Después de un día abrazados por la euforia comenzamos a caer en la idea: teníamos que contar a Maradona, el tipo del que queda poco por decir. Todo lo que nos parecía sensacional ahora veíamos más vidrioso. De repente sentimos que las chances de pifiar eran enormes. Revisé mis posibilidades de echarme para atrás, pero no encontré una coartada digna. Nos dijeron que querían que contemos los últimos días de Diego y a esa idea nos encomendamos. Era un marco, el recorte que necesitábamos para no naufragar en el enorme océano maradoneano. 

La serie que hicimos tiene una característica que las otras no tienen: solo se la puede escuchar. Son capítulos en los que se habla de Diego pero no se lo ve. Es una historia en la que nos imaginamos lo que pasó porque alguien que estuvo lo dice. Y entrevistar a personas que cuentan lo que les sucedió con Diego fue gran parte del experimento. A la gran mayoría le costó describir al Diego lastimado de los últimos tiempos. Envolvían el relato para endulzar el encuentro. En el fondo sentían que lo estaban traicionando y no se permitían retratar la caída del ídolo. Por ejemplo, sobre esos momentos en los que Diego hablaba con dificultad, alguno nos llegó a decir una frase iluminadora: “En pocas palabras te decía todo”. La mejor manera de zanjar el problema fue dar paso a la coralidad y que cada uno elija a quién creerle.

Entender lo que pasó con Diego en el año y medio previo a su muerte comenzó con pretensión rigurosa y en poco tiempo se transformó en una tarea obsesiva. Solo la información nos sacaba el miedo. Más miedo, más información para auyentarlo. Así revisamos archivos, hablamos con conocidos, clasificamos 10.000 páginas de expediente, 4.500 audios de teléfonos y otras tantas cosas que hoy me resultan exageradas. En un momento tuvimos una crisis de abundancia que complicó la definición del relato. Miles de detalles insignificantes que no queríamos dejar afuera nos fueron comiendo. Por suerte Mariano Pagella, mi coequiper en esa parte del proceso, tuvo una capacidad de abstracción que yo no tengo y supo desmalezar todos nuestros hallazgos. 

Se la puede escuchar completa acá:

Meterse en la intimidad de Diego tiene algo de no retorno. Hay cierta revelación que no te permite volver a la mirada anterior. Toda construcción previa se desarma cuando te acercás. El mundo Maradona aparece con sus fisuras y contradicciones, de una manera más real de lo que a veces se puede digerir. No solo hay buenos y malos sino una enorme gama de grises. Diego colaboró con mucho de lo que le pasó y eso no está ni bien ni mal pero es así. Casi desde que debutó en Primera, él decidió sobre sus cosas. Y, por supuesto, también lo hizo en el final de sus días.

AM

Después del receso de invierno, de las PASO y las elecciones legislativas, el proyecto de cannabis industrial es tratado en comisiones de Diputados desde esta semana. Arranca este martes en Agricultura y Ganadería y el miércoles en Presupuesto y Hacienda. A pesar de que hay discusiones previas y consenso con la oposición, el Gobierno quiere que se vote antes del 10 de diciembre cuando cambie la composición de la Cámara Baja y tenga números más ajustados para imponer sus proyectos. El proyecto, que ya consiguió mayoría en el  Senado, alcanza a la producción de todos los derivados de la planta, con foco principal en el uso medicinal -que ya tiene varios emprendimientos en marcha en las provincias- y también sobre el desarrollo del cáñamo. Este nuevo mercado, según datos oficiales, podría generar unos 10 mil puestos de trabajo en el corto plazo.  

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, presentará este martes desde las 19, en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, detalles del Proyecto de Ley “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial”.

De ser sancionada, la nueva establecerá un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico del cannabis, pero a una escala menor. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar sus subproductos, que por el momento están prohibidos por una ley de la última dictadura. 

El control de toda esta actividad la hará una agencia interministerial, la ARICCAME, y que regulará, fiscalizará, otorgará las autorizaciones para producción, para comercialización internas y para exportación. Estará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, pero en el directorio también estarán los Ministerios de Seguridad, de Agricultura, de Ciencia y Técnica y de Salud. 

“Celebramos que pasado el receso invernal y terminado el proceso electoral se reactive con celeridad el tratamiento parlamentario del marco regulatorio productivo de nuestra actividad. Es realmente imperioso que se sancione la ley, para darle orden y claridad a un proceso que ya se viene poniendo en marcha en el marco de la 27.350. Observamos que van despertando una cantidad de iniciativas en todo el país, pero en un marco de gran incertidumbre y muchos interrogantes. Será importante en adelante, concentrarnos en la definición de los detalles y aspectos puntuales que seguramente surgirán de la reglamentación que le de el Poder Ejecutivo Nacional, y una cantidad de resoluciones y disposiciones posteriores que necesariamente completarán el andamiaje jurídico del cannabis en Argentina”, explica a elDiarioAr el presidente de la Cámara Argentina del Cannabis ArgenCann, Pablo Fazio.

“Luego de la espera, el proyecto se va a tratar en las dos comisiones para ser dictaminado y luego tratado en la Cámara antes de fin de año. También sabemos que en el Ministerio de Producción están trabajando en la puesta a punto de la agencia así que auguramos un buen 2022 para la industria cannábica. Por lo que sabemos en las comisiones hay entusiasmo y saldría con dictamen favorable”, refuerzaa Nico Milione, titular de Acción Cannábica.  

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, impulsor del proyecto, explicó durante su tratamiento en el Senado que el mercado del cannabis industrial generará derecho a la salud, empleo para cerca de 10.000 personas en el lapso de cuatro años, exportaciones e investigación y desarrollo en todo el país. “Los cálculos conservadores indican que de aquí a 2025 se crearán diez mil nuevos empleos. En un escenario cercano plantea 500 millones de dólares por ventas al mercado interno y 50 millones por exportaciones”.  

“Estamos muy contentos. Este es un proyecto que estamos trabajando desde hace más de un año, que tuvo mucho debate, con científicos, académicos y con empresarios que están esperando que se sancione esta ley para invertir. Primero llegó al Senado, que salió con amplia mayoría de los votos, y esperamos que pase lo mismo en Diputados. Así Argentina incorpora una nueva industria, una industria sustentable. Una industria que genera huella de carbono negativo que va a generar divisas y empleos. Estamos esperando con mucho entusiasmo el debate y deseando que sea ley”, señaló la diputada Mara Brawer, quien presentó el primer proyecto que luego se sumó al impulsado por el Gobierno. 

En este momento hay 22 iniciativas provinciales y 80 municipales, que implicaron leyes y ordenanzas, vincularon a empresas públicas provinciales, laboratorios públicos, convenios con privados y proyectos de investigación. Para esta última tarea se desarrolló un entramado y tecnológico productivo, que integran la Red de Cannabis y sus usos medicinales (RACME) del CONICET, las Universidades Nacionales, el INTA, el INTI, los diferentes Ministerios y organizaciones de la sociedad civil.

Entre los proyectos que ya existen se destaca Cannava, la pionera empresa estatal jujeña. Después están Biofábrica, que es un emprendimiento similar en Misiones, el de INTA Castelar, INTA Patagonia Norte y dos en La Rioja y San Juan. Hay emprendimientos mixtos (públicos y privados) como el de la Municipalidad de San Pedro y también privados como Pampa Hemp. A partir de la regulación, es muy probable que el sector privado intervenga de manera más fuerte. 

AM

Con muchas menos sorpresas que cuando se entregaron los primeros resultados de las PASO, el Gobierno metabolizó la derrota y festejó la diferencia menor como si fuera un triunfo. A pesar de que ahora está obligado a negociar en el Senado intentó que no se notara el golpe y buscó imponer un discurso que sostiene que lo mejor está por venir. Las derrotas en los principales distritos -como Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza o CABA- fueron matizadas por el achicamiento en el distrito bonaerense. Con este escenario adverso, Alberto Fernández se vio obligado a marcar la dirección que tomará el segundo tramo de su gestión, con fuertes desafíos económicos y con la convocatoria a la oposición y a los empresarios para generar un acuerdo amplio que otorgue previsibilidad.

Con la derrota consumada, Alberto Fernández decidió hablar desde Olivos, en un mensaje grabado. Dijo que los argentinos necesitaban un horizonte con ejes centrales en la recuperación económica, el fortalecimiento de los ingresos, la reducción de la inflación y la creación del empleo. Puso el acuerdo con el FMI en la centralidad de la escena y pidió a la oposición que acompañe. “Si queremos resolver estos desafíos a los que nos enfrentamos, necesitamos que las grandes mayorías generen consensos. Voy a dirigirme a los representantes de la voluntad popular y a las fuerzas políticas, para acordar una agenda tan compartida como sea posible. Una oposición responsable y abierta al diálogo, es una oposición patriótica. Nuestro pueblo necesita ese patriotismo”, dijo el Presidente, quien anunció que presentará un proyecto de ley para consensuar un programa económico.

A diferencia de lo que sucedió en las PASO, en el búnker de Chacarita no estuvo Cristina. Avisó temprano por sus redes que por su reciente operación y por haber ido al cierre de campaña, no acompañaría esta vez. El resto de las figuras del FdT aparecieron en el escenario a pesar de la derrota y tratando de mostrar una imagen más cohesionada que la de aquel domingo de septiembre, cuando todos aprovecharon para irse temprano. Algunos temieron las últimas semanas una derrota mayor y, como no sucedió, el resultado terminó siendo aliviador. Por el micrófono pasaron Leandro Santoro, Victoria Tolosa Paz, Sergio Massa, el propio Alberto y Axel Kicillof. El gobernador, por momentos, apareció eufórico, como si hubiera ganado en su territorio.

En ese intento de generar épica, cada uno de los triunfos fueron magnificados. La recuperación del Senado bonaerense, con el voto decisivo de Verónica Magario, fue anunciado y festejado. El triunfo de Gerardo Zamora en Santiago del Estero, también. Todos repetían que se venía la segunda parte del mandato y había que instalar el entusiasmo para transitarla. En ese mismo tono, cuando le tocó a hablar a Alberto en el búnker, convocó el miércoles a un acto en Plaza de Mayo, en el Día de las Militancias, “para celebrar el triunfo”, sin darse cuenta el lapsus que estaba cometiendo.  

Además de apuntalar la campaña en la provincia que gobierna Axel Kicillof, el oficialismo intentó revertir el resultado de las PASO en Chubut, La Pampa y Santa Fe, con las esperanzas de seguir teniendo el control de la Cámara Alta. Pero en ninguno de esos distritos se acortó el resultado de las PASO, al contrario. Pasa de tener 41 a 35 bancas, dos menos de las que son necesarias para el quórum, algo que al peronismo no le sucia desde el regreso de la democracia. En Diputados la derrota fue fuerte pero no hizo peligrar la primera minoría ni la presidencia de la Cámara, como el sector duro de la oposición amenazó con cuestionarle. 

Los números en el Congreso serán decisivos para el Gobierno porque tiene en sus planes enviar varios proyectos importantes, en su estrategia de generar incentivos para el crecimiento y para la recuperación del empleo. Entre ellas aparecen la Ley de Hidrocarburos, para inversiones en en gas y petróleo; la Ley de Presupuesto, para despejar las incertidumbres sobre responsabilidades y obligaciones de la Argentina con sus acreedores; la ley Agroindustrial; el nuevo régimen jurídico para el sector automotriz; el nuevo régimen impositivo para la construcción y la de promoción del turismo y la gastronomía.

Al mirar el mapa electoral del país, se puede ver el crecimiento opositor, que no solo ganó en las provincias más grandes sino también en la Patagonia -en bastiones oficialistas como Santa Cruz- y en todo el litoral. De esta manera desplazó al oficialismo a la zona norte del país y a Tierra del Fuego. Fue una derrota por más de 8 puntos a nivel nacional pero con un impacto que resulta mayor en el desglose provincial. El oficialismo ganó en 9 provincias y todo el arco opositor en 15. 

En su búnker de Costa Salguero, Juntos tenía muchos motivos para el festejo. Confirmaba los números de las PASO y ampliaba sus perspectivas para 2023. Habrá que ver quiénes son los más ganadores en el espacio triunfador. Larreta aparece a la cabeza. Armador de los triunfos en Provincia, parte primero en las expectativas presidenciales. Bullrich, que se cargó la organización del PRO en el interior, también se siente dueña de parte del caudal electoral. Se resolverán más adelante las expectativas de cada uno pero ayer aparecieron todos juntos. “Estamos todos muy emocionados de ver cómo los argentinos nos hicimos escuchar en una elección tan decisiva como esta. De ver el compromiso que tenemos tantos con nuestro país. Lo primero que quiero decir es un ‘gracias’ enorme. Millones de argentinos de todo el país hoy dijeron basta”, dijo María Eugenia Vidal, una de las caras del triunfo. 

Respecto de la elección en la que ganó la fórmula de Alberto y Cristina, la participación volvió a ser baja y el que más lo sufrió claramente fue el oficialismo. La ida a las urnas fue cercana al 71%, lo que mostró un aumento del 5% respecto a las PASO. A pesar de la mejora de la situación epidemiológica y la flexibilización de los protocolos sanitarios, el porcentaje total de participación terminó siendo menor que el de las legislativas de 2017, que tuvieron un 77.6%, y en 2019, con el 81%.

AM

Las bandas de crimen organizado tienen en alerta a los policías y funcionarios judiciales, que en toda la región llevan adelante las investigaciones. Organizaciones narcos, maras, tratantes de personas, traficantes de armas, cometen delitos de amplio espectro, con la violencia como característica constitutiva. Esos grupos ejecutan acciones brutales que tienen a las mujeres como blanco reiterado y que terminan con muertes, desapariciones y ataques sexuales, entre muchos otros. Alertados por la repetición de casos, en un documento con lineamientos muy precisos, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) le entregó a los fiscales de los países que la integran -entre ellas la Argentina- pautas de cómo abordar esos trabajos cuando instruyen causas y advierten delitos de género.  

