Se termina el verano, y mientras los turistas disfrutaron de semanas de un sol radiante, los productores agropecuarios y quienes analizamos la economía miramos al cielo, suplicando por que llueva. Hace sesenta años que no se registraban temperaturas tan superiores al promedio como las que hubo entre diciembre y febrero últimos. Episodios como estos traen consecuencias muy negativas para nuestra macroeconomía: implican menos exportaciones del agro y hacen tambalear al mercado de dólares, que sostiene una frágil estabilidad desde agosto pasado.

En la última década, el agro generó cuatro de cada diez dólares que ingresaron al país y es por lejos el principal aportante neto de divisas. Esto quiere decir que, aunque le restemos sus importaciones y otras salidas de dólares como, por ejemplo, el pago de pre-financiaciones, su saldo sigue siendo positivo. De allí que el impacto de la sequía sea tan relevante. Desde Analytica proyectamos que las exportaciones pueden reducirse en 14.000 millones de dólares respecto al año pasado. Para dimensionar, esa cifra representa el pago de casi dos meses y medio de importaciones de bienes y servicios de todos los sectores productivos.

De todas formas, antes de que el clima nos jugara una mala pasada, el frente cambiario ya iba a ser complicado este año. A diferencia del 2022, el FMI se va a llevar US$ 2.600 millones más de los que traerá. En ese contexto, las reservas netas del Banco Central deberían crecer en US$ 4.800 millones para cumplir el acuerdo firmado con el organismo, de las cuales US$ 3.700 tienen que estar antes de las elecciones de octubre.

En un país acostumbrado a los volantazos en la política económica las elecciones siempre traen mayores niveles de incertidumbre. Ahorristas y empresarios se vuelven más conservadores ante posibles cambios tras los resultados electorales. Sin ir más lejos, en 2021 el Banco Central tuvo que sacrificar reservas internacionales para contener la brecha entre el dólar oficial y los paralelos, que llegó a duplicarse entre marzo y noviembre.

Por herencia, errores propios y una coyuntura internacional muy adversa, el Gobierno va a terminar su mandato de igual forma que Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri: sin dólares para un funcionamiento normal de la economía

Sequía, elecciones y pagos de deuda externa forman un triángulo de las bermudas para el objetivo de Massa: aterrizar en diciembre sin turbulencias. Ante ese escenario, es lógico que el Gobierno esté negociando con el FMI relajar el objetivo de acumulación de reservas, como dejó trascender. El año pasado también tuvo que hacer algo parecido: la meta era de US$ 5.800 millones pero se redujo a US$ 5.000, aunque la diferencia se debía acumular este año. En otras palabras, la meta para 2022-23 se mantuvo inalterada.

Sin acceso al mercado de crédito internacional, los dólares que falten este año habrá que compensarlos con menores niveles de actividad. Si decíamos que era relativamente realista el escenario del Presupuesto 2023 al marcar que la economía apenas crecería 2% este año, hoy lo vemos como optimista.

Por herencia, errores propios y una coyuntura internacional muy adversa (pandemia, guerra y sequía), el Gobierno va a terminar su mandato de igual forma que Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri: sin dólares para un funcionamiento normal de la economía. En la Argentina, no todos los caminos conducen a Roma, pero sí a la restricción externa.

Vale recordar que la economía argentina es superavitaria en dólares. Los ahorristas y las empresas le prestan dinero al resto del mundo -nuestra posición de inversión internacional neta es positiva en U$S 113.049 millones- y se estima que hay más de U$S 200.000 millones fuera del sistema bancario.

La conclusión es sencilla: la ausencia de un modelo macroeconómico sostenible e inclusivo socialmente transformó a la economía argentina en un perro que se muerde la cola. La inflación persistente hace que el ahorro de empresas y familias se refugie en el dólar, esa mayor demanda de dólares colabora para una nueva devaluación del peso que genera un salto en los precios de la economía y, de allí, una nueva escalada en la inflación. Así, una y otra vez.

