“No nos van a venir a decir a nosotros qué hacer con los derechos humanos”, declaró el jefe de Gabinete Cafiero a propósito de las privaciones de libertad y otras violaciones de derechos humanos ocurridas en Formosa. “Somos los hijos de las Madres y de las Abuelas”, agregó parafraseando a Néstor Kirchner. El secretario Pietragalla Corti, por su parte, minimizó los hechos y negó la existencia de violaciones de derechos humanos. Dos concejalas opositoras merecieron detenciones por denunciarlas. En ese negacionismo se cifra una de las derrotas más grandes de la democracia argentina: la transformación de la agenda de derechos humanos en una identidad partidista. No es sólo una pérdida para quienes no pertenecen al partido de gobierno, es una pérdida para las y los habitantes de este país.

La evidencia de violaciones de derechos humanos contra formoseñas y formoseños, con detenciones nocturnas en comunidades originarias, allanamientos, confinamientos por tiempo indefinido en centros carentes de higiene y privacidad, la separación de bebés y niños de sus madres son lo suficientemente graves para despertar repudio y denuncia desde la esfera pública. Una denuncia, en primer lugar, del movimiento de derechos humanos, que también atraviese los antagonismos políticos en los que se posicionan los partidos, los referentes de la academia, la ciencia, el periodismo y la cultura. Lo más grave de muchas de estas violaciones es que no son nuevas: ocurrían antes de la pandemia, en los lugares más vulnerables y alejados de la capital provincial. Pero también ocurrían en la capital: persecuciones a periodistas terminaron en denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Una violación de derechos humanos debería despertar un circuito institucional (especialmente, judicial), político (de consensos partidarios) y cultural (de representación simbólica del repudio) que haga real el “nunca más” que nuestro país legitimó como modo de vida común. Sin embargo, ya desde el fundacional discurso de Kirchner en la ESMA en 2004 la reivindicación de los derechos humanos se volvió un instrumento de una construcción de identidad partidaria. En ese discurso, el entonces presidente pide disculpas por el silencio del Estado ante los deberes de memoria, verdad y justicia, haciendo caso omiso de la CONADEP, del Nunca Más, del juicio a las juntas militares y los que le siguieron, cuyas condenas y procesos fueron bloqueados por los indultos de Menem.

El dispositivo de señalamiento y repudio a la violación de derechos humanos funciona distinto si se trata de una gestión opositora. La mera sospecha o posibilidad de violación de derechos humanos ocurrida bajo el mandato de un dirigente de la oposición -o de un presidente no peronista- despierta una reacción mucho más rápida y clara, a veces, incluso, apresurada. Y no está mal que así sea. Al contrario, conlleva una mayor vigilancia y prevención. Es bueno saber que estos reflejos existen. El problema de la doble vara no es que sea muy exigente hacia un sector, es que se aplica a una minoría de distritos y a mandatos presidenciales que ocurren con menos frecuencia. El resultado es la desprotección de los derechos humanos en la mayor parte de los distritos y de los mandatos presidenciales, que coinciden con los del actual oficialismo nacional. No es un problema de ecuanimidad, es un problema de protección de los derechos.

La cuarentena no disparó solamente un incremento de violaciones de derechos humanos en Formosa. La violencia institucional en la aplicación del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) con el apoyo del código penal (según declaraciones textuales del Presidente de la Nación) terminó en al menos 23 muertes a manos de policías, entre ellos, la de Magalí Morales en una comisaría puntana, y sin incluir la muerte aún no esclarecida de Facundo Astudillo Castro. La ministra Sabina Frederic y el secretario Horacio Pietragalla Corti eludieron rendir cuentas ante la exigencia de los diputados opositores de las comisiones de Seguridad y de Derechos Humanos cuando se presentaron ante su plenario en agosto pasado.

La construcción de una identidad política en las que unos son “hijos de las madres y de las abuelas” y otros son “basura, la dictadura” destruye un sentido de comunidad que dan los derechos humanos. Si al menos esta división correspondiera a méritos y deméritos efectivos de un lado y de otro para que el sayo les quepa, quizá sería más difícil de discutir. Pero la ventaja que tenemos es que, con honestidad intelectual, podemos rápidamente desarmar este uso armamentista de los derechos humanos, y recordar que la “aniquilación de la subversión”, el apoyo a la autoamnistía militar, la falta de apoyo a la CONADEP, los indultos y casos graves de violencia institucional, inclusive desapariciones, fueron señales emitidas del mismo lado que hoy se reivindica como propietario. ¿Será posible que el movimiento de derechos humanos recupere la memoria y sea igualmente crítico de cualquier gestión? No parece en el corto plazo. Pero si comenzamos un diálogo abierto, en el que se puedan reconocer las debilidades y los méritos de las distintas identidades políticas, y nos dejamos atravesar igualmente por los valores de los derechos humanos, quizá recuperemos una casa común para cada habitante de este país.

HCH

Voy a reconstruir en mis propios términos el argumento que Hernán Iglesias Illa expuso en una columna publicada hace dos domingos en este diario. Hubo importantes sectores del centroizquierda (al que hizo equivaler con el término “socialdemocracia”) que históricamente fueron pilares de las demandas de Estado de Derecho e institucionalidad. Esos sectores, se encuentran dispersos. Los hay dentro de Juntos por el Cambio, los hay cercanos o dentro de la coalición gubernamental, los hay independientes de ambos. Es necesario que los segundos (y los terceros) alcen otra vez la voz en defensa de esos valores, porque el oficialismo no tiene el menor reparo en pasarlos por encima. 

