Hay debates legislativos que parecen técnicos, pero en realidad ponen en discusión qué país queremos construir. En estos días, el Congreso trata el proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. A primera vista podría parecer una iniciativa razonable, salvo que en el camino se viola algo mucho más inviolable y más importante que la propiedad: la dignidad humana. El proyecto de Ley en consideración implica un retroceso profundo sobre la Ley de Integración Socio Urbana, una herramienta que logró construir consensos amplios y resultados concretos para el millón de familias que viven en barrios populares.

En 2018, el Congreso aprobó por unanimidad la Ley 27.453, estableciendo que la integración de los barrios populares era un asunto de interés público. No fue una ley más. Fue una decisión impulsada por los propios vecinos y vecinas de los barrios y acordada entre distintos espacios políticos, organizaciones sociales como TECHO, Cáritas y UTEP, y la Iglesia para avanzar en algo básico: que millones de familias pudieran acceder a una vivienda digna, agua, luz, cloacas y seguridad en la tenencia. Esa ley partía de una realidad innegable: en Argentina hay más de 5 millones de personas viviendo en barrios populares, y una parte muy importante de ellas son niños y niñas.

A partir de esa ley, se relevaron más de 1.200.000 familias, se entregaron casi 800.000 Certificados de Vivienda Familiar, se impulsaron obras en más de 1.200 barrios en todo el país y se mejoraron más de 250.000 viviendas. También se brindaron herramientas de protección ante desalojos por un plazo extendido de 10 años con el objetivo de avanzar en una regularización gradual de la tenencia de la tierra, a la vez que se desarrollaban obras de manera sostenida incluso ante cambios de gestión. 

Es decir, había una ley, un plan a largo plazo y un acuerdo inédito en Argentina que involucraba a todos los sectores. Y no estamos hablando de una idea abstracta, sino de un proceso que empezó a cambiar la vida cotidiana de millones de personas y que fue reconocido por la ONU y auditado por el BID, CIPPEC y la UCA.

El problema es que el proyecto que hoy se trata no introduce ajustes puntuales ni mejoras sobre ese camino, sino que desarma sus pilares centrales. En particular, elimina la declaración de utilidad pública de las tierras, limita la capacidad del Estado para intervenir en procesos de regularización, levanta la suspensión de desalojos —una condición indispensable para garantizar estabilidad— y debilita el rol de las cooperativas y la economía popular en las obras de integración. En términos simples, vuelve a dejar a miles de familias expuestas a la incertidumbre.

Si se eliminan esas herramientas, se abre la puerta a desalojos masivos en barrios donde la mayoría de las familias no tiene título de propiedad. La pregunta es simple: ¿a dónde van a ir esas familias? ¿Dónde van a vivir 5 millones de personas? Esto implica, además, que casi 2 millones de niños y niñas podrían quedar en condiciones aún más vulnerables, crecer con peores condiciones de vida o quedar en situación de calle.

Y ahí es donde lo que hoy se define se vuelve profundamente humano. Hoy, según datos del Centro para la Integración Socio Urbana, las personas que nacen en barrios populares viven, en promedio, 11 años menos que quienes nacen fuera de esos barrios. Como sociedad, no dar respuesta a esa realidad es condenar a niños y niñas a vivir una década menos, a crecer sin agua, sin luz, sin cloacas, entre el barro y el frío, con menos posibilidades de ir a la escuela y con obstáculos que les quitan libertad para estudiar, crecer y desarrollar sus proyectos de vida.

No se trata de oponerse a la propiedad privada, todo lo contrario. La integración socio urbana está a favor de la propiedad privada, sobre todo del derecho a acceder a ella de quienes menos tienen. No hay libertad posible si naturalizamos que millones de chicos puedan ser desalojados del lugar donde viven. Y no hay integración urbana sin estabilidad en la tenencia.

