El domingo pasado se realizaron las elecciones legislativas en Jujuy como resultado de un “frío cálculo” del gobernador Gerardo Morales. En pleno pico de casos de Covid 19 eligió el primer domingo de un gélido invierno y consiguió lo que quería: un alto nivel de ausentismo. El proceso estuvo plagado de maniobras fraudulentas. A pesar de eso el Frente de Izquierda-Unidad realizó una muy buena elección. Estamos peleando en el recuento definitivo acta por acta para ingresar en el reparto de bancas que se nos impide porque rige un piso proscriptivo efectivo de más del 8% de los votos. Salimos terceros a nivel provincial, segundos en la capital, San Salvador, ganándole al peronismo y primeros en importantes concentraciones de trabajadores como el departamento de Palpalá, obteniendo concejales en varios distritos.

Con todo en contra, ya que no hay espacios gratuitos de televisión y no hay financiamiento estatal de las campañas ni de las boletas, la izquierda demostró que es una fuerza potente. Esto es un mensaje que trasciende las fronteras de Jujuy. Un mensaje que también es para las fuerzas de izquierda que privilegian otros intereses y aún no han optado por la unidad por la que venimos bregando –y avanzando- hace años. Es hora de reforzar ese camino.  

La situación económica y social es delicada en el país. Muchos y muchas votaron a Alberto Fernández para terminar con la miseria que impuso Macri y lo que resultó es un gobierno que terminó siendo blando con los poderosos cuando la mayoría del pueblo está cada vez peor. No todas las decisiones pueden adjudicarse a los nefastos cuatro años macristas. La gestión de la pandemia demostró una clara orientación social que benefició a los que más tienen. Los acreedores internacionales y el FMI marcan el ritmo del ajuste, se eliminó el IFE y se bajó el presupuesto de salud en medio de la pandemia, se pulverizaron los salarios de los trabajadores estatales y el salario mínimo se sostiene en niveles de indigencia. No fueron Macri ni la pandemia quienes llevaron a Fernández a modificar la movilidad jubilatoria para que las y los jubilados cobren por debajo de lo que les hubiera correspondido.

Por su parte, la oposición de derecha aprovecha para intentar canalizar ese descontento “aggiornandose”. Los que junto a Macri fundieron el país, pretenden dar lecciones sobre cómo gestionar la salud o la educación públicas. Y sumamos a los autodenominados “libertarios”, que no son más que rancios conservadores, fogoneados por parte del sistema mediático.

Es en este contexto es que junto a Nicolás del Caño hemos hecho un llamado a las fuerzas que ya integran el Frente de Izquierda–Unidad y a las demás organizaciones de izquierda, Autodeterminación y Libertad de Luis Zamora, Nuevo MAS de Manuela Castañeira y Política Obrera de Jorge Altamira, a que la izquierda intervenga unitariamente frente al próximo proceso electoral nacional. Nos proponemos ser la tercera fuerza en disputa. Venimos avanzando con la unidad y hoy el Frente de Izquierda Unidad agrupa a más del 80 por ciento de la izquierda, pero lejos de toda mezquindad consideramos que debemos unirnos por una salida propia de las y los trabajadores. La representación de todos los sectores está garantizada con la rotación de las bancas que practicamos en el FIT-Unidad desde su fundación.

Para nosotras y nosotros es importante pelear porque emerja una tercera fuerza nacional de la clase trabajadora que exprese la voz de las y los de abajo, sus luchas, sus reclamos y sus aspiraciones defraudadas. Con todas esas organizaciones compartimos la confluencia en las calles, en las luchas contra los despidos, por salario, por vivienda, por los derechos de las mujeres y la diversidad, por los reclamos de la juventud.

De no alcanzar un acuerdo en lo que hace a candidaturas o los tiempos de rotación para garantizar la unidad tenemos el recurso de las PASO que hemos utilizado en el FIT en 2015 a nivel nacional y en 2019 en Salta. Así podemos ordenar las listas proporcionalmente a lo que obtenga cada partido (o bloque de partidos) y presentar listas unitarias de la izquierda en todas las categorías de cada distrito en las generales del 14 de noviembre.

