En lo que va del año, el fuego consumió en Córdoba 69.500 hectáreas de bosques nativos, el equivalente a tres veces y media la superficie de la Ciudad de Buenos Aires con un total de 20.000 hectáreas. La falta de una estrategia a largo plazo, el retaceo de recursos y el desfinanciamiento del Plan del Manejo del Fuego, el avance de la frontera de los cultivos de soja y los establecimientos ganaderos, el déficit habitacional y la necesidad de mudarse a zonas donde los incendios son moneda corriente y los proyectos urbanísticos sin control son algunas de las razones que explican por qué, desde 1987, en Córdoba se quemaron más de 2 millones de hectáreas.

“Todo fuego es político”, repiten en Córdoba cada año, cuando los incendios devoran día a día miles de hectáreas de bosque nativo. Las estimaciones de brigadistas, bomberos voluntarios, del Instituto Gulich –creado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)– y del Plan Provincial de Manejo del Fuego señalan que en lo que va de 2024, los incendios forestales consumieron casi 70.000 hectáreas. Es un número inexacto porque existen muchos focos que no son captados por las imágenes satelitales, por eso, los ambientalistas y brigadistas sostienen que la cifra podría llegar a las 113.000 hectáreas consumidas por el fuego.

Lo cierto es que ya la cifra de 69.500 hectáreas coloca a los incendios de este 2024 como uno de los peores de la provincia.

Andrés Lighezzolo, coordinador de la Unidad de Emergencias y Alertas Tempranas de la CoNAE dice que hasta el martes 24 se habían quemando sólo en la zona Capilla del Monte cerca de 39.000 hectáreas, a los que se suman los fuegos en Chancaní y Villa Berna (en los departamentos Pocho y Calamuchita, en el oeste provincial) que ya consumieron otras miles de hectáreas.

“Nosotros con nuestro equipo de la CoNAE vamos relevando, estamos ascendiendo a 69.500 hectáreas en el 2024”, señala Lighezzolo a elDiarioAR, y compara esa cifra con los incendios desatados en los últimos cinco años: “En 2020 hubo 340.000 hectáreas quemadas; y los años posteriores, 2021, 2022 y 2023, hubo entre 40.000 y 80.000 hectáreas quemadas”.

36 años, 2 millones de hectárea quemadas

El Instituto Gulich mantiene un relevamiento desde el año 1987 sobre los incendios en la provincia. En en base al análisis de imágenes satelitales tomadas a lo largo de 36 años, hasta 2023, se pudo determinar que en Córdoba se consumieron por incendios forestales 2.182.805 de hectáreas, una superficie equiparable con 38 veces el tamaño del departamento de la Capital donde está asentada la ciudad de Córdoba.

Entre 1987 y 1998, durante los gobiernos de los radicales Eduardo Angeloz y Ramón Bautista Mestre, el fuego arrasó 927.744 hectáreas de bosque nativo, siendo 1988 el peor año, con 350.145 hectáreas consumidas por el fuego.

Mientras que entre 1999 y 2023, durante los gobiernos del peronismo cordobesista de José de la Sota y Juan Schiaretti, los fuegos acabaron con 1.255.061 hectáreas de monte virgen. Con 341.000 hectáreas de bosque incendiado, 2020 se presentó como el peor año para las administraciones cordobesistas en materia de daño ecológico.

¿La intencionalidad puede ser el descuido? Los fuegos de las últimas décadas demuestran que no. Si nos vamos al norte de Córdoba, donde años atrás se quemaron más de 30 mil hectáreas, los incendios pasaron por muchos establecimientos ganaderos que pueden verse beneficiados por estos fuegos

Joaquín Deón — Geógrafo, becario del CONICET, brigadista voluntario

Por su parte,  el investigador Joaquín Deón, geógrafo, becario del CONICET, brigadista voluntario e integrante de la Coordinadora  Ambiental y de DD.HH. de Sierras Chicas explicó que “un bosque con especies como las que crecen en nuestras sierras necesita al menos 30 años para recuperarse. Para Córdoba, estos incendios implican un impacto enorme a escala ambiental, por eso los investigadores hablamos de emergencia climática global, no de cambio climático. Vivimos una crisis sistémica donde se relacionan lo económico, lo social y lo ambiental. No es el fuego, es el capitalismo voraz que depreda y hace negocios sobre lo depredado”.

Para este investigador cordobés “los fuegos ahora son más desastrosos por dos razones: se levantó la emergencia nacional, apenas asumió Milei, esa emergencia nacional llegaba hasta enero del 2024. Y además se desfinanció el Sistema Federal de Manejo del Fuego, contribuyendo lamentablemente eso a una pérdida de coordinación entre las fuerzas nacionales”.

Deón señaló que esta vez los incendios forestales arrasaron con decenas de viviendas porque “debido al empobrecimiento de las condiciones de vida, muchas personas buscan terrenos baratos para irse a vivir; no puedo pagar alquiler, ‘compro terrenito y me voy a las sierras’. Son muchas familias que se han mudado en una condición de déficit habitacional enorme, donde la carencia de vivienda y la necesidad de dejar pagar alquiler les ha llevado a adquirir posesiones o inmuebles y hasta viviendas con título en zonas riesgosas de incendio, no dotadas con servicios. Por ahí muchas casas no tienen agua para poder contener o frenar el fuego. Y al mismo tiempo son esas familias las que están sufriendo también la presión tras cada incendio, por ser desalojadas. ¿Por qué? Porque al perderlo todo, se desvaloriza su propiedad, se desvalorizan los costos; pero a la vez no tienen poder adquisitivo para poder reconstruir”.

Este militante de la Coordinadora  Ambiental y de DD.HH. de Sierras Chicas pone en duda los verdaderos motivos sobre una intención en los incendios: “¿La intencionalidad puede ser el descuido? Los fuegos de las últimas décadas demuestran que no. Si nos vamos al norte de Córdoba, donde años atrás se quemaron más de 30 mil hectáreas en Ischilín o Charbonier, los incendios pasaron por muchos establecimientos ganaderos que pueden verse beneficiados por estos fuegos. En esta zona el avance ganadero va de la mano con la sojización. A medida que la sojización avanza en los llanos del norte de Córdoba, se desplaza la ganadería”, advierte Deón.

Las 69.000 hectáreas que hasta ahora se han quemado, en realidad se agregan a todas las hectáreas quemadas anteriormente; porque de esas más de 300.000 hectáreas quemadas en 2020 no se recuperaron todas. Pero va quedando cada vez menos biodiversidad nativa

Raúl Montenegro — Presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM)

El biólogo Raúl Montenegro preside la prestigiosa Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) y en 2004 recibió el premio Right Livelihood Award. En diálogo con elDiarioAR asegura: “Hay que dejar en claro que cuando se produce un incendio forestal, no sólo está esta parte trágica de las viviendas que se queman y obviamente el riesgo para las personas, lo que se está destruyendo es biodiversidad, no se trata solamente de que se estén quemando árboles, arbustos y pastizales; sino que se destruyen miles de especies que conforman esos ecosistemas y que por lo tanto la pérdida es mucho más grave de lo que uno puede llegar a percibir”.

Y precisa: “Las 69.000 hectáreas que hasta ahora se han quemado, en realidad se agregan a todas las hectáreas quemadas anteriormente; porque de esas más de 300.000 hectáreas quemadas en 2020 no se recuperaron todas. Pero va quedando cada vez menos biodiversidad nativa, menos posibilidades hay de que se recompaginen esos ambientes, de hecho, esta violenta destrucción sistemática característica de Córdoba, una de las provincias ambientalmente peor manejadas de Argentina, hace que los procesos de recuperación con esta suma de superficies quemadas se va haciendo cada vez más lento, dificultoso y seguramente con pérdidas irrecuperables”.

El biólogo cordobés aseguró que “estos incendios son el precio que hay que pagar en Córdoba de decisiones políticas que no se tomaron: ante la detección temprana de fuego, debió tomarse una acción rápida para evitar que alcance dimensiones difíciles de controlar, que es lo que está pasando en estos momentos. No hay que olvidar que durante el gobierno de Juan Schiaretti, que yo creo que va a pasar a la historia como una de las gestiones que más contribuyó a la destrucción del ambiente en Córdoba, se descartaron todos los sistemas de torres vigías para la detección temprana de fuegos. Y ahora estamos pagando el precio por políticas cambiantes, con ideas poco claras; que coinciden a nivel nacional con un Plan de Manejo del Fuego que no está ni remotamente disponible de lo que debería estar”.

El presidente de la FUNAM advirtió que “lo venimos diciendo desde hace años, el agronegocio en Córdoba, tanto por la expansión de los cultivos transgénicos, como para la expansión de la ganadería intensiva, está detrás de los desmontes, sigue habiendo desmonte, y estos incendios terminan facilitando mucho esta tarea”.

Agronegocios y déficit hídrico

Christine Edward es una inglesa que vive en Córdoba desde hace más de medio siglo, y eligió La Granja como su lugar en el mundo. Militante ambientalista y pacifista en Inglaterra desde los años ’60, hace poco más de una década, en 2012, ayudó a fundar la Mesa del Agua y Ambiente La Granja, en las Sierras Chicas de Córdoba, a pocos kilómetros de esta Capital. “Los incendios de ahora tienen una mayor intensificación, porque hay mucha más gente afectada –cuenta–. Antes era sólo bosque nativo, ambiente. Ahora, el fuego afectó a la gente, por eso la mirada es distinta. Las urbanizaciones crecieron exponencialmente después de la pandemia, muchas veces, la gente edificó sin planificación, fuera de las zonas urbanas, invadiendo las áreas naturales, con todos los riesgos que hay, en este caso, del fuego”. La Granja tuvo uno de los focos más activos de incendios forestales de la última semana.

Muchas veces, la gente edificó sin planificación, fuera de las zonas urbanas, invadiendo las áreas naturales, con todos los riesgos que hay

Christine Edward — Mesa del Agua y Ambiente La Granja

Para Edward no escapa “el cambio climático” a la hora de la mayor actividad de los fuegos: “Cuando hace calor, hace mucho más calor; y la sequía es mucho más pronunciada, es más larga, abarca la época de invierno y primavera. Se nota la falta de agua, el déficit hídrico”.

Ya en épocas del inicio del tercer gobierno de José de la Sota (2011-2015), esta ecologista anglocordobesa denunciaba la falta de políticas ambientales por parte del Estado: “Hubo una histórica alianza entre los sectores del agronegocio y el Gobierno de Córdoba, pasó con De la Sota, durante el gobierno de (Juan) Schiaretti su política atacó deliberadamente el medioambiente, es como si fuera una venganza. En La Granja trabajamos por un plan de desarrollo urbano con ordenamiento ambiental. Pero avanzaron en toda la zona de las Sierras Chicas los desarrollos inmobiliarios, sin importar la falta de agua. Por los medios nos inundan con publicidad del Gobierno que dice que las autovías traerán desarrollo y conectividad, pero las autovías serán más anchas, tendrán más tráfico y traerán más problemas. Esperemos que con Llaryora la situación cambie; porque muchas veces las autoridades, los funcionarios, no se organizan y no defienden como se debe, lo que deben defender”.

Medardo Avila Vázquez es médico integrante de la Red Universitaria de Ambiente y Salud y secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba). Investigador desde hace más de dos décadas de la acción de los agroquímicos en los pueblos fumigados.

Para este especialista cordobés, los fuegos que aún persisten en las sierras de Córdoba, tienen directa relación con los fuegos de hace cuatro años atrás: “El incendio del 2020, que se quemó Córdoba, todas las sierras, el Pan de Azúcar, es fundamental para entender los fuegos de 2024: ese incendio fue el que decidió la construcción de las brigadas comunitarias. Todo el mundo vio cómo se quemaba todo y desde el Plan de Manejo del Fuego se limitaban a mirar cómo corría el fuego hasta que se apagó solo, porque el problema de base es ese, para quiénes dirigen el Plan de Manejo del Fuego no es prioridad apagar el monte, ni el bosque, ni el pastizal, para ello el monte se quema normalmente, naturalmente, periódicamente. Aparte de terminar con el bosque nativo, esa zona queda habilitada para un negocio inmobiliario, urbanístico o de agronegocios. Ya lo vimos, lo venimos viendo desde 1999”.

Avila Vázquez, uno de los opositores a la traza de la autovía de la Ruta 38 que atraviesa el valle de Punilla destacó ante elDiarioAR que “el de 2020 no fue un incendio casual”.

La autovía de montaña cuya traza fue defendida por el gobierno de Juan Schiaretti tenía varios problemas de alto impacto ecológico, por caso, atravesaba yacimientos de uranio, con el peligro que ello conlleva. “En 2019 se frenó el desmonte, hubo una audiencia pública que fue gigantesca,  movilizaciones y al final Schiaretti levantó el proyecto ¿Y qué pasó al año siguiente? En 2020, cuando llegó la época de sequía, le prendieron fuego a toda la traza de altura, de media altura que tenía el proyecto de la autovía, que nosotros lo habíamos prohibido para cuidar el monte. Le prendieron fuego a todo, y quemaron más de 300.000 hectáreas”, denunció Avila Vázquez.

Las 2,2 millones de hectáreas arrasadas por los fuegos en estas casi cuatro décadas no son sólo números de Excel, sino como sostienen especialistas, es la destrucción de la biodiversidad, desde bacterias imperceptibles hasta comadrejas y pumas, desde pequeños arbustos hasta imponentes quebrachos. En los expedientes judiciales y de la Secretaría de Ambiente de la Provincia se niega la existencia de ese bosque, se lo invisibiliza y sólo se habla de los incendios a secas, sin dimensionar el ecocidio que sufre Córdoba desde hace décadas: “El desmonte es consecuencia de la complicidad de los actores privados con el poder político municipal, provincial y nacional; con estudios de pre factibilidad para explotación agraria, minera o inmobiliaria, como queda evidenciado en los expedientes oficiales. El Estado provincial no es ajeno al desmonte”, denuncia Deón.

Para los ambientalistas cordobeses, el combo sequía-incendios-inundación es el terreno ideal para que los empresarios generen proyectos urbanísticos y amplíen el avance de los agronegocios donde antes había bosques nativos.

GM/MG

Cuando los policías llegaron a su casa en La Calera, el comisario general Alejandro Mercado, subjefe de la Policía de Córdoba, se dio cuenta de que algo no andaba bien. No eran agentes de la Jefatura, sino los comisionados que trabajan bajo las órdenes de Enrique Gavier, fiscal de Delitos Complejos, con especialidad en delitos económicos. El subjefe de la Policía cordobesa quedó inmediatamente detenido por el presunto delito de encubrimiento agravado en el marco de una investigación ligada a la protección de una “cueva” financiera y a la venta ilegal de neumáticos robados y teléfonos móviles.

A la misma hora en que el comisario general Mercado era detenido en esta localidad ubicada a sólo 18 kilómetros al oeste de esta capital, se realizaron diez allanamientos más en la propia casa de Gobierno cordobesa y en domicilios ubicados en las ciudades de Córdoba, Arroyito, Río Segundo y la comuna de Lozada, donde además fueron detenidos otros dos policías, un empleado judicial y cuatro miembros de una misma familia que presuntamente integraban una banda dedicada a la venta de neumáticos, teléfonos celulares y lavado de activos provenientes de ese comercio ilegal.

Tras la detención de Mercado —es uno de los tres subjefes de la fuerza de 23 mil efectivos—, el propio ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, convocó a una conferencia de prensa donde se anunció el operativo: “La detención se produjo a raíz de una investigación que se inició el año pasado, sobre hechos ilícitos de 2022 y 2023, un lugar de venta de telefonía celular donde también funcionaba una financiera y también tendría otro tipo de actividades como venta de neumáticos de origen ilegal”.

El funcionario señaló, además, que “hay funcionarios públicos del área de Investigaciones, un hombre y una mujer que prestaban servicios en esa área y que también están detenidos, un comisario inspector y una subcomisaria si mal no recuerdo sus jerarquías; pero hay ocho detenidos en total, los otros cinco son civiles; creo que también hay un empleado del Poder Judicial que está involucrado y detenido”.

Esta tarde, fuentes del Ministerio de Seguridad informaron a elDiarioAR que, a través de una resolución del propio ministro Quinteros, se pasó a retiro obligatorio al subjefe Alejandro Mercado “atento a la investigación judicial en la que se encuentra involucrado”, “sin perjuicio de transformarse la medida aquí dispuesta en una sanción de tipo segregativa con razón de las resultas del proceso judicial y/o administrativo que se lleve adelante en su contra”.

Además del comisario general Mercado, también fueron detenidos los policías de la Dirección General de Investigaciones Criminales, el comisario Cristian Norberto Rubén Cabrera (asociación ilícita, falsa denuncia y falsedad ideológica); la subcomisaria Verónica Aguilar (asociación ilícita); el empleado judicial Juan José Corzo (falsa denuncia y falsedad ideológica, presuntamente involucrado en el armado de falsas denuncias) y los integrantes de una familia de Arroyito, que tenían el teléfono celular de Lorena Aubán, una joven asesinada en la ciudad de Arroyito en 2007: Roberto Adrián “Coquito” Monge, Roger Emmanuel Monge y Maciel Adrián Monge, todos imputados por el delito de asociación ilícita. Mientras que Fiorella del Valle Monge también está imputada y con orden de captura, pero no fue detenida por no poder establecer su domicilio.

De Delitos Económicos a subjefe de Policía

Con 35 años de carrera, el comisario general Alejandro Mercado hizo una meteórica carrera que lo llevó en la última década a ascender de jefe del Departamento de Delitos Económicos a subjefe de la Policía, cargo al que ascendió desde el 10 de diciembre, cuando Martín Llaryora asumió como gobernador de Córdoba. Polémico y resistido por los cuadros medios de la propia fuerza, varias veces Mercado estuvo a punto de ser desplazado de la Policía, pero la excelente sintonía con dos fiscales muy allegados al poder político provincial, Raúl Garzón y Rubén Caro —que se jubiló hace pocos meses—, le permitieron sobrevivir. Con Quinteros como flamante ministro de Seguridad, el nombre del comisario general Mercado sonó como jefe de Policía, pero finalmente el gobernador Llaryora se inclinó por el comisario general Leonardo Gutiérrez, hasta entonces jefe de la Dirección General Departamentales Sur, como número 1 de la fuerza. Mercado fue nombrado como uno de los tres subjefes y las otras dos subjefaturas quedaron para la comisaria general Claudia Salgado y el comisario general Marcelo Marín.

Un oficial en ascenso

Hasta junio de 2015, el comisario inspector Alejandro Mercado estaba al frente del Departamento de Delitos Económicos, y en los medios gozaba de buen trato cada vez que realizaba megaoperativos contra la venta ilegal de teléfonos celulares en la Galería Norte. Eran épocas en que la Policía de Córdoba era manejada con puño de acero por el comisario general Julio Suárez, quien no dudó en amenazar al periodista Dante Leguizamón que investigó el caso de gatillo fácil de Fernando “Güere” Pellico, asesinado en julio de 2014. 

Pero a mediados de 2015 la suerte del jefe de Delitos Económicos cambió para bien: el jefe del Departamento Robos y Hurtos, comisario inspector Gabriel Alvarez, fue pasado a situación pasiva —como ahora le ocurre a Mercado—, fue relevado de su cargo, y además fue impedido de desempeñar ninguna función, portar su arma, ni vestir uniforme y se le retuvo el 70% del sueldo. “Alvarez se comió una bronca de arriba, una interna con Mercado”, contaron aquella vez.

Agentes del grupo de élite de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al mando del fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, allanaron la Jefatura de Policía y detuvieron al chofer del comisario Alvarez, el cabo de Robos y Hurtos, Franco Ormeño, sospechado de integrar una banda de secuestradores que en abril de ese año había capturado a Carlos Córdoba (73), padre de Daniel Córdoba, un presunto narcotraficante e informante de la disuelta División Drogas Peligrosas de la Policía cordobesa, involucrado en el narcoescándalo que en 2013 terminó con los jefes de la División presos por encubrir narcos.

Con mucha razón, el desplazado Alvarez se había quejado por su desplazamiento: “Yo no puedo saber qué hace un policía de mi área cuando no está en funciones”. 

Así fue que de facto, el comisario Mercado se hizo cargo de Robos y Hurtos y, al poco tiempo, de Sustracción de Automotores; además de seguir comandando Delitos Económicos.

Ricos y famosos

En diciembre de 2015, cuando Juan Schiaretti sucedió como gobernador a José Manuel de la Sota, también hubo cambios en la plana mayor de la Policía y el comisario general Gustavo Vélez reemplazó como jefe al polémico Julio Suárez, quien fue pasado a retiro.

En mayo de ese año, delincuentes robaron una cantidad nunca precisada de pistolas calibre 9 milímetros de la Policía de Córdoba, y trascendió que el propio Suárez, al enterarse del robo, le ordenó a Mercado recuperar las armas. Finalmente, la Justicia computó el faltante de 67 pistolas Bersa Thunder, de las cuales fueron apareciendo “por goteo” algunas, en distintos allanamientos “al voleo”.

Mercado cayó en el ostracismo y fue desplazado a una dependencia del interior. Pero la suerte volvió a salpicarlo, gracias a la buena muñeca y la buena llegada con los llamados “fiscales del poder” —Caro y Garzón manejaron causas de alto impacto mediático—.

La víspera de la Navidad de 2016, la noche del 23 de diciembre, en la vivienda de la abogada Teresa Panetta en barrio Cofico, en un coqueto caserón donde estaba reunida la flor y nata de la política, la Justicia y el empresariado cordobés. Esa noche, un grupo comando copó la vivienda de Faustino Allende 410, esquina Sucre, y se alzó con un botín nunca declarado, tras maniatar a 22 invitados.

Siempre sobrevoló la sospecha de que el asalto en realidad no buscaba la apropiación de un botín suculento, sino precisamente desnudar que allí se desarrollaba “una reunión de empresarios, políticos y funcionarios de la Justicia federal y provincial donde la estrella era un empresario como Hermann Karsten, ligado al poder político de De la Sota y Schiaretti; encargado del cobro de los impuestos provinciales y sospechado por corrupción. Querían que se supiera las relaciones de Karsten con la Justicia ordinaria y federal”, confió una alta fuente ni bien ocurrió el hecho.

En esa fiesta estaban la dirigente peronista disidente Olga Riutort —ex esposa de De la Sota—, el juez federal Luis Rueda, el vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Sebastián López Peña, el ex fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro, el yerno de Panetta y exfuncionario municipal Juan Pablo Díaz Cardeilhac, el dirigente radical y docente universitario José Ignacio Cafferata Nores y el reconocido penalista Carlos Hairabedian —todos con sus esposas— quienes agasajaban al polémico empresario y lobbista Hermann Karsten, investigado en Argentina y Guatemala por diversos hechos de corrupción.

A las mujeres les robaron joyas y a los hombres relojes y plata. A todos les sacaron sus teléfonos celulares para evitar que alertaran sobre el robo, los metieron en una bolsa y los abandonaron en barrio Pueyrredón en un canasto de residuos.

Horas después del atraco, el fiscal Raúl Garzón ordenó la detención de Víctor Barrionuevo, un subcomisario de Villa Allende, y cinco cómplices. En enero de 2017, con la causa paralizada, fue desplazado el jefe de la Dirección General de Investigaciones Criminales, comisario mayor Calixto Luna, y en su reemplazo fue nombrado como jefe Alejandro Mercado, rescatado del destierro por el fiscal Garzón.

En diciembre de 2018, casi dos años después del atraco, Barrionuevo y los cinco sospechosos fueron absueltos. En ese fallo, los jueces de la Cámara Segunda del Crimen, Eduardo Valdés (presidente), Ítalo Vitozzi y Gustavo Ispani, ordenaron que una fiscalía de Instrucción investigue al fiscal Garzón, al juez de Control 5, César Lezcano, al comisario general Mercado y a otros policías, quienes están sospechados de haber cometido un cúmulo de irregularidades para armarle una causa a Barrionuevo y los otros detenidos.

El crimen de la farmacéutica 

Los allanamientos de hoy ordenados por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, se desprenden de un caso juzgado en la Cámara Octava del Crimen, en el cual aparece un teléfono celular involucrado en el homicidio de Lorena Aubán, una farmacéutica de la ciudad de Arroyito, asesinada el 22 de junio de 2007. La joven de 28 años fue hallada en el baño del local por su padre, Oscar Aubán. La víctima tenía una cuerda alrededor del cuello, el torso semidesnudo, los pantalones bajos y las manos atadas. La autopsia reveló que fue estrangulada y violada. En la ropa había manchas húmedas de semen y, bajo sus uñas, restos de piel y sangre de su asesino. Le habían robado su teléfono celular, entre otras cosas de poco valor.

En abril de 2012, por el crimen de Lorena Aubán fue condenado a 14 años y seis meses de prisión Yonatan Arias, un adolescente que, cuando ocurrió el ataque mortal, tenía dieciocho años y serios problemas de adicción a las drogas. El principal sospechoso, el viudo Cristian Bizone, fue absuelto en un polémico juicio realizado en los Tribunales de San Francisco, donde dos de los jurados populares denunciaron que les cambiaron su voto.

Además de Arias, en ese juicio fue condenado por encubrimiento Alberto “Calmao” Flores, un hombre que trabajó de seguridad privada de políticos en campaña cuando visitaban esta ciudad del este cordobés.

A Flores lo vinculan directamente con el teléfono celular de Lorena Aubán: el seguimiento del chip del aparato permite ubicarlo en Córdoba. Lo estaba usando una mujer. Al ser interrogada, la mujer declaró que lo había comprado en un local de la Galería Norte, cuyo dueño es Adrián “Coquito” Monge, uno de los detenidos esta mañana.

En 2007, cuando la Policía interrogó a Adrián “Coquito” Monje, este declaró: “Me lo vendió ‘Calmao’ Flores, como era de confianza ni le borré el IMEI”.

La Galería Norte, el lugar donde al comisario general Alejandro Mercado, le gustaba encabezar operativos para la prensa.

GM/JJD

La familia Montoya-Albareda está atravesada por la tragedia desde hace 45 años, cuando el subcomisario Ricardo Fermín Albareda (37), un ingeniero electrónico egresado de la UTN que prestaba servicios en la Central de Comunicación de la Casa de Gobierno de Córdoba fue secuestrado la noche del 25 de septiembre de 1979 en la capital provincial por un grupo de tareas del Departamento de Inteligencia de la Policía (D2) que lo llevó hasta el centro clandestino de detención Casa de Hidráulica, en las afueras de Villa Carlos Paz, lo torturó y asesinó.

Los integrantes del grupo de tareas responsables de la desaparición de Albareda habrían descubierto que la víctima militaba clandestinamente en la guerrilla del PRT-ERP y, desde su puesto en la Policía, le pasaba información al grupo guerrillero, pese a que a mediados de 1977 ya había sido prácticamente diezmado.

Tras la trágica muerte de su padre, a los nueve años de edad, Fernando Albareda comenzó un derrotero de desgracias que tuvo un hito desgarrador este jueves, cuando fue detenido y acusado de haber asesinado a su propia madre.

Tras la desaparición de su esposo, Susana Montoya -madre de los niños Mónica y Fernando y del bebé Ricardo- se puso en pareja con un policía: el ex coronel Rodolfo Campos -era el titular de la Policía en aquéllos años-; quién en diciembre de 2009 fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba por, precisamente, el secuestro, asesinato y desaparición del subcomisario Albareda.

En ese mismo juicio, junto a Campos fueron condenados a prisión perpetua el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército con sede en esta provincia, general Luciano Benjamín Menéndez; y los ex agentes Armando Cejas y Hugo Cayetano Britos; quiénes fueron encontrados culpables de los delitos de “privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público; homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por una pluralidad de partícipes”.

Quienes conocen a la familia Albareda confiaron que el hijo del medio de la familia, pasó a un segundo plano. La turbulencia de la preadolescencia y el desprecio de Campos hicieron que Fernando viviera entre los nueve y los 12 años de edad en institutos de menores, donde sufrió diversos abusos. Al regresar a su casa, gracias a la gestión de una maestra, pasó un corto tiempo allí y luego transitó una vida en pensiones y literalmente en la calle.

El pasado viernes 2 de agosto, cerca de las 18, un llamado ingresó al número policial 911 dando cuenta de la muerte de una mujer en su casa de calle Miguel Andrés Caminos al 4800 de barrio Ampliación Poeta Lugones. Su hijo Fernando Albareda fue quién dio aviso. Las aberturas de la vivienda estaban cerradas. El cadáver, con una herida en el cuello estaba tirado en el patio y semicubierto de hojas. Ese mismo día, a las 20, el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros llegó al lugar y se entrevistó con el hijo de la mujer asesinada. El funcionario le avisó al gobernador Martín Llaryora que se trataba de la viuda del subcomisario Ricardo Fermín Alvareda.

Muy temprano en la mañana del lunes 5, horas antes de que comenzara el velorio de Susana Montoya, Fernando Albareda le envió un mensaje a través de WhatsApp a sus “queridos y queridas compañeros y compañeras”; donde relata que estaba recomponiendo relaciones con su madre: “Me destruyeron la esperanza de poder seguir en esa construcción y lazo familiar que tan bien me estaba haciendo, no solo a mí, sino a S. y F., que sabían que existía la Susana, después la abuela Susana, para finalmente reencontrar afecto y momentos compartidos con ‘la Chueca’.”

“Toda esa imagen costó años de reconstrucción y de tratar de entender cosas que estaban en gris y que después del suicidio de mi hermana, decidí poner fin y hacer un punto y aparte, lo cual resultó porque empezamos con mi mamá una hermosa relación de simbiosis que lo que yo hacía por ella me volvía y lo ella hacía por mí también le volvía. Tomamos mates, jugamos cartas, buraco, comíamos juntos, etc. Era todo ganar... hasta el viernes”; escribió Fernando Albareda. En 2021, Mónica, la hermana mayor, falleció en Bariloche.

Familia y deportes

En 1994, Fernando Albareda se casó con C. y producto de ese matrimonio nació N., un varón:

“C. es una de mis mejores amigas del club. Fue testigo de mi casamiento y hemos ido al casamiento de ellos. Ellos están obviamente divorciados hace veintipico de años, pero lo veo de vez en cuando en el club”, confió a elDiarioAR un amigo de la juventud de Fernando Albareda y su ex esposa. “Estoy sorprendido absolutamente, pero bueno, espero que verdaderamente que no sea lo que está diciendo la Policía. Francamente me asusta pensar que ha hecho una locura así”, afirma.

Luego del divorcio con C.; Fernando rehízo su vida con M.P.; y tuvieron una hija y un hijo, S. y F. La hija estaba en el departamento familiar de barrio Villa Cabrera cuando su padre fue detenido el pasado jueves 8.

“Realmente, elegí fingir fortaleza, que se que me va a romper en mil pedazos cuando esto vaya pasando y solo estoy pensando en N., S. y F. y obviamente M.P. No soy nada si ellos, no soy nada sin ustedes, no sirvo solo, es un estado que muchas veces uno usa para disfrutar, bueno, esta soledad así, es una mierda, sin ellos y ustedes no podría dar un paso más. Estoy paralizado, estoy roto, estoy triste, angustiado y desesperado. Solo digo lo que siento y puedo expresarlo así. A mi mamá le reventaron la cabeza a ladrillazos, la apuñalaron en el cuello y no se qué más. Solo me sale decirles que no me dejen, sé que no va a ser el caso, que los amo profundamente. Que los necesito cerca y que no voy a parar”, escribió Albareda en otro de los párrafos a sus amigos, antes de que los investigadores de la policía reunieran las evidencias suficientes para acusarlo del asesinato de Susana Montoya.

