Después de la hecatombe producida por la renuncia/despido del ministro de Economía Guzmán, resulta difícil prever el rumbo que pueda tomar nuestra maltrecha economía. La notable ausencia de un plan claro y en marcha en estos treinta meses fue un blanco fácil para el permanente sabotaje que le infligía una fracción dominante del gobierno nacional.

Justo en vísperas de estos episodios aparecieron nuevos datos que ilustran una parte no menor de las ansiedades de la población, en especial aquella con ingresos fijos. Esos sueldos o pensiones han ido deteriorándose en estos dos años de pandemia agregando penurias a la fuerte caída verificada en 2019. 

Qué empleo se recuperó

En una década (segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, período de Mauricio Macri y primera mitad de Alberto Fernández) el empleo registrado solo creció un 10%, apenas similar al aumento promedio de la población en el período. Dentro del conjunto, la afectación mayor se registró entre los asalariados privados y entre los autónomos. Ambos fueron golpeados con intensidad por la cuarentena, pero ya eran los grupos más desfavorecidos desde los años anteriores.

El mayor dinamismo corrió por cuenta por los integrantes del monotributo social, de fuerte impulso entre su creación durante el kirchnerismo hasta 2017. El empleo doméstico mantuvo su ritmo hasta 2019 (finales de Cambiemos), pero se derrumbó con la cuarentena. Los independientes monotributistas, el grupo de mayor volumen luego de los privados y los públicos, lograron mantener su dinamismo a ritmo parecido al del empleo estatal.

De manera que al apreciar la evolución y la situación del empleo (al menos el que está registrado, algo así como 60% del empleo total) deben ser consideradas estas semejanzas y diferencias en su interior. 

Para un panorama más abarcador de la fuerza laboral, es necesario incluir a los asalariados y no asalariados que no están registrados. Según la Cuenta de Generación de Ingresos del Indec ambos cubren en partes similares esas diferencias (en torno de cinco millones cada núcleo)

Los ingresos obtenidos

El punto es que el entorpecimiento del empleo de calidad, el dinamismo de los puestos menos apreciados, la continuidad de cierto liderazgo en la absorción por parte de los diversos niveles estatales (las más de las veces como forma de “esconder” el desempleo) son aspectos genéricamente dependientes del estancamiento y el retroceso de la economía. Si la economía no crece y la población sí, el resultado no puede ser más que este: que, en conjunto, seamos cada vez más pobres. 

Si a todo esto se agrega la falta de interés, al menos de eficacia, en equilibrar las cuentas públicas (objetivo que sigue siendo visto como secundario o “de derecha”) el resultado en materia de bienestar de la población continúa dando muestras de deterioro. El mecanismo para ello es, sin lugar a dudas, la inflación. 

La escasísima recuperación evidenciada en 2021 (luego del enorme retroceso de 2020) ubica a los ingresos individuales o de la ocupación principal alrededor del momento en el cual, a comienzos de este siglo, recuperaba los niveles de actividad, empleo e ingresos previos a la crisis iniciada en 1998 cuya duración, profundidad y dramatismo llamamos “la crisis del 2001”.

En el gráfico también puede apreciarse que, en término de bienestar de los hogares, una vez más el mejor momento se registró en el denostado período de Cambiemos, antes de la debacle de los fondos internacionales que habían llegado sólo a hacer negocios de corto plazo, no a invertir como el Gobierno de entonces suponía.

De aquí en más

Con los datos de las dos décadas recientes se observa que el desempeño de los ingresos de la ocupación principal y los que se pueden agregar a ellos (transferencias u otras fuentes) ha sido tendencialmente semejante. Esto habla de la imposibilidad de la actividad económica de proporcionar fuentes de trabajo, como se vio más arriba. También alude a la dificultad de generar ingresos mínimamente satisfactorios. 

Ahora bien, el año 2021 recuperó casi todo lo perdido el año previo en materia de creación de bienes y servicios (-10% y más 10%, respectivamente en cifras redondas). Pero 2021 mostró crudamente que los ingresos laborales siguieron cayendo (o crecieron mucho menos que el PBI). De allí que el resultado del “reparto” haya sido más inequitativo aún: los asalariados perdieron cinco puntos del total de la riqueza generada. Esta pérdida es similar a la estimada para el año 2018.

