobre esos vínculos y los recursos monetarios que circulan a través suyo, acrecentando así las múltiples demandas que recibieron durante la pandemia. 

Otras deudas, otras violencias. La agresión contra los bancos de hace 20 años ahora está contenida en el perímetro del hogar. Las familias estuvieron para prestar y también para golpear, fuente de deudas y del aumento de la violencia interpersonal, como lo muestra otro estudio del PISAC. 

Estas deudas evidenciaron desigualdades de género (recayeron en las mujeres gestionar las deudas del hogar), de vivienda (quienes alquilan estuvieron más expuestos al endeudamiento), de inserción laboral (trabajadores sin ingresos regulares y quienes sí los tienen pero se ven más afectados por la inflación se endeudaron más) y de inserción y trayectoria financiera (los hogares con menos ingresos se endeudaron con instrumentos de crédito más costos y con todo tipo de riesgo).

Deudas de clase y clase de deudas. Las trayectorias de endeudamiento de los sectores populares en contexto de pandemia no fueron experimentadas como rupturas sino como continuidad con la crisis previa generada durante el gobierno de Cambiemos y con un modo estabilizado de gestionar riesgos sociales en contextos de precariedad económica. Para los sectores medios, en cambio, este crecimiento de las deudas de la vida cotidiana implicó otra cosa. Desahorro, reducción del consumo y otro régimen de endeudamiento. Para sus miembros las deudas fueron “sin sentido”. Estas son las deudas para llegar a fin de mes que se oponen a las deudas “con sentido”, que mejoran la calidad de vida o permiten una inversión. 

Las deudas de la pandemia no empujan estallidos sociales ni protestas, sus aflicciones perdieron la plaza pública, pero tomaron el cuerpo y la noche de los endeudados. Dolores corporales, cansancio físico, dificultades para dormir, angustias y miedos se apilan junto al atraso de pagos de servicios y créditos y la gestión de nuevas deudas para estirar la plata y llegar a fin de mes.  

Las deudas para llegar a fin de mes son “deudas de pobres”, sentenciaba un comerciante de la ciudad de Santa Fe a quien las cuentas impagas, el ajuste en el consumo y las deudas “sin sentido” lo lanzaban por el tobogán del desclasamiento. 

En las deudas de hoy se acumulan las ruinas de las aspiraciones de ayer.   

AW

Juan va hasta lo del transa. La noche cae en Cárcova. No va a comprar falopa, va a pedir plata. Los conoce a los pibes que venden desde que son chiquitos, además de vender droga son prestamistas. Juan les deja su tarjeta del plan como seguro de que va a devolver lo prestado. Necesitaba plata para comprar comida, no había changas y la plata del plan no duró nada. El trato es claro, pide 3 lucas y tiene que devolver 6. No hay tiempo para evaluar la tasa de interés exorbitante que acuerda. Es un servicio financiero con un costo altísimo, pero el único disponible en la necesidad y urgencia. Si salen tres changuitas de pintura devuelve todo y recupera la tarjeta. Pactan una fecha de devolución en una semana. Juan se va con la plata rumbo a uno de los almacenes del barrio. 

En otros barrios populares el mecanismo puede tener algunas diferencias. Los transas pueden prestar sin pedir seguro, préstamos a sola cara. Conocen a los vecinos y les dan el dinero. Como los transas están atentos a cada movimiento del barrio, esa vigilancia se acumula en un conocimiento para identificar a quién y cuánto pueden prestar. Donde los bancos no están y en lugares donde las fintech aún son vistas con desconfianza, qué mejor que acudir a los transas: presentes y confiables. Los transas están siempre, atienden 7 por 24. Siempre disponibles. Un servicio hiperflexible. Además proponen un acuerdo sin letras chicas o fórmulas ocultas. Un banco a la vuelta de tu casa, abierto todos los días y todo el día. 

Los vecinos saben que si no pagan se meten en líos. El apriete tiene diferentes grados de violencia. Empieza como una amenaza y va escalando. Las reglas son claras para los vecinos: plazos, intereses y sanciones. Los plazos se negocian, pero nunca superan los dos o tres meses. Los intereses son comúnmente del 100%. Y a los morosos les cabe la violencia. 

¿Por qué las personas aceptan participar en estos servicios financieros que explícitamente incluyen el trato violento y la usura? Hay dos cuestiones claves para responder esta pregunta. Por un lado, el ejercicio de la violencia explícita en una relación de crédito no desentona con un universo social donde ella regula muchos aspectos de la vida cotidiana. Por otro lado, la existencia del uso de la fuerza violenta no debería opacar el hecho fundamental de que los transas prestan un servicio. Estos servicios poseen ciertas propiedades como la flexibilidad (todo se puede renegociar), estar disponibles frente a las urgencias (siempre están cuando los necesitan) y que las reglas son claras (es explícito el riesgo y la violencia). 

El mecanismo de préstamo no es nuevo, pero se incrementó con la pandemia. Los vecinos sufrieron la crisis y recurrieron más a los transas/prestamistas. El flujo de dinero aumentó. Hay más deudas por la crisis y además están obligados a no salir del barrio. 

Cada vez más jóvenes trabajan con los vendedores de drogas. Soldaditos, punteros, matones pululan por los barrios en empleos mejor pagos que el promedio de cualquier trabajo legal. La falopa mueve mucha plata y cada vez se nota más en los barrios como posibilidad de empleo. Ya por el año 2017, en algunos barrios de San Martín, los vecinos “punteros políticos” expresaban “ya no alcanza con lo que ofrece el Estado, los planes, no  (…) los transas te dan más guita (…) además con los planes te hacen hacer trabajos muy basura o te suben a un micro todo el día por un pan con una feta de queso y paleta”. Hay más guita y más beneficio simbólico. Para muchos, nunca para todos y no siempre, estar en la movida es una posibilidad de ganar prestigio y reputación. Prestigio que tener un plan no da. Además, con la pandemia, el circuito de trabajos informales decayó al mismo tiempo que aumentaban las posibilidades de acceso al mundo ilegal.

El consumo de drogas es un problemón en los barrios. Las vecinas, las doñas, nos dicen que sus hermanos, maridos, padrastros, hijos, tienen problema de consumo, “se van a la consumición”.  Muchos, pero muchos varones, consumen o lo hicieron alguna vez. Las pibas también consumen y cada vez más. No todos ni todas pero muchas veces las adicciones se pagan con ilegalismos. Desde choreos a prostitución, de soldaditos a salideras. 

¿Los transas se vuelven actores más legítimos en los barrios? Sin duda son actores cada vez más protagónicos en las barriadas. Ya vimos que los transas diversifican sus funciones: dan préstamos, pero también trabajos y venden una codiciada mercancía. Su apuesta sigue siendo que una camiseta del Manchester garpe más que el buzo de las cooperativas.