Queremos ir juntos a la batalla política por conquistar nuevas bancas parlamentarias que han demostrado que en manos de la izquierda son instrumentos que potencian las luchas del pueblo. La unidad para estas elecciones sería un salto en la construcción de una referencia política que despierte el entusiasmo de cientos de miles que buscan una salida a la crisis favorable a los intereses populares.

No podemos dejar que la división de la izquierda sea explotada por el oficialismo y la oposición de derecha. Presentarse aisladamente cuando hay bases programáticas comunes solo favorece a los partidos mayoritarios. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de poner en pie una izquierda potente que, como mostraron las elecciones de Jujuy, se postule a ser una tercera fuerza alternativa frente a las variantes capitalistas que hundieron al país en la miseria, la dependencia y la catástrofe sanitaria.

La segunda ola de la pandemia es muy fuerte en nuestro país y el escaso porcentaje de la población que ha sido vacunado es uno de los graves problemas que enfrentamos. El debate, en cambio, se viene centrando en determinados temas puntuales – aunque no por ello menos importantes- que funcionan como guerras de bolsillo para las dos coaliciones políticas mayoritarias. Así, la cuestión de la presencialidad en las escuelas se convirtió en lo único en lo que no debía transformarse: un debate aislado donde la parte se transformó en el todo, más allá de la lógica suspensión transitoria de las clases presenciales que vienen reclamando los gremios docentes ante el nivel de casos alcanzado y viendo la experiencia de otros países.

Mientras tanto, como en una realidad paralela, aquí en nuestro país se fabrican millones de dosis de vacunas contra el Covid y se exportan, como la carne, los vinos o la soja; una mercancía más en búsqueda del mejor postor. Nos parece inaceptable que resulte natural que en medio de semejante crisis sanitaria un puñado de laboratorios desarrollados a fuerza de subsidios estatales manejen según sus conveniencias económicas la producción, venta y distribución de las vacunas en todo el planeta. Peor aún: que países como la Argentina que cuentan con la tecnología para elaborar vacunas en escala, lo estén haciendo en virtud de las necesidades del negocio mundial y no de la población del país y esta región tan afectada por la pandemia. Según distintos cálculos, la liberación de las patentes con transferencia tecnológica permitirá aumentar la producción de vacunas internacionalmente de 12 millones que se realizan actualmente, a 60 millones. Incluso, como señala Nicole Lurie, vocera de la Coalición para las Iniciativas de Preparación para Epidemias (CEPI): “todavía hay un exceso de capacidad ociosa. Las empresas que han recibido vacunas establecidas (o autorizadas) son reacias a formar asociaciones, particularmente con fabricantes de países en desarrollo”.

El lobby de las grandes farmacéuticas se hace escuchar, así como presionan ante el Consejo y el Parlamento europeo para que no se relajen las normas sobre propiedad intelectual, aquí nos quieren hacer creer que las siete plagas asolarán el país si se tocan sus privilegios. Cuentan con un punto a favor ya que los laboratorios son grandes aportantes en las campañas electorales vernáculas, lo que produce un obsceno condicionamiento político que se paga con vidas.

Para enfrentar esta feroz coyuntura se requiere de un plan integral que contemple medidas sanitarias y económicas acordes, del que las vacunas son una parte fundamental, junto con un IFE de $ 40 mil para quienes se quedaron sin empleo, están en la informalidad o son pequeños comerciantes que no pueden “quedarse en casa”. 

El gobierno de Alberto Fernández optó por la opción más cómoda y que intuyen electoralmente redituable, como es polarizar hasta el cansancio con Rodríguez Larreta y una oposición de derecha cada vez más envalentonada. La misma que ya no se atreve a seguir negando la importancia de la vacunación, aunque fue variando desde las posturas abiertamente antivacunas hasta los delirios al estilo de Elisa Carrió que, con la misma seriedad que hablaba de “envenenamiento”, ahora parece que vio en Disney unos capítulos de La Doctora Juguetes y cambió de idea. Pero eso al pueblo no le sirve para nada, absolutamente para nada. Es urgente debatir cómo se consiguen más vacunas.

Para empezar, ahora desde el Gobierno se reconoce por lo bajo que ya se ha perdido un año en negociaciones con resultados limitados cuando se podrían haber destinado los recursos para producir la vacuna aquí. Científicos que intentaron hacerlo recibieron el irrisorio aporte de 100.000 dólares. 

