Ayer, Gustavo Petro hizo historia como el primer candidato de izquierda en la historia de Colombia en triunfar en un turno de la elección presidencial. Obtuvo en la primera vuelta de la elección más votos que los que él mismo obtuvo en segunda vuelta en 2018 y más sufragios y más elevado porcentaje que el presidente saliente, Iván Duque, en la primera vuelta de hace cuatro años. Contundente. La piedra que viene empujando ladera arriba desde su primera candidatura presidencial, hace doce años, no ha logrado transformarlo en Sísifo y todo indica que el impulso que trae la llevará más arriba en la elección definitiva, el próximo 19 de junio.

Sin embargo, el tramo que queda hasta la cima se puede haber vuelto más empinado ayer, dado el segundo lugar obtenido por Rodolfo Hernández, el ex-alcalde de Bucaramanga, autoproclamado “rey del Tik Tok” y candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. La remontada que le permitió a Hernández superar con alguna holgura al candidato de derecha más convencional, Fico Gutiérrez, había sido advertida por las encuestas, pero es suficientemente reciente como para descolocar en parte los planes previstos con anticipación por la campaña de Petro. El candidato del Pacto Histórico planteó, tan temprano como el día después de la segunda vuelta de 2018, una confrontación definitiva entre el cambio y el uribismo que, llegada la batalla definitiva, se encuentra con que el adversario esperado no llegó siquiera a calzarse los guantes.

Un candidato de derecha clásica, fuera un uribista paladar negro o un muletto como lo era Gutiérrez, dejaba un ancho espacio para ir a buscar votos en el centro. Al quedar en pie como retador “el ingeniero” Hernández, una campaña planteada como una opción entre una izquierda y una derecha claramente distinguibles o entre el cambio y la continuidad, queda obsoleta. Petro estará obligado ahora a convencer de que es una mejor versión del cambio y tendrá seguramente que perseguir por todo el ring a un candidato que tanto podrá rehuirlo como golpearlo debajo del cinturón.

Petro estará obligado ahora a convencer de que es una mejor versión del cambio y tendrá seguramente que perseguir por todo el ring a un candidato que tanto podrá rehuirlo como golpearlo debajo del cinturón.

Hernández no esgrime un programa coherente, no representa a grupos de poder fácilmente identificables, ni tiene una base territorial demográficamente desequilibrante. Su retórica no apela a una memoria ni conjura un futuro muy preciso, pero conecta eficazmente con un estado de ánimo presente. En su apelación machacona al sentido común, encadena insatisfacciones y representa miserias de posición que van desde la percepción de corrupción del sistema político pasando por las masculinidades que se sienten asediadas por la creciente participación de la mujer en el mercado de trabajo y en otros ámbitos donde se ha abierto paso. Ahora puede contar, además, con el apoyo incondicional de Fico y el debilitado pero aguerrido uribismo.

La segunda vuelta se perfila como una donde el que va de punto, el underdog, jugará con reglas arbitrarias. A la dosis de macartismo que era esperable en cualquier caso, le sumará seguramente una incorrección sistemática. Se hará fuerte, como lo hizo durante el tramo de la campaña que acaba de terminar, en sus gaffes, en su vaguedad conceptual, en su falta de modales. Se permitirá todo aquello que debilitaría irremediablemente a un candidato convencional, pero que a un candidato que abraza la volatilidad y la inconsistencia de los estados de opinión pública lo fortalece.

Petro sigue teniendo a favor el envión fabuloso que lo trajo hasta aquí y la fuerza que le da haber derrotado, también, el pronóstico de quienes se rehusaban a admitir que las encuestas anticipaban lo que iba a pasar. Cuenta con una compañera de fórmula que (si bien no le asegura interlocución hacia el centro político) se ha demostrado potente en la movilización de la base propia y con un apoyo extendido territorial y socialmente que puede redoblar su motivación con el triunfo de ayer. No puede contar con aliados entre los que quedaron eliminados, al menos no en principio. Incluso si el centrista Sergio Fajardo diera un giro de 180 grados en su antipetrismo, ha quedado tan desangelado por su debacle electoral que tal vez sumaría poco.