RR/AW/JG

Poner dinero o “platita” en el bolsillo de la “gente” es la formula elegida por el gobierno para lograr que las elecciones del 14 de noviembre no confirmen los resultados de las PASO. No me interesa ponerme del lado de los que le pican el boleto al gobierno al acusarlo de populista o de chocar la macro con estas políticas. Me interesa, por el contrario, señalar lo menos obvio: las condiciones de posibilidad de eficacia de esa formula. Voy a prestarle atención a un cumulo de circunstancias que afectaron la valoración de la sociedad, o parte de ella, sobre el dinero transferido por el Estado durante la emergencia. La política puede quedar pedaleando en el vacío si no comprende que los uso y significados sociales del dinero desbordan a las normas, discursos y memorias estatales. Cuando las transferencias monetarias anudan la relación entre la sociedad y el Estado esos desbordes son el grado cero de una política que no quiere morderse la cola.

Las altas expectativas del gobierno sobre la ponderación positiva del dinero de emergencia (como el IFE) chocaron con tres realidades. La primera, en muchos hogares esos ingresos fueron licuados para pagar deudas heredadas de la crisis del gobierno de Cambiemos y acrecentadas durante las restricciones de la pandemia. Así que este dinero llegaba a las cuentas en los bancos sin posibilidad de generar un recuerdo duradero sobre qué se hizo con él. Los alivios monetarios del Estado se manifestaban bajo otras formas que poco incitaban a retener un recuerdo muy positivo para el futuro próximo (el momento de votar). Las moratorias tuvieron efectos paradójicos. Tomo el caso de las regulaciones del vencimiento del pago de las tarjetas de crédito. Algunos hogares sufrieron la necesidad de refinanciar a futuro en cuotas los saldos. ¿Cómo saber si se iba a estar en condiciones de afrontar esas cuotas? Al principio el alivió mudó en incertidumbre y la incertidumbre, tiempo después, en certeza de tener que enfrentar esas cuotas todavía con ingresos afectados por la pandemia y la inflación. El alivio del pasado retornaba al presente del votante bajo la forma de una deuda pesada.    

La memoria sobre el dinero transferido por el Estado y las expectativas que este apuesta no siempre coinciden. E incluso algo peor: pueden llevarse a las patadas.

Acá, la segunda realidad. Para una parte importante del universo de los beneficiarios del IFE entrar en el terreno de la asistencia del Estado fue un mazazo para su identidad social. Al calor de una economía en caída libre, un mercado de trabajo que dejaba solo espacio para el crecimiento de la precarización y que proponía ingresos disminuidos y condiciones de la vida urbana deterioradas, abrazarse al orgullo de no caer en un “plan” fue un refugio de clase que ahora venía a ser cascoteado por la plata del IFE. Este dinero que para muchos era un símbolo del Estado que “cuida” para muchos otros era la evidencia más palpable de una tragedia biográfica.

Ya sea porque el dinero del Estado se evaporaba muy rápido para pagar deudas o porque estaba cargado de un sufrimiento social que era mejor olvidar, en parte del electorado no había condiciones para ritualizar ese dinero en el ámbito doméstico (celebrarlo privadamente) de tal forma que genere una memoria con eficacia al momento de evaluar al gobierno dándole su voto (celebrarlo públicamente). Esta ruptura de la cadena de rituales y significaciones del dinero del Estado que enlaza la vida domestica con la vida pública estaba por fuera del radar que guiaba las expectativas del gobierno sobre la eficacia política de sus transferencias monetarias.

Pero además, la tercera realidad, es que el dinero del Estado no alimentó el amor al Estado. Durante la pandemia mantener financieramente al hogar fue un problema y parte de la solución fueron las familias (en especial por el rol de las mujeres) con el dinero del Estado pero no solo. Las deudas que más crecieron durante la pandemia fueron las contraídas con parientes y conocidos. Los sectores con menos ingresos de la sociedad encontraron en sus familias una fuente de financiamiento, los sectores con más ingresos la encontraron en las oportunidades que brindaban muy selectivamente los bancos para quienes tenían ingresos altos y regulares.

A medida que las familias buscaron salvar al hogar -aunque también lo pusieron en riesgo, el aumento de la violencia familiar es otro dato del período- esta misión las fue dotando de una superioridad moral frente al Estado. El dinero que este fue transfiriendo alimentó menos el reconocimiento a su rol frente a la emergencia que la autovaloración de las familias por el esfuerzo y sacrificio por transitar la crisis sanitaria y económica.

Este breve recuento nos sugiere algo muy sencillo: cuando el Estado transfiere dinero genera memorias y rituales sobre su recepción y uso que no domina. Este conclusión lejos de poner en cuestión esa política del Estado advierte sobre las condiciones reales de su eficacia e impulsa a tomar en cuenta que distribución y reconocimiento no siempre coinciden y, que la sociedad, en este caso, como en muchos otros, presenta modos de funcionar demasiado escurridizos para la mirada convencional que la política tiene de ella. 

AW

El tiempo suele cambiar los formatos del humor; los temas, en cambio, no se renuevan con la misma velocidad. Al menos en Argentina. Basta una medida de la Comisión Nacional de Valores para que los memes vuelvan a teñirse de verde, como en aquel de Los 11 verdes que circuló en las redes sociales hace algunos días: un equipo completo de dólares distintos formado en la cancha cual jugadores de futbol, el dólar solidario al arco y el MEP entre los punteros.  

Las restricciones para el acceso al dólar contado con liquidación anunciadas hace dos semanas volvieron a poner sobre la mesa la multiplicación actual de cotizaciones, al tiempo que impulsaron una nueva alza del dólar blue que llegó a su valor más alto desde octubre pasado.

Distintos especialistas consultados por la prensa atribuyeron además cierto carácter “estacional” al aumento de la demanda de dólares que, con las restricciones vigentes, no puede canalizarse en el mercado oficial. Por un lado, el cobro de aguinaldos por parte de los sectores con capacidad de ahorro también desemboca en el embudo del blue. Por otro, aunque la campaña de cara a las PASO comienza oficialmente este fin de semana, el cierre de las alianzas partidarias ya puso a la opinión pública en modo preelectoral. Y, como se viene verificando desde 1983, en la Argentina no hay campaña electoral sin movimientos cambiarios.

