El 30 de octubre Brasil elegirá, en balotaje, su nuevo presidente a partir de enero de 2023. Mientras siguen en debate las supuestas sorpresivas razones por las que Jair Bolsonaro quedó apenas a 5 puntos de Luiz Inácio “Lula” Da Silva, es evidente que parte de la explicación radica en razones económicas.

Brasil tuvo deflación en los últimos dos meses (bajando la tasa interanual de 11,9% a 8,7%) y el PIB no sólo recuperó lo perdido en la pandemia, sino que ya se acerca a los niveles de 2014, el último pico de actividad. Las mayores transferencias de ingresos a los sectores vulnerables también hicieron su aporte.

La relevancia de Brasil para la economía local es bien conocida. Desde principal socio comercial y destino de exportaciones industriales hasta plataforma para complementar inversiones regionales, es relevante además por su experiencia en la lucha contra la inflación. Desde hace prácticamente tres décadas dejó de ser un problema en el país vecino. A partir de la mitad de los noventa y hasta mediados de los 2000 se ubicó en 9% anual promedio, en tanto desde entonces cayó al 5% anual. 

¿Qué políticas siguió Brasil para sostener casi 30 años semejante performance inflacionaria? ¿Qué condiciones son necesarias?

La definitiva estabilización brasileña empieza en febrero de 1994, con el Plan Real, durante la presidencia de Itamar Franco y con Fernando Henrique Cardoso como ministro de Economía. Entre 1992 y 1994 los precios se habían multiplicado por 4.600, con índices que oscilaban entre 35% y 45% al mes. La media docena de planes fracasados desde mediados de los años ochenta había consolidado complejos mecanismos de indexación de salarios y contratos muy difícil de erradicar.

A diferencia de los programas anteriores, la estabilización de 1994 fue planificada con tiempo y buscó diferenciarse de las experiencias de los años '80, basadas en la ruptura de contratos y efectos “sorpresa”. Todas las medidas fueron anunciadas y, pese a la inercia y la indexación al dólar, no hubo congelamientos de precios y salarios.

La gran diferencia es que incluyó una drástica apertura a los capitales extranjeros, con la continuidad de un significativo programa de privatizaciones incluida, y a las importaciones. De este modo, el déficit en cuenta corriente pasó de 0,2% del producto en 1994 al 2,4% al año siguiente y alcanzó el 4,3% en 1999. 

El contexto externo era muy diferente al de los '80. Predominaba el Consenso de Washington que facilitaba implementar estrategias de estabilización basadas en la competencia externa sobre los bienes transables en un contexto de apreciación real. 

La secuencia previa del programa también fue novedosa; en el año anterior al Plan se consolidó el superávit fiscal primario, creándose además un Fondo de Resiliencia Social para atenuar los costos del ajuste sobre los sectores más vulnerables, en un contexto donde el producto por habitante había caído 10% entre 1990 y 1993.

A su vez, se crearon unidades indexadas para quebrar la inercia. En los tres meses previos al lanzamiento del plan, todos los precios de la economía fueron congelados y fijados en Unidades de Valor Real (UVR), que se actualizaban según las variaciones del tipo de cambio. En tanto, las transacciones se realizaban en cruzados-reales. Lo relevante fue que los precios relativos de los bienes y servicios medidos en UVR se mantuvieron constantes, eliminando de este modo la inercia inflacionaria. En otras palabras, los precios absolutos fueron sincronizados mediante el congelamiento de los precios relativos en UVR. 

Cuando en julio de 1994 el real reemplazó al cruzado como moneda, hubo una fuerte contracción monetaria, con control de agregados y, de la mano del superávit primario, comenzó a caer la carga de la deuda, permitiendo la consolidación a nivel del resultado financiero. El déficit primario cayó del 5% del PBI en el segundo trimestre del 1994 al 0,5% durante el primero del 1995, con gran contribución de los ingresos por privatizaciones, en tanto el resultado financiero siguió siendo deficitario, en torno a los 2 puntos.