“Los grupos de crimen organizado a menudo reproducen estructuras sociales y culturas patriarcales y misóginas, y exacerban la masculinidad violenta y militarizada”, sostiene el informe. La violencia ejercida en esos contextos contra mujeres (cis, lesbianas, bisexuales, trans e intersex) suele ser expresiva de un tipo de violencia de género. Según el documento, en las acciones de los grupos se relevan casos en los que se puede ver la saña particular, con tratos degradantes, con violencia sexual o por la propia motivación del crimen en los que se advierten “nociones de propiedad” sobre esas víctimas. 

Dentro de los grupos de mayor vulnerabilidad, la AIAMP pone en el centro a las mujeres pobres que pertenecen a las más diversas minorías. Entre ellas mencionan a indígenas y afrodescendientes, migrantes, refugiadas, travestis, transexuales, lesbianas, trabajadoras informales, víctimas de trata, de explotación sexual, en situación de calle. Todas ellas, por su mayor fragilidad, enfrentan riesgos particulares que, según la asociación, solo pueden ser atendidos desde una perspectiva de género. 

“La aprobación del documento es importantísimo porque les entrega pautas a todas las fiscalías de la región, para que cuando se investigue al crimen organizado se lo haga con mirada de género. Que todos los estándares de investigación de crimen organizado se combinen con los de crímenes contra las mujeres. Esto permite rediseños institucionales y que los ministerios públicos adecuen su estructura para poder llevarlos adelante”, explica la fiscal federal y titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta. “Es imprescindible también que quien investigue entienda el contexto en el cual se cometen los delitos. En esas organizaciones, las mujeres son obligadas a hacer las tareas de mayor exposición, como son las mulas en los casos de tráfico de droga. Hay que analizar la fragilidad por la que llegan a cometer esos delitos. No se los puede abordar de manera escindida, sin observar la motivación, el contexto, los antecedentes, el perfil de la víctima o del victimario”. 

Aunque en otros países de Sudamérica y Centroamérica la actividad de grupos del crimen organizado es mucho más expandida, los femicidios vinculados a la violencia narco crecieron en la Argentina en los últimos años. Por ejemplo, en 2018, en un momento de mucha violencia narco en Rosario, un estudio realizado por el equipo de género en el Concejo deliberante, determinó que 7 de cada diez femicidios en la ciudad en los primeros seis meses de ese año fueron en contextos de criminalidad o ajustes de cuentas narcos. Otra referencia que sirve para evaluar es que en las cárceles federales, más del 60% de las mujeres -la mayoría de  ellas, extranjeras- están presas por infracción a la ley de drogas, lo que presume el vínculo con una organización criminal. Las estadísticas que cruzan violencia de género y delitos complejos no se realizan de manera sistemática en el país, algo que complejiza aún más el problema. 

“No toda violencia ejercida en contra de las mujeres por los grupos de crimen organizado está motivada por el género. No obstante, cuando lo es, suele ser invisibilizada, ignorada o normalizada. En muchas instancias, las muertes violentas de las mujeres en el contexto de crimen organizado son interpretadas como simples ‘bajas’ o daños colaterales dentro de las dinámicas delincuenciales de esos grupos o tratadas de manera anecdótica”, señala el documento.

La instrucción a los fiscales de la región es que “establezcan la influencia de la organización criminal, su interacción con el territorio y, cuando se detectan delitos ejercidos contra mujeres, la investigación y el litigio de esos casos deben contar con la intervención de la unidad o dependencia especializadas”. Para eso se debe analizar el impacto sobre las mujeres dentro de esos grupos, de acuerdo a las estructuras de poder, los dispositivos de dominación y funciones en la organización. En esos casos, cuando se produzca una muerte violenta o la desaparición de una mujer, la competencia para investigar o litigar debe ser la Justicia Federal. 

En caso de desapariciones, las pautas son claras: determinar de forma inmediata el paradero de la víctima y de los responsables; recoger elementos de prueba para determinar razones de género que motivaron la comisión del delito y  siempre eliminar los prejuicios basados en género, como responsabilizarla por lo sucedido o atribuir lo ocurrido a aspectos vinculados con su vida privada.

En estos procesos también, según señalan, es imprescindible fortalecer la confianza de las víctimas en las instituciones judiciales. “Ese principio implica tomar todas las medidas posibles para, entre otras cosas: garantizar el derecho a la participación efectiva en el proceso penal de las víctimas. Ese derecho abarca la posibilidad de la víctima de conocer el estado del proceso, sugerir pruebas, opinar sobre la orientación de la investigación y, en general, permitirle apropiarse del curso de la investigación, de manera que el proceso penal sirva también como mecanismo de reparación”, analiza el documento de la AIAMP, que sugieren normas y estándares definidos por el derecho internacional de los derechos humanos como la Convención de Belém do Pará, que se aplica a la prevención, investigación, sanción y reparación de los hechos de violencia contra las mujeres. 

AM

Lo encontraron en medio del Paraná a dos kilómetros al sur de la costanera de Corrientes, donde lo vieron flotando por última vez. No fue la Prefectura que halló el cuerpo sino su tío, que estaba junto a familiares y amigos pescadores. A Lautaro Rosé, un joven de 18 años, lo buscaban desde la madrugada del lunes, cuando tres policías lo corrieron casi mil metros. El joven terminó en el río pidiendo ayuda porque no sabía nadar. Por ese caso fueron sumariados los policías y ahora se abrió una investigación. La familia del joven acusa a los agentes por “abandono de persona seguida de muerte” y mañana marchará hasta la fiscalía para pedir que se haga Justicia.

“Todavía no sabemos por qué razón los policías se ensañaron con ellos. Los persiguieron casi un kilómetro hasta una zona donde casi no había luz y en la oscuridad no sabemos si lo tiraron o qué sucedió con Lautaro, pero él no sabía nadar, así que estamos tratando de establecerlo”, explica a elDiarioAR, el abogado de la familia, Hermindo González. 

Cerca de las 3 de la mañana del lunes, en un operativo para desocupar la zona en la costanera correntina, la Policía provincial dispersó a grupos de jóvenes que estaban ahí. Ese lugar es una explanada que está al lado del puente General Belgrano, que une a Chaco y Corrientes. Los testigos contaron que a los pocos minutos, un grupo de agentes, entre los que estaban los que fueron sumariados, apuraron a los chicos de manera violenta. Y se ensañaron con Lautaro y un amigo y los empezaron a correr. 

“No había ninguna razón para echar a nadie. Es un espacio público. Lo que sucede es que en ese lugar gratuito van los chicos de clase baja. Muy cerca de allí hay boliches, restoranes y bares a los cuales la policía no va a echar a nadie. No estamos en pandemia ni hay ninguna reglamentación que prohíba a alguien estar en ese lugar”, explica González.

Después de que los corrieron por casi 10 cuadras, Lautaro y su amigo fueron acorralados. El terminó en el río y su amigo en la superficie. Según el relato del otro joven, Lautaro desde el agua pidió socorro pero los policías lo dejaron ahí. Al otro chico lo esposaron y lo llevaron hasta la seccional 2°, donde decidieron su liberación. “El chico salió corriendo para la casa de los padres de Lautaro, ya que los conoce porque son vecinos. El fue quien alertó y ahí abrieron una actuación de búsqueda. Pero la realidad es que en estos días ninguna fuerza lo buscaba”, agregó el abogado, quien señaló que la declaración del amigo será fundamental para saber cómo Lautaro cayó al agua.

El tío del joven explicó que la noche del domingo su sobrino había ido a una fiesta por el Día del Empleado Municipal en la zona de la costanera. “Allí en un momento determinado se genera un disturbio donde se encontraba el grupo Grim (grupo de policía motorizada). Según lo que nos comentaron a nosotros y dijo el amigo que estaba con él, en un momento determinado la Policía comenzó a tirar balas de gomas y algunas personas nos dijeron que habrían sido también balas de verdad”, explicó.

“Necesitamos tener una garantía de transparencia en la investigación. Pediremos la participación de las fuerzas federales, ya que hay tres miembros de la Policía provincial que fueron separados de la función por el hecho”, concluyó el abogado González. Durante la semana hubo movilizaciones organizadas por familiares, amigos y vecinos del barrio Trujillo, donde vivía Lautaro para presionar por la aparición del joven. Mañana marcharán de nuevo para pedir que avance la investigación y que se impute a los tres policías.

AM

Comenzaron a operar hace 35 años y proveyeron a grandes organizaciones narcos locales. El grupo inicial estuvo conformado por peruanos y bolivianos pero siempre dirigido por los tres hermanos salteños que le daban apellido al clan Loza. Luego desembarcaron en Buenos Aires, en la zona del Mercado Central, y desde allí mandaron grandes cargamentos a Europa. Luego de una enorme investigación judicial, los integrantes principales de la organización están escuchando el final los alegatos de los fiscales en los tribunales de Comodoro Py, que los acusan de lavar dinero del tráfico de drogas que habrían usado para la compra de inmuebles, hoteles, empresas y autos de alta gama, 

Los hermanos Valdemar, José Gonzalo y Erwin Loza supieron jugar en las ligas mayores del negocio de la venta de cocaína. Entre otros, tuvieron vínculos con el narco boliviano Reynaldo Delfín Castedo, proveedor del embarque de los operativos “Carbón Blanco I y II”, de las mayores investigaciones sobre drogas realizadas en el país. De manera más silenciosa que las grandes bandas de narcomenudeo, este grupo creció notablemente en su manera de operar desde finales de la primera década de 2000, enviando cocaína en barcos y aviones directo a España. Algunos de sus envíos luego terminaban en Italia y Holanda. 

De los tres hermanos Loza, al único al cual están juzgando ahora es a el menor, Erwin. Valdemar, el mayor, está preso desde que en diciembre de 2017 fue detenido con 1.166 kilos de cocaína, que valían en ese momento más de 6 millones de dólares. José Gonzalo murió en diciembre de 2019 en un hospital de Málaga, luego de un largo  tratamiento contra el cáncer de esófago. Por eso, sus hijos Alan y Gonzalo fueron incorporados al negocio y de esa manera terminaron procesados. Entre los que son juzgados también está la mujer de José Gonzalo, Clara Fernández, junto a otros siete miembros de la organización. 

La investigación del caso por el que ahora todos ellos responden ante la Justicia comenzó en noviembre de 2017 con la detención en el aeropuerto de Ezeiza de dos personas del clan que venían en un vuelo de Madrid. En tres valijas tenían escondidos 365.800 euros. A partir de ahí se formó un equipo integrado por funcionarios judiciales y policías de España, Italia, Argentina y Perú. Se detuvieron 42 personas en distintas causas en esos primeros tres países. Por ejemplo, en España, están juzgando a los miembros que participaron del movimiento de 1.200 kilos de cocaína en Granada. Pero no fue el único caso. Entre el 4 y 5 de octubre de 2017 fueron secuestrados por la Policía española dos cargamentos de cocaína, uno de 530 kilos en Almuñecar, también Granada, y otros 612 kilos que habían sido enterrados en una casa en Zarautz, en el País Vasco. En Italia, en 2018, se encontró cocaína movida por los Loza. En el puerto de Savona, en una revisión de un contenedor de fruta de Perú, la banda había olvidado un kilo de cocaína en un hueco de refrigeración. En Perú, también se secuestraron 3.500 kilos de cocaína y se detuvieron a 18 personas. 

A diferencia de todos los procesados por estos hechos, a los juzgados en la Argentina se les imputa formar parte de la asociación ilícita y del lavado pero no por narcotráfico. La estructura a la que apuntan los fiscales de Comodoro Py, según sostienen en el pedido de elevación a juicio, compró decenas de inmuebles y autos para meter en el circuito legal 800 de millones de pesos de 2018, que venían de la venta de drogas. Para canalizar fondos y comprar y vender todos esos bienes no sólo utilizaron sus propios nombres (incorporando datos falsos en declaraciones juradas y realizando actos simulados) sino también el de sociedades vinculadas a ellos. Ahí aparecen los nombres de Inversora Salteña S.A, Uruguay Parking S.A, Aguamarina S.A, La Casona de la Linda S.R.L, Automóviles The Boss S.A, BM Materiales S.A., Ervin Nacho Operaciones Inmobiliarias S.A. Todas estas operatorias hechas por gran parte de los acusados habrían sido  dictadas por Erwin Loza y por José Gonzalo antes de morir. En el juicio, la acusación la llevan adelante los fiscales Gabriel Pérez Barberá y Silvana Iannicelli, junto al auxiliar fiscal de la PROCUNAR, Matías Álvarez.

En función de eso se pudieron detectar una innumerable cantidad de inmuebles comprados en CABA, en Villa Madero, Del Viso, San Isidro, estancias como “Las Marías”, en San Pedro, o en Salta. Aparecen casas en countries de Máximo Paz, casas en Mar del Plata. También cocheras, como una para 95 autos en la calle Uruguay al 100, en Ciudad de Buenos Aires. En el registro aparecen hoteles, como el “Gandía”, de 21 habitaciones, en la capital salteña. La lista es interminable. Algunos de estos bienes incautados fueron utilizados durante la pandemia para albergar a pacientes con coronavirus.   

Además de la compra de acciones de empresas e inmuebles, los Loza sumaron una numerosa flotilla de autos. Entre los más destacados hay 4x4, vehículos de alta gama y de colección. Entre todos ellos aparece la famosa Ferrari F355, que fue de Maradona y, después de cambiar de dueños, la compró el Clan Loza. 

