La ausencia de los varones en el Código Penal

De los cuatro artículos que regulaban el castigo para las abortantes en el Código Penal previo al 30 de diciembre de 2020, ninguno hacía mención del varón conceptuante. Después de la aprobación de la nueva ley se introdujeron las modificaciones siguientes: el aborto antes de la 14ª semana no es un crimen, la mujer que aborta después de ese plazo sigue siendo una criminal (aunque con una pena menor que antes) y los varones siguen estando ausentes. 

En otros crímenes, como el suicidio, el instigador está penado por la ley. En el aborto, cuya práctica estuvo infestada de instigaciones masculinas a lo largo de la historia, la figura del instigador nunca existió. Ausentes como instigadores, ausentes como co-responsables de la decisión. Al excluir a los varones de los artículos que penalizan el aborto, el Código Penal instituye al embarazo, y por tanto al aborto, como un acto que compete exclusivamente a las mujeres. 

Sabemos que hay incontables casos en que los varones acompañan y padecen los abortos de un modo agudo y singular, un padecimiento que está en la sombra de las conversaciones. Sin embargo, cómo no preguntarnos: ¿cuántos varones que apoyaron la legalización estarían dispuestos a incluirse como coautores y culpables de violar el Código Penal? 

Cuando el aborto era clandestino nadie se preocupaba por la desigualdad entre varones y mujeres en las leyes que lo regulaban. Al no correr aquéllos el riesgo de embarazarse y antes de que pudiese comprobarse genéticamente la paternidad, no estaban atrapados en el temor constante que padecían muchas mujeres de quedar embarazadas. Y si ellas querían continuar el embarazo y él no, debían arreglárselas solas. ¡Qué ironía que ahora, con el aborto legal, irrumpa el temor de que la mujer decida sola! 

Una diferencia insalvable: los varones no gestan ni dan a luz

Cuando el aborto estaba prohibido las mujeres no teníamos el derecho de abortar pero teníamos el poder. La legalización ha reconocido nuestro poder y lo ha legitimado.

Pero ¿qué quiere decir tener un poder? Veamos un ejemplo: ¿cuál es la potencia de un camello? Acumular agua. ¿Puede el beduino compartir la potencia del camello? No puede. Puede usufructuarla. Ni más ni menos. Así también: ¿puede un varón que no puede gestar una vida, abortarla? No, no puede. Puede influir sobre la decisión de la mujer y llegar incluso a obligarla a abortar o impedírselo; ni más ni menos. Lo que no puede es abortar. Sin embargo, en pos de una ilusoria igualdad, se ignora, o más bien se desecha esta contundente diferencia. Que no haya límites para las construcciones simbólicas del cuerpo, que se privilegien éstas por sobre sus poderes concretos, ¿lo arroja del mundo material? Hay cuerpos dotados de una matriz donde puede anidar un óvulo fecundado y hay cuerpos donde esto es imposible, no por defecto, castidad o infertilidad, sino porque no hay matriz. Como dice Spinoza, a la piedra no le falta la visión.

Los hombres pueden tener un hijo y pueden perderlo. Pueden fecundar a una mujer, pueden ser donantes de semen. Pueden usar condones o hacerse una vasectomía. Pueden concebir y criar, esterilizarse, abstenerse sexualmente, no reconocer la paternidad o soñar con ella y construir lazos que la sostengan. Pero entre la anidación y el nacimiento, no pueden más que ser testigos de la gestación: como no pueden gestar una vida, no pueden abortarla ni parirla, los dos destinos de un embarazo.

Entre la fecundación y el parto, ¿cómo podrían estar implicados de igual manera la persona  embarazada y quien la fecundó? No lo están aunque quisieran, aunque ambos se sientan “embarazados”. El equivalente masculino del embarazo no existe. Es difícil hablar de esto: es tan obvio que se vuelve indecible. El derecho regula las acciones de las personas que sí pueden embarazarse, ¿significa esto discriminar a las personas que no pueden embarazarse porque no tienen con el embarazo esa relación especial, irrescindible, que se llama “cuerpo propio”? Si muere la mujer embarazada, muere el embrión; si muere el futuro padre, la naturaleza sigue su curso. 