Este amigo que habló con elDiarioAR recordó que Fernando “incurría en todo lo que es las cuestiones políticas, y sé que no es un tipo fácil. ¿Pero quién es fácil? ¿Vos sos fácil? ¿Yo soy fácil? Obviamente, con todas las situaciones del padre y, obviamente, de una casa destrozada a causa de la muerte prematura. No voy a juzgarlo, sí voy a ponerme a pensar que si es por dinero eso sí es juzgable y cuestionable, así que bueno, esperemos verdaderamente que Dios pueda reparar todo este desastre que los seres humanos hacemos y que lamentablemente aquellos que más van a sufrir van a ser los hijos”.

Fernando y su hermano Ricardo siempre estuvieron ligados al deporte en clubes como Palermo Bajo, Tablada y Universitario. Fernando, el mayor, entrenó las inferiores de hockey, fue árbitro y también entrenó fútbol en el Club Atlético Talleres; del cuál su papá, el subcomisario Ricardo Fermín Albareda era fanático. El menor de los hermanos, Ricardo, actualmente es entrenador de rugby en Universitario.

Su vínculo con la militancia

“No lo conozco a Fernando, yo ya hacía muchísimo tiempo que me había ido de HIJOS y creo que Fernando se vincula ya cuando empiezan los juicios de lesa humanidad, que desde que se formó HIJOS hasta los juicios, pasaron un montón de años”, señala Mariquita Llorens, integrante del grupo fundacional de HIJOS, que se reunió en la Semana Santa de 1995 en la localidad cordobesa de Río Ceballos.

Los referentes que aparecían entonces en la nueva agrupación eran los cordobeses Silvia Di Toffino y Martín Fresneda.

En octubre de 2009, cuando recién había comenzado el juicio por la desaparición de su padre, Fernando le dio una entrevista al periodista Alexis Oliva. Allí recordaba su incorporación a HIJOS en el año 2000: “Un día, Iván Ferreyra, el que edita la revista Recovecos, me escucha discutir por teléfono con el abogado que nos llevaba la causa por la indemnización de mi viejo. Era un abogado que trabaja en la Policía y lo habían puesto mi hermana y mi vieja. Se demoró tanto que me empezó a pudrir y cuando lo empecé a apretar, el tipo se escudaba en que no le habíamos entregado todos los papeles".

Albareda recuerda: “Cuando Iván escucha esa charla apareció y me dijo: ”Yo tengo el nombre de las personas que te van a solucionar el problema“. Y me anotó en un papelito: ”Agustín Di Toffino y Martín Fresneda“. Me dio los números y me dice: ”Llamales, estos tipos te van a solucionar el problema. ¿Nunca fuiste a HIJOS?“ Y le cuento que una vez crucé por la plaza San Martín, donde había un escrache a (Antonio Domingo) Bussi, y me puse a charlar con ellos. Con el que hablé era Emiliano Fessia, y él me dio su número de teléfono. Ese fue mi primer acercamiento a HIJOS”.

En esa entrevista de 2009, Fernando Albareda explica que “Martín (Fresneda) me citó a su estudio para que le diera los datos y pudiéramos hablar a la Secretaría de Derechos Humanos y al Ministerio del Interior, para saber dónde estaba parado el trámite. Hablamos, en definitiva, de quién había sido mi padre. Les conté el caso e inmediatamente lo agarraron como propio, porque no tenían denuncias de policías desaparecidos”.

La estrecha relación de Fernando Albareda con los dirigentes de HIJOS, principalmente con Agustín Di Toffino -secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos durante el gobierno de Alberto Fernández-; y Martín Fresneda –secretario de DDHH de la Nación durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner- le posibilitó ingresar como asesor de Fresneda en su paso como legislador cordobés (2015-2019) y luego en la Secretaría de DDHH nacional, donde estaba a cargo en Córdoba del Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que depende también de la Organización Internacional de Migrantes (OIM). Durante 2023, a través de un convenio entre la Secretaría de DDHH nacional y la Policía cordobesa, Fernando Albareda dictó cursos y charlas a los cadetes aspirantes en fuerza, relacionados a la Protección de Testigos.

La caída

El 8 de diciembre del año pasado, mientras terminaba el ciclo lectivo de los aspirantes a policías, en la casa de Fernando Albareda, en barrio Villa Cabrera, aparecieron carteles con amenazas: “Sos hijo de terrorista. Se terminaron los amigos de la Policía”; “No vayas más a la escuela ni a Jefatura”, “va a morir”, y el “te vamos a juntar con tu papito”. Los mensajes escritos con fibra negra y recortes, tenían dibujadas cruces esvásticas. Además, en el lugar aparecieron seis balas calibre .22. Esa causa la investigó, sin resultados, el fiscal Juan Pablo Klinger, el mismo que ordenó detener a Albareda por el asesinato de su madre.

El propio intendente Martín Llaryora, que dos días después iba a sumir como gobernador de Córdoba, se solidarizó en las redes sociales con el hijo del subcomisario desaparecido: “Expreso mi enérgico y firme repudio a las amenazas que sufrió un integrante de la agrupación Hijos Córdoba”.

Ese mismo día, Juan Pablo Quinteros, que estaba a punto de asumir como ministro de Seguridad se solidarizó con Albareda y en ese encuentro, la presunta víctima de las amenazas se acercó y le solicitó que le resolviera la reparación histórica de su padre.

En marzo pasado, el ministro Quinteros -en nombre del Estado cordobés- le hizo entrega en el edificio de la Jefatura de Policía de la reparación del legajo de Ricardo Fermín Albareda a sus familiares y seres queridos. El acto reparatorio de legajos de empleados públicos desaparecidos durante la pasada dictadura cívico militar se enmarca en la Ley 10.874.

El reconocimiento por parte del Estado, autorizaba “el pago del cien por ciento (100%) del subsidio por fallecimiento, a favor del señor Fernando Armando Albareda y de la viuda, Susana Beatriz Montoya, por el monto de $76.447.970”.

Segun declaró a los investigadores y periodistas, alertado porque no le respondía el teléfono, el viernes 2 de agosto pasado, cerca de las seis de la tarde, Fernando Albareda llegó a la casa de su madre Susana Montoya, en Miguel Andrés Caminos 4.880 de barrio Ampliación Poeta Lugones. Al no poder entrar a la vivienda le pidió a una vecina que lo deje subir al techo para ver hacia el interior de la casa materna. Allí vio el cuerpo de su mamá, tirado en el patio. Llamó a la Policía y allí Fernando y los agentes encontraron una nueva amenaza presuntamente de elementos ligados a la dictadura cívico-militar: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”, escrito presuntamente con lápiz labial rojo en una de las paredes de la casa de la víctima.

En el mensaje de Whatsapp enviado el lunes, Albareda le confiaba a sus más cercanos: “Me río de los nervios, lloré mucho, me abrazo con todo lo que se me cruza y voy buscando la manera de ponerle palabras al espanto. Esta vez, cruzaron un límite que yo no imaginaba”; “Ahí se me derrumbó el mundo entero. No tengo una sola palabra que pueda describir lo espantoso del momento que estoy viviendo. Temo por mí. Temo por mi familia, mi hermano. Por cada uno/a de nosotros/as”, ratificando su sospecha hacia elementos policiales.

Tras su detención, trascendieron algunos detalles, por ejemplo, que la noche del viernes, cuando Fernando y Ricardo se encontraron en la vivienda de Susana, el hermano mayor le reclamó al menor “¿por qué hiciste esto?, si todos íbamos a cobrar la reparación de papá”; tratando de desviar la investigación hacia Ricardo, que vivía con la madre. Los investigadores de Homicidios, comenzaron a investigar al menor, pero esa línea quedó descartada cuando se comprobó que el jueves a la hora del asesinato estaba en Villa Carlos Paz con sus hijos.

Las filmaciones, las pericias grafológicas, los cruces de teléfonos, las huellas dactilares y la presencia de ADN, además de testimonios de testigos situaron a Fernando Albareda en la casa de su madre, en el mismo momento en que era asesinada.

El viernes, el defensor de Albareda, Claudio Juárez Centeno había insistido con la sospecha de elementos de la Policía cordobesa ligados a viejos elementos de la dictadura, que podrían haber armado una escena para inculpar a su cliente. Ayer, en cambio, le dijo a elDiarioAR: “Fernando es una víctima del terrorismo de Estado. Hace 45 años mataron a su padre y lo hicieron desaparecer. Después, Susana comienza una relación sentimental con uno de los policías que es condenado por las torturas y desaparición de su padre; pero en el medio, Fernando es internado en institutos de menores donde sufre todo tipo de abusos. Evidentemente, es un producto de esta sociedad que lo sometió a esta tragedia”.

DM/GM

Esta tarde, cerca de las cuatro y media, una comisión de la Policía de Córdoba al mando del fiscal Juan Pablo Klinger llegó al departamento de Fernando Albareda (53) en barrio Villa Cabrera y lo detuvo en las inmediaciones por el homicidio de su madre, Susana Montoya (74), ocurrido en su casa de Ampliación Poeta Lugones, la tarde-noche del jueves 1 de agosto.

El propio Albareda, ex militante de la agrupación HIJOS, y empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, había sembrado sospechas que el crimen de su madre había sido cometido por elementos ligados a fuerzas de seguridad y a condenados por delitos de Lesa Humanidad, en el marco de la ola de reivindicación del genocidio por parte del oficialismo de la Casa Rosada. En una de las paredes de la casa donde vivían la víctima y su hijo menor Ricardo, escrito presuntamente con lápiz labial rojo, apareció una amenaza: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.

El informe de la autopsia a cargo del Instituto de Medicina Forense concluyó que en la muerte de Susana Montoya “han confluido traumatismo de cráneo y asfixia mecánica por estrangulamiento”. El cuerpo estaba en el patio, semi tapado con hojas y excrementos de perros. Las aberturas de la vivienda no habían sido forzadas. Fernando Albareda denunció el viernes 2, cerca de las 19, que había visto a través de una casa vecina, a su madre tirada en el patio de su casa.

Según reconstruyeron los investigadores de Homicidios en base a las pericias, la noche del jueves 1, Susana Montoya cenó con su hijo Fernando. Y tras cenar, la mujer salió al patio a alimentar a los perros, cuando fue sorprendida por atrás por su asesino, quién la habría ahorcado con un lazo fino. La mujer quedó tirada moribunda y con vida, por lo que inmediatamente el asesino la habría golpeado con una loseta hasta matarla. Y luego le clavó el cuchillo de cocina. No hay huellas en ese cuchillo, y la soga aún no fue hallada. Las cámaras de seguridad de los vecinos de la zona muestran al sospechoso cuando entraba y cuando salía de la vivienda de Miguel Andrés Caminos 4880 de barrio Ampliación Poeta Lugones.

El pasado domingo 4 a la noche, los investigadores de Homicidios le dijeron al fiscal Klinger: “El cúmulo de prueba objetiva y de indicios sitúan a Fernando Albareda como el autor material del hecho”. El fiscal les respondió que solo imputaría al sospechoso cuando tuviera pruebas concluyentes.

Ese mismo domingo, Albareda había declarado en la Unidad Judicial de Homicidios entre las 9 de la mañana y las cinco de la tarde. Una alta fuente del Gobierno de Córdoba, que monitoreó el caso permanentemente confió a elDiarioAR que “en todas las declaraciones presenta contradicciones”.

La otra hipótesis que seguían ponía como sospechoso a Ricardo Albareda, el hijo menor de la mujer, pero el hombre declaró en la Unidad Judicial de Homicidios que el jueves 1 había estado en Villa Carlos Paz en la casa de su ex esposa, con los dos hijos de la pareja, uno de ella anterior y uno hijo de él. Los detectives comandados por el comisario mayor Claudio Bustamante –jefe del Departamento Homicidios- confirmaron la versión y quedó descartado como sospechoso.

Entre las pruebas colectadas para imputar y detener al mayor de los hermanos, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba resaltó, a través de un comunicado: “Se ha llegado a la decisión comunicada, a partir de la incorporación de profusos y contundentes elementos probatorios que permitieron reconstruir de manera forense, las circunstancias que nos llevan a sostener que existen motivos bastantes para sospechar la participación del nombrado Fernando Armando Albareda en el hecho que nos ocupa.

A su vez, cabe destacar que el informe técnico del Área de Grafocrítica de Policía Judicial ha podido establecer preliminarmente que los manuscritos obrantes en la pared de la casa de la víctima presentan grafocinetismos afines con algunos de los grafismos de los anónimos analizados con motivo de las Amenazas denunciadas el 8 de diciembre del año 2023 por el imputado, presentando ambas características similares a las de Fernando Armando Albareda“.

El MPF señaló además: “Se trata de Fernando Armando Albareda de 53 años –hijo de la víctima- quien fue imputado y detenido en el día de la fecha como supuesto autor del suceso encuadrado legalmente como Homicidio calificado por el vínculo. Se prevé que en los próximos días sea trasladado a la sede de la Fiscalía a efecto de recibirle declaración con la debida asistencia legal, asegurándole el pleno goce de las garantías constitucionales y procesales correspondientes”.

El cruce de comunicaciones del teléfono del detenido, del teléfono de su madre; además de filmaciones de cámaras de seguridad de la Municipalidad, la Policía y las domiciliarias en más de 25 manzanas de la zona norte de esta Capital, ubicaron a Albareda en el lugar del crimen al momento de cometerse el hecho.

Amenazas no investigadas

 En los ’90 Fernando Albareda militó en HIJOS Córdoba, siempre muy ligado a Martín Fresneda, secretario de DDHH del último gobierno de Cristina Fernández y a cargo del área de DDHH del Senado durante el Gobierno de Alberto Fernández. Incluso, el propio imputado declaró a principios de esta semana, después del homicidio de su madre, que iba “a solicitar una audiencia con el gobernador (Martín) Llaryora, porque yo conozco a sus funcionarios, a sus ministros los conozco, porque fueron legisladores cuando yo fui asesor ocho años de Fresneda cuando era legislador”.

Actualmente, el mayor de los hermanos Albareda trabajaba como empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo en Córdoba del Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que depende también de la Organización Internacional de Migrantes (OIM).

Durante 2023, a través de un convenio entre la Secretaría de DDHH de la Nación y la Policía cordobesa, Fernando Albareda dictó cursos y charlas a los cadetes aspirantes en fuerza, relacionados a la Protección de Testigos.

El 8 de diciembre del año pasado, mientras terminaba el ciclo lectivo de los aspirantes a policías, en la casa de Fernando Albareda, en calle Gato y Mancha de barrio Villa Cabrera, aparecieron carteles con amenazas: “Sos hijo de terrorista. Se terminaron los amigos de la Policía”; “No vayas más a la escuela ni a Jefatura”, “va a morir”, y el “te vamos a juntar con tu papito”.

Los mensajes escritos con fibra negra y recortes, tenían dibujadas cruces esvásticas. Además, en el lugar aparecieron seis balas calibre .22. Esa causa había sido investigada por el fiscal Klinger -el mismo que ahora lo detuvo por haber asesinado a su madre-; pero nunca se resolvió. “Si hubieran investigado bien esas amenazas a través de los expertos grafólogos de Policía Judicial, Susana estaría con vida”, se lamentó un dirigente de uno de los organismos de DDHH que a esta hora participa en la plaza San Martín de la ronda de los jueves de Madres de Plaza de mayo, donde se pidió “Justicia por Susana Montoya”.

La detención

Cerca de las 14.30 del día de hoy, Fernando Albareda le dijo al policía uniformado de consigna apostado de custodia en su departamento de Gato y Mancha 1750 de barrio Villa Cabrera, que salía hacia el médico, que ya regresaba. En la vivienda quedaba su hija mayor, una estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba. Policías de civil le hicieron un discreto seguimiento. Pasadas las 16, cuando estaba en la cuadra de su vivienda, los agentes de Homicidios se acercaron y le informaron acerca de la orden de detención. Y para evitar escándalos acordaron ingresar al departamento de Albareda para formalizar la detención y allanar el lugar en busca de elementos probatorios.

Cuando los policías llegaron al departamento de Albareda le informaron que tenían una orden de allanamiento y que quedaba detenido: “Esto es una injusticia, la verdad va a salir a la luz”, se quejó el detenido, según una fuente que participó del operativo. 

El hijo de Susana Montoya pidió hablar con su abogado y tras comunicarse telefónicamente con el abogado Claudio Juárez Centeno, a los pocos minutos su defensor llegó al lugar y supervisó el operativo comandado por el propio fiscal Klinger.

“Lo tenemos acá en Jefatura, tras ser revisado por el cuerpo médico forense va a ser derivado a Bouwer, esta noche ya va a estar alojado en Bouwer”, detallaron desde la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía provincial, en referencia al complejo carcelario “Padre Luchesse”, ubicado en la vecina localidad de Bouwer, en las afueras de esta Capital.

Una reparación de $ 76 millones

El mismo día de las amenazas, el 8 de diciembre, cuando faltaban horas para que Juan Pablo Quinteros asumiera como ministro de Seguridad de Martín Llaryora, Fernando Albareda se acercó y le dijo que le resolviera la reparación histórica de su padre, el subcomisario Ricardo Fermín Albareda, secuestrado, torturado y desaparecido por un grupo de tareas el 25 de septiembre de 1979. Además de ser policía, el subcomisario Albareda militaba en el PRT-ERP.

En marzo pasado, el ministro Quinteros -en nombre del Estado cordobés- le hizo entrega en el edificio de la Jefatura de Policía de la reparación del legajo de Ricardo Fermín Albareda a sus familiares y seres queridos. El acto reparatorio de legajos de empleados públicos desaparecidos durante la pasada dictadura cívico militar se enmarca en la Ley 10.874.

El reconocimiento por parte del Estado, incluye el resarcimiento económico por salarios caídos, monto que beneficiaría a los deudos del policía Alvareda, la viuda Susana Montoya; los hijos Fernando y Ricardo y Mónica, una hija fallecida en 2021.

Y el 8 de mayo, el Ministerio de Seguridad publicó la resolución que otorgaba “el ascenso por mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio, al grado inmediato superior del extinto Subcomisario de la Policía de la Provincia de Córdoba Ricardo Fermín”. 

La decisión administrativa era retroactiva al 7 de marzo de 2024 y autorizaba “el pago del cien por ciento (100%) del subsidio por fallecimiento, a favor del señor Fernando Armando Albareda y de la viuda, Susana Beatriz Montoya, por el monto de $76.447.970.

Se investiga si el homicidio se debió a que Susana Montoya quería dejarle su parte de la indemnización a sus nietos –los hijos de Fernando, Ricardo y Mónica, una hija fallecida en 2021-; algo a lo que el mayor de sus hijos se oponía.

DM/GM

Una mujer de 74 años fue asesinada en Córdoba, la encontró su hijo mayor el pasado viernes 2. A priori, la noticia aparecía como un caso más de inseguridad.

Con el paso de las horas se supo que Susana Beatriz Montoya, la mujer encontrada en su casa de calle Miguel Andrés Caminos al 4.800 de barrio Ampliación Poeta Lugones –en el norte de esta Capital cordobesa-, había sido esposa de Ricardo Fermín Albareda, un subcomisario de la División Comunicaciones de la Policía de Córdoba que militaba clandestinamente en el PRT-ERP y que el 25 de septiembre de 1979 fue secuestrado por una patota del Departamento de Inteligencia de la Policía (D2) y llevado al centro clandestino conocido Casa de Hidráulica en cercanías del dique San Roque y Villa Carlos Paz. Allí, Albareda fue torturado y asesinado. Hasta hoy continúa desaparecido.

La investigación del crimen, a cargo del fiscal Juan Pablo Klinger, se mueve con cautela: en una de las paredes de la casa de la víctima, escrito presuntamente con lápiz labial rojo, apareció una amenaza: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.

Fernando Albareda, el hombre que encontró asesinada a su madre Susana Montoya, militó en los ’90 la agrupación HIJOS y actualmente es empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Como empleado de la Secretaría, dirige en Córdoba el Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que depende también de la Organización Internacional de Migrantes (OIM).

Durante 2023, a través de un convenio entre la Secretaría de DDHH de la Nación y la Policía cordobesa, Fernando Albareda dictó cursos y charlas a los cadetes aspirantes en fuerza, relacionados a la Protección de Testigos.

Sospechosamente, en diciembre del año pasado, mientras terminaba el ciclo lectivo de los aspirantes a policías, en la casa de Fernando Albareda, en barrio Villa Cabrera, aparecieron carteles con amenazas: “Sos hijo de terrorista. Se terminaron los amigos de la Policía”; “No vayas más a la escuela ni a Jefatura”, “va a morir”, y el “te vamos a juntar con tu papito”. Los mensajes escritos con fibra negra y recortes, tenían dibujadas cruces esvásticas. Además, en el lugar aparecieron seis balas calibre .22. Esa causa es investigada por el fiscal Klinger, el mismo que ahora está a cargo del homicidio de Susana Montoya. Todavía no hay responsables identificados por las amenazas a Albareda ni por el crimen de su madre.

Tras las amenazas de diciembre, el intendente capitalino, Daniel Passerini las repudió a través de sus redes sociales: “Expreso enérgicamente mi repudio a las amenazas sufridas por un referente de @hijoscba. La vida democrática no es compatible con amenazas y expresiones de violencia y odio. Estas manifestaciones no deben ocurrir”.

Y el gobernador Martín Llaryora hizo lo mismo, pero además, repudió un ataque contra la sede de Radio Nacional Córdoba: “Expreso mi enérgico y firme repudio a las amenazas que sufrió un integrante de la agrupación Hijos Córdoba. Del mismo modo, repudio la agresión hacia la sede de Radio Nacional Córdoba. La Justicia debe esclarecer estos hechos que tanto daño provocan a la convivencia democrática”.

 “Los vamos a matar a todos”

Ocho meses después de las amenazas sufridas por Fernando Albareda; el asesinato de su madre junto a la amenaza “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”; hizo que el fiscal Klinger investigara el crimen de Susana Montoya como un caso de inseguridad; pero además, no descartara la posibilidad de que se trate de un crimen a manos de mano de obra desocupada como durante el regreso de la democracia a principios de 1984; hipótesis sostenida por los familiares de la víctima.

“Nosotros le vamos a pedir una audiencia al gobernador (Martín) Llaryora; queremos que este caso sea investigado y resuelto. Debe haber una decisión política del gobernador de depurar a la Policía de elementos ligados o que reivindiquen el terrorismo de Estado. Nunca Más es Nunca Más”, le dijo a elDiarioAR, el abogado Claudio Juárez Centeno, representante de Fernando Albareda.

En la familia relacionan ambos hechos: “Las amenazas a Fernando y ahora el homicidio de Susana tendrían directa relación”, señalaron desde el entorno familiar. Y apuntan a “elementos ligados a la patota de la Policía” que estarían relacionados con el terrorismo de Estado. Por caso, el hijo de un represor condenado por delitos de lesa Humanidad, ocupa un alto cargo en la Policía de esta Capital. Incluso, Fernando Albareda, habría tenido años atrás algún entredicho o disputa con un familiar de este policía en actividad y del represor condenado.

En esa línea, los organismos defensores de los DDHH emitieron un comunicado donde señalan: “Nos encontramos consternados y ocupados, por el violento asesinato de la madre de un compañero de H.I.J.O.S. Córdoba, ocurrida este último viernes y las amenazas que cobardemente dejaron, dirigidas a toda su familia, donde firmaba ”#Policía“. Fernando Albareda es hijo de un policía que fue secuestrado y desaparecido en 1979 en el ex Centro Clandestino de detención conocido como ”Casa de Hidráulica“. Ricardo Fermín Albareda, subcomisario de la Policía de Córdoba, militaba en el PRT y tenía 37 años cuando fue secuestrado y desaparecido por la dictadura cívico-militar en septiembre de 1979, según se pudo determinar en el juicio que se realizó (y que precisamente se conoce como la ”Causa Albareda“)”, detalla el texto que firman HIJOS Córdoba, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba, Abuelas de Plaza de Mayo, Ex Presos Políticos por la Patria Grande de Córdoba, Asociación Civil Ex Presos Políticos de Córdoba y Mesa Provincial de Trabajo de DDHH de Córdoba.

Los organismos también expresaron: “Exigimos a la Justicia de Córdoba y al Poder Ejecutivo la urgente investigación y esclarecimiento de este hecho, como así también las amenazas sufridas por todos los integrantes de su familia, denunciadas con anterioridad; la seguridad y protección efectiva ya al compañero Fernando Albareda y a toda su familia”. El comunicado cierra: “Los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son el peligro latente de cuando verdaderamente pasan a la acción. ¡Ya dijimos Nunca Más!”.

Otra hipótesis

Pese a que los organismos de DDHH y sectores de la política cordobesa como el cristinismo, el Frente Renovador y la izquierda se mostraron consternados por la noticia de la trágica muerte de la viuda del policía Albareda, y la ligaron a los discursos de odio de la ultraderecha; los investigadores de la División Homicidios, trabajan en la hipótesis de un sospechoso en el círculo íntimo de la víctima y centran sus entrevistas con los vecinos de barrio Ampliación Poeta Lugones, acerca de cómo era la relación entre Susana y sus familiares y conocidos.

El propio Fernando había declarado al diario cordobés La Voz del Interior que los accesos a la casa materna no habían sido violentados: “Sólo atiné a llamar a la Policía. Salté la tapia de la casa vecina y vi que estaba muerta, ya morada”. El mayor de los hermanos Albareda declaró ayer entre las 9 y las 17 en sede judicial, donde señaló que las aberturas de la casa donde vivía su madre no fueron violentadas; por lo que el o los asesinos podrían haberla sorprendido cuando entraba al domicilio o les abrió la puerta confiada.

El sábado, Ricardo Albareda, su hermano menor había declarado durante varias horas en la fiscalía de Klinger.

Los investigadores de Homicidios, además de entrevistar a los vecinos, analizan los teléfonos celulares de los integrantes de la familia y las cámaras de seguridad de las siete cuadras de Miguel Andrés Caminos desde el 4.300 hasta el 5.100, que van desde Benito Quinquela Martín hasta la colectora de la avenida de Circunvalación.

Un dato que no escapa al fiscal Klinger ni a los vecinos, es que a pocos metros de la vivienda donde fue asesinada Susana Montoya, desde el jueves 1 de agosto -el día anterior al homicidio-, hay una consigna policial de vigilancia porque allí está alojada con prisión domiciliaria una mujer que está atravesando una disputa judicial internacional con su ex marido, un ciudadano alemán que pretende llevarse los hijos de la pareja a vivir a Alemania.

Algunos militantes de organismos de DDHH se mostraron cautelosos y deslizaron que “este crimen, ya sea que sus autores se traten de sectores de lúmpenes ligados a la extrema derecha como el caso de Los Copitos; o de la hipótesis que trabaja la Policía de un delito en el marco del círculo de confianza; nos golpea a todos como sociedad”.

Condena y reparación histórica

El 11 de diciembre de 2009, el Tribunal Oral Federal Nº1 (TOF 1) de Córdoba condenó a prisión perpetua al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército con sede en esta provincia, general Luciano Benjamín Menéndez; al ex coronel Rodolfo Campos -era el titular de la Policía en aquéllos años-; y los ex agentes Armando Cejas y Hugo Cayetano Britos; quiénes fueron encontrados culpables de los delitos de “privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público; homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por una pluralidad de partícipes”.

En el caso de Menéndez y Campos, los querellantes y el fiscal Carlos Gonella apelaron al principio de la “responsabilidad mediata”: la teoría del alemán Claus Roxin, que ya había sentado jurisprudencia en el Juicio a las Juntas. Además, el TOF 1 condenó a 16 años al ex agente del D2, Miguel Angel “Gato” Gómez –el fiscal Gonella había pedido 23 años-; y absolvió a Luis Calixto Flores.

La condena a prisión perpetua en cárcel común para el ex jefe policial Rodolfo Campos fue la sorpresa de la jornada, ya que no se esperaba que se le revocara la prisión domiciliaria de la que gozó hasta el día de la condena, que había sido dispuesta por la entonces jueza del Juzgado Federal Nº3, Cristina Garzón de Lascano.

Durante 15 años, Fernando Albareda batalló casi en soledad por la reparación histórica de su papá: “Es el único caso en el que la Policía reconoce un crimen de lesa humanidad”, dijo el hijo del policía Ricardo Fermín Alvareda, cuando en el marco de la Semana de la Memoria, en marzo pasado, el ministro de Seguridad provincial Juan Pablo Quinteros -en nombre del Estado cordobés- le hizo entrega en el edificio de la Jefatura de Policía de la reparación del legajo de Ricardo Fermín Albareda a sus familiares y seres queridos. El acto reparatorio de legajos de empleados públicos desaparecidos durante la pasada dictadura cívico militar se enmarca en la Ley 10.874.

El reconocimiento por parte del Estado, incluye el resarcimiento económico por salarios caídos, monto que beneficiaría a los deudos del policía Alvareda, la viuda Susana Montoya; los hijos Fernando y Ricardo y una hija fallecida en 2021.

Anoche, pasadas las 22, Fernando Albareda envió un mensaje a través de whatsapp, informando sobre el velorio y sepelio de su madre: “Hola, mis compañeras y compañeros.

Les quería contar que el velatorio de mi madre se realizará mañana Lunes 05/08 a partir de las 13 a 21 hs. Y el Martes 06/08 de 9 a 11 hs. en la empresa Caruso de la calle Juan B. Justo 2306, en la sala “A”. Luego serán trasladados sus restos al Cementerio Parque del Sol.

Gracias por todos sus mensajes. Se siente el acompañamiento y el cariño. Fernando Albareda y familia“.

DM/GM

Desde este sábado el boleto urbano de colectivo en la ciudad de Córdoba cuesta $700, lo que lo convierte en el más caro del país. Desde la Municipalidad de Córdoba justificaron el aumento del 105% por la caída de los subsidios nacionales por parte del gobierno de Javier Milei. La tarifa nocturna, entre la 1 y las 5 de la madrugada, llega a los $805.

Hace apenas tres semanas, el 26 de enero pasado, la tarifa había saltado un 41,66%, desde $240 a $340; y con la suba dispuesta ayer por el secretario de Transportes de la Municipalidad de Córdoba, Gabriel Bermúdez, subió un 105%, de $340 a $700.

El boletazo cordobés no fue comunicado por la Municipalidad de Córdoba por las redes sociales, ni por el área de Prensa y Comunicación, sino que se dio a conocer por el Boletín Oficial Municipal. 

El 25 de noviembre del año pasado, el entonces intendente capitalino Martín Llaryora subió la tarifa de $185 a $240; luego, el 26 de enero, su sucesor Daniel Passerini lo llevó a $340 –por efecto inflacionario de los primeros 45 días de gobierno de La Libertad Avanza-; y apenas tres semanas después, volvió a subir un 105%; esta vez, desde el municipio de Córdoba, culparon a la quita de subsidios por parte de la Casa Rosada.

El dato que no pasa desapercibido en esta provincia y en el Gobierno de Martín Llaryora, es que el secretario de Transportes de la Nación que dispuso el hachazo a los subsidios a los colectivos en el interior, es el schiarettista Franco Mogetta, ex secretario de Transportes de la provincia de Córdoba hasta el 23 de noviembre del año pasado, cuando se sumó a los equipos de Milei con el guiño del ex gobernador Juan Schiaretti y el propio Llaryora.

Otro dato que no escapa a la lectura política: en el balotaje del 19 de noviembre del año pasado, en la Capital cordobesa, Milei cosechó 75,02% (614.786 votos); contra 24,97% (204.639 votos) de Sergio Massa. El tarifazo en el precio del boleto, impacta de lleno en los votantes de La Libertad Avanza.

