En una entrevista con Tomas Rebord, el humorista Guille Aquino comenta que, cuando se encuentra a trabajar con su equipo, conversan sobre cuestiones que los angustian, a veces lloran. De ahí, salen los mejores chistes.

Desde hace más de cincuenta años, las viñetas de humor gráfico retratan nuestra desazón y perplejidad ante la inflación. Corre 1975 y un almacenero le anuncia a su clienta que le debe 1300 pesos. –“¿necesita que le envíe un cadete?”- pregunta. La señora resignada le contesta que no, que no es necesario: le alcanza una sola mano para llevar todo lo que acaba de comprar. Llegados a 1981, dos amigos conversan. “’¡Qué curioso!”- dice uno- “A medida que el dinero pierde valor, la gente tiene que armarse de coraje”. Poquito después, en 1982, un deudor se acerca a un mostrador con una pila infinita de billetes. El empleado bancario lo previene: “Lo siento. No creo que le alcance para pagar la cuota de su departamento”.

Y es que, aunque los billetes abundan, la gente está cada vez más desconcertada. En noviembre de 1985, una señora le pide un kilo de lomo al carnicero. “¿Lomo oficial o paralelo?” le pregunta el comerciante. Con tipos de cambio desdoblados o mercados negros, la confusión va en aumento. En 1989, una persona vacila: “¿Qué subió más? ¿La carne o el dólar?” Su interlocutor responde: “No sé... en casa esas cosas no se conocen”.

La inflación es una experiencia ecuménica que alcanza ya a varias generaciones de argentinos. Con la socióloga Claudia Daniel, un grupo generoso de estudiantes y los auspicios de la Agencia I + D + i, nos dedicamos a rastrear en la prensa gráfica la manera en que, desde hace décadas, la sociedad ha dejado pequeñas huellas de su experiencia ante la inflación. En años distantes en el tiempo, los argentinos podemos reconocernos ante la estampida de los precios, la pérdida del sentido de las equivalencias, el acarreo de billetes de valor irrisorio, la necesidad de postergar o cancelar varios gastos. Intuimos o sabemos que muchos de nuestros contemporáneos se enfrentan a dolorosas privaciones.

Estos momentos aciagos nos ofrecen una contrapartida: el singular privilegio de amonestar a las autoridades. Y, al hacerlo, de desestimar su capacidad para ayudarnos.

Un niño repasa, en septiembre de 1981, las conjugaciones de los verbos: “Yo aumento, tu aumentas, él aumenta”. El maestro le explica al padre que los observa: “De aquí van a salir los futuros gobernantes del país”. Un año más tarde, la Argentina se ubica como el país con mayores niveles de inflación del mundo. La historieta Pérez-Man subraya que somos “campeones mundiales” en incremento de precios y destaca “la excelencia de los directores técnicos” que han conducido al país a este dudoso podio.

Y es que esa incapacidad para protegernos se corresponde a su vez con un descrédito profundo por aquello que nos dicen. Ya a mediados de los setenta, un señor escucha en la radio: “No se modificará el precio de la nafta, dijo el ministro”. Se apresta entonces a salir inmediatamente a llenar el tanque. Hay tal vez en el pasado, mayor indulgencia frente a las autoridades. En un chiste de 1978, un empleado indica a un señor enojado que se ponga en la cola “para polemizar con Juan Alemann”. El 1 de enero de 1985, un personaje le escribe con premura una carta a los reyes: “Como todos los años -redacta- les dejo mis zapatitos junto con mi pedido: Reduzcan la inflación al 10% anual. Gracias. PD: ¿No son magos acaso?” Pero claro, a los magos a veces los trucos les salen mal. En noviembre de 1985, la caricatura de un apesadumbrado Juan Vital Sourrouille sostiene una bomba a punto de estallar. La bomba se llama Plan Austral.

No faltaron claro momentos de eufórica calma en esta larga lucha contra la inflación. Paradójicamente, el humor gráfico parece haber sido menos triunfalista que las autoridades. Cuando los ministros económicos de la posguerra lograban jalar la palanca correcta y detener la estampida, los personajes de las tiras diarias les recordaban que la estabilidad muchas veces se asentaba sobre el sacrificio de las mayorías. Desde 1975, con una inflación que trepó y se instaló en los tres dígitos, la tarea de estabilizar se hizo más difícil. Pero incluso entonces logró producirse el milagro. La Argentina consiguió pasar de casi 700% de inflación anual en 1985 a 90% al año siguiente, de 2300% en 1990 a menos del 25% en 1992; de 25% en 2002 al 6% en 2004. Los mismos termómetros que anunciaban el abismo -las estadísticas económicas y electorales-, señalaron en esos casos la maravilla. Los presidentes elegidos en democracia y capaces de doblegar la inflación gozaron, al menos por varios meses, de un respaldo casi unánime y, en el caso de Carlos Menem y Néstor Kirchner, de una suerte de cheque en blanco que le extendieron los medios de comunicación, los dirigentes empresarios y sindicales, los otros poderes del Estado.

Muchos creen hoy que, con un nuevo gobierno, una voluntad férrea y una creatividad técnica que lo habilite, el milagro puede volver a producirse. También aquí la historia y el humor gráfico tienen algunas experiencias que recordar. Los deseos de corte drástico y mano dura tienen muy poco de originales. La búsqueda desesperada de un conductor primero y de un buen piloto de tormenta después es una constante de la cultura política argentina. De Uriburu a Perón, de Perón a Frondizi, de Frondizi a Onganía, de Onganía otra vez a Perón y de él a Videla, se fueron renovando intactas las esperanzas de que una personalidad providencial sea capaz de ordenar al país y eliminar sus fracturas. Fastidiada por el bloqueo, la sociedad argentina llegó a admitir el uso creciente de la violencia. Nadie podría endilgarle a Videla tibieza en su voluntad de reprimir sindicatos y reducir salarios. Vale recordar que su ferocidad tampoco alcanzó. Toda esa sangre derramada, todo ese descalabro en la industria y las finanzas para que, en 1980 (el mejor momento del plan económico según sus defensores) la inflación anual apenas lograra bajar al 100%.

 Si la violencia nunca es suficiente, pareciera que tampoco lo es una costumbre legada por la dictadura: la capitulación de las coaliciones partidarias a consensuar un programa económico y su preferencia por delegar el contenido de decisiones cruciales en superministros. Aún antes de adoptar peinados extravagantes y retórica virulenta, la intervención tecnocrática no escatimaba desmesuras. Un chiste de octubre de 1978, poco antes del lanzamiento de la tablita cambiaria, reproduce un diálogo entre dos personajes: “¿Sabe qué se me ha ocurrido Sherlock? Que los OVNI son los causantes de la inflación” El otro lo observa y le responde: “La idea es descabellada, Wattson, pero por las dudas paténtela antes de comentarla en el Ministerio de Economía.”