Es evidente que la solución no es sencilla. Para desarmar este circuito se requiere de tiempo y políticas públicas que logren un equilibrio entre las demandas del mercado y las de la sociedad, que si bien parecen similares, algunas cuando se implementan revelan su antagonismo. Y aunque el lema sea “ceder para crecer”, no hay que olvidar que si casi el 40% de los argentinos es pobre, quiere decir que una parte de la sociedad ya cedió demasiado. Ojalá podamos avanzar como sociedad hacia consensos que permitan una reducción de la inflación, una matriz exportadora más diversificada y evitemos así pasar otro verano bailando la danza de la lluvia.

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La economía argentina gira alrededor del dólar. Y para entender hacia dónde va, el balance cambiario del Banco Central es para cualquier economista lo que las estrellas para un antiguo navegante. En consecuencia, el salto de los dólares paralelos que, depende cuál miremos, fue de entre 16% y 19% en 20 días y la profundización del cepo cambiario no fueron una sorpresa. Si desde principio de año se observa un deterioro creciente en el balance comercial ¿por qué el Gobierno reacciona recién ahora? Mismo cuando hasta el lunes los dólares financieros mostraban cierta calma después del fuerte aumento que tuvieron el 9 de junio, producto del desplome en la cotización de la deuda pública indexada a la inflación. La respuesta está en el acuerdo firmado con el FMI.

El Programa de Facilidades Extendidas que firmó el gobierno con el Fondo tiene cuatro criterios de ejecución trimestrales que deben cumplirse sí o sí para recibir los dólares que permiten cancelar los vencimientos del préstamo Stand By por U$S44.000 millones firmado en la gestión de Mauricio Macri. Pero los dos más gravitantes son el techo al déficit fiscal y la acumulación de reservas internacionales netas. Los otros dos, el límite a la deuda pública flotante y la emisión monetaria del Banco Central, quedan determinados principalmente por el resultado fiscal.

Los compromisos asumidos para el primer trimestre del año fueron cumplidos, sin embargo hasta hace menos de una semana era imposible repetir ese resultado en el segundo. Por un lado, porque el déficit fiscal primario acumulado a junio debía ser por $566,8 mil millones y un mes antes ya había alcanzado los $434,3 millones. Si consideramos que durante el sexto mes del año se suele registrar el déficit más alto después de diciembre, el objetivo era muy difícil de cumplir. 

Peor aún el referido a la acumulación de reservas internacionales netas, U$S 4.100 millones de dólares. En marzo cerraron en U$S1.523 millones y al 22 de junio el Banco Central había podido comprar apenas U$S 621 millones más. Le quedaban siete días para acumular aproximadamente U$S 2.144 millones (si bien las compras en el mercado de cambios son la fuente principal, pueden existir desembolsos por préstamos de organismos de crédito cuyo vencimiento sea superior a 12 meses).

Ante ese escenario, sucedió lo esperado, el Gobierno le pidió al FMI mayor flexibilidad en los cuatro objetivos para el segundo trimestre, según el documento que publicó el organismo el 24 de junio. En particular, una ampliación por $307,6 mil millones en el techo referido al déficit fiscal primario, lo que permite proyectar su cumplimiento. En lo que concierne a la acumulación de reservas internacionales, la meta para este mes se reduce en US$ 650 millones. Por lo tanto, durante la última semana del mes el Banco Central debía asegurarse el ingreso de U$S1.494 millones. Una misión imposible hasta que el 27 de junio el gobierno decidió profundizar el cepo cambiario. Desde entonces, las compras del Banco Central crecieron en aproximadamente U$S 1.000 millones, con un pico de U$S 583 millones el día de ayer. Con repetir ese resultado hoy el Gobierno logrará aprobar la segunda revisión con el FMI. Y nunca mejor aplicado el meme que dice ¿pero a qué costo?

La profundización del cepo cambiario nunca es una buena noticia, aumenta las expectativas de una futura devaluación. Por caso, el dólar contado con liquidación pegó otro salto del 4% el primer día de su implementación y acumula un aumento del 6% en tres días. Ese impacto se traduce en una presión alcista sobre la inflación producto del costo de reposición que estiman los importadores y en menos incentivos para el ingreso de dólares dado que los inversores o exportadores especulan con recibir más pesos por dólar en un futuro no tan lejano. Ante ese escenario ¿podría haberse hecho otra cosa?