Esta semana, el secretario Gabriel Bermúdez deslizó que el boleto se iría a una cifra de entre $680 y $700 sin el subsidio nacional, y debido a la suba de los costos de combustible y a la negociación de la paritaria de los choferes. La patronal nucleada en la Federación de Empresarios del Transporte Automotor (FeTAP) y el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Córdoba no cerraron la negociación, pero los choferes cordobeses quieren replicar el acuerdo logrado por UTA nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el sindicato logró un salario inicial de casi un millón de pesos para marzo. Además, Bermúdez aclaró que durante el mes de enero, la Municipalidad de Córdoba aportó al sistema de transporte urbano $3.700 millones, “una cifra que no podrá seguir destinando” en los próximos meses.

Hace siete días, el sábado 10, el gobernador Martín Llaryora anunció el redireccionamiento de las partidas destinadas al transporte urbano de pasajeros en la Capital, por lo cual el sistema se quedará sin subsidio, pero seguirá cubriendo las partidas para boletos sociales, algunos de los cuales son gratuitos.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, salieron con dureza a criticar el boletazo de Passerini: “Con una inflación casi del 50% en diciembre y enero; con una gran devaluación del 50% en diciembre, con los aumentos generalizados que se viven, con semejante crisis que estamos atravesando, nos enteramos que van a aumentar un 100% el transporte urbano y un 45% el interurbano, luego que se cayeron los subsidios nacionales. ¿Por qué el Gobierno de Córdoba decide aumentar un 100% el transporte urbano y un 45% el interurbano, acaso estaban subsidiados al 100% los pasajes?”, cuestionó José María Romero Vázquez, concejal del juecista Frente Cívico. El concejal opositor le dijo a elDiarioAR que “Llaryora dice que Milei no tiene un plan productivo, sólo fiscal; pero lo que vemos todos los cordobeses es que no podemos ser rehenes de los intereses y las aspiraciones políticas de un gobernador que se pasea por los canales porteños utilizando los fondos públicos. Con un boleto a $700, además de hacerle pagar la crisis al pueblo trabajador, ¿cuál es el plan del gobernador?, ¿por qué tenemos que pagar siempre los mismos?; necesitamos soluciones urgentes, donde la inflación en Córdoba es más alta que la media nacional, por ejemplo; sin contar este tarifazo en el boleto de colectivo”.

Mientras que el concejal radical Juan Balastegui señaló a través de su cuenta de X: “Rechazamos este irracional y desmedido aumento del boleto urbano de pasajeros. Un verdadero golpe de gracia a las devastadas economías de los vecinos de Córdoba. El sinceramiento de costos debe ocurrir, pero donde los ajustes y esfuerzos sean compartidos. Sin discriminación al interior”.

La concejal Laura Vilches del Frente de Izquierda, le dijo a elDiarioAR: “Frente a la eliminación de los subsidios al transporte, implementada por el gobierno de Javier Milei, al intendente Daniel Passerini no se le ocurre mejor idea que llevar el boleto de $340 a $700; y a $805 la tarifa nocturna, más del doble de lo que costaba hasta hoy (por ayer viernes); imponiéndonos a los cordobeses el boleto más caro del país. Así no hay bolsillo que aguante con la devaluación, la inflación, los tarifazos en los servicios y estos aumentos irracionales en el transporte público. Desde el Frente de Izquierda ratificamos lo que venimos sosteniendo cada vez que la Municipalidad y las patronales del transporte aumentan el boleto y brindan un pésimo servicio: hay que dar de baja las concesiones a las empresas privadas; estatizando integralmente el servicio; bajo la gestión de usuarios y trabajadores, el sistema sería sustentable y barato”.

Intendentes en el Congreso, contra Milei

El pasado jueves 15 el intendente capitalino Daniel Passerini junto a los colegas de ciudades de nueve provincias nucleados en la Red Federal de Intendentes, se reunieron en el Congreso nacional y emitieron un comunicado donde señalaron: “Nos une la necesidad imperiosa de encontrar soluciones para solventar el funcionamiento del sistema de transporte público urbano en nuestras ciudades. Es un problema que tiene historia de años de administración errada e injusta desde los distintos gobiernos nacionales, que parte de una clara discriminación en la distribución de los subsidios tarifarios” y denunciaron que “mientras estábamos debatiendo cómo afrontar esta inequidad, nos encontramos con una nueva decisión del Gobierno Nacional actual que termina por derrumbar las posibilidades de funcionamiento normal del transporte público en las ciudades. Una decisión inconsulta, equivocada y de consecuencias nefastas para el interior de nuestro país”, que “profundiza la injusticia y la inequidad: se elimina totalmente el fondo destinado a subsidiar parte de la tarifa del transporte, que ya era injusta y discriminadora, pero solo para el interior, manteniendo la prerrogativa para el AMBA”.

Primer amparo contra la quita de subsidios

El jueves pasado desde Córdoba salió el primer recurso de amparo presentado ante el juez federal Alejandro Sánchez Freytes por una empleada doméstica “en contra de la resolución presidencial que elimina el Fondo Compensador del Transporte del Interior expresada por la máxima autoridad de la Nación, Javier Milei”.

La demandante, LEF, está patrocinada por el abogado Diego Casado, quién cumple su segundo mandato como concejal de la alianza oficialista Hacemos Unidos por Córdoba y es uno de los alfiles de Passerini en el Concejo Deliberante capitalino.

Casado le explicó a elDiarioAR que su clienta presentó este recurso “para denunciar ante la Justicia esta arbitrariedad e ilegalidad manifiesta por parte del Presidente de la Nación al eliminar de manera intempestiva, y por resentimiento hacia los gobernadores, como Martín Llaryora, por procurar que nuestros diputados no aprobaran la Ley Omnibus”. La denunciante, señaló, a su vez: “Qué culpa tengo yo como empleada doméstica de las peleas entre políticos, que afectan mis derechos asegurados por la Constitución”.

Tras la presentación de esta empleada doméstica de Córdoba, ayer el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó otro recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia “para que se deje sin efecto en forma urgente” la eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público.

AB

En medio de un espectacular operativo de seguridad donde intervinieron los ministerios de Seguridad de la Nación y de Córdoba; el de Defensa y la Policía Federal, en el mediodía del viernes llegaron al aeropuerto ‘José Joaquín de Olmedo’ de Guayaquil la esposa y los cuatro hijos de Adolfo “Fito” Macías, el narcotraficante que tras su fuga el pasado 8 de enero de una cárcel de máxima seguridad asola a Ecuador con una ola de violencia que incluyó la toma de universidades y medios de comunicación.

El jueves cerca de las 21.30 decenas de agentes de la Policía Federal con apoyo del grupo de elite ETER y un helicóptero de la Policía cordobesa montaron un operativo en la zona del country Valle del Golf en la localidad de Malagueño, entre esta Capital y Villa Carlos Paz donde fue allanada una vivienda donde se había radicado el 5 de enero pasado la esposa de “Fito” Macías, la enfermera Inda Mariela Peñarrieta Tuárez (48); su hijo Jair Macías Peñarrieta (22); su hija Michelle Macías Peñarrieta (21) y dos hijos menores, una chica de 12 y un nene de 4 años; quiénes estaban acompañados por la niñera familiar, Denny Yadira Laines Basurto (22); un sobrino del capo narco  ecuatoriano, Javier Macías Alcivar; y Angel Zambrano Chiquito, un amigo de la familia. Esa casa donde fue sorprendida la familia Macías Peñarrieta, ubicada en el lote 20, manzana 6 de la Zona 1 del country Valle del Golf fue comprada al contado en octubre del año pasado por la esposa del jefe narco ecuatoriano.

Los efectivos del grupo ETER que coparon la vivienda de Valle del Golf y los agentes de la Federal que supervisaban el operativo no hicieron nada de lo que se hace en un allanamiento, ya que los sospechosos no cuentan con antecedentes, y sólo se limitaron a vigilar. Así, enfermera Inda Mariela Peñarrieta Tuárez se dispuso a armar las valijas de la familia y los ocho enfilaron hacia los móviles de la Policía Federal que los llevó hasta la base de la Dirección Provincial de Aeronáutica para tomar los vuelos que los llevaron hasta el aeropuerto de El Palomar y de allí a Ezeiza para ser repatriados a Ecuador. A los integrantes de la familia de Adolfo “Fito” Macías ni siquiera les revisaron sus teléfonos celulares.

Nación y Córdoba contra el narco

Ayer, en una rueda de prensa de media hora que dirigieron la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; su par cordobés, Juan Pablo Quinteros; y los ministros Guillermo Francos (Interior) y Luis Petri (Defensa), los funcionarios destacaron la rapidez con que la familia del líder del cartel Los Choneros había sido expulsada del país: “Ustedes saben que hace pocos días nos sorprendimos por una situación muy delicada en Ecuador respecto de este personaje Fito Macías puso en jaque al gobierno de Ecuador”, dijo la ministra Bullrich al explicar la importancia del operativo, a la vez que detalló que “esto significó un peligro para nosotros, tuvimos un alerta de parte de la Justicia ecuatoriana, y nos pasaron el dato de que estaba en Córdoba”.

La ministra de Seguridad expuso durante cinco minutos, donde advirtió: “Estamos orgullosos de que Argentina sea un territorio hostil para el narcotráfico; hemos logrado la detención en tiempo récord y eso es un orgullo” y reiteró que “para Argentina, para nuestro Gobierno, el Presidente hablará con el presidente del Ecuador, es un éxito importantísimo que podamos con tanta rapidez, habiendo entrado el día 5 haberlos deportado del país. Hoy el avión de la Fuerza Aérea, está aterrizado y la familia del narcotraficante que tiene causas del Ecuador, está en territorio ecuatoriano”.

Bullrich puso acento entre la colaboración de la Policía Federal y la Policía de Córdoba en el operativo realizado la noche del jueves en un country ubicado a 25 kilómetros de esta Capital: “Iniciamos un procedimiento de trabajo para iniciar la posible expulsión de esta familia que había querido instalarse en la Argentina. Inmediatamente nos comunicamos con el doctor Juan Pablo Quinteros, que es el ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, que ya había iniciado por medios propios, porque había llamado la atención la presencia de esta familia. Unificamos estas dos investigaciones, por lo cuál la Policía de Córdoba y sus grupos especiales, y la Policía Federal Argentina trabajaron conjuntamente para lograr este objetivo, que hoy la Argentina y Córdoba logramos y estamos realmente orgullosos que la Argentina sea un territorio hostil para una banda de narcotraficantes que podían venir a instalarse. Este señor Fito tenía una condena de 38 años y se escapó dejando sangre y muerte en el Ecuador, generando una situación de enorme violencia”.

Por su parte el ministro Quinteros señaló: “La semana pasada este Ministerio recibió información anónima que indica la presencia de esta mujer, en un country a 15 kilómetros del Centro. A las 48, 72 horas, teníamos acreditado que estas personas eran familiares directos de este narcotraficante, pusimos en conocimiento a las autoridades nacionales” y en sintonía con Bullrich agregó: “Dimos con que había una investigación, y a partir de ese momento empezamos a trabajar en ese conjunto. En realidad por medio de una resolución migratoria. Pudimos retenerlos, y expulsarlos del país. Ya están en suelo ecuatoriano. Como mensaje, tiene que quedar en claro que cuando se habla de lucha contra el narcotráfico la pelea es frontal. No hay fisura, no hay grises. Hemos dado un paso importante y el mensaje que queremos dar es que para los narcotraficantes Argentina es un territorio hostil. En Argentina no; y en Córdoba mucho menos van a poder entrar”, disparó Quinteros.

Por su parte el ministro del Interior, Guillermo Francos habló sobre los trámites realizados por la Dirección Nacional de Migraciones para que los familiares de Macías, que no tienen antecedentes penales en Argentina ni Ecuador, pudieran ser expulsados de nuestro país: “Ayer me llamó temprano la ministra Bullrich, me anotició de la situación, también me llamó el gobernador (Martín) Llaryora de Córdoba, también muy preocupado por la situación porque era una operación de alta complejidad la que debía llevarse a cabo y Migraciones debía tomar la decisión de cancelarle la residencia transitoria a la familia de este narcodelincuente”. El funcionario agregó que “Argentina no va a ser hogar de delincuentes ni vamos a permitir que ingresen delincuentes, que lo sepa todo el mundo: Argentina no va a ser un narcopaís”.

Mientras que el ministro de Defensa, Luis Petri destacó que “la expulsión del país se logró en tiempo récord, pensemos que desde la hora de la detención, alrededor de las 20; logramos la expulsión del país a las 2.50 de la madrugada de este día. Hay una decisión política de luchar contra el narcotráfico, hay una decisión política de expulsar a todos aquellos delincuentes extranjeros que cometen delitos, en el menor tiempo posible, y esta es la más clara muestra de que Argentina no va a ser territorio fértil y va a ser territorio hostil para los narcotraficantes”.

Sin causa judicial

La anunciada expulsión de la esposa de Adolfo Macías y sus familiares, entre ellos dos niños menores de edad, proclamada por la Nación y el Gobierno de Córdoba, técnicamente es falsa, ya que el trámite iniciado por la Dirección Nacional de Migraciones a instancias del Ministerio de Seguridad no tiene ningún asidero legal, ya que Inda Mariela Peñarrieta Tuárez; ni sus hijos Jair ni Michelle; ni su sobrino Javier Macías Alcivar; ni su amigo Angel Zambrano Chiquito, tienen antecedentes penales en Ecuador ni en Argentina. Los ocho ingresaron con visa de turista, que tiene una validez por 90 días.

Una alta fuente de la Justicia federal advirtió que “la expulsión del país sin causa no es legal y los migrantes, ya sea estas personas en particular o cualquier otra persona en la misma situación tienen la facultad de apelar la decisión a través de un trámite judicial. En este caso, las personas involucradas decidieron no apelar y obedecieron la orden de ser repatriados”.

Y el fiscal federal de Córdoba, Alberto Lozada, le dijo a elDiarioAR que “ningún integrante de esta familia tiene antecedentes en Córdoba, y aquí no se inició ninguna causa judicial. Nosotros fuimos informados por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) acerca de que desde el Ministerio Público de Ecuador habían alertado al Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la posibilidad de que esta gente estuviera por instalarse en Argentina. La semana pasada recibo un oficio del ministro de Seguridad Quinteros, donde se me informa que la Policía de Córdoba manejaba la misma información, acerca de la presencia en Córdoba de esta gente. Como la PROCUNAR había iniciado una actuación preliminar, yo giré toda la documentación a la PROCUNAR. Acá en Córdoba, estas personas, la esposa de este narcotraficante y el resto de la gente que la acompañaba, no tiene ninguna causa judicial”.

Según los informes de Migraciones, a los que tuvo acceso la ministra Bullrich para llevar adelante esta operación, desde el mes de septiembre de 2023, familiares de Adolfo “Fito” Macías han viajado a Argentina desde distintas partes del mundo, como Ecuador, Perú, Chile y hasta España. Incluso, la ministra afirmó hoy que “esto nos hace suponer firmemente que esa compra fue absolutamente premeditada para que la familia de Macías se refugiara en Córdoba tras la fuga del narco”. El ministro Petri apoyó esa versión: “Está claro que esto estaba absolutamente planificado”. 

¿Inteligencia o casualidad?

La versión de la ministra de Seguridad sobre la compra de la casa en el country Valle del Golf de Malagueño deja algunas zonas grises, ya que Bullrich habla de que la familia de Macías se refugiaría en Córdoba tras la fuga del jefe del cartel Los Choneros; cuando efectivamente fue anterior: Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y sus hijos de 12 y 4 años llegaron a Córdoba desde Lima (Perú) el 5 de enero de este año; su hija Michelle llegó horas después al aeropuerto internacional de Ezeiza proveniente de Santiago de Chile; mientras que la fuga de Adolfo “Fito” Macías de la prisión Del Litoral de Guayaquil en la que purgaba desde 2011 una condena a 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y homicidio, ocurrió el domingo 8 de enero, tres días después de la llegada de sus familiares a Córdoba.

Desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba y la Policía provincial se informó a los medios locales que el chalet de dos plantas y cuatro habitaciones del country de Malagueño había sido adquirido en noviembre de 2023 por los hermanos Jorge e Inda Peñarrieta Tuárez a través de la sociedad Jomavi.

En 2020, Jomavi fue investigada como una sociedad para lavar dineros provenientes del narcotráfico del cartel Los Choneros, que dirige “Fito” Macías; pero en 2022, ambos hermanos resultaron absueltos. 

Desde la administración del country Valle del Golf informaron a elDiarioAR que “esta familia llegó el 5 de enero, la compra de la propiedad se realizó de particular a particular en octubre del año pasado; nosotros no tenemos o no llevamos adelante un registro de admisión, por lo que no tenemos nada que ver en una transacción entre dos particulares”. La fuente agregó que “la parte compradora es la señora Peñarrieta Tuárez, a nombre de ella está la propiedad y participó un escribano; todo se realizó bajo las normas. El antiguo propietario nos pidió en forma excepcional que le cobremos a esta familia el primer mes de expensas en forma personal y en efectivo, ya que no contaban con una cuenta en Argentina. Accedimos, la semana pasada conocí a la mujer, me pagó y le explicamos las normas y reglamento de los vecinos, como no deambular por las calles y usos de los espacios de uso común. No fue nada fuera de lo normal”.

En Córdoba, alimentada por el mito, circuló la versión de que esta familia ecuatoriana había pagado de contado dos años de expensas por adelantado: “De ninguna manera, pagaron un mes y en pesos”, explicaron desde la Administración.

Según los vecinos con los que habló elDiarioAR, el incumplimiento del reglamento interno y la ola de inseguridad que asola a esta zona del Gran Córdoba fue lo que habría delatado la presencia de la familia Macías Peñarrieta. “En los grupos de whatsapp de la Zona 1, que es la de la entrada, empezaron a alertar sobre esta gente; se movía en taxi y sacaban fotos, algo raro. Pensábamos que eran los típicos casos de alquiler temporario, vienen un mes o dos, revientan 6,7, 10 casas y se van. Les avisamos a los de Administración y así comenzaron a investigarlos, nunca íbamos a pensar que eran familiares de un narco”; contó un propietario que vive alejado de la Zona 1.

En octubre del año pasado, cinco casas del country Las Cañitas, pegado a Valle del Golf fueron robadas. En diciembre pasado, en el country Cuatro Tejas de Malagueño fueron robadas otras cuatro viviendas, de una de ellas, los ladrones se llevaron una caja fuerte. Mientras que en noviembre de 2022, dos casas fueron asaltadas por un grupo comando en Valle del Golf: el primer atraco ocurrió cerca de la medianoche cuando una pareja ingresaba a su vivienda; mientras que cerca de  las 2.30; la misma banda sorprendió a otra familia mientras dormía. 

Una vecina que vive cerca del ingreso, pero que no conoció a la familia de Macías y se sorprendió con el operativo policial del jueves, dijo: “Pensamos que eran ladrones, que se habían fugado, una persecución. En los grupos de Whatsapp ya se venía hablando de gente extraña, imaginamos que los habían sorprendido robando; no es la primera vez que roban acá. Nos encerramos, vimos el helicóptero, después vimos el ETER, pensamos todo lo que podés pensar, desde una toma de rehenes, hasta un narco. Después nos enteramos que se trataba de esta familia, pero yo nunca noté nada raro”. 

Desde la PROCUNAR confiaron que se abrirá una causa por lavado de activos para determinar si la operación inmobiliaria realizada por Inda Peñarrieta Tuárez fue realizada con dinero proveniente del narcotráfico. 

Tras la espectacularidad del operativo del jueves las dudas sobrevuelan en Córdoba: ¿si Ecuador avisó a Bullrich que desde septiembre había presencia de familiares de Macías o integrantes del cartel Los Choneros, por qué no se impidió el ingreso el 5 de enero?; ¿cómo hizo el informante anónimo para denunciar ante el Ministerio de Seguridad de Córdoba que en un country del Gran Córdoba se alojaban los familiares del narco más buscado de Ecuador?; ¿Por qué se utilizó el helicóptero de la Policía cordobesa y se montó un megaoperativo para allanar a personas sin antecedentes, teniendo en cuenta que se trataba de tres mujeres, tres jóvenes y dos niños?

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, quizá tenga la respuesta luego de advertir: “Esto recién comienza”.

GM/DTC

“Los cinco detenidos van a ir recuperando su libertad en el transcurso de la tarde. La orden de libertad ya fue girada desde la fiscalía”, le dijo el abogado Claudio Orosz a elDiarioAR sobre la situación de las personas que el jueves a la noche, durante la represión ordenada por el fiscal Ernesto de Aragón, habían sido detenidas durante la manifestación en pleno centro cordobés contra el DNU firmado por el presidente Javier Milei. Recién a las 17 recuperaron la libertad el periodista Rodrigo Savoretti y su hermano Agustín, dos de los cinco ciudadanos. Una hora y media después, ya estaban todos libres.

Los manifestantes fueron imputados por los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, lesiones e impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos en concurso material. El fiscal Ernesto de Aragón explicó a los distintos medios que las detenciones se produjeron luego de que la Policía informara sobre las restricciones a la hora de protestar y que cómo respuesta hubo agresiones por parte de los vecinos que participaban del cacerolazo frente al centro comercial Patio Olmos: “Hubo aproximadamente 600 manifestantes en el marco de estas manifestaciones que se dieron en todo el país. Ocuparon toda la calzada impidiendo la circulación del tránsito”.

El fiscal señaló que “se dio la orden de habilitar media calzada y respondieron con piedras y botellazos”, y que producto de los enfrentamientos hubo cuatro oficiales heridos, además de cinco personas detenidas y una mujer herida a raíz de un botellazo.

Esa mañana, en la Central de Policía, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, puso en funciones a la cúpula de la fuerza, como jefe al comisario general Leonardo Gutiérrez y como subjefe al comisario general Alejandro Mercado. Ninguno de los tres quiso hablar con las y los periodistas que cubrían el acto.

“Un acto represivo de extrema gravedad”

Frente a la dura represión, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) emitió un comunicado donde repudia el accionar de efectivos de la Policía de Córdoba bajo las órdenes del fiscal De Aragón: “Los hechos ocurridos el 21/12/2023 donde miles de cordobeses se manifestaron en el centro de la ciudad capital contra el decretazo de Javier Milei y ya avanzada la noche, integrantes de la Policía de Córdoba se movilizaron hacia dicho sector, comenzando a hostigar y violentar a los manifestantes, disparando balazos de goma, a los palazos y utilizando gas pimienta, configura un actuar represivo es de extrema gravedad, que violenta Derechos Constitucionales fundamentales, y repudiamos enfáticamente”. Desde la medianoche, el vocal de la APDH Córdoba, Pablo Sigismondi, fue uno de los representantes de organismos defensores de DDHH, que participó de la vigilia frente al Centro de Recepción de Personas Aprendidas en calle Laprida 731, para reclamar por la libertad de los cinco detenidos.

El mismo jueves 20, cuando se cumplió un nuevo aniversario de la renuncia de Fernando de la Rúa como Presidente y la represión que dejó 39 muertos en 2001 en distintas ciudades del país, en Córdoba —así como en la Capital Federal y otras ciudades del país, hubo una marcha con más de 5.000 manifestantes por el centro de la Capital y la Policía no reprimió.

Una mujer policía, infiltrada: estaba disfrazada de fotoperiodista

En cambio hubo, al menos, una mujer policía infiltrada como periodista con un chaleco de “Prensa” que se dedicó a fotografiar y filmar a los manifestantes, tal lo denunciado por la APDH Córdoba: “En una Córdoba donde los índices de pobreza, indigencia e inflación son uno de los más altos de Argentina, la APDH Córdoba entiende que criminalizar y reprimir a los sectores populares, sólo recorta las garantías constitucionales como son el derecho a manifestarse y a la libertad de expresión. La APDH Córdoba viene denunciando que estas prácticas ilegales de represión, espionaje a organizaciones y dirigentes populares, además de las tareas de inteligencia por parte de la policía cada vez que se realizará alguna movilización, que incluye la actuación de infiltrados y personal de civil”. 

Por su parte, el Círculo Sindical de la Prensa (CiSPren) también denunció la detención arbitraria de los manifestantes, entre ellos de un trabajador de prensa de medios cooperativos: “Repudiamos la detención de cinco personas, entre las cuales se encuentra un trabajador de prensa del medio autogestivo Enfant Terrible (Rodrigo Savoretti); y exigimos la inmediata liberación de todos los detenidos. Cabe destacar que el compañero trabajador de prensa pertenece a un medio de comunicación cooperativo que integra la Red de Medios Digitales, que a su vez es parte de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios”.

El gremio de prensa cordobés dirigido por María Ana Mandakovic denunció además que

“la detención y represión a trabajadores de prensa incumple con legislación provincial, nacional e internacional de rango constitucional, por eso le recordamos al Gobierno provincial, especialmente al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, que está en plena vigencia el Registro de Trabajadores de Prensa (ReTraPren), normativa que protege y garantiza el normal desarrollo del trabajo de prensa en espacios públicos y en cualquier ámbito donde se desarrolle una cobertura periodística”.

Córdoba pionera en penalizar la protesta social

En la pasada Legislatura cordobesa, donde el schiarettismo contaba con mayoría absoluta, el legislador llaryorista Juan Manuel Cid y el alfonsinista Dante Rossi presentaron dos proyectos de ley para restringir o criminalizar la protesta social –según las opiniones a favor o contra la medida-; haciendo caso a los reclamos de comerciantes del microcentro de la Capital que presentaron un recurso de amparo ante la Justicia para evitar movilizaciones que les producían, decían, caídas en sus ventas.

En sintonía, el 31 de marzo pasado, el juez de Control Juan Manuel Fernández López hizo caso al reclamo del Centro Vecinal del Centro y abrió la puerta a la represión a la protesta social, amparada y avalada por la Justicia: “Se encuentra legalmente autorizado (…) a llevar adelante todo tipo de tareas inherentes a la prevención anticipada de la toma indebida del espacio público”, informó el magistrado a las autoridades del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

Bajo esta resolución, sólo cinco días después, el 5 de abril, el fiscal Ernesto de Aragón, imputó por los delitos de desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos en concurso material (artículos 45, 239, 194 y 55 del Código Penal) al secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani; a la ex legisladora del Frente de Izquierda (FIT-U) Soledad Díaz García; al dirigente del Partido Obrero (PO), Emanuel Berardo y a los militantes sociales y gremiales Marisa Viviana Cariddi, Agustín Nazar y Roxana Alejandra Carezano. 

El 1 de noviembre pasado, el mismo fiscal De Aragón, elevó a juicio la causa contra los seis dirigentes que habían participado de la Marcha contra el Hambre y en su acusación señaló que los acusados habían participado y liderado la protesta en Córdoba “en el marco de ejecución de un plan de jornada nacional de protestas bajo la consigna ‘Piquetazo Nacional’ que había sido resuelto por la Unidad Piquetera Nacional en plenario reunido en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires el día tres de marzo de 2023”.

En las causas de abril pasado por la Marcha contra el Hambre; como en las de la protesta de anoche contra el DNU de Milei; el fiscal Ernesto de Aragón aplicó la misma normativa de desobediencia a la autoridad y obstrucción de transporte y servicios públicos.

El pasado jueves 16 de noviembre, gran parte del centro cordobés, la misma zona del Patio Olmos donde anoche hubo represión y cinco detenidos, sufrió un corte de doce horas entre las 10 y las 22 que afectó sensiblemente el tránsito y el transporte público en horario pico. Pero no hubo represión, ni diligencias del Ministerio Público Fiscal; ni del Ministerio de Gobierno y Seguridad de Córdoba, ni de la Policía provincial. Esa tarde-noche a las 20, Javier Milei acompañado de Patricia Bullrich, cerró su campaña nacional para el balotaje.

GM/JJD

En una nota girada al ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López, y al gobernador cordobés Juan Schiaretti, organismos de DDHH encabezados por la Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Córdoba) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos reclaman que “dispongan en forma urgente la supresión de la nómina de Jefes de la Policía de Córdoba y que sean retirados los cuadros con sus fotografías de la Galería de Honor de ex Jefes de Policía, ubicada en el edificio de la Jefatura de Policía, del teniente coronel retirado Antonio Domingo Navarro y quien en 1974 llevó adelante un inédito golpe de Estado policial contra un gobierno elegido democráticamente, denominado Navarrazo y, del comisario de la Policía Federal retirado, Héctor Luis García Rey, ex integrante de la organización terrorista de ultraderecha Alianza Anticomunista Argentina (Triple A)”.

El pedido de la APDH Córdoba y la Liga al que adhirieron Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, HIJOS Córdoba, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas de Córdoba, Ex presos por la Patria Grande y la Asociación de ex presos políticos de Córdoba, coincide con el 49° aniversario de “la cacería”, un operativo de la Policía de Córdoba comandado en persona por el jefe García Rey en los locales de los gremios clasistas Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba; y Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) donde se buscaba asesinar a sus dirigentes Agustín Tosco y René Salamanca.

Además, en el mismo operativo fueron allanados los locales del Partido Comunista (PC) y Partido Socialista de los Trabajadores (PST), donde hubo decenas de detenidos que fueron sometidos a apremios ilegales. Diez días después de los allanamientos, el 19 de octubre, producto de la tortura en dependencias de la Dirección de Inteligencia de la Policía (D-2), murió la militante comunista Clelia “Tita” Hidalgo, responsable de la Comisión Sindical del centro de la Capital.

La nota girada al ministro López, firmada por los copresidentes de APDH Córdoba, Mabel Sessa, Luis Baronetto, Alfredo Schclarek Curutchet y Carlos Vicente; y el titular de la Liga, Julio César Martínez, señala: “El 27 de febrero de 1974, el gobernador constitucional de la Provincia de Córdoba, Ricardo Obregón Cano ordenó el cese en sus funciones del jefe de la Policía, teniente coronel Antonio Domingo Navarro. Ese mismo día, el depuesto jefe policial se amotinó y derrocó a Obregón Cano y al vicegobernador Atilio López. El presidente Juan Perón avaló el golpe policial contra Obregón Cano, designando interventor de la Provincia a Duilio Brunello, que fue vice ministro de Bienestar Social bajo las órdenes del ministro José López Rega, fundador de la Triple A. Navarro además encarceló ilegítimamente a las máximas autoridades provinciales y a funcionarios del Poder Ejecutivo, imponiendo un implícito estado de sitio, además de persecuciones y detenciones a dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles, siendo la antesala de del golpe cívico, militar y eclesiástico del 24 de marzo de 1976”.

El escrito destaca, además, que “una vez fallecido el presidente Juan Perón, su viuda, la flamante presidenta María Estela Martínez de Perón (Isabelita), a instancias de López Rega reemplaza a Brunello y designa interventor federal al brigadier retirado Raúl Lacabanne; quién a su vez impuso como nuevo jefe policial a Héctor García Rey, un comisario de la Policía Federal que ya había prestado funciones y había sido denunciado por torturas en Tucumán. García Rey, había recibido instrucción por parte del Departamento de Estado de EE.UU. y había participado de la matanza de la Plaza Tlatelolco, en México; y en el marco del Plan Cóndor había sido asesor en las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile y de Alfredo Stroessner en Paraguay”.

Ya en julio de 2007, el entonces intendente Luis Juez, instruyó a los legisladores del Frente Nuevo y al director de DDHH de la Municipalidad, Luis Baronetto, para que le solicitaran al jefe de la Policía de Córdoba, comisario general Alejo Paredes, que retire los cuadros de la Galería de Honor ubicada en el tercer piso de la Jefatura de Policía de los cinco ex jefes de la fuerza durante la pasada dictadura cívico militar entre 1976 y 1983: el ex teniente coronel Benjamín Adolfo Rivas Saravia; el ex coronel Rodolfo Aníbal Campos; el ex coronel Alberto Rozas Garay; el ex coronel Carlos Vidal Uranga y el ex coronel Roberto Bernardo Dambrosi. Los cuadros fueron quitados.