Entre 1994 y 1996, la tasa de interés nominal se ubicó por encima de la tasa de inflación y ésta, por sobre la devaluación. Desde ya, la estrategia generó un significativo ingreso de capitales (las reservas aumentaron 33% entre 1994 y 1995), una fuerte apreciación real (27% en 6 meses, entre el segundo y el cuarto trimestre de 1994) y un deterioro de la cuenta corriente (el déficit se multiplicó por 10 entre 1994 y 1995).

La apertura y el ingreso de capitales generaron el crecimiento del crédito bancario y del consumo de bienes transables, en línea con el deterioro del balance comercial (de un superávit de U$S 10.500 millones en 1994 a un déficit de U$S 3.500 millones en 1995). La reestructuración, previa al plan, de la deuda externa generó una elevada participación de los mercados financieros locales en el financiamiento del fisco, entre ellos los bancos. El sistema financiero y el mercado de capitales eran no sólo sólidos sino capaces de absorber los ingresos de capitales sin mayores disrupciones en las tasas de interés.

La inflación se desplomó de 916% en 1994 al 22,4% en 1995 y al 9,6% en 1996, y el PIB se recuperó a una tasa promedio de 3,4% anual entre 1994 y 1998, en un contexto de fuerte apreciación real de la moneda brasileña. 

Como contracara, el Plan Real implicó un incremento de la fragilidad externa, asociada con la dependencia de los capitales extranjeros, que derivó en la crisis de 1999. La salida del esquema, en particular del déficit en cuenta corriente, resultó muy dificultosa debido al amplio apoyo social generado por la estabilidad asociada a la apreciación cambiaria.

A diferencia de lo observado en la Argentina en los años '90, el desempleo se mantuvo bajo y los salarios reales crecieron (10% entre 1994 y 1995). Esto es así ya que el Plan Real no tuvo un tipo de cambio nominal fijo, permitiendo ajustar el valor de la moneda a distintas coyunturas y evitando que el empleo absorba las oscilaciones del balance de pagos. 

Las importantes fuentes externas de financiamiento (en este caso, privatizaciones y flujos financieros) en un contexto de fuerte apreciación cambiaria, además del ajuste fiscal y monetario, fueron los ingredientes centrales del comienzo de la estabilización brasileña. Nada nuevo. El apoyo externo para fortalecer las reservas y volver creíble la estrategia antiinflacionaria se vuelve esencial en todas las experiencias internacionales.

CC

Los flashes en el quinto piso del Ministerio de Economía empiezan a apagarse. La llegada rutilante de Sergio Massa, dos meses atrás, y los resultados iniciales que alejaron el colapso inminente abren paso ahora a una etapa donde el camino será más escabroso, tenso, friccionado. La muy relativa calma financiera, lograda con fórceps y alquimias cambiarias, sobrevivirá si –y solo si– el Gobierno logra reducir la inflación de forma sensible. 

Es impensable que a velocidades de 7% mensual solo el enfriamiento que ya se observa en la actividad económica y la restricción fiscal y monetaria que está implementando el ministro alcanzarán para dar vuelta el escenario proyectado de los precios en los próximos meses. Son instrumentos necesarios, sin duda, que bajo ciertas circunstancias desinflan los precios. Pero el tiempo para que eso suceda y los equilibrios sociales en las sociedades democráticas muchas veces complican el proceso. El ajuste es apenas una condición necesaria, pero se requiere más, bastante más, para lograr una estabilización consistente. 

Así como están presentadas las cartas, es inviable que la inflación pueda bajar 40 puntos en 2023, como proyecta el presupuesto. Pensamiento mágico, que esconde el habitual uso discrecional de los excedentes fiscales al que apela todo gobierno cuando la meta es superada. O, tal vez, la pista de que está en proceso un intento más consistente de estabilización del que está puesto sobre la mesa hasta ahora. 

La historia de las desinflaciones, aquí y en el mundo, enseña que los planes se van consolidando, a veces durante largos meses, con medidas previas, que pueden incluir retoques en ciertos precios (combustibles, tarifas) o incluso salarios y jubilaciones. Están los programas basados en típicos ajustes macroeconómicos, o los que buscan consensos sociales más o menos amplios para hacer menos dolorosa la transición. 