Y es que, en pos de doblegar la inflación o sostener la estabilidad, las autoridades argentinas no solo ensayaron la tablita cambiaria y una reforma financiera y comercial de consecuencias imprevistas, apelaron luego a varias semi-confiscaciones bancarias, instituyeron por ley del Congreso la paridad fija entre el dólar y la moneda nacional, habilitaron la existencia de múltiples signos monetarios provinciales, decretaron el déficit cero... La propuesta de dolarización es una receta extrema más, que evidencia la desconfianza de muchos argentinos frente a sus representantes. Tampoco aquí hay novedad. Pueden situarse en esta estela los delirios de establecer una banca off-shore, de pagar la deuda externa cediendo territorio nacional o de delegar en autoridades europeas la gestión del Banco Central argentino. Como nuestra comunidad política no parece capaz de producir sensatez, ¡importémosla!

Ni en los experimentos estrambóticos, ni en los planes de estabilización convencionales, ni en la espiral inflacionaria, los argentinos están igualmente expuestos al riesgo y la caída. Como lo saben bien los humoristas, algunos aprendieron a salir ganando. En 1982, un señor le comenta a otro “¡Y seguramente nadie piensa en que hay esforzados sectores de la sociedad que nunca, nunca se van de vacaciones!” El otro responde: “Los remarcadores de precios, por ejemplo”. Ellos claro y todos aquellos que, por su posición en el mercado, pueden poner condiciones mientras otros las padecen. La idea de una tira de septiembre de 1985 se repite una y otra vez. En ella, una liebre y una tortuga corren una carrera. La libre lleva en su pechera un cartel que dice precios, la tortuga, claro, avanza lenta y laboriosamente como los salarios.

Compasivas, inteligentes, renuentes a las soluciones milagrosas, las tiras que publicaron Carlos Basurto, Alberto Bróccoli, Crist, Jerry Marcus, Meléndez, Landrú, Bob Weber en Clarín y La Nación, me recuerdan las primeras estrofas de una canción de Luis Alberto Spinetta y Los Socios del Desierto: “Alguien debió conservar y cuidar con amor ese jardín de gente. Eso es lo que nunca será. Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente. Algún recuerdo en tu alma tendrás”.

 De todos estos chistes, hay uno de José Miguel de Heredia de marzo de 1982 que me resulta especialmente triste. Un personaje (un perro de hecho) va al médico y le relata sus males: “Me han despedido del empleo. No puedo expresar mis ideas. La inflación no baja. Los teléfonos no funcionan. La televisión es mala. Los precios suben. Los impuestos me abruman”. El médico circunspecto le responde: “Lo siento, amigo. La que yo trato es otra clase de impotencia”.

MH

Empecemos por un poco de historia. Fue la Cuarta Conferencia sobre la Mujer organizada por las Naciones Unidas en 1995 en Pekín la que contribuyó a popularizar la noción de “feminización de la pobreza”. Se atribuye su origen a un libro de Diane Pearce, publicado en 1978 y que, gracias a los documentos y políticas de los organismos internacionales, se generalizó en los diagnósticos y políticas públicas adoptados en América latina desde los años 1990. Mucho más tarde, la preocupación por la concentración del capital se acompañó de la denuncia de la afinidad entre neoliberalismo y patriarcado, enfatizando la “masculinización de la riqueza”.

Tenemos desde el jueves a la tarde los datos del INDEC y, aunque eran previsibles, no dejan de ser preocupantes. El informe presenta el estado de la pobreza y la indigencia, para el segundo semestre de 2022, en los principales 31 aglomerados urbanos del país. La euforia pos-pandémica, si la hubo, quedó atrás. Podíamos ilusionarnos en 2021 cuando el país no sólo volvió a crecer un 10% anual (luego de una caída casi equivalente el año anterior), sino que logró, al mismo tiempo, mejorar la situación de muchos argentinos. El sostén de la actividad en 2022 reveló, no obstante, que el crecimiento no alcanza para reducir el número de personas que enfrentan privaciones. Incluso cuando el país creció un 5% el año pasado, hacia el segundo semestre, los hogares y personas pobres volvieron a incrementarse. Con una economía que se desacelera y arcas públicas que se ajustan, todo lleva a augurar que difícilmente en 2023 la situación pueda revertirse.

Las cifras cobran sentido cuando se las mira de cerca. La magnitud es la primera señal de alarma. Según el informe, el 29% de los hogares y el 39% de las personas relevadas por el INDEC eran, a finales de 2022, pobres. Nada menos que 11 millones de seres humanos que no lograban alcanzar ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de bienes y servicios que les garantizaran umbrales mínimos de supervivencia. Como ocurre desde hace décadas, sabemos que la incidencia de la pobreza alcanza a todas las regiones del país, pero suele ser más alta en el Norte que en el Centro y en la Patagonia. Como ocurre también desde hace tiempo, no todas las personas están igualmente representadas en el universo de la pobreza. Si se mira a los niños (de 0 a 14 años), más de uno de dos son pobres, mientras que en el caso de los adultos mayores de 65 años, apenas el 14% pertenece al universo de la pobreza. La proporción de pobres disminuye con el aumento de la edad y la capacidad de conquistar cierta autonomía económica. Muchos sospecharán que esto se debe a la mayor tasa de fecundidad de los pobres, pero también aquí el informe presenta información a destacar. Aunque las familias de sectores populares sigan siendo un poco más numerosas (y por ello enfrenten mayores gastos), también se redujeron. El tamaño promedio de los hogares pobres e indigentes no alcanzaba, en 2022 según el INDEC, los 4 miembros.

Si la singularidad de la pobreza infantil es innegable y hace que los niños sean más numerosos entre los pobres (32%) que en la población total (23%), ¿qué ocurre con las mujeres? ¿Podemos hablar de una feminización de la pobreza y una masculinización de la riqueza? Nada dice sobre eso el informe del INDEC, pero es posible aportar algunos indicios y extraer algunas conclusiones.  

Si bien estos términos ofrecen una fórmula concisa que conjuga sensibilidad social y de género, a la hora de los análisis su polivalencia genera algunos problemas. Por un lado, remiten a la vez a un hecho consumado y a una tendencia. A la hora de analizar la distribución diferencial por género, ¿existen más mujeres que varones entre los pobres? Sería una primera pregunta. Y la segunda: ¿estas tendencias se fueron reforzando con el tiempo? A priori, la sobrerrepresentación de las mujeres entre los pobres o de los varones en los estratos socioeconómicos más altos no estaría tan clara: mientras la población argentina está compuesta por 48% de varones y 51% de mujeres, las personas pobres y las más ricas reflejan casi la misma proporción. La evaluación de las tendencias también es compleja. Aunque desde los años 1970 las desigualdades de género se atenuaron, esto no impide constatar que las mujeres siguen siendo más numerosas entre las desalentadas o que no buscan activamente trabajo, que de hacerlo suelen estar proporcionalmente más desempleadas, que si logran ocuparse, lo hacen de manera más precaria, en jornadas a tiempo parcial o en la actividades peor recompensadas. ¿Por qué entonces es tan difícil cuantificar la afinidad entre género y estrato socioeconómico?