La cacería

La nota de los organismos de DDHH de Córdoba describe cómo sucedieron los allanamientos entre los días 9 y 10 de octubre de 1974, sólo siete meses después de haber derrocado al gobernador Obregón Cano y a su vicegobernador Atilio López, que dirigía el gremio de los colectiveros Unión Tranviarios Automotor (UTA): “Tras la asunción del interventor Lacabanne, fueron ilegalizadas las conducciones gremiales de SMATA y Luz y Fuerza de Córdoba, lideradas por René Salamanca y Agustín Tosco respectivamente. Ya hacia fines de 1973, meses antes del Navarrazo, la Triple A organizada y liderada por José López Rega, entonces ministro de Bienestar Social de los gobiernos de Juan e Isabel Perón, difundió mediante un comunicado, una lista de militantes del campo popular que ‘serán inmediatamente ejecutados donde se las encuentre’, entre los que se destacaban los sindicalistas cordobeses Salamanca y Tosco; los dirigentes gremiales Armando Jaime y Raimundo Ongaro; el diputado nacional Rodolfo Ortega Peña; el profesor Rodolfo Puiggrós, ex rector interventor de la Universidad de Buenos Aires; el abogado Manuel Gaggero, director interino del diario El Mundo; el abogado Silvio Frondizi y Mario Roberto Santucho, líder del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), entre otros. La banda ultraderechista Triple A ya había asesinado el 10 de septiembre de 1974 a Alfredo Alberto ”Cuqui“ Curutchet en Beccar, Buenos Aires, abogado y defensor de sindicatos, trabajadores, presos políticos y luchadores por los derechos humanos; y al vicegobernador cordobés Atilio López el 16 de septiembre de 1974, seis meses y medio después de haber sido destituido; en un atentado perpetrado en la provincia de Buenos Aires: el líder de la UTA cordobesa fue secuestrado junto a su amigo Juan José Varas, y ambos aparecieron acribillados a orillas de la Ruta 6, en Exaltación de la Cruz”.

El escrito detalla, además: “Durante el operativo comandado por el jefe de la Policía de Córdoba, comisario Héctor García Rey entre los días 9 y 10 de octubre de 1974, decenas de oficiales, suboficiales y agentes policiales, algunos de los cuales actuaban en la organización terrorista de ultraderecha Triple A, allanaron los locales gremiales de SMATA de calle 27 de abril 663; del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba en calle Deán Funes 672; y los locales partidarios del Partido Comunista (PC), sito en calle Obispo Trejo al 300 casi bulevar San Juan; y del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) ubicado en Humberto Primo casi esquina Avellaneda; donde hubo decenas de detenidos, quienes fueron torturados en dependencias policiales; y producto de los apremios ilegales, diez días después del operativo falleció Clelia ”Tita“ Hidalgo, militante del Partido Comunista. Además de ser detenido y torturado el dirigente del Comité Ejecutivo del PST, César Robles Urquiza, quien luego de recuperar su libertad fue secuestrado y asesinado por la Triple A en la Ciudad de Buenos Aires el 3 de noviembre de ese año”.

Tras los allanamientos, el Partido Comunista editó un folleto titulado “¡Córdoba acusa! Las 3 A y la CIA. Testimonios y documentos gráficos de los hechos ocurridos el 9-10-1974”; donde expone, entre otras pruebas, que tras desalojar el lugar, los policías al mando de García Rey pintaron en las paredes: “Si son comunistas como (Horacio) Guarany más bien váyanse del país porque los vamos a matar uno por uno. Si cae un policía van a caer tres de ustedes bolches hijos de puta. Las Tres A”.

Entre los 49 detenidos se encontraba Clelia “Tita” Hidalgo (30), responsable sindical del centro de la Capital del PC, quien muere el 19 de octubre en el Hospital San Roque, donde la habían llevado para intentar salvarle la vida, luego de someterla a largas sesiones de tortura. Esa causa está abierta en los Tribunales federales de Córdoba y podría ser juzgada en 2024.

El sello de la Triple A

El abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Julio César Martínez contó a elDiarioAR que la causa del allanamiento al local del Partido Comunista donde fueron torturados decenas de militantes de la Comisión Sindical y de la Federación Juvenil Comunista (FJC) “actualmente se encuentra en etapa de instrucción en la Justicia federal de Córdoba. Se están tomando indagatorias a los imputados y testimoniales a las víctimas”.

Este miércoles 11 desde las 10.30, en el Archivo Provincial de la Memoria, donde funcionó el D-2 de la Policía cordobesa, el PC y la Liga realizarán una conferencia de prensa donde darán a conocer el estado judicial de la causa.

“Después de asumida la presidencia María Estela Martínez de Perón, designó interventor en la provincia de Córdoba al brigadier Lacabanne, el 7 de septiembre de 1974; cuya misión fue despegar un operativo muy vasto de persecución y represión sobre el conjunto del movimiento popular de Córdoba; y a estos fines nombró en la Jefatura de la Policía al comisario de la Federal, García Rey. El nuevo jefe se rodeó de oficiales que tenían reconocidas prácticas fascistas”, explica Carlos Vicente, copresidente de APDH Córdoba y firmante de la nota girada al ministro López y al gobernador Schiaretti.

El dirigente sostuvo que “el 9 de octubre de 1974 una comisión policial encabezada personalmente su jefe García Rey, salió en persecución, captura y detención de las conducciones de los sindicatos de Luz y Fuerza y SMATA, iniciando una verdadera cacería de sus secretarios generales Agustín Tosco y René Salamanca. En esta comisión policial, además participó el jefe del Departamento de Informaciones D-2, Alberto Choux y agentes del D-2, la Guardia de Infantería, el Comando Radioeléctrico y de las Seccionales Primera y Tercera; todas las dependencias iban con sus respectivos jefes. En primer lugar se dirigieron a la sede de SMATA en calle Veintisiete de Abril, donde ingresaron sin ningún tipo de orden judicial, ocuparon el local sindical con la expresa intención de capturar y llevar detenido a la Comisión Directiva y especialmente a René Salamanca. Al no encontrarlos, detienen a unos 10 activistas y trabajadores de SMATA”.

“Posteriormente el mismo grupo policial se dirigió al local de Luz y Fuerza, en calle Deán Funes, y al ingresar, la Policía abre fuego con armas de distinto calibre, tampoco exhibe ninguna orden judicial para hacer el ingreso. En este hecho, varias decenas de policías uniformados y de civil tomaron el sindicato y se mantuvieron en sus instalaciones los días 9 y 10 de octubre; sin ningún control, durante esos días ingresan armas, uniformes y material impreso. En Luz y Fuerza son detenidas más de 100 personas, algunas, miembros de la Comisión Directiva del sindicato, como Taurino Atencio, quién es alojado en una comisaría. Una parte de esa comisión policial queda ocupando Luz y Fuerza, y otra se dirige a la sede del Partido Socialista de los Trabajadores que estaba ubicada en Humberto Primo y Avellaneda. Ahí también allanan y ocupan el local y se llevan detenidos a más de 10 militantes, entre ellos al dirigente nacional Robles. También esta ocupación del local del PST se hace sin ningún tipo de orden judicial. Y otra parte de la comisión policial dirigida por García Rey y Choux llegan al local del PC en calle Obispo Trejo, entran a los tiros, lo ocupan, lo allanan y se quedan largo tiempo sometiendo a vejámenes a los militantes, como pasó en SMATA, Luz y Fuerza y el Partido Socialista de los Trabajadores. Desde el local del Partido Comunista, llevan detenidos a 49 militantes al D-2, que quedaba a 200 metros del local del Partido Comunista. Los tienen detenidos varios días y los van liberando de a grupos, una militante, ”Tita“ Hidalgo, que había sido salvajemente sometida a torturas, tiene que ser llevada al Hospital San Roque y ahí fallece producto de los daños que había sufrido en la tortura, el día 19 de octubre. Los locales del PC y del PST son devueltos varios días después por la Policía de la Provincia y se toman actas notariales por parte de los partidos políticos, donde se hacen saber los daños y específicamente que las paredes de los locales habían sido firmadas pintadas por la Triple A: AAA”.

Vicente advierte, en tanto, que “mientras que los locales de SMATA y Luz y Fuerza no son devueltos a sus legítimas autoridades: después de la cacería del 9 y 10 de octubre, la Dirección Nacional de SMATA ordena la intervención del gremio y cesa la tutela sindical de toda la Comisión Directiva del sindicato Seccional Córdoba, incluido Salamanca, por lo que quedan expuestos a todo tipo de arbitrariedad sin protección de la Ley de Asociaciones Profesionales. Y en el caso del Sindicato de Luz y Fuerza, el Ministerio de Trabajo de la Nación designa a un delegado normalizador en Córdoba, sin que tuviera ningún tipo de causa, y hace cesar en su mandato a todo el Consejo Directivo, incluido Agustín Tosco y le quita todo tipo de protección, de tutela sindical. A partir de ese momento, las conducciones de ambos sindicatos quedan expuestas en un proceso de abierta represión, por esta razón tanto Salamanca como Tosco, presentan recursos ante la Justicia a los fines de explicar por qué no pueden presentarse a las citaciones judiciales porque corren riesgo sus vidas; y como respuesta, el juez federal Adolfo Zamboni Ledesma ordena la captura de Tosco y de Salamanca. Este mismo juez federal, después de que la Policía allanara los cuatro locales y pintara ‘Triple A’, firmó con fecha posterior al 9 de octubre, las órdenes de allanamiento, convalidando el accionar de la Policía de una forma completamente ilegal. Justamente, el sentido de las órdenes de allanamiento es que se hagan con anterioridad; es la garantía constitucional que tienen la persona, grupo o sociedad a ser allanada. El juez federal Zamboni Ledesma en persona violó la Constitución Nacional”.

Para el copresidente de la APDH Córdoba “la cacería que inició la Policía de Córdoba comandada por su jefe, el comisario Héctor García Rey el 9 de octubre de 1974, marcó un hecho que demostraba indubitablemente el involucramiento de los mandos policiales en el terrorismo de Estado, en la represión ilegal y en el accionar de las bandas fascistas de ultraderecha como la Triple A. El 6 de noviembre de 1974, la dirección de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), cesanteó a Agustín Tosco como empleado, por abandono de tareas. Ese 9 de octubre comenzó a cerrarse el cerco que envió a la clandestinidad a Tosco y Salamanca y que al tiempo terminó con sus vidas: la de Tosco el 5 de noviembre de 1975, un año después; y la de Salamanca, que fue secuestrado el mismo 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe de Estado. Y menos de un mes después, el 6 de noviembre, el Poder Ejecutivo Nacional decreta el estado de sitio y ahí comienza la detención sin causa y sin proceso judicial de decenas de dirigentes y militantes sindicales, estudiantiles, de organizaciones barriales y de organizaciones populares. Esa represión indiscriminada contra el movimiento popular que se desató en la cacería del 9 de octubre de 1974 fue la antesala preparatoria del terrorismo de Estado instaurado por la dictadura cívico militar a partir del golpe del 24 de marzo de 1976”.

El propio gobernador cordobés, Juan Schiaretti, recordó en el primer debate presidencial realizado en Santiago del Estero, haber sido víctima de las bandas de la extrema derecha peronista: “Yo fui dirigente estudiantil del Cordobazo. Tengo tiros en mi cuerpo en un atentado que sufrí por parte de bandas parapoliciales cuando tenía 20 años y era dirigente estudiantil. Me tuve que ir del país cuando la dictadura genocida me buscaba para matarme”.

Marcado en Córdoba, asesinado en Capital Federal

“Nosotros, como familiares, tenemos la sospecha que el asesinato de mi padre César Robles a manos de la Triple A a la salida de un Congreso partidario en Capital Federal, no fue un hecho ocasional. Pensamos que fue ”fichado“ tres emanas antes, durante su detención y represión después del allanamiento al local del PST en Córdoba, junto con los locales del PC, de SMATA y de Luz y Fuerza, por el jefe del operativo, el comisario García Rey. Mi papá era uno de los principales dirigentes del PST, constructor de la Regional Córdoba desde 1971, muy vinculado a José ”el Petiso“ Páez y otros dirigentes del SITRAC para su ingreso al Partido. Mi papá tenía una alta visibilidad en Córdoba y a nivel nacional”, explicó a elDiarioAR, Andrea Robles, hija de César Robles Urquiza, quién fue asesinado en el Bajo Flores por una patota de la Triple A el 3 de noviembre de 1974.

La hija de este dirigente nacional del PST, es integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS); en la querella está representada por Myriam Bregman y Liliana Mazea.

Andrea Robles detalló que “en esos momentos no secuestraban, asesinaban directamente. Además, el crimen de mi papá fue en el marco del asesinato del comisario (Alberto) Villar, que fue una ofensiva de asesinatos para vengarlo. Nosotros somos querellantes en la Causa Triple A por el asesinato de mi papá, cuya investigación reabrió el juez Norberto Oyarbide en 2006, y donde (Marcelo) Martínez de Giorgi la cierra en un fallo de 2017 donde plantea ‘sobreseer parcial y provisionalmente en el que no se procesó a persona alguna, respecto de los que resultaron ser autores inmediatos de los hechos aquí ventilados y a quienes no ha resultado posible identificar’. Nosotros como querella entendemos que así como a Atilio López y a Alfredo Curutchet los asesinan en Buenos Aires, creemos que es probable que hicieran lo mismo con mi papá; los marcaron en Córdoba, pero los acribillaron fuera de las fronteras provinciales. Ese 9 de octubre fueron a buscar a Tosco y Salamanca para asesinarlos y no estaban; y a mi padre lo marcan ahí, en ese operativo dirigido por García Rey. Ahora necesitamos investigar la hipótesis acerca de que la operación se habría iniciado en Córdoba y finalizado en Capital Federal, más allá de eso, reclamamos saber quiénes fueron los autores materiales del homicidio de mi padre”.

GM

En la madrugada del jueves murió en Córdoba, a los 85 años, Rubén Arroyo, ex integrante de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) y presidente honorario de la Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba).

Nacido en Mar del Plata, “El Petiso” Arroyo, como lo conocían todos en el ambiente sindical, político y de los organismos de Derechos Humanos llegó a Córdoba muy joven, al igual que Ernesto “Che” Guevara, a curarse su dolencia en los pulmones. Pero se quedó a vivir, comenzó a estudiar Medicina y luego viró hacia el Derecho y allí se quedó, defendiendo las causas que él creía justas, las de los oprimidos y perseguidos.

Su primera militancia fue en el Partido Reformista Ortodoxo (PRO), un grupo estudiantil con ramificaciones sindicales, que durante el Cordobazo del 29 de mayo de 1969 organizó el comedor universitario de la resistencia en el barrio Clínicas. En esa revuelta obrero-estudiantil que provocaría el debilitamiento de la dictadura del general Juan Carlos Onganía , Arroyo fue el organizador de la toma de barrio Pueyrredón, que duró durante todo el 29 y bien entrado el 30 de mayo.

Durante casi medio siglo ejerció como abogado laboralista, fue docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), pero su huella quedó marcada por su militancia a favor de los Derechos Humanos y contra las dictaduras desde mediados de la década del ’60.

En 2010, Arroyo convocó a la entonces legisladora Liliana Montero; al ex viceintendente Carlos Vicente; al padre Rafael Velasco, entonces rector de la Universidad Católica de Córdoba (UCC); al médico y dirigente social David Dib; al abogado Gerardo Battistón y al ex preso político Luis Baronetto, y pusieron en marcha, nuevamente a la APDH Córdoba.

En estas horas, el organismo defensor de los derechos humanos emitió un comunicado donde expresa: “Lo despedimos con dolor, pero con el orgullo de haber compartido el camino por Memoria, Verdad y Justicia y para que Nunca Más el autoritarismo y el terrorismo de Estado imperen en nuestro país”.

Mientras alternaba su militancia política y sindical como abogado laboralista con la lucha contra las violaciones de los derechos civiles a manos de la dictadura que en junio de 1966 había derrocado al presidente Arturo Illia, e imbuido en el ejemplo de la Revolución Cubana, Arroyo decide junto a sus compañeros del reformismo ortodoxo, sumarse al Partido Comunista.

En esos años, como abogado del sindicato de Luz y Fuerza, trabó amistad con Agustín Tosco, líder del Cordobazo, hasta su muerte en la clandestinidad y perseguido por la Triple A, en noviembre de 1975. También, desde 1972 fue abogado del SMATA Córdoba, donde conoció y compartió militancia y amistad con su secretario general René Salamanca, un dirigente del sindicalismo clasista y del maoísta Partido Comunista Revolucionario (PCR), quién fue secuestrado el 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe de Estado. A Salamanca se lo vio en el centro clandestino de detención La Perla y todavía continúa desaparecido.

52 desaparecidos antes del golpe

Cuando el gobernador cordobés Ricardo Obregón Cano fue derrocado por la Policía cordobesa, en febrero de 1974, Rubén Arroyo tuvo una activa participación en defensa de los perseguidos por el golpista Antonio Navarro, el interventor Raúl Lacabanne y las bandas estatales y paraestatales del Comando Libertadores de América: “El genocidio no comenzó con la dictadura, no hay que olvidar que a un gobernador constitucional como (Ricardo) Obregón Cano lo derrocaron dos años antes del 24 de marzo del '76; que el terrorismo de Estado comenzó en 1974 y que el Comando Libertadores de América operó bajo el amparo del Estado”, remarcaba el presidente honorario de la APDH Córdoba.

Tenía razón: el presidente Juan Perón avaló el Navarrazo y Córdoba quedó en manos de la derecha peronista, que acusaba a Obregón Cano de ser periférico de la Tendencia Revolucionaria; o sea, de la JP y Montoneros.

Durante el gobierno de Isabel Perón las acciones de la banda de ultraderecha Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) que había organizado el ministro de Bienestar Social, José López Rega asolaban el país, y Córdoba no era la excepción, donde ya imperaba el terrorismo de Estado con bandas paraestatales como el Comando Libertadores de América que dirigía el capitán del Ejército, Héctor Pedro Vergez. El 16 de septiembre de 1974, el vicegobernador depuesto siete meses antes, Atilio López –participó del Cordobazo con Tosco, como dirigente de la UTA- fue asesinado en Buenos Aires por la Triple A.

El “Comando”, a diferencia de la banda lopezreguista, nunca fue declarado ilegal; incluso actuó en connivencia con el Ejército y la Policía, y después del golpe de 1976, sus miembros se incorporaron a los grupos de Tareas del Ejército y la Policía provincial. En noviembre de 2006, antes de que se iniciaran los juicios contra el terrorismo de Estado, Arroyo convocó a los abogados María Elena Mercado (Familiares de Detenidos Desaparecidos); María Teresa Sánchez (Abuelas de Plaza de Mayo), Carlos Vicente, Miguel Ceballos y Luis Reinaudi, y presentaron una denuncia ante la fiscal federal Graciela López de Filoñuk para que investigue por genocidio a los integrantes del Comando Libertadores de América, entre los que se destacaban el capitán Héctor Pedro Vergez y el comisario Carlos Yanicelli: “Los hechos aberrantes que denunciamos, de ninguna manera pueden ser tratados como excesos o hechos aislados, son delitos de lesa humanidad que componen la figura del genocidio”, señaló Rubén Arroyo al fundamentar la denuncia.

Meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en ese clima donde la vida no valía nada, Arroyo se dedicó a defender a las víctimas del terrorismo de Estado y denunciar las violaciones a los derechos humanos; como fue el caso de Alberto Caffaratti, obrero de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC); dirigente de Luz y Fuerza muy cercano a Agustín Tosco, e integrante más joven del Comité Central del PC; quien fue secuestrado el 12 de enero de 1976 y llevado al centro clandestino de detención Campo de la Ribera.

Tres meses antes, en octubre de 1975, el dirigente sindical y comunista había regresado de la Unión Soviética, donde había viajado clandestinamente, pero la Inteligencia militar que en Córdoba operaba bajo el mando del general Luciano Benjamín Menéndez –recibió 11 cadenas perpetuas por genocidio-, sabía de sus movimientos. Tres días después del secuestro de Caffaratti, Arroyo acompañó al diputado comunista de la Alianza Popular Revolucionaria (APR) Jesús Mira y el dirigente comunista Rodolfo Ghioldi hasta el Edificio Libertador donde se entrevistaron con el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, general Roberto Viola. Allí los recibió el secretario privado de Viola: “Nosotros teníamos el dato que el compañero Alberto Caffaratti estaba secuestrado en el Campo de la Ribera, hasta esa época, nadie sabía que allí funcionaba un campo de concentración -confió Arroyo mientras preparaba la denuncia contra Vergez-. En la reunión de 1976, el secretario privado de Viola se mostró sorprendido con nuestra denuncia, recuerdo que este militar se comunicó con Córdoba y al rato nos respondió que el Ejército no sabía que en la prisión militar de Campo de la Ribera existiera un centro clandestino de detención”. En los juicios por la verdad, antes de que los genocidas fueran juzgados por cometer delitos de Lesa Humanidad, el entonces jefe de la cárcel militar de Campo de la Ribera, teniente coronel Juan Carlos Lona, declaró ante el juez federal Gustavo Becerra Ferrer que en los primeros días de diciembre de 1975 tuvo que desalojar la cárcel militar y trasladarse con el personal y los detenidos a los cuarteles del Tercer Cuerpo de Ejército.

Alberto Caffaratti es uno de los 52 desaparecidos desde marzo de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976, 40 hechos se cometieron a partir de diciembre de 1975, según consta en el Capítulo Córdoba del Informe Nunca Más de la CONADEP que elaboró, entre otros, Rubén Arroyo.

Denunciar a la dictadura en dictadura

Luego de iniciada la dictadura cívico militar del Proceso de Reorganización Nacional, Rubén Arroyo siguió militando, los hábeas corpus rechazados, las visitas a las sedes policiales, militares y eclesiásticas buscando respuestas que salvaran vidas, eran una constante. 

“Conocí a Rubén en 1980, cuando entré a trabajar a Tribunales; y de ahí comencé a hacer una relación personal y política. En plena dictadura, él era abogado de presos políticos, era de los escasos abogados que en Córdoba intervenían en causas de presos políticos, como el caso de su socio y amigo Luis Reinaudi, que estaba preso a disposición del PEN desde 1978. Y también era abogado de personas desaparecidas, secuestradas por grupos de tareas del terrorismo de Estado de los años ’70. Arroyo era abogado de víctimas de casos emblemáticos del terrorismo de Estado en nuestra provincia, como el asesinato de Raúl ”Paco“ Bauducco en la cárcel UP-1 de barrio San Martín en el año ‘76. A partir de ahí, conocí los casos de los 31 fusilados que eran presos a disposición del PEN, que habían sido puestos a disposición del juez federal (Adolfo) Zamboni Ledesma, que estaban alojados desde los años 1974 y 1975 en la cárcel de San Martín y que fueron fusilados entre marzo y octubre del año 1976. Arroyo era uno de los pocos abogados que seguía estas causas en una situación muy difícil, en plena ejecución de los actos de terrorismo de Estado; y encontró el camino de abrir causas judiciales, de sostener causas judiciales, de abrir denuncias y de construir pruebas con enormes dificultades, de lo que después fueron los distintos juicios que empezaron a ventilarse en los años ’80 y tuvieron proceso y condena en el siglo 21”, lo recordó Carlos Vicente, ex viceintendente de la ciudad de Córdoba y actual co-presidente de la APDH Córdoba en una extensa charla con elDiarioAR.

Entre los abogados que trabajaron a la par de Arroyo denunciando los crímenes y desaparición de opositores durante el último período del gobierno de Isabel Perón y en la dictadura se encuentran Salomón Gerchunoff, Néstor David “El Pibe” Gallina, Héctor González, Luis Reinaudi y Alfredo “Cuqui” Curutchet. Por caso, a Curuchet lo asesina la Triple A en septiembre de 1974, mientras que Reinaudi, Gerchunoff y González fueron secuestrados y legalizados, quedando presos a disposición del PEN.

En plena dictadura, Arroyo queda casi en soledad batallando contra los represores y milita en la clandestinidad en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) junto a Francisco Melani, padre de Norma Melani, una joven que aún permanece desaparecida. En septiembre de 1979, como abogado de “La Liga”, Arroyo organiza junto a su colega María Elena Mercado, abogada de la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos las reuniones en Córdoba con los observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, presentando testimonios sobre lo que sucedía en Córdoba bajo el mando del general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. Los delegados de la CIDH estaban en el Hotel Crillón y los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos hacían cola bajo la vigilancia intimidante de los represores; y ahí, una vez más, “El Petiso”, se agrandaba y les daba protección. En base al trabajo realizado en dictadura y en democracia por Arroyo y un puñado de abogados, Menéndez fue condenado a 12 cadenas perpetuas por delitos de Lesa Humanidad.

En 1981, “La Liga” sale a la superficie y empieza a emitir comunicados firmados por los copresidentes de la Regional Córdoba: Rubén Arroyo, Carlos Vicente y Anita Contreras, esposa de Miguel Contreras, uno de los fundadores del Partido Comunista argentino y miembro de la Federación Obrera de Córdoba que apoyó la Reforma Universitaria de 1918. Los hijos de los Contreras, Rodolfo y Miguel habían sufrido también la represión, el primero secuestrado y liberado por la Triple A; y el segundo, preso cinco años en dictadura. “Además de las denuncias, Rubén se ocupaba de los presos y desaparecidos, pero también de sus familias, sostenerlos anímicamente y de las cosas elementales como asegurarles comida, escuela, pagar el alquiler; organizaba la solidaridad para sostener a esas familias víctimas del terrorismo de Estado”, recordó Vicente, que en esa época militaba en Franja Morada y la Juventud Radical.

A la par de su activismo como abogado defensor de derechos humanos, Arroyo militó activamente en forma clandestina en el PC.

Democracia, Partido y debate

Con el regreso de la democracia y a instancias del presidente Raúl Alfonsín se conforma la Comisión Nacional de Desaparición de Personas que dirige el escritor Ernesto Sábato y en Córdoba la presidencia queda en manos del rector de la UNC, el arquitecto Luis Rébora; mientras que los abogados Francisco “Pancho” Delgado, Arroyo y Mercado son los encargados de sistematizar la carga de denuncias de la represión ilegal desde 1974 a 1983.

A fines de 1982 y principios de 1983, Arroyo comienza a relacionarse con estudiantes a través del movimiento de derechos humanos y ya durante la primavera alfonsinista establece una estrecha relación con los dirigentes de la recuperada Federación Universitaria de Córdoba (FUC).

En 1987, el levantamiento carapintada de Semana Santa se inició en Córdoba por la sedición de Ernesto “Nabo” Barreiro, quien se amotina en predios del Regimiento de Infantería 14 del Ejército, de camino a La Calera, el jueves 16 de abril, para evitar declarar en una causa que llevaba adelante Rubén Arroyo y por la que el represor debía presentarse el lunes 20 ante el juez federal Miguel Rodríguez Villafañe. Inmediatamente el levantamiento cordobés es apoyado por oficiales y suboficiales liderados por Aldo Rico y ese conato, a su vez es repudiado por masivas movilizaciones en todo el país defendiendo la naciente democracia, que terminó con el famoso discurso del presidente Alfonsín “la casa está en orden y no hay derramamiento de sangre. Felices Pascuas”.

Dos años después, en 1989, Arroyo y Graciela Barsky escribieron un libro donde se estudió, analizó y cuestionó los indultos de ese año del ex presidente Carlos Menem por su carácter inconstitucional, fue el primer trabajo realizado desde el punto de vista jurídico y político, donde se cuestionó el perdón presidencial a los genocidas condenados en el juicio a las Juntas militares.

El sisma del XVI Congreso del PC y todo el proceso de unidad de la izquierda que comenzó con la alianza del PC y el trotskista Movimiento al Socialismo (MAS) en el Frente del Pueblo de 1985; el Frente Amplio de Liberación (FRAL) de 1987 y la Izquierda Unida de Néstor Vicente en 1989 también tuvieron a Arroyo como un actor de relevancia.

Federico Nanzer, actual secretario político del PC de Córdoba le dijo a elDiarioAR: “Se nos fue ”el Petiso“ Arroyo, un picante de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Un picante del Derecho en clave militante, en clave de defensa de las y los militantes. Había que pararse de manos cuando la defensa de los derechos humanos no tenía tanta prensa del progresismo y los sectores populares, ”el Petiso“ caminaba todos los juzgados federales de Córdoba pidiendo por las compañeras y compañeros que empezaban a ser chupados en Campo de la Ribera, en el D-2, en La Perla. Fue un batallador incansable, cuando cayó la dictadura y se abrió esta democracia tutelada y restringida, Arroyo recorría una a una cada familia de los compañeros que cayeron presos, de los desaparecidos, de los que nunca volvieron, para ir armando las causas de lo que después fue la CONADEP; fue un pionero de lo que después fue la arquitectura jurídica para juzgar a los responsables de los delitos de terrorismo de Estado y Lesa Humanidad en Córdoba”.

Nanzer destacó que “el Petiso era comunista, comunista de pura cepa, rojo, con debates y con diferencias con el Partido Comunista, como muchas y muchos tuvieron, pero como me decía hoy su hijo, se fue con su ideología y sus ideas íntegras, y así es y así hay que recordarlo, como el abogado comunista que luchó por la Justicia, la Memoria y la fraternidad”.

Carlos Vicente coincidió con Nanzer en que “Rubén Arroyo creía en la emancipación del hombre y de los pueblos; militó siempre con esa idea, de que la humanidad y los pueblos debían ser libres; asumió la emancipación del hombre como objetivo y como proyecto revolucionario, y lo mantuvo desde distintas ideas. Se educó y se formó en el marxismo y pensaba en la construcción del socialismo, creía que el socialismo debía ser democrático. Luchó dentro del movimiento comunista internacional durante décadas, y luchó dentro del movimiento de derechos humanos, fue militante de este movimiento por más de sesenta años hasta hoy”.

En la Convención Constituyente del año 1994, el arquitecto Rébora fue elegido convencional por Córdoba por el Frente Grande y otra vez, “El Petiso” tuvo una actuación de importancia en Santa Fe.

“Yo conocí a Rubén cuando rearmamos la FUC, y compartí la experiencia de la reforma de la Constitución en Santa Fe”, señaló a elDiarioAR el concejal Ricardo Aizpeolea del bloque Frente Cívico – Córdoba Cambia; quién en la sesión de este jueves recordó a Arroyo: “Este querido abogado fallece hoy, y en estos días se conmemora el 39° aniversario del Informe Córdoba de la CONADEP, el Capítulo Córdoba fue entregado en la Casa de Gobierno por una comisión creada en su momento por el gobernador Eduardo César Angeloz y fue entregado a él mismo, ese informe, donde tuvo una activa participación Rubén. En oportunidad de la Convención Constituyente de 1994, junto con el doctor Arroyo fuimos asesores de otra importante personalidad de la democracia cordobesa, como fue el arquitecto Luis Armando Rébora, que presidiera la CONADEP Córdoba y fuera elegido democráticamente como el primer rector de la Universidad Nacional de Córdoba, luego de la normalización democrática. En esa Convención tuve la oportunidad de compartir con el doctor Arroyo y de conocer su pensamiento político, sus ideas, su defensa inclaudicable de los Derechos Humanos, sino también su estatura personal, su carácter único, su buen humor, sus ideas que junto con su colega y compañero de estudio, Luis Reinaudi, siempre fueron luchadores que defendieron trabajadores, defendieron siempre causas ligadas a la defensa de los Derechos Humanos y de los derechos laborales; y recordemos que Rubén Arroyo fue abogado de Luz y Fuerza y amigo de Agustín Tosco, a quién acompañó hasta su muerte en la clandestinidad en el año ’75. Posteriormente también acompañó a la familia de Alberto Caffaratti, otro desaparecido de Luz y Fuerza”.