De este recorrido podrían extraerse varias derivaciones de interés. Notemos sólo algunas:

Cuando se plantea la necesidad de un plan de estabilidad y de crecimiento, suele mirarse con sorna con el argumento de que estabilizar es “ortodoxia” (mientras se desploma nuestra unidad monetaria) y de que solo con crecimiento no alcanza. El argumento se puede trasponer: ¿Se logran resolver nuestros problemas sin crecimiento? Si no es así, el camino es la inversión, que ya sabemos viene declinando también desde hace décadas.

En momentos en los que el Gobierno parece paralizado en sus decisiones por sus propios conflictos internos, sería deseable que se plantearan algunas de estas preguntas para ver si, quizás, se enfocan en lo relevante. 

Si la producción manara del cielo, así como el empleo y los ingresos y con ellos llenara las arcas fiscales, podríamos seguir fantaseando que los conflictos de Argentina se resuelven con más y más ingenio puesto en mecanismos redistributivos. La realidad es muy diferente y no pueden dilatarse más las decisiones. 

JL

Este mes el Indec publicó datos sobre distribución del ingreso que mostraron una mejora respecto de 2018 y produjeron cierto grado de satisfacción, justificada sólo en parte. En los medios se puso el acento en el escaso nivel medio de los ingresos de las personas, lo que es cierto y, desafortunadamente, no es novedoso. También se ha señalado que la equidad distributiva había mejorado de manera significativa. Esta novedad, sin embargo, requiere mirarla con un poco más de detalle. 

Como en otros análisis socioeconómicos siempre es útil hacer las comparaciones con períodos similares del pasado. En este caso la cuantía del indicador (el siempre mencionado coeficiente de GINI) debe cotejarse con el año o los años precedentes referidos al mismo lapso (aquí sería el cuarto trimestre). En este sentido, una difusión no inocente desde el Gobierno propuso mirar los datos desde ese trimestre de 2018. Esto a pesar que el informe de INDEC comienza sus datos desde 2017.

Da la casualidad que el valor de la desigualdad a fines de 2017 es casi idéntica a lo que resultó a fines de 2021. Con lo cual, si este indicador es representativo, volvemos a estar en la misma situación de aquel entonces. La mera consideración completa del cuadro incluido en el informe del INDEC nos permite apreciar la similitud mencionada y también el parecido de los resultados a fines de los años 2018 a 2020. Sin dudas debe anotarse que 2020 fue el año sacudido tanto por la pandemia como por la forma en que se encaró enfrentarla: una cuarentena amplia y muy extendida en el tiempo.

Pero, en cualquier caso, cuando el actual gobierno endilga los males que debe corregir a sus predecesores (tal como lo anunció en la campaña electoral y en su inicio) y al mismo tiempo celebra datos como el de la mejora en la distribución del ingreso quizás queda a mitad de camino en el análisis, pues no se visualiza qué había pasado en el período previo -por ejemplo, 2016 y 2017- para proporcionar los valores del Indice de Gini tan parecidos al valor actual.

Son los últimos datos, pero no son actuales

Hoy la población, abrumada por la aceleración inflacionaria en los primeros meses de este año, no le dice demasiado lo que describe el informe sobre la situación a fines del año último. De manera que el hecho de que muchos hogares vieron incrementar sus ingresos a través que algunos de sus miembros pudieron volver al mercado laboral ve en la actualidad que la velocidad de los aumentos, son más intensos que la mejora de los ingresos de la casa.

Sin entrar en detalles, la cuantía de emisión monetaria en gran parte inspirada en el “plan platita” destinado a evitar una debacle electoral empezó a hacer sentir sus efectos un semestre más tarde. Al margen de la discusión conceptual, negar el impacto inflacionario de tamaña emisión conspira contra la posibilidad de encontrar caminos que corrijan el rumbo. Es cierto que con las disputas al interior de la coalición gobernante todo se torna más difícil, muchas veces más irracional.

Se recupera el empleo y cae el salario

A esto se agrega el dato sobre los niveles salariales. Para salvar la carencia de buena información sobre niveles de ingresos salariales, tomemos aquí los informes del Ministerio de Trabajo sobre los ingresos de los trabajadores registrados en el sector privado.

