Cuando se habla de lo polifacético que era Benjamin Franklin, uno de los “padres fundadores” de los Estados Unidos, se suele venerar su faceta de inventor: creó el pararrayos y los lentes bifocales. Pero Franklin también inventó algo que usamos de manera muy naturalizada: la lista de pros y contras para tomar una decisión. Cuando su amigo inglés Priestley le pidió que le aconsejara si aceptaba o no un nuevo trabajo, él le contestó que en vez de decirle qué haría, le regalaría un método para que el decidiera. Y le propuso que agarre una hoja de papel, trace una línea en el medio y escriba en la columna de la izquierda por qué lo aceptaría, y del otro lado, por qué no. Después de varios días debía mirar esa hoja de papel con sus dos columnas y sopesar cuáles argumentos eran más significativos para él. Ocurrió en 1772 y es todavía un método tremendamente persuasivo para organizar la información que tenemos para tomar una decisión.

El Congreso de la Nación decidió esta semana volver a discutir un tema importante para la democracia argentina: el cambio de la forma de votar. Desde que comenzó a usarse en 1856 en Australia, la boleta única es el sistema más usado para votar en el mundo. En nuestro país, hay experiencias de boleta única desde 2011 (en Santa Fe y luego Córdoba por ejemplo) y análisis rigurosos de su impacto.

La principal ventaja de la boleta única nace de la pregunta central que nos tenemos que hacer ante una reforma: ¿qué busca solucionar? La boleta única les asegura a los votantes que al momento de votar puedan tener todas las opciones a su disposición y que eso no dependa de la capacidad logística o de los recursos de los partidos para que esa opción esté en el cuarto oscuro. Un votante tiene el mismo derecho de elegir libremente quién quiere que sea su próximo presidente esté dentro de un cuarto oscuro en Trelew, González Catán o Palermo. El sistema actual no lo garantiza y eso viene a solucionar la boleta única y por eso es el método más utilizado en las democracias. Le quita a las agrupaciones políticas esa responsabilidad y se la otorga al Estado. Algunos sostienen que “son pocos” los votantes a los que les ocurre esto y que el problema “no es significativo para cambiar el resultado de la elección”. Es difícil medir el robo de boletas pero afortunadamente es cierto que no hay evidencia de que su magnitud altere el resultado final. Ahora, en un sistema democrático y republicano, ¿garantizar la igualdad es una cuestión de cantidad o un imperativo? Si el nuevo sistema lo garantiza y el anterior no, ¿por qué nos opondríamos al cambio?

Además, la boleta única no solo garantiza la igualdad de condiciones entre los votantes, no importa dónde vivan ni a quién voten; también garantiza la igualdad entre las agrupaciones políticas. Vale para un partido chico o grande. Si pasó todos los requisitos para presentarse a la elección, está en la misma condición que cualquier otro partido o alianza de estar ahí, esperando ser votado.

Este argumento sobre la igualdad de condiciones es su ventaja central pero la boleta única también tiene otras tres ventajas adicionales relevantes: es un sistema mucho más económico, es más sustentable con el ambiente y le quita privilegios a unos pocos que hacen negocios con la impresión de boletas.

¿Qué hay en la lista de Franklin en la columna de los contras de la boleta única? La mayoría de las desventajas que se aducen se refieren a desafíos de la implementación. Por ejemplo, que el tamaño de la boleta sería muy grande o que por la falta de conocimiento del sistema en el debut, algunos votantes podrían anular su voto de manera involuntaria o que el escrutinio sería algo más lento que con un sistema que hace décadas es el mismo y todos conocemos de memoria. Sí, es cierto. Son riesgos ante cualquier cambio y hay que mitigarlos. Siempre hay desafíos de implementación. Si más de 180 países pudieron implementar algún tipo de boleta única, los argentinos deberíamos poder hacerlo también, más allá de todas las excepcionalidades de nuestro sistema político. El desafío es importante pero lo que seguro no podemos hacer es eliminar la transición. De lo contrario, nunca cambiaríamos ni mejoraríamos nada. ¿Son estos desafíos más importantes que garantizar el derecho a elegir y ser elegido?