Desde la City, se repite con la fuerza del dogma: el escenario electoral genera ruido en la economía. Sin embargo, no por habitual esa relación se convierte en necesaria. La democracia conquistada en 1983 se acerca a los 40 años de vida. Atravesó indemne -aunque no exenta de turbulencias- las mayores crisis económicas de la historia nacional (en 1989 y 2001), neutralizó la amenaza militar que durante décadas la había tenido en vilo y alojó tanto el esquema bipartidista que la caracterizó en el siglo XX como el desarrollo de nuevas fuerzas políticas que marcan el XXI. Desde hace un cuarto de siglo el esquema se repite puntual: cada dos años hay elecciones; cada cuatro son presidenciales. Nada parece más alejado a una fuente de incertidumbre que este escenario, por demás previsible.

Y, sin embargo, se mueve. ¿Son efectivamente las elecciones las que prenden las alarmas de las mesas de cambio? ¿Puede la renovación de una porción de las cámaras de diputados y senadores ser portadora, en sí misma, de inestabilidad económica?

La pregunta no es ingenua. Desde luego, las elecciones de medio término constituyen pruebas claves para los gobiernos y son, en muchas oportunidades, ocasión de reacomodamientos en las alianzas y los elencos ministeriales, que a su vez pueden redundar en cambios en las políticas implementadas. Así y todo, el carácter del vínculo entre elecciones e incertidumbre no es automático ni forzoso. 

La historia de los saltos del dólar y de por qué nos importan a los argentinos tiene al menos 60 años. Como mostramos en El Dólar, historia de una moneda argentina, no fue el producto de un acontecimiento singular, ni se trató de un proceso lineal. La popularización local de la moneda norteamericana, su progresiva instalación como tema de discusión pública y su incorporación en los repertorios financieros de agentes económicos de distinta talla, fue el resultado de un proceso de lenta maduración que comenzó a mostrar signos claros a finales de la década de 1950 para profundizarse de ahí en adelante. Ese camino, sin embargo, no fue de simple acumulación; también registró inflexiones importantes. La asociación entre tensiones electorales y movimientos cambiarios, que nunca podría haber tenido lugar en un contexto de inestabilidad política como el que dominó de los años 50 a los 70, fue una de ellas.

Desde 1983, y con mayor fuerza en los años posteriores, el mercado cambiario y la política electoral se constituyeron como arenas espejadas. En la cercanía de las elecciones, las decisiones y las apuestas de los actores políticos aparecen mediadas por la cotización del dólar, mientras que las apuestas de los agentes económicos están atravesadas por las expectativas respecto de los resultados electorales.

Detrás de esa dinámica se encuentra un proceso que abraza a la economía y a la política y las desborda por igual. En el dólar, los argentinos encontramos un poderoso dispositivo de interpretación de la realidad. Esa cotización que nos genera sobresaltos no solo sirve para tomar decisiones económicas: nos permite evaluar el presente y nos brinda claves sobre el futuro. Pero la moneda norteamericana también es una herramienta, una suerte de ticket dorado que amplía los márgenes de maniobra. Como gustan de decir los operadores financieros: “da cobertura”. 

El problema es que la respuesta efectiva en el plano individual, no lo es, en este caso, en el colectivo. Y las elecciones son la arena donde se dirime precisamente eso: la suerte de todos. No son entonces un arcano poderoso capaz de, por su sola aproximación, hacer saltar la banca. Son el escenario donde vicios privados y virtudes públicas se retan a duelo. Un duelo que, en la Argentina, tiene en el dólar a su mejor padrino.

La pandemia es un laboratorio que produce desigualdades a cielo abierto. Estallan por todos lados, y sus efectos se filtran sin limites.  La pandemia aceleró en tiempo real una nueva partición de los sectores medios urbanos. Entre quienes tienen ingresos regulares y quienes lo han perdido con la caída de la actividad económica. Entre quienes tuvieron que “quemar” ahorros y quienes pudieron mejorar sus opciones de consumo e incluso acumular patrimonio (reactivación de la construcción, del mercado automotriz). Entre quienes hicieron multiplicar el ecommerce y quienes debieron someterse a las reglas de mercado libre para reinventarse una salida a la crisis. Entre quienes se endeudaron con la tarjeta, en el pago del alquiler, las expensas, las cuotas de las prepagas y de los clubes de futbol y quienes durante septiembre-octubre de 2020 han contribuido en que el mercado de cambios ilegal vuelva a tensionarse por una demanda acrecentada del dólar.

Los padres y las madres tienen todo el derecho de expresar su descontento frente al modo en que los colegios preuniversitarios de la UBA, como el Pellegrini y el Colegio Nacional Buenos Aires, han (no) resuelto la emergencia educativa en el contexto de la pandemia. De hecho, lo hacen, lo hacemos, desde muy temprano, cuando ya comenzada la pandemia las tibias reacciones de autoridades y sus desorientaciones se acumulaban a la par que aumentaban los casos de Covid19.

El breve recuento de desigualdades que estallaron sobre las clases medidas urbanas nos ayuda a recordar que lo personal no siempre es político, pero sí es social.

“El mundo no pasa por lo que pasa en el Buenos Aires o en el Pellegrini”, me invitó a descartar estas reflexiones un colega querido para evitar ese privilegio que amplifica nuestras voces como padres o madres de pibes y pibas adolescentes. Pero la sociología me enseñó dos cosas: solo que podemos hablar de esos privilegios sacando a la luz las condiciones sociales de su eficacia y que la empatía sociológica supone comprender todas las causas del sufrimiento, incluso la de los privilegiados, porque ellas siempre remiten algo más amplio que las engloba.  

Nuestras voces que se hacen escuchar en la prensa o las redes para expresar nuestro descontento sobre la conducción de los colegios preuniversitarios durante esta larga crisis son expresiones personales del desclasamiento que experimentamos como padres que “enviamos a nuestros hijos al Pelle o al Buenos Aires”. 

Este proceso no es para nada nuevo pero abrazados a la ilusión de su rendimiento simbólico y económico preferimos patear para adelante esa realidad y seguir creyendo que esas instituciones guardan una eficacia incólume a las degradaciones de toda naturaleza. Pero vino la pandemia y la realidad nos picó el boleto que nos permitía transportarnos por esa ilusión de clase. 

Hemos socializado a nuestros pibes y pibas con ese mandato de merito y selección que supone el ingreso a estos colegios. Pero las rutinas institucionales que refuerzan ese procedimiento de selección han desaparecido. El “pacto” entre familia y colegio se quebró donde más nos golpea. Las instituciones desaparecen cuando más las necesitamos, cuando tienen que cumplir su parte de la división del trabajo: validar la ilusión que les inculcamos a nuestros hijos e hijas, contra viento y marea en algunos casos, de manera más natural en otros. Pero el resultado es el mismo: nos chocamos de frente con la verdad de una institución que se está devorando la ilusión que la mantiene en pie y nosotros unida a ella.  