Entre la anidación y el nacimiento, (los hombres) no pueden más que ser testigos de la gestación: como no pueden gestar una vida, no pueden abortarla ni parirla, los dos destinos de un embarazo.

El privilegio de las mujeres

Si la prohibición del aborto no hizo que las mujeres dejáramos de abortar ni que los hombres dejaran de incidir sobre la decisión de abortar, ¿qué cambia hoy cuando, en lugar de arriesgar la vida en un aborto clandestino, las mujeres abortamos dentro de la ley? Conversación y acompañamiento en muchos casos, pero también chantaje, amenazas de abandono, violencia física en muchos otros: ¿hará desaparecer la legalización del aborto estas formas de presión? 

Las relaciones de poder están en proceso de transformación. Se desvanece el estigma de la madre soltera, se afloja la presión para casarse y tener hijos, ser un buen padre se convirtió en una realización importante en la vida de muchos varones. Y forma parte de este proceso que ahora muchos hombres se sientan desprotegidos y amenazados por una ley que saca a las mujeres del aborto inseguro y las resguarda en la legitimidad. 

Coincida o no con la voluntad o el deseo masculinos, hoy las leyes amparan la decisión de la mujer tanto para abortar como para parir. Pero ¿sería posible resolver esta “injusticia” promulgando una ley que otorgue a los varones algún lugar en esa decisión sobre el destino del embarazo? 

Volvamos a las dos situaciones básicas de conflicto: 1) ella quiere ser madre, él quiere que aborte; 2) ella quiere abortar, él quiere ser padre. 

Hoy es impensable una ley que habilite a los varones a decidir un aborto contra la voluntad de la mujer. Pero ¿cómo es que ellas pueden decir “No” hasta la 14ª semana y ellos no? Hay quienes proponen revertir esta situación desigual, de modo que, si una mujer decide continuar un  embarazo, el hombre pueda también decidir hasta la 14ª semana no ser padre, quedando eximido de las obligaciones que actualmente se le imponen: alimentos, apellido y herencia.

Proponer para los varones un derecho supuestamente equivalente al de las mujeres a abortar, implicaría cuestionar una jurisprudencia antiquísima que obliga a los padres a hacerse cargo de sus hijos. Recordemos que desde hace unos cuarenta años, a la puesta en práctica de esa ley se han incorporado las pruebas de determinación genética, de modo que todo varón cuyos genes se comprueban en una criatura humana está obligado a reconocerla como hijo dándole su apellido y pasándole dinero para alimentos a quien tiene la guarda, generalmente la madre. ¿Se trataría entonces de derogar esta ley o establecer una excepción a la misma? O sea, ¿que los hombres puedan “borrarse” en ese mismo tramo del embarazo donde cabe un aborto legal?

Compliquemos el panorama imaginando algunos hechos posibles trayendo a cuento situaciones frecuentes en las conversaciones de clase media: acuerdos, proyectos, promesas y, no olvidemos, las ilusiones. Por ejemplo: una pareja no quiere tener hijos y decide cuidarse, la mujer queda embarazada e inesperadamente se da cuenta de que no quiere abortar. 

Pero a él no le ocurre lo mismo, no quiere tener ese hijo. 

Hubo una promesa. Y una ruptura de la promesa. ¿Qué hacer? ¿Debe la justicia inmiscuirse en toda palabra no cumplida, en toda promesa rota? ¿Debe tomarse el consentimiento previo como un contrato? Se puede llamar traición, decepción, estafa, desamor, venganza. Ahora bien, que una mujer se eche atrás ignorando el deseo de su partenaire y tenga el derecho de hacerlo y lo ejerza ¿significa que está actuando bien? No sabemos, no se trata aquí del bien y del mal. Ella decide seguir el embarazo y él quisiera decidir, pero no es su cuerpo y no está en su poder evitar que nazca: aceptemos que está sujeto a una violencia no menor. Conminado por la vida, ¿habría que darle por tanto la chance legal de no hacerse padre de ese hijo? 