Si descontamos el riesgo siempre presente en una campaña en Colombia de un atentado, el sprint final será algo distinto a un enfrentamiento de dos candidatos o dos cosmovisiones coherentes y discernibles. Por el contrario, Petro y Hernández tratarán de prevalecer en medio de una cacofonía de opiniones e intereses. Entre éstos, decisivamente, dos corrientes que contrastan tanto como alguna vez contrastaron izquierda y derecha: por un lado, quienes confían en que darse un determinado gobierno puede cambiar de algún modo la vida de los ciudadanos; por el otro, quienes han perdido radicalmente toda confianza y están dispuestos a servirse de cualquier candidato para hacerlo saber. De cuánto puedan los candidatos hacer engrosar una corriente o la otra dependerá en gran parte la suerte de esta crucial elección en Colombia.

GP

Según el último informe del Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua, las personas detenidas arbitrariamente por el régimen del matrimonio Daniel Ortega-Rosario Murillo son 192. Hay de todas las edades y de todas las ideologías. Como en toda dictadura, las razones primeras para privarlos de la libertad son de orden inmediatamente práctico: eliminar amenazas al régimen. Pero hay algo que distingue a éste: con el eco inconfundible de los procesos de Moscú llevados adelante por Stalin entre 1936 y 1938, Ortega y Murillo están ejecutando un plan de venganza sistemática contra los camaradas de armas que no los siguieron en el camino del autoritarismo. Una de ellos lleva casi once meses en la cárcel y ostenta una trayectoria que vale la pena recordar aquí

En 1978, un 22 de agosto, la dictadura de Anastasio Somoza Debayle sufrió la herida por la que se desangró hasta ser derrocada menos de un año más tarde. Ese día seminal, tres guerrilleros quedaron marcados con los números que ordenaban su jerarquía en el comando que ejecutó la “Operación Chanchera”, el asalto al Palacio Nacional de Managua. El Comandante Cero Edén Pastora, el Comandante Uno Hugo Torres Jiménez y la Comandante Dos Dora María Téllez tomaron de rehenes a diputados somocistas y obtuvieron a cambio la liberación de camaradas de armas encarcelados antes de huir a Panamá.

Menos de un años más tardes los tres participaron la entrada en Managua del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pero seguirían caminos bien distintos tras el triunfo de la revolución. Mientras que Pastora se transformó en 1982 en uno de los líderes de la contrarrevolución, Torres y Téllez serían tan fieles al mandato democrático de la lucha antisomocista, que rompieron, en 1995, con un FSLN monopolizado por Daniel Ortega y donde no había lugar ni para el ideal democrático, ni para seis de los nueve comandantes de la “dirección histórica” que encabezó la última revolución armada triunfante en América Latina.

Gabriel García Márquez, en su crónica para el diario ABC de Madrid de la acción guerrillera de 1978, describió a la comandante de 22 años como “una muchacha muy bella, tímida y absorta, con una inteligencia y un buen juicio que le hubieran servido para cualquier cosa grande en la vida”. El buen juicio le serviría para ser una Ministra de Salud del gobierno revolucionario a quien se recuerda por su eficaz lucha contra la epidemia del VIH-SIDA, una historiadora con aportes significativos sobre el despojo de las comunidades originarias de Nicaragua durante el siglo XIX y una crítica permanente de la deriva autoritaria del orteguismo. A este respecto, Téllez identificó como una de sus causas el hecho de que “la revolución sandinista no hizo una crítica del sistema político que derrotaba”, perpetuando incluso en la constitución adoptada después del derrocamiento del somocismo una matriz que facilitaba la concentración de poder. 