La cuestión se explica, en gran medida, porque las nociones de feminización y masculinización refieren a atributos individuales y las condiciones y oportunidades de vida de las personas no dependen solo de ellas sino de los hogares en los que residen. Si bien han aumentado mucho, en la Argentina, menos de 1 de cada 4 hogares está compuesto por una única persona. La abrumadora mayoría de los argentinos no se vale solo de sí mismo, sino que depende, y así se construyen las categorías del INDEC, de la cantidad de miembros de su hogar y de la suma y aporte de quienes de entre ellos perciben ingresos.

Por eso, el género no tiene el mismo peso en distintos hogares ni en distintos estratos de la sociedad. Si la pregunta es por las condiciones de vida de los argentinos, la mayor fragilidad se concentra en los hogares en los que las mujeres son las únicas o principales proveedoras de ingresos y la mayor riqueza se observa en aquellos donde los varones son particularmente prósperos. Podemos responder positivamente a la pregunta del título si nos concentramos en los polos. Por un lado, dos investigadores sostienen que puede hablarse de cierta feminización de la pobreza en la Argentina en la medida en que aumentaron los hogares encabezados por mujeres y aumentaron los pobres que residen en esos hogares.  A su vez, tanto los ricos argentinos listados en Forbes, como los contribuyentes que pagaron el Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas, como quienes controlan las grandes empresas y los principales puestos ejecutivos del país siguen siendo, aunque con una mínima tendencia decreciente, mayoritariamente varones. Si bien el género resulta particularmente crucial en los extremos; la composición del hogar es, para la mayoría de los argentinos, definitoria.

La distinción importa porque los organismos internacionales y la militancia corren el riesgo de dar lugar a simplificaciones en las formas de diagnosticar problemas y ofrecer soluciones. Mientras las organizaciones internacionales con sensibilidad feminista insisten en privilegiar a las mujeres en el tratamiento de la pobreza (las Naciones Unidas o el Banco Mundial), otras entidades como Oxfam enfatizan la necesidad de cobrar impuestos a los más ricos, incorporando en sus argumentos evidencias vinculadas al género. Estas propuestas son válidas, pero necesitan consideraciones que evalúen su capacidad para revertir los problemas que intentan combatir.

Por eso, aunque se encuentren en ciertos puntos, ni el problema del patriarcado se agotará con la reversión de las desigualdades socioeconómicas, ni las desigualdades socioeconómicas caerán junto al patriarcado. Entre los polos extremos donde género y clase confluyen, la importancia y diversidad de los hogares merece destacarse. Más allá de si están compuestos por mujeres o varones, la relación entre proveedores de ingresos, niños o adultos dependientes tiende a perjudicar a los hogares vulnerables (con menos proveedores, menos ingresos, más precarios, peor remunerados y más adultos o niños a cargo) y a beneficiar a las familias más ricas donde no solo suele haber menos niños sino donde además se conforman parejas de profesionales en las cuales dos buenos sueldos se potencian.

Sin duda, las políticas de protección y promoción de las mujeres las ayudan a emanciparse económicamente de sus cónyuges sin arriesgarse, ellas y sus hijos, a saltar al abismo de la pobreza. Del mismo modo, las políticas impositivas, pero también todas aquellas que pesan sobre los grandes patrimonios permiten redistribuir la riqueza y a la vez enlazar mejor la suerte de esos hombres opulentos con la sociedad. En todos los casos, en la Argentina como en el resto de la región e incluso en los países occidentales avanzados, el problema sigue siendo cómo hacer para que las personas y sus hogares puedan acceder a alimentos de calidad, a un trabajo protegido y bien remunerado, a una vivienda digna, a servicios públicos que los curen, los eduquen y les permitan prosperar. Solo así, podrá vislumbrarse, para el país en su conjunto, un futuro menos sombrío del que se anuncia cuando más de la mitad de los niños se cría en la miseria.

MH

Muchas sobremesas y grupos de WhatsApp se recalentarán este año electoral en la Argentina con la vieja oposición entre Mercado y Estado. Unos subrayarán las virtudes de la economía capitalista, la fuerza innovadora de los negocios, los efectos virtuosos de la competencia, para terminar exaltando a la libertad como bien supremo de la civilización. Otros, en cambio, destacarán la importancia de la intervención estatal, la necesidad de que las acciones privadas sean controladas y orientadas, la capacidad transformadora de las políticas públicas, para concluir que no puede haber humanidad sin una mínima igualdad entre las personas. Alexis de Tocqueville planteaba ya en 1856 que las aspiraciones de la Revolución Francesa se contradicen y tienden a desgarrarse en fuerzas políticas que las oponen.

¿Qué ideales de Mercado y Estado respaldan estos antagonismos? El primero suele referir al espacio donde se produce y circula la riqueza, aquel donde trabajadores, empresarios, comerciantes, financistas, consumidores, guiados por su interés, establecen negociaciones entre sí y, aún sin conocerse, logran ponerse de acuerdo en el precio y los términos del intercambio. Para sus adeptos, el Mercado alienta los esfuerzos individuales y ofrece una coordinación automática -la famosa “mano invisible”- que garantiza a la vez eficiencia y bienestar general. El Estado, por su parte, suele remitir a una comunidad política que se congrega bajo el dominio de ciertos derechos y responsabilidades compartidas, justificadas por el bien común y respaldadas por la autoridad pública. Para sus defensores, solo el Estado puede combatir las arbitrariedades, ofrecer un orden que integre y pacifique a las mayorías, ejercer un poder legítimo respaldado en la superioridad moral y material que le otorga la ley. Dos gigantes que miden sus fuerzas. Dos conjuntos de valores y propósitos que se oponen. Dos preferencias que se reproducen puras, vigorosas, ajenas a la historia.

En algunos momentos críticos, el Mercado parece correr con ventaja. Una de ellas es el respaldo de la ciencia económica dominante. Frente a la incertidumbre y a la hora de disputar razón, las ciencias ocupan una posición singularísima. Sus afirmaciones reclaman una imparcialidad que se niega a otros productos de la cultura. A la vez, esta independencia no les impide participar de la construcción de dispositivos técnicos (desde las vacunas a los planes económicos o las bombas nucleares) que intervienen sobre nosotros, organizan y transforman nuestro mundo. Desde los años setenta, algunas vertientes de la ciencia económica empezaron a afirmar que las sociedades capitalistas pueden funcionar como mercados de competencia perfecta, que para actuar con eficacia los agentes económicos necesitan liberarse de la injerencia pública, que el cálculo, la oferta y la demanda pueden expandirse más allá de las fronteras hasta entonces atribuidas a la economía (de las finanzas a la educación, de las cuotas de contaminación a los vientres subrogados).