Me atrevo a decir que la única desventaja sustantiva de la boleta única que he escuchado estos días es acerca de cómo impactaría la disminución del efecto arrastre en nuestro sistema político. El argumento para rechazar la boleta única sería que la boleta partidaria (es decir la que usamos hoy) hace más difícil para el votante elegir a una agrupación para la Presidencia y a otra para el Congreso (porque requiere que “corte la boleta”) y eso le da a los presidentes mayorías legislativas más robustas. Efectivamente cómo se diseñe el instrumento de votación tiene impactos y por eso se busca que el diseño minimice los sesgos del instrumento. La boleta única con la opción de “lista completa” como se usa en Córdoba y se propone en varios proyectos de ley facilitaría la elección de la misma agrupación política para todos los cargos en juego. Eso aseguraría mantener ese efecto, haciendo palpable para el votante su decisión de votar la lista completa. Es probable que aún así “se pierda” algo del efecto arrastre de aquellos votantes que en el sistema actual ponen la boleta entera en el sobre de manera automática, sin tomarse el trabajo de cortarla.

¿Pero es eso lo que querríamos? ¿Votantes cautivos de los partidos? No se me ocurre una peor forma de buscar fortalecerlos. El cambio en la forma de votar nos da una oportunidad de subirle la vara a la democracia argentina, de hacer una mejora sustantiva en un contexto de profunda desesperanza. No deberíamos desaprovecharla, y mucho menos lo debería hacer un gobierno que se autodefine como ampliador de derechos. En esta reforma electoral tiene una clara manera de demostrarlo.

CC

El pasado domingo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador hizo uso de un mecanismo poco común: el referéndum revocatorio, una herramienta diseñada en realidad para las oposiciones, en la búsqueda de mostrar apoyo a su gestión. Sólo fue a las urnas el 18% de los mexicanos, muy lejos del mínimo del 40% exigido para que sea vinculante. Ese mismo día, a miles de kilómetros, en Chile, salió a la luz una encuesta que mostraba que en un mes la aprobación del presidente Gabriel Boric había caído 20 puntos y se instaló la discusión acerca de cuánto durará su luna de miel, esos primeros meses del mandato presidencial en el que un presidente goza de importante apoyo para poner en marcha las prioridades más audaces de su gestión. 

Estos dos fenómenos políticos, más allá de los contrastes entre dos países muy diferentes, tienen algo en común. Muestran la dificultad de mantener las expectativas ciudadanas y la necesidad de reforzar el mandato de las urnas. Y no son casos aislados. El uso del referéndum en México forma parte de una tendencia creciente a recurrir a los plebiscitos para revalidar el apoyo popular. También hace pocas semanas el presidente de Uruguay se tuvo que someter al difícil test, y salió airoso, de revalidar su ambicioso paquete de reformas en un referéndum impulsado por la oposición. 

Nunca antes fueron tan bajos los niveles de satisfacción con la democracia. América Latina es la región con mayores niveles de insatisfacción. Los estudios comparados muestran que esa insatisfacción refleja las frustraciones ciudadanas ante las dificultades de la política para lograr cambios sustantivos. Transformar es cada vez más difícil y requiere un fuerte mandato popular. Varios factores contribuyen a esta situación. Las demandas de la sociedad son cada vez más exigentes y fragmentadas y las expectativas de tiempos más vertiginosas. A su vez, los problemas a resolver son cada vez más difíciles y los márgenes de maniobra se achican. Surge entonces un enorme desafío de plasticidad de las dirigencias: estamos ante un proceso de adaptación a nuevas demandas y de diferente tipo. “Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor”, cantaba Fito Páez a fines del siglo pasado cuando despuntaba la disrupción tecnológica y el diálogo desorganizado en las redes sociales.

Frente a esta química inestable, aparecen los atajos. El uso creciente de referendos o revocatorias de mandatos para revalidar el apoyo popular puede ser interpretado en esta clave. Un atajo frecuente es ponerle parches a los problemas en lugar de encarar reformas estructurales. El sistema previsional suele ser blanco paradigmático de atajos. El atajo quizás más extendido es el crecimiento de los discursos anti política: el pensamiento mágico de que un líder que llega desde afuera va a poder dar respuesta a los problemas estructurales por el simple hecho de tener la voluntad de transformar. 