Sí, una fuerte devaluación que convalide las expectativas del mercado y reduzca las importaciones al encarecerlas y generar también una fuerte caída en el nivel de actividad. Ahora bien, es evidente que con una inflación anual ya proyectada como mínimo en 72% para diciembre las consecuencias sobre el nivel de precios son mucho peores que con la profundización del cepo cambiario. En consecuencia, el Gobierno eligió el mal menor pero eso no implica que sea una solución sostenible en el tiempo.

Por último, es importante mencionar una tercera alternativa hoy vedada para la Argentina: endeudarse en dólares. Principalmente como consecuencia de la crisis de deuda externa iniciada en 2018 producto del desmantelamiento de los controles de capitales llevado a cabo desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri. A partir de ese momento, situación que el actual equipo económico no logró revertir, para el Estado argentino endeudarse en el exterior significa convalidar tasas de interés elevadísimas. 

Ahora bien, el argumento del equipo económico respecto a la baja acumulación de dólares referido al crecimiento en las importaciones de energía producto de la guerra en Europa explica una parte de la historia, pero el problema es aún más profundo. Por caso, el déficit energético creció a mayo en U$S 2.456 millones respecto a igual periodo del año pasado, pero el resto de los sectores de la economía también aumentó sus importaciones aun cuando se elimina el efecto producido por la suba en el precio internacional de los fletes y combustibles. 

La raíz del problema es la inflación. El ahorro de las empresas y familias en un contexto de pérdida de poder de compra del peso aumenta la demanda de dólares y bienes importados como reserva de valor. Un comportamiento que se repite a lo largo de nuestra historia y permitía prever el exceso de importaciones asociado que se observa desde el 2020. La pregunta entonces es por qué el Gobierno tardó tanto en implementar una sintonía fina en las importaciones y, a la par, en anunciar un objetivo de tasas de interés reales positivas que aliente el ahorro en pesos.

En enero de este año escribí en una columna publicada en elDiarioAR la imposibilidad de que en 2022 la inflación se redujera respecto al 2021, producto de la falta de dólares y la necesidad de recomponer los precios relativos, tanto por el acuerdo con el FMI como por la necesidad de desarmar los desequilibrios de la economía. Las imposiciones de la realidad como las consecuencias de la guerra en Europa complejizaron aún más el contexto. Ahora bien, ¿qué cambió en la orientación de la política económica desde entonces? Muy poco. Por ejemplo, el déficit fiscal aumentó en casi todas las partidas y el necesario aumento de la asistencia social a los más vulnerables no se compensó con medidas de reducción del gasto progresivas.

Sin embargo, los malos resultados del primer semestre obligan al Gobierno a hacer cambios. El FMI aprobó flexibilizar las metas trimestrales, pero no las anuales. En consecuencia, la acumulación de reservas y la reducción del déficit primario que no se logre durante el segundo y tercer trimestre deberá compensarse en el cuarto. Nuevamente un objetivo demasiado ambicioso. Quizás lo lógico sería que al igual que en 2018, el FMI amplié el financiamiento del programa firmado inicialmente, modifique las metas anuales y la Argentina trace un sendero consistente de reducción del déficit fiscal y emisión monetaria. Recordemos que el organismo aumentó el monto a desembolsar acordado en junio del 2018 en U$S 7.000 millones a partir de un pedido firmado por Dujovne y Sandleris en octubre de ese mismo año justificado en condiciones adversas para las economías en desarrollo y tensiones políticas internas. El argumento se condice nuevamente con la realidad argentina.

De todas formas la probabilidad de que eso suceda es muy baja. Y de ser así, igual la reducción del gasto público debería llevarse a cabo. Más allá del acuerdo con el FMI, como siempre es la dificultad del Gobierno de financiar el déficit fiscal lo que lo obliga a bajar sus erogaciones, con el crecimiento de la recaudación no alcanza. Nuevamente, al igual que el cepo, no es una decisión feliz pero se trata de elegir sobre la opción menos costosa. Recordemos lo que señalamos al principio de esta columna: el aumento en los dólares paralelos se inició por la caída en el precio de los títulos públicos porque los inversores privados buscaron reducir su exposición al riesgo de un nuevo default de la deuda pública en pesos; tienen fresco el recuerdo de ese desenlace hace menos de tres años durante el final de la gestión de Juntos por el Cambio.