La segunda ventaja es que muchas frustraciones no logran encontrar otras alternativas. Como en el desmoronamiento del bloque soviético, muchos terminan resignándose al avance de los mercados, desilusionados por el “Estado realmente existente”. Si no se logra controlar el valor de los alimentos, difícil que se pueda erradicar el hambre y la pobreza; si no hay propiedades que se ofrezcan a los inquilinos ni créditos inmobiliarios a tasas razonables, imposible garantizar el acceso a la vivienda; si los hospitales y las escuelas públicas están de paro o desfinanciadas, se complica ofrecer servicios de calidad; si el propio Estado brinda empleos precarios y no tiene inspectores, las protecciones laborales solo son respetadas cuando hay sindicatos que las defienden. Así, quienes confiaban en los bienes y la intervención pública, defraudados por su ineficacia y persuadidos de su incorregibilidad, concluyen que no hay más opción que moderar los anhelos, reducir las regulaciones y agencias públicas, resistir todo lo que se pueda, a la espera de no se sabe bien qué.

El Estado, ¿frustra? El Mercado, ¿cumple?

Pero si el Estado realmente existente frustra, ¿puede decirse, en cambio, que el Mercado cumple? Por empezar, como recuerdan muchos historiadores y sociólogos económicos, no siempre capitalismo es sinónimo de economía de mercado y menos aún de competencia perfecta. Aunque en los comienzos de una actividad (el diseño de aplicaciones digitales, por caso) haya una diversidad de oferentes, la mayoría de los mercados tiende a la concentración. Sin una intervención estatal que las promueva y las proteja, la relativa libertad e igualdad entre los participantes y la competencia abierta son apenas una etapa, efervescente y creativa tal vez, pero transitoria. Quienes observan actividades -como las finanzas- que se ajustan mejor a estas condiciones concluyen que muchas veces son destructivas e inestables. En su avance, el mercado instrumentaliza al mundo. Sin control, la naturaleza, los trabajadores, los consumidores son solo recursos para obtener ganancias. Solo importan las necesidades si son solventes, sino quedan libradas a su suerte. El desarrollo de ciertas actividades solo se justifica si puede se rentable. Si estas condiciones no existen o las fuerzas del mercado se sacian, fluirán hacia mejores horizontes, desentendiéndose de las consecuencias. Así, incluso permitiendo que las fuerzas del mercado se liberen, y la Argentina de los noventa puede dar cabal prueba de ello, ni el crecimiento, ni el bienestar general están garantizados.

No sorprende entonces que la oposición entre Estado y Mercado se revele incapaz de ofrecer soluciones a los problemas que nos aquejan. Mientras la discusión se estanca encandilada por ideales abstractos, ninguno de los polos se pregunta por el modo específico en que se presenta hoy en la vida de los argentinos. Se atribuye a Adolfo Sturzenegger (el padre de Federico) una frase que preserva todo su valor: “La Argentina es un socialismo sin plan y un capitalismo sin mercado”. Para estimular a las coaliciones que se enfrentarán este año, se abren las grandes preguntas, aquellas que articulan los ideales con proyectos superadores y viables. ¿Con qué Estado, qué plan, qué recursos pueden recomponerse quienes defienden la intervención pública? ¿Con qué actividades económicas, qué capitales y a qué costos están dispuestos a avanzar quienes promueven la economía de mercado?

En su abstracción, la discusión polarizada soslaya que los Estados y capitalismos realmente existentes se complementan y están entretejidos de complicidades. Todos los grandes problemas que nos preocupan, desde la inflación a la sequía, pasando por la violencia del narcotráfico y la deuda enlazan capacidades e impotencias estatales y privadas. No puede haber precios estables sin una moneda confiable; no puede haber autoridad política sin exportaciones sostenidas, no puede haber paz en Rosario sin fuerzas de seguridad eficaces, no pude haber solidez fiscal sin empresas que blanqueen su facturación y paguen impuestos. Parece difícil que un futuro mejor pueda forjarse si todos los actores públicos y privados argentinos están enfrentados y suspendidos en el corto plazo. Las ciencias sociales nos enseñan que no hay Estados sólidos sin economías fuertes, tampoco mercados sin leyes e instituciones estatales que las respalden.

Es cierto que es un año electoral, que los ideales movilizan sentimientos y votantes. El riesgo es que estas banderas se convierten en cáscaras vacías o patrullas perdidas, repetidas sin más correlato en la vida de los argentinos que la catarsis y la resignación.

MH

Se publicaron esta semana datos de Transparencia Internacional, que dicen medir los niveles de corrupción de 180 países en un índice que coloca en 0 a los “altamente corruptos” y en 100 a los “más limpios”. Al menos así lo presentan los medios de comunicación globales y locales que invitan a sus ciudadanos a conocer, en perspectiva comparada, cuánto mejoraron o empeoraron sus países en rectitud institucional. La Argentina y Brasil no solo salen empatados porque ambos alcanzan 38/100 puntos y comparten la posición 94/180 en el ranking, sino también porque a partir de 2019, con un gobierno de centro izquierda y otro de centro derecha, los dos redujeron sus puntajes.

Cierta forma contemporánea de la ignorancia cree que la verdad es numérica. No importa qué ni cómo se mida un fenómeno, cuanto más decimales resista su descripción más cerca estaremos de la objetividad. Lo llamativo es que, ante un coro generalizado de indignados que enjuicia a las instituciones políticas y administrativas de cada nación (dejando debajo siempre a las más pobres y desiguales como Somalía, Sudan o Haití y en la cima a las más ricas e igualitarias como Dinamarca, Alemania o Canadá), casi nadie se pregunta qué mide exactamente este índice, hasta qué punto refleja cambios significativos y sobre todo cuánto el aliento de esta sensibilidad global por la transparencia está contribuyendo a disminuir los delitos que denuncia.

Ante las complejidades que presenta definir jurídicamente el término corrupción, la dificultad que supone registrar prácticas ilegales y el hecho de que sus víctimas muchas veces ni se enteran de lo sucedido, Transparencia Internacional opta por medir percepciones. Es decir, no recuenta hechos concretos sino lo que un panel de expertos y empresarios opina como la situación imperante. Es notable observar la distancia entre las advertencias metodológicas que incluye el documento y las afirmaciones perentorias que acompañan la publicación. Mientras en las primeras se reconoce que el índice “no es un veredicto de los niveles de corrupción de naciones” (FAQ, p. 2), en la portada se denuncia que “...155 países no hicieron ningún progreso significativo contra la corrupción o incluso declinaron desde 2021.” Ni aquí ni en los medios que difunden los resultados hay mayores esfuerzos por contrastar estos índices con la renovación de autoridades, ni su correspondencia con la efectiva observación de los delitos sospechados.