Siempre es posible discutir cómo mejorar una política pública, cómo hacerla más eficiente o cómo financiar mejor. Pero hay consensos que no deberían romperse. Y uno de ellos es que el lugar donde una familia vive no puede convertirse, de un día para el otro, en una amenaza.

Todas las ciudades globales del mundo –aquellas que, por escala, posición geográfica, demografía y economía participan de manera más decisiva en el proceso que ya nos acostumbramos en llamar “globalización”- comparten desafíos similares. En pleno siglo XXI, sigue siendo urgente y de radical importancia forjar un modelo de desarrollo humano y urbano que articule tres dimensiones centrales: ser sustentable, ser inclusivo, y ser integrador. 

Con sustentable nos referimos a la capacidad de poder sostenerse en el tiempo, tanto desde el punto de vista económico como ecológico. Por inclusivo hablamos de la posibilidad de que aquellos vecinos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad puedan encontrar el espacio donde desarrollarse y crecer, sin ser expulsados por la ciudad. Y por integrador entendemos la posibilidad de que las distintas culturas e identidades urbanas puedan convivir, conservando y desarrollando sus particularidades, pero integradas en un “todo que supere a las partes”, como suele sostener el papa Francisco. En su libro Evangelii Gaudium, el Papa propone la imagen del poliedro: “ni la esfera global que anula, ni la parcialidad aislada que castra (…) el modelo a seguir no es la esfera, en la que se nivela cada relieve y desaparece cada diferencia; el modelo en cambio es el poliedro, que incluye una multiplicidad de elementos y respeta la unidad en la variedad. Al defender la unidad, defendemos también la diversidad”.

La Ciudad de Buenos Aires no escapa a las dificultades que se nos presentan ante esta escala de desafíos. En el campo especifico de la vivienda y el hábitat, se ha avanzado con una agenda inclusiva e integradora a través de tres políticas motorizadas desde el Gobierno. Estas son las políticas para la integración de los barrios populares, el desarrollo del Sur de la Ciudad, y la intervención activa para la mejora del sistema de alquileres.

Los barrios populares porteños son la expresión más concreta de la desigualdad económica y social que la Argentina fue consolidando a lo largo de décadas. Su traducción urbana y territorial, es una realidad estructural a la que la política de todos los signos ideológicos fue ‘acomodándose’, tratándola en los hechos como parte del paisaje urbano en la aceptación conservadora de una realidad inmodificable. La persistente des-integración de estos barrios con respecto a la Ciudad es, creemos, el atentado mas fuerte contra la Ciudad que Gabriela Massuh rememora en su articulo del 12 de diciembre cuando nos recuerda aquel sueño de una Buenos Aires convertida en un “tablero de mezcla cultural, simultaneidad social y manifestación pública”. 

En los últimos años, el Gobierno de la Ciudad decidió encarar esta temática como una prioridad estratégica, asignando un presupuesto a la política de hábitat que es inédito en la historia de Buenos Aires. Hoy en día tenemos obras terminadas y en marcha que impactan a más de 90.300 personas, en diferentes barrios de forma simultánea, con una escala ampliamente mayor que la de cualquier otra ciudad latinoamericana. 

Esto se llevó adelante mediante un modelo de gestión y gobernanza que busca democratizar las decisiones dando voz y voto a los vecinos y vecinas de los barrios. Todo el trabajo que hacemos en los barrios se hace buscando el consenso de sus habitantes, calle por calle, manzana por manzana, en el marco de un sistema de mesas de gestión participativa institucionalizado y regular. Un proceso de diseño participativo establecido por ley que plantea el desafío de pensar un modelo en conjunto con los actores: un laboratorio de participación popular en los procesos de urbanización que no se había visto en la Ciudad en esta escala, y una democratización en los hechos cuyo objetivo es la integración definitiva de los barrios populares a la Ciudad. Nada está terminado, nunca, en términos de participación, y todo proceso es perfectible, pero lo construido hasta ahora ha elevado el nivel de la discusión en los barrios e institucionalizado nuevas voces, y multiplicado los dispositivos participativos de manera considerable en varios barrios de la Ciudad.