Estos atajos pueden resultar efectivos para atacar los síntomas pero débiles para afrontar las causas. Si la política no logra transformar, en el mediano plazo esa insatisfacción no cesa y se profundiza. 

En este contexto, el coronavirus trajo consecuencias inesperadas. Un reciente estudio del Centro para el Futuro de la Democracia de la Universidad de Cambridge, a partir de compilar encuestas de opinión pública en 27 países, llegó a una conclusión contraintuitiva: la pandemia puso un freno al auge de los populismos. Lo hizo de distintas maneras en diferentes países: disminuyó el apoyo a partidos y líderes populistas (sobre todo aquellos en el gobierno) y mermó el acuerdo de las personas con actitudes populistas (como creer en la existencia de una voluntad del pueblo opuesta a una élite corrupta). Aunque no necesariamente ese freno se mantenga en el tiempo, el coronavirus mostró que dar respuesta a problemas tan complejos requiere no solo de la voluntad sino de gobernar a partir de la evidencia, gestionar de manera coordinada, y ser sincero ante la complejidad con la que tenemos que lidiar. Pero también ese mismo estudio muestra que esta reconciliación de la sociedad con el buen gobierno convive con la tendencia preexistente de insatisfacción con la democracia, que continúa su curva descendente. Esa insatisfacción es más pronunciada entre los más jóvenes y la brecha generacional se amplió. 

Por ese delicado y fino hilo caminaremos en los próximos años. La tentación autocrática sería el peor atajo posible. Lo estamos viendo en muchas latitudes. En ese recorrido, los extremos serán fáciles atajos en lo inmediato pero se requerirá firmeza para afrontarlos y poner en marcha transformaciones duraderas. Y esa firmeza será aún más necesaria en nuestro país, frente a la frustración que provoca el profundo deterioro económico y con el sentimiento anti política en alza. El desafío reside en erigir una visión de futuro que logre conectar con las demandas atomizadas que circulan en la sociedad y señalice un punto de llegada, deseable pero realista. Sin solemnidad ni estridencias. Y sobre todo, mostrando en la práctica la audacia de transformar, con toda la complejidad que conlleva y con toda la ilusión que carga.

JP

Los seres humanos somos animales contadores de historias. Esa capacidad de narrar lo que ocurre a nuestro alrededor y a nosotros mismos es lo que nos diferencia del mundo animal. Lo sabe el teatro. La publicidad. Y, claro la política. Las historias que nos contamos nos dan identidad. También nos mueven a actuar. Sin narrativa, no hay acción colectiva. No vamos a la guerra. No pagamos impuestos. No nos levantamos todos los días para trabajar. Pero en el extremo opuesto, cuando la narrativa está muy disociada de la realidad, se convierte en relato. Se desvanece en el aire y nos quedamos pedaleando en el vacío. Es que detrás de una narrativa efectiva anida una estrategia que marca un horizonte concreto y alinea intereses de carne y hueso. 

Argentina, como otras naciones, tiene narrativas potentes que la moldean. Entre las más arraigadas está aquella que nos define como una sociedad con un impulso igualitario de bienestar social, con una expectativa fuerte en el rol del Estado como ordenador de la vida en sociedad. Es el imaginario de la Argentina de una clase media fuerte, resultado de la movilidad social ascendente. Varios estudios de opinión pública confirman que Argentina es uno de los países del continente donde las personas más acuerdan con que el gobierno debe reducir la desigualdad y gastar más en ayudar a los más desventajados. También hay indicios de este imaginario de clase media en la visión distorsionada que tenemos hoy de nuestra propia ubicación en el escalafón socioeconómico. Todos creemos ser de clase media. Es una narrativa muy valiosa: esa pulsión igualitaria explica que hayamos sido pioneros en universalizar la educación y garantizar su gratuidad. Que hayamos desarrollado amplios sistemas de protección social y otorgado un rol prominente a la organización sindical del trabajo. También es posible rastrear allí otros avances en ampliar derechos, como los de identidad sexual. 

Esta narrativa está hoy en jaque porque no somos una sociedad igualitaria si la mitad de los niños y niñas es pobre; si invertimos el 12% del PBI en el sistema previsional y la mitad de ese monto se destina a jubilaciones de privilegio o dobles beneficios. Si pasan los años y conviven brechas de desarrollo tan inmensas como las que separan a la Ciudad de Buenos Aires con La Banda. Y entonces llegó el coronavirus para decir: el Rey está desnudo. La distancia entre quienes pudieron mantenerse en pie y quienes están padeciendo día a día los impactos de la pandemia se volvió un abismo. 