No menos cierto que este golpe es aún más fuerte cuando los colegios preuniversitarios poco pueden reclamar de excelencia o vanguardismo académico cuando otras instituciones con menos capital simbólico han dado respuestas mejores frente a la pandemia que el Pellegrini o el Buenos Aires. 

En la micro competencia del mercado educativo nuestros colegios que siempre picaron en punta en el campeonato del merito y el esfuerzo académico están, en este contexto, peleando la mitad de la tabla para abajo. Nuestro desclasamiento se ve reflejado aún más frente a instituciones educativas con un fuerte cierre económico o social (colegios bilingües, privados con orientación artísticas) que han invertido recursos y mostrando capacidad organizativa para adaptarse al contexto de pandemia. Las desigualdades se sufren más cuando ellas separan a quienes se creían próximos, cuando sus efectos producen una brecha que antes se podía compensar u ocultar.

Nuestro descontento tiene esta razón social de fondo. Es la expresión subjetiva de un cambio de posiciones estructurales que nos afecta de lleno y que la pandemia vino a acelerar. Mientras nosotros tratamos de reanimar una ilusión en peligro de derrumbe, nuestros pibes y pibas ya están caminando sobre sus escombros. 

La pandemia lo ha tocado todo. Hasta nuestra estructura política. A un año de la declaración del ASPO y ante la posibilidad inminente de una nueva ola de contagios impulsada por el cambio estacional y por mutaciones más agresivas del virus como las surgidas en Brasil y el Reino Unido, el análisis de la relación entre la política y sociedad mediado por las controversias en torno a la gestión de la pandemia resulta revelador de un equilibrio dinámico, tenso e imposible entre los vectores de la situación.

A finales de marzo de 2020, sin que hubiera unanimidad, parecía haber un consenso sanitario extendido en la sociedad. El ASPO era apoyado y respetado y la agenda estaba escasamente desarrollada en temas e intensidad de las controversias. Hoy la situación es diferente: la interacción entre las potencialidades poco a poco conocidas del virus, las voces partidarias, la actuación de los epidemiólogos, las disposiciones estatales emergentes en ese contrapunto, las situaciones asociadas a la deriva de los mercados mundiales y locales afectados por fenómeno global han pluralizado e intensificado las controversias. al mismo tiempo que se han creado nuevas, pocas, áreas de consenso extendido. La épica sanitaria ha sido sometida a las inclemencias del erosivo paso del tiempo sin soluciones definitivas. La sociedad convive con el virus sufriendo.  

El proceso social y político está cada vez más formateado por la pandemia: entre sociedad y política emerge una agenda de temas y controversias que redefine las sensibilidades políticas e incluye: el ASPO, el DISPO y sus diversas modulaciones, la temporada de verano, el horario y modo de cierre y apertura de la empresas gastronómicas y de entretenimiento, las escuelas y los modos de regular la convivencia en ellas y, finalmente, todo lo relativo a las vacunas. La pandemia complejiza la situación política reforzando, pero también diversificando, los puntos de conflicto de la política  En esa agenda que agrega dimensiones a la vida política conviven acuerdos, polarizaciones alineadas con la grieta y disensos políticos transversales al binarismo de la grieta. Veamos cuál es  el estado actual de la relación entre sociedad política y pandemia para estimar los efectos del año transcurrido, como para comprender en qué sentido este presente condiciona un futuro en el que habrán de convivir la nueva ola de contagios con un proceso de vacunación que avanza menos rápido que lo necesario para que el virus pierda centralidad.  

Los datos de la encuesta* que aquí comentamos, realizada entre habitantes del AMBA, permiten interrogar un hecho: ¿la emergencia de la dimensión sanitaria le pone propiedades irreductibles a la larga serie de crisis que ha vivido nuestro país? Nuestra hipótesis es que a las pendulaciones políticas, los estrangulamientos económicos que conllevan reactivaciones cada vez más breves e inflacionarias y restricciones externas cada vez más marcadas y de peores consecuencias se ha sumado un factor global, disruptivo y pleno de efectos. 

Corresponde preguntarse entonces: ¿Qué sucede cuando la sociedad y la política se ponen en relación a través de la disputa de normas, situaciones  y conocimientos epidemiológicos que se ponen en tensión con el resto de las aspiraciones sociales y económicas?  ¿De qué manera la sociedad y la política han interiorizado la pandemia?

Para responder este interrogante hicimos un estudio empírico basados en un hecho que hemos corroborado antes:  a distancia del discurso oficial se despliega una amplia y heterogénea epidemiología “popular” que tiene modos propios de articular y expresar el conocimiento de la relación entre situaciones y prácticas de contagio, la aceptación o el rechazo de la importancia, peligrosidad o relevancia de la pandemia. En este contexto nos preguntamos cómo interactúa esa variable inicialmente externa a posiciones políticas previas: ¿Cómo se entraman en el proceso histórico las sensibilidades político-ideológicas previas, las controversias que genera la gestión de la pandemia y las epidemiologías populares? 

Acuerdos, polarizaciones y disensos transversales

De forma deliberada hicimos preguntas que intentaban captar matices más que extremar los puntos de vista sobre el virus, los cuidados y la evaluación de la gestión de diversos segmentos de la pandemia para vincularlos a las posiciones políticas. El análisis del conjunto de respuestas nos permitió discernir tres formas de conjugar nociones de cuidado, gestión sanitaria y posicionamiento político: acuerdos, disensos correlativos al conflicto político dominante de la sociedad argentina y conflictos que no siguen ese eje vigente en los últimos lustros.  

El 50% considera probable el contagio (un acuerdo sin distinción de posicionamientos políticos, disminuido en todo caso por expectativas, conocimientos de distribución bastante homogénea).  El 70% de los consultados considera que el contagio de Covid es algo grave. Esto sucede en un marco específico: los votantes de los espacios políticos mayoritarios en la última elección presidencial se comportan de manera homogénea, alineados con la tendencia general de la sociedad. 

En cambio, la evaluación general de la gestión de la pandemia muestra una clara polarización graficada en una distribución simétrica pero invertida entre los votantes de Alberto Fernández y Mauricio Macri en las elecciones de 2019. Mientras la gestión tiene una aprobación general del 39,5%, cuando vemos su distribución por voto aumenta a 63% en votantes del oficialismo y tiene un rechazo del 70% de los opositores.

Los datos del consenso sobre la gravedad del virus y la polarización sobre el modo de gestionar la pandemia por parte del gobierno son reveladores, pero es importante subrayar que los desacuerdos varían en su distribución política: no todos ellos acompañan la lógica de la grieta, los acuerdos y desacuerdos con ciertas políticas no se superponen con el eje oficialismo-oposición, Frente de Todos-Cambiemos. 