En la Argentina hubo de todo tipo. Las experiencias de 1959 (Frondizi-Alsogaray) con 120% de inflación y 1985 (Alfonsín-Sourrouille) con 700% giraron sobre la disciplina fiscal y monetaria y la contracción de la actividad y los salarios. El “hay que pasar el invierno” de Alsogaray incluyó una devaluación real del 15% y un apretón monetario de 8 puntos del PBI, en el contexto de un acuerdo con el FMI. El Plan Austral, en tanto, redujo 4 puntos el déficit primario y en 1985 el PIB cayó 7 puntos. 

Por el contrario, el Pacto Social de 1973 fue un ajuste expansivo (subieron salarios, PIB y agregados monetarios), se apreció el tipo de cambio real y no hubo ajuste fiscal. Todo centrado en “coincidencias programáticas” y un plan trianual que logró bajar la inflación… un año.

En el otro extremo aparece la convertibilidad, que pulverizó la inflación a costa de una grave desarticulación productiva y un desempleo muy elevado, pero que además requirió de un masivo flujo de dólares y un violento ajuste previo (la cuasi-hiper de 1989 y el draconiano recorte fiscal y monetario de 1990). Nada de eso está disponible hoy. 

Massa ya tiene en la cancha varios instrumentos estabilizadores. El ajuste del gasto primario en términos reales es significativo, para cualquier comparación de este período de gobierno. Las tasas de interés vuelven a ser positivas, como en la era Macri. Se viene acelerando la depreciación diaria del peso y las tarifas públicas abandonan sus tiempos populistas. Habrá quienes digan que no es lo suficientemente agresivo para bajar la inflación, pero lo cierto es que el viraje hacia la ortodoxia es innegable. Es un ajuste peronista inserto en un equilibrio social inestable.

Sin embargo, una anatomía más adecuada y quizá posible para cierta estabilización de los precios hasta el final de la gestión Fernández requiere de otros elementos. El principal, dólares en las reservas para estabilizar las expectativas una vez decidida la devaluación. En 1959 los dólares ingresaron por el fuerte impulso a la inversión extranjera directa, aportes del FMI y la liberalización del mercado de capitales, que llevó el déficit de cuenta corriente por encima de los 4 puntos del PBI en 1961. En 1985 las reservas fueron apuntaladas por el FMI y el Tesoro norteamericano. En 1991, por las privatizaciones y el seguro de cambio de la convertibilidad.

No solo eso. Esta inflación, un bestia que cambió de forma en los últimos años y se volvió más resistente, demanda acciones para reducir la inercia, el ajuste de contratos (salarios incluidos) mirando la inflación pasada. Es probable que no se necesite, como en 1985, un “desagio”, pero sí un congelamiento posterior a la corrección y ruptura de contratos. 

El riesgo de espiralización sigue latente si no se anclan las expectativas (para lo que se necesitan suficientes dólares en las reservas del Banco Central), y siguen sin aparecer señales claras respecto de la política salarial. 

La estabilización es un camino doloroso, que demanda tiempo (escaso para este gobierno) y coordinación. Si sus costos iniciales se sostienen políticamente y las reformas y acuerdos son creíbles, la inflación empieza a ceder. ¿Massa cuenta con opciones menos duras? Seguir con este ritmo inflacionario es condenarse a una rápida aceleración. ¿Podrá instrumentar cierta estabilización en el último año de gobierno, elecciones mediante? Casi siempre, las temporadas en el quinto piso del Ministerio no son como se quieren, sino como se pueden. 

RD

El desembarco de Sergio Tomás Massa (STM) a una más compacta y concentrada conducción económica es la bala de plata, o de la recámara, según Jorge Asís, de un gobierno que marchaba hacia el abismo. El giro al realismo económico, a que el pragmatismo le gane a las posturas más ideologizadas del Frente de Todos, es el claro reconocimiento de la fragilidad política y de la escasa sustentación material de la gestión de Alberto Fernández.