Multipliquemos los caminos abiertos por esta chance. ¿Qué pasaría si un hombre se entera del embarazo cuando ya venció el plazo supuesto en que podría decidir? ¿Qué, si la mujer no le contó que estaba embarazada porque vio venir una oposición a la que no quiere –o no puede- enfrentar, o porque siente que el embarazo no lo involucra, o porque no pudo contactarlo, o porque no lo supo hasta el cuarto mes, o no quiso decírselo, o decidió tenerlo sola y después se le complicó? ¿O qué pasaría si el tiempo pasa y el hijo que nació quiere conocerlo, y él se entera cuando le llega la citación para hacerse el test de ADN que confirmaría que ese hijo es suyo? ¿Podría el trámite que le haría posible desprenderse de la paternidad jurídica extenderse en el tiempo, y hasta cuándo? Sabemos que negarse a la paternidad no anula la inquietud de saber que hay un hijo ahí. También podría ocurrir que años después ese hombre quiera recuperar al hijo, hacerse cargo, reconocerlo. ¿Necesitaría en ese caso el consentimiento de la madre y/o del hijo? ¿O esa renuncia a ser padre que habría firmado antes de cumplirse la 14ª semana de la gestación sería definitiva?

Como vemos, nada más fácil que proponer la idea de una ley, nada más difícil que darle una forma aplicable a los casos concretos. 

En mayo del 2021, en Salta, un hombre recurrió a la Justicia para impedir que su ex mujer se realizase un aborto. Se habían separado hacía poco tiempo y ella, que estaba embarazada, había tomado la decisión (unilateral) de abortar. Aunque la medida cautelar presentada fue rechazada por improcedente, el hecho pone sobre el tapete la existencia cierta de esa amenaza que se cierne sobre la legalización del aborto. Un mes antes en San Juan un joven, cuya novia vacilaba entre abortar o no, también intentó impedir que aborte presentándose a la Justicia y a los medios. Antes de la promulgación de la Ley IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) esta escena era casi imposible: las mujeres abortábamos clandestinamente y si no había consenso con quien nos fecundó podía haber amenazas, chantaje y otras formas de violencia aunque difícilmente el recurso a un tribunal. 

A primera vista, el reclamo suena legítimo. Pero ¿cómo sería posible una ley que concediera a los varones un derecho a su paternidad, derecho que entraría en conflicto con el de la mujer a abortar? ¿Cómo haría un varón para tener ese hijo si la mujer se opone? ¿Podría legítimamente decidir sobre un cuerpo que no es el suyo? ¿Y si el varón que quiere ser padre no es la pareja ni el amante de la mujer que quiere abortar? ¿Y si es la expareja o una relación casual? ¿O violó a la mujer a la que quiere hacer madre? ¿Gozarían todos ellos por igual del derecho a intervenir en la decisión? ¿O ella, para abortar, tendría que tener el acuerdo del fulano o el marido que la dejó embarazada? En los centros de atención de mujeres ¿debería haber un requerimiento de que, de ser casadas, concubinas o civilmente unidas, venga él y firme?

Hacer lugar a ese reclamo sería establecer una especie de derecho al veto. No sólo anularía la ley recién conquistada que despenaliza el aborto y legitima la decisión de la mujer sino que repondría los peores momentos de la historia de las mujeres.

Está en ciernes una figura nueva, la del “padre soltero”. Vos tenelo que después yo me hago cargo: esta frase, repetida, pretende nada más ni nada menos que a una mujer le son indiferentes los nueve meses de embarazo y sobre todo traer una criatura a este mundo. 

