Diciembre parece ser el mes que tanto veníamos esperando. En otra demostración de lo que la política es capaz de generar, los tiempos se aceleraron y, casi sin preámbulos, conseguimos la media sanción del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Queda a las claras, nuevamente, lo que la decisión política de un gobierno puede lograr.

Ahora bien, está claro que este tema forma parte de la agenda pública, o por lo menos, lo hace con más fuerza desde hace un tiempo. Un tiempo que si intentáramos precisar podría tener sus inicios de la mano de la última ola feminista a mediados del 2015. Época que trajo consigo la instalación definitiva del aborto como demanda de un colectivo que no tiene ninguna clase de escrúpulos para “emblematizar” lo que considera justo. A la irrupción pública de esta nueva ola de demandas le siguió lo que nadie esperaba, “el feminista menos pensado” habilitaba (por primera vez) el debate parlamentario. El 2018 fue el año donde la discusión que habíamos comenzado a instalar en las calles se trasladó al Congreso y la sociedad toda se empapó por esta antigua problemática. Una realidad atravesada por más de 700 expositores que transitaron los pasillos de la Cámara de Diputados y de Senadores para develarnos su propia versión de la historia.

Y así transcurrieron estos dos largos años, con tires y aflojes y un año electoral a cuestas. Un cambio de gobierno y una nueva esperanza cerraron el 2019 para amanecernos con una pandemia. Muches de nosotres nos seguimos problematizando la cuestión, porque, aunque parezca insólito, en esos 700 expositores (a los que se les debe sumar las 70 personas que han expuesto en las primeras semanas de este mes frente a las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación) hay más ideas repetidas que novedosas, hay más estereotipos que realidades y sigue habiendo colectivos que no ven reflejadas sus realidades. Sin ir más lejos, el transfeminismo viene dando discusiones que son dignas de ser reconocidas en el debate parlamentario, aun así, son pocas las diputadas y los diputados que se hacen eco de estas trayectorias y que vuelcan estos debates en sus posturas y discursos.

Muchas veces, un grave error que surge (hasta) de las cabezas más “progres”, son los lugares comunes a los que los lleva la frase “mujeres y personas gestantes”. Donde queda expuesta la matriz supremacista heterocis del entorno que nos rodea, en la cual las mujeres cis son una categoría digna de ser separada de aquelles disidentes. Ahora bien, todo este tiempo hemos estado nombrando a las identidades con capacidad de gestar dentro de una misma categoría, como si cada une no tuviera una vivencia diferente sobre su cuerpo gestante y la posibilidad de encontrarse frente a la decisión de querer abortar ¿O entendemos que un varón trans vive de la misma manera el hecho de entrar a un consultorio médico? ¿y una persona no binaria? ¿y en qué lugar quedaron en el discurso público los niños trans que han sido víctimas de abuso sexual y luego se encuentran frente a efectores de salud que los estigmatizan y los normalizan?

Cada una de estas particularidades son las que se encuentran englobadas en esa forma elegante que decidimos utilizar como sociedad para “no dejar a nadie fuera”, aun así, lo que no se nombra no existe, y es probable que para las mentes más estrechas decir “personas con capacidad de gestar” no implica otra cosa que ser una mujer cis, por lo que esa revolución no estaría logrando su cometido, ni de incluir, ni de visibilizar, ni de nada. Es entonces que propongo que comencemos a utilizar el siguiente lema: aborto legal, seguro, accesible e inclusivo, porque si hablamos de horizontes deseados, que sea popular y disidente; porque si no es con todes adentro dejaremos de hablar de derechos y pasaremos a hablar de privilegios. Porque estoy convencida de que esa es una buena forma de empezar el debate que tenemos pendiente.