Qué tan superministro será depende de su gestión, que se descuenta hiperactiva, intensa, marcando agenda. Tendrá bajo control más áreas que sus predecesores, pero no todas las que tuvieron otros superministros, como Cavallo, Lavagna o, yendo más lejos, Sourrouille. El Banco Central, energía y la AFIP aún no figuran bajo su órbita, pero es factible que vaya sumando poder sobre ellas.

En ese rol de “primus inter pares” que se le asigna hay, de todos modos, una diferencia central con otros ministros del pasado. Carlos Menem, Néstor Kirchner y hasta Raúl Alfonsín fueron presidentes que ocupaban su rol, sostenían políticas y ordenaban sus internas. Bajo esos paraguas, la tríada Cavallo-Lavagna-Sourrouille pudo, cada uno en su tiempo y con sus particularidades, coordinar la política económica en una dirección unívoca y sacar a sus gobiernos de escenarios muy complejos.

La coalición de gobierno, disfuncional hasta ahora para conducir los desequilibrios macroeconómicos, muestra además profundas (¿insalvables?) diferencias entre sus socios que limitan el poder presidencial, condicionando los resultados. ¿Podrá Massa, el socio minoritario, conducir fácticamente a un gobierno de un presidente cuestionado por la socia mayoritaria? ¿Cristina Fernández de Kirchner validará el rumbo que presumiblemente marcará Sergio Massa el miércoles, cuando defina la corrección (ajuste) fiscal, el apretón monetario y el nuevo sendero cambiario? En su favor, y a diferencia de otros superministros, STM es el que más credenciales y habilidades políticas detenta, más interacciones con la oposición posee y mejores relaciones con el poder real dispone. No es poco frente a la endogamia del Frente de Todos, refractaria de otras voces y con escasísimos puentes con el mundo externo.

La moneda

En lo inmediato, Massa disfruta de la efímera luna de miel que le otorga la cordial bienvenida dada por los mercados financieros, con caídas de 700 puntos en el riesgo país desde que se consolidó el rumor de su llegada y con cotizaciones de los dólares libres que se desplomaron. De consolidar esta pax cambiaria unos quince días, en tanto pone en marcha las medidas, el abismo podría estar algo más lejos. El Banco Central hizo su tarea el jueves pasado, subiendo fuertemente las tasas de interés y secando de pesos el mercado, en línea con la absorción que viene haciendo el Tesoro. STM, además, podrá decir que no es responsable de la elevadísima tasa de inflación que se proyecta para julio y que se conocerá en diez días.

STM dispone, desde el miércoles, de un año para corregir, en parte al menos, los desbalances macro. ¿Cómo? Poniendo a la inflación en el centro de su política. Explicitando incentivos para aumentar las reservas del Central. Dando certezas a los sectores productivos cuando accedan a dólares oficiales para importar. Contando con una regla fiscal creíble (¿déficit cero a-la-Batakis?). Y, quizá, otorgando alguna recomposición fija para los ingresos de los trabajadores, los jubilados y los programas sociales.

Una estrategia de contención de daños para salvar al Gobierno del estallido puede funcionar combinando estos ingredientes. Hacerlo será resorte exclusivo de STM. La moneda está en el aire.

RD

Cada vez que aparece, a la manera del “volveré y seré millones” de Evita, concentra no sólo la discusión política sino también la económica, en un espectáculo agrietado de admiradores incondicionales, detractores extremos, conceptos errados y, un puñado apenas, de planteos temáticos acertados. Nadie negará el peso propio de sus opiniones ni la máxima relevancia de su figura. Cristina Kirchner sigue representando la centralidad en la política argentina y por ello una mayor reflexión, consistencia y prudencia en sus palabras aportarían al muy necesario ordenamiento de las expectativas sociales.