Claro está, la preocupación es legítima, y muy grave que unos pocos se beneficien a costa de las mayorías. La cuestión, como plantea Sebastián Pereyra, es apreciar cuánto esta forma moralizada de concebir al fenómeno contribuye a revertirlo. Desde la perspectiva que transmiten estos índices y que tanto se popularizó en la Argentina, la corrupción remite a un conjunto preciso de personas con conductas perversas. La forma de combatir a esos seres y sus actos es develar sus fechorías (con escándalos), sancionar sus transgresiones (con juicios ejemplares) y diseñar dispositivos que alienten la rendición de cuentas (con crecientes controles administrativos). El problema es que mientras la sospecha se propaga, la frustración crece y, en el límite, se generaliza un resignado acostumbramiento, los juicios avanzan lento, casi nadie es condenado y los engorrosos procedimientos adoptados generan lo contrario de lo que dicen perseguir.

Mientras tanto, poco se dice de la corrupción como efecto sistémico de ordenes políticos, judiciales y administrativos que recurren a estos mecanismos espurios para solucionar sus problemas. Oficialismo y oposición, cuyas campañas se financian de manera oscura, prefieren denunciar a sus competidores como delincuentes y judicializar sus conflictos en lugar de resolverlos con las artes que les son propias. Ambos eligen seguir alimentando redes afines, en lugar de garantizar la independencia judicial. Por su parte, conscientes de los resortes que dictarán sus ascensos, los jueces se suplantan o se reconvierten según el clima político en el que les toque intervenir. A su vez, pocos piensan en fortalecer un funcionariado público que además de completar planillas de gastos irrisorios, tenga los conocimientos, la experiencia, la responsabilidad y sobre todo la dignidad que requieren las instituciones que se aspira a construir. Hay otras formas de resolver el problema. En la Red Marítima Anticorrupción, por ejemplo, en lugar de denunciar testimonialmente a los malos, se identificó el problema que resolvían esas prácticas condenables y se buscó solucionarlos de un modo más virtuoso para la comunidad.

Mientras las transgresiones a las normas se multiplican, nos quedan al menos los números. Con la fuerza de las estadísticas y la conciencia tranquila, sigamos replicando entonces el negocio complaciente e inocuo de esta nueva Inquisición.

MH

Se suman de a poco. Aparecen primero los de Buenos Aires y sobre las camisetas albicelestes, un cartel con el nombre de cada uno y su ciudad. Mientras se suceden una docena de jugadores, de la pampa rica al conurbano empobrecido, suena Trueno: Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de tierra santa. Después de un chispazo, aparece un porteño. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Llegan entonces los cinco santafecinos, de Rosario, Casilda y Pujato. Luego los cuatro de Córdoba, de Embalse, de Laguna Larga, de Calchín y vuelve a comenzar la canción. Si preguntan quién soy...es el turno de un jugador de Tucumán, de otro de La Pampa y uno más de Neuquén para que sonría al final Lisandro Martínez de Entre Ríos... de tierra santa. Como fondo, van apareciendo con letras mayúsculas las provincias y detrás de ellas se adivina el campo de juego, las gradas de un estadio repleto, la luz de los reflectores. Al final ya están todos, de cuerpo entero, barbudos y lampiños, marrones y pelirrojos, adolescentes y maduros, con Messi y Scaloni apenas más adelante. Y suenan con fuerza los bombos, para que la televisión pública se dé el gusto de subrayar que la Selección Federal está en el canal más federal. Una publicidad del mundial. Una postal argentina. 

La conmoción sigue en las calles y en la canción de Trueno: A veces pierdo, a veces gano. Pero no es en vano morirme por la tierra que amo. En estos días de alegría, la tierra santa es la familia que espera, las ciudades que celebran, los amigos de la infancia, el asado, el mate y el dulce de leche, la forma de pronunciar la “ye”, el perfume de los jazmines, las “s” perdidas por ahí. La tierra argentina es ese mosaico de paisajes que se llenarán de turistas las próximas semanas, orgullosos de un país con todos los climas y colores. La tierra en clave federal viene de lejos y perdura como una comunidad de rituales y sentimientos, como una promesa intacta.

Pero la Argentina federal también es, de tanto en tanto, una fractura expuesta. Lo ha sido esta semana, con la resolución de la Corte Suprema de Justicia de laudar a favor de la ciudad capital en su reclamo por el recorte de la coparticipación. Como si ese fuera el significante complementario del federalismo, como si las pasiones mundialistas yacieran sobre una estructura de cristal de la que dependen todos los poderes del Estado. El de la Justicia y el Ejecutivo, el del Congreso, el de las provincias del Norte grande frente a las del cinturón sojero, el de las patagónicas frente a la potencia demográfica de Buenos Aires, el de la ciudad capital, autónoma y a la vez “de todos los argentinos”. Hace rato que el federalismo gira en torno del tesoro y que los ajustes en la coparticipación son el triángulo de las Bermudas de toda reforma institucional ambiciosa. Como el Aleph, la distribución de los recursos se erige como el principio vital de la nación.

La vicepresidenta también contribuyó en estos días a evidenciar las fracturas federales y las amenazas que conllevan para el pluralismo democrático. Con su decisión de abstenerse de disputar cualquier cargo electivo en 2023, Cristina Fernández de Kirchner no solo abrió el juego para quienes buscan sucederla, en un mismo movimiento puso de manifiesto que existen poderes inexpugnables en la Argentina reciente. Desde la experiencia metropolitana, creemos ver en la grieta la continuidad del bipartidismo. Desde las provincias, la crisis del radicalismo y el peronismo se hace más clara y las coaliciones se arman con socios cambiantes. Claro que el juego es allí mucho menos abierto y dinámico. Mientras algunas provincias como Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y Tucumán prohíben la reelección inmediata de sus gobernadores, en otras, la perpetuación es la norma. En Catamarca, Formosa, San Luis y Salta se observan autoridades con cinco mandatos, al tiempo que en San Juan, La Pampa y Neuquén se detentaron cuatro. Ante semejante reproducción, algunos argumentan con Edward Gibson que existen “autoritarismos subnacionales en países democráticos”. Otros subrayan que, con una dinámica política nacional impredecible, es lógico que muchos gobernadores separen su calendario electoral del de la nación para blindarse en los territorios que controlan. 

¿Acaso no fue siempre así? Eso podría pensarse en esta Argentina del eterno retorno donde, tras los festejos y las tensiones, volveremos a un equilibrio federal sin mayores novedades. Los medios de comunicación de masas y las discusiones de café podrán reconcentrar su energía en torno de la Casa Rosada. El espectáculo metropolitano del oficialismo y la oposición no escatimará esfuerzos propinándose puñetazos en este cuadrilátero embarrado al que se asocia cada vez más a “la” clase política. 