El gráfico ayuda a ver algunos elementos que no suelen aparecer habitualmente ante el lector. En primer lugar, la importante caída desde 2015 del orden del 13%. Hay quienes sostienen que la cifra es mayor, pero estos son los datos oficiales, llevados a pesos de enero de 2006 y haciendo los promedios anuales.

En segundo lugar, entre 2012 y 2018 (es decir el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y la gran parte del de Mauricio Macri) hay una escasa oscilación, donde el pozo y el pico se encuentran dentro del gobierno kirchnerista. En tercer lugar, se advierte una profunda caída en 2019, seguida por sucesivas desmejoras durante el gobierno actual. Así, el promedio de 2021 sería semejante al de 2010.

Todo esto en el marco de una caída del producto por habitante que nos acompaña desde 2011. Aquí la pandemia en 2020 profundizó la dinámica y 2021 recuperó algo de lo perdido entonces, estando lejos al PBI per cápita del dramático año de 2019.

¿Seguiremos bailando en la cubierta del Titanic? La dirigencia tiene la palabra y el conjunto de la población, finalmente, tiene su decisión.

 JL

Entre los debates extraños del presente se destacan aquellos que van por andariveles diferentes. Uno pone el acento en la secuencia inversión-crecimiento-empleo-mejor distribución del ingreso. El otro, con el argumento de que algo hay que hacer para quienes más lo necesitan, sólo focaliza en mecanismos redistributivos aun cuando no hay sustento para tales erogaciones. Lo preocupante es que aparecen como alternativos. Más aún, el segundo es el que se presenta como progresista. No es el lugar aquí para desarrollar un debate académico. Si, en cambio, para ilustrar con información algunos rasgos de nuestro desempeño socioeconómico en las últimas décadas para comprender mejor cómo llegamos hasta aquí y, por tanto, vislumbrar caminos más eficientes.

Un repaso sobre el empleo

Las tasas de actividad y empleo de la mano de obra de la última década muestran con claridad que ambos indicadores descienden entre 2011 y 2015, tienen una leve recuperación entre 2016 y 2019 y se derrumban en 2020 con la única pandemia conocida: la del Covid. En la segunda mitad de ese año se recuperan ambos índices, al igual que en toda América Latina, dinámica que llega hasta el primer trimestre de 2021. Desafortunadamente, en Argentina, en el segundo trimestre declinan ambos, revirtiendo la tendencia favorable y quedando en niveles todavía inferiores a los de fines de 2019.

Qué dicen los datos sobre los ingresos

Ante la falta de una serie representativa de los ingresos salariales tomemos la de los asalariados privados registrados. Al tiempo en que en el decenio último no hubo creación de empleo en ese ámbito, los ingresos reales mejoraron entre 2009 y fines de 2015 perdiendo esa mejora durante el gobierno de Cambiemos. El año y medio siguiente, pandemia mediante, se perdieron otros tres puntos porcentuales de la remuneración promedio

El resultado —incluyendo los mecanismos redistributivos— se pueden apreciar a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). En el gráfico puede verse, haciendo equivalentes a 100 los valores de 2004, el comportamiento de los ingresos de la ocupación principal (línea azul), los ingresos agregados de cada una de las personas que percibe recursos dentro del hogar (línea roja) y, finalmente, algo parecido a la situación de bienestar del hogar expresado por el ingreso per cápita familiar (línea verde)

Las tres variables mostraron un sensible crecimiento hasta 2007 pero desde entonces tanto los ingresos individuales como los de la ocupación principal oscilaron en un rango relativamente acotado. Esto se mantuvo hasta 2018 inclusive. Luego, la crisis financiera y económica se llevaron las mejoras obtenidas desde 2007 retornando en 2019 a aquellos valores.

Sin embargo, el ingreso per cápita familiar mantuvo una dinámica de mejoramiento hasta 2018 inclusive (superando la profunda caída de 2014). Los distintos mecanismos de transferencias a los hogares mejoraron los ingresos reales tanto en el segundo gobierno de Cristina Fernández como durante el mandato de Mauricio Macri. Solo el segundo semestre (en esta serie) de 2019 muestra una sensible caída que lleva los valores a los mismos de 2014.