Poderes desiguales, derechos injustos

Estamos asistiendo y siendo protagonistas de una mutación cultural de alcances y efectos inconcebibles. El impacto de los feminismos hizo estallar las relaciones no sólo entre varones y mujeres, sino también entre las mujeres -con todo lo que esto significa en términos de poder- y avanza cuestionando las identidades mismas. Respecto de nuestro asunto, algunos indicios de los cambios que sacuden el teatro de la vida muestran que disminuyó la presión social sobre las mujeres para que sean madres, desapareció el estigma de la madre soltera, ya no es necesaria una pareja masculina para hacer una familia, y abortar dejó de ser peligroso, se puede hacer en casa y además ahora es legal. En cuanto a los hombres, disminuyó su poder de presión sobre las mujeres tanto para que sean madres como para que aborten, su papel de proveedores se alivió al ser compartido, y creció el deseo y la posibilidad (subjetiva y legal) de ser padres sin necesidad de fundar una familia ni de estar en pareja. Hay una urgencia generalizada por resolver las angustias inevitables que entrañan estos procesos. Imaginando leyes, inventando nuevas formas políticas, movilizando a ocupar el espacio público, con foros de críticas y denuncias antipatriarcales y talleres de deconstrucción (de las masculinidades), y tanto más.

Hasta hoy la responsabilidad de evitar el embarazo cabía casi exclusivamente a las mujeres. Para que las “consecuencias de la sexualidad” estén más repartidas, los caminos por ahora siguen siendo los clásicos: condones, coitus interruptus, abstinencia, vasectomías –y se están investigando otros métodos como el gel inyectable o las píldoras anticonceptivas masculinas, aún en fase experimental.

En un momento en que impera la ilusión de resolver las injusticias de la vida a través del  derecho, las situaciones planteadas arriba desnudan lo estéril de la creencia en ese atajo. Porque si es imposible equiparar el derecho de la mujer a abortar con un hipotético derecho de los varones a evitar ser padres, es porque se trata de algo más que de una cuestión de derechos y decisiones sobre el futuro. El futuro, de algún modo, ya está aquí, pero de distintas maneras para ambos. Además de tomar la decisión (con o sin el respaldo legal), la mujer aborta. ¿Y cómo no ver que es su cuerpo lo que se desgarra? Lo que está en juego en el acto de abortar es material, corporal -vital o mortífero- y también, por supuesto, jurídico. 

Si es imposible equiparar el derecho de la mujer a abortar con un hipotético derecho de los varones a evitar ser padres, es porque se trata de algo más que de una cuestión de derechos y decisiones sobre el futuro.

Abortar significa que el proceso de gestación finaliza no sólo para la gestante sino también para el cigoto. Abortar es destruir lo gestado, no “negar” ni “renunciar” ni “repudiar” al embrión: es que cese de existir. Tanto para la medicina como para el derecho, el aborto se define no sólo por el fin del embarazo sino simultáneamente por la muerte del embrión. 

Si una mujer se queda embarazada y decide tenerlo, el varón puede reconocer o no al recién nacido; lo que no puede –a menos que lo mate- es evitar que exista ese ser vivo que lleva sus genes. Mientras que si es él quien quiere tenerlo y ella está decidida a abortar, nada puede hacer él para que ese ser llegue a existir. Hay quienes afirman que la gestación de una vida en el vientre es comparable a una “locación temporaria”, que no es para tanto pedirle a una mujer embarazada que espere a que nazca, y que tanto la nueva vida como su progenitor también tienen derechos. Lo que en este razonamiento tan razonable queda desdibujado es que obligar a una mujer a terminar el embarazo equivale casi a un secuestro… ya que la distinción entre el cuerpo del embrión y el de la gestante, tan clara en la imagen de una ecografía como la de un corazón que palpita, no existe en la vida. Impedirle abortar implica una apropiación radical de su cuerpo, su vida y su libertad. 

Más importante aún: si ella quiere abortar por lo general no es sólo ni principalmente porque no quiere ser una incubadora nueve meses sino porque lo que quiere es que esa vida no venga al mundo, y esa vida sólo puede venir al mundo si ella la trae. Una mujer aborta no sólo porque no quiere estar embarazada. Aborta porque no quiere tener un hijo, lo entregue o no a otros para que lo críen. Abortamos no porque no hay otro, sino para que no haya Otro.