La profundización del cepo cambiario y la flexibilización de las metas con el FMI generan una ventana corta de tiempo para intentar estabilizar la economía. Está en el Gobierno saber aprovecharla, caso contrario más temprano que tarde la estabilización será conducida por el mercado y bajo ese formato la mayor parte de los costos recaerán sobre los que menos tienen. Conducir el desarme de los desequilibrios de la economía desde el Estado permite un reparto más equitativo. Fingir que las condiciones materiales no determinan el arte de lo posible en la política nunca hizo más que perjudicar a los más vulnerables. 

La economía crece y se crea trabajo, pero no alcanza. Desde comienzos del año pasado el salario promedio del empleo registrado, comúnmente llamado “en blanco”, apenas logra compensar al aumento de los precios. Al mismo tiempo, los trabajadores no registrados siguen perdiendo en la carrera contra la inflación. Hoy un trabajador puede ser pobre. Si esa situación no se revierte, el gasto social continuará creciendo.

La madre de todas las batallas es bajar la inflación y aumentar la productividad para garantizar una recuperación considerable y sostenible en los ingresos de los trabajadores. En el mientras tanto, muchas veces eterno en la Argentina, el desafío es satisfacer las demandas sociales sin generar soluciones que sean, literalmente, pan para hoy y hambre para mañana. Uno de los riesgos es provocar un salto discreto en la inflación con un mayor nivel de inercia, acortando por ejemplo los plazos en las revisiones de paritarias. ¿Cómo evitarlo? 

Veamos. Para empezar, nuestra estructura productiva es muy heterogénea y se refleja, entre otras cosas, en el salario promedio de cada uno de los sectores. Como ejemplo, un trabajador registrado de comercio cobró el año pasado 40% más respecto a si se hubiese desempeñado en el sector de la enseñanza pero 32% menos que de haberlo hecho en la industria manufacturera. Pero la principal heterogeneidad laboral se manifiesta dentro de cada sector entre los trabajadores más protegidos, principalmente aquellos amparados por los acuerdos colectivos de trabajo, y los que no.

Sobre la división registrados-no registrados versa la mayor diferencia a la hora de pensar cómo recomponer el poder de compra. En el primer caso, las paritarias son la principal herramienta. Este año cerraron en promedio en torno al 60% para el periodo 2022/2023, con revisiones antes de diciembre que seguramente garanticen que los salarios reales -descontada la inflación- se mantendrán constantes. El problema es que no logran volver a los valores del 2017, la diferencia hoy es del 15%. Una opción es incorporar a los aumentos atados a la inflación remuneraciones de suma fija basadas en métricas de crecimiento y productividad según rama de actividad. Y así distribuir los frutos del crecimiento de la economía de manera sostenible. Es evidente que es necesario adaptar las instituciones laborales a una economía que cuando termine el actual mandato de Alberto Fernández llevará una década con una inflación promedio anual del 40%. El año pasado la actividad creció 10,3% sin embargo la participación de los trabajadores en el producto cayó del 38% al 34%.

La mayor dificultad está en recuperar el poder adquisitivo de quienes trabajan por fuera de los convenios colectivos de trabajo, principalmente trabajadores sin registrar y cuentapropistas no profesionales. Un universo que abarca a 8,1 millones de personas, 4,1 y 4 millones respectivamente. La falta de instancias institucionales dificulta que el crecimiento económico redunde en mejores condiciones laborales. Allí no hay mecanismos institucionales de negociación. Su predominancia en actividades de baja productividad actúa en igual sentido. 

Como indican diferentes estudios, el salario mínimo impacta en la remuneración de los trabajadores no registrados. Desde el mes pasado está en $38.940, mientras una familia tipo (dos adultos y dos menores) necesitó en marzo ingresos mensuales por $89.690 para no caer en la pobreza. Si ambos adultos trabajan la brecha con sus ingresos laborales es del 20%.

¿Cómo se sostiene un sistema donde desde junio del 2018 el salario podría no garantizar la mera subsistencia de una familia? Hasta ahora con transferencias desde el Estado. Por caso, en los últimos años el gasto en programas sociales, incluyendo la AUH, fue aumentando en términos del PIB. Mientras en 2016 era del 2,7% el año pasado alcanzó 3,7%. En consecuencia, vemos que en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares en 2021 la distancia de los ingresos totales del hogar respecto a la línea de pobreza se mantuvo en valores del segundo semestre del 2016 (37%), gracias a una mayor participación de los ingresos no laborales. Es evidente la labor del gasto público como amortiguador de la caída de los ingresos laborales reales.