Asimismo, Argentina debe exigir (e implementar) la liberalización de las patentes y derechos de propiedad intelectual de vacunas y medicamentos contra el Covid, y poner todos los recursos materiales y humanos que sean necesarios para producirlas en el país.

La multinacional AstraZeneca y sus socios, Carlos Slim y Hugo Sigman, estafaron al país, firmaron un contrato que no cumplieron. Se fugaron más de 40 millones de dosis, de las cuales no volvieron ni las que Argentina pagó. Más razones aún para actuar. Con mis compañeros del Frente de Izquierda Unidad presentamos un proyecto de ley para que el Congreso declare de utilidad pública el laboratorio mAbxience situado en Garín, se suspenda en forma inmediata la exportación de ese principio activo y se comiencen a producir vacunas para la población local.

Estamos frente al cuarto episodio pandémico en este siglo, por eso la discusión excede la coyuntura. Nuestro país tiene capacidad para ser productor de vacunas, lo que falta es inversión y una decisión política para que la plata no se vaya en la deuda externa fraudulenta sino que se invierta en el desarrollo de estas vacunas. Los recursos están, el problema es cuáles son las prioridades.

Algunos nos responden que la salida que proponemos es difícil. Más difícil es seguir aceptando que avance la cantidad de contagios y muertes cada día.

El alboroto no tardó en llegar cuando Alberto Fernández anunció ante la Asamblea Legislativa que iniciaría una querella contra el expresidente Mauricio Macri y los funcionarios responsables de llevar adelante el endeudamiento estrepitoso con el FMI. Pero resulta que la novedad no era tal: la causa judicial ya existe desde hace tiempo y el Estado ya se presentó en ella a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Durante 2019, en el Juzgado Federal N° 5 a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti se acumularon en el expediente N° 3561/19 todas las denuncias que venían circulando por los tribunales federales contra ese acuerdo ilegal con el FMI. Bajo la carátula “Macri y otros s/defraudación por administración fraudulenta y conexas” se reunieron las iniciadas por Claudio Lozano, Fernanda Vallejos, Guillermo Moreno y el dirigente social de la CTEP Juan Grabois, en cuya representación solicitamos ser querellantes. Luego, en junio de 2020, la UIF se sumó y solicitó intervenir en la causa como parte de la querella.

Las distintas presentaciones encuadran en diversos tipos del Código Penal las conductas ilícitas que cometieron los funcionarios involucrados, comenzando por la más elemental: para consumar semejante endeudamiento ni siquiera se pasó por el Congreso, tal como la Constitución Nacional lo requiere en el caso de los organismos internacionales como el FMI. 

Durante estos casi dos años la causa se movió a ritmo lento. Recién en las últimas semanas la jueza solicitó la producción de algunas medidas de prueba requeridas por el fiscal Franco Picardi.

En el interín la jueza nos ha rechazado como querellantes con el argumento de que no seríamos “damnificados particulares” de los delitos que se investigan. Esto significa, por un lado, que nadie pueda estar “molestando” en la causa, pidiendo medidas más profundas de investigación. Pero además constituye toda una declaración: para la jueza nadie en particular es perjudicado por el saqueo del FMI y el macrismo. Nos saquearon a todos y a nadie a la vez. El daño queda diluido. Tampoco eso es nuevo: en las causas por otros delitos escandalosos en procesos de endeudamiento siempre se trató de evitar la presencia de querellantes.

Otra cuestión no menor de la que no se habla es que la fraudulenta deuda con los acreedores privados contraída por el Gobierno de Macri fue aceptada y renegociada sin siquiera investigación. Por la misma hay causas judiciales en curso, como por ejemplo por el bono a cien años, uno de los bochornos que pasarán a la historia de la delincuencia internacional.

Tras el anuncio del presidente Fernández la cuestión que queda planteada es: ¿investigar para qué? ¿Para pagar sin chistar? ¿Para que igualmente el pueblo trabajador con su esfuerzo se haga cargo de la estafa macrista?

Porque lo más significativo es que, en paralelo a esa causa judicial, el propio FMI ha anunciado -incluso antes que Alberto en el inicio de sesiones legislativas- una investigación sobre la millonaria suma entregada al país en 2018, y hasta algunos funcionarios del organismo han reconocido su intención de ayudar con ese préstamo a Mauricio Macri en la campaña electoral que se avecinaba.