A partir de la colaboración, bajo la figura del arrepentido, del financista lavador de bandas narcos, Xavier Guastini, se pudo determinar que por lo menos desde el año 2012 los Loza enviaban el dinero desde Italia -generalmente desde Roma y Milán- y España, hacía este país y que la persona que se encargaba de recibirlo aquí era Erwin Loza. La forma de enviarlo era a través de pasajeros que viajaban en forma aérea y camuflaban el dinero en sus equipajes. De esta manera ingresaba el dinero de forma ilegal y en algunas oportunidades con la connivencia de los funcionarios aduaneros. Según información del expediente, la organización habría ingresado al país por lo menos 15 millones de euros en efectivo desde 2012 hasta el 2015. Guastini también entregó precisiones de cómo la droga salía de los puertos argentinos. La escondían en los motores de los contenedores refrigerados o mezclada en mercadería, como bananas y paltas. Tiempo después de declarar, en octubre de 2019, Guastini fue asesinado de tres tiros por sicarios que lo atacaron en Quilmes. A pesar de la queja de los abogados de los Loza, su testimonio fue incorporado en el juicio como una de las pruebas más importantes. 

AM

Esta vez todos los gestos fueron distintos. Macri no intentó volver a transformar en un acto político su paso por Dolores. En un trámite exprés buscó achicar el impacto de su nueva visita y también minimizar la figura del juez Martín Bava, con quien viene sosteniendo una pulseada judicial y política que tendrá varios capítulos más durante las próximas dos semanas. Desde temprano, en el entorno del ex presidente adelantaban que, tras la fallida citación de la semana pasada, Macri no le daría a Bava el gusto de declarar y que solo presentaría un escrito negando las imputaciones. “Usted está muy apurado por resolver antes de las elecciones. No le hago perder más tiempo. No quiero hacerlo demorar más. No voy a responde preguntas”, palabras más palabras menos, así reconstruyeron quienes ahí fueron testigos de lo que Macri le dijo al juez. Bava le aceptó la presentación, intervino brevemente el abogado el ex presidente, y luego los dos se pararon. Cincuenta minutos después de entrar, Macri salía por la puerta del juzgado para subirse a su auto rumbo a Buenos Aires.   

Bava tiene ahora 10 días hábiles para resolver qué es lo que hace. Sería el 17 pero hay feria, con lo cual su plazo máximo para resolver si dicta el procesamiento sería el jueves 18. En medio están las elecciones. Macri sostiene que su nuevo estatus judicial, Bava lo va a resolver para que impacte en los comicios. Habrá que ver qué es lo que finalmente sucede. Lo que es indisimulable es que los dos decidieron ir a fondo en sus posiciones y no endulcoran sus declaraciones ni sus escritos. Juegan fuerte uno contra otro, en los medios y en sus presentaciones. 

“En el escrito manifestamos que estamos ante la presencia de un juez incompetente en todo sentido. Un juez que no tiene imparcialidad. Y que la semana pasada mostró sus vínculos con el Poder Ejecutivo y con los intereses oscuros que hay detrás de esta causa”, dijo Pablo Lanusse luego de salir del juzgado. “Hemos ofrecido pruebas para mostrar la fantasiosa y antojadizas construcción de los hechos que le quieren imputar a Mauricio de los cuales se acordó el 1º de octubre, luego de la catastrófica derrota del Gobierno del 12 de septiembre, cuando lo llamó a indagatoria”, agregó el abogado defensor.

La relación entre Bava y Macri viene aumentando su tensión casi desde el comienzo de la investigación. El ex presidente recusó dos veces al juez y su abogado, Pablo Lanusse, aprovecha cada aparición en los medios para acusarlo de parcialidad y de ser parte de la “Justicia militante”. En el primero de los pedidos, la Cámara Federal de Mar del Plata desestimó el pedido de Macri antes de que se presentara en la semana pasada. En cambio, esta segunda vez, que fue producto de esa indagatoria no realizada, la Cámara decidió patear su decisión hasta después de las elecciones. 

Por lo pronto, la Cámara fijó el viernes de la semana que viene como fecha para que Lanusse presente sus argumentos y autorizó, que a pedido del abogado, se incorpore la grabación del encuentro en Dolores del jueves pasado. Según Lanusse, allí se puede escuchar a Bava diciendo que es un error del juzgado no haberle pedido al presidente Alberto Fernández el relevamiento de los secretos de inteligencia para que Macri pudiera declarar. 

También el viernes pasado, la misma Cámara, con la firma de los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza, recomendó a Bava “que en lo sucesivo guarde la mesura y adecuada compostura al resolver causas judiciales, en particular cuando ellas detentan repercusión social”. 

Bava se mantuvo firme defendiendo su accionar en la primera audiencia en que Macri no fue indagado. Para él no era necesario el permiso del presidente para que Macri declarara pero sostuvo que suspendió todo  por pedido de Lanusse y por el fiscal Juan Pablo Curi. También dijo que la defensa de Macri conocía la respuesta de la interventora de la AFI Cristina Caamaño, quien fue consultada y contestó que no era necesario el relevamiento sobre secretos de Estado. “Los hechos que se investigan ante estos estrados no versan en lo absoluto sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior y/o para la defensa nacional y por ende no revisten el carácter de secreto”, opinó en el escrito que rechazó el pedido de recusación de Macri.

La investigación que lleva adelante Bava intenta determinar si el Gobierno anterior, por medio de la AFI, espió a los familiares de la víctimas del hundimiento del ARA San Juan. Esos episodios se habrían producido entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018. Los hechos que se imputan son escuchas, seguimientos y ciber patrullajes y registros fotográficos sobre el grupo de grupo de familiares que exigían que continuara la búsqueda del submarino. 

Por otro lado, Bava tiene pendiente la respuesta al pedido de Macri para viajar a Arabia Saudita, desde el 15 hasta el 25 de noviembre, ya que fue invitado por el príncipe Mohammed Bin Salman. Bava ya le había prohibido la salida del país y la medida fue apelada ante la Cámara. Los abogados de los familiares de la víctimas se oponen a que se le permita salir de Argentina. Por un lado Luis Tagliapietra, abogado y padre de una de las víctimas, planteó que a Macri se le debe dictar la prisión preventiva porque entiende que hay “riesgo de fuga”, mientras que Valeria Carreras,  también representante de varias familias, planteó la posibilidad de que pida “asilo en otro país”. En ese momento, Macri argumentó que su arraigo en la Argentina no está en duda. 

AM

El 15 de diciembre de 2020, una mujer de nacionalidad rusa entró a la Dirección Nacional de Migraciones en el centro de Mar del Plata. Con muchas dificultades para comunicarse explicó que quería iniciar el trámite para que le otorgaran la residencia. El funcionario que le tomaba los datos ingresó su nombre y el sistema informático alertó que la mujer poseía una orden de detención internacional emitida por Interpol Rusia. El motivo porque el que la buscaban decía: “Financiación del terrorismo”. El funcionario miró dos veces a la mujer que cubría su cabeza con un lienzo azul, volvió a chequear y le dijo que espere porque había problemas con el ingreso de datos. A los pocos minutos, un grupo especial de la Federal entraba por la puerta y detenía a Iuliia Raisovna Gilfanova, de entonces 33 años, que estaba sola con tres hijos, uno de ellos, un bebé de casi dos años, al que llevaba colgado en el pecho. 

La historia de Gilfanova en la Argentina comienza un año antes de su detención, cuando en 2019 llegó a Ezeiza desde Kazán, la capital de Tartaria, donde nació en enero de 1987. A los pocos meses de llegar tramitó su documento y el de los chicos y también un pedido de asilo ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), que aún no se expidió sobre su solicitud. En su argumentación esgrimió una persecución por motivos religiosos, ya que ella es de origen musulmán, y dijo que tuvo que dejar su país porque su vida corría peligro. También pidió ese estatus para sus tres hijos, una adolescente de 15, otro de ocho y un bebé de menos de dos años, nacido en Argentina. Los trámites prosperaron, Gilfanova consiguió la documentación, dejó el conurbano y viajó a la costa. 

Según el informe del Ministerio del Interior, el pedido de captura está sustentado en una investigación contra la mujer por movimientos financieros vinculados a grupos del ISIS, el grupo yihadista de origen sunita, la rama del Islam más difundida en Tartaria. Para responder a la requisitoria desde la Federación Rusa, y que la mujer pueda ser juzgada en su país, se llevó adelante un proceso por extradición en Mar del Plata. Allí se conocieron los detalles de la imputación.   

Se la acusa de dos hechos, el primero habría sido el 22 de octubre de 2014, cuando supuestamente Gilfanova habría transferido 59.700 rublos rusos a seguidores ultraislámicos rusos “con el fin de financiar actividades terroristas”. La cuenta de destino sería de un miembro del ISIS, que habría recaudado fondos entre mayo y diciembre de ese año por casi 5 millones de rublos (cerca de 170 mil dólares). Luego habría transferido 31.744 rublos a quien se señala como líder de un grupo que organizó, desde Egipto, la recaudación de fondos entre seguidores del ISIS en Rusia.

“Como Argentina tiene un tratado de extradición con Rusia, al cotejar el pedido de captura se hace la comunicación al Estado ruso para que haga el pedido formal de extradición, que finalmente se hizo en enero de 2021. Después se le preguntó a la mujer para saber si quería ir a defenderse a su país o se oponía a la extradición. Luego de que ella manifestara su decisión de quedarse aquí, se le corrió vista al Ministerio Público Fiscal y a la defensa sobre las pruebas que se iban a debatir. Se incorporaron las pruebas, se citó a las audiencias de juicio y se resolvió que la extradición era procedente, que estaban dadas las garantías para otorgarla”, explicó una fuente judicial que participó de la instrucción del caso. 

La fiscalía entendió que no se había acreditado “un riesgo concreto respecto de que la requerida fuera a ser perseguida en razón de sus convicciones religiosas”, como así “tampoco sometida a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes o que no se respetaran sus debidas garantías judiciales”. Ante esos cuestionamientos de la defensa de la mujer, la fiscala Laura Mazzaferri destacó las garantías ofrecidas por la Federación de Rusia, entre ellas, el ofrecimiento para que funcionarios argentinos en Rusia pudieran seguir el proceso y la situación de detención de Gilfanova, en caso de que sea extraditada extraditada. Por otro lado, hizo referencia a la solicitud de asilo y entendió que resulta independiente del proceso de extradición, que deberá ser resuelto por el Poder Ejecutivo argentino. 

“Debe tenerse en cuenta que el proceso de extradición no es un juicio sobre la culpabilidad de la persona requerida, sino de las formas de los pedidos de extradición y que en él no caben otras discusiones que las referentes a la identidad del requerido y a la observancia de los requisitos exigidos por las leyes y los tratados aplicables”, sostuvo el juez federal  Santiago Inchausti en su resolución, a lo que agregó: “En estas condiciones el planteo de una posible persecución se presenta como meramente conjetural en tanto que, por otro lado, el país requirente, como ha dicho la fiscalía en sus alegatos, ha dado garantías de que no sería sometida a tratos crueles y que se le respetaría el derecho de defensa”. Luego de la resolución de Inchausti, el defensor oficial apeló su fallo y por medio de un recurso ordinario -los pedidos de extradición no pasan por la Cámara y por Casación- le pide ahora a la Corte Suprema que resuelva. 

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El cabo primero Osvaldo Cenic se negó a manejar el interno 8017 el 14 de diciembre de 2015. Lo conocía bien, había vuelto hacía muy poco de Santa Fe hacia Santiago del Estero conduciendo el micro y avisó que el neumático derecho de adelante estaba en mal estado. Cuando le avisaron que se tenía que subir de nuevo para ir a Jujuy, preguntó si habían cambiado la goma y le dijeron que no. Por eso no quiso subirse al micro. El cabo primero Omar Manrique tomó su lugar. Esa madrugada de hace casi seis años, Manrique moría junto a otros 42 gendarmes al caer casi 20 metros desde un puente en la ruta nacional 34, cerca de Rosario de la Frontera, en Salta, cuando estalló la rueda por la que Cenic había alertado. Por este caso, un comandante y un suboficial mayor comienzan a ser juzgados hoy en el Tribunal Oral Federal N°2 de esa provincia. 

Eran los primeros días del comienzo del gobierno de Mauricio Macri, el jujeño Gerardo Morales alertaba sobre posibles protestas sociales en su provincia. La entonces flamante Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich decidió el envío de esa fuerza federal a la zona para apuntalar al gobernador aliado. Por eso se le pidió al Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero que enviara tres convoys para reforzar a la policía provincial. En ese contexto fue que a las 2.55, en plena noche, cuando uno de los tres micros pasaba por el puente Balboa, a la altura del kilómetro 956, de la ruta 34, desbarrancó y cayó al vacío.

Después de una larga investigación que, según la querella, no contó con toda la colaboración de la Gendarmería, el comandante Juan Carlos Germán, jefe del Área Logística, y el suboficial mayor Ricardo Ernesto Villasanti, a cargo de la División Motorizada, deberán responder en el juicio que comenzó hoy acusados por los delitos de “homicidio doloso y estrago doloso”. También serán juzgados el comandante mayor Elio Rafael Méndez, el comandante principal Ramón Antonio Maidana, el comandante principal y el comandante Juan Carlos Bordón, Mendez y Maidana  eran jefe y segundo jefe del Destacamento, mientras que Juan Carlos Bordón, era el jefe de personal. Para llegar a esta instancia fueron fundamentales las declaraciones de Cenic y de otro cabo, Hugo de Oliveira, que alertaron sobre el deterioro del neumático y la necesidad de hacer un control en el balanceo del vehículo.