En el corto plazo, y considerando la aceleración de la inflación, esa tendencia no se va a revertir. Pero es evidente que en términos sociales y económicos no es sostenible en el tiempo. La estrategia de compensar la falta de creación de empleo de calidad en el sector privado con empleo público y planes sociales encontró límites claros en las cuentas públicas pero principalmente en las demandas sociales. Sobre esto último se enmarca el planteo de parte del oficialismo en el Congreso, incluyendo a las organizaciones sociales, de un crear un salario básico universal.

El nivel de informalidad laboral, una estructura tributaria regresiva, el tamaño del mercado de capitales, las instituciones del mercado del trabajo, etc. dificultan compatibilizar la capacidad de financiamiento del gasto público con las demandas laborales. Algo va a tener que cambiar para que el deterioro socioeconómico no se profundice y evitemos caer en soluciones que a la larga sólo agravarán aún más los problemas.

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La inflación cerró 2021 en 51% y retornó al promedio de los dos últimos años de la gestión Cambiemos. Quien haya vivido los últimos 75 años en la Argentina únicamente disfrutó de 20 años con baja inflación -aumentos de precios anuales menores al 15%-. Tenemos un problema crónico y este año no será la excepción. El consenso del mercado proyecta para 2022 nuevamente un aumento de precios del 50%. Principalmente porque el Gobierno ya comenzó a levantar el ancla inflacionaria más importante: la cotización del dólar. Y al mismo tiempo, anunció aumentos en las tarifas de energía, la segunda ancla que usó el año pasado.

Ambas medidas tienen un doble fin, desarmar desequilibrios que en el mediano plazo agravan aún más nuestros problemas y dar señales al FMI. Reducir la inflación, como quedo claro en la exposición del ministro de Economía Martín Guzmán frente a los gobernadores, no forma parte de los objetivos prioritarios del programa en discusión con el organismo multilateral. Es más, su implementación en el corto plazo es pro inflación. La principal preocupación de nuestros prestamistas es que podamos acumular dólares para pagarles.

Ahí hay un límite claro, tanto para la actual gestión de gobierno como para las próximas, en su intento de contener el aumento de precios. Los altos compromisos con acreedores del exterior que tiene la Argentina en los próximos años son incompatibles con apreciaciones sostenidas de nuestra moneda. Un proceso necesario para lograr una caída considerable en la inflación, según indica la experiencia histórica y la literatura económica, por caso la tesis de maestría del actual viceministro de economía Ramiro Morra.

Es evidente que bajar la inflación en el medio de una crisis de deuda externa es bastante más complejo. Y la pandemia complicó aún más las cosas. En 2020 generó un shock que bajó en 20 puntos el aumento de precios, pero también provocó desequilibrios a nivel local e internacional que fueron el combustible de los precios en el 2021. Por ejemplo, en diciembre se registró la suba anual de precios más alta desde 1982 en Estados Unidos al igual que el registro histórico más elevado en la Unión Europea desde su existencia, 7% y 5% anual respectivamente.

Para este año se proyecta a nivel mundial una merma en la inflación, entre otras cosas por la aceleración en el endurecimiento de la política monetaria de la Fed, la autoridad estadounidense en la materia. Una reacción que ya habían tomado otros Bancos centrales como el de Reino Unido y gran parte de las economías en desarrollo como las de nuestra región. En ese marco, la presión sobre la actual presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, para que también siga ese camino es cada vez más alta. Mientras, algunos indicadores son positivos: los cuellos de botella en la oferta de ciertos bienes y servicios comenzaron un lento retroceso a fines del 2021, al igual que los aumentos en los precios de los alimentos. Pero los efectos de la variante Ómicron abren un interrogante respecto al proceso de normalización en las cadenas de producción y comercialización, y el paso al que va a descender la inflación.

Lo que sí sabemos, es que el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos es una muy mala noticia para la estabilización de nuestros precios. Mayores tasas de interés encarecen el endeudamiento del Gobierno y de las empresas argentinas en el exterior, a la par de desencadenar menores cotizaciones de los commodities, por ejemplo, de la soja, nuestro principal complejo exportador. En otras palabras, dificultan nuestra acumulación de dólares y presionan para ir hacia un tipo de cambio más alto.