Todo esto demuestra que debe aplicarse la doctrina de la “deuda odiosa”, del derecho internacional, que permite el desconocimiento soberano de una deuda tomada por un Estado. Esa doctrina fue formulada por el jurista ruso Alexandre Sack, un especialista en derecho bancario y financiero que defendía a rabiar el derecho de los acreedores privados, pero que concluyó que las deudas pueden desconocerse cuando se demuestra que el Gobierno que las contrajo utilizó el dinero recibido en contra de los intereses de la nación, de la población, y que los acreedores actuaron a sabiendas de ello. Claramente aquí se configuran estos requisitos.

Esta doctrina ha sido usada por diversos países, desde México hasta el propio Estados Unidos. Pero algunos intentan señalar que se aplica solo para deudas contraídas por Gobiernos dictatoriales. Más allá de que eso en Argentina haría tambalear gran parte del endeudamiento que somete el país (porque la deuda contraída por la dictadura genocida se fue renegociando e integrando con los futuros préstamos), debemos señalar claramente que ese no es un requisito para aplicar esta doctrina. No importa el carácter de la administración que contrae la deuda, sino que de un lado haya un Gobierno que la utilizó en contra de los intereses de la nación (y vaya si lo hizo el macrismo) y que del otro lado se actúe con conocimiento de esa ilegalidad, cuestión que está clara porque contamos con el reconocimiento del FMI de que eran conscientes de que se violaba la propia legislación del organismo y que se quería beneficiar a Macri electoralmente. En el mismo período en que entraron USD 44 000 millones por el crédito del FMI, se fugaron unos USD 45 000 millones. Una vez más, no hay dudas: la deuda financió una política para enriquecer a unos pocos y empobrecer a las mayorías trabajadoras.

Junto a la doctrina de la deuda odiosa hay una enorme base para cuestionar el endeudamiento: los principios generales del derecho (principio de la buena fe, prohibición del enriquecimiento sin causa y de la usura y anatocismo, etc.), la violación de normas constitucionales en la contratación y la prórroga de jurisdicción (art. 116 de la Constitución), la sentencia del juez Ballesteros en la causa Olmos, que el Congreso haya sido convidado de piedra, etc. Pagar es una decisión política, no puede aducirse “el cumplimiento de un pacto”.  

El Frente de Izquierda rechaza que el ajuste que implica el pago de la deuda lo paguen los trabajadores, los jubilados y el pueblo pobre. No hablamos de hipótesis: a pedido de los acreedores ya se eliminó la inflación del cálculo de la movilidad jubilatoria, como reconoció la propia Cristina Kirchner en su reciente declaración ante los jueces. Una cosa es indivisible de la otra: los recursos que van a parar al FMI son lo que les roban a jubilados y jubiladas en nuestro país.

Sabemos que la pelea por terminar con el mecanismo de dominación que significan las deudas odiosas, ilegítimas e ilegales debe ser parte de una pelea mayor contra el sistema capitalista, pero también que no se empieza a salir de la dependencia y el atraso pagando, reestructurando, legitimando y aceptando la usura.

Jujuy se ha vuelto un modelo en la política argentina. Un mal modelo, el de Gerardo Morales. Un gobernador ultrarrepresivo tierras adentro y de modos dialoguistas en la escena nacional a partir de una amistosa relación con el gobierno de Alberto Fernández.

Se llega a extremos impensados: bajo el régimen moralista hace ocho meses que la Legislatura jujeña impide que el Frente de Izquierda cumpla con la rotación en una banca, un método que se aplica en todo el país desde su fundación y que es una característica de nuestro frente. Pero en Jujuy se niegan a aceptar la renuncia de un diputado y, por ende, no le permiten asumir en su reemplazo a mi compañero economista Gastón Remy. ¿Por qué? “Porque no quiere el Gobernador”, dicen los pasillos. Morales toma esa medida porque no le perdona que Remy haya denunciado los mecanismos de fraude del Gobernador, la represión a la protesta y los despidos a los trabajadores del ingenio La Esperanza o que los diputados cobren una dieta extra sin registrar. 