Telléz sostuvo también en una oportunidad que “el arrepentimiento es de la gente que se queda con los brazos cruzados”, mientras reivindicaba su propia identidad política: “del sandinismo quedamos los sandinistas, que estamos luchando contra el orteguismo”. Esta postura de la Comandante Dos es la que la ha hecho objeto particular de la ira dictatorial. Ortega no está dispuesto a compartir el legado revolucionario con nadie, porque sabe que la amplia base de apoyo que aún mantiene se apoya en partes iguales en la fuerza que le da el control monopólico del estado y en la que deriva del monopolio ritualista del relato de la revolución. Los extremos a los que él y su esposa están dispuestos a llegar están graficados brutalmente por la muerte en prisión del comandante Torres Jiménez, el hombre que liberó de la cárcel somocista a Ortega y que fuera detenido por el gobierno actual por los mismos días que su compañera de guerrilla.

La actual dictadura fue precedida por un giro político de Ortega que se inicia en 2005 y que incluyó una alianza con la jerarquía ultramontana de la iglesia católica local y con el empresariado antes furibundamente antisandinista. Con esos antecedentes (ilustrados por la adopción de una ley contra el aborto que es tal vez la más punitiva en el hemisferio), no debe sorprender que los propagandistas del régimen destaquen, con feroz lesbofobia, la opción sexual de Téllez y de Ana Margarita Vijil, su compañera y ex-presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (actualmente Unamos), condenada a 10 años de prisión por “conspiración” en febrero. Pocos días después de esa condena, Téllez recibiría la suya, a ocho años, por cargos igualmente vagos.

Los tipos penales abiertos e indefinidos, típicos de regímenes no democráticos, están siendo aplicados a todos los opositores detenidos y son la amenaza que pende sobre la cabeza de todos los que aún están en libertad. Como si no bastara ese abuso del derecho penal, en los así denominados juicios se prohíbe la presencia de público y a muchos detenidos se les niega la asistencia de un abogado defensor. En el colmo de la hipérbole somocista, estas farsas se llevan a cabo en el mismo Complejo Policial Evaristo Vásquez, la prisión designada para los opositores, ni siquiera en la sede de un tribunal. Conocido como “El Chipote” (el chichón), supuestamente por la forma de la loma donde se ubica, el nombre evoca, tal vez de manera no intencional, las torturas que antes de 1979 y ahora se aplican en el lugar. Hace cuatro años, tras el levantamiento popular que Ortega sepultó bajo 481 cadáveres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recorrió ese predio y determinó que no reunía “los estándares mínimos” y que “el solo encierro allí constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante”.

Nada distingue los derechos de los que debería gozar Dora María Téllez de aquellos que deberían tener garantizados los demás 191 presos de Ortega y Murillo. Nada en las luces y las posibles sombras de una trayectoria política como la suya la hace merecedora de una reivindicación distinta de la que merecen todos quienes fueron arrojados a las mazmorras de un régimen odioso. Sin embargo, la acumulación de agravios que convergen sobre ella merece ser puesta en evidencia porque resume la vileza de una pareja dictatorial sobre la que los gobiernos democráticos de América Latina están lejos de aplicar toda la presión que debieran. Una parte de la vergüenza seguirá siendo de éstos mientras no le arranquen concesiones. Ortega y Murillo no tienen recursos ni envergadura para resistir una campaña por la libertad de los presos con la que las democracias latinoamericanas se comprometan con mínima seriedad. La esperamos con desesperada impaciencia.

GP

El sandinismo revolucionario de 1979 se ha degenerado hasta llegar a este partido-estado cuyo vértice es OrMu, una entidad indistinguible entre el matrimonio del Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo y la jefatura absoluta del Estado. La Revolución Sandinista tenía todos los números para escapar de de la ley de hierro de la oligarquía en la que cayeron casi todos los movimientos de liberación nacional del Tercer Mundo de los años ´70 y ´90. La variedad política (y teológica) de ese movimiento revolucionario, en particular, parecía ser el terreno más fructífero para la germinación de un ideario de izquierda que superara la dualidad entre reforma y revolución, que enderezara de una vez la relación entre libertad e igualdad y que lanzara al olvido toda pretensión de irreversibilidad de los cambios políticos, así hubieran sido obtenidos con una cuota de sangre y sacrificio generosísimos.