Hay quienes no pueden abortar porque no tienen el poder de embarazarse y hay quienes pueden abortar porque tienen el poder de embarazarse. Nadie elige libremente ese poder y ese no poder. Hasta que tal vez algún día la tecnología logre darle una matriz a quienes nacieron sin ella o inventar una matriz artificial que permita gestar fuera de un cuerpo. Hasta entonces, habrá desigualdad; la justicia o injusticia pasan por otro lado. 

Si hay una experiencia imposible de compartir por todos ¿qué haremos con ella? ¿dejarla afuera de la ley, ponerla a disposición de los excluidos de tal experiencia por la naturaleza? ¿Igualdad de derechos significa igualar lo desigual? ¿anular las diferencias?¿Hay igualdad posible respecto del aborto? No. La respuesta es cruda pero por ahora inexorable. 

No somos iguales: ¿eso hace injusta la vida? 

LK/IH

Ahora que una ley respalda la interrupción voluntaria del embarazo, muchos se preguntan si los varones no deberían estar también contemplados en la ley. Porque no parece justo que nosotras, las otrora excluidas, excluyamos ahora a los varones de las “consecuencias” reproductivas del sexo (léase embarazo e hijos). 

El problema es más complejo de lo que aparenta. ¿Qué es esta necesidad de inclusión de los varones en el derecho sobre el embarazo, ahora que se ha legalizado su interrupción a voluntad de la mujer embarazada? Si se concede a ésta un derecho ¿habría que ser equitativos con el otro sexo y adscribirle un derecho igual, análogo o correlativo? ¿Puede concebirse equidad alguna respecto del aborto aunque el hombre no pueda gestar y por tanto le sea imposible abortar? 

¿Quién tiene derecho a decidir el destino de un embarazo? Veamos las dos situaciones básicas donde puede haber desencuentro entre las partes: 

a) ella quiere continuar el embarazo y él quiere que aborte. Pero ¿cómo es que él tendría la obligación de ser padre si no quiere serlo cuando ella puede optar legalmente a decir no a tener un hijo?

b) ella quiere abortar y él quiere tener ese hijo. ¿Tendría que tener él algún derecho que ampare su decisión de tener ese hijo?

Supongamos que, conversando, presionando, suplicando o prometiendo, no hay modo de revertir el deseo contrario. ¿Qué hacer?

La legalización del aborto puso el derecho reproductivo del lado de las mujeres. Pero para muchos resulta arbitrario o injusto que los varones queden fuera de esta decisión tan importante para sus vidas. De ahí que surja la idea de que habría que equilibrar los tantos con un derecho análogo para la parte masculina.

La relación de los varones con el aborto ya había cambiado unas cuatro décadas antes de su legalización con la irrupción de los tests para determinar la paternidad genética. Este fue un punto de inflexión en la relación de los hombres con el sexo, el embarazo y la paternidad. Cuando no era posible tener certeza respecto de quién era el padre, solía bastar con decir “¿Y cómo sé que es mío?” para sentirse a salvo de la responsabilidad; en todo caso quedaba una duda fácilmente descartable. Pero desde que se pudo identificar al “autor” del embarazo, el sexo se volvió un riesgo de paternidad no deseada también para ellos, cambiando así su relación con el aborto, hasta entonces una cuestión casi exclusivamente femenina. Al mismo tiempo, como lo empezaron a mostrar películas como Kramer versus Kramer, algunas telenovelas y cientos de casos judiciales de varones reclamando la tenencia compartida, la paternidad se instalaba con más fuerza como una nueva posibilidad vital de realización masculina. 

En esta nueva configuración de los afectos surge la pregunta acerca de si hay derecho a dejar afuera a los varones de la decisión de la vida por venir. ¿Acaso son ellas las dueñas del embrión? ¿Acaso ellos no tienen nada que ver con la concepción, termine en aborto o en parto? Sin el gameto macho no hay concepción, ¿no es entonces necesaria la participación masculina, si no la del órgano viril, al menos la del espermatozoide?

En esta nueva configuración de los afectos surge la pregunta acerca de si hay derecho a dejar afuera a los varones de la decisión de la vida por venir.