Todos contra el virus

La mayoría expresa un desacuerdo con respecto al comportamiento que privilegia la voluntad individual frente al acatamiento de normas sanitarias que tienen significado y ejecución colectiva (53%). Pero este comportamiento tiene magnitudes muy diferentes según el voto de los encuestados. Los votantes oficialistas se oponen más firmemente que los opositores a la afirmación que reivindica la validez de la ruptura de normas colectivas (57 % y 40 % respectivamente). Los opositores, sin embargo, también están atravesados por una fuerte disidencia al respecto; el contingente que sostiene la prioridad de seguir el orden colectivo es del 40%, mientras el 39,9% se opone.

La obligatoriedad de la vacunación es compartida por el 64,7% de la muestra. Con un aporte bastante mayor a esta postura de parte de votantes de Alberto Fernández (75,4%) frente a votantes de Mauricio Macri (54,2%) aunque estos últimos expresan tanto un porcentaje mayoritario a favor de la vacunación como una minoría considerable contra esa posibilidad (28,5%).

Frente a una posible segunda ola de contagios, la disposición general de la sociedad es aumentar de manera mayoritaria los cuidados personales (72,2%). El antecedente del voto incide pero no evidencia clivajes considerables. El 77,5% de los votantes de Alberto Fernández y el 64,3% de Mauricio Macri son proclives a intensificar los cuidados personales. La diferencia reside en que el polo opositor provee el doble de posiciones contrarias a esta disposición al cuidado entre la minoría de la población que opta por esta respuesta (20% vs 10,6%).

La polarización política no contiene los niveles de desacuerdo internos a cada coalición. En este caso, la mayoritaria propensión de los votantes de Juntos por el Cambio a intensificar los cuidados personales ante la perspectiva de una segunda ola contrasta con el discurso y las manifestaciones públicas de sus referentes político-partidarios y de sus intérpretes mediáticos.  

La posibilidad de un nuevo ASPO de cara a una segunda ola revela aceptación mayoritaria (56,3%) con un polo de rechazo considerable. Esta respuesta está coordinada con una distribución claramente a favor en el caso de los votantes de Alberto Fernández (68,3%) y con un espacio polarizado en el caso de los votantes de Mauricio Macri (43% a favor y 43% en contra).  

Pero no tanto

Es preciso contrastar lo que  la gente dice y lo que hace o lo que dice sobre lo que ha hecho. Al identificar controversias sobre la gestión de la pandemia se verifican disensos que afectan la plenitud de las afirmaciones anteriores en un sentido que hace esperar conflictos si se vuelve necesaria la adopción de nuevas medidas de aislamiento. Así, la cuarentena del año 2020 es evaluada como excesivamente larga por el 58,4% de los encuestados que, pese a que aportan caudales muy diferentes según el voto, son mayoritarios en sus respectivos espacios políticos. El 74% de los votantes de Mauricio Macri tiene esta evaluación de la cuarentena y el 49% de los votantes de Alberto Fernández coincide con ellos. 

Y otro tanto ocurre con la disposición a priorizar la apertura del sistema educativo en cualquier circunstancia: esta es mayoritaria (53%) en el conjunto de la muestra, pero heterogénea desde el punto de vista del voto. Los votantes oficialistas respondieron de manera más débil que los votantes de Mauricio Macri (43% vs 72%) y también dieron más respuestas negativas que los de la oposición (31% vs 16%). La disidencia en esta controversia se traslada al interior de los distintos espacios políticos de este universo de encuestados y, más notablemente aún, se acentúa entre los votantes del oficialismo.

Ante la conclusión apresurada de una disposición al ASPO mayoritaria revelada por la primera serie de datos cabe preguntarse si la mirada crítica sobre el pasado de la cuarentena y sobre el valor presente de la apertura educativa no son condicionantes de la disposición a aceptar efectivamente un nuevo ASPO. 

Las evaluaciones sobre la gestión no sólo nos dan indicios de cómo se daría esa disposición sino también la especificidad política de la pandemia. La obtención de la vacuna Sputnik es considerada como un logro del Gobierno por el 51% de los encuestados y esta respuesta se explica porque los votantes del oficialismo aportan gran parte de la aprobación (73% de ellos la aprueba) mientras los votantes de Mauricio Macri expresan la mayor parte de los rechazos que, además, son dominantes en su propio espacio (48,3%).  Sin embargo, a la hora de evaluar la prioridad en la distribución y asignación de las vacunas solo el 28,9% del total de encuestados está de acuerdo que el Gobierno ha realizado una distribución y asignación correcta. Y si bien el espacio del voto opositor aporta gran parte de la disconformidad (71% de estos expresaron su desacuerdo) es en el espacio del oficialismo donde se observa una disidencia interna expresada en 23,6% que critica en este punto a la gestión del gobierno y un 43% que lo apoya. La crisis del vacunatorio vip ha ejercido sus efectos. 

Y la pregunta sobre el carácter de la pandemia como un evento extraordinario que restringe la capacidad de acción de los gobiernos resulta reveladora de una disposición que no cabe en la grieta. Si bien los votantes de Alberto Fernández son mucho más proclives a aceptar esta afirmación (65%) y los votantes de Mauricio Macri a rechazarlo (44%) hay un núcleo de un 25% dentro de este último universo de encuestados que concede que la pandemia limita las acciones de todos los gobiernos. Las exigencias para con la gestión de la pandemia no son las mismas que para el resto de las políticas. 

Visualizar la complejidad

Hemos visto hasta aquí información relativa a una serie de datos parciales: formas de  percibir la pandemia y la gestión de la misma según el voto de los encuestados en 2019. Los hallazgos de nuestro trabajo se hacen más tangibles y relevantes para responder las preguntas iniciales si disponemos esos resultados en un análisis que integra varios elementos. Allí puede percibirse más claramente el hecho de que los posicionamientos frente a la  pandemia mantienen un contrapunto con la grieta: por un lado, es imposible  decir que la cuestión sanitaria es absolutamente independiente de la política partidaria. Pero por otro lado, también es imposible reducir esta cuestión a la grieta. 

Del índice que distribuye la población según posiciones anti-cuidados y pro-cuidados, se desprende que el universo del anti-cuidado no es simétrico al universo de votantes opositores ni el universo de votantes oficialistas concentra todos los encuestados con actitudes pro-cuidados. Casi el 30% de los anti-cuidados han votado en la última elección Alberto Fernández y alrededor del 40% del universo de los pro-cuidados han votado a la oposición.