Los dos cabos, que trabajaban en el Área Motorizada, declararon durante la instrucción que  el 8 de diciembre fueron a advertirle a su superior directo, el acusado Villasanti, que los neumáticos delanteros debían ser cambiados. Lo habían hecho luego de un viaje al peaje Fernández, en Santiago, y otro a la ciudad de Santa Fe. Cenic relató que cuando regresó a Santiago del Estero, luego de las muertes, muy impactado por todo lo que sucedió, fue a hablar con Villasanti y le dijo que todo se podría haber evitado si él le hubiera hecho caso a sus pedidos. Según Cenic, Villasanti, que perdió un hijo en el accidente, le negó sus advertencias anteriores y le dijo que no siguiera hablando de lo que sucedió. Fue entonces que Cenic decidió declarar ante la Justicia y no solo ante las autoridades de la fuerza.

También se incorporó el testimonio de Eduardo Ruiz, otro de los cabos que manejaba el micro Mercedes Benz. El relató que en noviembre, durante un viaje entre Rosario y Córdoba “cada vez que el vehículo llegaba a los 90 km por hora comenzaba a vibrar” y que también alertó sobre esa situación.

Las pericias sobre los neumáticos también serán expuestas en el proceso. Según el informe, hasta ese día habían hecho más de 88.000 kilómetros, ya que esas cubiertas se cambiaron cuando el colectivo llegó a los 134.000 kilómetros y en el momento del accidente ya había recorrido más de 222.000. En la descripción se detalla que el neumático que estalló “presentaba un debilitamiento general de su estructura y desgarro del caucho de la banda de rodamiento”. Por otro lado, en la revisión de los dos kilómetros anteriores, los peritos determinaron que no había “baches afilados u otros elementos que pudieran dañar” la cubierta. Por eso los peritos sugirieron que la investigación debía encaminarse hacia determinar el estado del neumático y las causas del estallido. 

“El Destacamento Móvil 5 de Gendarmería de Santiago del Estero es históricamente estratégico en materia de seguridad porque está en la zona en la que se puede ir a distintas provincias. Como sucedió con el operativo norte para el combate al narcotráfico en el NOA y NEA. De allí habitualmente parten las delegaciones hacia Córdoba, Santa Fe y el norte del país. Por estas razones debían tener unidades en perfecto estado. Su accionar contemplaba llamadas urgentes como la de ese 14 de diciembre, cuando a las 7 de la mañana debían llegar a Jujuy”, señaló en el pedido de elevación a juicio el abogado querellante Luis Ruiz.

El abogado Nicolás Vedia, que representa a seis familias de las víctimas, confía en que podrán demostrar frente al tribunal “las falencias que tenían los neumáticos del colectivo”. También sostuvó que durante las audiencias del debate “saldrán a la luz todas las pruebas”.

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Con números holgados, ayer se aprobó en el Senado el proyecto de prórroga por cuatro años de la emergencia territorial indígena, que impide los desalojos de las comunidades. Ahora pasará a Diputados donde tiene tiempo hasta el 23 de noviembre, cuando vence la legislación. En medio del conflicto mapuche en Río Negro, la votación en el Congreso se tranforma en decisiva respecto del amparo judicial que tengan esos reclamos por la tierra.  

El primer paso para que se extienda la ley 26.160 fue firme, más allá de las fuertes discusiones entre los bloques. Ahora comenzarán las negociaciones para que corra la misma suerte en la Cámara Baja. Si el proyecto no recibiera los apoyos, en el contexto político provocado por los incendios de comienzos de octubre en El Bolsón y Bariloche, la situación de los pueblos originarios podría volverse incluso más endeble. Al caerse el marco legal ya no tendrían una garantía que impida desalojos de esos espacios de tierra que reclaman como ancestrales. Si bien los derechos indígenas están contemplados en la Constitución Nacional y en los convenios internacionales, la ley de emergencia termina siendo la herramienta que esgrimen las comunidades cuando las justicias provinciales los desconocen o cuando se producen conflictos como los de Río Negro.  

En una sesión en la que la oposición argumentó su postura en contra a partir del accionar de distintos grupos  en la Patagonia, la prórroga se impuso con 43 votos, seis más que los 37 necesarios. Hubo dos votos negativos, de los radicales Ernesto y Julio Martínez y siete abstenciones de los senadores del PRO, Humberto Schiavoni y Laura Rodríguez Machado, de los radicales Oscar Castillo y Pamela Verasay, del salteño Juan Carlos Romero, el sanjuanino Roberto Basualdo y la santafesina Alejandra Vucasovich.

A diferencia de lo que sucedió en la prórroga anterior de 2017, cuando no se asignó ningún presupuesto, esta vez se contempla una suma de 290 millones de pesos para el fondo especial de la ley. Esto podría relanzar el trabajo de registro de las 1.015 comunidades que no fueron relevadas, sobre un total de 1.750, según información del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Cuando la ley fue promulgada en 2006 fue producto de un acuerdo para darle respuesta a la situación de emergencia territorial de las distintas comunidades durante un plazo de cuatro años. En ese momento se ordenó “un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública”. Ese año, el Estado asumió el compromiso de relevar en tres años a todas las comunidades que existen en el país, pero aún resta casi el 60% del total.  

El senador del Frente de Todos de Chubut, Alfredo Luenzo, se enfrentó con Ernesto Martínez de Juntos al sostener que “la derecha necesita de un enemigo en un escenario electoral” y reclamó a la alianza opositora dejar de utilizar las palabras “terrorismo y subversivos” para referirse al conflicto en en la Patagonia, según informó la agencia Télam. “El Estado ”se la pasa retrocediendo en la defensa de su integridad territorial, asustado porque un grupo de disfrazados lo saca de la categoría de bienpensante o sensible de las causas bellas“, dijo el senador de la oposición.

Algunos números sirven para graficar la situación en las provincias. En Chaco hay 112 comunidades y a solo 21 se le completó el relevamiento; en Formosa una sola de 160, en Chubut, 41 de 106; en Salta 205 de 509; en Jujuy 163 de 297 y en Buenos Aires, 23 de 52. En el mejor de los casos señalados se acerca al promedio general de relevados, pero en muchas otras prácticamente no hay relevamientos. 

Estos incumplimientos tienen costos en materia de responsabilidades del Estado argentino y son señalados por los organismos internacionales. Por ejemplo, tras más de 20 años de litigio, en abril del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció el derecho de la asociación de comunidades indígenas Lhaka Honhat a reclamar por 400 mil hectáreas en el Departamento Rivadavia, en Salta y declaró la responsabilidad internacional del país por la violación de derechos de 132 comunidades indígenas que habitan esa zona. 

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El presidente Alberto Fernández firmó esta noche el decreto para relevar al exmandatario Mauricio Macri del deber de guardar secreto sobre asuntos de inteligencia, un paso necesario para que el exjefe de Estado brinde declaración indagatoria en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan, confirmaron fuentes oficiales.

Antes de que la vicepresidenta Cristina Kirchner quede a cargo del Poder Ejecutivo, el Presidente relevó a Macri del secreto de estado que hoy le impidió prestar declaración indagatoria en el marco de la investigación por supuesto espionaje ilegal sobre los familiares de los tripulantes del submarino que se hundió en noviembre de 2017.

El decreto que firmó Fernández fue preparado por la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra, que se propuso dejarlo listo antes del viaje internacional del jefe de Estado, que partirá esta noche y regresará a la Argentina el próximo miércoles 3 de noviembre.

A través del decreto 750, al que tuvo acceso elDiarioAR, el mandatario relevó a su antecesor en el cargo de la “obligación de guardar secreto y confidencialidad, en el marco de la causa No 8559/20 caratulada ”Iuspa Benítez, Nicolás y otros s/Averiguación de delito querellante: Mereles, Andrea Alejandra y otros“.

Lo hizo por la condición del expresidente de “imputado de un delito de acción pública, y con el fin de posibilitar el pleno ejercicio del derecho de defensa del imputado, así como la adecuada y efectiva actuación de los órganos jurisdiccionales”.

Recordemos que este mediodía, cuando Mauricio Macri salió de los tribunales de Dolores, los funcionarios que lo esperaban empezaron a preguntarle cómo le había ido y se enteraron de la noticia. El ex presidente no había podido declarar porque el relevamiento de inteligencia no había llegado al juzgado y su indagatoria se había suspendido a pedido de la defensa. La omisión era incomprensible y los dirigentes opositores salieron corriendo ante las cámaras para hacerlo saber. Ya venían apuntando contra el juez Martín Bava desde hacía semanas y ahora tenían la excusa para seguir embistiendo contra él.

Macri debía ser indagado en la causa que lo investiga por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Para que un ex presidente entregue información clasificada sobre temas de seguridad nacional debe ser relevado de guardar secretos, en este caso, de inteligencia. Bava entendió que la que debía hacerlo era la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, pero ella le contestó que la autorización debía llegar desde el Poder Ejecutivo, más precisamente lo tiene que hacer el presidente Alberto Fernández. El pedido a Presidencia nunca llegó pero Bava no cambió la fecha de la audiencia. Esto es lo que le recriminaron al juez en el segundo piso del Juzgado Federal de Dolores. El oficio con el pedido al Presidente se hizo de inmediato: Fernández lo resolvió esta noche, antes de partir hacia Roma para asistir a la cumbre del G20.

“Sé que suena fuerte cuando lo digo pero esto es todo parte de una operación política. El juez nos faltó el respeto a todos. Debería haber suspendido la audiencia pero decidió mantenerla para que se haga todo el circo”, le explicó a elDiarioAR un transpirado Pablo Lanusse, luego de más de una hora dentro del juzgado federal de Dolores. El abogado de Mauricio Macri fue muy duro con el juez Martín Bava. “El juzgado reconoció el error pero a pesar de eso nos hizo venir más de 200 kilómetros sabiendo que la audiencia no se iba a realizar. Esto demuestra que el juez se maneja con el calendario electoral. Me da mucha vergüenza que sucedan estas cosas en la Justicia argentina”.

Bava ya había sido cuestionado por el propio Macri quien pidió su recusación ante la Cámara Federal de Mar del Plata, que no hizo lugar a su presentación. Por otro lado, el fiscal de la causa Juan Pablo Curi estuvo de acuerdo con Lanusse en que la indagatoria no se podía llevar adelante sin el permiso del presidente.

Macri entró a al juzgado un par de minutos antes del mediodía. Primero hubo problemas con el sistema y luego, cuando pensaron que llegaba el momento de lectura de su imputación se enteró de que no estaban presentados los relevamientos de inteligencia.

Consultados por elDiarioAr, fuentes de la AFI dijeron que a la agencia no le correspondía pronunciarse por el pedido del juez. Allí además entienden que no había impedimento para que se llevara adelante la indagatoria al expresidente en Dolores. “La información de inteligencia que hubiera dado Macri debió haberse clasificado, pero el resto podía haberse volcado al expediente, con libre acceso a las partes”, indicaron. El escrito firmado por la interventora Cristina Caamaño, el pasado 6 de octubre, sostienen en la AFI, expresa: “Debo mencionar que en caso de que el ex presidente brinde en su declaración alguna información clasificada en los términos del Título V de la Ley Nro. 25.520 modificada por la Ley Nro. 27.126, deberán tomarse los recaudos necesarios a los fines de garantizar su reserva”.

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Durante la caminata de dos cuadras desde la plaza de Castelli hasta el juzgado federal de Dolores, Mauricio Macri iba con la cabeza levantada, con la sonrisa dibujada, a pesar del calor. Lo rodeaban las cámaras, decenas de seguidores, que le gritaban que se armaría “quilombo” si lo tocaban. Sabía que iba a Dolores, un territorio judicial hostil y lo iba a capitalizar. Después de haber hablado desde arriba de un acoplado para todos los que habían ido a apoyarlo, llegaba a la puerta de la sede judicial. Recibió decenas de abrazos de los que habían esperado largo rato bajo el sol y entró a ver al juez. El macrismo duro estaba en territorio bonaerense para acompañar a su líder pero también para transformar su victimización en épica. Todos los que hablaron lo ubicaron en el lugar del perseguido que se enfrenta a las operaciones para no permitirle el retorno.

Desde temprano habían cruzado la parte de atrás de un camión en la esquina de la Municipalidad. Primero dijeron que cerca de las 11 llegarían micros desde La Plata, que la gente estaba en la autopista llegando en caravana. Hernán Lombardi había llegado el día anterior y se había encontrado con el intendente Camilo Etchevarren. Iría gente de Dolores y, vía telefónica, le confirmaban a Lombardi que desde CABA llegarían “refuerzos”. Apoyados en la repercusión que había tenido en Twitter la convocatoria esperaban un escenario poblado. Macri había arribado una hora antes y también había entrado a la sede del municipio a ver al intendente amigo. Todos estaban reunidos en el primer piso esperando el momento para salir a escena. Pero ya habían pasado las 11.20 y se acercaba la hora de ir al juzgado y decidieron salir. Algunos seguían asegurando que desde La Plata venían en caravana pero el ex presidente no podía seguir esperando.

Rodeado de su grupo más cercano, Macri se subió al escenario improvisado. Primero habló el intendente, que le dio la bienvenida. Estaban Patricia Bullrich, Waldo Wolff, Federico Pinedo, Néstor Grindetti, Cristian Ritondo, Alfredo De Angeli, Pablo Avelluto, Luis Naidenoff y su secretario Darío Nieto, entre las caras más conocidas. “Buenos días, estos son momentos en los que cuesta mucho poner en palabras los que uno siente. Pero quiero agradecerles a los que hicieron cientos de kilómetros para venir a acompañarme. Hay mucha gente en la ruta porque había más controles policiales que los frecuentes. Esas maldades…”, arrancó Macri cuando le cedieron el micrófono. Le agradeció a Bullrich por “estar siempre” y dijo que el 7 de diciembre de 2019 se comprometió “a defender el futuro de nuestros hijos y eso estoy haciendo”.