De todas formas, los cambios en la cotización del dólar no son la única causa de la inflación y el Gobierno tiene herramientas para empezar a resolver el problema. La principal es aprovechar el acuerdo con el FMI para poner sobre la mesa un plan económico que coordine las expectativas sobre la evolución de otras variables claves, como por ejemplo la tasa de interés, el financiamiento del gasto público y la evolución de los salarios. Allí el éxito radica en establecer objetivos creíbles, explicitar las herramientas a usar y cómo se responderá ante cambios en la coyuntura económica. Lo que subyace es también la necesidad de una comunicación fluida sobre la política económica de cara a la sociedad.

El Gobierno avanzó el año pasado en medidas necesarias para la estabilización de precios, pero siempre por fuera de una lógica integral. Por ejemplo, logró que durante el primer trimestre las paritarias cierren en torno al 30%, en línea con la inflación que proyectaba el presupuesto. Sin embargo, cuando a mitad de año era evidente que ese objetivo era imposible de cumplir convalidó aumentos salariales del orden del 45% anual. Y no realizó cambios en la política económica ante una inflación núcleo (aquella que no incluye tarifas ni precios con estacionalidad como las frutas) que nunca bajó del 3% mensual y la aceleración de la inflación mundial. El discurso oficial paso a estar centrado en la necesidad de profundizar los controles de precios, una visión que públicamente algunos funcionarios del equipo económico no convalidaban.

Este año el Gobierno tiene que volver a convencer a los sindicatos para cerrar paritarias en porcentajes que ayuden a bajar la nominalidad de la economía. Tarea difícil. Sin embargo, puede usar un argumento contundente. Si la inflación no baja, difícilmente puedan recuperar el poder de compra que perdieron desde 2018 los salarios. Como se observa en el gráfico, desde 1946 cuando la inflación superó el 50% las probabilidades de aumentar el salario real fueron muy bajas[1]. Y de hacerlo su sostenibilidad fue imposible, con una inflación de 50,8% los salarios crecieron 7% en 1958, sin embargo, al año siguiente cayeron 26 puntos mientras los precios se duplicaban. Hoy estabilizar es la política más expansiva.

En ese marco, los controles de precios son necesarios en tanto y en cuanto evitan que el peso de des-indexar la economía caiga únicamente sobre los asalariados y cuentapropistas. Así como el Gobierno y los trabajadores tienen que hacer su aporte para evitar un salto en la nominalidad, las empresas también. En un proceso de desinflación, es menester administrar la puja distributiva para que el reparto de costos no profundice aún más los altos índices de pobreza que ya tenemos.

CC/DT

Desde 2018 estamos inmersos en una crisis cambiaria, con momentos de mayor y menor tensión. Las distintas cotizaciones del dólar, el nivel de reservas internacionales y la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) son, otra vez, una preocupación diaria. Para los próximos años no podemos esperar nada muy diferente. Las renegociaciones de deuda pública y privada en moneda extranjera sirven para ganar tiempo pero no resuelven el problema.

El año pasado el Gobierno cerró un acuerdo con los acreedores privados de la Argentina y ahora trabaja para hacer lo mismo con el FMI y el Club de París. Con los primeros logró reducir el monto a pagar, pero principalmente extender los plazos para su cancelación. Mientras que la negociación de la deuda con los organismos multilaterales se limita a conseguir más tiempo para su repago. Un resultado esperable es que consiga sólo pagar intereses hasta el cierre de su gestión. 

Así las cosas, el Gobierno nacional va a necesitar un promedio de US$5.200 millones por año durante su administración para cancelar los compromisos en moneda extranjera.  Si a eso sumamos los vencimientos de los gobiernos provinciales y del sector privado, la demanda anual de dólares asciende a US$18.600 millones. Para dimensionar, por año se va necesitar disponer de casi el 50% del stock actual de las reservas internacionales en el Banco Central.