Aizpeolea también les dijo a sus pares del Concejo Deliberante que “este Capítulo Córdoba de la CONADEP tuvo un impulsor en la Municipalidad de Córdoba –el intendente era Ramón Bauitista Mestre-, el querido ”Negro“ Cingolani, que editó ese informe. En momentos en que la democracia argentina no está pasando su mejor momento es muy importante buscar estos modelos, estos referentes y hoy se nos acaba de ir uno de ellos, siempre presente en la pelea por la Verdad, por la Justicia y por la Memoria”.

En la Convención de 1994, Arroyo se reencontró con otro viejo compañero de luchas denunciando el genocidio, el obispo emérito de Neuquén Jaime Francisco de Neváres; que presidió la APDH Neuquén en dictadura y en Santa Fe llegó como convencional constituyente del Frente Grande.

Solidaridad sin fronteras ni tiempos

Tras la recuperación democrática, a mediados de la década del ’80, en Argentina comenzaron a funcionar los movimientos de solidaridad con Chile. La resistencia al dictador iba por dos caminos desde 1983, la vía política y la insurreccional, cuyo punto más alto fue el atentado contra el dictador Augusto Pinochet de septiembre de 1986 a manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) la guerrilla armada por el PC trasandino.

Hace dos años, elDiarioAR publicó en exclusiva que José Joaquín Valenzuela Levi, jefe de esa operación militar contra Pinochet, vivió en Córdoba y también encontró refugio en Arroyo y Raúl “El Negro” Cingolani, que en esa época era subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba durante la intendencia de Ramón Bautista Mestre. No sólo el comandante rodriguizta, sino cientos de chilenos exiliados en Córdoba, muchos de ellos nucleados en el Comité Chile Democrático, recibieron la mano cálida y desinteresada de Arroyo, Reinaudi y Pedro Salazar.

En el velorio del dirigente, Gerardo Battistón, abogado de la Secretaría de DDHH de la Nación y secretario de Lesa Humanidad de la APDH Córdoba contó que “con Rubén nos conocimos cuando yo estaba en la Facultad en los ’90, pero no teníamos tanto contacto. Cuando me recibí comenzamos a trabajar algunas causas juntos, pero lo que fue determinante, fue cuando falleció su hijo Diego; en el velorio yo me quedé con él y cuando hicieron la cremación. Cuando yo me estoy por ir, lo voy a saludar y me dice ‘vos no te vas’, me abrazó y ahí empezamos una relación diaria que duró hasta hoy, y acá estoy”.

Battistón recordó que “ahí trabajamos las causas de la UP-1, entablamos una relación profesional y de mucho afecto; cuando le pidieron desde Buenos Aires un abogado para la Secretaría, él me propuso, ingresé al Ministerio de Justicia por su recomendación. Después estuvimos en el rearmado de la APDH Córdoba, donde Rubén siempre decía que había que tener un organismo defensor de los Derechos Humanos independiente, realmente independiente y autónomo de los partidos y del Gobierno. A Rubén también le debo mi relación con Mercedes, a Mercedes la conocí por él”. Mercedes Crespi, pareja de este colega y amigo de Arroyo es la defensora oficial de los Tribunales federales de Córdoba.

La “necesidad de organismos independientes” era otro reclamo de Arroyo a sus compañeros de militancia, porque entendía que “los que violan los derechos humanos son los gobiernos, que son el rostro del Estado”. Y durante este siglo, fue muy crítico de la alineación nacional de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández; y a nivel provincial con el gobierno de Juan Schiaretti.

La última causa en la que Battistón y Arroyo “trabajaron” juntos, fue el homicidio de Blas Correas, el chico de 17 años asesinado por la Policía de Córdoba. La madrugada del 6 de agosto de 2020, cuando Soledad Laciar se enteró del crimen de su hijo, lo primero que hizo fue llamar a Ana Arroyo, una de sus mejores amigas: “Anita, necesito a tu papá, que trabaja en Derechos Humanos, la Policía mató a Blas”. Inmediatamente, Arroyo llamó a su amigo y colaborador y le contó las novedades. Battistón emparejó el camino para que la familia de Blas Correas y los sobrevivientes de la balacera pudieran llegar hasta la fiscalía y relatar cómo ocurrieron los hechos. Otra vez el Estado atentado contra ciudadanos, otra vez la violencia institucional.

“A Rubén lo conozco desde los 13, 14 años. Lo veía como el ‘papá gran compañero’ de mi amiga. Compartimos infinitos momentos todas nosotras con él. Siempre buena onda, nos llevaba a todos lados; por ejemplo, con Rubén conocí el hipódromo. Pasando los años, empecé a entender quién era Rubén Arroyo, y comencé a sentir una profunda admiración. Escucharlo hablar era un placer. Sentir con la convicción y pasión que hablaba de cada tema era extraordinario”, recuerda emocionada Soledad Laciar.

También le contó a elDiarioAR que “cuando Blas murió, fue el gran consultor, a través de Anita aprendí mucho sobre todo lo que iba a vivir en este nuevo mundo que me tocaba. Vino a casa, me habló, y desde ahí siempre me acompañó. No tengo palabras para describirlo. Simplemente escuchar hoy a mi amiga mientras íbamos en el auto camino a su casa, hablar con tantísimo agradecimiento hacia su papá creo que no amerita más palabras. Su hija sentía un gran orgullo. Y creo que es lo que sentimos todos los que tuvimos el placer de compartir parte de la vida con él”.

Complicidad civil

Una de las espinas que le quedó a Arroyo, fue no haber podido sentar en el banquillo de los acusados a los funcionarios judiciales federales que desde 1974 avalaron el terrorismo de Estado y se conoce como “la causa de los Magistrados”: el ex juez federal Miguel Angel Puga, el ex secretario Luis Rueda; el ex fiscal federal Antonio Cornejo; los ex defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Eduardo Molina; y Carlos Otero Alvarez, ex secretario penal del juez federal Adolfo Zamboni Ledesma, ya fallecido. En septiembre de 2012 habían sido detenidos Puga, Cornejo, Haro, Molina y Otero Alvarez; este último jubilado desde 2009, fue uno de los camaristas que en 2008 sentenció al general Menéndez por la Causa Brandalisis, la primera en Córdoba por delitos de Lesa Humanidad. En 2012 los magistrados estuvieron detenidos menos de dos meses y luego recuperaron su libertad.

En 2017 sólo Puga fue condenado a tres años de prisión. En tanto que Rueda llegó a ser juez de la Cámara Federal de Córdoba y murió en 2021, sin someterse a la Justicia. Una de las causas que comprometía a Rueda, el secuestro y asesinato del militante del Peronismo de Base, Rubén Amadeo “Pocho” Palazzesi, recién se juzgó en marzo pasado y el represor Ernesto Barreiro fue condenado a 24 años de cárcel. Rubén Arroyo había señalado reiteradamente que a Rueda había que investigarlo, precisamente por el secuestro y homicidio de Palazzesi. Desde la APDH Córdoba habían advertido a elDiarioAR que “la causa de ”Pocho“ Palazzesi estaba lista para ser elevada a juicio en 2008, hace 15 años, pero la pisaron para no investigar la participación de Rueda”.

Su trabajo de abogado, su militancia comunista, la clandestinidad y el intento de salvar vidas en medio del terror, no le impidió a Arroyo ser un padre presente con sus hijos Ana, Diego, Juan y Miguel. Lector voraz, gran cocinero, amigo de los amigos, hincha fanático de Talleres, abuelo malcriador, Rubén Arroyo fue, al decir de Bertolt Brecht, un imprescindible.

GM

En abril de 1987, el capitán Ernesto “Nabo” Barreiro fue conocido por el gran público porque se amotinó en predios del Tercer Cuerpo de Ejército del camino a La Calera, en el oeste del Gran Córdoba, desatando la crisis militar carapintada de Semana Santa., durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Barreiro se oponía a que los militares de rangos medios y bajos fueran sometidos a la Justicia civil; a diferencia de los miembros de las Juntas Militares que habían sido juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad en 1985.

La semana pasada, en el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, presidido por el juez Julián Falcucci, Barreiro y dos oficiales más del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, el teniente primero Carlos “El Principito” Villanueva y el sargento Carlos “HB” Díaz, comenzaron a ser juzgados por delitos cometidos por la llamada causa “La Casa de Guiñazú”, donde operó un centro clandestino de detención desde 1977 y hasta por lo menos 1979, en una casa apropiada ilegalmente detrás del predio del Liceo Militar General Paz.

Los tres acusados, ya condenados en causas anteriores por delitos de lesa humanidad, gozan del beneficio de prisión domiciliaria, Barreiro y Villanueva en Buenos Aires y Díaz en Alta Gracia. Este es el 13° juicio contra el terrorismo de Estado realizado en la provincia de Córdoba.

El caso puntual por el que los represores están sentados en el banquillo de los acusados es por el secuestro en agosto de 1979 y las torturas sufridos por los militantes del Peronismo de Base, José Jaime Blas García Vieyra, Nilveo Cavigliasso y su cuñado Rubén Amadeo “Pocho” Palazzesi, quien fue asesinado tras las sesiones de torturas.

Para encubrir los apremios y el crimen, desde el Tercer Cuerpo de Ejército, que comandaba el general Luciano Benjamín Menéndez se montó la versión de que cuando era trasladado hacia Campo de Mayo, en un descuido, Palazzesi tomó el control del vehículo y huyó, pero en una mala maniobra sufrió un accidente vial que terminó con él muriendo atrapado dentro del automóvil incendiado.

El abogado querellante Eugenio Biafore, representante de la Secretaría de DDHH de la Nación, destacó que “la importancia de este juicio radica en que estamos ante un homicidio cometido posteriormente a reiteradas sesiones de torturas aplicadas a una víctima en el año 1979, no en los años de la Triple A del 1974 y 1975; o de inicios de la dictadura de 1976 y 1977. La Quinta de Viotti o Quinta de Guiñazú, en inmediaciones del Liceo Militar General Paz, fue uno de los últimos centros clandestinos de detención que operó en Córdoba, en 1979, el aparato represivo ilegal seguía funcionando. También queda claro que hubo un conocimiento explícito de la Justicia federal sobre la represión ilegal, incluso le blanquean oficialmente a los familiares de Palazzesi, que las víctimas estaban bajo responsabilidad del Ejército; pero también está acreditado a través de las propias víctimas y de sobrevivientes, de la participación en este caso de grupos de tareas de la ESMA”.

Según el testimonio de sobrevivientes aportados a la Comisión Nacional de Desaparición de Personas de Córdoba (CoNaDeP Córdoba), en dos operativos realizados en agosto de 1979, “Pocho” Palazzesi, su cuñado Cavigliasso y García Vieyra, fueron secuestrados en Córdoba y llevados al centro clandestino de detención que operaba desde diciembre de 1977 en barrio Guiñazú en una casa quinta apropiada ilegalmente a Silvio Viotti, un militante del Partido Comunista Marxista Leninista, secuestrado en esa fecha.

Allí, los tres fueron sometidos a torturas por Barreiro, quien dirigía los interrogatorios bajo apremios ilegales en los distintos centros clandestinos operados en Córdoba por el Ejército. También participaron del secuestro y las torturas, el teniente primero Villanueva y el sargento Díaz.

Operativos coordinados con la Armada

Días antes del secuestro en Córdoba de estos tres militantes del Peronismo de Base a manos del Ejército; en Buenos Aires fueron secuestrados en distintos operativos realizados por grupos de tareas de la Armada el 3 y 6 de agosto, los militantes Raymundo Villaflor y Enrique Néstor Ardeti, también militantes del Peronismo de Base, quienes fueron alojados en el centro clandestino de detención y exterminio que operaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). Ardeti fue asesinado en marzo de 1980 en uno de los vuelos de la muerte, y uno de los responsables de su asesinato es Ricardo Cavallo, un represor que vivía clandestinamente en México haciéndose pasar por empresario, que fue extraditado a España en 2003 para ser juzgado por delitos de lesa humanidad.

A raíz de la caída a manos de la Armada de Ardeti y Villaflor –primo de Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo asesinada en diciembre de 1977, también en los vuelos de la muerte-; el 12 de agosto de 1979 al mediodía fueron secuestrados por agentes de civil del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, en barrio Parque Vélez Sársfield de la ciudad de Córdoba, Palazzesi y García Vieyra. Entre los secuestradores se encontraban Villanueva y Díaz, quienes llevaron a sus víctimas en dos automóviles, Ford Taunus verde y Peugeot blanco, hacia la casona de barrio Guiñazú.

La noche del 22 de agosto de ese mismo año, fue secuestrado Nilveo Cavigliasso, quien se encontraba en su casa de barrio Villa Revol de esta Capital. El grupo de tareas también lo llevó a la casa quinta de barrio Guiñazú, donde estaban alojados su cuñado Palazzesi y García Vieyra. Los tres fueron sometidos a torturas.

Tres días después, el 25 de agosto, según relataron los sobrevivientes y testigos, llegaron a la casa operativa del Ejército ubicada detrás del Liceo Militar General Paz, dos o más torturadores que habrían pertenecido a grupos de tareas que operaban en la ESMA. Los testigos señalaron que estos efectivos de la Armada provenientes de la ESMA sometieron a Palazzasi a reiteradas sesiones de torturas para que confesara hechos y militantes relacionados con el Peronismo de Base y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) en la zona de la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Sobre la participación en Córdoba de efectivos de grupos de tareas de la Marina, la viuda de Palazzesi, Cristina Guillén, la primera testigo que prestó testimonio en este juicio, relató que entre los torturadores de su marido “estaba Peyón, tenía la voz finita, era rengo. Tengo entendido que así lo vieron en la quinta de los Viotti. Vinieron de la ESMA para matarlo”.

El represor señalado por la viuda de Palazzesi es Fernando Enrique Peyón, un agente del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) de la Armada conocido como “Giba” o “Quasimodo” por una deformación física. Peyón fue reconocido por sobrevivientes como torturador en la ESMA y en una casa quinta de su padre en General Pacheco, que operaba como centro clandestino de detención; igual que la quinta de Viotti en barrio Guiñazú de Córdoba.

Accidente fraguado

Según la acusación de los fiscales federales Facundo Trotta y Carlos Gonella, “el rigor del castigo impuesto por los interrogadores de la Marina, sumado a su deteriorado estado de salud, en virtud de los 13 días previos de flagelos impuestos por personal del Destacamento de Inteligencia 141 mencionado, provocaron la muerte de Rubén Amadeo Palazzesi el 25 de agosto de 1979”; y que “para encubrir las verdaderas causas del deceso, las autoridades del Área 311 en coordinación con la jefatura del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército y personal involucrado de esta Unidad, informaron públicamente que el fallecimiento de Palazzesi había acaecido en oportunidad de trasladarlo hacia Buenos Aires; con motivo de intentar fugarse el nombrado en un automóvil que supuestamente terminó incendiado”.

El comunicado fue oficialmente dado a conocer por el Tercer Cuerpo de Ejército, el 28 de agosto de 1979 señalaba que “el episodio se produjo en camino unión de las Rutas 8 y 9, en el cruce con Del Viso, provincia de Buenos Aires, el día 27 de ese mes y año, a las 18 horas, en circunstancias del traslado del detenido Amadeo Palazzesi para prestar declaración en Comando Subzona F, intenta fugar, aprovechando un inconveniente mecánico en uno de los vehículos custodios. Ante esto se inicia una persecución y el vehículo guiado por el detenido, por maniobrar cae por un terraplén, se imposibilita y se incendia; pereciendo carbonizado el mismo, por la presencia en el vehículo de granadas. Los restos de Palazzesi fueron entregados a sus familiares en dependencias del Hospital Militar de Campo de Mayo en Buenos Aires”.

Tras el asesinato de Palazzesi, a fines de agosto y mediados de septiembre del mismo año, García Vieyra y Cavigliasso, fueron trasladados desde “La Casa de Guiñazú”, hasta la sede de la Dirección General de Inteligencia de la Policía de Córdoba, que operaba en esa época en la calle Mariano Moreno, en el macrocentro de esta Capital. Allí ambos fueron sometidos a torturas. Posteriormente, en el mismo mes de septiembre, los dos sobrevivientes fueron alojados en la cárcel de barrio San Martín, Unidad Penitenciaria N°1, dependiendo del Area 311: García Vieyra recuperó su libertad el 16 de septiembre de 1980; mientras que el 5 de febrero de 1981, Cavigliasso fue trasladado a una cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF)“.

Blanqueados por la Justicia federal

Cristina Guillén relató que “es la primera vez que declaro ante jueces de la democracia”; y contó que sobre el secuestro de su marido “nos enteramos por un conocido que los habían secuestrado; una vecina denunció, habrá pensado que era un secuestro común. Imagínense el estado nuestro al saber de esta situación, estábamos en plena dictadura, sabíamos que significaba desaparición o muerte”.

La mujer, declaró además, que presentó un recurso de hábeas corpus ante los Tribunales de la Justicia federal que funcionaban en Obispo Trejo e Hipólito Yrigoyen, y que les respondieron que Palazzesi y García Vieyra estaban detenidos bajo la órbita del Ejército“. El juez federal de esa época era Miguel Angel Puga y el secretario Luis Rueda.

Puga ya fue juzgado en el marco de la causa “de los Magistrados” en 2017, por la connivencia de la Justicia federal con la represión ilegal y lo condenaron a tres años de prisión. En tanto que Rueda llegó a ser juez de la Cámara Federal de Córdoba y murió en 2021, sin someterse a la Justicia.

Rubén Arroyo, presidente honorario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) y ex integrante de la CoNaDeP Córdoba había señalado reiteradamente que a Rueda había que investigarlo, precisamente por el secuestro y homicidio de Rubén Palazzesi. Desde la APDH Córdoba señalaron a elDiarioAR que “la causa de ”Pocho“ Palazzesi estaba lista para ser elevada a juicio en 2008, hace 15 años, pero la pisaron para no investigar la participación de Rueda”.

Tras enterarse que su marido había sido secuestrado por el Ejército, Cristina Guillén viajó hasta la localidad de Oliva, para poner a resguardo a sus hijos de 5, 3 y 1 años. A los pocos días, ella y su padre, fueron detenidos: “Pasan tres días y nos llevan a mí y a mi padre. Él se fue con 5 pesos en el bolsillo para el colectivo, todos pensamos que iba a volver, el tema es que lo tienen en prisión tres años y pico”.

Cristina Guillén le apuntó a la participación del fallecido camarista Rueda en la represión ilegal: “A mí me sometieron a un Consejo de Guerra, me acusaban de asociación ilícita y subversión. El que divide la causa ahí es (Luis) Rueda, él entraba por el Tercer Cuerpo como por su casa. Él fue el que organizó, les dijo a los milicos cómo tenían que hacer: ustedes tomen esta parte, la Justicia federal toma la otra. (Miguel) Puga era mi juez, era un juez de la dictadura”. La viuda de Palazzesi recuperó su libertad en 1984, durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín.

Barreiro todoterreno

Antes del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, el capitán Ernesto Guillermo “Nabo” Barreiro integró el Comando Libertadores de América, que comandaba el capitán Héctor Pedro Vergez, responsable de los crímenes de la familia Pujadas –fueron asesinados los padres y otros familiares de Mariano Pujadas-; el secuestro y homicidio y posterior robo del cadáver del dirigente montonero Marcos Osatinsky; el fusilamiento de nueve estudiantes universitarios bolivianos y la desaparición de Alberto Caffaratti, militante comunista y dirigente de Luz y Fuerza. Ya en dictadura, Barreiro se convirtió en jefe de torturadores de los centros clandestinos de detención y exterminio dependientes del Ejército en Córdoba.

En abril de 1987 se hizo conocido por el alzamiento carapintada de Semana Santa, y veintinueve años después del amotinamiento que logró la sanción de las leyes de impunidad de Obediencia Debida y Punto Final sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el jueves 25 de agosto de 2016, el represor Barreiro, fue condenado en el histórico juicio de la megacausa del centro clandestino de detención La Perla a cadena perpetua por 28 crímenes de lesa humanidad.

Hace nueve meses, el 14 de junio de 2022, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba le concedió a Barreiro el beneficio de la prisión domiciliaria atendiendo su edad –tiene 71 años- y el deterioro en el estado de su salud. Cuando le concedieron el beneficio, Barreiro estaba alojado en Campo de Mayo y no en una cárcel común.

Barreiro ya había obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria en distintas causas, y sólo le restaba que se definieran dos causas que se tramitan en el Juzgado Federal N°1 de Ricardo Bustos Fierro. En junio del año pasado, los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones, Graciela Montesi, Ignacio Vélez Funes y Eduardo Avalos, fallaron en una de esas dos causas; teniendo en cuenta las pericias de la Corte Suprema de Justicia, el del perito de parte y del Servicio Penitenciario Federal.

El perito de la Corte Suprema informó que el estado de salud del represor no le impedía seguir purgando su condena en la cárcel militar de Campo de Mayo. Mientras que el perito propuesto por la defensora oficial Mercedes Crespi, señaló en su informe que Barreiro “es un minusválido, afectado por polipatología concurrente, progresiva –pero ciertamente atenuable- en donde destaca esencialmente la cardiovascular hipertensiva y la insuficiencia renal, a lo que se agrega el intenso sufrimiento que le causa la sintomatología discal lumbar, imposible de atenuar quirúrgicamente dado el alto riesgo que significaría operarlo en las condiciones de intenso estrés al que se lo somete”.

Y el médico del Instituto Penal Federal Campo de Mayo informó a los camaristas cordobeses que “si se agrega a estas patologías el hecho de la privación de libertad, ésta situación genera riesgo de muerte súbita”.

En la audiencia por el caso de la Quinta de Guiñazú, a la que accede por videoconferencia, se lo vio a Barreiro en buen estado de salud general.

GM

Carlos González comenzó a sospechar en la adolescencia que era hijo de desaparecidos: en casa no había fotos de su mamá embarazada, quien, según la partida de nacimiento, dio a luz a los 50 años de edad. Además, en plena década del ’70, Lidia Lazarte, la supuesta mamá de este joven jujeño, era agente de la Policía Federal en Palpalá. Y su presunto papá, Ramón Vicente González tenía un cargo directivo de segundo nivel en la Dirección de Fabricaciones Militares de Altos Hornos Zapla, una compañía estatal dirigida por militares.

En los ’90, cuando ya se habían identificado cerca de medio centenar de bebés apropiados durante la dictadura cívico-militar, Carlos volvió a dudar sobre su origen. Lidia había muerto en 1984, cuando él tenía 12 años. Ramón González falleció en 1995. Ya radicado en Córdoba, donde llegó a estudiar diseño gráfico y se quedó a vivir, y sin el peso de que sus presuntos padres estuvieran con vida, Carlos envió un correo electrónico a Abuelas de Plaza de Mayo y contó su caso. No obtuvo respuesta.

Años después, ya en el siglo XXI, se acercó a Abuelas y contó su caso: “Me dijeron que no entraba en el rango de búsqueda, de 1975 a 1983. Según mi DNI, nací en 1972”, confió desesperanzado el muchacho a este cronista a principios de la década pasada. 

Carlos González, “Carlitos” o “Charly”, para los amigos que cosechó en Jujuy, Santiago del Estero y Córdoba, se enteró que en el espacio de la memoria del Cabildo de Córdoba -donde operó el centro clandestino de detención D-2 de la Policía cordobesa desde 1974 hasta bien entrada la dictadura del 24 de marzo de 1976-, funcionaba una delegación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y que allí podrían orientarlo en su búsqueda.

“Yo era hijo único. Después que se murió mi mamá, yo me quedaba solo en casa hasta que volviera mi papá de trabajar. Y entonces me ponía a buscar, hurgaba en los roperos, en las cajas cerradas, y no había fotos mías de chico. Después de la muerte de mi mamá, no hubo más contacto con los Lazarte, era raro. Otra cosa que me llamaba la atención, era que mis primos tenían 30 años, y yo tenía 5. Tampoco había relación entre las edades de mis papás con los papás de mis compañeros y de mis primos. Cuando murió mi papá, mis tíos dejaron de verme. Para esa familia, yo morí cuando murieron mis papás”, reconstruyó Carlos González en una charla en enero de 2018.

“El destino, la vida, la militancia por un mundo mejor, o la suerte, hizo que nos cruzáramos con Carlitos. Fue mi primer caso de búsqueda en la CoNaDi de niños víctimas de trata de persona. El 6 de julio de 2014 abrí su legajo. Y luego de meses de búsqueda, encontramos a su mamá biológica, Rosa Elena Mealla y los revinculamos. Y años después encontramos a su papá biológico y durante un par de meses, ambos se revincularon y disfrutaron”, recuerda María Gracia Iglesias, coordinadora del Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica. 

“En junio de 2014 la conocí a María Gracia. Un día salí al mediodía del trabajo y fui al espacio de la memoria donde funcionaba el D-2, María Gracia me pidió la partida de nacimiento. Le presenté la que tenía y faltaban datos básicos: el hospital donde nací y testigos. Además, con otra letra, estaba escrito un número de expediente”, detalló Carlos González.

Así comenzó la búsqueda de la CoNaDi para determinar quién era la madre biológica de este muchacho jujeño. Luego de ocho meses de trabajo, María Gracia Iglesias citó a Carlos González a una reunión. El hombre, que ya tenía 42 años de edad, fue a la entrevista “lleno de temores, era un mundo desconocido”: “Carlitos venía haciendo terapia, nuestro equipo cuenta con psicólogos y otros profesionales que arman una red de contención para ambos extremos de las búsquedas: las hijas y los hijos que buscan saber su identidad, de dónde vienen, quiénes son; y las madres, que muchas veces, debieron dejar a sus hijos por no poder mantenerlos, otras veces se los robaron y otras veces les mintieron que habían nacido muertos. Esa primera reunión en la que le dimos toda la información, fue muy especial, era devolverle a un hombre su historia”, detalla la funcionaria del Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Nación a cargo del Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica. 

Iglesia y poder

La CoNaDi pudo reconstruir que Rosa Elena Mealla dio a luz a Carlos en octubre de 1972 en el hospital ‘Pablo Soria’ de San Salvador, la capital de Jujuy, ubicada a sólo 15 kilómetros de Palpalá. “Mi mamá biológica trabajaba en lo de una señora, Mary Ojeda, muy relacionada a los grupos católicos de Palpalá, que a su vez estaban muy relacionados con Paulino Arias, que después fue intendente de la dictadura. Cuando nací, mi mamá me anotó como Carlos Alberto Mealla, por lo menos, esta gente, me respetó el Carlos Alberto que me puso mi mamá. Cuando yo tenía tres meses, el cura de Palpalá y Paulino Arias, con esta señora Mary Ojeda, le dijeron a mi mamá, que era empleada doméstica, que no podía seguir trabajando en la casa conmigo. Y que lo mejor sería que me diera en adopción porque no iba a poder criarme. Imaginate, una empleada doméstica sentada, sola, pobre, sin familia, sin marido, frente a la patrona, el cura y uno de los hombres más importantes de Palpalá”, contó hace cinco años, Carlos González.

La mujer, con un bolso de mano, unos pocos pesos y un pasaje, fue obligada a abandonar a su hijo y a partir al destierro a Trelew, a 2.290 kilómetros de distancia. La ropa de Carlitos, que ella había tejido y comprado con sacrificio quedó en la casa de la patrona, y sólo la dejaron llevar con ella una pequeña almohada, donde escondió tres fotos de su bebé. Eran los primeros días de 1973 y gobernaba el dictador Alejandro Agustín Lanusse.

Cuarenta y dos años después, en febrero de 2015, el equipo de CoNaDi especializado en búsqueda de personas, virtualmente peinó Palpalá, buscando a quién podría ser la madre de Carlos Alberto González: “Fue un trabajo artesanal, porque en los casos de estas adopciones irregulares, el patrón es calcado: los bebés, que dados por muertos o aprovechando la vulnerabilidad de sus madres, fueron entregados a familias que los anotaban, presentando falsos certificados médicos y/o falsos testigos en los registros civiles a los que concurrían a inscribir el nacimiento, y consecuentemente se sustituía su identidad biológica. En ese mismo acto fueron borradas todas las huellas escritas despojando a los bebes de sus cadenas generacionales. Eso pasó con Carlitos, por lo que se hizo muy difícil dar con su mamá biológica”, detalla a elDiarioAR, María Gracia Iglesias.

Reencuentro

Pero en marzo o abril de ese año, las elecciones nacionales abrieron una luz de esperanza a través de la actualización de los padrones electorales: “Encontramos en Palpalá una mujer llamada Rosa Elena Mealla, y allá fuimos a buscarla. Nadie la conocía. Pero algunos vecinos del barrio nos dijeron que vivía una señora, Elena de Valdez. La entrevistamos y era la madre de Carlos González. La mujer nos contó que con el paso de los años se animó a regresar a Palpalá a buscar a su hijo, pese a que la habían penado, su patrona y Arias. Viajó desde Trelew a Capital Federal, primero, y luego regresó a Jujuy. Y para que no la descubrieran, se cambió el nombre, suprimió el Rosa y le agregó el apellido de su marido. También nos contó que su esposo sabía su historia de la apropiación de Carlos y que sus cuatro hijos no sabían nada”, explicó Iglesias.

“Yo primero no quería saber nada. Me había abandonado. Tenía sentimientos encontrados, por una parte, mucha bronca, pero por otro lado, la necesidad de saber qué pasó. Cuando me encontré con mi mamá, me pidió perdón, y me contó lo de la señora Mary, del intendente y del cura. También me contó que cuando volvió a Jujuy, se pasaba horas en las plazas, viendo chicos de mi edad, buscándome, diciendo ‘lo voy a reconocer, es mi hijo’. María Gracia, ya me había contado que yo tenía una familia, que mi mamá estaba casada con un señor, Valdez, y que tenía cuatro hermanos, Antonieta, Fernando, Ivana y María Elena. Después de ese primer encuentro con mi mamá allá en Palpalá, que fue un punto de inicio, bloqueé Facebook, bloqueé todo, no quería que nadie se acercara ni se relacionara conmigo. Era algo absolutamente nuevo, desconocido”, recordó Carlos González en 2018.  

Rosa también le contó a su hijo que cuando pasó toda esta tragedia, ella tenía sólo 20 años, que no tenía mamá, había muerto, y que su papá la echó de la casa y le prohibió a sus hermanos hablarle. La patrona le dijo que no podía trabajar embarazada y que cuando el bebé naciera ‘lo tenés que entregar, no vas a poder con él’; y que cuando nació Carlos, la mujer la intimó: ‘Con ese chico no volvés a esta casa’. También le dijo que su novio, que vivía en Campo Santo, Salta, no quería saber nada de ser padre.

En el hospital ‘Pablo Soria’ se apiadaron de Rosa y la dejaron estar internada durante dos semanas: “No tengo dónde ir”, les dijo la mujer a los médicos y enfermeras. Al regresar a la casa de Mary Ojeda, la mujer le dio un ultimátum: ‘Acá no podés estar con el bebé. Lo entregás o te vas’. Semanas después, le dieron una solución: ‘Ya tenemos una familia que está buscando un hijo’. Era el empleado administrativo de Fabricaciones Militares y la agente de la Policía Federal.  