“Más macrista que Macri”

Abajo las algo más de 1.000 personas que se habían reunido no paraban de aplaudir. Lo interrumpían con un hit que decía que “hay gato para rato”. “A mí nadie me paga por venir. Arreglé en mi trabajo para venir. A mí no me interesaba la política hasta que Macri fue presidente y me convenció con sus valores. Yo lo escucho y me hace llorar. Es muy injusto todo esto que le está pasando, que quieran meterlo preso”, dice Mónica de 66 años, según explica muy conocida en la comunidad de los tuiteros M bajo el seudónimo de “Más macrista que Macri”. Ella lleva un cartel con la cara del egresado de cardenal Newman y un barbijo negro que dice: “Qué gobierno de mierda”. A lado suyo, Miguel, con un cartel que decía que venía de Palomar, se quejaba porque “el único que vino de los que ayer se sacó la foto de apoyo fue el primo”, en referencia a las ausencias de Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Graciela Ocaña, quienes se juntaron el miércoles con el ex presidente.

Arriba del escenario, Macri continuaba su discurso: “Estamos acá porque siempre hemos dado la cara. Estamos tranquilos. Si ellos creen que por estos dos años de agresiones cambiaremos nuestros valores están muy equivocados. No les tenemos miedo, estamos dispuestos a luchar por nuestro futuro y el de nuestros hijos”, terminó de decir en medio del delirio de “Las gorilas”, un grupo de diez mujeres llegadas desde CABA que estaban en la primera línea, con megáfonos y parlantes portátiles.       

Con ese baño de afectos emprendió la ruta hacia el encuentro con el juez Martín Bava. No sobraba multitud pero en los planos cerrados de la tele no se notaba.

Durante la espera en la puerta del juzgado, Ariel Viano no paró un segundo de darle al bombo. Empapado y sin preferir la sombra, marcaba los ritmos y los ánimos. Cuando el silencio se extendía comenzaba de nuevo a golpear el parche junto a Oscar, un amigo que ya pasó los cincuenta y que llevaba una camiseta con una leyenda sin eufemismos: “Menos mal que existe la grieta porque sino parecería que somos todos como estos hijos de puta”. Los dos llegaron de Esteban Echeverría a “bancar a Mauricio en las malas”.  “No podemos permitir que se lo acuse en un causa sin pruebas. Ellos hablan de lawfare, más lawfare que esto no hay”.

El ex secretario de Medios, Hernán Lombardi, no paraba de sacarse fotos con todos los que se lo pedían. Su camisa rosa claro estaba completamente mojada y no salía del sol. Había hablado por el micrófono desde el improvisado escenario, había estado arengando desde los balcones desde la Municipalidad y, con ese exceso de histrionismo que se le conoció durante la campaña del “Sí se puede”, seguía alentando a la tropa propia.

Desde adentro del juzgado avisaron que Macri estaba por salir, “Las gorilas” pasaron de insultar a Cristina y pasarse un muñequito inflable con la caricatura de la vicepresidenta con un traje a rayas a pedir silencio. De repente se escuchó el himno. Las mujeres, a esa altura con pocos filtros a mano, les gritaban a los policías que seguían charlando. “Firmes, oficiales, firmes, que sale el presidente y se escucha el himno”. Los uniformados las miraron de reojo y siguieron con la charla. El himno terminó y unos segundos después se abrieron las puertas y salió Macri. Cambió un par de palabras con Bullrich, lo apretujó un scrum compuesto por el mendocino Omar de Marchi, el intendente de Pinamar Martín Yeza, Fernando Iglesias, el secretario Nieto y De Angeli y algunos dirigentes de Provincia. Le fueron sacando afectos de encima y le allanaron el camino hasta el Toyota Sw4 negro que lo había traído. Le abrieron la puerta y parecía que se iba a ir sin saludar pero pisó en la puerta y se asomó por encima del techo para agitar las manos. Fueron solo un par de segundos y se subió al auto. Cuando salió del cordón policial, lo corrieron media cuadra y el chofer finalmente aceleró rumbo a Buenos Aires.

AM

Con un acoplado cruzando la esquina de la Municipalidad, con banderas argentinas y los equipos de sonido ya conectados, en la plaza de Castelli recibieron a Mauricio Macri, que hizo una visita al intendente Camilo Etchevarren, antes de declarar en los Tribunales de Dolores por el supuesto espionaje a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan.

La recepción estuvo organizada por varios dirigentes nacionales del PRO que llegaron desde el día anterior y se encargaron de darle forma a la convocatoria.

Pasadas las 11.30 y antes de visitar el despacho de Bava, Macri se subió al escenario instalado en un acoplado frente a un centenar de manifestantes, acompañado por la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el intendente Etchevarren, quien fue el primero en tomar el micrófono. 

Después fue el turno de la exfuncionaria, que sostuvo que “todos los ciudadanos de bien estamos apoyando a Mauricio. Somos aquellos que hicieron la diferencia, esa que hoy venimos a defender aquí, en este estrado. No somos iguales, cuidamos la plata de la gente, hacemos obras públicas, somos la autoridad y la moral, por eso estamos acá cumpliendo con la Justicia. Hay jueces buenos y malos, aunque sepamos y tengamos reticencias con este juez, venimos igual porque somos republicanos. Estamos con Mauricio, nadie te deja solo”, dijo Bullrich.

A la hora de hablar frente a la gente congregada a las puertas de la intendencia, Macri comenzó por quejarse “por la gente que quedó en la ruta, porque hay más controles que los habituales”. “Siempre me comprometí a defender la libertad y la República. Y este compromiso es ida y vuelta. Ustedes están cuando yo los necesito. Es un corazón que siente que va a explotar. Sé que están acá porque vienen a defender su futuro. Ya no somos los mismos. Estamos empoderados. Sabemos que tenemos que convivir con una cultura del poder sana y convivir con una cultura judicial sana, no como esta, que usa una tragedia como la del ARA San Juan para dañar. Acá estoy, tratando de entender esta citación intempestiva, sin fundamentos, en medio de una campaña electoral”, remarcó. Y agregó: “Si ellos creen que estos años de una obsesión permanente hacia mí, van a minar mi compromiso con ustedes y con mis valores, están equivocados. A cada agresión y calumnia, más se fortalecen nuestras convicciones. Tenemos futuro juntos y el 14 vamos a ratificar en las urnas ese futuro justo que queremos. Los quiero con locura”, concluyó, antes de caminar las dos cuadras que lo separan de los Tribunales, para presentarse ante el juez Bava.

A pesar del pedido de los familiares de que no se hiciera ningún acto de apoyo al exmandatario, la convocatoria se sostuvo y varios exfuncionarios se encargaron de explicar las razones, a veces con poca comodidad. “Esto no es un acto, no lo siento como un acto. Yo vine a ver al intendente, a acompañar a Mauricio en su presentación, a darle un abrazo y luego me iré de vuelta a casa. La organización fue espontánea”, explicó el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

Al lado suyo, el exsecretario de Medios, Hernán Lombardi, uno de los referentes en el lugar, les respondía a los periodistas en la misma dirección. “Esto surgió por la necesidad de la gente a venir a darle un apoyo a Mauricio”, explicó.

Por su parte, el primo del expresidente, Jorge Macri, llegó casi al mismo tiempo que Mauricio y reafirmó la idea de que el exmandatario quiere cumplir con sus deberes y por eso llegó esta mañana a Dolores. “Él quiere conocer la causa, en la que apareció ahora sorpresivamente. Esta situación es bastante irregular, pero él siempre estuvo a disposición de la Justicia”, remarcó.

Macri llegó a las las 10.25 a la Municipalidad de Castelli, donde fue a ver al intendente, y cerca de las 12 deberá caminar las dos cuadras que los separan del Juzgado Federal de Dolores donde deberá declarar antes el juez Martín Bava. 

AM

El Senado tratará este jueves la prórroga de la ley de emergencia territorial indígena, el marco legal que protege a las comunidades de ser desalojadas de los lugares que ocupan desde tiempos ancestrales. En medio del conflicto mapuche en Río Negro la votación en el Congreso se transforma en decisiva respecto de lo que pueda suceder en adelante con los reclamos por la tierra. En 2006, cuando fue promulgada la norma, el Estado asumió el compromiso de relevar en tres años a todas las comunidades que existen en el país, pero aún resta casi el 60% del total.  

En menos de un mes, el 23 de noviembre, vence la tercera prórroga de la ley 26.160 y si no recibiera los apoyos para extenderla, la situación de los pueblos originarios respecto a sus territorios podría tornarse muy frágil. Al caerse el marco legal ya no tendrían una garantía que impida desalojos de esos espacios de tierra. Si bien los derechos indígenas están contemplados en la Constitución Nacional y en los convenios internacionales, la ley de emergencia termina siendo la herramienta que esgrimen las comunidades cuando las justicias provinciales los desconocen o cuando se producen conflictos como el de Río Negro.  

La ley, promulgada en 2006, fue producto de un acuerdo para darle respuesta a la situación de emergencia territorial de las distintas comunidades durante un plazo de cuatro años. Se redactó como una ley de excepción y desde entonces se refrendó en 2009, 2013 y 2017. La última vez fue votada sin presupuesto, con lo cual los trabajos de relevamiento fueron prácticamente discontinuados por faltas de recursos para hacerlos.

En medio de la discusión por los incendios en el Bolsón y Bariloche, esta semana el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el organismo que garantiza los derechos de los pueblos originarios y que depende del Ministerio de Justicia, emitió un pronunciamiento público para reclamar a la gobernadora rionegrina Arabela Carreras “que avance en un convenio para cumplir con el relevamiento indígena” que fija la 26.160. Además de pedir que se investiguen los hechos, el INAI exigió que se tome la ley para trabajar junto a las comunidades un “abordaje de los temas conflictivos”. Recordó también que lo mismo que se le pide a Río Negro ya fue acordado en otras provincias como Santa Fe, Neuquén, Jujuy, Chaco, Salta, Misiones y San Juan. Para la resolución de los problemas que vienen surgiendo, resulta decisivo que se mantenga y se profundice ese status legal. 

El texto de la ley se declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país y suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos de desalojo de las tierras. También ordena “un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública”. 

En la noche del miércoles, desde el Frente de Todos, le aseguraban a elDiarioAR que conseguirían los votos necesarios para la prórroga. La caída de la norma podría generar un agravamiento de las tensiones con determinadas comunidades, en un momento en el que el Gobierno no quiere tener nuevos frentes. Luego los tiempos empezarán a correr en Diputados, donde hay tiempo hasta el 23.  

En la Argentina hay cerca de 1.760 comunidades indígenas, de las cuales a 1.015 no se les terminó el proceso de relevamiento territorial, según información del INAI. Esto equivale al 42% del total, lo que demuestra un retraso en la mayoría de los casos, algo que también alimenta el conflicto porque las comunidades sin relevamiento tienen mayores obstáculos para avanzar hacia la efectivización de su derecho sobre el espacio en que viven.

“Es fundamental que la ley se prorrogue. La ley les tiene que dar seguridad jurídica a las comunidades. Los relevamientos contienen dictámenes antropológicos, que muestran la historia de esa comunidad y cuál es el territorio donde fueron despojados. Aporta mucho en materia de prueba y constituye una herramienta de paz contra la criminalización que se hace de las comunidades. Es la base para discutir los derechos sobre las tierras que se ponen en discusión. Si no damos ese primer paso de conocer esas historia es difícil que hablemos de seguridad jurídica para esos territorios”, explica María José Venancio, abogada del área de derechos económicos, sociales y culturales del CELS, quien además señala las dificultades que hay para que en distintos lugares del país se cumpla con la ley: “En lugares como Río Negro, la provincia y su poder judicial decidieron desconocer la ley y avanzar en la criminalizar a las comunidades. Hay varias provincias que se niegan a firmar el convenio. Los gobernadores se oponen a que se haga el relevamiento de manera centralizada. Allí el poder judicial desconoce y ordena los desalojos y no funciona como garante sino todo lo contrario”. 

Algunos números sirven para graficar la situación en las provincias. En Chaco hay 112 comunidades y a solo 21 se le completó el relevamiento; en Formosa una sola de 160, en Chubut, 41 de 106; en Salta 205 de 509; en Jujuy 163 de 297 y en Buenos Aires, 23 de 52. En el mejor de los casos señalados se acerca al promedio general de relevados, pero en muchas otras prácticamente no hay relevamientos. 

Estos incumplimientos tienen costos en materia de responsabilidades del Estado argentino y son señalados por los organismos internacionales. Por ejemplo, tras más de 20 años de litigio, en abril del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció el derecho de la asociación de comunidades indígenas Lhaka Honhat a reclamar por 400 mil hectáreas en el Departamento Rivadavia, en Salta y  declaró la responsabilidad internacional del país por la violación de derechos de 132 comunidades indígenas que habitan esa zona. 

 AM

Trabajando con las maderas, una polea se partió y una sierra circular le cortó la pierna. El dueño del aserradero lo llevó a una médica, pero ésa fue la única vez que tuvo atención. Durante varios meses de 2017 estuvo postrado, con mucho dolor e infecciones en las heridas que no cicatrizaban. Después de ese accidente prácticamente no le dieron tareas y también le redujeron el sueldo a un monto que apenas llegaba a cubrir los alimentos. Este es el relato de J.J.M., de 31 años, uno de los dramáticos testimonios que exponen al dueño de un aserradero del Valle de Calamuchita. En un juicio realizado por el Tribunal Federal N° 2 de Córdoba, Hugo Adrián Vázquez fue condenado a seis años de prisión por el delito de “trata de personas con fines de explotación laboral agravado por abuso de situación de vulnerabilidad”. La sentencia también contempla resarcimientos contra las víctimas, que en algunos casos superan los seis millones de pesos. 