En 2020 los ingresos siguen cayendo. Se observa una mejora de los ingresos de la ocupación principal debido al efecto composición ya que los puestos perdidos habrían sido los relativamente peor remunerados.

En el segundo trimestre de 2021, en cambio, los ingresos de la ocupación principal muestran una pérdida producto tanto de que por entonces los ajustes paritarios no se habían concretado o, si lo hicieron, fue con porcentajes sensiblemente menores que los niveles inflacionarios contemporáneos. Por otro lado, gran parte de la recuperación ocupacional correspondió a los asalariados precarios que, es sabido, perciben salarios más desfavorecidos.

Las mejoras de los otros dos indicadores son más difíciles de interpretar habida cuenta que habían desaparecido las transferencias tipo IFE.

La desigualdad de los ingresos en los años recientes

Los datos publicados por INDEC sólo cubren el último quinquenio. Dentro de él, a primera vista, se destacan los efectos de los últimos tres años de crisis con un leve empeoramiento del indicador. Ahora bien, si miramos los segundos trimestres solamente, se aprecia que en 2021 hay una mejora respecto de un año atrás. El punto de referencia es el peor momento del cierre de actividades y del aislamiento. El valor de 2021 es idéntico al del trimestre respectivo de 2019. En cambio, el trienio 2016-2018 presenta los mejores valores en materia de distribución del ingreso (los menos desiguales).

Resumiendo, las cuestiones ocupacionales, los ingresos laborales y la desigualdad de los mismos parecen haber sufrido el impacto del Covid y la cuarentena, pero dentro de un contexto de dificultades notables preexistentes. Entre esas razones de contexto se encuentra el desempeño económico en las décadas recientes. Veamos algunos datos al respecto.

La configuración económica sobre la que se asientan el empleo y los ingresos

El gráfico muestra, una vez más, que la segunda década del siglo XXI ha sido un lapso de estancamiento. Dentro de ese escaso movimiento se aprecia que el PBI desestacionalizado (línea punteada) tiene dos “picos”: uno más modesto en 2015 y otro (récord de la serie) a comienzos de 2018. En otras palabras, la crisis de 2020 continúa a un largo período en el que la actividad económica no termina de tomar impulso.

El PBI per cápita —pese al bajo crecimiento poblacional— cae estrepitosamente a lo largo de esta segunda década, no sólo en el final, con la pandemia. En 2020 el PBI per cápita resultó similar al de 2005. Si retrocedimos tanto en la creación de riqueza, ¿cómo podemos esperar alta demanda de empleo o una buena distribución del ingreso?

¿Qué podemos esperar?

Este desempeño, más que moderado, se verifica luego de un lapso extremadamente beneficioso para Argentina y toda la región. La primera década del siglo XXI revirtió los términos de intercambio a su favor cambiando, por un tiempo, el comportamiento de la segunda parte del siglo XX.

Una de las razones por las que desaprovechamos la ocasión está en la tendencia declinante de la tasa de inversión. En la actualidad, desde hace varios años, estamos por debajo del 15%. Con esta composición de la demanda agregada (y con el contenido mismo de la inversión) es difícil imaginar un sendero de crecimiento.

Si a esto le agregamos un aparato del Estado que captura crecientes porciones de la renta total pero es ineficiente para su aplicación y, además, los recursos son sistemáticamente inferiores a las erogaciones entonces tenemos una economía fiscalmente deficitaria. Esto, arrastrado durante décadas, configura una estructura productiva con escaso sustento y nulas expectativas positivas. Nos acostumbramos a la inflación y estamos en el podio mundial al respecto.

En ese marco, las políticas redistributivas resultan tan necesarias como imposibles de ser sustentadas. Más allá de relatos políticamente correctos, la sociedad argentina se enfrenta a una crisis de proporciones.

En esta campaña electoral las autoridades no hacen más que echar leña al fuego aumentando de modo sensible el gasto sin financiamiento. Al día siguiente de las elecciones, sin embargo, nos enfrentaremos con el mismo dilema. Sin una reconstrucción productiva efectiva ¿podremos basar nuestro devenir en este tipo de estrategia redistributiva insolvente?