Las heterodoxias ideológicas y estéticas le daban un aire propio y único. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no era reducible al ícono heroico de un guerrillero individual, sino que era las mil flores de la literatura de Sergio Ramírez o Gioconda Belli, las sandalias franciscanas de Ernesto Cardenal y de miles de curas de pueblo. Un movimiento que no era inmediatamente asible dentro de la lógica terminantemente binaria de la Guerra Fría, cuyo fuego igual abrasó Nicaragua con la emergencia de la contrarrevolución.

Ese movimiento capturó imaginaciones nuevas en toda América Latina, en especial y sobre todo las de los movimientos de democratización y lucha contra las dictaduras que aspiraban a terminar con los autoritarismos de derecha sin caer en otros. El cambio de cultura política que incluyó a las izquierdas en ese proceso, trajo una ruptura decisiva con la tradición previa: ya nada se justificaba automáticamente en el objetivo final del cambio social, sino que todo debía legitimarse aquí y ahora mediante la democracia, sin peros ni adjetivos. El FSLN estuvo a la altura: puso en juego el poder que le habían dado los fusiles en las urnas. En 1985 ganó, en 1990 le tocó entregar el gobierno a Violeta Barrios de Chamorro.

Es incalculable el aporte que la acción del sandinismo en esos años hizo a la evolución de la cultura política que posibilitó las incompletas, insatisfactorias pero duraderas transiciones a la democracia en América Latina. Sin el sandinismo, la jugada de judoca de las diplomacias latinoamericanas que hicieron posible una paz progresiva en América Central y blindaron a América del Sur del abrazo final de la Guerra Fría no hubiera sido posible.

Con todo y ese bagaje, a gran parte del FSLN el desamparo de la oposición no le resultó una solución aceptable. Las postrimerías de la derrota electoral de 1990 abrieron el período aciago de la “piñata”, una versión ístmica del loteo patrimonial de los años de Yeltsin en la URSS tardía, donde quedaron a nombre de comandantes y entenados los títulos de fincas, cooperativas y entidades estatales, antes de entregarle un estado semivaciado a la viuda de Pedro Joaquín Chamorro. El proyecto previo quedó liquidado ahí mismo y ahí mismo emergieron las cabezas de una disidencia sandinista que Daniel Ortega, Tomás Borge y otros se encargarían de inviabilizar mediante el control del aparato del partido y a través de una maniobra de mucho más largo alcance de consociativismo con los sucesivos gobiernos de derecha de la década 1997-2007. A esa disidencia se le reservó un arsenal que incluyó, entre otros muchos modos repugnantes de la estigmatización, el tratamiento lesbofóbico de algunas líderes históricas de la Revolución. A esa disidencia es a la que hoy, finalmente, le están reservando camastros en las mazmorras del estado. Va de suyo que quienes están sufriendo ese destino no son sólo los cuadros del ex-Movimiento Renovador Sandinista, hoy Unamos, sino también opositores de derecha y centroderecha.

El tipo de metamorfosis de Daniel Ortega y Rosario Murillo alcanza el máximo de aberración en su consolidación dinástico-familiar. Pero en el camino no se ahorró la asunción del ultramontanismo católico del jefe espiritual de la contrarrevolución, Monseñor Miguel Obando y Bravo o de la agenda de los sectores empresarios más salvajes de Nicaragua. ¿Qué decir de las acusaciones de abuso sexual de Daniel Ortega contra Zoilamérica Narváez Murillo, hija de su actual esposa y vicepresidenta? Durante esa deriva, el otro gran demiurgo de la metamorfosis del FSLN, Borge, se convertía en hagiógrafo de Carlos Salinas de Gortari, enhebrando a su partido con el gran mastodonte mexicano de la revolución traicionada, abrazando una genealogía que habla por sí misma.

Toda esta triste historia que pudo ser de emancipación incluye noticias de anteayer, que deberían ser más que suficientes para que cualquier demócrata se disocie de OrMU, el orteguismo o, en definitiva, el FSLN a secas. Las noticias de ayer son más graves aún. El Grupo Internacional de Expertos Independientes al que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encargó un relevamiento de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en 2019, documentó “años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder en las figuras del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo. Ello fue generando y acumulando un descontento social que se manifestó a través de los años en diferentes expresiones sociales que fueron reprimidas en forma violenta por la Policía Nacional y los grupos de choque.” El fiscal argentino Pablo Parenti es uno de los autores de un trabajo de seis meses en el terreno que no dejan hendija para no condenar al gobierno nicaragüense en funciones.