“Es la primera vez que tengo un caso de trata en un aserradero. Me impactó el drama humano que se ve en este caso. La mayoría de las personas fueron traídas desde Misiones, víctimas de la desesperación. Muchos explicaban que tenían miedo de perder el trabajo y que las veces que se habían animado a denunciar no había pasado nada. Que por eso se resignaron a seguir así”, explica el fiscal general Carlos Gonella, quien pidió que se inhibieran los bienes del dueño para también reparar económicamente a la víctimas. 

En su aserradero de la localidad de Villa Ciudad América, Vázquez mantuvo a al menos siete personas en una delicada situación personal y laboral. El comienzo de estas actividades no pudo ser determinado por los investigadores pero finalizaron el 6 de junio de 2018, tras un allanamiento. “Con personas durmiendo en casillas de madera con techo de nylon, sin instalación sanitaria, con 4 o 5 trabajadores durmiendo en habitáculos de 4x4”, según se describe en la sentencia. También se mencionan largas jornadas, que se extendían hasta 12 horas y que eran de madrugada para evitar inspecciones cuando el aserradero estuviera abierto. Los sueldos eran según decidía el dueño condenado y no respetaba ningún punto del convenio colectivo del sector, sin cobertura médica ni aguinaldo. Además, en el lugar no se encontró ninguna planilla de registro de los trabajadores. 

“A la comida la pagábamos nosotros. Todos los viernes nos descontaban el dinero de lo que habíamos gastado. Solo había luz, porque ellos estaban enganchados, pero el gas y el agua también lo pagábamos”, explicó R., otro de los trabajadores, que agregó que cocinaban “en la pieza o afuera y una manguera a través de la cual llegaba el agua corriente, que estaba pinchada por todos lados”. Respecto de la jornada laboral, detalló: “Hubo una época en que se trabaja de las cuatro de la mañana hasta las nueve y después de 17 a las dos de la mañana”. Esta persona también explicó que solo trabajaba con una pala y no tenía ningún elemento de seguridad mínimo como guantes o corras. “Trabajábamos así nomás, o sea, si pasaba algo nos pasaba”, agregó.

En el momento en que se hizo el allanamiento del aserradero, se relevaron 12 violaciones a las normas de seguridad e higiene, entre ellas, falta de inscripción a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, máquinas y herramientas sin protecciones, instalaciones eléctricas inestables, ausencia de agua potable y la total falta de elementos de seguridad personal.

También JJM, el hombre del accidente en la pierna, contó que luego del accidente y la baja del sueldo, su situación empeoró aún más. Lo poco que le pagaban lo hacían semanalmente, hasta que le empezaron a decir que no tenían plata. Fue entonces que comenzaron discusiones porque JJM le pedía dinero al dueño para poder volver a Misiones y éste se lo negaba.

Los abogados defensores de Vázquez plantearon que había “culpa del Estado” en la constitución del delito, al entender que si se hubiera inspeccionado de manera eficiente, la gravedad de la situación no hubiera ocurrido. La curiosa argumentación también estuvo acompañada de la relativización de los hechos. “Trataron de desdibujar la asimetría que había entre ellos. La situación de poder que él ejercía sobre esta gente tan vulnerable. El intentó comunicarse con ellos antes del juicio para influir en el caso. Por eso tuve que pedir su detención”, explicó Gonella.  

Al dictar sentencia, el tribunal determinó varias medidas para garantizar las indemnizaciones: el embargo preventivo, el decomiso del fondo de comercio y de los bienes de uso y capital y de todas las materias primas. También resolvió que la el pago a las víctimas se realice en dos tramos: el primero de 150 mil pesos para todos los casos en concepto de daño moral; y otro por daño material, con montos que van desde los 100.000 pesos a los 6,3 millones, todos con una compensación de un 2,5% mensual desde el momento del fallo hasta que se cobre. 

Para el fiscal, durante el juicio se acreditó que Vázquez pagaba cuatrocientos pesos por día y que liquidaba mensualmente después de hacer el descuento de lo que denominaba “vales” por una larga lista de compras. Entre lo que había comida, elementos de higiene personal y limpieza y otros materiales que tenían que ver con el mantenimiento del lugar. En el juicio la acusación sostuvo que “desde la clandestinidad, sin habilitación ni reglamentación alguna y de la forma más primitiva, el acusado sometió a largas jornadas de explotación laboral a estas personas a quienes utilizó como mano de obra esclava con el objeto de abaratar costos de la actividad, abusando de sus condiciones de vulnerabilidad”. Esta última condición, para Gonella, estaba vinculada a su desarraigo social y a su condición económica y familiar, que muchas veces les impedía conocer la totalidad de sus derechos, algo que era aprovechado por Vázquez. 

AM

Como sucede cada vez que cambia el control en cualquier territorio, los que esperaban para ocupar esa posición irrumpen en la escena. Hasta hace un mes, en la villa 1-11-14 el negocio narco era dirigido por Johnny Ray Arnao Quispe, rebautizado Pantro. Era un hombre puesto por el histórico capo narco Marco Antonio Estrada Gonzáles, alias Marcos, que está preso en el penal de Marcos Paz y no saldrá por mucho tiempo. El hermano de Marcos, Pity, que está en Perú, también participa del negocio y había permitido que Pantro lo llevara adelante y que rindiera las cuentas. Hasta ahora ese manejo parecía funcionar, pero la Justicia Federal fue contra Pantro y 11 integrantes de la organización. Desde ese momento, por el vacío de poder, el reagrupamiento de tropas ya tuvo heridos y un muerto y aún no se resolvió. 

El 22 de septiembre, por decisión del juez Ariel Lijo, Pantro fue procesado y detenido y lo mismo sucedió con sus primeras líneas. La medida también contempló embargos de entre 3,5 y 5 millones de pesos para los acusados. El impacto del operativo paralizó más de una semana la venta de droga en la zona del Bajo Flores. Luego de ese lapso, algunos de los integrantes del grupo de Pantro intentaron recomponer la actividad, pero se encontraron con la resistencia de viejos integrantes del grupo de Marcos y de hombres de Pity. Lo curioso que señalan los investigadores es que a ellos se sumaron también narcos de un sector hasta ahora enemigo de los hermanos Estrada Gonzáles: Raúl Martín Maylli Rivera, apodado Dumbo. Dumbo había estado primero con Marcos, luego con Pity y después se fue al barrio Mugica, en Villa Lugano, pero siempre esperaba el fin del reinado de los hermanos para volver. Como ellos resisten el paso del tiempo y aún a la distancia controlan la venta en la 1-11-14, los tres limaron asperezas para correr a la gente de Pantro, que ya había tenido diferencias con Marcos y que quería tener vuelo propio. 

Pantro está prófugo de la Justicia tras los tiroteos de narcos contra vecinos en mayo de este año en Lugano. Dos veces estuvieron por detenerlo pero pudo escapar. Minutos antes de que llegara la Policía se fue de una casa en Moreno y luego en un chalet de dos plantas en Martínez. Como es el único de los tres jefes que puede caminar por las calles, tiene esa carta para hacer valer. Además, Dumbo entregó para compartir su territorio en los barrios Piedrabuena, Bermejo e INTA, todos en Lugano, donde quedaron sus hombres. Allí, después de que la Policía detuviera a varios de sus cómplices, la estructura de Dumbo quedó debilitada y corría riesgo que alguien quisiera irrumpir ahí a disputarle el negocio. Dumbo sabe que en alianza con Pity y Marcos ya nadie tocará a quienes ahí quedaron. 

La tarde del 6 de octubre, en la manzana 24, dos hombres armados frenaron con un auto frente a la casa donde estaba Enrique Elezar Espinoza, alias Picnic. Este último era parte de la resistencia de Pantro en la villa. Uno de los que llegó en el vehículo, se bajó y disparó varias veces a Picnic, que murió una rato después en el hospital Piñero. Los proyectiles hirieron a dos jóvenes de 14 años, que todavía están internadas. Ese episodio se suma a otro tiroteo en la villa, que sucedió tres días antes, entre miembros de esos mismos grupos. Esa vez la Gendarmería detuvo a dos hombres que huían con dos pistolas calibre .40 y una 9mm. Varios testigos aseguran haber visto esos días de nuevo en la villa al sobrino de Marcos, John Paul Revilla Estrada, que fue deportado dos veces del país y que habría violado por segunda vez la prohibición de reingreso.

“Por el momento, el grupo nuevo, integrado por los tres grandes sectores, está ‘asegurando el lugar’, como se dice en la jerga. Están marcando el territorio y viendo hasta dónde están dispuestos a resistir los que estuvieron con el grupo de Pantro. No entendemos bien qué es lo que pasó entre Marcos y Pantro, pero da la sensación de que ya Marcos no lo apoya. Se sabe que Pantro le llevaba el negocio a él y a su hermano pero quizás no le rendía todo lo que ganaba”, infieren los investigadores. 

En noviembre de 2020, cuando Marcos fue condenado a 24 años de prisión por el Tribunal Oral Federal N° 3, tuvo que poner a alguien de mucha confianza para que fuera su representante en la villa. Como en el mismo juicio su esposa, su suegra y una treintena de integrantes de la banda también fueron sentenciados, eligió a Pantro para que continuara con la venta de cocaína, marihuana y paco en el barrio. Pantro cumplió con la tarea, de hecho en el operativo de su detención se encontraron los cuadernos en los que él registraba la recaudación de Marcos y Pity. Los dos habían acordado repartirse turnos y cada uno gobernaba durante 28 días hasta que se hacía el cambio de guardia. Antes de la pandemia, la recaudación de cada turno llegó a rondar el millón de dólares. 

Durante el 2020, con la villa cerrada por la pandemia, las recaudaciones habían caído. Al no haber tanto dinero para repartir la relación de los hermanos se tensó. Sus soldados en territorio también empezaron a tratarse con aspereza. Los hombres de Pity no recaudaban tanto como los de Marcos. Entonces Pity comenzó a plantear que les extendieran sus turnos. Pero eso no sucedió. Y luego de la condena a Marcos, el hermano en el exilio decidió ir por todo, hubo tiros y muertos, pero no pudo y tuvo que pactar. Entonces Pantro apareció como el garante de esa situación que duró hasta ahora. 

Las investigaciones por narcomenudeo tienen cierta complejidad por la competencia del delito. Detenciones de dealers o crímenes como los de diciembre y enero son tomados por la Justicia ordinaria de manera separada. Cuando la instrucción avanza y se determina que los delitos los cometió una organización grande como la de Marcos, esos juzgados suelen declararse incompetentes para que las causas vayan a Comodoro Py. Pero como el narcomenudeo no es delito federal luego regresan al lugar de origen. Solo cuando todos esos casos se enhebran, se agrupan y se relacionan, las causas generan interés en los tribunales de Retiro. Esto es lo que sucedió con la megacausa a cargo de Sergio Torres, que terminó con la condena de 2020 de Marcos y su banda. 

El enfrentamiento por el control de la droga en el Bajo Flores tuvo su capítulo más sangriento en 2005. Marcos y su ex aliado Ruti ya no eran más amigos y sus soldados se enfrentaban en las calles. En octubre de ese año cinco personas -entre ellas un bebé- fueron acribilladas en la procesión del Señor de los Milagros, el santo más venerado del Perú. Entre medio de danzas infantiles, humo de incienso y música popular, sicarios irrumpieron con fuego de metralla y pistolas. Después de esa masacre nada volvió a ser igual. La guerra estalló en los medios y no se la pudo tapar más.

AM

A una pareja de dealers vinculados a Los Monos, en Arroyo Seco, les incautaron o robaron -esa parte no está del todo clara- varios kilos de cocaína que tenían para fraccionar y vender en los puestos de esa ciudad a 30 kilómetros de Rosario. Como debían responder por eso ante sus jefes, decidieron armar un plan para conseguir dinero en poco tiempo. Ellos le vendían drogas a un joven de 23 años, que varias veces había generado una deuda grande y que terminaba siempre pagando con dinero de su padre empresario. La solvencia de sus familiares se había puesto a prueba varias veces y ellos respondían. Por esa razón, decidieron secuestrar y pedir rescate por su cliente.

El 23 de julio por la noche, la víctima le escribió a la mujer de la pareja de dealers para decirle que necesitaba comprar marihuana. Ella le contestó que no había problema. Según el relato de los fiscales, pasaron unos minutos y la mujer le pasó una captura de pantalla con esa información a miembros de la banda que estaban esperando al joven. Cuando él frenó en la esquina y caminó hasta la puerta le cruzaron un Chevrolet Astra. Bajó un hombre vestido de policía y dio la voz de alto. Otro apareció por atrás y le dio un culatazo. A pesar del golpe, el joven quiso escapar y llegó a gritarle a un amigo que iba con él y que sí pudo huir. A él lo apuntaron con armas y lo subieron al auto. Lo metieron en el medio del asiento de atrás sujetado por otras dos personas. El Chevrolet aceleró y desapareció del barrio sin que nadie pudiera dar muchas precisiones de lo que había ocurrido. 

A las pocas horas, la madre del joven recibió un llamado desde el penal de Piñero. Todavía no habían notado la falta de su hijo, con lo cual oscilaban entre la sorpresa y la desconfianza. Pero le avisó a su marido que de ahí en adelante se encargó de la negociación. Primero le pidieron 100.000 dólares para no matarlo. El padre del dijo que era imposible conseguir ese dinero de un momento para otro. Y los captores se lo bajaron a la mitad. 