En el interior de esta inquietante nebulosa perdemos de vista que aborto remite a embarazo, una experiencia intransferible para quienes no pueden embarazarse. Abortar significa, etimológicamente, privar de nacer. O sea, si la embarazada no aborta nace una criatura, hay un hijo. Abortar, se dice, es “perder” un embarazo o “sacarse” un embarazo, ponerle punto final. No significa destruir un óvulo fecundado. Por eso ni la gente ni las leyes llaman “aborto” a la destrucción de un embrión de probeta (técnicamente se llama “desechar” y todavía no hay un término unificado en el habla cotidiana para poder nombrarlo de otro modo). 

Los embriones de probeta no son “abortables” porque no forman parte de la mujer embarazada: no están confundidos, atados y amparados por una persona que los está gestando. En la probeta, en cambio, congelados, los embriones están suspendidos a la espera de entrar en el tiempo, a la espera de anidar en un cuerpo capaz de darles el poder de crecer. En fin, un óvulo fecundado artificialmente no puede ser abortado si no es antes implantado en una matriz.

El derecho a tener derecho

Con el aborto prohibido, los hombres incidían no poco en las decisiones y los actos de las mujeres. Cuando querían tener hijos, el matrimonio era suficiente presión y alcanzaba para domesticar a esposas rebeldes e inclinarlas a una maternidad que no hubieran “elegido libremente”. En general, no había necesidad de que los maridos subrayaran su decisión de ser padres o vigilaran a la mujer para que no usara anticonceptivos. La escasa autonomía económica  y la equivalencia mujer=madre funcionaban eficazmente. Y cuando ellos no querían tener hijos, la prohibición del aborto no era óbice para disuadir a las mujeres de seguir un embarazo que ellos no iban a acompañar, de un hijo que no iban a reconocer y de arreglar con el abortero de turno para que les ligara las trompas a sus espaldas.

El oprobio que significaba ser madre soltera empujaba a muchas mujeres al aborto clandestino. La vergüenza familiar de una hija adolescente y parturienta llevó a padres a hacer abortar a niñas. Los juristas del siglo XIX se apiadaron y, para salvar a estas desgraciadas de la indignidad en que caerían, incluyeron en el Código Penal la benigna figura del infanticidio honoris causa, que atenuaba el homicidio del recién nacido en pos de resguardar el honor familiar (figura que lamentablemente fue derogada en 1995, permitiendo que Romina Tejerina fuera sentenciada a cadena perpetua). La prohibición de abortar, más que convertir en madres a muchas mujeres que no querían serlo, conminaba a abortar en la clandestinidad y correr el riesgo de quedar con secuelas en su salud física y psíquica, o incluso morir. 

Siempre hubo mujeres que abortaron contra la voluntad manifiesta de maridos, padres o amantes. Y muchas que jamás les informaron de su embarazo y abortaron sin que ellos pudieran siquiera estar o no de acuerdo. Pero desde la existencia de las pruebas de la paternidad, cuando las mujeres decidían continuar el embarazo sin consultarle al varón o incluso contra su expresa voluntad, empezaron a poder recurrir a la justicia y, coercitivamente, hacerlo padre frente al tribunal, con lo que esto conlleva: dinero, apellido y herencia. Y para colmo, décadas más tarde, con el aborto legal, ellas legítimamente pueden impedirle al varón consumar su paternidad. 

En fin, si a partir de las técnicas de reconocimiento genético ellas pueden reclamar alimentos y reconocimiento del dueño del esperma, ¿podrán ellos reclamar algún papel en el drama? La pregunta es si podrán reclamar alguna participación legal en la decisión de abortar o no: ¿podrían negarse a asumir la paternidad o podrían vetar la decisión de la mujer de abortar? 

En la carta al director general de la Unesco que envía Gandhi en 1947 en respuesta a la invitación a participar en las reflexiones preparatorias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos decía que derechos sin deberes son usurpación. En este nuevo estado de cosas lo que se plantea es si los hombres tienen derecho a tener derecho. 