El pasado lunes, una vez más, eso no ocurrió. Entre tantas cosas, la vicepresidenta habló de inflación, negando al déficit fiscal entre sus causas, para asociarla, difusamente, al aumento de las ganancias empresariales en sectores concentrados en los últimos dos años (el EBITDA que no fluyó de sus labios…) y al endeudamiento externo, citando los tiempos de Mauricio Macri y la dictadura militar. Olvidó la propia performance inflacionaria de sus dos gobiernos, sin “EBITDAs” y sin deuda: su primera gestión cerró con una inflación del 21% (a diciembre 2011) y la segunda, del 27%, en diciembre de 2015 (con 38% en 2014). Recortar la historia para explicarla o apelar a argumentos políticamente rentables son recursos útiles desde la retórica, mas no para comprender fenómenos muy complejos como la crónica inflación argentina.

 Luego, cargó sobre los movimientos sociales, apelando a qué diría Evita respecto de su existencia y modos de organización. Una vez más, escondiendo intereses específicos de su facción política y trivializando un cuadro social con frágiles equilibrios y un futuro incierto.

 Pero quizá lo que mayor impacto económico produjo de su relato sea el “festival de importaciones” que estaría facilitando una política económica de la cual ella, no sorprende, es la principal oponente. El dato de mayo publicado por el INDEC marca un récord mensual en dólares corrientes (US$7.870 millones, +53% respecto de mayo 2021), abonando la idea. Pero ¿qué hay de cierto del aluvión?

 Desde una mirada práctica, la de los decisores económicos y financieros que marcan el pulso diario de los dólares libres, es evidente que, a esta velocidad de compras en el exterior, el Banco Central seguirá perdiendo reservas en un segundo semestre donde ya no estarán disponibles los dólares del agro y se tiene el mal antecedente de una muy escasa cantidad acumulada en el mejor momento del año. El festival importador, en el escenario cambiario que viene, tiene que ser leído como la imposibilidad fáctica de contar con las divisas necesarias para pagar estos niveles de compras externas. O de otro modo, que la economía pueda sostener los niveles previos de actividad. En este sentido, la alerta de CFK previene a los industriales y a todos aquellos que necesitan insumos, partes, piezas importadas para producir. La expectativa es que será más complejo acceder al mercado oficial de cambios. Cómo asignar las prioridades sectoriales, entre sectores y/o ramas de actividad, y con qué eficiencia los equipos de gobierno liberarán los permisos abre grandes dudas. Siempre estos caminos conllevan una menor oferta y más inflación.

 Sin embargo, la vicepresidenta omite (o peor, malinterpreta) por qué las importaciones se aceleran. La alta inflación, la brecha cambiaria y la incertidumbre política alientan a que los excedentes de pesos busquen dolarizarse. Dadas las limitaciones para las empresas y las personas, se multiplican los incentivos para hacerlo de manera indirecta. Por ejemplo, a través de adelantar compras externas pagando al dólar oficial o adquiriendo bienes que incluyan costos de producción en dólares. En esencia, todo lo que tiene olor a dólar oficial, se compra. Bajo esta lógica macro, un bien no perecedero es un instrumento útil para trasladar riqueza en el tiempo. Los pesos queman.

Lo decíamos en Analytica en agosto del año pasado, cuando el fenómeno ya era muy evidente, observando que “el exceso de importaciones implicó una demanda extra de usd 10.900 millones entre septiembre de 2020 y mayo de 2021, a un promedio mensual de US$1.200 millones”. El ejercicio era simple: basándose en las importaciones y niveles de producción por sector, y ajustando por el tipo de cambio real, se estimaba el “excedente importador”, o cuánto importaba de más cada sector respondiendo a los incentivos financieros de la brecha cambiaria. Nada nuevo bajo el sol.

Es verdad, además, que el aumento de los precios internacionales también influye, en especial en el fuerte incremento de las importaciones de energía, cuyos valores se multiplicaron por tres en un año. Sin embargo, hasta mayo son las cantidades importadas las que crecen más que los precios, en especial en los bienes de capital y sus piezas y accesorios y en los productos finales de consumo. Se observa también un aumento significativo en las importaciones de servicios, básicamente de viajes al exterior (ya por encima de los niveles prepandemia, de 2019), fletes y seguros. En este último caso, a los costos logísticos prepandemia, el Banco Central estaría acumulando nada menos que unos 1.000 millones de dólares más por trimestre.