Rosa Elena Mealla le contó a su hijo Carlos cómo ocurrió la apropiación: ‘Pensé que iba a demorar mucho y que no nos iban a separar. Pero un día, debe haber sido una semana después de volver del hospital, llegaron a la casa de la señora Mary, Paulino Arias y un doctor, un abogado. La señora me dijo ‘prestame el chico’ y te agarró. Mientras yo hablaba con el abogado, Paulino juntaba todo lo tuyo. Yo había escondido tres fotos. Después me hicieron ir a un estudio del abogado, ahí la conocí a tu mamá, la única vez que la vi. Ahí te agarraron, se lo dieron a ella y nos volvimos a lo de la señora Mary’.

La madre de Carlos regresó a la casa de su patrona y entró en depresión. No comía y mucho menos, trabajaba. Mary Ojeda también solucionó a su manera la situación: ‘Lo que podés hacer, es irte’, le dijo. En la terminal de ómnibus a punto de viajar al Sur, donde ya la habían advertido de que no regresara a Palpalá; no averiguara qué pasó con Carlitos y ‘no hiciera nada de nada porque ellos se iban a enterar’, Mary Ojeda sentenció a Rosa: ‘Nunca te olvides que tuviste un hijo y lo entregaste’.

“Mi mamá tenía miedo y culpa. Miedo por lo que le podía pasar; y culpa por haberme entregado. Yo ahora, la entiendo, entiendo su situación, sola, sin familia y con todos en contra. Me contó que le dio parkinson hace como diez años y que tenía miedo de no volverme a ver”, recordó Carlos a principios de 2018, cuando se decidió a contar su historia. Cuando madre e hijo se reencontraron, después de cuatro décadas, el parkinson disminuyó paulatinamente.

Ex directivo de Altos Hornos Zapla, ex intendente de Palpalá entre 1980 y 1983, en los tramos finales de la dictadura instaurada en marzo de 1976, coordinador general de Cáritas Diocesana Jujuy hasta su muerte en diciembre de 2021; intermediario en la apropiación irregular del hijo de Rosa Elena Mealla, Paulino Arias es omnipresente en Palpalá: “Mi hermana Ivana está casada con un nieto de Paulino Arias; y la coordinadora general del colegio donde trabaja mi hermana María Elena, es la hija de Mary Ojeda. Hasta hoy, esa gente sigue siendo poderosa”, marcó Carlos.

Entre 2015 y 2021 Carlos viajó a Jujuy a festejar sus cumpleaños en familia. También los Día de la Madre, los cumpleaños de sus hermanos y las fiestas de fin de año. Su hermana menor, María Elena –la más confidente-, “allanó el camino, pudimos asimilar todo y gracias a ella el camino fue más fácil. Mi mamá tenía miedo de que no la perdonara, pero yo le dije que lo importante era que ya estábamos juntos nuevamente”.

“La historia de Carlitos y Rosa, es la de miles de mujeres separadas de sus hijos. En los registros de la CoNaDi tenemos más de 12 mil hijas e hijos buscando a sus madres y padres; y sólo a 500 madres. Por eso la importancia de esta campaña ”Mamás que buscan“, para que ellas sepan que acá estamos para ayudarlas a encontrar a sus hijos. Rosa no supo cómo buscar a su hijo y como ella son miles de casos, porque fueron y son víctimas de un sistema que se aprovechó de su vulnerabilidad”, destacó María Gracia Iglesias.

A mediados de 2020 en plena pandemia por el Covid-19, los médicos le diagnosticaron un cáncer avanzado a Carlos. Sus hermanos lo buscaron en Córdoba y pasó sus últimos meses en Palpalá, con su mamá Rosa. Falleció en 2021.  

GM

La recuperación de recién nacidos apropiados ilegalmente durante la pasada dictadura cívico-militar le dio a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) la experiencia en el trabajo de búsqueda y revinculación de personas que necesitan recuperar su identidad biológica. Sin embargo, en el universo de gente que se acercó a los distintos organismos del Estado u organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, buscando conocer sus orígenes y su historia, pensando que eran hijas e hijos de detenidos-desaparecidos; aparecieron miles de casos de víctimas de apropiaciones irregulares que no están vinculadas al terrorismo de Estado.

Por caso, la CoNaDI ya identificó a 2.000 personas nacidas entre 1975 y 1983 –el período de búsqueda de hijos de víctimas de la represión ilegal-, que no están relacionadas a los delitos de lesa humanidad.

Atendiendo esa necesidad de miles de argentinos que buscan conocer sus orígenes, en el Museo de Antropologías de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la CoNaDi presentó la Campaña Federal por el Derecho a la Identidad Biológica “Mamás que buscan”, que “aborda la problemática de la vulneración del derecho a la Identidad para casos no vinculados a los crímenes de lesa humanidad y orientado a todas las personas nacidas en Argentina que desconocen sus orígenes biológicos sin distinción de su fecha de nacimiento, y a las personas que buscan hijas o hijos nacidos en Argentina y de quienes se vieron separados al nacer”.

La coordinadora nacional de la CoNaDI, Claudia Carlotto le explicó a elDiarioAR que “con las distintas campañas nacionales para recuperar a los hijos de los desaparecidos, miles de personas se acercaron al Programa en busca de conocer sus orígenes biológicos. Allí, aparecieron casos de apropiación, donde hay adultos que anotaron a sus hijos como propios pero no pusieron dinero para que les entreguen el bebé; otros que efectivamente pagaron sumas altísimas a parteras y médicos dedicados al tráfico de recién nacidos”.

La campaña “Mamás que Buscan” se desarrolla en el marco del Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica, que funciona en el ámbito de la CoNaDI y lo dirige la cordobesa María Gracia Iglesias: “Acá en Córdoba, tenemos registradas 536 personas solicitando acompañamiento; de ese total, 418 buscan sus orígenes biológicos y otras 118 buscan sus hijos o hermanos separados al momento de nacer. El objetivo principal de nuestro trabajo es garantizar el Derecho a la Identidad Biológica, conocer la verdad de sus orígenes biológicos y saber cuál fue el destino de esos bebés separados de su familia biológica. Esto que sucede en Córdoba, se replica en todo el país”, señaló la funcionaria.

Claudia Carlotto, en tanto, detalló que “en lo que respecta a la inscripción de los nacimientos de estos niños que buscan su historia, podemos encontrarnos con su manera legal que es la adopción, donde en la mayoría de los casos las personas cuentan con un expediente donde buscar sus datos filiatorios y parte de su historia. Pero además, y es donde apunta la campaña ”Mamás que Buscan“, es a las víctimas de apropiación y/o tráfico de menores, ya que no hay registros, los testigos son olvidadizos y los libros de actas desaparecieron y las actas de nacimiento son falsas”.

Carlotto destacó que “esta campaña que ponemos en marcha en Córdoba, se replicará en todo el país, vamos a convocar a las mamás que buscan a sus hijas o hijos nacidos en Argentina, y de los que fueron separadas al momento de su nacimiento, para que se acerquen a la CoNaDI y registren su caso para impulsar su búsqueda. Llamamos principalmente a las madres, porque en nuestros registros de búsquedas, sólo tenemos 500 mujeres que buscan a sus hijos; mientras el número de personas que necesita saber sus orígenes ronda los 12 mil”.

La coordinadora nacional de la CoNaDI señaló que “vamos a realizar actividades de divulgación en distintas ciudades, grandes y chicas, recibiendo en cada lugar a toda persona que quiera registrar su caso o aportar información para comenzar la búsqueda de sus orígenes biológicos o la de un hijo o hija del cual se haya visto separada en el momento del nacimiento”.

Violencia de género

“Cada caso es una historia de vida. Muchas veces, esas mujeres a las que las despojaron de sus hijos, se sienten victimarias, y en realidad fueron víctimas. Con este programa buscamos un discurso de encuentro, componedor, son víctimas de violencia de género: a ningún hombre le sacaron su bebé, a ningún hombre lo separaron por la fuerza de sus hijos. No es una tarea fácil esta revinculación”, dice Carlotto.

Y agrega: “La mayoría de estas víctimas son jóvenes, pobres y vulnerables, que por el estado de angustia y depresión por lo ocurrido no estuvieron en condiciones de hacer la denuncia. Por eso necesitamos que nos informen, como puedan, lo que les pasó; para poder rastrear los casos. Algunas veces, son imposibles de investigar porque no hay documentación, ni nada que las avale. De los 2.000 casos de niños restituidos entre 1975 y 1983 que no están relacionados a delitos de lesa humanidad, algunas fueron adopciones legales; pero en la mayoría de los casos desaparecieron los libros de parto, incendiados o inundados”. 

Víctimas, no victimarias

Carlotto explicó que “muchas veces, a estas chicas, jóvenes y vulneradas, quienes se apropiaban de sus bebés les mentían que sus hijos habían fallecido; mientras que a los padres necesitados de tener un hijo, les decían que esas madres ‘habían decidido abandonarlos’ o ‘darlos en adopción’. Eran discursos mentirosos, donde las ponían como victimarias, cuando en realidad eran víctimas. En la gran mayoría de los casos, no existen relatos de tal abandono ni siquiera en aquellas que tuvieron que dejar a sus bebés en manos de instituciones estatales destinadas a protegerlos”.

Por su parte, María Gracia Iglesias, que tiene a cargo el Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica, le dijo a elDiarioAR que “muchas veces escuchamos relatos de madres que se animan por primera vez a contar su secreto profundo, resguardado por décadas en sus entrañas. También vemos como las instituciones no están preparadas para recibirlas e incluso a muchas le dijeron que es un delito prescripto o que sus hijos e hijas están mejor donde están y que conocerlas les provocaría mucho sufrimiento. Algo totalmente equivocado si vemos el dolor de las personas que buscan, muchas veces expresado en no poder concluir sus proyectos de vida como terminar la escuela, recibirse de una carrera universitaria y la imposibilidad o dificultad para tener hijos”.

¿Quién soy?

Desde la CoNaDI señalaron que “las personas que buscan sus orígenes biológicos son tan variadas como cada una de las experiencias que han tenido. A algunos les contaron desde niños que no eran hijos de sus padres de crianza, y otros se enteraron debido a la infidencia o confidencia de algún amigo o pariente”. 

Iglesias señaló que “nos encontramos con adultos que no fueron informados acerca de cómo fueron concebidos, que planes tenían para sus vidas, quienes son sus padres, que nombre le habían elegido. Casi en su totalidad fueron criados en el mundo de ‘eso no se habla’. Fueron inscriptos como hijos biológicos propios. Fueron apropiados de sus cuerpos y almas.

Cuando intentan iniciar la búsqueda se meten en una película surrealista, se instalan en los fueros judiciales, recorren consultorios de obstetras y parteras, interrogan a los vecinos de los barrios en los que vivieron durante su infancia sin obtener respuestas contundentes ni pistas posibles para encontrar su verdad. Lo que coincide en todos los relatos es el silencio. Esto trae como consecuencia que miles de personas durante décadas persistan en la búsqueda de sus orígenes“.

GM

Milagros mira a Blas y le enseña a su hermanita menor Martina, a repetir el nombre de su hermano: “Blas”. La mayor, que ahora tiene tres años, era una beba cuando la Policía de Córdoba asesinó a su hermano. Y Martina, la menor, no alcanzó a conocerlo, nació ocho meses después de este crimen que conmocionó a Córdoba. En abril cumplirá dos años.

En su casa de barrio Villa Cabrera, Soledad Laciar habla con elDiarioAR; mientras su marido Ramiro, papá de las nenas, prepara café. Hace frío en Córdoba en pleno febrero. Juan, el hijo mayor, llega de la calle, saluda con un beso a todos, les hace upa a sus hermanas y los tres se van hacia el interior de la casa. Parece que todo transcurre con normalidad, salvo que la charla con Soledad, es para contar las novedades sobre el final del juicio por el homicidio de Blas Correas, su hijo de 17 años que fue asesinado por la Policía de Córdoba en un caso de gatillo fácil, la madrugada del viernes 6 de agosto de 2020 en plena cuarentena por el Covid-19.

“En estos seis meses de juicio quedó ampliamente demostrado que los policías Alarcón y Gómez dispararon contra el auto donde iba Blas y lo mataron. Que nos salvamos de una masacre de milagro y los chicos, los amigos de Blas salvaron sus vidas. También se demostró ampliamente que no los ayudaron a salvar la vida de Blas; y que tras su muerte, armaron una operación donde están involucrados policías y funcionarios políticos; más allá de los 13 acusados que están siendo juzgados. Cuando reclamamos Justicia, reclamamos que todos los involucrados sean condenados, no sólo los 13 imputados”, relata Soledad Laciar sin levantar el tono y sin mostrar enojo.

El miércoles 8 de febrero en la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba, comenzó la segunda etapa del juicio en el que los policías Javier Alarcón (32) y Lucas Gómez (36) están acusados de haber asesinado a Blas Correas (17) hace 30 meses, la madrugada del 6 de agosto de 2020 en un retén policial. Otros 11 acusados, todos policías, están imputados del delito de encubrimiento en diversos grados. Ese día, renunciaron cuatro jurados populares, tres adujeron cuestiones de salud y el cuarto por motivos laborales. El viernes 10, se resolvió que todos los testimonios de testigos se incorporaran por lectura, y que desde este miércoles 22 comenzara la maratón de alegatos: primero el fiscal Marcelo Hidalgo; el viernes 24 el abogado querellante Alejandro Pérez Moreno; y desde el viernes 3 de marzo, el turno de los defensores.

Violencia institucional

“El ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, que ahora es legislador, declaró en el juicio y admitió ante jueces, jurados populares, la prensa y ante nosotros, que en el asesinato de Blas hubo violencia institucional, que se lesionaron los Derechos Humanos. La Justicia debe decir en su fallo, algo al respecto. Si el propio ministro Mosquera, responsable de la seguridad y jefe político de la Policía de Córdoba, admite que el homicidio de Blas fue un caso de violencia institucional, no puede ser que sólo sean juzgados 13 policías. No se puede naturalizar que en Córdoba, donde el gobernador (Juan) Schiaretti quiere ser candidato a Presidente, la violencia institucional y la violación sistemática de los Derechos Humanos sea lo normal y no la excepción. Durante los años que Mosquera fue ministro, además de Blas, fueron asesinados por la Policía, otros chicos, como Joaquín Paredes y (José Antonio) Avila. Mientras se están juzgando a 13 policías por la muerte de Blas; en otro tribunal están juzgando el caso de (Isaías) Luna, el chico del robo de barrio Urca al que asesinaron por la espalda y también le plantaron un arma como a Blas. No son casos aislados, es la política de Seguridad que implementó Mosquera”, denunció Soledad Laciar.

-¿Usted cree que a partir del juicio pueden cambiar algunas calificaciones legales de las imputaciones, como pasar de encubrimiento a encubrimiento agravado, y que además haya nuevos imputados?

-El fiscal Hidalgo nos dijo que iba a pedir una ampliación de la denuncia. Que se iba a correr vista para que haya nuevos imputados. Quiero ver qué dice el miércoles en el alegato. La Justicia ha demostrado que los condenados son casos puntuales; pero como sistema no se condena a la violencia institucional. Nosotros como querellantes exigimos que la sentencia condene explícitamente la violencia institucional, que se acepte que en el caso de Blas hubo un sistema, un aparato institucional diseñado para asesinarlo y luego encubrir el homicidio. Eso es lo que quedó expuesto en el juicio. A los policías Alarcón y Gómez los condenarán por el homicidio; a sus compañeras de patrulla, por encubrimiento. Pero acá hay más responsables que ocultaron pruebas y armaron una causa, no sólo los 13 imputados; los chats, las charlas entre oficiales de la Policía y funcionarios políticos que vimos todos en el juicio exponen que hubo un plan institucional para tapar todo. A nosotros no nos sirve que imputen a cinco, 10, 15 policías más, lo que se está juzgando no es sólo el homicidio de Blas, en el banquillo está el sistema de encubrimiento del gatillo fácil. ¿Van a juzgar a más policías, y con eso va a terminar la violencia institucional en Córdoba? No veo la intención del Gobierno de iniciar cambios profundos, de reformar a la Policía para que no haya más violencia institucional.

-Para la familia no cambió nada desde el asesinato de Blas en materia de formación policial…

-Sí. No hay ningún cambio profundo. El Ministerio de Seguridad dejó de ser ministerio y pasó al Ministerio de Gobierno. Pero en la política de seguridad no hubo ningún cambio. No es una crítica a este gobierno, no tengo nada personal contra Schiaretti, ni contra Mosquera, ni contra (el secretario de Seguridad, Claudio) Stampalija, que el otro día dijo que ‘la Policía no es violenta’. ¿Qué les pasa? Acá no hay cambios de raíz, yo voy a estar tranquila el día que sepa que mi hijo y mis hijas puedan salir y volver sin que les pase nada. Acá hay un sistema aceitado, la Policía mata, encubre; el poder político amplía el encubrimiento y se busca impunidad. Lo vimos todos en las audiencias. No se trata de dos policías loquitos o dos malos policías. Ni de un ministro que se va de boca al admitir bajo juramento que en Córdoba hay violencia institucional. Es el modelo cordobés de Seguridad, que Schiaretti quiere proponer a nivel nacional, ahora que quiere ser candidato a Presidente. Eso les va a ofrecer a los votantes del resto del país, una Policía que mata a sus jóvenes, como en Córdoba.

La madre de Blas contó que al final del juicio “quiero ver qué dicen Amnistía y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que son observadores. En junio, estaría listo el informe de Naciones Unidas sobre violencia institucional en Córdoba. De la Justicia no espero mucho, el Gobierno armó esta Justicia, hace más de 20 años que vienen construyendo esta Justicia en función de ellos. Pero con Ramiro tomamos la decisión de ir para adelante, lo hacemos con convicción. La muerte de Blas tiene que servir para algo, para que no haya más gatillo fácil, para que no maten más pibes, para que no haya violencia institucional, para que las cosas mejoren”.

El pasado domingo 12 de febrero, Blas hubiera cumplido 20 años. La familia se reunió para recordarlo. Su abuelo Miguel Laciar está enojado, iban juntos a ver a Belgrano, donde “Pato” fue una de sus glorias en la década del ’70. Su abuela Nany, está triste. Y sus hermanitas no entienden su ausencia: “Milagros me preguntó ‘¿por qué Blas no viene a soplar la velita?. Mami, yo quiero que Blas venga a su cumple’ ¿Cómo le explicás que una noche la Policía le mató el hermano? Mi papá quiere que haya otro juicio y que vayan todos presos, está muy enojado. Y mi mamá está triste, pero está haciendo terapia, lo maneja como puede, busca salir, superarlo. Los que mataron a Blas y encubrieron la muerte no se dan cuenta lo que le hicieron a esta familia”.

Gatillo fácil antes y después de Blas

La misma madrugada en que Blas fue asesinado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) se interesó por el crimen. Una de las amigas de Soledad Laciar es hija de Rubén Arroyo, presidente honorario de la APDH Córdoba y ex miembro de la CONADEP Córdoba.

En noviembre del año pasado, durante la visita a Argentina de Morris Tidball-Binz, Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la APDH Córdoba le presentó un preciso informe de casos fatales de gatillo fácil ocurridos en la provincia mediterránea desde el 10 de diciembre de 2019, donde se hacía mención a 10 homicidios a manos de la Policía de Córdoba. Esa vez, el funcionario de la ONU se entrevistó con Soledad Laciar y familiares de otras víctimas.

Estos son los casos fatales a manos de la Policía y el Servicio Penitenciario de Córdoba analizados por las Naciones Unidas:

1. Franco Sosa (27). 26 de abril 2020 en la zona de Interfábricas, luego de robar en una metalúrgica.

2. Gastón Mirabal y Ariel V. iban en moto por Villa La Tela. 3 de junio de 2020. Dos agentes de la Policía de Córdoba los persiguieron y les dispararon. Gastón murió y Ariel sobrevivió a seis heridas de balas.

3. José Antonio Avila, vendedor ambulante muerto con un balazo en el abdomen. 4 de julio de 2020. La APDH Córdoba denunció que “la condena a los policías Navarro y Juárez por el homicidio de José Avila, donde no se tuvo en cuenta el doble agravante por la condición de policías de los acusados, implica una condena baja en la escala penal, lo cual es un mal precedente para todos los casos de violencia institucional donde los actores son policías en funciones”. La advertencia del organismo apunta a que en el juicio de Blas Correas, puede ocurrir lo mismo.

4. Blas Correas (17). 

5. Luis Morenigo (36). 31 de agosto de 2020, Alta Gracia.

6. Joaquín Paredes (15), Paso Viejo. 25 de octubre de 2020. Este adolescente festejaba el cumpleaños de un amigo cerca de la plaza del pueblo. Llegó la Policía y abrió fuego.  

7. Isaías Luna (21). 18 de diciembre de 2020. Fue abatido por la espalda en una casa que había asaltado desarmado en Julio Borda al 1.200 de barrio Urca de esta Capital.

8. Víctor Gustavo Calderón (21). 15 de febrero de 2022. Murió de 13 balazos que le disparó el policía Franco Paglino, que circulaba en moto de civil y con su pistola reglamentaria.

9. Ezequiel Castro. 14 de junio de 2022. Falleció ese día en el Hospital Misericordia de esta Capital; había sido detenido la noche del miércoles 8 de junio.

10. Johnatan Romo (36). 10 de julio de 2022, La Falda. Paciente en recuperación por su adicción a las drogas, Romo murió torturado por policías que lo detuvieron en la localidad serrana de La Falda. La autopsia realizada bajo el Protocolo de Minessota, para determinar si la muerte fue producto de un ilícito, confirmó que los policías mintieron: Romo fue ahorcado por un tercero, cuando estaba boca abajo y mientras era sometido a una golpiza. El fiscal Raúl Ramírez, un ex policía que actuó en los finales de la dictadura cívico militar en el Departamento de Inteligencia (D2) de la Policía cordobesa, dejó en libertad a todos los policías imputados.

Todas las ejecuciones extrajudiciales analizadas por Morris Tidball-Binz ocurrieron durante la gestión de Alfonso Mosquera como ministro de Seguridad. En septiembre de 2022, 25 meses después del asesinato de Blas, Schiaretti ordenó disolver el Ministerio de Seguridad y convertirlo nuevamente en Secretaría. Mosquera ocupó su banca de legislador -estaba de licencia y no había asumido- y el ministro de Justicia y DDHH, Julián López, pasó a ocupar el Ministerio de Gobierno y Seguridad. Claudio Stampalija fue nombrado secretario de Seguridad de la Provincia.

El juicio en la mira de Amnistía

El juicio por el asesinato de Blas Correas a manos de la Policía de Córdoba comenzó hace casi seis meses, el 7 de septiembre de 2022 y el 26 de diciembre pasado se resolvió un cuarto intermedio hasta el 8 de febrero.

Los cabos primero Javier Alarcón y Lucas Gómez son juzgados como coautores de los delitos de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales”.

También están sentadas en el banquillo de los acusados las compañeras de patrulla de Alarcón y Gómez; las policías Wanda Esquivel (33) y Yamila Martínez (24), quienes son juzgadas por “encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente y como autoras del delito de omisión de deberes de funcionario público”; la misma imputación que les cabe al subcomisario Sergio Alejandro González (43), al comisario inspector Walter Soria (44), al subcomisario Enzo Quiroga (35) y al comisario inspector Jorge Galleguillo (45). La policía Esquivel declaró que le ordenaron plantar un arma para inculpar a las víctimas. En las recorridas, se halló un viejo revólver inutilizado que había tirado Esquivel envuelto en una bolsa. Hay otros cinco policías, también imputados por encubrimiento.

El 6 de septiembre de 2022, un día antes del inicio del juicio, Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina advirtió: “El caso de Blas marcó un antes y un después en la visibilización de la violencia policial en Córdoba. La sociedad no admitirá que se trate de otro caso más de impunidad”. La acompañaron Soledad Laciar, su hijo Juan; el papá de la víctima, Blas Correas y el abogado querellante Alejandro Pérez Moreno.

García Rey señaló que “este juicio es un paso fundamental para combatir la institucionalización del abuso de la fuerza y la violencia policial. Hoy la confianza de la sociedad en la Justicia y fuerzas de seguridad está fracturada. El Estado tiene que mostrar que es capaz de investigarse a sí mismo, y con ello estar dispuesto a romper la trama de poder que subyace a estos casos. Los resultados de este proceso pueden constituir una oportunidad en la dirección correcta para poner fin a la impunidad en Córdoba y Argentina”.

Tras la etapa de los alegatos, se espera que la sentencia se dicte a mediados de marzo.

GM

Cuando Mauro Haddad nació hace 29 años, la Unión Soviética y el socialismo real ya no existían. Se cumplía el pronóstico etéreo de Francis Fukuyama del Fin de la Historia. Tan lejos del Moscú gorbachoviano como del politólogo neoliberal, el líder de los jóvenes comunistas argentinos sentencia sobre su pertenencia al Frente de Todos y el futuro electoral en nuestro país: “No tenemos los aliados deseados, los que queremos; tenemos los que existen. Pero del otro lado está el fascismo. Y hay que frenarlo, como en Chile, como en Brasil”.

Entre el jueves 19 de enero y el martes 23, cerca de 400 jóvenes de 11 provincias argentinas, además de delegados de Uruguay, Brasil, Chile y Panamá, participaron en las sierras de Córdoba del 10° Campamento Nacional de la Federación Juvenil Comunista (FJC), la juventud del Partido Comunista de la Argentina, el partido marxista-leninista más importante del Frente de Todos.

Haddad, porteño, de oficio jardinero, ex empleado de comercio y “trabajador en blanco” de la cultura; desde 2020 es el nuevo secretario general de “La Fede”, como se conoce a la FJC, por donde pasaron históricos como el fallecido líder comunista Patricio Echegaray; el cofundador del Frente Grande y ex funcionario de la Alianza y el primer kirchnerismo, Eduardo Sigal; o la periodista y militante ecofeminista Claudia Korol.

Durante la cuarentena, no se realizaron estos campamentos juveniles, pero La Fede realizó trabajos voluntarios en la provincia de Santa Fe, donde en octubre de 2020 fue asesinada la militante comunista María Florencia Gómez Pouillastrou: “En enero y febrero de 2021 decidimos volver a San Jorge, donde Flor militaba. Ella era una referente comunista y ecofeminista, tenía mucho trabajo territorial y era una referente social. Hicimos unas brigadas de trabajo voluntario en San Jorge, con atención médica primaria, ollas populares y la construcción de huertas comunitarias. Y este año, decidimos poner en marcha nuevamente los campamentos de La Fede”, cuenta el secretario general de la FJC.

Mientras despide a algunos de los camaradas que participaron del campamento en Villa Ciudad Parque, un pueblito serrano de 3.000 habitantes ubicado a nueve kilómetros de Villa General Belgrano, en el valle de Calamuchita y a 90 kilómetros al sur de esta Capital; Mauro Haddad habló con elDiarioAR sobre la utopía comunista del siglo 21: “Hoy tenemos que luchar por ser felices. Cuando me incorporé a La Fede, me sumé a la aventura de cambiar la historia. Los de mi edad somos hijos del neoliberalismo, yo en particular soy hijo del menemismo; y las chicas y chicos de mi edad o más chicos, son hijos del neoliberalismo. A nosotros nos cabe la tarea de desaprender el individualismo, esa cultura del ‘sálvese quien pueda’, que nos impusieron y luchar por ser felices. En los últimos 30 años cambió el trabajo, cambió el modo de producción y las relaciones laborales. Cambió el barrio, cambió la sociedad, los chicos no juegan más a la pelota en la plaza, no van más a buscar a sus amiguitos para jugar en la plaza, eso cambió. No podemos ver la realidad del siglo 21 solo con el Manifiesto Comunista de (Karl) Marx o de (Vladimir Illich) Lenin. Nuestra visión del mundo, fundada en el marxismo-leninismo; sigue siendo la lucha por una nueva sociedad más equitativa, más solidaria; donde la fraternidad propia de esta tarea militante nos lleva, en la diaria, en la cosa cotidiana, a construir un futuro mejor”.

Los abuelos de Mauro Haddad eran fieles de la Acción Católica, mientras que su mamá militó en el trotskista Movimiento Al Socialismo (MAS) que en los ’80 dirigía Luis Zamora, la prehistoria del actual Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT-U) donde milita la diputada Myriam Bregman: “Ya desde chico me sentí de izquierda, mi mamá nos enseñó eso, pero en la vida diaria. Ella era empleada en un vivero, hacía changas de jardinería por su cuenta y trabajó de mesera. Mi mamá nos inculcó con su ejemplo, la necesidad de cambiar el mundo, hacerlo más justo. Yo no viví la etapa de la Unión Soviética, ni la caída del Muro de Berlín. Sumarme a La Fede fue la mejor decisión que pude haber tomado. Nosotros, los jóvenes, no tenemos el peso de hacernos cargo de los errores del socialismo real. Nuestra mirada de izquierda, como jóvenes comunistas latinoamericanos, más tiene que ver con lo que decía (José Carlos) Mariátegui ‘ni calco, ni copia’ de los modelos como pudo haber sido la Unión Soviética para las generaciones de nuestros padres y abuelos; nosotros estamos inmersos en un proceso continental con una base política, pero haciéndolo a nuestra manera”.

-Para gran parte de la izquierda dura, la izquierda roja, la utopía socialista se derrumbó con la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la URSS. Mientras que para la derecha, los procesos progresistas en América latina son rehenes de La Habana…

-Está Cuba, sí. Pero no es lo que fue la Unión Soviética para los procesos revolucionarios de los países del Tercer Mundo desde la Segunda Guerra Mundial. El simbolismo de la Revolución Cubana es enorme; pero no es el único faro. Podemos decir que está China, que avanza al socialismo, saca a 700 millones de chinos de la pobreza y gobierna el Partido Comunista. Pero los chinos son una cultura milenaria de 5.000 años, es otro faro. Aprendimos a construir desde distintos lugares, partimos de un colectivo que nos nutrimos del marxismo-leninismo, pero buscamos nuestras propias herramientas y nuestro propio camino. A nosotros no nos pesan las derrotas de la caída de los países del campo socialista, ya nacimos sin ese mundo bipolar Este-Oeste. Y entre 2010 y 2015 se volvió a hablar a nivel mundial de socialismo, de la necesidad de reconstruir un mundo más equitativo. En Latinoamérica tuvimos una serie de gobiernos de centroizquierda de los que nos nutrimos, el caso de Pepe (Mujica) en Uruguay; Lula en Brasil; o el caso de Bolivia y el socialismo comunitario con un sujeto como los pueblos originarios jugando muy fuerte en la construcción de otro paradigma. En Chile, el gobierno de Gabriel Boric está desandando 30 años de neoliberalismo en democracia y 17 años de neoliberalismo bajo la dictadura de Pinochet; este año se cumple medio siglo del golpe de Estado que terminó con Salvador Allende muriendo en La Moneda defendiendo la democracia. Quizá los chilenos quisieran cambios más rápidos; pero a veces las sociedades van más lento. Acá en Argentina, la Ley del Aborto tardó años en aprobarse. Los procesos políticos y sociales no son puros, los procesos no son limpios, los procesos no son perfectos. 

-Hablando de procesos, el Partido Comunista integra el Frente de Todos ¿Es una contradicción integrar una coalición de gobierno cuyo candidato para competir en las presidenciales de este año que suena con más fuerza sea el ministro de Economía Sergio Massa?