LK/IH

¿Qué mujer “quiere” abortar? La experiencia de las mujeres que abortan está lejos del “aborto” del que se habla en el debate. Abortar es un verbo: hay alguien que actúa, una mujer que lo hace movida por la violenta irrupción de un embarazo que no buscó pero que, sobre todo, no quiere continuar y que la compele a tomar una decisión también violenta. La voluntad, su voluntad, no es libre. Esta mujer está entre la espada y la pared: ni quiere tener un hijo ni quiere abortar. Le está vedado batirse en retirada, quisiera no haberse embarazado, quisiera perderlo espontáneamente. Como en muchas otras cosas de la vida, decide hacer algo que no quiere. Signifique para ella una experiencia traumática o solamente desagradable, su situación tiene un sesgo trágico. Una encrucijada donde se juegan la muerte y la vida, todos llevan parte de razón y todos pierden algo.

      Un embarazo no buscado obliga a la mujer a tomar una decisión en el aquí y ahora. Porque no siempre un embarazo no planeado es un embarazo no deseado o indeseable. Aunque el azar o la falta de prevención o, según algunas ópticas, el inconsciente, hayan generado una preñez que terminará con un aborto, ese embarazo imprevisto significa para muchísimas mujeres, incluidas aquellas que están a favor de legalizarlo, un trance que ninguna ideología y ninguna jurisprudencia puede (por fortuna) evitar. Una mujer aborta no porque no hay otro, sino para que no haya otro.     

      Todos sentimos que aborto no es homicidio. Todos podemos conseguir el teléfono de un abortero, pero ¿quién podría conseguir el de un asesino que mata por encargo? Aborto y homicidio tampoco son lo mismo para nuestros Códigos. El Código Penal establece penas de 1 a 4 años para el aborto y de 8 a 25 para el homicidio. Ningún Código Penal equipara aborto y homicidio porque ningún Código Civil equipara a la persona por nacer con la persona nacida. Por eso resulta asombroso que quienes luchan contra la legalización del aborto alegando que aborto = homicidio, no dirijan todo su esfuerzo a cambiar el Código Penal y a modificar la definición de “persona por nacer” del Código Civil. (El artículo 21 establece que si el concebido “no nace con vida, se considera que la persona nunca existió”. O sea que si no llega a nacer, o muere antes de ser separada del cuerpo que la engendró, esta “persona” sui generis no sólo pierde sus derechos, sino que, para las leyes, nunca habrá existido como persona. No se la inscribe ni se la puede inscribir en el Registro Civil, no se la puede enterrar. Para la ley no tiene nombre, nunca existió.) Parece mentira que el debate acerca de cuándo comienza la vida humana transcurra sin que se ponga en evidencia esta distancia entre los argumentos presentados y la letra de nuestras leyes.

Lo que se dirimió en el Senado no es cuándo comienza la vida humana, sino si una mujer embarazada puede o no decidir tener un hijo sin que esto la convierta en una criminal.

Se habla de un conflicto entre “dos individuos” –una mujer y un embrión- que tienen intereses enfrentados y contradictorios entre sí. Pero la mujer embarazada no es = una mujer + un óvulo fecundado. No es una suma ni un compuesto divisible. No somos individuos sueltos que cayeron en el cuerpo de una mujer para pasar nueve meses; el vientre no es “un lugar”. El embrión no es un inquilino, pero tampoco es una parte del cuerpo de la mujer como un riñón o una muela.

No hay aborto sin embarazo. Si fuera sólo por las características del embrión, el descarte de un embrión de probeta debería ser considerado un aborto. Pero no es un aborto ni mucho menos un homicidio. ¿Por qué? Porque recién es considerado “persona por nacer” cuando se implanta en el útero. Parece que lo que nos hace humanos no es nuestra carga genética sino nacer de un cuerpo de mujer, ser –haber sido- su cuerpo. Antes de ser individuos, somos hijos.

El embarazo es una experiencia intransferible que, por ahora, sólo tenemos las mujeres y otras personas con capacidad de gestar. La mujer embarazada corroe la figura básica de la sociedad moderna —el Individuo. El conflicto que aquí se trata no es entre los derechos de dos individuos sino si una mujer puede decidir abortar sin que esto la condene a la clandestinidad con sus secuelas y la convierta en una paria del sistema de salud.