En un contexto de fuertes expectativas sobre el rol del Estado, con la pandemia también emergieron otras contradicciones de nuestra narrativa Estado-céntrica: ¿cómo es posible que conviva con el desdén que tenemos por las burocracias? Es llamativo que a pesar de esa confianza en el rol estatal, no le logremos dar un estatus de legitimidad y prestigio. Muy lejos en el tiempo quedó la apuesta pionera alfonsinista por un cuerpo de administradores gubernamentales. Hoy combinamos un gasto público consolidado de más del 40% del PBI con un cuerpo de directivos públicos nacionales que en el 99% de los casos fue designado de modo discrecional, sin estabilidad en el cargo y teniendo que exceptuar a más del 70% de los requisitos que el procedimiento establece. Y este modus operandi resulta en una pirámide salarial achatada y demandándoles a profesionales –muchos de ellos muy formados y con una experiencia de gestión invalorable- que pongan su vocación pública a expensas de un prestigio y una estabilidad que ya no son tales. Es que creemos en el Estado pero no lo equipamos de herramientas para sofisticar su forma de intervención en la sociedad y la economía. Tampoco quienes piden achicar el gasto público demandan mayor  eficiencia o mayor calidad de los bienes públicos que provee. Simplemente reclaman gastar menos. Al final del día, ambos lados de la grieta convirtieron al Estado en un Estado salchicha: no queremos saber de qué está hecho. No nos importa cómo invertir en sistemas de información, cómo poner límites o acelerar el uso de la inteligencia artificial, o cómo innovar en los mecanismos de coordinación federal (casi idénticos por décadas). Y así, el Estado salchicha se erigió en una “política de estado” más allá de la polarización. El problema es que sin Estado eficaz, ni la mejor de las narrativas puede concretarse. 

La peor consecuencia de esta disociación entre la narrativa y la realidad es que para quienes se quedaron afuera (y están persistentemente afuera más allá de los vaivenes macroeconómicos), convertimos a una sociedad igualitaria en una sociedad de privilegiados. Estaríamos tapando el cielo con las manos si no nos preguntáramos cómo respondemos a quien hoy argumenta así, en lugar de tacharlo de anti-política. 

¿Cómo reinventamos narrativas que nos permitan proyectar una Argentina pujante y que a su vez preserven ese valioso impulso igualitario? ¿Cuál es la narrativa de crecimiento que permitirá aspirar a un nuevo ciclo de movilidad social ascendente? Preocuparnos por redefinir el papel del Estado en nuestro imaginario requiere otro movimiento en simultáneo: repensar el rol del sector privado en una estrategia de desarrollo. Si en Estados Unidos la economista Mariana Mazzucato desafió el imaginario de que Sillicon Valley es solo el resultado de jóvenes emprendedores brillantes en un garaje y rescató el papel crucial que tuvo la inversión pública –junto a la privada- en el desarrollo tecnológico reciente, en Argentina nuevas narrativas deben lograr el efecto contrario: instalar que la inversión privada es necesaria y promover así más sinergias de manera virtuosa con la inversión pública. Necesitamos estrategias de desarrollo que puedan hilar en el mismo imaginario a los unicornios tecnológicos y al CONICET. Los desarrollos durante la pandemia mostraron que la ciencia y la tecnología son quizás el mejor ámbito para empezar a redefinir el rol del Estado en las narrativas de Argentina. 

El coronavirus reinstaló en muchas latitudes viejos debates sobre la fisonomía del Estado y sus alcances en una sociedad digital, radicalmente distinta a la que los vio conformarse. En un contexto de crecimiento interrumpido tan prolongado, la tarea en Argentina es inmensa y es urgente. De lo contrario, la narrativa igualitaria se convertirá en relato.