La vicepresidenta exige usar la lapicera para frenar el festival. Su receta -errada- es reclamar al que importa que exporte por el equivalente, sin saber (¿omitiendo?) que lo único que hizo esa política de su gobierno fue “sustituir exportadores”, no aumentar las exportaciones netas. Lo más probable es que, más allá de sus súplicas, el freno llegue por el enfriamiento de la actividad económica y, en parte, por las mayores restricciones que se avecinan. Al final del día, la gravedad existe en la Tierra.

Economista. Director de Analytica Consultora

 CC

Más allá de las tensiones típicas de un cierre de negociación, todo conduce a pensar que el acuerdo con el FMI está más cerca. Los resultados del viaje presidencial en la reunión del G20 son una señal en tal sentido, pese a las dudas que aún existen dadas las resistencias, en especial del cristinismo, sobre su verdadera necesidad. Lo concreto es que en Roma se observaron indicios relevantes, mas no concluyentes, respecto de algunas posiciones públicas argentinas, como la de limitar los sobrecargos en la tasa de interés del préstamo a reestructurar o la de crear un fondo de “resiliencia” para países en desarrollo.

¿Qué significa un acuerdo con el Fondo? ¿Hay alguna alternativa por fuera de él? Algo es claro: con o sin acuerdo, el FMI será el gran protagonista de la economía argentina al menos por una década. Tres gestiones de gobierno estarán bajo sus reglas y lo que ahora se acuerde tendrá impactos por largo tiempo, aun incluso -como sucedió siempre- si se incumplen los objetivos.

 Ante un escenario de malas opciones, un acuerdo razonable con el FMI es el mejor camino. El Fondo no resolverá ninguno de los desequilibrios (ni la inflación, ni la escasez de dólares, menos aún la baja productividad), pero un default abierto con el mayor acreedor hará muy crítico el devenir. Todo será peor sin acuerdo. Además, es el cierre, o el inicio, según se mire, de un proceso que tiene responsabilidades compartidas entre el Estado argentino y el organismo. El diagnóstico de asumir la capacidad de refinanciar los fabulosos vencimientos de 2022 y 2023 (unos US$39.000 millones) en un eventual segundo gobierno de Mauricio Macri fue tan poco consistente como la liviandad del Fondo para exponer nada menos que 35% de su cartera a la economía argentina. Aunque ya sea historia, los efectos de estos dislates reverberan en estas negociaciones, donde unos y otros admiten por lo bajo su propio error.

Estas líneas no pretenden ser una apología de estos programas sobre las economías endeudadas; todo lo contrario. Existe mucha evidencia internacional acerca de sus impactos regresivos sobre el ingreso y el crecimiento. Sin embargo, la acumulación de desequilibrios macroeconómicos desde 2018, potenciados por la pandemia y por los errores no forzados del gobierno, exige un cierre consistente del problema.

Pueden pensarse tres razones ordenadoras para justificar la necesidad de un acuerdo: la imprescindible estabilización de las expectativas privadas (sobre la inflación y el tipo de cambio), la sustentabilidad de cierto financiamiento privado y de organismos multilaterales y la proclamada búsqueda de arreglos políticos básicos para darle gobernabilidad al sistema político en 2022 y 2023.

 En relación con estabilizar las degradadas expectativas, un programa con el FMI puede servir como una suerte de sustituto del plan económico que los decisores privados le vienen exigiendo al gobierno desde hace tiempo. Paradoja mediante, un gobierno que resistió siempre presentar un programa formal y consistente terminará utilizando el paraguas de Washington a los mismos fines. Al fijar metas sobre déficit fiscal, agregados monetarios, variación de reservas e inflación, ingredientes de cualquier plan, el acuerdo podría contribuir a una coordinación más eficiente de las “creencias” de los mercados financieros y a ordenar las cotidianas decisiones de precios de los sectores productivos y de servicios.