Tomando en cuenta el índice que distribuye a la población de acuerdo a evaluaciones negativas y positivas a la gestión de la pandemia, estas proporciones se desbalancean. El 75% de los críticos de esta gestión han votado a la oposición y un 25% lo hicieron por Alberto Fernández. El universo de encuestados que evalúan positivamente la gestión de la pandemia está compuesto en un casi 90% de votantes del oficialismo. 

El peso de estas dinámicas recorta a la sociedad en cuatro posiciones (pro-gestión y pro-cuidados, pro-gestión y anti-cuidado, anti-gestión y pro-cuidados y anti-gestión y anti-cuidados) con incidencia variable según voto oficialista o voto oposición en la última elección. 

Esta tipología es el resultado de un equilibrio provisorio de las dinámicas de consensos, polarizaciones y disensos transversales a la grieta que formatean y condicionan el vínculo entre sociedad, política y pandemia a un año del ASPO.  Tenemos entonces consensos (pocos), disensos alineados con la estructura de la grieta y, finalmente,  disensos que no se corresponden con la grieta e introducen la especificidad de un conflicto societal plasmado por la pandemia. Hay que destacar aquí una especificidad: si bien algunos  disensos tienden a estructurarse a semejanza de la estructura de la grieta, pero otros, como lo hemos mostrado, no lo hacen y ello denota una dimensión histórica introducida por la pandemia y un interrogante relativo a su procesamiento político. 

Horizontes ante la segunda ola

Debido a la autonomía y especificidad del eje sanitario es que se hace evidente la insuficiencia de la reducción de la política a la epidemiología experta y, su complemento, la reducción de la experiencia de la pandemia a la “grieta política”. La primera normativiza a la sociedad (la sociedad debe entrar en la norma sanitaria y los desbordes frente a ella son interpretados como irracionalidad, egoísmo, etc). La segunda pasa de largo la especificidad de la experiencia de la pandemia, la sociedad debe entrar, podemos decir, en una norma política que es indiferente de alguna manera a la experiencia vivida de la pandemia. 

La “grieta” política no contiene todas las fracturas de la epidemiología masiva: tiene líneas de corte no codificadas con las líneas políticas más reconocidas. Conocer en profundidad esa nueva dimensión de la vida política nos lleva a entrever qué hizo la pandemia con las sensibilidades político-ideológicas y cómo estas pueden condicionar la política de pandemia futura. Y este conocimiento es clave para  afrontar el interrogante que plantea el futuro inmediato: ¿cuál será la reacción de la sociedad ante una muy probable ola de contagios? ¿Los consensos sanitarios se mantendrán y podrán ser movilizados e incluso ampliados en una política de cuidados cuyo alcance la política intentará acuerdos? ¿Los disensos alineados con la grieta serán el combustible de una configuración que agudiza los perfiles pre trazados de la grieta? ¿Cuál será el papel de los disensos transversales a los espacios políticos? ¿Serán en el fundamento de una relativa prudencia de las fuerza políticas mayoritarias y el condicionante de una visión más compleja de la política sanitaria o serán arrasados por las pasiones encendidas del conflicto político, relanzado sobre las bases de la grieta con acusaciones cruzadas destinadas a producir el alineamiento de cada fuerza sobre su fracción mayoritaria: presenciaremos la alianza de los críticos de los cuidados y la gestión con los opositores y la correlativa unión de los defensores de la gestión sanitaria, del gobierno y los cuidados? 

Nota actualizada el 20 de marzo a las 13 hs para aclarar que se trata de un análisis basado en una muestra correspondiente al AMBA y no a todo el país

*Encuesta realizada entre el 26 de febrero y el 1 de marzo de 2021 por el programa PASCAL-UNSAM para Escuela IDAES-UNSAM. Unidad de muestreo: teléfonos celulares del Área Metropolitana de Buenos Aires contactados por método IVR. Técnica muestral: muestreo aleatorio simple. La muestra final fue calibrada en función de las variables sociodemográficas de edad, sexo y nivel educativo y del voto de la última elección presidencial. Tamaño muestral: 969 casos. Margen de error: 3.6% Nivel de confianza: 95%. Procesamiento Factor-Data de Escuela IDAES-UNSAM

La pandemia ya se instaló en la serie histórica de las grandes crisis de la Argentina democrática, como lo fue la hiperinflación de 1989 y el estallido de 2001. Son un modo recurrente de inflexiones que parecen ser totales en el sentido de que afectan la política, la economía y los lazos sociales en todas las escalas. Así la política de control de daños tiene una dimensión más a la cual atender: el desgaste de la autoridad presidencial y, al mismo tiempo, la distancia creciente con que los ciudadanos arrasados por la incertidumbre, las perdidas y los temores observan a la clase política. 

Los encuentros cara a cara son los hechos sociales malditos de la sociedad pandémica. A lo largo de estos meses descubrimos que esos encuentros pueden tener múltiples formatos -fortuitos, planificados, laborales, lúdicos, legales o clandestinos- y siempre suponen la copresencia física. Económicamente y moralmente vitales, son el vehículo para la expansión de contagios y muertes por Covid-19.  

Las decisiones recientes del gobierno nacional respecto de la gestión de esos encuentros (indicaciones que adaptarán como puedan las autoridades locales y provinciales) reflejan este condicionamiento crucial. Todas las medidas sanitarias se instalan en un delicadísimo y a la larga imposible equilibrio entre las necesidades e interpretaciones de la sociedad, exigencias epidemiológicas, necesidades económicas y los recursos políticos y estatales.  

En el doble contexto de especificidad de la pandemia y las tendencias de largo plazo a la crisis de nuestra sociedad es necesario que la promoción de cualquier medida destinada a prevenir los contagios se proponga más allá de acusaciones morales. Deben reconocerse los dolores de todos y bien lejos de la dicotomía cuidados-solidaridad del Gobierno y la dicotomía libertad-individualismo de la oposición. No es una preferencia caprichosa sino un deseo informado por datos y por análisis. 

Guste o no, es un hecho objetivo que la extensión, variación y mediatización de la pandemia (y de los modos de enfrentarla) han transformado a la sociedad en varios aspectos incluida la masificación de la opinión respecto de casi todos los rubros de salud pública. A finales del mes de marzo, la sociedad no tenía esa experiencia y por lo tanto tendía a seguir los motivos y las razones de una cuarentena exigente que proponían las autoridades políticas apoyadas en el conocimiento de los expertos. A medida que pasa el tiempo la experiencia de la cuarentena -cómo se la vive y significa- provee elementos poderosos para explicar por qué se sigue o no esta norma.