Pero el federalismo argentino no fue siempre el mismo. Cuando se toma distancia, la erosión reciente de la nación se evidencia menos como falta de liderazgo que como una larga herencia neoliberal. La centralidad de la presidencia fue una tarea laboriosa de dirigentes como Roca, Yrigoyen o Perón, que priorizaron las potestades de la nación sobre el arbitrio de las provincias. Fueron ellos quienes ampliaron los servicios y las prestaciones del Estado nacional: del Ejército al sistema de salud y la educación pública, del Registro civil a las obras de transporte e infraestructura, de la expansión del Banco Nación a la universalización de la seguridad social, de las empresas nacionales de energía, aviación y telecomunicaciones a la regulación de muchos mercados. En contraposición, gobernadores e intendentes tenían menos funciones y poco poder. Si hacía falta, las intervenciones provinciales expresaban la capacidad disciplinadora del centro. 

Desde el derrocamiento de Perón en 1955, pero sobre todo a partir de 1976 y 1989, todo cambió. La privatización de las empresas públicas, la desregulación de los mercados y la descentralización de funciones estatales fragmentó el poder que ejercía la presidencia ante gobernadores con mayor autonomía. Desde entonces, las provincias gestionan la educación, la salud y la asistencia pública de sus ciudadanos. La reforma de la Constitución en 1994 las hizo, además, árbitros de la explotación de sus recursos naturales. Difícil saber cuánto las esperanzas de una mayor sensibilidad regional se honraron en este pasaje. Sin financiamiento previsible, apuntalamiento técnico ni interés y control de otros argentinos, cada elite provincial pudo decidir más al tiempo que sus habitantes quedaban más librados a su suerte. 

Esta nueva división del trabajo entre nación y provincias apenas se revirtió en los primeros tres lustros del siglo XXI con un Ejecutivo Nacional acaudalado y generoso. También con la voluntad de establecer criterios comunes y organizar “consejos federales” para consensuarlos. La Casa Rosada sigue reteniendo claro la potestad de intervenir sobre la orientación macroeconómica, de emitir moneda y endeudar a la nación. Sin eficacia ni recursos, su conducción se desacredita y se vuelve más limitada. 

Cuando se acallen los festejos y se restablezcan los acuerdos, una vieja complicidad seguirá sedimentando. De un lado, un poder central hipervisible pero devaluado que se desentiende de ciertas potestades y las descentraliza a los niveles intermedios. Del otro, distintos poderes institucionales que pujan por apropiarse de recursos, para hacer luego con ellos según su juicio y conveniencia. En este acuerdo tácito, la presidencia puede contentarse con una notoriedad cada vez más vacía; las provincias, con el ejercicio de poderes discretos, perimetrados, protegidos y por eso, más fuertes y discrecionales.

La selección argentina pudo ser federal por una alquimia de pasiones populares, escuelas y clubes de barrio, cazadores de talentos, negocios millonarios y liderazgo. Sin ellos, la Scaloneta no hubiera sido posible. Como esas condiciones escasean, la Argentina federal es cada vez más una yuxtaposición de provincias. Hoy cada universidad, cada ministerio provincial, cada fuerza de seguridad, cada tribunal juega su juego como si la ciencia, el alfabeto, la pobreza, el crimen pudieran enfrentarse de manera descentralizada y con particularidades regionales irreductibles. A menos que se desplacen a la capital, los pampeanos no pueden competir con los cordobeses ni los santafesinos con los tucumanos. Y sobre todo, son pocas las oportunidades para encontrarse en un espacio que comprenda la especificidad de sus destrezas, que los congregue, los coordine, les permita desplegar todo lo que son capaces de dar. Con esta trama institucional, tal vez haya una Argentina federal. Más allá de los sentimientos y rituales, se vuelve cada vez más ilusoria la idea misma de nación. Si en el fútbol ocurriera lo mismo, Marcos Acuña seguiría jugando en un potrero de Zapala y Julián Álvarez seguiría siendo solo el nombre de una calle de la capital.

Argentina, diciembre de 2022. La inflación no cede, la pobreza aumenta, el temor por la escalada de la extrema derecha es equivalente al desconcierto de quienes anhelan la construcción de una sociedad más igualitaria. Cuando el fervor del mundial de fútbol se acalla, en las altas esferas del poder, las encuestas electorales preocupan y comienzan los cálculos a un año de la elección presidencial. Mientras se discute el presupuesto, en los despachos estatales, los altos funcionarios intentan que las carteras que dirigen crezcan o al menos pierdan lo menos posible. 

Lejos del vértigo de las proyecciones económicas y políticas, los empleados públicos las ven pasar. El ajuste arrancó hace rato y las previsiones prometen, tanto en el presupuesto enviado por el oficialismo como en las promesas electorales de la oposición, que los recortes se profundizarán en los años por venir. Entretanto, alicaídas y amenazadas, las partidas de los Estados nacionales y provinciales siguen fluyendo a los docentes de las aulas públicas, a los médicos y enfermeros en los hospitales, a los asistentes sociales que recorren los barrios populares. 

Dirigentes oficialistas y opositores subrayan la importancia que atribuyen a la educación y a la salud de las mayorías, a la necesidad de garantizar la seguridad de los argentinos, a la centralidad de los jóvenes en la construcción de un país mejor. Unos y otros insisten en que, para que esos altos ideales tengan asidero, primero hay que ganar elecciones, segundo hay que conseguir recursos, tercero hay que ocupar posiciones con equipos propios y leales. Así, mientras todas las miradas se concentran en el Ministerio de Economía y en su capacidad de liberar o restringir fondos, la mayoría de las reparticiones del Estado se reproduce entregada cada una a su propia inercia. 

El ajuste en la Argentina parece ser por momentos la contracara perfecta de la holgura fiscal. Desde la década de los setenta, en los pocos años en los que hubo recursos, la felicidad de las mayorías se derramó como un triángulo invertido y alcanzó a todos los demás. En momentos en que los recursos parecían ilimitados, no parecía importar mucho para qué fueran los planes porque lo importante era que fueran muchos, no importaba si necesitábamos más funcionarios públicos, lo importante es que aumentaran; no importaba qué hiciera (y cómo) el Estado, lo que importaba es que creciera la presencia estatal. Ahora, en un contexto adverso, parece pasar exactamente lo contrario: no hay cuadernos, no hay hojas, no hay gasas, no hay recursos mínimos para reponer computadoras en las oficinas públicas. Exceptuando algunos gestores lúcidos, no se incita coordinación alguna que anticipe el impacto, no se plantean iniciativas que calibren objetivos, que establezcan prioridades, que focalicen esfuerzos. Como antes avanzó la marea de recursos, se retira ahora, desordenada, sin capacidad para establecer más prioridad que el combate contra el hambre. 