Gerardo Morales llegó al poder de la mano de un peronista, un aliado de Sergio Massa, el vicegobernador Carlos Haquim, y rápidamente montó un régimen policial reforzando los mecanismos más autoritarios y antidemocráticos del Estado. Apenas asumió se ensañó con la protesta social y ordenó detener a Milagro Sala y otros dirigentes durante un acampe, como parte de un plan para doblegar a las organizaciones sociales, sindicales, la izquierda y a todo opositor a sus políticas de ajuste, que comenzaron bajo el gobierno macrista y continúan a la fecha pese a que tanto la administración anterior como la actual la tienen como una de las provincias favoritas a la hora de repartir fondos.

Para llevar adelante este proceso de disciplinamiento, Morales creó un verdadero ‘ministerio de la persecución’, al que llamó Ministerio Público de la Acusación. Podemos dar testimonio de ello: muchos de nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras de Aceros Zapla, el Ingenio La Esperanza y empleados estatales fueron despedidos o recibieron denuncias penales. Se llegó al extremo de despedir en plena pandemia a trabajadores y trabajadoras de la salud por tener “ideales diferentes”. 

A su vez, marcando tendencia, Morales amplió de cinco a nueve el número de jueces del Tribunal Superior jujeño y designó a sus apoderados y amigos radicales como cortesanos para obtener una mayoría propia. Para coronar la intervención judicial, hace unas semanas elevó a juez del Tribunal Superior al ministro de Justicia Ekel Meyer, quien lideró la detención de Milagro Sala, que lleva cinco años presa. Ocupó su lugar el jefe de Policía Guillermo Corro, quien comandó los operativos represivos ordenados por Morales.

Este régimen se sostiene en un histórico bipartidismo radical-peronista que viene gobernando Jujuy para las multinacionales mineras que buscan extraer el preciado litio, los terratenientes del tabaco y, fundamentalmente, la familia Blaquier, a la que siempre le han cubierto las espaldas. Dueños del Ingenio Ledesma, los Blaquier son el símbolo de la impunidad de la pata civil del genocidio perpetrado en la Argentina. No parece importar: los últimos días ellos volvieron a festejar medidas del Gobierno nacional que establecen retenciones cero al negocio de cítricos y el aumento sideral del precio del biocombustible.

Con todo esto, el Gobernador cree tener derecho a decidir incluso quién puede asumir como diputado y quién no. A Morales le incomoda que haya surgido en la provincia una fuerza política independiente, de izquierda, que está en la Legislatura para amplificar la voz de los que reclaman, una voz para la juventud y los pueblos originarios; para denunciar el trabajo infantil en las plantaciones de tabaco o acompañar a los mineros de El Aguilar que están en este momento luchando contra el cierre de la mina.

Denunciar esos atropellos es fundamental en momentos en que la crisis golpea fuerte en la Provincia, mientras los reclamos se multiplican tanto como los intentos de Gerardo Morales de mostrarse como “el mejor gobernador del país”, dialoguista y activo, algo muy diferente a lo que vive el pueblo de Jujuy.

MB

Empecemos por la pregunta que se hacen muchos hoy: ¿cómo seguirá el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta si definitivamente pierde los puntos de coparticipación en la Corte Suprema por el conflicto con Nación? El jefe de Gobierno porteño presentó los recortes en el gasto público a los que se vería obligado como un camino inexorable hacia un “período especial” de restricciones a la cubana (sin revolución, claro). Esto nos obliga a repasar cómo se ha gobernado la Ciudad más rica del país.

Por estas horas circuló un tuit para el consumo irónico que —en el contexto del debate por el aborto legal— aseguraba que para Larreta “la vida comienza desde el momento de la concesión”. Ingenioso y certero, sirve como disparador para pensar cómo las distintas administraciones del PRO en la Ciudad impusieron un modelo de negocios, Mauricio Macri primero y Larreta después. Y cómo fue que conquistaron una gobernabilidad granítica. Precisamente, el territorio del que nuevamente esperan que se convierta en la catapulta para reconquistar la presidencia del país.

La explicación no tiene una causa única y no alcanza con detallar el abultado volumen de su presupuesto que es el tercero del país — juega un rol, por supuesto—, pero se combinó con una política de cooptar y atacar. Golpe y negociación.