Con acuerdo, además, la Argentina evitaría ser definitivamente expulsada del radar del financiamiento internacional, privado y fundamentalmente con los organismos multilaterales de crédito. Las líneas comerciales seguirían abiertas y, en algún tiempo, podrían darse algunas condiciones para el retorno de ciertos flujos que facilitarían la necesaria apreciación del tipo de cambio real (fundamental para reducir la inflación).

Desde lo político, el tránsito del acuerdo por el Congreso exigirá que la oposición tome posición sobre una cuestión de alta relevancia si vuelve al poder en diciembre de 2023. El peso central de las condicionalidades del Fondo empezará a tomar fuerza en la próxima gestión de gobierno, dado el presumible período de gracia para los pagos. Entonces por la fuerza, no por la virtud, se podrían alcanzar ciertos compromisos entre gobierno y oposición que contribuirían a mejorar la gobernabilidad en estos años. Cuán viable es este esquema, en especial considerando los incentivos opositores a sentarse a la mesa, está por verse. Pero es claro que alguna señal desde la política descomprimiría la incertidumbre macro.

Esta es, si se quiere, la visión optimista para el acuerdo. Lo complejo está en lo que no se conoce, aunque se intuye. La letra chica, que ineludiblemente incluirá un sendero hacia el equilibrio fiscal en pocos años y una devaluación para aumentar las reservas del Banco Central y facilitar el propio ajuste del gasto, lo habitual en estos programas.

 ¿Cómo transitar un ajuste fiscal y una devaluación con los niveles actuales de pobreza, inflación y salarios y con una perspectiva limitada de flujos comerciales en dólares, sin que puedan esperarse los precios de las commodities de este año y frente a un eventual endurecimiento monetario en el mundo ante los temores inflacionarios? En los primeros momentos, los clásicos programas con el Fondo reducen la actividad económica y los salarios. ¿Por qué sería distinto esta vez?

En el recetario tradicional del FMI también figura la unificación cambiaria. ¿Cómo hacerlo si no hay dólares suficientes para “todos y todas”? En este contexto, una devaluación a secas que persiga comprimir la brecha con los tipos de cambio alternativos sólo aceleraría la inflación. El acuerdo, entonces, también requiere una mirada profunda para bajar la inflación, que se entienda que se trata de un fenómeno macroeconómico y no tanto de pujas con algunos sectores industriales (alimenticias, en particular), y que devaluar sin plan (de una vez o acelerando los ajustes mensuales) sólo conduce a un nuevo fracaso.

Vinculado con el frente cambiario, el Fondo habitualmente exige objetivos de acumulación de reservas internacionales. El riesgo está en que, si esa meta resulta muy ambiciosa, la recuperación de la actividad económica de los próximos años sea muy mediocre. No habría dólares para todos los usos y el tipo de cambio real seguiría en niveles incompatibles para recuperar los salarios. El ajuste clásico se repetiría. Con todo, en los acuerdos recientes comparables al caso argentino (Pakistán, Egipto, Ecuador y Angola), el Fondo fue razonablemente laxo y, de hecho, todos lograron sobrecumplir con los objetivos de acumulación de divisas.

El FMI puede servir de excusa para comenzar a ordenar los desequilibrios macro. Los costos de no hacerlo, además de volver a incumplir contratos, son sin dudas muy superiores a los sacrificios necesarios para corregirlos. 

RD

El Gobierno apuesta a que la obra pública sea el motor de la recuperación económica en 2021. Después de un primer año crítico, donde su ejecución se focalizó en infraestructura de salud y agua y cloacas, la gestión Fernández duplicó las partidas de gasto de capital en el presupuesto del año próximo. ¿Puede la obra pública ser la llave que abra la economía pospandemia? ¿Es realista llegar a ejecutar semejante salto en el nivel de inversión? ¿Qué dirá el FMI, que busca reducir el déficit fiscal, de esta inyección de gasto?