JP

Ser oficialista genera una ventaja electoral sobre la oposición. Sucede en todas partes del mundo. Angela Merkel cumplió 15 años en su cargo de Primera Ministra de Alemania y se retirará en unos meses por la puerta grande de la historia como la “lideresa del mundo libre”. En Argentina, un gobernador que lleva más de 25 años en el poder, hoy es centro de la cobertura periodística por la violación de derechos en el combate a la pandemia. Más allá de la cantidad de años en el cargo, son dos casos difícilmente comparables: Merkel lidera una de las democracias más consolidadas y desarrolladas del mundo; Insfrán gobierna una de las provincias menos competitivas política y económicamente de Argentina. Es en estos contextos de baja competitividad donde los movimientos opositores encuentran más dificultades para conseguir apoyos y los oficialismos son más propensos a ampliar los límites de su poder. Reglas de juego que condicionan la competitividad electoral y un mercado económico débil se retroalimentan para dar lugar a dinámicas muy distintas a las que rigen en Alemania.

Angela Merkel gobierna un país parlamentarista por lo que no tiene asegurado ni un solo mandato completo. Comparte el poder con un jefe de Estado y cada día en el cargo requiere el voto de confianza del Parlamento alemán, en el que ningún partido tiene mayorías propias. En los sistemas presidencialistas, en cambio, el titular del poder ejecutivo tiene un mandato fijo independiente del poder legislativo y, mientras dura ese mandato, ostenta importantes atribuciones. Esas potestades le otorgan ventajas además de las que tiene cualquier líder, como la mayor atención mediática que recibe un gobernante frente a quien está en la oposición. 

Desde 1788 a la fecha, los presidentes que se presentaron a la reelección en el mundo ganaron el 70% de las más de 2000 elecciones que hubo. Ventajas de los oficialismos es el nombre técnico. El límite a la cantidad de mandatos es uno de los mecanismos más efectivos para atenuarlo. América Latina fue pionera en implementar estas restricciones. Como señaló el politólogo Javier Corrales, esta regla del siglo XIX es quizás la mayor contribución del constitucionalismo latinoamericano a la democracia liberal. Recién en 1951 Estados Unidos institucionalizaría la regla informal que creó George Washington al no buscar un tercer mandato sumándose a los pioneros latinoamericanos. 

Como ocurrió en otros países de la región, la doctrina latinoamericana empezó a debilitarse en las provincias argentinas desde 1983. Al regreso de la democracia ninguna de las provincias argentinas admitía la reelección inmediata. Desde entonces, muchas provincias introdujeron reformas que relajan ese límite para admitir una reelección consecutiva (hay mucha evidencia que muestra los beneficios de un segundo mandato). Otras introdujeron dos reelecciones o la reelección indefinida. Hoy tres provincias permiten la reelección indefinida, incluyendo Formosa. 

Cambiar las reglas de la competencia, como habilitar la propia reelección indefinida, no es la única estrategia de los oficialismos provinciales en nuestro país para acentuar sus capacidades de sostenerse elección tras elección. El uso estratégico del calendario electoral es otra facultad que otorga a los gobernadores una mayor ventaja por sobre sus competidores: la oposición enfrenta cada año electoral con mayor incertidumbre, mientras que los oficialismos definen si despegar o no la elección provincial de la nacional según qué opción mejora sus chances de ganar. A esto se suma el mayor acceso a financiamiento o el acceso a recursos públicos para difundir mensajes de campaña por parte de los oficialismos.  

Un estudio pionero de CIPPEC, de Luis Schiumerini y María Page, mostró que la ventaja de los gobernadores desde 1983 es significativa: la proporción de victorias oficialistas nunca fue inferior al 70%. En seis provincias no hay alternancia desde 1983 (Formosa, La Pampa, La Rioja, Neuquén, San Luis y Santa Cruz). Las largas estadías en el cargo vuelven los círculos de confianza y de toma de decisión cada vez más estrechos. Un estudio inédito de CIPPEC de Belén Abdala y Santiago Lacroix sobre las elecciones en el conurbano bonaerense muestra que cuantos más años un intendente está en el cargo, más probable es que familiares suyos ocupen un lugar expectable en las listas de candidaturas. Mientras que la alternancia contribuye a la renovación y oxigenación del sistema, la permanencia en el cargo achica la mesa en la que se toman las decisiones. 