Durante  las dos horas que estuvo secuestrado, al joven lo llevaron a un búnker de Villa Gobernador Gálvez. Lo golpearon, y le fracturaron un dedo, la mano y el codo. Y con un cuchillo le tajearon la punta de una falange, por lo cual tuvieron que operarlo. Ese corte fue filmado y enviado a su padre para intimidarlo. En los relatos posteriores, la víctima explicó que recibió trompadas y golpes con objetos metálicos y un arma durante gran parte del tiempo que estuvo ahí.

Mientras él sufría esas torturas, desde otro teléfono un “soldado” acordó que la familia le entregara lo que había podido juntar hasta ese momento. Así dejaron en el Puente Cargill, también en Gálvez, 10.000 dólares, joyas y otros objetos de valor. Apenas unos minutos después de que la familia entregara el dinero, al joven lo dejaron sin ropa, a unas cuadras del puente. 

Lo que se puede ver a partir del análisis de los mensajes de la pareja es que los que recibieron la plata del rescate -y que también respondían a altos mandos de la banda- nunca les dieron la parte que habían acordado y que iba a servir para pagar las deudas. “Tuve que mandar a secuestrar un pibe para que me caguen todo”, le escribió el hombre de la pareja, que también estaba preso, a su novia.    

En base a las llamadas de los dos dealers, los investigadores pudieron reconstruir los vínculos con el secuestro de varias personas cercanas al líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero. La primera llamada se habría hecho desde el pabellón 7 de la cárcel de Piñero, donde estaban alojados en ese momento Axel Vilches, Leonardo “Pollo” Vinardi, Jonatan Lencinas y Nicolás Avalle, hombres de confianza de Cantero. Para los investigadores, Cantero tuvo que autorizar el secuestro.  

A partir de las pruebas encontradas, los fiscales pidieron el procesamiento con prisión preventiva de Cantero, de los cuatro presos mencionados y de cinco hombres y tres mujeres más, todos integrantes de la organización. Se les imputa los delitos de secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate, por las lesiones graves infligidas y por el uso de armas. La presentación fue realizada en conjunto por los fiscales federales de Rosario Claudio Kishimoto y Franco Benetti, de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE) y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que le pidieron al juez Carlos Vera Barros, que procese a todos los sospechados. 

En su requerimiento, también se les imputó a Cantero y a Vinardi haber organizado y financiado la distribución y comercialización de drogas, al menos desde el día del secuestro hasta el 2 de octubre de 2021, en las ciudades de Villa Gobernador Gálvez y Arroyo Seco. 

Para los fiscales el secuestro extorsivo que disparó esta investigación “no fue producto de un accionar aislado cometido por un grupo de personas que se organizó de improviso o en forma transitoria con el objeto de perpetrarlo, sino que fue cometido por una agrupación criminal dedicada, entre otras cosas, al comercio de estupefacientes”. Esto es importante para entender el perfil cada vez más violento que están tomando Los Monos. A diferencia de otras bandas narcos, no solo se dedica al narcomenudeo sino a delitos como el secuestro o la extorsión.

Mesa sobre narcocriminalidad desde las cárceles

Por delitos como éstos, que se organizan desde las unidades penitenciarias, una mesa de trabajo integrada por fiscales intervinientes en temas relacionados al narcotráfico e impulsada por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, alertó sobre el aumento de casos de bandas que siguen operando desde las cárceles. También un informe de la PROCUNAR señala que “las organizaciones se sirven de contactos del exterior y que instrumentan las acciones ordenadas por los líderes que se encuentran detenidos (condenados en casi todos los casos) y, pese a ello, continúan interviniendo en complejas maniobras de narcocriminalidad”.

A partir de ese informe, Casal entregó una lista de recomendaciones al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre cómo terminar con el poder narco detrás de las rejas. Entre varias medidas, sugiere separar a los presos de organizaciones narcos, prohibirles las comunicaciones con el exterior, instalar inhibidores de señales, mayores controles de las visitas, llevar a líderes nacos a cárceles de máxima seguridad y extremar controles sobre los presos y los agentes de servicio penitenciario.

AM

El debate acababa de terminar. Invitados y asesores habían invadido el estudio. Los conductores respiraban tranquilos y pedían los números del rating cuando una cámara encendida juntó a la candidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, y al de Juntos, Diego Santilli. Ante la pregunta de una periodista, sobre si había sido difícil el debate cara a a cara, Tolosa Paz siguió con el tono de un par de minutos antes. “Para mí, hacerle esa pregunta era natural. Quiero saber si va a retirar la demanda que perjudica a los bonaerenses”, respondió. “Me voy del debate con la sensación de que por primera vez el kirchnerismo se sienta a debatir”, retrucó Santilli. Y antes de que el vicejefe porteño se fuera, ella le replicó: “Santilli se va enojado porque no está acostumbrado a debatir”. Esa escena lateral fue el cierre de un debate menos atractivo que el que la semana pasada habían dejado los candidatos a diputados de Ciudad. Con discusiones estudiadas y respuestas más acartonadas que ese intercambio final que quedó fuera del programa.

El escenario, la alfombra, el dron, los carteles y los camarines estaban preparados como la semana pasada. En la entrada cada uno de los candidatos recibía las últimas recomendaciones de quienes los venían asesorando. Tolosa escuchaba al sociólogo Alberto Quevedo y Santilli al intendente de Lanús Néstor Grindetti. Hasta que los hicieron pasar al centro del estudio y todos los acompañantes se agruparon en la tribuna. En las gradas, casi respetando ideologías, a la izquierda estaba el FIT-U. con Néstor Pitrola, Myriam Bregman, Cristian Castillo y Romina del Plá, entre varios dirigentes. Y en el ala derecha, los que habían llegado con Cynthia Hotton y José Luis Espert. En el centro estaba el FdT, Juntos y el randazzismo. Allí no había grietas, Manes le hacía comentarios a Katopodis y todos se indignaban cuando el candidato liberal insultaba sin filtro. 

La discusión sobre temas de inseguridad dividió aguas. Santilli, Hotton, Espert y hasta Randazzo hablaron de las “puertas giratorias” en las comisarías y plantearon endurecimiento de penas, apuntaron del crecimiento del delito y a denunciar a los jueces que liberaban presos. Todos ellos apuntaban a una audiencia que les pedía eso y no dudaron en ir a fondo. Espert incluso dijo que se debía bajar la ley de imputabilidad a 12 años. Algo que ya no cosechó tantas adhesiones. 

De la misma manera que la semana pasada Santoro buscó a Vidal para construir su duelo, Tolosa Paz hizo lo propio con Santilli. Pero el Colorado no tuvo tanto interés en entrar en el enfrentamiento directo. Hasta que no le quedó otra. “Deciles a los bonaerenses si vas a defenderlos a ellos o a los porteños”, le tiró Tolosa y marcó su estrategia. Desde ahí hasta el final le iba a recordar que Santilli llegaba desde otro distrito y mencionaría hasta cansarse que su rival “no conoce” la Provincia. Santilli la corría con la inseguridad y ella le decía que “sin plata” no había seguridad. La plata en cuestión era la de la coparticipación que a Santilli le costaba defender sin ser acusado de “porteño”.

Como sucedió con Javier Milei siete días atrás, Espert quiso debatir con los candidatos del FdT y Juntos, pero ellos no lo eligieron como contrincante. Subió de tono la discusión hasta decirle seis veces a Tolosa que decía “estupideces”. Mientras eso sucedía frente a las cámaras, desde la tribuna le pedían a los conductores que lo interrumpieran. “Así no se puede seguir, es una falta de respeto total”, gritaba una mujer sentada atrás de Martín Insaurralde. Quizás ese fue el momento más tenso del debate, el único que Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano no pudieron controlar. 

La réplica de Santilli fue con lo que más cómodo se sentía y por donde sus asesores le recomendaron: la pandemia. “Vacunaron a sus amigos, compraron mal y tarde las vacunas, cerraron las escuelas y cerraron la economía”, afinó el discurso. En ese bloque se lo sintió más cómodo y sus intervenciones fueron más festejadas en la tribuna. Por eso en el duelo frente a frente con Tolosa no quiso abandonar el tema. Le dijeron que rendía y aprovechó.

En las otras peleas, Del Caño retomó la estrategia de Myriam Bregman en el debate anterior y embistió contra el candidato de Avanza Libertad. “A vos te gustan los empresarios que fugan capitales en cuentas off shore”, le dijo del Caño. “¿Decime cuándo yo dije que estaba a favor de las cuentas off shore?”, contestó el aliado de Milei. “¿En cuáles de los países que vos defendés la gente no se muere de hambre, Nicolás?”, siguió el cruce. “Porque en Chile y Colombia, tus ejemplos las cosas van bárbaro”, ironizó el candidato del FIT-U. 

Mientras todo ocurría, los productores del programa le avisaban a Bonelli que tenía que darle tiempo a Randazzo. “Dale, hay que despabilarlo, le toca a él”, pedían por el comunicador. El ex ministro del Interior estuvo callado muchos minutos y a diferencia del resto de los que compartían el panel con él, casi no pidió la palabra. Como un sincericidio, Bonelli le quiso decir a Hotton que no podía elegir ninguno de los cuatro candidatos anteriores como rivales y se le escapó: “A usted le toca Randazzo, es lo que hay”. El debate de ellos dos bajó el rating sobre el final y varios de los que miraban los números querían que terminara para poder mejorar antes del cierre. 

A diferencia del otro día, al terminar, todos se saludaron y luego recibieron devoluciones. La mayoría escucharon de sus asesores que habían estado bien. Todos habían bajado la guardia a esa altura, salvo Santilli y Tolosa, que tenían tiempo y energía para ese último encuentro a un costado del estudio. 

AM

Los que estudian los altos niveles de violencia en Rosario se resisten a colocar en la centralidad del problema a las bandas narcos que operan ese territorio. Las estadísticas de crímenes en la última década sostienen su análisis y muestran que dos tercios de los asesinatos no tienen relación con los grupos que concentran la venta de drogas. Ese enemigo temible aparece como el gran blanco a combatir y no permite avanzar en políticas públicas certeras para reducir otra enorme cifra, que es la de la violencia interpersonal provocada por la marginalidad, el descreimiento institucional y una enorme circulación de armas. Señalan que apuntarle a Los Monos termina siendo “rentable” pero puede resultar una trampa terrible en la medida que no se observe lo que sucede en los barrios, que no tiene que ver con los sicarios ni con el narcomenudeo. 

Desde la década del ‘90, por la destrucción del modelo productivo, la expansión del negocio agroexportador y la concentración de riqueza en torno al puerto, enormes sectores de la ciudad y de la Provincia quedaron fuera de toda formalidad. Ese deterioro es contemporáneo con los crecimientos de las tasas de criminalidad. Según consigna La Capital, desde 2013 hasta mediados de 2020, hubo 1.298 homicidios y 5.204 heridos de bala. El crecimiento iniciado en 2013 duplicó la tasa de homicidio que existía hasta 2010. En 2021, según un informe oficial de la provincia, uno de cada tres asesinatos fueron por encargo. La constitución de grupos volcados al delito, que ya tenía historia de décadas anteriores, se multiplicó y se instaló en la geografía rosarina. 

“A falta de poder acceder al mercado de trabajo, participar de una banda, de una junta, tener una arma, confrontar a otro grupo, aparece como una manera de construir identidad.  Son grupos que tienen enfrentamientos antiguos, con muchos muertos. Ellos no deciden recurrir al arbitraje estatal para resolver el conflicto por el desprestigio que la Policía y la Justicia tiene entre ellos”, explica el criminólogo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario, Enrique Font. 

Para Font el fenómeno de Rosario “no es la narcocriminalidad, es la violencia que atraviesa las relaciones sociales en sectores populares”, que entre otras actividades, tiene la venta de drogas. “La economía de narcomenudeo en Córdoba, en CABA o en lugares del conurbano es tan expandida como acá pero no hay tasas de criminalidad tan altas”, agrega sobre una ciudad que triplica los números del resto del país, con 15 crímenes cada 100.000 habitantes.     

Esas bandas que se disputan el delito y el territorio son alimentadas desde el circuito ilegal de armas, otro condimento que suma a la problemática. Y esa enorme circulación de armas de fuego es alertada por todos los que estudian la evolución del delito en Rosario y Santa Fe. Una muestra de lo que sucede son las actuales investigaciones que implican a policías y armerías, que venden al mercado negro utilizando los carnets de legítimos usuarios. Este es un fenómeno que creció en los últimos tiempos pero que ya desde 2013, en pleno pico de asesinatos, la Procuración provincial alertaba por la enorme cantidad de pistolas policiales denunciadas como perdidas o los robos a los galpones judiciales donde estaban secuestradas armas vinculadas a delitos. En mayo, por ejemplo, se desarmó una organización de policías de la Unidad Regional II, que vendían pistolas, revólveres, fusiles y cajas de balas y las tenían en el barrio Saladillo, donde encontraron 10 pistolas 9 milímetros, un revólver 357 Magnum, nueve armas largas y 50 cajas de municiones.

En los barrios populares, el nivel de investigación y resolución de los casos es muy bajo, de entre el 50% y 60%, según el lugar, y los porcentajes de condenas varían entre el 30% y el 40%. “Las bandas a las que les matan a un integrante saben que el Estado muy probablemente no lo resuelva. Y en lugar de pelear contra eso, resuelven de manera directa, por mano propia. Esa desconfianza en el aparato represivo del Estado es uno de los motivos por los que allí no hay paz”, detalla el ex defensor general Gabriel Ganón. “En el último Estudio Mundial sobre Homicidios, de Naciones Unidas, se señalaba como causas de aumento de crímenes la concentración de armas, y la baja tasa de esclarecimiento y castigo. Bueno, como vemos, en Rosario todas esas variables están juntas”, agrega.