La gran ausente de la democracia: la sintonía fina, nunca es bienvenida. En los momentos de prosperidad es innecesaria; en los de ajuste, impracticable. Ante reclamos particulares incapaces de encontrar una fórmula de compromiso, pareciera que el Estado puede ofrecer a cada uno lo que reclama. Pero el igualitarismo de la distribución es solo aparente. No solo hay jerarquías de beneficiarios, muchas son inconfesables. La falta de criterios explícitos perjudica sobre todo a los que tienen menos amigos o menos poder de fuego: el régimen de promoción de las industrias de Tierra del Fuego se incrementa más que las partidas jubilatorias, los privilegios impositivos de magistrados y empleados judiciales se preservan mientras los alimentos siguen pagando IVA, los subsidios y salarios estatales de algunas provincias resisten al ajuste mucho mejor que en otras, la publicidad de todos los oficialismos se multiplica sin control. 

En su ocaso, el ciclo de holgura iniciado después de la crisis de 2001 revela la distancia entre la sociedad de bienestar y la sociedad de consumo. Las primeras nunca se financiaron solo con el impuesto a los ricos o a las exportaciones primarias, se fundaron en un sistema solidario que distribuía beneficios porque expandía la formalización (y por lo tanto la responsabilidad) de empresas y trabajadores. La nostalgia por los regímenes sociales de la posguerra debería recordar que estaban lejos de ofrecer a cada uno libertades discrecionales. Ningún Estado cuenta con financiamiento infinito y una autoridad bien ejercida podría definirse como aquella que es capaz de delimitar y hacer cumplir una jerarquía de obligaciones y prerrogativas, que puede establecer prioridades que trascienden los intereses sectoriales. 

Aunque todo parezca en calma, la corrosión del Estado social empezó hace rato. Altos funcionarios indolentes o arbitrarios terminan empujando a muchos empleados estatales a hacer “justicia por mano propia”. Abonan así las justificaciones de los detractores de la intervención estatal alentando o consintiendo prácticas desviadas. Muchos titulares de cátedra, jefes de servicios hospitalarios, jueces o fiscales se ven tentados de acortar sus horarios o eludir obligaciones – que pocas veces se les exigió que cumplieran-, mientras el recelo de la sociedad se concentra en los “privilegios” de los empleados públicos de rangos más bajos que muchos gestores políticos no saben siquiera hacia qué objetivos orientar. Se potencia así la aceptación del estereotipo popularizado por Gasalla: esa empleada pública indolente que la democracia tendió a crear y alimentar y a la que se empuja a sucesivas generaciones de jóvenes que llegan al Estado por oleadas, con ilusiones renovadas y con contratos cada vez más precarios.

Nada de esto amenaza de manera inminente la paz social. La degradación de los establecimientos educativos, la ausencia de los docentes de primaria, las esperas eternas en los hospitales públicos, la falta de material médico indispensable, el trato descuidado de adultos mayores y enfermos mentales, el dilatado retraso en los expedientes judiciales, la connivencia de los comisarios con los negocios narcos trascenderá en los medios si se convoca a una huelga o estalla un escándalo. E incluso en estos casos fortuitos, los raptos de indignación probablemente se olvidarán. Como otros desatendidos, los empleados públicos comprometidos con su tarea comprenden que su impotencia es solitaria y que lo mejor que pueden hacer es irse a otra parte o permanecer en silencio, enfrentando la realidad que les toca con una cuota de cinismo y discreción. 

“No hay fondos”, dicen quienes atienden al estado de las cuentas públicas. Y sin recursos, afirman, el Estado nacional no puede dar soluciones. “Estamos ante una coalición de gobierno fracturada”, acotan los analistas políticos. Y en esta situación de fragilidad, cada funcionario apenas puede velar por preservar los pocos apoyos que lo sostienen. Mientras tanto, todos los niveles del Estado, todas las agencias públicas, todos los eventuales amigos del poder parecen lanzados a una disputa de recursos y prebendas sin más horizonte que el abismo.

Menos atención despierta el Estado y la Sociedad. Si se los mira es para afirmar que todos se sienten víctimas en la crisis, que en la sociedad de consumidores insatisfechos todos tienen algo que pedir y nadie parece dispuesto ceder. Tal vez eso es el igualitarismo argentino. La sumatoria de las partes, el cálculo que agrega voluntades imperativas que quieren alcanzar la movilidad social, a cualquier precio, aunque sea en soledad. 

Pero ese ideal supo ser otra cosa. No fue solo el cálculo (de votos y partidas), no solo la subdivisión del capital y el poder. Fue también el anhelo y a veces la concreción de instituciones judiciales, educativas, sanitarias más justas. Fue el orgullo de que el hijo del portero y del médico compartieran un aula y sellaran una amistad. Todo eso parece tan lejos y a la vez tan cerca con Argentina 1985. Esa película, tan ecuménicamente celebrada, donde late un recuerdo y una advertencia. El recuerdo de lo que fuimos capaces de instituir, la advertencia de qué pasará cuando ya no alcancen los horrores de la dictadura para fundar una autoridad democrática legítima. ¿Qué esperan entonces quienes creen en la justicia social? ¿Que la solución mágica la traigan los próximos comicios? ¿El advenimiento salvador de un nuevo commodity de exportación? ¿Quién dijo que solo se puede ser sensible cuando hay holgura fiscal? 

MH

Muchos analistas políticos repitieron estos días que nadie imaginaba, apenas unos meses atrás, la profundidad del revés que sufrió el oficialismo en las elecciones y el desencuentro que evidenciaron entre el peronismo y los sectores populares. 

Seguramente la sorpresa se funda en la experiencia de los primeros meses de la pandemia y en cierto déjà-vu de situaciones pasadas. Como en 1989 o en 2002, la crisis del Covid-19 activó un dispositivo caro al peronismo desde el retorno a la democracia: la epopeya de la urgencia. Funcionarios recién designados accediendo a sus cargos en una situación económica crítica, con una sociedad castigada, sostenidos en una coalición heterogénea que encuentra su norte en la reconstrucción desesperada de umbrales mínimos de gobernabilidad. En los tres casos, los antagonismos refundacionales ofician de pócimas mágicas y surten (al menos al principio) el efecto deseado. La voluntad presidencial conquista niveles inéditos de popularidad y cosecha apoyos en la adversidad. La épica moviliza los agentes estatales y la onda expansiva alcanza a las redes comunitarias, los trabajadores sociales, los sindicatos... 