-Es cierto, integramos el Frente de Todos, y a diferencia de los procesos como en Uruguay, Brasil o Chile, acá no tenemos ningún Ministerio. No está dicho, no está confirmado que Massa sea el candidato del Frente de Todos. No vamos a caer en el posibilismo de Massa candidato, queremos una candidatura con un programa popular. Pero como decía (Antonio) Gramsci, ‘el único modo de predecir el futuro es organizarse y hacer que eso que quieres, ocurra’. Para nosotros Massa es la Embajada (de EE.UU.), como también lo fue Alberto. Pero reitero, del otro lado está el neofascismo, hay una derecha que ya no oculta su neofascismo. (Horacio Rodríguez) Larreta es Macri y (Patricia) Bullrich es Macri; que es el negacionismo del genocidio de la dictadura, entre otras cosas. Macri fue el primer gobierno en reconocer a (Michel) Temer tras la destitución de Dilma en Brasil; y envió armamento a la golpista (Jeanine) Añez en Bolivia para reprimir las protestas en defensa de la democracia y el gobierno constitucional y democrático de Evo Morales. El macrismo apoya a la dictadura de Dina Boluarte en Perú que en un mes ya causó 50 asesinatos. Y a la derecha de esta derecha fascista, está la ultraderecha de (Javier) Milei; que expresa lo mismo que (Jair) Bolsonaro en Brasil, al pinochetismo de (José Antonio) Kast en Chile, o los franquistas de Vox en España y acá es socio de Ricardo Bussi, hijo del genocida tucumano Antonio Domingo Bussi. Nosotros no estamos por la unidad porque sí, no nos sirve como pueblo que la agenda la marque la derecha. Parte de nuestro frente son Alberto, Cristina, Massa, la CGT y la burocracia sindical; pero también, nuestros aliados en el Frente de Todos son los sectores populares con los que trabajamos juntos en los movimientos sociales, la CTA de Daniel Catalano y sectores del kirchnerismo o cristinismo. Ojalá Massa no fuera el candidato del Frente de Todos, pero tenemos que trabajar para poner en marcha un proyecto y un candidato capaz de ganar la elección y de llevar adelante ese programa de Gobierno, porque del otro lado, reitero, está el fascismo. Hoy el posibilismo nos dice que el candidato debe ser Sergio Massa y nosotros y amplios sectores del Frente de Todos planteamos que hay que seguir dando el debate. Y el cambio está en lo cotidiano, hay que cambiar en las pequeñas cosas, hay que intervenir, y como dicen los pibes, ‘mandarse’, con un programa.

-Con Cristina Fernández de Kirchner autoexcluida o proscripta, según quién lo lea, ¿quién es candidato o candidata que según el Partido Comunista le puede ganar a Juntos por el Cambio?

-Cristina ya lo dijo, ella está proscripta. No hay que olvidarse que hace apenas cuatro meses intentaron asesinarla. Una banda de lúmpenes financiada por la derecha montó un atentado, un magnicidio, que afortunadamente falló. Y eso no pasó hace 20 años, ocurrió hace sólo cuatro meses. Es grave que el intento de magnicidio de Cristina, la principal dirigente política del país y la mayor referencia política del movimiento popular, no sea un tema de la agenda política nacional. Más allá de eso, nos parece importante que Cristina juegue activamente en el proceso electoral y tome un rol más preponderante. Hoy el Partido Comunista y La Fede no estamos trabajando en candidaturas, estamos trabajando en la construcción de un armado que represente la agenda de los sectores populares, pero también estamos trabajando en los territorios, llevando desde el llano, soluciones a los problemas de la gente, con acciones solidarias mínimas como asistencia médica, construcción de huertas comunitarias u ollas populares para los sectores más vulnerables. 

“Una sociedad endeudada es más fácil de manejar, ahí radica la fortaleza del capitalismo financiero, del capitalismo de la usura. Se debe volver a fortalecer el peso y eso se logra con inversiones en el sector productivo. Se ha creado y fomentado una sociedad de consumo, donde ese capitalismo financiero promueve el endeudamiento y para frenar esa avanzada, necesitamos una fuerte inyección de inversiones al sistema productivo que genere empleo genuino. Eso se comenzó a hacer en diciembre de 2019, funcionó durante los primeros meses de este Gobierno; después nos atravesó, como a todo el planeta, no sólo a Argentina, la pandemia del Covid-19 y después una guerra que eleva los costos de la energía y produce inflación. Pero estamos trabajando para volver a las políticas productivas a través de la inversión, la única forma de frenar este capitalismo de la especulación financiera”, señala Sergio Omar Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, uno de los gremios que consiguió una de las negociaciones paritarias más exitosas con 94,1% además de bonos y plus que logran ganarle por unos puntos a la inflación de 2022.

De visita en Córdoba, Palazzo participó de la asunción de las nuevas autoridades locales del gremio, Ezequiel Morcillo como secretario general y Enriqueta García como secretaria adjunta, sucesores de Raúl Ferro, un histórico de La Bancaria que le dio batalla al cierre del Banco Social en épocas de gobiernos radicales y el Efecto Tequila y se opuso con mejor suerte a la privatización del Banco de Córdoba en épocas del cordobesismo.

Rara avis del sindicalismo, Sergio Omar Palazzo, diputado nacional del Frente de Todos, se define alfonsinista y socialdemócrata, sin embargo, no duda en enfrentar a la patronal estatal y privada con paros -como los de Saúl Ubaldini a Raúl Alfonsín- y es uno de los dirigentes preferidos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El secretario general de la Asociación Bancaria nacional, reelecto en 2021 y con mandato hasta 2025, acaba de recibir un espaldarazo al lograr en noviembre pasado el triunfo en el 90% de las 53 seccionales desde La Quiaca a Ushuaia, donde en la mayoría hubo listas de unidad y sólo en cuatro seccionales, entre ellas, Córdoba, la oposición del peronismo ortodoxo nucleada en “La Rucci” perdió 7 a 3.

La charla transcurre en el segundo piso de la sede de La Bancaria, una casona reciclada en pleno centro cordobés. La oficina del secretario general saliente Raúl Ferro, donde Sergio Omar Palazzo recibe a elDiarioAR tiene un cuadro, precisamente, de Palazzo con los brazos abiertos en la sede nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT). Pero además hay imágenes de Eva Perón y Ernesto “Che” Guevara; un cuadro de Raúl Alfonsín sosteniendo al dictador Videla del cuello, con traje a rayas y un grillete; un cuadrito del Club Atlético Belgrano y una biblioteca en cuyos estantes, además de libros, conviven una Virgen, un arbolito de Navidad y matrioshkas de la era soviética.

-Con los índices de pobreza e indigencia, la alta tasa de desocupados y subocupados, la atomización sindical y la puja entre gremios y movimientos sociales ¿Es posible la unificación del movimiento obrero?

-La debacle del sistema productivo, generador de riqueza genuina y promotor del ahorro, ese de nuestros viejos, que podían construir la casa propia con su trabajo y poder levantar una casita para cobrar un alquiler cuando se jubilaran; esa debacle comenzó con el golpe de Estado de (Jorge Rafael) Videla y (José Alfredo) Martínez de Hoz, que impuso este modelo de especulación financiera, con la Ley de Entidades Financieras que atentó contra el proceso de industrialización, dejando los primeros bolsones de desocupación y atacando y mermando el poder de la clase trabajadora, y por ende, del poder sindical. Ese modelo generó pobreza, terminó con el pleno empleo y se intensificó con el modelo neoliberal de (Carlos) Menem en los ’90 con la exacción del patrimonio nacional y la transferencia de recursos al capital financiero internacional, dándole un golpe durísimo a la clase trabajadora y al sindicalismo. En los ’90 la tase de desempleo subió, nacieron los movimientos sociales y de piqueteros, hubo una disgregación entre trabajadores registrados y desocupados; y el sindicalismo de esa época no supo, no pudo mantener al movimiento obrero unificado. Hoy el Gobierno tiene diez interlocutores: los movimientos sociales del Bloque Piquetero; los movimientos sociales de “Los Cayetanos”; el Polo Obrero; dos CTA, una CGT y dentro de la CGT convivimos distintos espacios. Algunas veces las diferencias de miradas no son tan grandes, pero reitero, la acción es lo que define, y no siempre logramos una unidad en la acción. Entonces, lo primero que debemos hacer, es un programa común del movimiento obrero; plantear la discusión con agenda propia. Porque siempre que nos llaman a discutir, el Gobierno tiene su agenda, el capital tiene su agenda. Y en esas agendas el movimiento obrero está ausente. Si vamos a discutir, queremos discutir de verdad, si al Ministerio de Educación va a ir alguien que fortalezca la educación pública o un egresado del Newman que privilegie la educación privada; si las finanzas las va dirigir alguien que privilegie el rol del Estado como regulador o un representante de JP Morgan.

-La vicepresidenta Cristina Fernández ratificó en el acto de Avellaneda que no participará de la contienda de 2023, por estar proscripta. ¿En el Frente de Todos, para enfrentar a la derecha, ya sea de Juntos por el Cambio o de los sectores ultras; la salida es “por derecha” con un candidato como Sergio Massa?

-Massa ya dijo que no quiere ser candidato; que ya ser ministro le complica el frente familiar. Pero acá no se trata de hablar de candidaturas, sino de programas políticos que le lleven soluciones a la gente. Hoy tenemos que enfocarnos en los problemas que tiene el país en materia de precios, inflación, las necesidades de la gente. El gobierno de Macri, sin pandemia y sin guerra dejó una inflación de dos dígitos. Impuso un cepo cambiario que tanto había criticado cuando era oposición. Macri dejó una industria con una capacidad ociosa del 50%, lo que significó que el neoliberalismo en cuatro años golpeó muy fuerte a la industria, el empleo y el nivel de ingreso. Y este Gobierno, en plena pandemia, desde el Estado con los ATP intervino para sostener al sector privado, protegiendo el empleo, poniendo plata para que se pagaran los salarios; y que una vez pasada la crisis, los trabajadores pudieran regresar a trabajar, a sus máquinas, cobrando sus salarios, su aguinaldo, sus vacaciones, con los convenios colectivos vigentes y las categorías escalafonarias que tenían antes del cierre de las actividades. Y lo que plantea la centroderecha de Juntos por el Cambio en el Congreso, que cada vez tiene más derecha y menos centro, lo escuchamos todos los días, porque lo vienen anunciando es recortar el derecho a huelga, suspender los convenios colectivos, eliminar la indemnización por despidos; tenemos proyectos de criminalización de la protesta social como el de Carolina Losada que propone cárcel para quienes protesten en los portones de las empresas; o lo escuchamos a (Martín) Lousteau acusándonos a los trabajadores de ser formadores de precios porque discutimos paritarias. Yo no veo una salida “por derecha” en el Frente de Todos; veo matices; y el movimiento obrero debe apostar por un programa donde la agenda esté puesta en los intereses de los trabajadores.

-Con el 100% de inflación en 2022 y sin Cristina candidata, al Frente de Todos se le va a hacer cuesta arriba la campaña para 2023…

-El modelo de Juntos por el Cambio, es el modelo del ajuste, no sólo para los trabajadores, sino también para las PyMEs. Es el modelo de la precarización y a eso la gente lo vivió entre 2015 y 2019 y no quiere volver. Yo hablo con empresarios PyMEs y esa película ya la vieron y no la quieren ver; pero también camino la calle y los trabajadores no quieren eso. El modelo bipartidista peronista-radical se terminó. Ahora tenemos un sistema bifrentista, de centroderecha, donde conviven neoliberales del PRO, radicales, peronistas como (Miguel) Pichetto, con una hegemonía ideológica de derecha, donde todos defienden una reforma laboral contra los trabajadores. Y la otra coalición frentista, de centroizquierda, progresista, que defiende el rol del Estado como regulador es el Frente de Todos, donde convivimos peronistas, comunistas, otros como yo con un pasado en el alfonsinismo. En estos tres años de gobierno, se le asignó el paquete más grande de partidas del Estado vía ATP al sector privado, para que, sobre todo las PyMEs, paguen salarios a sus trabajadores y la rueda de la producción y el trabajo siga girando. Durante la última etapa del gobierno de Cristina se crearon 200 mil PyMEs y durante el gobierno de Macri cerraron 25 mil. Hoy es apresurado hablar de candidaturas, hay que ver cómo evoluciona la inflación, el salario… y sobre el final, evaluando cómo le fue con Macri y cómo le va con este gobierno, la gente va a decidir. 

GM

Roberto José Carmona (59) asesinó por primera vez en enero de 1986. Su primera víctima fatal fue Gabriela Ceppi (16) una adolescente que había ido a bailar a Villa Carlos Paz con dos amigos. De regreso a la Capital, a menos de 50 kilómetros, se les descompuso el Fiat 600. En la ruta apareció un muchacho de 23 años que ofreció ayudarlos, pero hizo lo contrario: secuestró y asesinó a la chica. En su huida, Roberto Carmona abandonó el cadáver en un campo en Toledo, un pueblito ubicado a 22 kilómetros al sudeste de la Capital y a 70 de donde había sorprendido a los tres adolescentes. Fue detenido un mes después, en Buenos Aires, en la zona de San Isidro: había tomado de rehén a una familia en su auto.

El martes 13 pasado, el taxista Javier Bocalón (42), se convirtió en la cuarta víctima fatal de este asesino. El día anterior Carmona había llegado a Córdoba desde Chaco para visitar durante tres días a su esposa, una mujer de 74 años. En mayo de 2014, el juez chaqueño Juan José Cima lo había autorizado a dejar el penal ubicado en Presidente Roque Sáenz Peña -purga condena allí por matar a un preso, su tercera víctima fatal- y trasladarse a Córdoba a visitar durante nueve horas diarias a su esposa en su casa de barrio Las Violetas en el oeste capitalino. De noche, se alojaba en la prisión de Bouwer. Los viajes, siempre, estuvieron a cargo de seis penitenciarios de Chaco: un chofer, un enfermero y cuatro guardias.

El martes de la semana pasada, mientras la Selección disputaba contra Croacia la Semifinal del Mundial de Qatar 2022, Carmona aprovechó que sus custodios miraban el partido, huyó y mató. Busca que la Justicia, por haber cometido un crimen aquí, lo aloje en una cárcel cordobesa. Hoy Carmona está preso en Bouwer. Y los seis guardias que no cumplieron su deber están alojados en otra cárcel capitalina.  

Entre el asesinato de Ceppi y el del taxista Bocalón, pasaron 36 años y 11 meses. Dos años después del crimen de la chica, mientras purgaba su primera condena a prisión perpetua, Carmona cometió el primer hecho gravísimo en la Penitenciaría de Córdoba: una tarde le dio un puntazo al preso Martín Castro, y a la noche, mientras Castro dormía, le desfiguró la cara con caramelo hirviendo. En 1994, en la misma prisión, asesinó a puñaladas a Héctor Bolea, un pesado, al que le faltaba sólo una semana para recuperar su libertad. Lo condenaron a 16 años de cárcel.

Por su pésima conducta, los trasladaron a una cárcel de máxima seguridad en Roque Sáenz Peña, Chaco; donde en julio de 1997, con una lanza casera mató a Demetrio Pérez Araujo: fue condenado a su segunda prisión perpetua.

Al momento del homicidio de Gabriela Ceppi, Carmona ya traía un grueso prontuario, forjado en institutos de menores en los que estuvo internado desde los tres años, cuando su madre, Magdalena Bonet, lo dejó por no poder criarlo. El padre del pequeño Roberto, había sido internado en un psiquiático por un cuadro severo de alcoholismo. Cuando tenía 10 años, Carmona cometió su primer robo importante, abrió el auto de un policía y escapó con una pistola calibre 11.25. A los 13, su madre le exigió plata porque un hermano se había accidentado. Entre los 18 y los 23 años, pasó por las cárceles de Olmos, Sierra Chica, Junín, San Nicolás y Córdoba. La primera condena la recibió en marzo de 1982, siete años de prisión por un asalto. En octubre del mismo año, un tribunal de La Plata lo halló culpable de otro robo y le unificó la pena en 10 años y seis meses. Sólo tres años y tres meses después ya estaba libre: asesinó a la chica cordobesa.

Las tumbas

En agosto de 1986, durante el juicio por el caso Ceppi realizado en la Cámara 5ª del Crimen de Córdoba, el presidente del tribunal Carlos Lloveras, al hablar de la infancia de Roberto Carmona en los institutos de menores le preguntó a la perito Liliana de Licitra, especialista en psicología forense: 

-Si Usted tuviera que poner en el banquillo de los acusados ¿a quién pondría, a la sociedad o a Carmona?

-A nadie, yo no soy juez.

-Yo la habilito para que pueda responder.

-Pondría a ambos: a la sociedad porque genera personas como Carmona con sus institutos de menores que no resocializan a nadie, sino que conforman personalidades, con su forma de tratar a los menores a los que no resocializan, conforman estructuras de personalidad psicopáticas como las que hoy tiene Carmona, de corte sociopático. Y al acusado, porque comprendiendo y dirigiendo su actuar, optó por lo que hizo. En las instituciones de menores por las que pasó desde muy corta edad, el acusado Carmona internalizó agresiones y otras cosas más, conformándose su personalidad psicopática y luego sociopática, porque su enemigo es la sociedad.

En el juicio, la perito Licitra, fundadora y ex titular del Servicio de Psicología Forense de Córdoba citó los padecimientos de niños y jóvenes que atravesaron sus vidas por instituciones de menores y citó Las Tumbas, una novela publicada en 1972, donde su autor Enrique Medina retrata con crudeza la realidad que sufrió en los diez años que pasó dentro de “reformatorios”, como él mismo nombra a esas instituciones.

En ese mismo juicio donde Carmona fue sentenciado a reclusión perpetua por los delitos de “robo calificado reiterado, privación ilegítima de la libertad y homicidio calificado”; su defensor Domingo Cangelosi cargó contra el sistema penal juvenil: “Acá todos somos responsables, Carmona es el resultado de esta sociedad”, y agregó: “Los institutos de menores son la primaria de la cárcel”.

Fracaso del sistema penitenciario

“El caso de Roberto Carmona es el fracaso absoluto del sistema penitenciario: el dispositivo penitenciario tiene una sanción, modificación y contención de conductas; esto es sancionar conductas que socialmente son inaceptables, trabajando para modificarlas, o bien para contener esas conductas para evitar que lesionen a la sociedad. Si vemos el devenir de Carmona, alguien que ingresa a un sistema punitorio desde los 8 años y que nunca pudo ser modificado su comportamiento, ni contenido y mucho menos rehabilitado para evitar que siga haciendo daño. Es la prueba más clara del fracaso absoluto de un dispositivo penitenciario que está muy lejos de cumplir el mínimo objetivo que se le pide, que es impedir que aquellas personas que desarrollan conductas que atenten contra la comunidad y las otras personas, lo sigan haciendo. Carmona es un producto directo del sistema penitenciario argentino”, explicó a Raúl Gómez, ex vicedecano y docente investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), licenciado en psicología y doctor en Ciencias de la Salud.   

Este reconocido psicólogo cordobés agregó que “Carmona ha sido formateado, moldeado por las instituciones de minoridad, primero, y penitenciarias después. Es un producto del sistema penal argentino. A diferencia de lo que le ocurrió a Carmona en las instituciones de menores; ahora hay conquistas respecto de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, hay leyes que no había; se acabó con la figura del Patronato de Menores, que era terrible, porque un menor podía quedar detenido indefinidamente sin proceso, simplemente a disposición del juez”.

Por su parte, la penalista Graciela Taranto opinó que “el precepto constitucional que dice que ‘las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas’, no se cumple; están superpobladas; la resocialización no se lleva a cabo, los presos no tienen acceso a estudios y a laborterapia;  además la normativa interna de los establecimientos penitenciarios abstrae a los presos de toda resocialización y cuando recuperan su libertad, no saben relacionarse con el resto de la sociedad”.

Esta abogada cordobesa señaló que “una gran cantidad de internos que salen en libertad y no pudieron acceder al régimen penitenciario de laborterapia, educación y terapia psicológica; por no tener estudios, ni oficio, y por tener antecedentes, tiene serias dificultades en ingresar a un sistema legal de subsistencia como es trabajar; entonces vuelve al hábito delictual. Tampoco hay tratamientos diferenciados para los distintos tipos de internos, que si bien están alojados de acuerdo a los tipos de delitos cometidos, su tratamiento no es  adecuado a su perfil psicológico. Está comprobado que dotar mayores presupuestos en seguridad o el agravamiento de penas no produce mermas en los índices delictivos; los Estados y países que han reducido el delito lo han hecho invirtiendo en educación y políticas sociales de prevención, algo que no sucede en nuestro país”. 

Modelo escandinavo

El vocal de la Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito explicó que “el jurista Julio Herrera, ya en 1920 había advertido que no era conveniente que alguien que había cometido un delito menor por primera vez fuera castigado con pena privativa de su libertad y proponía algún tipo de trabajo restaurativo. Cien años después, las palabras de Herrera siguen vigentes: aquella persona que es condenada a una pena de prisión, no sale resocializada, sale como un gangster. Parafraseando a Gabriel García Márquez, el sistema penitenciario argentino es la crónica de un fracaso anunciado. ¿El sistema penitenciario castiga?, sí; ¿resocializa?, no. Entonces no se cumple lo que dice la Constitución que las cárceles no serán para castigo de los detenidos”.

Morabito, un cordobés que además de ser juez penal juvenil, es profesor adjunto de Derecho Penal II de la Universidad Nacional de Catamarca, donde les enseña a sus alumnos que “la Ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad habla de la reinserción social del condenado, pero eso en la práctica no ocurre con la mayoría de los internos, ya que para el Estado es más fácil castigar que reinsertar socialmente a alguien que antes de ser detenido no estaba inserto en la sociedad. El Estado condena a quién delinque y se desentiende; pese a que muchos señalan que vivimos en un estado de Derecho y un sistema republicano. Las cárceles son una picadora de carne; llenas de procesados sin condena, que técnicamente son inocentes hasta que se les demuestre su culpabilidad”.

Para el juez Morabito “la raíz de la delincuencia y la inseguridad es la violencia estructural. En un país donde 7,5 millones de chicos y adolescentes son pobres o indigentes, lo primero que hay que hacer es brindarles agua potable, techo, acceso a educación y a la salud, hay que combatir las causas de las desigualdades sociales, combatir la deserción escolar, el consumo de estupefacientes; pero acá se atacan los efectos y ya llegamos tarde, cuando ya tenemos un victimario y una víctima. En los países nórdicos o escandinavos donde hay una fuerte inversión en educación, en salud y en seguridad social, además de pleno empleo; el sistema penitenciario trabaja fuertemente en la recuperación social del interno; las instituciones penales son pequeñas, se trabaja en lo que podríamos llamar la inflación punitiva y se involucran a las víctimas en los procesos judiciales”. 

Este camarista de Catamarca explicó que “Michel Foucault graficó el sistema penitenciario y sus fallas en el texto Usted es un peligroso, donde Roger Knobelspiess había sido encarcelado por el robo de 800 francos, delito que él niega y lo benefician con la libertad condicional. Pero lo vuelven a detener por robo y fue encerrado en una cárcel de máxima seguridad. Allí Knobelspiess denuncia la arbitrariedad de la Justicia, y su lucha cuenta con la solidaridad del periodismo, intelectuales y artistas. Luego, Knobelspiess vuelve a ser detenido. Entonces Foucault se pregunta ‘¿Qué es lo que ocurrió?’ Un hombre es condenado a 15 años de prisión por un robo; varios años después, un tribunal declara que la condena es manifiestamente exagerada. Una vez liberado lo imputan por otros delitos y se abre un debate donde la prensa acusa sobre ‘el error, el engaño, la intoxicación’. Y Foucault lo aclara al sostener que ‘la prisión fue creada para castigar y corregir. ¿Castiga? Puede ser. ¿Corrige? Ciertamente que no. Ni reinserción ni formación, sino constitución y reforzamiento de un ambiente delictivo’. El caso de Knobelspiess, detallado por Foucault demuestra que en las cárceles se corre el riesgo generar resentidos sociales”.

Morabito agrega que “Foucault puso en palabras algo que vemos todos los días, los peligros están en la delincuencia, pero también están en los abusos del poder; y en la espiral que los une y realimenta: ‘Se debe atacar todo aquello que pueda reforzar la delincuencia. Se debe atacar también todo aquello, que por la manera de castigar, podría reforzarla’”.

Hacinados y alienados

Según datos del Ministerio de Justicia y DDHH de Córdoba, del que depende el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), al 15 de junio de 2022 había 11.537 presos en cárceles cordobesas: sólo el 37,5% de ellas con condena efectiva; y el 62,5% restante, procesadas y bajo el régimen de prisión preventiva. Un gran número de esos internos sin condena pasan años alojados en prisiones como el complejo “Padre Luchesse” de la localidad de Bouwer al sur de la Capital o en Cruz del Eje, Río Cuarto, Villa María, San Francisco o Villa Dolores.

Adriana Revol, referente de la Coordinadora Anticarcelaria relató que “la situación de presos alojados bajo la órbita del SPC pese a no contar con condena efectiva tiene la consecuencia inmediata del hacinamiento, lo que conlleva a celdas y pabellones superpoblados. Además, observamos un sesgo machista en la aplicación de las prisiones preventivas: el 80% de las mujeres están procesadas, contra un 20% de condenadas; mientras que entre los hombres, el 60% está procesado y el 40% está condenado”.

Revol agregó que “la superpoblación carcelaria trae aparejada problemas de convivencia, a la falta de acceso a cuestiones básicas como la salud y la educación; además de acrecentamiento de la problemática de la salud mental. Sólo en octubre de este año ocurrieron cuatro muertes de internos caratuladas oficialmente como ”suicidios“: dos en Villa María, uno en Bouwer y uno en Villa Dolores”.

Sobre el caso de este múltiple asesino, la referente de la Coordinadora Anticarcelaria señaló: “El Estado es responsable en el caso de Carmona, estuvo más de 50 años, desde que era niño hasta hoy bajo la tutela del Estado y no lograron cambiar su comportamiento social, incluso estando preso, cometió dos homicidios contra personas privadas de su libertad. El tratamiento en la cárcel de San Martín, de aislamiento estricto tampoco hizo mucho para recuperarlo. Y no defiendo a esta persona, sino lo que señalo es que el Estado lo tuvo décadas y décadas encerrado sin revertir nada. ¿Qué tratamiento psicológico o psiquiátrico pudo brindarle el sistema penitenciario a Carmona, quien según los informes de la Justicia es un psicópata?, ninguno. Y eso pasa con los demás presos”.

Adriana Revol coincidió con que “lo de Carmona es un fracaso para la sociedad, las cárceles no sirven para resocializar, los presos no tienen acceso a laborterapia, ni a educación; y si encima tenés a los presos hacinados, alienados, sin poder salir al patio, salen dos horas cada 15 días porque hay superpoblación. Esas prácticas operan contra la reinserción social del preso; entonces el que fracasa, claramente es el Estado, porque nos devuelve a la sociedad personas peores de las que entraron”.

GM

Menos de dos horas tardó la Policía de Córdoba en recapturar a Roberto José Carmona (58), el preso más peligroso de las últimas cuatro décadas en esta provincia; quién el martes 13, en medio del partido que disputó la Selección argentina contra Croacia se escapó de la custodia de los seis guardias penitenciarios chaqueños y en su fuga asesinó al taxista Javier Bocalón (42). 

El raid criminal de Carmona causó un terremoto en el Gobierno de Córdoba: el martes, en caliente, mientras ordenaba un minucioso operativo cerrojo para dar con el prófugo, la jefa de la Policía cordobesa, comisario mayor Liliana Zárate Belletti se excusó y dijo que nadie le había notificado de la presencia del reo.

Desde 1997, Roberto Carmona está alojado en la cárcel de la ciudad chaqueña de Presidente Roque Sáenz Peña. Y desde julio de 2014, está autorizado a viajar a Córdoba y permanecer tres días en un régimen de visitas cada cuatro meses, para visitar a su pareja, una mujer de 74 años que vive en el barrio Las Violetas y que conoció en la cárcel cuando ella visitaba a su hijo.

Desde 2014, Carmona está autorizado a viajar a Córdoba por tres días en un régimen de visitas cada cuatro meses, para visitar a su pareja, una mujer de 74 años que vive en el barrio Las Violetas y que conoció en la cárcel cuando ella visitaba a su hijo.

El lunes 12, como lo hace cada cuatro meses –salvo durante la pandemia-, un utilitario del Servicio Penitenciario de Chaco con seis agentes y Carmona llegó a esta capital y se dirigió hacia la calle Formosa, casi Aviador Valenti, en barrio Las Violetas, en la zona oeste. El preso se reunió con su pareja, los agentes del Servicio Penitenciario de Chaco esperaron afuera y a la noche, el reo fue trasladado hasta el complejo carcelario de Bouwer, una pequeña localidad ubicada al sur, en las afueras de la ciudad de Córdoba. Ayer, por orden del fiscal Horacio Vázquez, los seis penitenciarios chaqueños Jorge Antonio Sánchez (chofer), David Bravo (enfermero); Leonardo González (jefe) y Juan José, Penayo, Líber Omar Salina y Walter Gómez fueron imputados y detenidos en el Establecimiento Penitenciario N° 9 Unidad Contención del Aprehendido (UCA) de barrio Cáceres, en el macrocentro capitalino, los acusaron del delito de facilitación de evasión en beneficio de Carmona.

Internas de fuerzas de seguridad

Ayer a las 7 de la mañana, en una conferencia con el periodismo, la jefa Zárate Belletti ratificó su queja: “La Policía de Córdoba no fue anoticiada de la presencia de Carmona en Córdoba”, dijo. Y amplió: “A las 16:26 con el llamado al 911 del efectivo del Servicio Penitenciario de Chaco”, la Policía de Córdoba se enteró oficialmente de la fuga del criminal de la casa de barrio Las Violetas. Y se montó el operativo cerrojo que incluyó el helicóptero policial, agentes del grupo de elite Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER), y policías de las brigadas civiles de la Dirección General de Investigaciones Criminales; quienes peinaron las manzanas del oeste capitalino en busca del prófugo.

En la rueda de prensa, sin embargo, Zárate Belletti admitió que Roberto José Carmona “llegó el día anterior a la provincia y fue alojado en Bouwer y después trasladado a la vivienda de su pareja”.

La acusación de la jefa de la Policía de Córdoba impacta directo en el despacho del jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Juan María Bouvier. Pero la detonación alcanzó a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Laura Echenique, responsable política del SPC. La ministra Echenique es una funcionaria sin vuelo propio, que heredó el cargo el 20 de septiembre pasado cuando su jefe, el hasta entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López, fue ascendido a súper ministro de Gobierno y Seguridad, en reemplazo del devaluado ministro de Seguridad Alfonso Mosquera, responsable político de 10 casos fatales de violencia institucional, entre ellos el de Blas Correas.  

En el Centro Cívico, la sede del gobierno de Juan Schiaretti hubo reuniones de urgencia para tratar de minimizar los costos políticos de la fuga de Carmona, que incluyó el asesinato del taxista Javier Bocalón. Sin embargo fuentes del Ejecutivo provincial confiaron a elDiarioAR que hubo fuertes reproches del ministro López hacia su colega y ex subordinada Echenique por la falla en la comunicación entre el SPC y la Policía provincial.  

Córdoba vs Chaco

 En junio de 2014, Carmona fue beneficiado por el juez Juan José Cima de Ejecución Penal N° 2 de Resistencia, Chaco, con el régimen de salidas transitorias, ya que consideró que no representaba peligrosidad. 