Mariano Schuster le contestó acá con un desafío político conceptual. El argumento, de nuevo, en mis términos, decía así: la derecha busca aliados en su antagonismo con los así llamados populismos, por ejemplo, al demandar a una socialdemocracia imaginaria que cumpla un rol funcional a sus intereses. Por lo tanto, decidió no contestar a la demanda principal que hacía Iglesias Illa por considerarla una trampa. Quizá quedó implícita en ese argumento una impugnación por la oportunidad: no haberlos convocado para construir institucionalidad en su momento y sí ahora para que impugnen al oficialismo.

El kirchnerismo perdió las elecciones en 2015, seguramente, entre otras muchas razones, por el aglutinamiento social que habían producido diversos hechos contrarios a la institucionalidad y al Estado de Derecho que marcaron las presidencias de Néstor y de Cristina Kirchner. La intervención del Indec y la falsificación de estadísticas, la cartelización desde el Estado de la obra pública, los desvíos de fondos, el lavado de dinero, el fraude con subsidios a servicios públicos y la falta de controles que facilitaron la masacre de Once, el disparatado enriquecimiento de funcionarios públicos de diverso rango, y de proveedores del Estado, la manipulación de designaciones de jueces y subrogancias, la alianza con Venezuela, una potencia de la violación de derechos humanos, la frivolidad en el tratamiento de la muerte de Nisman, en fin, una lista que podría seguir de hechos que fueron repudiados por sectores amplios de la sociedad. Sectores tan amplios que sin duda excedían a los que votaron por Macri en ambas vueltas. Buena parte de los sectores progresistas que, a lo largo del tiempo, tuvieron candidatos presidenciales que formaron y rompieron diversas alianzas. A los voceros del progresismo de aquel momento les sobraban energía y argumentos para impugnar este modo de gobernar.Faltan esas voces ahora. 

Cuando vemos pasar ante nuestros ojos, por ejemplo, exóticas teorías sobre el “lawfare” para buscar impunidad sobre acusaciones graves de corrupción (y consecuentes movidas institucionales), o la vergonzosa desatención a la violencia institucional ejercida durante la cuarentena por policías provinciales sin el menor control ni llamado de atención de las autoridades nacionales de seguridad o de derechos humanos, o el manejo carente de toda transparencia de información clave sobre la vacunación, o la prepotencia en todo lo relacionado con el federalismo fiscal, se echa de menos una fuerza de centroizquierda que interpele al oficialismo en este registro. 

En la propuesta electoral del FdT, las ideas de amplitud y diversidad interpelaron exitosamente a buena parte de ese progresismo. Eso le da un poder a esta “sensibilidad de centroizquierda” (como se decía en otra época) de establecer límites a los abusos del oficialismo, de dejar en evidencia su tendencia a repetir este tipo de conductas. El presidente Fernández llegó a definirse en alguna entrevista del 2019 como un “liberal de izquierda”. Las voces de quienes tienen afinidad con ese tipo de definiciones en el Congreso, en los partidos políticos, en la academia y en la cultura tienen una oportunidad de no dejarlo pasar y de lograr una eficacia en la interpelación que la oposición de Juntos por el Cambio no tiene a su alcance, ya que, no importa lo que se diga desde allí, será interpretado en términos de antagonismo. Se trata, en cambio, de una efectividad anclada en la disputa del espacio del centroizquierda.

La exitosa interpelación del FdT a estos sectores para apoyar a un gobierno con alto protagonismo de Cristina Kirchner, con todas las responsabilidades que le caben en el deterioro institucional del país, tiene una sola explicación: la evaluación en común acerca de la presidencia de Mauricio Macri. No es este el lugar de juzgar esa evaluación. Lo importante aquí es llamar a que estos sectores no queden rehenes de esa coincidencia. Contra Macri estaban mejor. No dudaron un segundo en asentir la frase “Mauricio Macri tiene su primer desaparecido”. Cuesta ahora demandar con la misma fuerza a los gobernadores oficialistas, a los funcionarios nacionales de seguridad y de derechos humanos, incluso al presidente, por habilitar a la violencia institucional que terminó en más de veinte muertos en contexto de aplicación de las normas de la cuarentena, y en la enceguecedora falta de esclarecimiento de la muerte de Facundo Astudillo Castro.

Es llamativo como tanto desde el progresismo en sus distintas versiones -incluida la oficialista- la referencia a “la derecha” es un recurso que sirve para ordenar el análisis y la acción, una estrella polar que guía a dónde no hay que estar, de lo que hay que diferenciarse. Es sólo comparable al modo en que agitan el fantasma de “la izquierda” los sectores más autoritarios de “la derecha”. Son modos de clasificar que borran los matices y que, sobre todo, entierran agendas urgentes de institucionalidad y de derechos humanos.

Más recientemente, Gabriel Puricelli, de modo indirecto y quizás sin la intención de hacerlo, también participó de esta conversación con una columna en elDiarioAR. En su texto llamó con claridad a la izquierda a “disociarse” de Venezuela, a marcar las diferencias, a denunciar las violaciones de derechos humanos. De esto posiblemente se trate la idea de “levantar la voz” con la que provocó el debate Iglesias Illa. En el futuro eso quizá también incluya impugnar la anodina y finalmente cómplice política exterior argentina. En ese camino, quizá la izquierda democrática, centroizquierda, socialdemocracia, pueda volver a ser una voz relevante en esta agenda. Para eso tendrá que perder el miedo o la vergüenza de participar de una conversación en la que son indudablemente activos sectores a los que identifican con “la derecha”. Seguramente tendrán mucho para criticarle a estos sectores también en relación a esta temática, en particular, a su gestión nacional reciente. La enorme diferencia es que encontrarán interlocutores a los que les importa discutir y mejorar. Y disputar esa agenda con eficacia.  

HCH