La falta de alternancia se vuelve un problema relevante cuando las elecciones dejan de ser competitivas y aquí las diferencias entre algunas provincias argentinas y Alemania vuelven a aparecer. En 2019, los partidos oficialistas en Argentina ganaron en 18 de los 22 distritos que celebraron elecciones. En 10 provincias, los gobernadores fueron reelectos con un promedio de 23 puntos porcentuales por encima de los candidatos que quedaron en el segundo lugar. En Formosa, el actual gobernador obtuvo más del 50% de los votos en sus primeras dos victorias electorales. Desde 2003 nunca ganó con menos del 70% de los votos. En Alemania, la Unión Demócrata Cristiana de Merkel obtuvo, entre 2005 y 2017,  en promedio el 36% de los votos y con estos números, se vio en la necesidad de construir coaliciones que pudieran sostenerla en cada mandato.

Un mercado político sin competencia se retroalimenta con un mercado económico y un entramado social también muy débil, un condimento clave en las amplias ventajas de los oficialismos. La tasa de actividad de Formosa es de las más bajas de los aglomerados urbanos del país (algo superior al 30%) y al igual que otras provincias del Norte tiene un entramado productivo muy poco denso y diversificado. En este contexto se entiende más por qué junto a la reelección indefinida, el factor más claramente asociado a las ventajas de los oficialismos es la proporción de empleo público. En Formosa representan el 70% de los empleos. 

Cuando las elecciones se definen por amplios márgenes, con frecuencia el oficialismo obtiene también el control de la legislatura y, con ello, además, la capacidad de remover y designar jueces sin necesidad de recurrir al acuerdo de la oposición. La oposición se va debilitando y se erosiona el sistema de pesos y contrapesos, y con ello, las elecciones como mecanismo de rendición de cuentas. Economías poco desarrolladas, dependientes del empleo público, son menos propensas a desafiar de manera creíble a los oficialismos. La falta de competitividad política y económica compromete el buen funcionamiento de las instituciones democráticas. 

El aniversario de la pandemia, que se acerca, nos sirve de excusa para preguntarnos qué transformaciones se aceleraron o se modificaron desde la irrupción del coronavirus en nuestras vidas. Algunas ya están muy claras: creció la penetración del comercio electrónico y del teletrabajo. Otras no son tan nítidas porque su impacto es menos inmediato, como la tendencia a abandonar las megaurbes y vivir en ciudades medianas. Y otras siguen siendo una incógnita: ¿cómo cambiará la forma en que hacemos política?

No parece haberse modificado la manera en que protestamos. Salir a la calle sigue siendo el sinónimo de reclamar, aunque cada vez más lo combinamos con el espacio público virtual. También sabemos que los más de 80 países que celebraron elecciones nacionales o referéndums desde que vivimos en pandemia lo hicieron con pocas innovaciones: básicamente el sufragio sigue siendo presencial. Pero hay cambios que están ocurriendo de manera más silenciosa. El más interesante es acerca del rol de los liderazgos. Cuando comenzó la pandemia, la jerarquización de la política fue clave y en todo el mundo los líderes oficialistas fortalecieron su autoridad. Un año después, el lento proceso de producción masiva de la vacuna, y el alto costo económico, en vidas y en derechos de las estrategias de control del Covid-19 aumentó en muchas latitudes expectativas y demandas, y también frustración.

En el año 2 de la pandemia, los dirigentes se enfrentan con tareas aún más difíciles que en el primero. Necesitamos que coordinen globalmente estrategias hacia la industria farmacéutica, que logren combinar los incentivos fiscales y monetarios adecuados para recuperar la economía y, como si fuera poco, direccionar las tendencias que sabemos que están ocurriendo (como el auge del teletrabajo o la crisis de las pymes) hacia transformaciones que traigan prosperidad y reduzcan desigualdad. Es cierto, no es una prueba fácil.

En Argentina, la pandemia nos encontró tras más de una década sin crecer, con la mitad de nuestra población en la pobreza y con dificultades para operar transformaciones. El coronavirus empeoró el panorama y no nos permitió aún debatir cuáles transformaciones haremos ni poner esos cimientos. ¿Una reforma al sistema de salud o al de educación? ¿Una estrategia distinta de desarrollo productivo? ¿Cuál es la narrativa que nos llevará a un futuro deseable? Estamos a la espera. En pausa.