Como en crisis anteriores, durante el 2020 las estadísticas prometieron dibujar los contornos de una doble V, a la vez la curva de un rebote económico y la V de una victoria. Efectivamente, después de semanas de caída libre, la actividad comenzó a recuperarse lentamente. En tiempo récord, la ayuda monetaria y financiera fluyó a los hogares y empresas necesitados. Se suspendieron las cargas impositivas, los despidos y los desalojos. Y todo eso en el marco de un consenso entre las principales dirigencias del oficialismo y la oposición, encolumnadas detrás de las recomendaciones sanitarias. 

Los relatos sobre esos primeros meses críticos son coincidentes y, en el caso de los gestores y mediadores de la ayuda estatal, están envueltos de mística y orgullo: el gerente de un banco público que atraviesa la ciudad desierta a altas horas de la noche para terminar de calibrar una aplicación que facilite la operación a distancia, un joven empleado del Ministerio de Producción que diseña créditos para los sectores más perjudicados por la crisis, operarios y funcionarios de la ANSES que facilitan el empadronamiento de nuevos beneficiarios, personal de la salud que arriesga su vida en la lucha contra el virus...Y una sociedad expectante de empresarios, trabajadores, amas de casa y jóvenes que manifiestan, con pocos matices, su apoyo por las medidas del gobierno. 

¿Qué pasó después? ¿Por qué resurgieron tan rápido los límites económicos, institucionales y hasta afectivos de esta nueva patriada heroica? ¿Por qué “la” sociedad y sobre todo esos sectores populares y medios que deberían agradecer los esfuerzos del gobierno le son ahora renuentes? 

Nadie puede negar que la crisis del Covid-19 tiene aspectos inéditos y que instituyó en la Argentina y el mundo una incertidumbre radical. No obstante, hay fuerzas que subyacen a esa novedad y revelan la particular fragilidad contemporánea. No solo los apoyos electorales y militantes ya no pueden darse por descontados, los rebotes son cada vez más cortos y las transferencias de ingreso no redundan en mejoras sustantivas en la vida de las personas. Con el correr de los meses, la asistencia en la urgencia se pareció menos a una gesta revolucionaria y dignificante que al acolchonamiento de una caída que volvía a dejar a cada quien enfrentado a su propia orfandad.  

Con el correr de los meses, la asistencia en la urgencia se pareció menos a una gesta revolucionaria y dignificante que al acolchonamiento de una caída que volvía a dejar a cada quien enfrentado a su propia orfandad.

En un estudio en curso en ocho provincias del país, registramos muchas escenas de la vida cotidiana que ilustran la insuficiencia de los esfuerzos realizados. Ángela vive en Santa Rosa, La Pampa, con su pareja y su hija. Estudia derecho en la universidad mientras su marido dicta algunas horas de clase como profesor de educación física. La pandemia la encontró con problemas de trabajo, apoyándose en la Asignación Universal por Hijo y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Una de las cosas que más le pesaron en la pandemia fue el ajuste en su alimentación: “Para no comer arroz otra vez, directamente tomábamos mate con pan”. Su hija extrañaba las frutas, tanto como ella y su marido los asados. El IFE podría haberlos ayudado a variar la dieta. No fue el caso. Esos recursos se destinaron a pagar la deuda que habían contraído con la escuela privada de la niña. Conviven así en muchos hogares argentinos las ayudas alimentarias que no alcanzan con la privatización de servicios fundamentales como la educación, que el Estado ofrece de manera deficitaria. 

En las afueras de Córdoba vive Romina, con sus once hijos, sobreviviendo gracias a la ayuda del gobierno y los ingresos que le procura la recolección de cartón. Una oportunidad extraordinaria le permitió mudarse a un mejor barrio desde el que esperaba apuntalar la educación de sus hijos y conseguir más changas. La crisis del Covid-19 la obligó a volver sobre sus pasos. En la villa tenían una red de contención que le permitía enfrentar sus necesidades básicas sin dinero. Como veinte años atrás, la trama de ayuda del barrio le permitía amortiguar la caída. En todos esos años, no obstante, no había logrado prosperar ni adquirir mayor autonomía. 

Daniel tiene una pequeña industria en Lanús. Después de crecer gracias al estímulo al mercado interno de la etapa kirchnerista, apenas logró mantenerse a flote durante el gobierno de Cambiemos. La crisis del Covid-19 lo encontró con una estructura flexible: inyectaba las matrices de sus juguetes con un equipo mínimo y luego delegaba en casas de familia, sin ninguna relación contractual con él, el ensamble de las piezas. Cuatro integrantes de la empresa lograron cobrar la Ayuda al Trabajo y la Producción, pero fueron sobre todo los créditos del gobierno y el cierre de las importaciones los que le permitieron alcanzar “el mejor momento en años”. La empresa de Daniel expresa con claridad la fortaleza y los límites de las políticas de industrialización de los gobiernos populares: el sostén de PYMES con trabajo informal, precios crecientes y cuya sobrevida sería impensable en una economía más abierta. ¿A qué empleo y a qué producción se ha continuado apostando?

Las experiencias son diversas y despliegan la creatividad de las empresas, los trabajadores y las familias para redistribuir sacrificios y protegerse de mayores daños. Para las unidades productivas que cerraron o los hogares con necesidades extremas, la dignidad quedó dañada y la única epopeya es el aguante. Mientras la fragilidad persistía, los compromisos externos y la espiral inflacionaria alertaron sobre la magnitud de un gasto público insostenible. Se hizo evidente la imposibilidad de ajustar los criterios de asignación de las ayudas. Al fin, las transferencias monetarias se acabaron en 2020 aunque la segunda ola de la pandemia azotaría al país varios meses más tarde. En paralelo, el gobierno nacional que había concentrado el liderazgo y la mística delegó en gobernadores y municipios la gestión de la emergencia. Las opiniones que registramos tuvieron la heterogeneidad de las historias recogidas: algunos dejaron de caer, otros se recuperaron, varios siguieron sumergidos en el mismo desamparo. Desde distintas posiciones, muchos se preguntaban por qué ese Estado que decía protegerlos los había abandonado a medio camino.  

La volatilidad parece ser el signo de los tiempos que corren. Las curvas de crecimiento como las encuestas de imagen y los apoyos electorales se revelan desde hace treinta años cada vez más estertóreos. A su vez, la militancia y su mística ya no son patrimonio de los movimientos que pugnan por una mayor redistribución de los recursos. La beligerancia en las calles no es necesariamente popular ni se circunscribe al peronismo o las izquierdas. La demografía de las luchas se ha ido complejizando y se aleja de aquellos que padecen las necesidades más básicas. En este marco, los resultados electorales ofician de advertencia: la epopeya de la urgencia y el rebote socioeconómico necesitan una estrategia. Como la plata argentina, la militancia redistributiva está exhausta. Hacen falta más pesos para comprar una leche como hacen falta más argentinos reclamando para evitar la fractura social. Hay muchos responsables y muchas causas del desgaste. Como sea, la profundidad de la crisis tal vez pueda enseñarnos que con la asistencia no alcanza.   

MH