Con las noticias de hoy, graficadas en ex-comandantes sandinistas que van a la cárcel después de haberse jugado la vida por liberar de ella hace casi 50 años al propio Daniel Ortega, ahorrarse la condena alcanza cimas de vergüenza para las que no hay palabras.

Lo que sigue es un elogio innecesario. Lo que hay que decir de Miguel Lifschitz lo está diciendo en estas horas la muchedumbre de sus compatriotas y en especial de sus comprovincianos, con palabras que arman el rompecabezas completo de la obra de un militante, un gobernante, un dirigente, un compañero. Lo que se dice hoy que se lo despide, lo que se dijo en estas semanas de vigilia angustiada donde #FuerzaMiguel fue el rezo que unió a laicos y religiosos nos dice una sola cosa: nos dejó un justo. Cada uno tiene su ejemplo, cada uno tiene su Miguel y todos nos hablan de una opción testaruda por los vulnerables, de una pasión por la justicia y de una obsesión por hacer.

No soy de los que están en la posición privilegiada de poder contar la historia cercana que contarán los que estuvieron al lado de él desde la militancia estudiantil. No me cuento entre los que lidiaron con el rigor de su estilo de gobierno demandante y meticuloso. Menos aún puedo venir a reivindicar la cercanía de una amistad personal. Que así y todo pueda sumarme a una muchedumbre que tampoco frecuentó la inmediatez personal con Miguel Lifschitz es muestra cabal de que se fue un político que dejó una marca, que se encargó de que la senda que abrieron otros antes que él no se cubriera de maleza y hoy está clara y abierta para quienes la quieran seguir.

Miguel Lifschitz trajinó la paciencia. Es un hijo dilecto del proyecto de Guillermo Estévez Boero que construyó sin desfallecer un proyecto de gobierno para su Santa Fe natal y que fue parte esencial de las mejores experiencias electorales de la izquierda democrática a nivel nacional, desde el Frente del País Solidario hasta el Frente Amplio Progresista. Igual que Hermes Binner antes que él hizo del cursus honorum no una colección de medallas, sino un trayecto de asumir responsabilidades crecientes y de cimentar logros mayores estación tras estación. Militante estudiantil, funcionario universitario, miembro del gabinete municipal de Rosario, intendente, gobernador, recorrió un camino en el que hizo méritos cada vez mayores y nunca se sirvió de privilegios de sangre o de casta.

Fue parte y constructor de una cultura política a la que nunca le hizo mella el sarcasmo de quienes creyéndose dernier cri de la gauche decían que sus militantes eran “mormones”. Después de los logros alcanzados por el socialismo ya reunificado, no faltaron quienes quisieron menospreciar esos logros señalando que estaban circunscriptos a Santa Fe, olvidando que es una provincia que compendia todos los problemas de la Argentina y que es tan grande como lo son algunos países. A esos señalamientos Lifschitz venía respondiendo, consecuente con su modo habitual, con acciones, desplegando esfuerzos para vertebrar una alternativa progresista a nivel nacional que ahora le tocará a sus compañeros de partido continuar.

Es difícil encontrar un colectivo que integre eso que llamamos el campo popular que no tenga algo bueno para decir de Miguel Lifschitz. Desde los sindicatos que le dedicaron algunos de los pasacalles que hoy se ven en Bulevar Oroño, hasta el movimiento de mujeres y la comunidad LGBTIQ+. Su gestión no sólo se comprometió con la salud pública, como antes lo hicieran Binner y Antonio Bonfatti, sino que continuó con esfuerzos bien concretos que prefiguraron cómo podía ser la Argentina si se legalizaba la interrupción voluntaria del embarazo, con la producción de misoprostol por el estado provincial y con la aplicación de protocolos que garantizaban como en ningún otro lugar del país que las prácticas de aborto que ya eran legales se pudieran llevar a cabo sin restricciones de ningún tipo.

