Leí en los medios que YPF anunció la venta de su torre en Puerto Madero, construida por los españoles en el inicio del siglo, cuando apostaban al éxito del proyecto Repsol-YPF. Trabajé en ese edificio hace algunos años, junto a Miguel Galuccio y su equipo; también en la histórica casa matriz de Roque Sáenz Peña 777, en donde pude acceder a los archivos de la empresa. Durante meses revisé actas de directorio, notas reservadas, viejos expedientes. Tomé apuntes. Escribí un libro con esa investigación. 

Mientras estudiaba la historia de YPF descubrí que su relación con el peronismo nunca fue fácil. En los años 40, la llegada de Perón al gobierno -primero en la Secretaría de Trabajo y luego en la Presidencia- provocó un descabezamiento de la burocracia histórica de la empresa y complicó severamente su desempeño. Un nuevo sindicalismo, peronista y estrechamente vinculado al Estado, desplazó a las tradicionales organizaciones de izquierda de los petroleros, convirtiéndose en un factor de poder permanente dentro de YPF. Las inversiones quedaron asfixiadas por el impacto de la inflación, con precios de venta casi congelados y un fuerte aumento de los costos, en particular los salariales. Entre 1943 y 1948, YPF sumó 5.300 nuevos empleados, y el peso de los salarios en el total de ingresos saltó del 15% al 40%. 

A comienzos de los 50, YPF contaba con un buen portafolio de reservas, pero le resultaba imposible superar los obstáculos que le imponía la economía peronista para desarrollarlas y ponerlas en producción: primero conseguir que los pesos cada vez más depreciados que obtenía por sus ventas no se fueran todos en cubrir sus propios gastos corrientes; luego adquirir con esos pesos divisas para pagar las importaciones de maquinaria, equipos e insumos petroleros. En ese contexto difícil para la inversión, la producción crecía a un ritmo muy inferior al del consumo, y el déficit petrolero se acrecentaba año tras año.

En su segundo gobierno, preocupado por el peso creciente de las importaciones de combustibles en la balanza comercial, Perón dejó de lado los principios nacionalistas y estatistas de la constitución del 49 e inició un proceso de atracción de capitales privados extranjeros para acelerar la explotación local de hidrocarburos. Este movimiento favorable a la inversión privada no fue bien recibido en YPF. Para los cuadros de la empresa estatal, el esfuerzo exploratorio de años era entregado a compañías privadas, simplemente porque el Estado argentino no lograba que YPF contara con los recursos necesarios para explotar sus yacimientos por su cuenta. 

Perón fue derrocado en septiembre de 1955 y con él cayeron los contratos petroleros. Pocos años después, Frondizi llevaría adelante una política petrolera similar de gran alcance, con un éxito rotundo en actividad y producción, pero sujeta a enormes polémicas y conflictos político-institucionales, que llevarían a su anulación durante la presidencia de Arturo Illia. 

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La fuerte inestabilidad política y económica del corto gobierno peronista de 1973-76, a la que se sumó el primer shock petrolero internacional, hace difícil evaluar la gestión de YPF y los hidrocarburos del período. Las promesas de campaña, derogar el decreto-ley 17.319 de la dictadura de Juan Carlos Onganía y reemplazarlo por una Ley de hidrocarburos aprobada en el Congreso que consagrara el monopolio estatal en toda la cadena, fueron dejadas de lado frente a una realidad económica y sectorial poco propicia para esas iniciativas. Ya con Isabel Perón al mando, el gobierno recurrió a la llamada “nacionalización de las bocas de expendio”, una medida efectista con escaso impacto real: las refinerías y estaciones de servicio privadas seguían en las mismas manos, pero ahora todos los combustibles debían venderse bajo bandera YPF

Liderado por Diego Ibáñez, histórico gremialista que en la democracia sería también un poderoso dirigente del peronismo, el Sindicato Único de Petroleros del Estado (SUPE) consolidó su poder en YPF. La dotación creció de 37.474 empleados a fines de 1972, a un record de 50.555 tres años después. El SUPE ponía y sacaba al Administrador General de YPF -hubo seis en los tres años peronistas-, y logró la aprobación de un nuevo convenio colectivo que le daba el control de posiciones críticas en YPF, especialmente en la gestión de los recursos humanos. Entretanto, el balance de la empresa sufría la inestabilidad económica y mostraba fuertes pérdidas. La producción petrolera y las reservas cayeron en 1973, 1974 y 1975, un fenómeno que no se registraba desde la Segunda Guerra Mundial. 