Y por eso resulta desalentador encontrarnos debatiendo la suspensión de las PASO con el reloj del calendario electoral ya corriendo. No estamos discutiendo qué transformaciones requiere la política o cómo se anticipa a los cambios que están operando en la sociedad. Si fuera así, estaríamos pensando, por ejemplo, cómo aprovechamos la aceleración digital para que los partidos políticos innoven en su diálogo con la ciudadanía y se fortalezcan. Suspender las PASO contrasta además con el hecho de que la Argentina, en los últimos 15 años, logró innovar en sus instituciones electorales. A lo largo de estos años, distintos oficialismos impulsaron nuevas reglas electorales a través de amplias mayorías en el Congreso y las implementaron. Fueron varias las innovaciones, desde la reforma de 2009 que introdujo las PASO y el sistema de distribución equitativa de publicidad electoral. Bajamos la edad de votar a los 16 años, un cambio que varios países están analizando por su potencial para aumentar la participación electoral de los jóvenes y para crear el hábito de votar en la vida adulta. Varias provincias abandonaron el inequitativo sistema de boletas partidarias y adoptaron algún sistema de boleta única. La provincia de Buenos Aires le puso fin a la reelección indefinida. La paridad en las listas legislativas en 2017 fue otro hito importante. Más recientemente, en 2019 logramos eliminar algo tan obsoleto y peligroso como permitir que una campaña electoral pueda ser financiada 100% en efectivo.

No todas las reformas produjeron todos los resultados esperados -casi ninguna reforma lo logra de entrada - y varias son perfectibles, entre ellas también las PASO. Pero la propuesta de suspenderlas o de dar un paso atrás e ir hacia un sistema de lemas sería un retroceso en la calidad institucional. Más de la mitad de las provincias alguna vez usaron ese sistema, por lo que tenemos sobrada evidencia de los impactos negativos de implementarlo en un sistema político como el argentino, con fuertes ventajas de los oficialismos y una profusa oferta electoral (es decir, muchas alianzas o partidos, frecuentemente con nombres pocos reconocibles en el cuarto oscuro). Corolario: el electorado no sabe a quién vota, las facciones dentro de los partidos ganan y la eventual percepción de que el resultado electoral fue distorsionado (porque puede no resultar electo el candidato más votado) siembra apatía y erosiona legitimidad. Por esto, hace casi dos décadas que el sistema de lemas empezó a ser reemplazado por las PASO. Ahora desandaríamos el camino, ¿para qué? ¿Qué buscaríamos solucionar? Las PASO tuvieron un nítido impacto en ordenar la oferta electoral y ayudar a estabilizar la competencia al interior de las alianzas. En varios distritos incentivaron la renovación generacional, objetivo que comparte el límite a la reelección indefinida, reforma de la que también se debate su vuelta atrás. Las PASO no obstante tienen un déficit: la escasa competencia interna. Varios incentivos podrían introducirse para promoverla: institucionalizar las alianzas (hoy son solo mecanismos electorales temporarios), quitar al vicepresidente de la fórmula ejecutiva o garantizar proporcionalidad entre las listas internas. Pero si el fin último de abandonar las PASO es epidemiológico, las decenas de países que organizaron elecciones desde que se declaró la pandemia nos brindan una batería de medidas y adaptaciones al proceso electoral para resguardar la situación sanitaria. También la pandemia podría ser una oportunidad para introducir la boleta única, más segura en términos sanitarios que la boleta partidaria, más allá de las ventajas que ya sabemos que tiene este instrumento de sufragio.

Finalmente, poner en suspenso el calendario electoral habiendo ya comenzado agrega otra variable a la ecuación que no podemos desconocer. Genera incertidumbre en la dirigencia política (inequitativa para quienes están en minoría), desvía el foco de atención para quienes están abocados a la compleja tarea de administrar los comicios en este contexto adverso y puede producir desconfianza en la ciudadanía, un bien escaso en estas épocas y en cualquier latitud.

La pandemia y sus efectos nos obligan a imaginar e implementar transformaciones. Un escenario nuevo e inédito necesita de soluciones nuevas e inéditas, aún con el riesgo de equivocarnos. Buscarlas en el pasado y con fórmulas que implican retrocesos nos revelaría un aspecto más preocupante a largo plazo, las resistencias para promover transformaciones. Es ésa la prueba más difícil de los liderazgos.