JL

La década de los años noventa del siglo pasado fue caracterizada, no sólo en Argentina, como la expresión máxima del neoliberalismo, pues tanto en el terreno práctico como en el de las ideas expresó una fuerte embestida contra los fundamentos del estado del bienestar, al margen de las virtudes y defectos de este último en cada uno de los países.

En el caso argentino se dio la paradoja de que fue motorizado por la misma fuerza política que se precia de encarnar la vocación de defensa de los intereses de los sectores más débiles de la sociedad. Es por eso, o por razones menos claras, que en el siglo XXI el propio justicialismo trató de desembarazarse de su actuación en aquel entonces. 

Empleo, trabajo y pobreza en los años noventa

Vale pues un repaso de los indicadores socioeconómicos disponibles, destacando el período de gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y teniendo en cuenta que los procesos sociales no están necesariamente circunscriptos al lapso gubernamental. Los datos de largo plazo enmarcan el decenio indicado.

La desregulación económica, la apertura comercial, la reestructuración del Estado -en particular de sus empresas- fueron los rasgos dominantes del gobierno del justicialismo que desplazó al radicalismo en el invierno de 1989. Todo ello se articuló con una serie de medidas que pueden resumirse en una expresión: flexibilización laboral. Complementariamente, se sancionó la reforma previsional que constituyó un duro golpe a la experiencia de protección social solidaria, al poner en las personas individualmente la responsabilidad de su futuro.

El dato más elocuente del impacto ocupacional del gobierno de Carlos Menem fue el incremento de la desocupación acompañado del de la subocupación. Ambos expresan el claro empeoramiento de las condiciones en las que se desempeñó el sector del trabajo en un continuo de décadas. Así, el desempleo se duplicó, pasando de un 7% en 1989 a un 14% diez años más tarde, con un pico en 1995 y 1996. Posteriormente la situación se agudizó con valores cercanos al 20% en 2001 y 2002, durante los mandatos de De la Rúa y de Duhalde. Estos altos valores del indicador se asocian con la mayor duración de la desocupación: quien perdía el empleo demoraba mucho más en conseguir un nuevo puesto de reemplazo. 

A su turno, la precariedad laboral que en 1990 era del 29% según la EPH, llegó a fines de los noventa al 38%. También este indicador se elevó luego de la crisis de 2001 alcanzando al 43% en 2002-2003.

Uno de los efectos de la menor protección de los trabajadores -consecuencia tanto del impacto de las medidas macroeconómicas como de las normas laborales- se aprecia en la dinámica del empleo en relación de dependencia.

Como se ve, en los noventa el empleo asalariado aumentó, pero fue el resultado de una combinación de la mayor presencia de trabajadores precarios y de una pérdida neta del empleo protegido. Este último se retrajo de manera intensa en la industria manufacturera (que perdió un tercio de su dotación) y en la construcción.

El paulatino incremento del desempleo (que, en parte, se originó en una mayor oferta laboral), la continua pérdida de la calidad de las ocupaciones que perduraban y el deterioro de la capacidad de compra del salario (fuera del lapso inicial de mejora derivada de la estabilidad monetaria) configuraron en conjunto un panorama social negativo que se expresaba en los índices de pobreza

Entre los diversos autores que cuantificaron su evolución en las últimas décadas del siglo XX, Luis Beccaria muestra -en el trabajo del que proviene el gráfico transcripto-, que la pobreza subió 35 puntos porcentuales entre 1974 y 2003. Ese total se compone de apenas dos puntos hasta 1980, de10 puntos entre 1980 y 1991 (ya descontado el descenso luego de la hiperinflación), un estancamiento entre 1991 y 1998 y un alza de más de 9 puntos en el trienio que va de allí hasta 2001. El salto más grande (13 puntos porcentuales) ocurre entre 2001 y 2003. 

De ese modo, en el decenio menemista hubo una fuerte caída inicial de la pobreza y luego un alza (26%) que, igualmente, no llevó a los valores iniciales (casi 40% en 1989; 30% en 1990). En cambio, si comparamos el lapso 1991-94 con el final de la década, la pobreza aumentó. Como se ve, los momentos más dramáticos están asociados con extremos inflacionarios en torno a 1989 y a 2002.