La situación se vuelve aún más compleja durante la próxima gestión de gobierno. Los vencimientos del sector público nacional más que se triplican, hasta alcanzar US$17.100 millones promedio por año. Y al sumar los del sector privado y las provincias el monto asciende a US$25.000 millones. En resumen, para 2027 la Argentina necesita acumular aproximadamente US$156.000 millones para cumplir con sus acreedores extranjeros.

¿Cómo se puede evitar estar frente a un nuevo default en el corto plazo? Por un lado, sería lógico que parte de esa deuda se cancele con los dólares que ingresen de un nuevo ciclo de endeudamiento. Una práctica a la que el Gobierno ya recurre todos los meses para hacer frente a los vencimientos de deuda en pesos. Para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad los nuevos bonos o préstamos deberían tener mejores condiciones de pago, menores tasas de interés y un mayor plazo, que la deuda que se está cancelando.

A su vez, la oferta de dólares de las familias y las empresas tiene que ser mayor a su demanda. Una tarea para nada sencilla, dado que sólo sucedió en dos de los últimos diez años. Por un lado, porque desde 2013 el saldo cambiario con el resto del mundo fue mayoritariamente deficitario. Y por el otro, por que el sector privado protege sus ahorros comprando dólares, muchos de los cuáles después salen del sistema hacia cajas de seguridad, colchones u otros países. Para contextualizar, en el sistema financiero argentino hay depósitos por apenas US$16.000 millones, mientras por fuera los argentinos guardan US$230.500 millones.

En resumen, necesitamos que nos financie el resto del mundo comprándonos más bienes y servicios, y ofreciéndonos financiamiento más barato. Pero también debemos buscar autofinanciarnos, incentivando a que los argentinos reingresen los dólares que pudieron comprar gracias a las oportunidades que tuvieron en el país. Y, por último, de ahora en más el ahorro no debería volcarse a la compra de dólares. Algo que difícilmente suceda mientras un plazo fijo siga rindiendo un interés mensual del 2,5% y la inflación crezca al 3,6%.

Desde el regreso de la democracia todos los gobiernos intentaron consolidar un modelo económico que aumente el saldo cambiario con el resto del mundo de forma sostenible y reduzca la demanda de dólar ahorro. Pero ninguno lo logró. Es evidente que algunas decisiones de política económica nos acercaron hacia una solución mientras otras agravaron los problemas. Hacia adelante deberíamos haber aprendido algunas lecciones, como por ejemplo que los cambios estructurales demandan políticas públicas perdurables en el tiempo.

La crisis que causó el Covid-19 dificulta aún más la acumulación de reservas. Porque amplificó las diferencias entre las demandas de los acreedores y los exportadores, respecto al resto de la sociedad. Mientras los primeros piden reducir el gasto público, los segundos esperan que el gobierno no reduzca su asistencia en un contexto de crecimiento de la pobreza, caída del salario real y perdida de dos millones de puestos de trabajo. A la par, los exportadores para ganar competitividad respecto al resto del mundo solicitan pagar menos impuestos y un tipo de cambio oficial que se asemeje al del dólar paralelo, el problema es que eso produce también menores salarios y más inflación.

No se puede contentar a todos por igual, hacer política económica es arbitrar para que las diferencias se diriman de la mejor forma para el conjunto de la sociedad. El conflicto siempre está presente. Hoy el desafío del gobierno es establecer lo antes posible un plan económico con un nuevo esquema de incentivos que surja del consenso entre el Estado, los trabajadores y los empresarios para garantizar que las reglas de juego no vuelvan a cambiar en el corto plazo. Sin olvidar que, si bien todos van a tener que ceder, cuentan con distinto poder de negociación. 

Los objetivos son claros: dinamizar la inversión, aumentar las exportaciones y garantizar los recursos para mejorar las condiciones de vida de los sectores menos favorecidos. Tener un programa económico factible dará previsibilidad y puede ser la llave para garantizar los dólares que eviten quedar a las puertas de un nuevo default en el corto plazo. Por caso, puede incentivar a que el agro aproveche el aumento del 55% que acumula desde agosto el precio de la soja y liquide el 14,5% de la cosecha del año pasado que aún tiene en stock. Y a su vez, va a permitir que el Gobierno y las empresas aprovechen el abaratamiento del crédito internacional producto de la política monetaria y fiscal expansiva de Estados Unidos y la Unión Europea como respuesta a las pérdidas que causó el Covid-19.

CC