El desarrollo del Sur de la Ciudad fue otra de nuestras prioridades estratégicas, y esta afirmación es fácilmente constatable recorriendo alguna de sus calles y avenidas principales. Para poner un ejemplo, basta con pararse en la esquina de Escalada y Fernández de la Cruz, donde hace veinte años no existía nada más que un cementerio de autos y solo se veía a lo lejos la torre del Parque de la Ciudad, y ver hoy más de 1700 viviendas nuevas, de las cuales ya están terminadas 1000 y 700 se encuentran actualmente en construcción, orientadas a integrar el Barrio 20, y que además constituyen también un ejemplo de decisión colectiva y diseño participativo, en las cuales han participado organizaciones y referentes de todo el arco político. 

En esa misma esquina, mirando en diagonal, cualquier vecino puede observar una escuela que hoy sería la envidia de cualquier institución educativa, pública o privada, de la Argentina y Latinoamérica; y atrás de esa misma escuela, existe hoy la nueva comisaría comunal de la Comuna 8 -fuertemente equipada con la mejor tecnología que permite un mejor desempeño de los trabajadores de la seguridad- y el Hospital Grierson, que también está dotado de las mejores capacidades humanas y técnicas para un combate como el que hoy se da contra la pandemia. Muy cerca se encuentra también la Villa Olímpica, tal vez el único ejemplo desde la vuelta de la democracia de mixtura social urbana, en la cual ya se encuentran viviendo vecinos de clase media provenientes del resto de la Ciudad, pagando créditos que hoy son más baratos que cualquier alquiler, en conjunto con otros vecinos de Villa 20 ya mudados al predio. 

La Ciudad de Buenos Aires avanzó también con una serie de medidas para facilitar, simplificar y abaratar el proceso de alquiler para los vecinos de toda la Ciudad. Se construyeron nuevas herramientas para mejorar el sistema de alquileres de inmuebles para vivienda, multiplicando la oferta de garantías públicas, eliminando la comisión inmobiliaria para inquilinos, abaratando desde el primer mes el acceso a los alquileres, incluso comparándolo con el estado de situación del mercado inmobiliario en los municipios lindantes. 

Estas tres líneas de trabajo respectivas al hábitat son ejemplos de una mirada más amplia de la Ciudad, una mirada cuya esencia se vincula con la “Y” y no con la “O”. No creemos que el clivaje sea Rodrigo Bueno o Puerto Madero, Fraga o Chacarita, Recoleta o Barrio 31.  Es Rodrigo Bueno Y Puerto Madero, Fraga Y Chacarita, Recoleta Y Barrio 31. Es con emprendedores de Palermo Y con trabajadores de la economía popular de Barrio 20, con estudiantes que vienen del interior a vivir a Buenos Aires, extranjeros que la elijen para visitar, y hermanos y hermanas de países que la elijen para emigrar y desarrollar sus proyectos de vida. 

Esa ciudad de la “Y”, esa ciudad cuya esencia es el encuentro y no la profundización de las grietas sociales y políticas, está en construcción, y se forja tendiendo puentes, y no levantando muros, entre el Estado, el mercado y la sociedad Civil. Lo avanzado en el desarrollo del Sur de la Ciudad es fruto de las luchas populares, de pequeñas y medianas empresas que apuestan e invierten en el presente y futuro del país, y de un gobierno que se anima a escuchar las demandas sociales, a potenciar lo que existe y a tender puentes donde hasta ahora había muros. Van a pasar muchos años hasta que la tarea esté terminada y con seguridad tenemos espacio para seguir aprendiendo y mejorando, pero creemos que los pasos dados y el rumbo definido son los correctos para forjar una Ciudad verdaderamente integrada y en la cual cada vecino/a pueda desarrollar su potencial personal y colectivo.