En la actualidad los países ricos no son aquellos que cuentan con abundantes recursos naturales y los venden como materias primas. Los países que generan empleos calificados, que amplían sus exportaciones y que generan riqueza son aquellos cuyas economías tienen al conocimiento como principal motor de desarrollo. La Argentina tiene en sus universidades y en sus instituciones de ciencia y tecnología una sólida base material e intelectual para potenciar las actividades de investigación y desarrollo. Sin embargo, necesita articular distintas piezas y actores para que estos resultados científicos transformen y potencien la producción y puedan atender las necesidades sociales. En efecto, se trata de construir puentes entre la generación de conocimiento y su aplicación efectiva.

La Agencia I+D+i evalúa proyectos y otorga subsidios que apoyan, organizan y orientan las tareas de más de 25.000 investigadores y 6.000 empresas innovadoras. Más de 7.800 proyectos forman parte de los registros activos en la Agencia. Cada uno de estos proyectos tiene el potencial de contribuir a un cambio en la matriz productiva y la inclusión socioeconómica. En las últimas semanas se difundieron los resultados de la última gran convocatoria para asignar nuevos apoyos a proyectos de investigación en ciencia y tecnología (PICT). Se otorgaron 1.523 subsidios, lo cual representa un incremento del 14% en relación al año 2020, y cada uno de estos subsidios recibió un refuerzo del 25% adicional al compromiso asumido al momento del llamado. En más de 74 instituciones de todo el país se pondrán en marcha nuevas iniciativas y se formarán nuevos científicos y científicas gracias a estos fondos. 

De esta manera, en la Argentina estamos reconstruyendo las bases de la promoción en ciencia, tecnología e innovación y consolidando un nuevo rumbo donde el Estado nacional le brinda respaldo y protagonismo a la ciencia y la tecnología hecha en el país. Es un paso necesario que consolida el giro de 180 grados respecto a los recortes, destratos y retrocesos del anterior gobierno.

El financiamiento plurianual para ciencia, tecnología e innovación se convirtió en ley y brinda un horizonte previsible para la próxima década porque considera un incremento gradual de los fondos para los organismos públicos de ciencia y tecnología a fin de multiplicar por cuatro la importancia de esta agenda en el presupuesto nacional en el año 2032. Así, llegaremos a una inversión pública en el área equivalente al 1% del PBI en diez años. Además, la ley prevé que en caso de una retracción del PBI la inversión en ciencia y tecnología no puede ser una variable de ajuste, considerando que sus acciones y capacidades requieren de tiempo para fortalecerse, pero se pierden rápidamente si el apoyo se interrumpe. Por ejemplo, en un mundo donde todas las economías buscan contar con más científicos y especialistas en tecnología, la interrupción en las becas o en el financiamiento de los proyectos estimula la fuga de cerebros hacia los países centrales. 

Esta iniciativa fue uno de los principales puntos de la plataforma electoral junto con la restitución del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hace años que se viene impulsando contar con una regla institucional para definir el presupuesto en CyT y que tenga un horizonte de mediano y largo plazo. Durante el gobierno anterior se bloqueó su tratamiento en Diputados. 

La promulgación por parte del presidente Alberto Fernández confirma que el Estado recupera un rumbo, construido en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y que se había perdido durante el mandato que terminó en 2019. 

Esperemos que este consenso, materializado en esta ley, asegure un apoyo creciente y definitivo al desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Argentina.

 El autor es presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i)