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En los dos últimos ciclos largos peronistas, el menemismo y el kirchnerismo, YPF fue impactada por decisiones oficiales que modificaron de raíz su estructura organizacional y modelo de gestión. Lo llamativo es que, en ambos casos, el propio gobierno que había tomado esas decisiones aprobó poco después una segunda iniciativa que barría con lo anterior: Menem lo hizo con la venta a Repsol de 1999, y el kirchnerismo con la expropiación del 51% del 2012. 

En el marco de un ambicioso programa de privatización, desregulación y apertura de la economía argentina, en la primera mitad de la década del 90 el menemismo reestructuró a YPF, la convirtió en una sociedad anónima, y vendió gran parte de sus acciones en el mercado local e internacional. La venta atomizada de las acciones le permitió al Estado Nacional, con el 20%, mantenerse como el accionista principal de la empresa, que siguió operando desde su sede central en Buenos Aires y bajo la conducción de quién había liderado su transformación: José Estenssoro. Las provincias petroleras -entre ellas Santa Cruz, gobernada por los Kirchner- recibieron acciones a cambio de acreencias por regalías mal liquidadas, y los empleados el 10% como parte del Programa de Propiedad Participada (PPP), un esquema común a gran parte de las privatizaciones de la época.     

YPF creció y se internacionalizó, pero antes de terminar su segundo mandato, Menem le aplicó un golpe letal a ese modelo de empresa privada independiente y argentina que había creado algunos años antes: vendió las acciones estatales y el control de la compañía a Repsol, una flamante petrolera surgida de la privatización de activos energéticos de España, un país sin petróleo. Ya no estaban ni Estenssoro en YPF, ni Cavallo en el ministerio de Economía, y a nadie en el Gobierno pareció importarle el cambio de control en la principal empresa petrolera argentina. 

Durante el kirchnerismo se produjo la sorprendente “argentinización” de YPF, con el ingreso del grupo Eskenazi como accionista de la compañía. La transacción -la compra del 25% de las acciones- sorprendió en Argentina y en el mundo por varias razones: se trataba de un grupo empresarial pequeño y sin antecedentes en explotación petrolera (en un intento de explicar lo inexplicable, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, habló de “expertos en mercados regulados”); la compra se hizo prácticamente sin dinero, con financiamiento del vendedor -el grupo Repsol- y contra el pago de futuros dividendos de la propia YPF; y aunque Repsol seguía siendo el socio mayoritario, cedió el control ejecutivo de la compañía a la familia Eskenazi, con un acuerdo de accionistas que establecía una agresiva política de distribución de dividendos que a Repsol le permitía financiar inversiones en otros lugares del mundo con el cash flow de YPF, y a los Eskenazi contar con fondos para pagar la deuda con la que habían comprado la compañía. La “argentinización” de los Eskenazi condenó a YPF a una subinversión permanente. Los fondos necesarios para financiar los planes de expansión de la empresa se perdían año tras año en los giros de dividendos a sus accionistas.   

Poco tiempo después, ya sin Néstor Kirchner y con CFK en la presidencia, las relaciones con el gobierno de los expertos en mercados regulados se deterioraron a tal punto que el kirchnerismo decidió expropiar a Repsol el 51% de las acciones de YPF SA, y retomar el control estatal de la empresa. Ese formato, 51% estatal y el resto de las acciones en manos privadas, se mantiene hasta hoy.  Argentina pagó a Repsol por la expropiación cerca de 25 dólares por acción. Hoy, casi diez años después, la acción de YPF vale menos de 5 dólares. El mercado petrolero internacional cambió, la economía energética local empeoró, pero seguramente la valuación en el mercado refleja también el riesgo de una empresa con una creciente interferencia de su accionista principal: el Estado argentino.   

Los vaivenes a los que fue sometida YPF en estos años -privatización, extranjerización, argentinización, expropiación- dejaron secuelas duraderas en la empresa y en el sector energético. ¿Cómo puede una compañía plantearse una estrategia de largo plazo y llevarla adelante frente a semejantes cambios? Una YPF volátil y sin rumbo es además un lastre que inevitablemente conspira contra el desarrollo de la industria local de los hidrocarburos. 