Esas interpretaciones expresan cómo efectivamente se viven, sienten y piensan tanto el ASPO como el DISPO y alimentan reacciones de los ciudadanos que se distribuyen entre la adhesión y el rechazo pasando por todo tipo de fragmentaciones y negociaciones de la regla. Estas experiencias y sus interpretaciones tienen la propiedad de no ser experimentos, o discutibles como tales. Por eso no pueden ser contrastadas, ni tampoco descartadas por la política pública de un Estado que no goza de obediencia generalizada e inmediata, no posee recursos para paliar los costos de una nueva paralización de las actividades y no dispone fácilmente de la posibilidad coercitiva que imponga la norma. 

Así sucede que las interpretaciones de la sociedad no pueden ser descartadas, desconocidas, rechazadas ni negadas, sino comprendidas en sus motivos y en su eficacia en el proceso en el que es necesario gestionar diversas etapas y formas de combate al virus. La imagen piramidal y verticalista de la sociedad en que se sostienen las políticas públicas, especialmente las destinadas a atender una emergencia, deben conceder a este hecho y complejizar esa imagen para poder mantener su capacidad de conducción. Y conste aquí que la comprensión que reivindicamos como procedimiento nada tiene que ver con la justificación y si, en cambio, con la captación de los motivos plurales que desempeñan el papel de contratendencias que erosionan o imposibilitan el cumplimiento de la norma. 

La prudencia política y el realismo sociológico evitan que el gobierno plebiscite su autoridad ante cada nueva medida de prevención sanitaria que necesariamente debe aplicarse, pero cuyas condiciones de eficacia dependen de una sociedad que tiene esos modos polimorfos y contradictorios de relacionarse con las reglas. 

El rechazo parcial o total a la norma puede significar adhesiones a otras comunidades además de las políticas, como las religiosas o las generacionales. El rechazo expresa también posibilidades que varían con el nivel socioeconómico y el tipo de empleo. Hay ciudadanos cuyos ingresos y subsistencias no solo dependen de circular para ir a trabajar sino de que haya sociabilidad física. 

Los jóvenes en los balnearios de clase media alta tienen el boleto picado para quienes miran escandalizados su irrespeto a las normas y la vida. Nos gustaría acompañar esta perturbación y mirar para otro lado cuando la fiesta y el deporte no brotan de las playas de Pinamar, sino de las periferias más castigadas por la pobreza y por la pandemia.   

El vitalismo transclase, que no sólo es juvenil, se hace fuerte en la idea de que “no podemos tener miedo ante una cosa tan chiquita, cuya letalidad es ínfima y focalizada en los mayores”. Un poco sobre la base de un recorte arbitrario de la información sobre quiénes son las víctimas mortales privilegiadas del virus, o sobre las secuencias de contagio se saca una conclusión que al mismo tiempo es portadora de un discurso moral y pasible de ser moralizada: “¡los jóvenes son los que enferman!” o la respuesta “ustedes dicen eso porque no son empáticos con las consecuencias del encierro”. En ese debate todos y nadie tienen la razón. 

La grieta es un fenómeno de minorías intensas. Activarla a propósito de la gestión de la pandemia es jugar con el peligro de que se amplifique y de que todo el mundo encuentre un lugar en ese falso refugio que oculta la complejidad de la sociedad y las fracturas reales. Con la grieta nunca ganan ni el país ni el actual oficialismo que a veces se complace en el furor cortoplacista de la supuesta batalla definitiva. La grieta es una posibilidad que está instalada en las disposiciones de los argentinos porque es el decantado de lo político en los esquemas de la acción social con que muchísimos sujetos evalúan, perciben y actúan. La sociedad está más allá de la grieta política, aunque no lo sepa y deba acudir a ella para hacer inteligible y decodificable públicamente sus opiniones e interés. 

La interpretación que enfoca como criminales a los jóvenes que vacacionan en Pinamar y rompen las normas omite que no son solo jóvenes ni ricos los que por diversas razones cumplen de forma fragmentaria, limitada e incluso nula las recomendaciones del DISPO. Y con ello corre el riesgo de debilitar aún más la adhesión a las medidas sanitarias e incluso incentivar el espíritu de insubordinación que se legitima en el valor de la libertad con el efecto no deseado de aglutinar a quienes usan fragmentariamente la norma con aquellos que la rechazan activa y globalmente. La norma tiene usos con significados múltiples. La promoción de la misma o el combate a su incumplimiento no pueden alinearse en discursos morales que siguen las líneas más twiteras de la grieta so pena de ayudar a que se produzca ese efecto de galvanización reactiva. 

En la promoción de la salud no debe confundirse el conjunto de la sociedad al que hay que contener con un segmento de la propia base electoral. La mirada estatal sobre la pandemia no puede alinearse sólo con quienes tienen todas las posibilidades de ser epidemiológicamente correctos. El Estado debe encarnar un punto de vista más amplio que el de un sector que ha identificado en el objetivo salud la posibilidad de hacer valer la prioridad de lo colectivo (y de su versión de lo colectivo). Este sector es una parte visible de su base electoral, pero de ninguna manera su totalidad y menos todavía de la sociedad argentina a la que debe gobernar. El decreto presidencial que gobernadores e intendentes deberán interpretar y ejecutar de acuerdo a sus realidades es, justamente, una tentativa de armonizar todos los factores en un promedio: una medida de no muy alto impacto epidemiológico, de no tan alto costo político y con la esperanza de que la vacunación genere otras condiciones. Gobernar la conjunción de la pandemia con los resultados de una de las más grandes crisis de endeudamiento de la historia no parece dejar muchas alternativas. Es gobernar un terremoto en cámara lenta.  

PS AW

Las grandes crisis de la democracia argentina tienen un hilo conductor que puede reconstruirse respondiendo a la pregunta: ¿cómo “desaparece” el cash en esos contextos? Revelador clave de las perturbaciones colectivas, el dinero es símbolo y método de las hecatombes financieras locales. 

En 1989 la desaparición del valor del austral por el contexto hiperinflacionario fue un claro indicador de la desigualdad frente al acceso de bienes básicos de consumo. A medida que el dólar americano se devoraba la moneda nacional las barriadas más pobres se plagaban de ollas populares y de saqueos. En 2001 la estabilidad cambiaria le restaba atención a la cotización del dólar para concentrarla al nivel de los depósitos. Cuando estos llegaron a índices insostenibles el gobierno optó por poner un torniquete a la salida de dinero de los bancos. Este “corralito” produjo la segunda desaparición del cash de la era democrática. En ese verano caliente de principio de siglo, con la restricción a la circulación de efectivo, los barrios vulnerables se secaron de pesos. Esta segunda desaparición reflejaba la desigualdad en el mercado de trabajo, los más afectados fueron los desempleados y quienes hacían changas o trabajos informales. En marzo de 2020 el confinamiento dispuesto por el gobierno argentino produjo la tercera desaparición del cash de la era democrática. Esta no es igual a la de 1989 ni a la de 2001, tiene su origen en medidas de cuidado de la salud pública que dispararon una dinámica de desigualdades inédita.