Hoy el bloque oficialista en la Legislatura está conformado por un cóctel que mezcla al Partido Socialista (“socialista asintomático”), el radicalismo, la Coalición Cívica, entre otros y llega hasta el PRO. Además, en las pasadas elecciones recibió el apoyo del defensor de las libertades para unos pocos, José Luis Espert.

Este sistema aceitado logra conseguir la aprobación de leyes no sólo con los votos propios, sino que rotativamente algunos de sus aliados —explícitos o no—, van aportando lo necesario. Es un engranaje en el que de a uno por vez se van subiendo al podio para conformar las mayorías necesarias. Alternativamente los deja oponerse los unos a los otros en un juego del “como si” fuera democrático.

Cuando esto no alcanza, se ha recurrido a los buenos servicios del peronismo porteño. Por eso para quienes conocen el paño fue inesperado, pero no extraño el misil que —en su intento de subir a Larreta al ring electoral nacional— disparó recientemente el diputado Máximo Kirchner cuando sentenció que “hay muchos que son antiperonistas con el interior del país y con los aliados, pero cuando ven a alguno del peronismo porteño, al jefe de Gobierno le brillan los ojos”. Es justo decir que los votos para las privatizaciones de tierras no siempre fueron aportados por el PJ estricto, sino por otres diputades que se pintan de progresistas y hasta incluso de verde. Este “sistema” es el que permite que el “extractivismo urbano” que se ve expuesto en Costa Salguero, por ejemplo, se haya consolidado como modelo de negocios en un territorio donde no hay minerales para saquear ni posibilidades sojeras, pero sí valiosas tierras para el megaemprendimiento inmobiliario. El sistema de votación de doble lectura y con mayorías especiales que tiene la Legislatura obliga a renovar ese pacto periódicamente.

Este acuerdismo perpetuo permitió también colonizar al Poder Judicial de la Ciudad hasta límites inauditos. Los organismos de control funcionan con un reparto de roles entre oficialismo y oposición en discusiones que no pasan de los portales locales.

Eso explica que se haya privatizado y concesionado tanto sin mayores conflictos. Incluso cuando, por ejemplo, la conducción de los poderosos sindicatos que encuadran a los trabajadores y trabajadoras de la Ciudad está en manos de la oposición peronista.

El “sistema” se completa con atacar todo lo que no se puede cooptar o adornar. Así lo ha hecho con los referentes de la educación que es un ámbito opositor con fuerte peso de la izquierda, donde vienen intentando imponer su modelo privatista de una escuela presuntamente “neutral” y “desideologizada” que no es más que un modelo de plataforma meritocrático y cerrado, donde el o la docente no puede aportar contenidos. Se expresó en la lucha que están dando para imponer la Unicaba y cerrar los institutos de formación docente. Es decir, lo que dijo la ministra Soledad Acuña sobre los “zurdos, viejos y fracasados” al frente de las aulas no fue un exabrupto y expresó sus concepciones más profundas. En ese área fue en la que más resistencia enfrentó la administración de Larreta y no logró los avances tan mentados de gestión.

El Gobierno porteño encuentra otro escollo desde hace tiempo en las luchas del sector de la salud con fuertes movimientos de autoconvocados, enfermeras, residentes y concurrentes.

Pero si algo faltaba para un modelo de Ciudad amarilla era la Policía propia: tener el monopolio de la violencia estatal rompiendo otros organismos como la Federal que controlaba el territorio. No dudaron en enfrentarse para conseguir una Policía a su imagen y semejanza. Esto incluye cámaras, reconocimiento facial, duras leyes de control social y un aceitado sistema de espionaje al que Mauricio Macri siempre fue adicto y que terminó en el escándalo de los policías porteños que conformaron la lista de “Super Mario Bros”.

Todo sazonado, como es de público conocimiento, con las finas hierbas de una fuerte protección mediática.

El “sistema” que gobierna la Ciudad es un combo que incluye un abultado presupuesto, blindaje mediático, represión y persecución, pero no podría funcionar sin sus infaltables “dadores voluntarios de gobernabilidad”. El Frente de Izquierda tiene el honor de no formar parte.

*Diputada por la ciudad de Buenos Aires y referente del PTS/Frente de Izquierda