El punto de partida es realmente bajo, facilitando la comparación. En 2019, la ejecución de obra pública de la Nación fue la menor de los últimos quince años. Lo mismo ocurrió con las provincias y municipios. Y 2020 no fue la excepción.

En la Argentina afecta a los atajos y a las salidas rápidas, la obra pública históricamente estuvo en la mesa de las soluciones a todos los problemas. Así como Dios es argentino y una cosecha nos salva, el facilismo lleva con frecuencia a creer que la inversión en rutas, cloacas, acceso al agua potable o viviendas, porque “se ven y se tocan”, es el remedio infalible a las crisis seculares.

Por supuesto, son indiscutibles sus efectos positivos sobre el resto de las actividades. Según estudios recientes del Banco Central, el aumento en la inversión en infraestructura —tanto pública como privada— multiplica hasta cinco veces sus impactos sobre el PBI. La industria de la construcción, que la obra pública integra, involucra unas 180 actividades, por lo que se la conoce como la “madre de todas las industrias”. Y, a diferencia de muchos sectores productivos, no demanda dólares de manera intensiva, cuando es el dólar justamente lo que el Gobierno quiere cuidar. Muchos atributos para convertirla en la elegida para la recuperación.

Pero conviene poner en contexto cuándo y cómo la obra pública puede realmente convertirse en una impulsora sostenida de crecimiento a lo largo del tiempo antes que en un espasmo transitorio de mayor actividad. La condición básica es estabilizar la macro. Con estos niveles de inflación y brecha cambiaria, los constructores cargarán precios más altos en las obras para protegerse de la incertidumbre y los proyectos seguirán la suerte del siempre escaso fondeo del estado.  

 Y entonces llega el FMI. En la búsqueda de un nuevo acuerdo más amplio con el organismo, que permita refinanciar los impagables vencimientos del convenio firmado por el gobierno anterior, el Fondo querrá que la Argentina comprometa una sensible reducción del déficit fiscal. Es donde la obra pública aparece en la primera fila para cualquier eventual ajuste de partidas de gasto. Ningún ministro de Economía, acá y en el mundo, duda qué hacer frente a la disyuntiva de frenar una obra o reducir jubilaciones o salarios públicos.

En este punto la contradicción se vuelve evidente: aumentar la inversión en obra pública a costa de ajustar partidas que impactan en forma directa sobre las familias de menores recursos no es el camino. Pero no hacerlo sólo profundizará la desigualdad y la exclusión.

El Estado no cuenta con recursos suficientes ni con acceso al financiamiento para sostener el desafío de potenciar la obra pública en forma sostenida en estos contextos. Hay que salir del laberinto del ajuste fiscal que llega por arriba. ¿Cómo? En primer lugar, entendiendo que la estructura institucional de la obra pública no está aggiornada. Faltan fondos, está claro, pero también escasean el recurso técnico y los bancos de proyectos en condiciones de ser licitados. Las regulaciones son antiguas (la ley de Obras Públicas es del año 1947 y la de concesiones de obra pública de 1967), aparecen fuertes restricciones para competir en varias provincias, y hay mecanismos de financiamiento poco creativos, basados casi exclusivamente en recursos del Tesoro y en los préstamos de los organismos multilaterales. Se dificulta, por innumerables razones, la llegada de la inversión privada al financiamiento de los proyectos públicos, y sólo aparecen eventuales líneas bancarias apoyadas por gobiernos, como China.

Y no debe olvidarse que la obra pública representa apenas la tercera parte de la industria de la construcción. Sin la construcción privada la rueda no se pondrá en marcha. El Gobierno parece entenderlo cuando puso en la agenda de las sesiones extraordinarias del Congreso dos proyectos que pueden dar vida al sector. Uno, que promueve la construcción privada de viviendas a través de amplias desgravaciones y exenciones fiscales, con un régimen de blanqueo incluido. Y el otro, que busca recrear el crédito hipotecario atado a la variación salarial.

La velocidad y precisión con que se implementen estas reformas mejorarán las chances de que la obra pública sea un motor que funcione a pleno antes que un soplo espasmódico usado, como siempre, en un año electoral.