El 1-2 del kirchnerismo a YPF (Eskenazi + Expropiación) dejó además un peligroso pasivo contingente de varios miles de millones de dólares, por un juicio que se tramita en New York. Burford Capital lleva adelante un reclamo de otros accionistas de YPF al momento de la expropiación a Repsol (principalmente el Grupo Petersen, de los Eskenazi), quienes se amparan en la protección a los minoritarios establecida en el estatuto de la empresa, aprobado por un decreto de Menem de mayo de 1993. Según estas normas, el cambio de control de YPF debía gatillar una oferta pública para el resto de los accionistas, con precios regulados por el propio estatuto. Repsol cumplió con esa normativa en 1999, cuando ofertó 44,78 dólares por acción y se quedó con casi el 100% de las acciones. Entre los vendedores estaba la provincia de Santa Cruz, una de las pocas que retenía las acciones recibidas en la privatización de 1993. Nada de eso sucedió en el 2012. 

No sabemos cómo terminará el juicio en New York. Los antecedentes de demandas internacionales de inversores contra el país no son favorables. La estrategia argentina, delineada por el gobierno anterior, ha sido asociar a Burford con los Eskenazi, y cuestionar la compra de las acciones del grupo Petersen a Repsol. Recientemente, la jueza Loretta Preska ordenó que se presente la documentación que relaciona a Burford con los Eskenazi. Más allá del resultado de la demanda, quizás el juicio sea una oportunidad para conocer detalles de la opaca y extraña operación de “argentinización” que provocó el desembarco del grupo Petersen. Sabemos muy poco de esa transacción. ¿Quién la diseñó? ¿Por qué Repsol aceptó un esquema semejante? ¿Cómo se armó la estructura financiera para llevarla adelante? Algunas de las versiones que circulan llegan a darle un rol a los también misteriosos fondos recibidos por Santa Cruz en 1999, por la venta de las acciones.   

Entretanto, queda por ver qué le depara a YPF esta nueva gestión peronista. La fallida operación Vicentín, en la que se la incluía en una actividad muy alejada de su core business, fue una señal de alerta.  Como ya sucedió en el pasado, el Estado puede recurrir fácilmente a YPF para resolver problemas que poco tienen que ver con su función empresarial en el mundo de la energía. 

Aun si logran evitar esos peligros, el desafío para los ypefianos será encontrar su rol dentro de un sector energético con oportunidades -Vaca Muerta siempre está ahí- , pero lleno de dificultades, en una economía local en permanente stress, y un mundo que amenazado por el calentamiento global, comienza a alejarse de los hidrocarburos.  El último estado de resultados de YPF (primeros nueve meses del catastrófico 2020) registra una caída interanual consolidada de la producción de petróleo y gas del 5,7%, reducción de sus precios de venta, y una pérdida de 1.637 MM de dólares. La deuda de la empresa al 30/09 llegaba a 7.200 MM de dólares, gran parte en títulos que la empresa intenta canjear para postergar los vencimientos. Y ahora anuncia la venta del edificio donde funciona su casa matriz. 

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En su larga historia, siempre que YPF dejó un edificio fue para mudarse a otro más grande, más importante, más moderno. En los 30 dejó el edificio de Paseo Colón, gemelo del Ministerio de Agricultura, para trasladarse a su vanguardista sede en la recién inaugurada avenida Diagonal Norte. Casi 70 años después, conducida por los españoles, se mudó a Puerto Madero, entonces la nueva meca de las oficinas corporativas porteñas. Esta vez es diferente. Crisis y pandemia mediante, a la empresa le sobra espacio. No hay ningún nuevo edificio para inaugurar. 

Dicen que la torre de Puerto Madero vale 400 millones de dólares. Los números son crueles: si hay alguien dispuesto a invertir 400 millones de dólares en Argentina, puede elegir entre comprar el edificio de YPF o el 20% de las acciones de la compañía. Después de un esfuerzo de más de cien años, todos los activos de YPF -sus reservas de petróleo y gas, sus pozos en todo el país, sus ductos, refinerías, petroquímicas, plantas de despacho, estaciones de servicio- netos de sus deudas, valen en el mercado el equivalente a cinco torres de oficinas premium en Puerto Madero. No es un gran momento para la empresa. Ojalá vengan tiempos mejores. 

NG