Más notable es la comparación entre períodos gubernamentales de dos variables relevantes. En lo que hace al crecimiento del producto (PBI) el liderazgo lo tiene el gobierno de Néstor Kirchner, seguido por el de Carlos Menem. En cuanto a la participación salarial, en los noventa se ubica en una situación intermedia, entre los “mejores” y los “peores” promedios.

Qué nos dejaron los noventa en materia sociolaboral

En síntesis, durante la década del noventa disminuyó el peso de la industria tanto en el Producto como en el empleo; el trabajo en relación de dependencia creció en el total de la ocupación pero en base a empleo precario, de baja calidad; si bien la pobreza bajó entre puntas, luego del descenso inicial mostró un camino ascendente; partiendo en 1993, la participación salarial fue declinante (aunque ese valor inicial fue mucho mayor que los valores de la década previa); el desempleo y el subempleo mantuvieron en el período su fuerte tendencia creciente; el salario real en el decenio fue inferior en promedio al de la década anterior. Es cierto también que hubo crecimiento económico y durante ese lapso llegaron al país parte de los adelantos tecnológicos del momento y se sentaron las bases de un cambio profundo en el ámbito agrario.

Estos indicadores, sin embargo, no parecen alcanzar para ilustrar los cambios habidos en materia social y cultural. Avanzó la creencia, en particular entre los afectados, de que la falta de empleo era resultante exclusiva de su propio accionar o de que la protección previsional no derivaba de la adecuada configuración de un sistema articulado estatalmente sino de la capacidad individual por alcanzarla. En definitiva, que era “normal” el desmoronamiento de una sociedad de la que no puede decirse que hubiera sido homogénea pero sí que era la menos desigual en la región (junto con Uruguay). 

Lo que no puede decirse es que todo ello derivó de la acción aislada de un presidente. En primer lugar, todo el justicialismo se abroqueló tras Carlos Menem luego de ganar la interna partidaria, con tal de terminar con la “anomalía” que representó el gobierno radical de Alfonsín y así se mantuvo, con honrosas excepciones, hasta el final de su mandato. En segundo lugar, si en 1989 pudo decir una cosa y luego hacer otra (“Si no, no habría ganado” dijo el propio Menem) en 1995 volvió a vencer por amplio margen cuando ya se había privatizado casi todo y realizado la apertura externa más intensa, el desempleo empezaba a trepar y la flexibilidad en materia laboral ya estaba instalada. 

El estallido de la convertibilidad, ocurrió dos años después, como una “vendetta” sobre el gobierno de la Alianza que había triunfado asegurando que se mantendría “un peso igual a un dólar”. 

JL

Recientes documentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran las pérdidas de puestos de trabajo tanto a escala mundial como en la región latinoamericana. Argentina no es una excepción en la materia. En lo que posiblemente el país se distingue es en el derrotero, en el recorrido.

En relación con América Latina, a lo largo del siglo XX la Argentina mostró que su mercado de trabajo absorbía su propia oferta aún con el incremento de las corrientes inmigratorias (de Europa, en las primeras décadas; de los países limítrofes desde los años cincuenta). Eso explicaba, en parte, que los ingresos laborales eran medianamente satisfactorios tanto para los nativos como para los inmigrantes. Los emigrados de Europa que cruzaron el Atlántico fueron quienes, un siglo atrás, acuñaron la expresión “venir a hacerse la América”.

Esa particularidad argentina, menos desigual que sus vecinos, fue haciéndose menos perceptible hacia finales del siglo XX, en verdad no tanto por la mejora socio económica de las sociedades hermanas sino por un estancamiento, sino un retroceso, de nuestro propio desempeño.

Mucho se ha dicho sobre el quiebre producido en diversos aspectos en la década de los años setenta. En lo que hace al trabajo y al empleo, es sabido que hasta comienzos de esa década la tendencia fue favorable a la participación salarial en el producto. Desde entonces, luego de una caída muy brusca (1975-1976) hubo un irregular proceso de recuperación sin llegar a los topes de comienzos de los años cincuenta o de los setenta.

El gráfico muestra la participación respecto del producto. Actualmente el INDEC hace las estimaciones respecto del VAB a precios básicos lo cual arroja porcentajes algo mayores. Con esta forma de medición se han alcanzado niveles en torno del 50% durante un lustro (2013-2017), es decir atravesando cambios políticos relevantes.