Miguel fue un ciudadano que no necesitaba colarse en la Marcha del Orgullo Gay, porque había hecho del estado municipal primero y provincial después, una herramienta para que ese orgullo se pudiera manifestar no un día al año, sino que se pudiera desplegar en miles de proyectos de vida.

En tiempos en que hay quienes reducen la política a una estratagema para promover un estado de indignación agotadoramente constante, Lifschitz hizo de la honestidad no el refugio retórico del inútil, sino la materia prima de una política pública eficaz.

Decía que no iba a hacer un elogio. Creo haberme limitado a recordar de manera muy incompleta las razones por las que la partida de otro hombre para quien la vacuna llegó tarde hoy es motivo de este dolor compartido por tantos. Se fue un hombre que al finalizar su mandato de gobernador fue plebiscitado por sus comprovincianos con una victoria legislativa. Cuando tuvo que hablar de Lifschitz, el soberano dijo todo lo que tenía que decir. Que la tierra te sea leve, compañero.

Venezuela toca a nuestra puerta todos los días. La entrega a domicilio llega con una mochila de precariedad de doble carga: las condiciones de empleo de los más vulnerables en Argentina y la catástrofe humanitaria que ha eyectado de Venezuela a quienes terminan pedaleando a destajo en todas las capitales sudamericanas que no son Caracas.

No hay modo de esconder la cabeza en la arena. No hay modo, tampoco, de esquivar el reproche por Venezuela que se le hace, a priori, a cualquier persona que se diga en público progresista. Ese reproche es la prueba del ácido de las convicciones democráticas de la persona a quien está dirigido. Hay quienes (casi como alegando demencia) niegan que pase nada o, al menos, que lo que pasa sea responsabilidad de Nicolás Maduro y su gobierno. Es fácil rechazar esa actitud, tanto como adivinar que encierra un apego facultativo al estado de derecho. Hay quienes dicen que Maduro no es de izquierda o no es de la misma variedad de izquierda de quien recibe el reproche. Aunque no sea sencillo refutar la validez de esas respuestas, son de las que no sólo no convencen a nadie, sino que dan una impresión equívoca respecto del compromiso democrático de quien responde, en este caso, tal vez injustamente.

 Venezuela y el autoritarismo caótico que encarna su gobierno actual obligan a hacerse cargo y a demostrar que uno no esconde dos varas de medida detrás de alguna hojarasca retórica. Tomar posición frente al régimen que preside Maduro no admite excusas como las que hacen que hoy sea corriente mofarse de cualquiera que sostiene que algo “es más complejo”.

Para quien esté dispuesto a verlo con buena fe, lo que sucede en Venezuela está sobradamente calificado por las mismas organizaciones e instituciones cuyos informes sirvieron para calificar lo que sucedía en Argentina antes de 1983. Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos han sido constatadas por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, CEJIL, WOLA, las organizaciones de derechos humanos venezolanas asociadas internacionalmente con algunos de los organismos de derechos humanos históricos de Argentina. ¿Hace falta más?

Claro que no hace falta, pero si de algo no se priva el partido en el gobierno en Venezuela, es de abundar. Venezuela denunció en 2013 (cuando Hugo Chávez aún era presidente) la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se retiró del mismo sistema interamericano que certificó la masacre de argentinos durante la última dictadura aquí. A la misma CIDH que el genocida Jorge Rafael Videla autorizó a visitar Buenos Aires en 1979, se le ha prohibido el ingreso en Venezuela en reiteradas oportunidades, la última, en febrero de este año que se va.

Y si es por abundar, la máxima instancia penal contra las violaciones de los derechos humanos y el genocidio, la fiscalía de la Corte Penal Internacional, esa institución resistida y vituperada por los EE.UU., acaba de anunciar que según un examen preliminar que debería terminar en acusación, “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad”.