Hasta mediados de septiembre esta fue la primera crisis de la era democrática donde la voz experta autorizada que ocupa el espacio público no la tomaron los economistas sino los epidemiólogos. Los de cantidad de muertos, enfermos y test realizados fueron los números públicos que reemplazaron a la cotización del dólar (1989) y al riesgo país (2001) para hacer inteligibles los acontecimientos que se desarrollan en el medio de la pandemia. 

La sociedad argentina se encuentra desde hace décadas en un estrecho desfiladero donde el déficit estructural de su economía para generar los dólares que necesita para su desarrollo y el aumento de la inflación son pinzas que recortan el margen de maniobra de la política económica. Cada ciclo político se enfrenta también con otra evidencia tan persistente como cualquier dato macroeconómico. Gobiernos militares o democráticos, peronistas o radicales han chocado sistemáticamente con el dólar como moneda popular argentina. 

Como contamos en Dólar. Historia de una moneda argentina (Crítica, 2019) el lento pero progresivo proceso de la popularización del dólar en la Argentina se desplegó desde la tercera década del siglo XX hasta la segunda del XXI. 

La primera etapa de la popularización se ubica entre fines de la década de 1950 y principios de la de 1970, un período signado por una fuerte inestabilidad política y económica que se manifestaba, entre otras cosas, en una serie de devaluaciones periódicas de la moneda nacional. En ese período el dólar dejó de ser referencia exclusiva para los expertos de la economía o de la política y empezó a resultarle familiar a un público más amplio. La prensa cubría los movimientos bruscos del mercado cambiario, la publicidad convirtió al dólar en unos de sus íconos, la moneda norteamericana empezó a estabilizarse como termómetro de la realidad económica y política. Desde mediados de la década de 1970 hasta fines de la de 1980 –durante lo que los economistas suelen denominar régimen de alta inflación– la popularización del dólar se expandió y profundizó: una proporción creciente de distintos sectores sociales lo incorpora a sus repertorios financieros. Al mismo tiempo, algunos mercados domésticos pasan a utilizar el dólar como unidad de referencia y medio de cambio. En 1977 aparecieron los primeros avisos clasificados que nominaron en dólares los precios de los inmuebles a la venta. 

La hiperinflación de 1989 señala sin dudas una inflexión en ese proceso. Ese año, que es también el del primer cambio presidencial posterior al regreso de la democracia en 1983, el dólar ocupó toda la atención pública: la fijación de precios y la realización de pagos en esa moneda alcanzaron a los servicios más cotidianos.

Tras esa experiencia de crisis monetaria terminal, que tuvo en la profundización del bimonetarismo una de sus principales expresiones, no llama la atención que el régimen de convertibilidad (1991-2001) haya sido planteado como un intento de legalización de prácticas que ya estaban extendidas, es decir, calcular, pagar, ahorrar e invertir en dólares. Las dramáticas consecuencias de ese proceso quedaron al desnudo en la crisis de 2001.

El nuevo ciclo político que se inició en 2003 no significó el fin del largo proceso de integración de la moneda norteamericana en los repertorios financieros de los argentinos, pero sí introdujeron algunas novedades en esa historia de larga duración. Cuando el gobierno de Cristina Kirchner restableció controles cambiarios con el propósito de frenar la caída de reservas, los opositores a su gobierno se movilizaron para reclamar por un nuevo derecho fundamental en Argentina: poder comprar dólares libremente. En ese periodo la desdolarización de la economía fue definida como una batalla cultural central por el gobierno. La asociación entre participación en el mercado cambiario y reclamo de derechos tendrá gravitación importante en el resultado de las elecciones que llevaron a Mauricio Macri a la presidencia de la república. En la campaña electoral de 2015 el candidato opositor prometió a su electorado que una vez que asumiese iba a liberar el mercado cambiario y cumplir con esta demanda de derechos. A la semana de ganar las elecciones, puso fin al “cepo” aunque estas medidas dejaron severas consecuencias para el resto de su mandato. Mientras el gobierno logró financiamiento externo – a condición de un feroz endeudamiento- pudo mantener el mercado cambiario liberado. Sin embargo, en el año 2018 este financiamiento tuvo un final abrupto y durante largos meses la moneda argentina tuvo bruscas devaluaciones. La suerte del gobierno de Macri quedó atada a un dólar que sin restricciones lo terminó sepultando. Con las elecciones de octubre de 2019 el peronismo volvió al poder sin saber que durante su primer año de gobierno Alberto Fernández debería cursar un seminario intensivo de gestión de una pandemia global. 

La cultura es una palabra maldita a la hora de analizar el lugar del dólar en la sociedad argentina. Movilizada para iluminar cierta tendencia irreversible de la “preferencia” de los argentinos por la moneda norteamericana o estigmatizada como fuente de la ignorancia que oculta los verdaderos comportamientos racionales de los agentes económicos que orientan esta predilección. Ni una cosa ni la otra. Por un lado, la socio-historia de la popularización del dólar en la sociedad argentina muestra que el lugar que adquirió la moneda norteamericana fue un proceso lento y de larga duración. Por lo tanto, como todo proceso de esta naturaleza es susceptible de revertirse, transformarse, se encuentra lejos de ser un hecho inamovible. Por otro lado, la imagen de actor racional es “desperfecta” con respecto a una cultura monetaria que aloja significados y usos del dólar no tan evidentes.  

El estudio de las culturas monetarias importa porque las personas no son una tabula rasa en sus relaciones con el dinero ni el dinero funciona en la vida social siempre de la misma manera sin importar el contexto y el lugar. Una cultura monetaria formateada por la popularizacion del dólar impone una ley de hierro a la democracia existente.   

Los actores políticos (oficialistas y opositores) miden sus chances de éxito o fracaso a través del escurridizo valor de la moneda norteamericana. Más se escapa el dólar, más se aleja para el gobierno la posibilidad de un triunfo electoral. Mientras tanto, los ciudadanos de a pie no pueden dejar de prestar atención a las oscilaciones del billete verde. En ellas leen el rumbo de la economía, y también las alternativas de la política. Ignorar esa cifra que los medios de comunicación informan a diario equivale a quedar excluidos de la vida política. Unos y otros atan su suerte al dólar. 

Esta ley de hierro es tan fuerte que incluso en tiempos extraordinarios el valor del dólar en el mercado cambiario opacó hasta el número de muertos y enfermos por covid-19.