En vez de enfrentar la cuestión de si una mujer que quedó embarazada puede decidir abortar sin convertirse en una criminal, se multiplican las montañas de textos que desplazan el eje del problema hacia un interrogante que, cuantas más respuestas recibe, más lejos está de encontrar una solución. Empezar por la pregunta de qué es una persona y cuándo comienza, es el mejor modo de no salir jamás de ese interrogante, que empezó hace miles de años y que, como toda buena pregunta, no encontrará jamás una única respuesta. 

¿Es el embrión una individualidad o parte de otro cuerpo? El embrión atrapado en esa alternativa no es un embrión cualquiera, es el protagonista del aborto. Fuera del debate del aborto, nada conmina a clasificarlo ni como parte del cuerpo gestante ni como individualidad viviente en él. Pero ¿puede algo formar parte de otra cosa y ser al mismo tiempo una individualidad? La contradicción lógica es flagrante; pero el problema no es para el huevo-cigoto ni para la mujer que decide cortar o seguir ese embarazo, sino para quienes pretenden reducir la Vida a las categorías de la Lógica.

En el debate del aborto los dos términos más prestigiosos de los derechos humanos —Vida y Libertad— se enfrentan a muerte. El conflicto es tan irresoluble como inesperado: ¿cómo comprender que el mismo fundamento sirva para avalar la prohibición y la legalización del aborto? El problema es profundo y no se trata ni de hipocresía ni de contradicción. Si la bandera de los derechos humanos pudo convertirse, especialmente desde los ochenta, en un comodín al que recurren tanto izquierdas como derechas, feministas como militantes Pro-Vida, es porque encarna los dilemas existenciales que el derecho por sí mismo no puede resolver.

 Y como somos las mujeres las que tenemos la capacidad –don o condena- de dar la vida, somos sólo las mujeres las que tenemos también la capacidad de no darla. Y eso es precisamente lo que significa ab-ortar: privar de nacer.

      Con la legalización del aborto no termina el problema del aborto: los conflictos que esta práctica pone en juego sacuden desde la institución familiar y las relaciones de género, hasta los derechos humanos, las religiones y el Estado, y en los últimos años se ha convertido en una “guerra cultural” de amplio espectro. Hay que tener presente que en algunos países donde el aborto ha sido legalizado, como en Estados Unidos, el Terrorismo Pro-Vida ha llegado hasta a asesinar profesionales que cumplían con su deber de realizar abortos dentro de la ley. También las leyes han sido objeto de ataques virulentos y retrocesos nada menores al punto que, siendo legal abortar, en la práctica se ha vuelto frecuentemente inviable.

Pero hay algo más. Aunque no hubiese críticas ni retrocesos político-jurídicos, la legalización del aborto no pone fin a los problemas que plantea: finaliza el calvario de los abortos clandestinos y sus secuelas (morigerado enormemente en la última década por los acompañamientos feministas para abortar con misoprostol), pero hay conflictos que la cuestión del aborto desata que ninguna ley puede erradicar. Ante la irrupción de un embarazo no buscado, las mujeres seguiremos atravesando el trance de decidir si traeremos o no una nueva vida al mundo. Aunque no haya ningún impedimento legal, religioso o moral, y aún si previamente se haya tomado la determinación de no tener (otros) hijos, esta decisión sobre la vida y la muerte nunca será un trámite.

No teníamos el derecho de abortar, pero teníamos el poder. Este poder, ahora legitimado por el derecho, no es universal. Y esta “injusticia” también es fuente de conflicto, ya que sólo las mujeres y algunas otras personas que han nacido con la capacidad de gestar pueden abortar. Al avanzar en el mundo la legalización del aborto esta desigualdad se puso de manifiesto con el grito del “derecho a la paternidad” (cuando la mujer abortaba clandestinamente, con frecuencia a instancias o a espaldas del propietario del esperma, hete aquí que no aparecía como reclamo). Pero mientras los varones no queden embarazados, este poder de gestar, de parir y de abortar, que fue históricamente don y condena para las mujeres, les será siempre ajeno.