Como sabemos esa situación no se sostuvo, entre otras cosas, porque sus bases eran endebles. Estudios de la Universidad de Buenos Aires como de la Universidad Católica Argentina, por ejemplo, mostraron que transitamos períodos de ajuste neoliberal y otros de naturaleza aparentemente heterodoxa. Si bien uno u otro fueron producidos por la misma fuerza política, los resultados fueron sensiblemente distintos: tanto el empleo total, como los asalariados registrados, como los precarios se comportaron de modo muy diferente. Sin embargo, las bases de la configuración productiva no fueron alteradas, de modo que no se atemperó la concentración económica ni la dependencia de las importaciones para la producción industrial, para citar sólo dos aspectos. 

Sí cambiaron, para bien, ciertas instancias de redistribución de ingresos, favorecidas por excepcionales condiciones de las que se benefició toda América Latina. La enorme modificación en la demanda internacional de bienes primarios por la aparición de grandes demandantes (China e India, particularmente) hicieron posible que buena parte de los países latinoamericanos avanzaran fuertemente en dirección a bajar los niveles de pobreza y, en parte, de desigualdad. Los precios del petróleo, de la soja, del cobre, etcétera, crecieron de tal modo que los “términos de intercambio” (TI) cambiaron radicalmente. De haber sido un factor del retroceso regional durante la segunda mitad del siglo XX -como lo remarcaran Prebisch y la CEPAL- los TI se tornaron en la primera década del siglo XXI en una aparente panacea. 

Algunos países, como Bolivia, parecen haber actuado inteligentemente no dilapidando la nueva situación favorable. Ni Ecuador, ni Venezuela ni Argentina, por mencionar a algunos, supieron copiar la estrategia.

Dos aspectos se destacan en el caso argentino. Por un lado, somos el país que está en el podio de los más inestables o irregulares en materia de crecimiento económico. Computando los últimos setenta años, un año de cada tres tenemos una variación negativa del producto. Si nos ceñimos al siglo actual empeoramos, acercándonos al récord de casi uno de cada dos años en tal condición.

Una segunda particularidad es la declinación de la tasa de inversión en particular desde los setenta para acá. En el gráfico se ve claramente que la inversión creció hasta mediados de los setenta y luego tendió a disminuir de forma continua. 

En paralelo, también como proporción sobre el producto, el consumo fue declinante hasta los setenta y luego, llamativamente, tendió a recuperarse, aunque con fuerte descenso durante la crisis de 1998-2002.

La volatilidad en materia de crecimiento junto con la pérdida de relevancia de la inversión, han tenido fuerte incidencia en el permanente alejamiento de la media internacional de productividad y competitividad, lo que termina por impulsar mayores confrontaciones para disputar una “torta” limitada.

No hay acuerdo acerca de cuánto de todo esto es resultado y cuánto es motor de otro de los padecimientos de la economía local: Argentina es uno de los pocos países del mundo que persiste en convivir con un régimen inflacionario que erosiona todas las variables y propicia los peores comportamientos sociales. Es sabido que tal fenómeno inflacionario siempre perjudica principalmente al sector del trabajo. Sin embargo, llegamos al punto de carecer de moneda debido a la continuidad inflacionaria.

Lo dicho sugiere con claridad que la crisis actual no deriva sólo de los estragos causados por la pandemia. Ni tampoco sólo de la mala gestión de Cambiemos. Si hubiera, en los próximos meses, algún crecimiento económico este sería apenas una fracción de lo que hemos retrocedido al menos en el último lustro. Y eso quizás ni siquiera alcance para reponer en el mercado de trabajo los millones de puestos perdidos.

De donde se deduce que con lo importante que será dominar la pandemia, con ayuda de las vacunas y con el comportamiento de cuidado recíproco que nos debemos los ciudadanos, ese logro apenas nos pondría de frente a nuestra carencias y conflictos no resueltos. La envergadura de la tarea indica la necesidad de una concertación entre las fuerzas políticas, sociales y económicas que afirmando sus respectivas miradas e intereses reconozcan la virtud de consensos sustantivos.

JL