“Algunas de las bandas crecieron al amparo de la participación policial que se fueron haciendo fuertes en el negocio de la droga pero que antes eran bandas de pistoleros de la usura. Una robaba caballos y la otra levantaba autos en la provincia de Buenos Aires”. Esta última referencia que Font hace es sobre Los Monos y el clan Alvarado, que tuvieron un origen similar a otras tantas bandas pero, por esos vínculos que señala pudieron expandirse en el negocio narco, que estalló entre finales de los ‘90 y comienzos de 2000.   

La degradación policial es uno de los grandes temas en el debate de la violencia. Los casos de bandas que gozan de la colaboración o que directamente están integradas por medios de las fuerzas son repetidos, como sucede en la última causa contra el clan de Esteban Alvarado por el crimen de un financista. Allí se puede ver cómo los policías participan del encubrimiento entregando datos de la investigación a un líder narco. O el accionar de la cuestionadísima Brigada Operativa de la División Judiciales que actuó durante la gobernación de Antonio Bonfatti. El ex subjefe de ese grupo, Luis Quevertoque, fue condenado por investigar a Los Monos para beneficiar al clan Alvarado.

“Es una Policía que perdió control del territorio y que en gran parte de ese espacio convive o fomenta el delito. Hasta que eso no se resuelva, es muy difícil que lo que sucede con la violencia en Rosario se modifique. Es una Policía que ya no se cuadra cuando le pegan cuatro gritos, entre otras cosas porque perdió su organicidad. Y el último intento de una reestructuración terminó con el ministro de Seguridad eyectado. El poder político no está convencido de romper lanzas y pide que se resuelva desde afuera con la llegada de las fuerzas federales. Así se posterga siempre la decisión de tener un control político de la Policía”, analiza un alto funcionario de Seguridad nacional que pidió no ser mencionado en esta nota. 

“Recuerdo en 2012, que en una causa judicial se discriminaba cuánto se llevaban los policías de los puntos de venta de droga. En ese momento, la División Judiciales, se llevaba 24.000 pesos, la Brigada de Drogas, unos 22.000, la Comisaría, 13.000 y el Comando Radioeléctrico, unos 8.000 pesos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿En otros lugares no hay corrupción? Claro que sí, pero el volumen y el involucramiento de los policías no se ve de esta manera en esos lugares”, refuerza Font. 

La falta de precisión respecto de cómo responder al problema de inseguridad también se puede ver en algunas decisiones recientes de la actual gestión. En el verano de este año, el encuentro entre el gobernador Omar Perotti y la ex ministra Sabina Fréderic, él le pedía más gendarmes y ella le recordaba que ya había más en Santa Fe que en cualquier otro lugar del país. “Era una demanda para patrullar el centro de Rosario, para satisfacer una demanda de los sectores medios. Vos tenés que tener en claro para qué los querés. Si es para el sistema de seguridad pública, para los patrullajes, o para combatir el crimen organizado. Si no lo tenés en claro vas a seguir fallando”, agrega el funcionario.

El periodista y diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, que investigó el narcotráfico en Rosario, también refuerza la visión de que la violencia en la ciudad no está generada de manera mayoritaria por Los Monos y el clan Alvarado. “Hay que ver el origen en la enorme desigualdad social, la destrucción de una ciudad que supo ser una ciudad obrera y que se transformó en una ciudad de intermediación de servicios. Y la solución que plantean es militarizar, una concepción de la doctrina de seguridad estadounidense. La mayoría de los crímenes son por conflictos interpersonales. Empecemos a pensar en destinar más presupuesto para deportes, cultura y educación. El plan de llenar de policías ya falló, no sigamos buscando ahí como si fuera la única solución”. 

En la misma línea, el fiscal Matías Edery, que hace un par de semanas condenó al líder de Los Monos, Guille Cantero, remarca la necesidad de recomponer tejidos sociales antes de pensar en castigos. “A largo plazo, darles a los pibes una salida alternativa al delito. Tienen que trabajar varias áreas del Estado pensando en mejorar las condiciones de vida en los lugares complicados. ¿Me decís que es utópico? Nosotros tuvimos un programa en el barrio Grandoli y Gutiérrez, allí trabajaron las fiscalías sacando armas, con Desarrollo Social acompañando y con Educación. En ese barrio, había habido 30 crímenes en dos años y al año siguiente del programa no hubo ningún tiro. El problema fue que luego se discontinuó”. “Por supuesto que también se deben hacer investigaciones criminales y escalar sobre el permiso estatal que gozan las bandas del crimen organizado, con los vínculos con las fuerzas de seguridad y la política. Y, por último, más a corto plazo, que la presencia policial en la calle le vuelva a dar sensación de seguridad a la gente”, sostuvo Edery. 

AM   

Se lo conoció primero por robar y cortar autos de alta gama en el norte del conurbano bonaerense, lejos de Santa Fe. Sus primeras condenas fueron hace casi una década por esos delitos. Pero solo un par de años después abastecía de droga a gran parte de Rosario y decidía disputarle el negocio a quienes se convertirían en sus históricos rivales: Los Monos. Esteban Alvarado (44) no tiene tanta repercusión porque su violencia es más selectiva que la de la banda de Ariel “Guille” Cantero, pero los que investigan a los grupos narcos en esa provincia lo ponen en el mismo orden de importancia. 

Detenido desde febrero de 2019, alojado primero en la cárcel santafesina de Piñero, luego de una fuga de otros presos, fue trasladado a Ezeiza y luego a Marcos Paz. Curiosamente, en este momento se encuentra en una celda, a metros de Cantero. Pesan sobre él acusaciones de asesinatos, entre ellas la de su ex mano derecha Carlos Argüelles, quien luego declaró en su contra. También se le apunta por supuestamente instigar el crimen del narco Luis Medina y por el crimen del prestamista Lucio Maldonado. 

Este último caso, que terminará esta semana su audiencia preliminar y que tiene fecha de juicio para febrero, es el que para los fiscales concentra todos los rasgos del accionar del clan Alvarado y que muestra mejor sus diferencias con la forma de operar de Los Monos. Comienza con un secuestro y tortura para terminar con una seguidilla de acciones de encubrimiento de cierta complejidad y con mucha participación policial en su ejecución. “Entender este crimen es entender a Alvarado”, señalan las fuentes judiciales. 

El 11 de noviembre  de 2018, Maldonado llegaba pasada la medianoche a su casa en la zona sur de Rosario. Cuando se bajó de su Chevrolet Cruze, cuatro personas que lo venían siguiendo en una camioneta Kangoo, se le fueron encima, le apuntaron y se lo llevaron. Uno de ellos subió al auto de Maldonado y siguió a la Kangoo. Los dos vehículos fueron hasta la localidad de Piñero, a la quinta en el paraje Los Muchachos, donde Esteban Alvarado recibía a familiares y amigos. Los cuatro que secuestraron a Maldonado, según los fiscales, serían Mauricio Jesus Laferrara, Matías Ávila, Germán Fernández y Facundo Almada, todos integrantes del clan Alvarado. 

Unas horas después, a las 3 de la mañana, el Chevrolet Cruze de Maldonado volvió a la casa del financista junto con una camioneta Volkswagen Amarok blanca. Tres hombres se bajaron de los dos vehículos, con un manojo de llaves abrieron la puerta de la casa de Maldonado y estuvieron ahí por media hora. Luego salieron, dejaron el auto de Maldonado y se fueron en la camioneta. 

Dos días más tarde, el 13 de noviembre, por un llamado al 911 encontraron el cuerpo de Maldonado tirado a un costado de la colectora de la autopista Rosario-Buenos Aires. Había recibido dos tiros en la nuca y el cuerpo tenía marcas de haber sido torturado. La ropa con la que fue hallado no era la misma que vestía al momento del secuestro. Junto a él había un cartel que decía: “Con la mafia no se jode”, un mensaje que suelen utilizar Los Monos en sus crímenes más sangrientos. 

Ante la gravedad del caso, comenzó el trabajo de investigación. Como  el auto de Maldonado tenía un sistema de geolocalización, se determinó que esa noche el vehículo fue y volvió a la quinta de los Alvarado. Al revisar los teléfonos del entorno Alvarado se encontraron mensajes en los que los supuestos ejecutores piden que se le avisara al “Primo Jaime” que la primera parte de la operación se había hecho y que iban en camino. Los fiscales identificaron ese apodo como el que utilizaba Alvarado desde 2012.

 La Policía allanó la quinta familiar y encontró 3 vainas servidas calibre .357, decenas de municiones de distintos calibres y unas zapatillas tiradas en el techo de la casa, que los perros encontraron luego de olfatear ropa de Maldonado. Luego se supo que la camioneta Kangoo estaba vinculada a un crimen ejecutado unos días antes en Soldini y por el cual también se sospechaba de los hombres de Alvarado. Y la Amarok era la misma en la que habían detenido a Almada, uno de los sospechosos, en otra causa. Por último, en la investigación se vincula una agencia de autos, que proveía los vehículos al clan. Demasiadas pruebas los incriminaban.

Por esos días, se lanzó el pedido de captura de Alvarado. En las conversaciones con su círculo íntimo parece más preocupado. En un mensaje de Telegram le dice a Almada que mucho no puede hacer ahora porque parte de los ejecutores dejaron muchos rastros. “No, que voy a acomodar, Lapo. Sí, por ahí más adelante. Ahora no se puede hacer nada. Porque tienen todo, ¿entendés? Juntan todo esto a ver: la Amarok, la agencia de Leandro, los antecedentes tuyos también. ¿Y como salís? No se puede”. Luego muestra su fastidio por la falta de pericia con la que hicieron todo: “A mí no se me escapó nada Lapo, se les escapó a los boludos éstos. A mí no se me escapó nada. Si vos sabés como soy yo”.

Los fiscales señalan en la acusación -por la que piden prisión perpetua para Alvarado en su carácter de instigador- que a partir de que el líder naco se vio acorralado por las evidencias, decidió hacer un giro dramático e ir a fondo con la intención inicial de culpar a Los Monos. El paso a paso de esa nueva estrategia es lo más llamativo de esta historia.

Todo lo que se contará de aquí en adelante está sostenido en la versión de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Lo primero que habría hecho Alvarado es intentar vincular al crimen a un viejo ladero, Rodrigo Ortigala, con quien se había distanciado luego de que éste tuviera una relación amorosa con la ex mujer de Alvarado. Además Ortigala había ido a declarar en esos días contra Alvarado a los tribunales rosarinos. Por otro lado, quisieron implicar al Chulo Olivera, un integrante de Los Monos acusado por las balaceras que en esos días esa banda había realizado contra sedes judiciales. La idea de Alvarado era que los investigadores, que tenían a estos dos hombres bajo el radar, vieran mensajes en los que se dijera que lo del crimen de Maldonado había sido armado por Los Monos para perjudicarlo.

Para eso tuvo la colaboración de dos policías que primero entregaron la información de los teléfonos de Ortigala y Olivera, hicieron teléfonos mellizos y les mandaron conversaciones armadas y un poco literales, como ésta que Olivera recibió del supuesto teléfono de Ortigala: “Chu, con esto no va a quedar dudas que el Esteban está en todo, esta con esto me la va a pagar, ya lo mío esta hecho, hablé en el Federal y en el Provincial”. El mensaje fue mandado por SMS y no por Whatsapp, para que quedara registrado en el teléfono de Olivera como prueba pero para no para que lo contestara. De hecho, Olivera no conocía a Ortigala como para responderle algún mensaje. En los mensajes de Telegram del teléfono de Alvarado se puede ver muy claro la estrategia. “Se le manda el mensaje al Chulo diciendo eso. Dos mensajes seguidos rápido. Cuando me diga: ‘¿Quién sos?’’. Ahí le ponés: ‘No me saltas en el Telegram, ahí te llamo” y dejalo ahí nomas. Por más que pregunte, ya está“. 

Luego de eso, Alvarado, habría armado falsos atentados para apuntalar la estrategia de que Los Monos lo querían incriminar en varios casos y que uno de ellos era el de Maldonado. El 10 de diciembre, dos hombres en moto dispararon contra los tribunales provinciales y dejaron un cartel que decía: “Con la mafia no se jode. Atte. Esteban Alvarado”. Minutos después, en el Centro de Justicia Penal, una mujer simuló descomponerse y la guardia del edificio la acompañó a un hospital. En ese momento, con el lugar liberado, un hombre en moto baleó el edificio y dejó un cartel con la misma leyenda. Otra vez era gente de Alvarado autoincriminándose para que los fiscales creyeran que era una maniobra de sus rivales. 

Según los investigadores, para crear confusión en el grupo de fiscales que llevaba las causas de los ataques a las sedes judiciales, Alvarado habría organizado un atentado con armas de fuego a una de las integrantes del equipo. Fueron al menos 5 disparos de 9 milímetros hechos por alguien que pasaba en moto. El ataque impactó en el grupo y provocó el alejamiento de algunos de ellos. En un principio, sospechaban de Los Monos, a quien estaban investigando.

Por último, para asegurarse de que a los investigadores no se les pasaran por alto los falsos mensajes entre Ortigala y Olivera, Alvarado habría decidido plantar los teléfonos gemelos con las conversaciones. Dos policías dejaron los celulares en una camioneta y otros pidieron la orden de allanamiento para que fueran encontrados.

A pesar de los enormes esfuerzos para confundir, Edery y Schiappa Pietra, pidieron una dura condena contra Alvarado. Esta semana terminan las audiencias preliminares, luego se realizará la discusión sobre la evidencia y el año que viene, debería comenzar un nuevo juicio, que seguramente se hará por vía remota desde el penal de Marcos Paz donde hoy está detenido.     

AM