Para evitar que el escándalo escalara por la criminal fuga del martes 13, desde el Gobierno de Córdoba se desvió la atención hacia el Poder Judicial. “La única vez que fuimos notificados por el Juzgado de Ejecución 2 de Resistencia, Chaco, por las visitas de Carmona, fue en julio de 2014, la primera vez que vino. Nunca más se nos informó. Respecto de los hechos de ayer (por el martes), nosotros no estábamos de turno, estaba de turno el Juzgado de Ejecución 3”, informó a elDiarioAR una funcionaria que trabaja bajos las órdenes del juez Laje Ros. Y en el Juzgado de Ejecución 3 se excusaron y respondieron que las respuestas las brindaría el Area de Prensa.

Desde el Poder Judicial de la provincia litoraleña, informaron a elDiarioAR que “el juez Cima se jubiló en marzo del año pasado y la nueva jueza Ligia Duca, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N°2 de Resistencia, recibió las disposiciones ya firmadas en 2014 respecto de las salidas transitorias de Carmona”.

Según la justicia chaqueña, Carmona tenía permitido visitas de nueve horas diarias durante tres días cada cuatro meses. Lo hacía en utilitario y acompañado por seis policías y un enfermero, Todos se alojaban en la casa de su novia.

Desde el Area de Prensa del Poder Judicial de Chaco indicaron que la jueza Duca no va a hablar con el periodismo y emitieron un comunicado sobre los beneficios recibidos por el múltiple asesino donde se destaca. Allí asegura que “las pautas actuales, fijadas en febrero de 2016, le permitían visitas de nueve horas diarias durante tres días cada cuatro meses; siempre con fuerte acompañamiento y custodia de personal penitenciario no uniformado. El resto del tiempo que se encontraba en dicha ciudad el condenado permanecía alojado en el Complejo I ‘Reverendo Francisco Luchesse’, hasta que era trasladado de regreso a Sáenz Peña”; en referencia al complejo carcelario cordobés de la localidad de Bouwer.

También agrega que el viaje de Carmona desde la cárcel de Presidente Roque Sáenz Peña hacia esta provincia mediterránea fue autorizado mediante “la Resolución 407/22 del 1 de diciembre que ordenó su traslado junto a una comisión integrada por cinco agentes penitenciarios y un enfermero”.

 La fuga

 Los guardias del Servicio Penitenciario de Chaco que acompañaban a Roberto Carmona en sus salidas transitorias a Córdoba, cambiaban cada cuatro meses, pero muchas veces se repetían.

Un ex familiar de la pareja de Carmona, confió a elDiarioAR que “a toda costa quería relacionarse con los hijos de la mujer, conmigo, con los vecinos, con los nietos de su pareja, mostrarse resocializado. Nosotros muchas veces le dijimos a la señora que no se confiara, que era un asesino y que esa doble cara de bondad era una pantalla”.

Esta persona agregó que “en los primeros viajes, todos, Carmona y los guardias se alojaban en la casa de la mujer, se turnaban para dormir y para custodiar. Pero después, supimos que el Servicio Penitenciario de Chaco resolvió trasladar a Carmona y cuidarlo de día, mientras que a la noche debía alojarse en Bouwer, como pasó el lunes”.

Esta fuente reveló que “Carmona es un tipo peligrosísimo. Mete miedo y a la vez es un seductor. Los guardias penitenciarios las veces que vinieron hasta antes de la pandemia se habían relajado. Carmona nunca había mostrado interés en fugarse y eso los relajó. Venían a Córdoba a acompañarlo, no a custodiarlo, les ganó en confianza”.

El martes a la siesta, después de almorzar en la casa de barrio Las Violetas, mientras la dueña lavaba los platos, Carmona y los seis agentes penitenciarios chaqueños se pusieron a ver la previa del partido por la Semifinal del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Croacia. Ya había comenzado el primer tiempo, cuando el preso comenzó a bostezar y les dijo a su esposa y a los guardias que se “iba a recostar”, porque estaba cansado. Y se dirigió a la habitación de la mujer.

A los pocos minutos, cuando terminó de lavar la vajilla y ordenar la cocina, la dueña de casa fue a su cuarto; Carmona no estaba. En el baño tampoco estaba. Los seis penitenciarios chaqueños no perdían las jugadas de Lionel Messi ni del cordobés Julián Alvarez. La mujer dejó pasar otros minutos y recién les preguntó a los seis por su marido. Los agentes, sorprendidos, comenzaron a buscar en la pequeña casa, salieron al patio y cuando llegaron a la vereda, cayeron en la cuenta de que el hombre a quién debían custodiar había huido.

Una alta fuente de la Policía de Córdoba detalló que “los guardias se relajaron, se pusieron a ver el partido de Argentina, Carmona ya había viajado con ellos y no había intentado escapar. Pero esta vez lo hizo, los ”durmió“”.

Repudio

El padre del taxista Javier Bocalón, asesinado por el prófugo habló con el programa Arriba Córdoba que se emite por El Doce, aseguró que se enteró por un sobrino que vive en la zona donde se encontró el auto de la víctima, y que la policía nunca lo contactó. El hombre señaló que “yo no salgo a matarlo a  este hijo de mil; si supiera el nombre del juez o fiscal, a ese lo mato. Tengo 70 y pico de años ¿qué me pueden hacer? Voy a estar en cárcel domiciliaria, pero ese tipo no jode más a nadie. No pueden autorizar a un tipo con ese currículum que ande en la calle. Y la jefa de Policía dice que no sabía que este tipo venía a Córdoba, es lamentable”.

Héctor Ceppi, padre de Gabriela Ceppi, la adolescente de 16 años asesinada por Carmona en enero de 1986, señaló a los medios cordobeses: “La jueza no puede dejar salir a un criminal de esa talla; debe ponerse la mano en el pecho y pensar si ha cumplido la función como lo determina la norma”.

Mientras que la hija de la esposa de Carmona, una mujer policía en actividad, le dijo a elDiarioAR: “Muchas veces intentamos convencerla de que este tipo es un asesino peligroso, pero mi mamá se deja convencer, es una mujer mayor”.

Esta mujer policía detalló: “Mi mamá es víctima de este psicópata, la Justicia determinó en 2011 que es un psicópata manipulador y mi mamá cayó en sus engaños. El tipo siempre quiso involucrarnos a nosotros, yo estuve años sin hablar con mi mamá, para que entre en razón que este ser despreciable, que este asesino le hacía daño. Es un ser despreciable, me da asco; ahora hay que trabajar para rearmar a mamá”.

La hija de la pareja de este múltiple asesino cuestionó a la jueza chaqueña Ligia Duca:  “Estos psicópatas y asesinos no pueden estar sueltos, salen y asesinan a inocentes, lo vimos ayer. El juez que autorizó la salida debe estar preso, está visto que acá no hay resocialización que valga”.

GM/MG

Roberto José Carmona (58) es el preso más célebre de Córdoba, pese a que desde 1997, hace un cuarto de siglo, purga su condena a prisión perpetua en la cárcel chaqueña de la ciudad de Roque Sáenz Peña. En su historial criminal, Carmona carga con tres homicidios: el de una chica cordobesa en 1986; y el de dos presos, en una cárcel cordobesa y en otra chaqueña. Ayer a la tarde, Carmona volvió a matar: la víctima, un taxista cordobés.

En pleno partido por las semifinales del Mundial Qatar 2022 entre la Selección argentina y Croacia, Roberto Carmona volvió a ser noticia: mientras estaba en la zona sur de esta Capital, en el barrio San Roque, visitando a su pareja, se escapó ante un descuido de los guardias del Servicio Penitenciario de Chaco, tomó un taxi y con una navaja asaltó al chofer Javier Bocalón (42), quién se resistió, lo que produjo que el vehículo se descontrolara e impactara a alta velocidad contra una pared y una columna de cemento de electricidad, provocándole heridas en la cabeza de la víctima, que le causaron la muerte. Fuentes de la División Homicidios confiaron a elDiarioAR que el taxista, además de las heridas en la cabeza, presentaba “heridas punzocortantes”, por lo que se sospecha que había sido atacado por Carmona.

El delincuente dejó abandonado al taxista y al vehículo en la esquina de Santa Ana y Félix Paz en el límite de los barrios Las Palmas y Lamadrid y emprendió la fuga a pie. Caminó media cuadra y sorprendió a una mujer en la playa de un supermercado que queda frente al lugar del choque, robándole su automóvil VW Gol, emprendiendo la huida hacia Villa Carlos Paz, pero volvió a chocar en inmediaciones del Centro de Participación Comunal (CPC) de Ruta 20 y siguió la fuga nuevamente de a pie.

Tras el accidente fatal del taxista Bocalón y tras el relato de la mujer asaltada, la Policía dispuso un operativo de recaptura del sospechoso, aunque no se sabía a esa hora –alrededor de las 16.30- que se trataba de Carmona, sino se sabía sólo, que era un delincuente muy peligroso. El operativo incluyó un helicóptero y agentes del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER), que alertados por los vecinos prácticamente peinaron los barrios Alto Alberdi y Los Naranjos.

Cerca de las 18.30, los agentes de la Policía cordobesa, finalmente detuvieron al prófugo en la esquina de Almirante Brown y Luis Agote, en la misma zona del accidente fatal con el taxista. Le secuestraron dos armas blancas con rastros de sangre.

La jefa de la Policía de Córdoba, comisario general Liliana Zárate Belletti declaró a los medios cordobeses que ni la Justicia, ni el Servicio Penitenciario de Chaco le habían informado a la fuerza que ella comanda sobre la presencia de Roberto Carmona en Córdoba; rechazando, de esta manera, sus responsabilidades sobre este nuevo raid delictivo.

Visitas familiares

Roberto Carmona se hizo conocido hace más de 35 años, en el verano de 1986, cuando asesinó a Gabriela Ceppi, la hija adolescente de un reconocido odontólogo cordobés, amigo y colega de los ex intendentes Ramón Bautista Mestre y Rubén Américo Martí.

La pésima conducta en Córdoba, donde asesinó a otro preso, hizo que fuera trasladado a una prisión en Chaco, donde también asesinó a otro recluso.

En junio de 2014, Roberto José Carmona fue beneficiado por el Juzgado de Ejecución 2 de Resistencia, Chaco, con el régimen de salidas transitorias de la cárcel: cada cuatro meses puede viajar a Córdoba donde puede permanecer durante tres días en el domicilio de su pareja que vive en barrio San Roque de esta Capital. Según el acuerdo de las autoridades judiciales chaqueñas y cordobesas, durante el viaje y su estancia en esta ciudad, el preso estará custodiado por efectivos del Servicio Penitenciario de Chaco; aunque los viajes son controlados por el juez de Ejecución 2 de Córdoba, Cristóbal Laje Ross.

El acuerdo, aún vigente, desmiente los dichos de la jefa policial Zárate Belletti, quién aseguró que la fuerza no fue notificada por las autoridades penitenciarias de Chaco, sino que fue una negligencia de la propia Justicia cordobesa. Con el paso de las horas, la sospecha apunta a dos hipótesis: relajamiento de los controles o liberación de zona.

Un psicópata

Héctor “Gonio” Ferrari es el periodista que más conoce a Roberto Carmona. En una de las tantas charlas que mantuvieron, el múltiple asesino le confesó, desafiante: “Yo soy recuperable, si quiero ser recuperable”. Ayer, demostró que es irrecuperable y sigue siendo un psicópata, tal cuál lo declaró una resolución judicial basada en una serie de pericias realizadas en 2011.

“Parte de la naturaleza criminal de Carmona se explica en su niñez. Su mamá, Magdalena Bonet, lo había abandonado con sus hermanos en La Plata y se fue a vivir a Catamarca. Imagine la idea, la mujer abandona a sus hijos y se va a miles de kilómetros de distancia. Cuando Roberto tenía cuatro o cinco años, no más, y viajó solo hasta Catamarca como pudo y la encontró. Haga este ejercicio mental, imagine a un niño de no más de seis años viajando solo, a dedo, en colectivo, caminando, desde una ciudad hasta otra que queda a miles de kilómetros, en busca de su madre. Eso hizo Roberto Carmona, a la edad en que los niños deben jugar con sus amiguitos a la pelota”, confió una ex funcionaria judicial a elDiarioAR, retratando la psiquis del asesino más célebre de esta provincia. Esta reconocida abogada, ya retirada, es la mujer que más conoce a Roberto José Carmona, y mientras fue funcionaria, hizo un seguimiento quincenal del preso, aunque estuviera alojado en Chaco.

En febrero de 1986, el nombre de Carmona salió en los diarios cuando fue detenido en la provincia de Buenos Aires donde lo buscaban por el asesinato de Gabriela Ceppi. La madrugada del miércoles 15 de enero, un mes antes, esta adolescente regresaba a la ciudad de Córdoba después de haber ido a bailar con dos amigos al boliche Chez Amis de Villa Carlos Paz. En medio de la autopista, se descompuso el Fiat 600 en el que regresaban los tres adolescentes. Además, se pinchó un neumático.

Un Ford Taunus se detuvo y un amable joven de 23 años les ofreció ayuda. Incluso le dio su campera de jean a Gabriela para que se abrigara. Mientras los dos chicos trabajaban en la rueda, el joven Carmona los asaltó con una carabina recortada. Después de robarles, se llevó a la chica con él. En su fuga Carmona violó dos veces a su víctima. Y luego la ejecutó de un disparo en la cabeza.

Tras ser detenido en Buenos Aires, los policías cordobeses trajeron a Carmona a esta Capital. Lo torturaron durante tres días para que confesara dónde había escondido el cuerpo de la víctima. El cadáver había quedado abandonado en un campo de sorgo a la vera de la Ruta 9 sur y fue encontrado descompuesto casi un mes después de cometido el homicidio. Las violaciones y la ejecución fueron confesadas bajo tortura.

En 1988, Roberto José Carmona fue condenado a reclusión perpetua y le impusieron una accesoria por tiempo indeterminado.

En 2014, tras pasar casi treinta años preso, el asesino de Gabriela Ceppi fue beneficiado para las visitas familiares, y el papá de la joven asesinada, Héctor Ceppi, declaró a los medios tras enterarse de la novedad: “Voy a hablar por mí, yo espero que Carmona rehaga su vida y no dañe más a nadie. La Justicia sabe lo que hace”. Ayer a la tarde, el anciano de 90 años de edad, no habló con los medios.

Carrera delictiva

La carrera delictiva de Carmona comenzó precozmente: a los 10 años cometió su primer robo importante, abrió el auto de un policía y se escapó con una pistola calibre 11.25. A los 13, su madre le exigió plata porque un hermano se había accidentado. Antes de los 18, ya había conocido varios de institutos de menores; y después pasó por las cárceles de Olmos, Sierra Chica, Junín, San Nicolás, Córdoba y Chaco.

La primera condena la recibió en marzo de 1982, siete años de prisión por un asalto. En octubre del mismo año, un tribunal de La Plata lo halló culpable de otro robo y le unificó la pena en 10 años y seis meses.

Seis años después, en 1988, Martín Castro, un interno de la Penitenciaría cordobesa de barrio San Martín, recibió un puntazo leve a manos de Carmona. A la noche, mientras Castro dormía Carmona le tiró caramelo hirviendo en la cara y lo desfiguró. Seis años después, en 1994, en la misma prisión, Carmona asesinó a puñaladas a Héctor Bolea, un preso pesado, jefe de pabellón. Carmona fue condenado a 16 años de cárcel por este otro crimen.

Por su pésima conducta, fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Roque Sáenz Peña, Chaco, donde en julio de 1997, con una lanza hecha con un palo de escoba, mató a Demetrio Pérez Araujo. Otra vez lo condenaron a prisión perpetua.

Pese a los malos informes psicoambientales, en 2014 la Justicia de Chaco le dio a Roberto Carmona la posibilidad de visitar a su pareja que vive en Córdoba. El delincuente siempre había reclamado para que lo trasladaran a purgar su condena a esta provincia mediterránea y siempre le dieron respuestas negativas.

Ayer a la tarde, el fiscal cordobés Horacio Vázquez, que investiga la fuga del detenido y la muerte del taxista, le concedió a Carmona lo que buscaba: que lo alojaran en un penal cordobés. Las primeras horas las pasó en el complejo de la localidad de Bouwer, al sur de esta Capital y en los próximos días se resolverá si queda alojado allí o se lo traslada a Cruz del Eje, donde las condiciones de detención son más rigurosas.

La computadora de Carlos Vullo marca en letras verdes los países donde el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabajó en campo, para colaborar con los familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, para llevarles respuestas de lo sucedido con ellas a lo largo del último medio siglo. Y en letras verdes, figuran los países donde el EAAF realizó investigaciones genéticas, la especialidad de este bioquímico cordobés, que llevaron certezas a miles de víctimas alrededor del mundo: desde Argentina, pasando por Africa y Asia.

Vullo dirige el laboratorio de genética forense del EAAF, la prestigiosa ONG argentina a la que se sumó a principios de este siglo y a la que llama cariñosamente “el Equipo”: “El primer caso que se identificó con la aplicación de genética en nuestro laboratorio es el de Mario Osatinsky, un chico de 16 años de edad, hijo del jefe guerrillero Marcos Osatinsky, fue en 2003. Yo venía desde 1985 trabajando en mi laboratorio en forma privada en casos de pruebas de paternidad. Sabía de la existencia del Equipo, de sus trabajos metódicos aplicando los protocolos de antropología en la exhumación de cuerpos en fosas comunes, y en 2003, Moisés Dib, el actual director del Instituto de Medicina Legal de Córdoba, me sugiere que cuando el Equipo viniera a Córdoba, nos reunamos y veamos la posibilidad de trabajar juntos aplicando la genética a los procesos de identificación. Hace veinte años cuando comenzamos a trabajar, los laboratorios genéticos no habían podido dar resultados positivos a los análisis que les solicitaba el EAAF. Acordamos con Darío Olmo, en aquel momento a cargo de las investigaciones del EAAF en Córdoba, que intentáramos con un caso complicado desde el punto de vista de conservación de los restos óseos, porque si ese caso lográbamos obtener información genética, nos abría la posibilidad con los otros restos mejor preservados para trabajar e identificar. Y me dieron una muestra de las fosas del cementerio de San Vicente, eran restos muy degradados, muy deteriorados; habían sido cubiertos con cal, y eso ayudó a secar la humedad y que el hueso se conservara, pero no lo sabíamos. El EAAF tenía una presunción fuerte sobre la identidad de ese resto, obtuvimos un perfil genético, cruzamos el ADN de ese material a estudiar con los ADN que teníamos de algunos familiares y nos dio match con Sara Solarz, su mamá. Informé al Equipo los resultados y estaban asombrados, habíamos logrado algo revolucionario, era la primera vez que el EAAF identificaba los restos de un desaparecido de la dictadura en un laboratorio argentino. Hoy llevamos identificados unos 800 cuerpos de desaparecidos, entre las que se encuentran algunas madres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo que habían sido arrojadas al mar y el mar las había devuelto. Pero aún nos faltan identificar cerca de 700 víctimas más, tenemos esos restos, y eso nos da valor y energía y más ganas de capacitarnos y mejorar nuestro conocimiento y dotarnos de mejor tecnología. Lo que hacemos en el laboratorio de genética forense del EAAF son procesos muy específicos y costosos, que los laboratorios estatales o privados no lo hacen; es una manera de hacer ciencia orientada a los DD.HH. De lo que se trata es de devolverle su identidad a gente a la que le robaron la vida”, cuenta con orgullo Vullo en su larga charla con elDiarioAR en su laboratorio de Córdoba.

El grupo de trabajo que comanda este genetista cuenta con ocho profesionales, la mayoría mujeres y los trabajos que realizan van desde la identificación de víctimas de violaciones de los Derechos Humanos en los países del Tercer Mundo; pasando por víctimas de guerras como en Vietnam; o la identificación de los restos de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia. También han realizado trabajos excepcionales o puntuales como la confirmación de la existencia de una momia inca en los Andes mendocinos y la identificación de Ned Kelly, un mítico ladrón de bancos en la Australia de principios de siglo XX.

El grupo de trabajo cuenta con ocho profesionales, la mayoría mujeres y los trabajos que realizan van desde la identificación de víctimas de violaciones de los Derechos Humanos en los países del Tercer Mundo; pasando por víctimas de guerras como en Vietnam

Pozo de Vargas, un trabajo de dos décadas

Cuando Carlos Vullo explica, se notan dos cosas: su pasión por lo que hace y lo pedagógico que es al simplificar complejos ejercicios químicos, fruto de sus años como docente: “A lo largo de los años, el EAAF ha trabajado en cientos o miles de fosas comunes. Cuando hablamos de fosas comunes, en el imaginario tenemos cuerpos mezclados; pero hay dos tipos de enterramientos: las fosas comunes primarias y las fosas comunes secundarias”, detalla, mientras muestra fotos de antropólogos trabajando en estos dos tipos de enterramientos.

En una de las imágenes, en el cementerio de barrio San Vicente, en el este de la ciudad de Córdoba, se ven esqueletos en una fosa común, uno al lado del otro: “Acá estamos ante una fosa común primaria, donde los cuerpos no están mezclados, y en algunos casos, donde hay un esqueleto sobre otro, las piezas están articuladas y se pueden armar los cuerpos completos. De aquí se exhumaron los restos de Mario Osatinsky”. En otra imagen, hay tres o cuatro restos de ropas que alguna vez cubrieron a víctimas del terrorismo de Estado en El Salvador: “En esta fosa, la tierra es muy ácida y disolvió tejidos y huesos, dejando sólo la ropa. Acá, se colecta el ADN en polvo de adentro de la ropa. Pero claramente tenemos cuerpos separados. En ambos casos, en San Vicente o El Salvador, tomamos una pequeña muestra de restos óseos y trabajamos para identificar el ADN”, explica el genetista jefe del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Vullo señala que “las fosas comunes secundarias son aquellas donde los cuerpos están mezclados, como ocurrió en los Balcanes, donde las fosas primarias fueron levantadas con palas mecánicas y los restos fueron tirados en otras fosas; para obstruir e imposibilitar la identificación de las víctimas. Un caso similar viene investigando el EAAF en Pozo de Vargas, Tucumán, un pozo de 60 metros de profundidad por dos de diámetro, en el cuál se arrojaron cientos de cuerpos, que en su mayoría están desarticulados e intermezclados, esto requiere muchísimo más trabajo en procesamiento de muestras óseas para genética y de análisis antropológico para resolver el caso e identificar a las víctimas en su conjunto. Armar cada cuerpo, si el esqueleto no está articulado, es un trabajo muy paciente. Si en los cuerpos articulados tomamos una muestra para analizar su ADN y devolverle su identidad y su historia; en los casos de las víctimas de enterramientos en fosas secundarias, debemos analizar  muchas más muestras. De un total obtenido de 150 perfiles genéticos únicos que representan a 150 víctimas en Pozo de Vargas, ya identificamos a 118; pero para poder hacerlo, analizamos más de 1.300 muestras de huesos, un trabajo laborioso y caro. A eso hay que sumarle otro inconveniente, la mala calidad del terreno, que en Tucumán es húmedo y sometido a altas temperaturas, lo que atenta contra la calidad del material a analizar”.

El enterramiento clandestino de víctimas del terrorismo de Estado en el llamado Pozo de Vargas se realizó en un viejo pozo construido a fines del siglo XIX para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor. Los generales Acdel Vilas, primero y Antonio Domingo Bussi después, desde 1975 hasta 1983 fueron los responsables de la represión ilegal en esta provincia norteña, y varias de las víctimas fueron tiradas al foso para hacerlas desaparecer. Esos cuerpos comenzaron a exhumarse desde 2004.

La ciencia aplicada a los Derechos Humanos

Carlos Vullo destaca que “nuestro laboratorio está enfocado al trabajo científico que permita devolver la identidad y saber qué pasó con las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos; no somos un laboratorio de genética más; nos enfocamos principalmente a las causas ligadas a las violaciones de Derechos Humanos universales. Y eso trae otra consecuencia, porque muchas veces es el Estado quien viola los derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a la vida y el derecho a la identidad: EAAF, como una ONG independiente que aplica las ciencias forenses a situaciones de violación de los DD.HH. , les aseguramos a los familiares de esas víctimas un trabajo altamente especializado, basado en la ciencia y la genética forense, con la independencia y la trazabilidad científica que les asegura a esas familias que el proceso no ha sido manipulado. La garantía de independencia del EAAF hace que las familias que no obtienen respuestas del Estado o no confían en sus respuestas por el modo en que fueron tratadas, tengan un organismo de la sociedad civil independiente y confiable al que acudir. Básicamente devolvemos identidad y verdad histórica a los restos con los que trabajamos”.

El laboratorio del EAAF trabaja bajo la norma ISO 17025 que regla los estándares más altos a nivel internacional para este tipo de análisis genéticos. “Hace poquito, hemos acreditado la norma ISO 17025; nosotros veníamos trabajando hace tres años para adecuar nuestra aparatología y nuestros profesionales a estos estándares de excelencia. Empezamos antes de la pandemia, nos agarró en el medio la cuarentena, seguimos adelante ¿Para qué te sirve aplicar a las ISO 17025?, para trabajar bajo los estándares exigidos por muchos organismos internacionales. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional (CPI), con la cual estamos colaborando ahora por crímenes ocurridos en 2013 en la República Centroafricana; o con proyectos humanitarios de la Cruz Roja Internacional”.

Malvinas, diplomacia y ciencia

Precisamente fue el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) quien medió en 2012 entre el Estado argentino y el Reino Unido, para que los soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin fueran identificados y que sus familiares pudieran despedirlos.

El prestigioso médico forense chileno Morris Tidball-Binz, cofundador del EAAF y ex directivo del Comité Internacional de la Cruz Roja –es el actual Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias- fue quien propuso que el Equipo Argentino de Antropología Forense se encargara de analizar los cuerpos sepultados en el cementerio de Malvinas.

“El prestigio del Equipo, que había trabajado en América latina, Africa, Asia y los Balcanes, jugó a favor para que los británicos, principalmente, no pusieran reparos y nos permitieran identificar los cuerpos sepultados en Darwin. Para nosotros era un orgullo que nos aceptaran en esta misión para devolverle su identidad a 121 soldados cuyas lápidas tenían la leyenda ”Soldado argentino sólo conocido por Dios“. El Comité de la Cruz Roja sabía del alto nivel del estándar científico con el que trabaja el EAAF, eso también jugó a nuestro favor, no sólo el prestigio profesional, sino el cumplimiento de las normas internacionales de calidad”, apunta el director de genética de esta ONG humanitaria.

Vullo señaló que “Geoffrey Cardozo, un militar inglés con mucha humanidad, había hecho un trabajo extraordinario en el cementerio de Darwin, de las 230 tumbas de argentinos, logró identificar a 109. Muchos de los chicos que habían muerto en la guerra tenían su DNI en el bolsillo. Cuando fueron sepultados, Cardozo había señalado dónde estaba ese cuerpo y cómo se llamaba. Otros tenían la chapa identificatoria colgada al cuello. Pero 121 habían sido sepultados como NN. Y nosotros trabajamos desde la antropología y la genética, con evidencia asociada, para volver a identificarlos, era una deuda con ellos y con sus familiares”.

Y agregó que “los trabajos comenzaron en noviembre de 2016 con la firma del Acuerdo entre Argentina y el Reino Unido para llevar adelante el Proyecto Plan Humanitario, y en junio de 2017 llegaron a las Islas 12 especialistas forenses, tres nuestros del Equipo y dos británicos, además de otros del Comité de la Cruz Roja. Trabajaron durante dos meses, exhumaron 122 cuerpos de 121 tumbas bajo un protocolo que constaba de cinco etapas: recuperación arqueológica de los restos; análisis; toma de las muestras; inhumación de los restos en sus tumbas originales y el análisis genético de las muestras que los realizamos nosotros acá en Córdoba. En diciembre de 2017, el Comité Internacional de la Cruz Roja les entregó a los gobiernos de Argentina y el Reino Unido los informes con las identidades de 90 soldados. Así se cerró la Etapa I del Proyecto Plan Humanitario”.

Carlos Vullo contó que en 2020, el EAAF regresó a Malvinas “en plena pandemia a trabajar en la Etapa II del Proyecto Plan Humanitario, donde se identificaron los restos de soldados muertos tras el derribo de un helicóptero” por parte de las fuerzas británicas. Y “para 2023 tenemos proyectado regresar a las Islas a trabajar en la Etapa III para identificar otros combatientes.

Derecho a la identidad

“En los cursos que damos, siempre digo ‘¿Ustedes alguna vez se imaginaron llamar a alguien que no tiene nombre ni apellido?’, acá en Argentina lo llamamos ‘che, vos’, tan característico nuestro. Pero no me refiero a esas personas que no les sabemos el nombre. Me refiero a quienes perdieron su identidad, los despojaron de sus vidas y luego de sus identidades. Los asesinaron y desaparecieron; son víctimas del terrorismo de Estado, como en Argentina y la mayoría de América latina; pero también tenemos aquellas víctimas de secuestros; de guerras como en Kosovo o Darfur; o asesinados y desaparecidos a manos del narco como en México; o víctimas de ataques terroristas. Todas esas víctimas eran personas, tenían una vida, familia, padres, hermanos, hijas, amigos y a ellas hay que devolverles su identidad. Y no hablo de identidad genética, que es con lo que yo trabajo; hablo de devolverle la identidad a esa víctima, como persona”, señala Vullo.

Entre las cuestiones que “atentan contra la identificación de los restos”, el genetista jefe del EAAF destaca: “La degradación del ADN es una causa importante; tenemos poco material para trabajar en el que haya ADN que se pueda extraer; otro de los factores es que no tengamos familiares para comparar: han pasado tantos años, que los familiares muchas veces ya no están. O son familiares de segundo o tercer grado, y las coincidencias de ADN son mínimas, pero además los restos están deteriorados. Otras veces, tenemos los familiares y no tenemos los restos de las víctimas. Y la verdad que es frustrante. Por eso, periódicamente, desde el Equipo, lanzamos campañas para que los familiares se sumen a donar sangre para tener un banco genético más completo”.

¿Su trabajo contempla entrevistar a familiares de las víctimas o sólo se centra en el laboratorio?

Yo casi no trabajo con los familiares, muy pocas veces me entrevisto con las familias. Soy un hombre de laboratorio: intentamos hacer todo lo posible para obtener un perfil genético en huesos que pueden estar quemados, o muy deteriorados. Por eso compramos tecnología, aparatología que permite multiplicar el ADN para poder trabajarlo y obtener resultados. Pero una vez, en México, donde todos los años mueren miles de migrantes de Centroamérica y mexicanos que buscan el sueño americano cruzando la frontera hacia EE.UU., estábamos trabajando en la conformación de un banco genético extrayendo muestras de sangre. Vino una señora bajita, con la ropa tradicional, su traje típico. Le extendí la mano y ella me la tomó con sus dos manos y mirándome a los ojos me dijo: ‘Doctor, por favor, tráigamelo’.  ¿Cómo podía irme a casa, tranquilo y no buscar hasta el último eslabón de la cadena de ADN para identificar a este pariente de esa señora y devolvérselo, devolverle la identidad y devolver el cuerpo para que pudiera hacer el duelo. A veces, la única muestra que tenemos la utilizamos y logramos dar con su identidad, pero no le podemos devolver el cuerpo a esa familia. Pero le devolvemos tranquilidad, le decimos que su familiar estuvo en tal lado, le damos una respuesta a esa pregunta que vino haciéndose hace dos, cinco, 30 o 40 años. Esos familiares ponen fin a una búsqueda, le damos certezas, terminan años o décadas de incertidumbre, de angustia. Cuando esa madre mexicana me pide que le devuelva su hijo; yo tengo el deber moral y profesional de hacer lo posible y lo imposible para que pueda reencontrarse con su hijo, aunque esté muerto y sólo le demos una urna cerrada. Ella sabe, tiene la confianza, que el Equipo Argentino de Antropología Forense puso todo de sí para que ella se reencontrara con la verdad. 

GM