Todo eso que está sobradamente documentado, se hace en nombre del “socialismo del siglo XXI”. Al socialismo utópico, al socialismo científico se les viene a sumar esta variedad ecléctica, que dice abrevar en Jesucristo y en Marx pero que no hace referencia a una biblioteca propia demasiado precisa. Un socialismo por despecho, podría decirse, con ecos de aquella proclamación castrista del carácter socialista de la revolución cubana en 1962. Un socialismo que sale a relucir después de que EE.UU. se apresurara a festejar el golpe de estado empresario-militar de 1992. Por cierto, la proclama de Castro anunciaba algo bien preciso: impedida por la fuerza de comerciar con su socio natural y vecino, Cuba se suma al bloque político y comercial soviético. Qué anunció la proclama chavista de 2005 es algo que todavía estamos dilucidando. O no, si seguimos a Heinz Dieterich, quien acuñara el término y empujara a Chávez y a otros líderes a adoptarlo: ya en 2011 dijo que ese proyecto se había “desvanecido”.

Frente a la constatación del uso de la idea de socialismo por otro gobierno “realmente existente” (las comillas son por el concepto, no por poner en duda la entidad), no cabe más que obligarse doblemente a disociarse de éste en cuanto se desvía de la práctica democrática y limita la libertad. “No hay democracia sin socialismo, no hay socialismo sin democracia”, dijo Rosa Luxemburgo y le costó la vida a manos de los parapoliciales del Freikorps, apañados por un ministro socialdemócrata alemán. Pasarían 70 años de experimentos de partido único liderados por quienes le hacían homenajes rituales a Rosa para que pudiera volver a apreciarse todo lo que está en potencia en esa idea.

Fue un gran venezolano, Teodoro Petkoff, quien se hizo tirar de las orejas por el líder soviético Leonid Brezhnev por denunciar el aplastamiento de la Primavera de Praga en su libro “Checoeslavaquia, el socialismo como problema”. Petkoff llegó a ver y a combatir el problema cuando se planteó en Venezuela, como parte de una vida al servicio de construir una izquierda democrática que transformara su país. Al reeditar su libro, en 1990, lo ponía casi tan claro como Rosa: “libertad y justicia han de potenciarse mutuamente, sin que ninguno de los términos del par deba ser sacrificado o menoscabado en el altar del otro, porque entonces cada uno de ellos se hace precario e incompleto”.

Cada minuto que pasa sin denunciar al régimen de Maduro, la izquierda democrática se hunde bajo el peso del fracaso político más monumental en nombre de un socialismo en nuestro hemisferio. Cada minuto que ignora que el imaginario de muchos latinoamericanos asocia a cualquier cosa que se proclame de izquierda con el agujero negro venezolano se aleja diez pasos de la posibilidad de que le crean, de ser alternativa política verosímil en sistemas electorales competitivos.

Para la izquierda democrática, cejar en el empeño de disociarse de Maduro es exponerse a ser vista como un actor que se desentiende del interés nacional de cualquier país de América del Sur donde actúe. Eso es así porque la crisis venezolana atrae la intervención extranjera, expulsa población en números que ponen en tensión los sistemas de protección social de los países vecinos y produce una catástrofe ambiental en el pulmón verde del subcontinente. En casos extremos, la internalización del conflicto doméstico venezolano impide a algunos países de la región formular una política exterior coherente, ya sea por vetos mutuos entre actores o por la dificultad en acordar lineamientos con otros países por falta de acuerdo sobre la cuestión venezolana.

Las razones para denunciar a Nicolás Maduro son las mismas que llevaron a François Mitterrand a manifestarse frente a la embajada argentina en París para exigir que cesaran los crímenes contra la humanidad en nuestro país. Las mismas que llevaron a Olof Palme y a Willy Brandt a empeñarse en terminar con el intervencionismo estadounidense en América Central en los años ´80, las mismas que llevaron a Enrico Berlinguer a denunciar el golpe militar en Polonia en 1981. Las mismas por las que las sedes de los partidos políticos democráticos argentinos se llenaron, a partir de su legalización en 1982, de reuniones de los exilios chileno, uruguayo y paraguayo para seguir luchando por la democratización de esos países.

Hoy es por Venezuela.

GB