Prefiero pensar que la campaña contra la “infodemia” que el Gobierno lanzó tímidamente es un error de un funcionario trasnochado y no el preludio de una política comunicacional que debería inquietar a cualquier defensor de los derechos humanos y el sistema democrático, sea oficialista u opositor.

Un gobierno del Frente de Todos, el mismo partido que impulsó en 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual bajo el lema de alentar “la pluralidad y diversidad de voces”, dice ahora en un spot oficial que informarse con multiplicidad de fuentes y por diversos canales (medios y redes) es equiparable a “automedicarse” y que el remedio contra la desinformación que se multiplicó durante la pandemia es, lisa y llanamente, informarse con los medios públicos. 

Este planteo es peligroso y erróneo, tanto desde el punto de vista político institucional como jurídico. A menos que suponga que el partido mayoritario de la Argentina quiere transparentar una vocación de ser una voz única.

De hecho, contradice expresamente recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre cómo aplanar la curva de la infodemia y de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elaboró una Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada con foco en contextos electorales. Ambos organismos internacionales destacan la necesidad de que los ciudadanos tengan acceso a información pública y multiplicidad de medios de calidad. Pero ninguno habla ni destaca a las fuentes oficiales como si fueran el oráculo.

Qué es la infodemia y por qué preocupa

Junto con el nuevo coronavirus también llegó al mundo otra pandemia: la de la desinformación. Tanto es así, que la OMS acuñó el término “infodemia” en febrero de 2020 y lo definió como la sobreabundancia de información y la rápida propagación de rumores y contenidos falsos. Esta avalancha de contenidos -que no siempre son verdaderos-, además de dificultar que los ciudadanos se informen correctamente, en muchos casos puso en riesgo la salud y la vida de la gente.

En este contexto, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, liderada por Francisco Meritello y dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, lanzó el 16 de abril un spot animado en el cual se afirma que “el virus de la infodemia es muy contagioso”. “No se automedique. Consulte a los medios públicos”, termina. El video fue difundido tres días después en Twitter por el analista político Raúl Timerman y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo retuiteó. 

Pero así como con el tiempo fuimos entendiendo cómo cuidarnos del virus SARS-CoV-2 que produce la COVID-19, gracias a la evidencia científica, también sabemos que para combatir a la “infodemia” necesitamos ciudadanos con una postura crítica, que puedan descartar ellos mismos desinformaciones cuando las vean, lean o escuchan -provengan de fuentes públicas o de privadas- y no las compartan. 

Para esto es claro que necesitamos buenos medios públicos, como marca el mensaje republicado por Fernández, que transmitan información confiable y que sean profesionales y autónomos del gobierno de turno. Pero, lamentablemente, esto no siempre sucede con los medios públicos en la Argentina. 

Ejemplos sobre la no independencia de los medios públicos a lo largo de los gobiernos sobran. Uno claro durante esta gestión se dio el 10 de diciembre de 2020, al cumplirse un año del mandato de Fernández. La agencia estatal Télam realizó un video de casi seis minutos donde resumió los principales logros del primer año del Presidente en su cargo y, luego de que Fernández lo compartiera en su cuenta personal de Twitter, la agencia Télam publicó un tuit agradeciéndole al Presidente.

Pero, aún cuando fueran ecuánimes, con los medios públicos no basta para combatir la “infodemia”: el sistema democrático también necesita buenos medios privados. No sólo porque los ciudadanos deben contar con todas las fuentes y los recursos informativos posibles, sino también porque en esta lucha contra la desinformación es fundamental la pluralidad de voces. Las fuentes oficiales deben sopesarse con fuentes alternativas, en ciertos casos aún más especializadas.

Claro que es cierto que a veces los medios privados desinforman. Ese es un problema del cual, en todo caso, los medios públicos no están exentos. Pero, además, la solución no es sacar a los medios privados de la ecuación, sino exigirles un mayor nivel de profesionalismo, así como también subirles la vara a los medios públicos. Porque en la lucha contra la desinformación es importante que todos busquemos lo mismo: frenar realmente a la “infodemia”.

LZ

Alberto Fernández cometió los pecados en los que suelen incurrir muchos líderes del mundo, en su segundo discurso de apertura de sesiones del Congreso. Varias veces aludió a medidas como “las más grandes de la historia” e hizo comparaciones tomando los períodos más convenientes para reforzar la posición que lo beneficia. Así, afirmaciones verdaderas se mezclaron con otras, engañosas, discutibles o falsas. 

La moderación que primó hace un año dejó lugar a una alocución más encendida -tal vez debido a la cercanía de las próximas elecciones de medio término-. Y, aunque llamó varias veces a la unidad, no tendió puentes con la oposición ni se mostró conciliador con sus críticos.

En un discurso de una hora y 47 minutos, signado por la crisis sanitaria global y las críticas directas al gobierno de Mauricio Macri por la deuda y a la Justicia por sus múltiples males, Fernández mencionó 324 datos chequeables. 

En 2020, 20 días antes de que la Organización Mundial de la Salud (ONU) declarara la pandemia de la Covid-19, un Presidente más conciliador había hablado una hora y 20 minutos y presentado 122 datos chequeables. Entonces, había anunciado que enviaría al Congreso 11 proyectos de ley, de los cuales este año logró que se aprobaran 7 (entre ellos, la legalización del aborto), uno obtuvo media sanción del Senado (la reforma del fuero federal de la Justicia, que volvió a reclamar) y 3 aún no fueron enviados. Esta vez, el Presidente volvió a mencionarlos para instalarlos en la agenda legislativa de 2021 (Ley de Educación Superior y Desarrollo de los sectores hidrocarburífero y minero).

Como desde 2013, el equipo de Chequeado, junto con decenas de especialistas y voluntarios -que esta vez no se reunieron, sino que trabajaron en forma remota desde sus casas-, hizo un chequeo colectivo en vivo al discurso presidencial. A continuación, resumimos los diez principales chequeos, sobre pobreza, vacunas, jubilaciones, terapias intensivas, incautaciones de drogas, perspectiva de género en el presupuesto, entre otros. 

VERDADERO

En marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia, el país contaba con más de 8.500 camas de terapia intensiva y se sumaron más de 4.026 en todo el país, totalizando unas 12.547 camas, según datos oficiales. Esto implica un aumento del 47%.

EL Covid-19 puso al sistema de terapia intensiva en primer plano porque aproximadamente un 5% de pacientes con esta enfermedad necesitan cuidados de este tipo y varios países del mundo, desde Italia hasta Ecuador, sufrieron colapsos de sus sistemas con la pandemia.

Los recursos humanos para atender esas camas, sin embargo, no aumentaron en la misma proporción. Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), explicó que la formación de estos profesionales lleva como mínimo 4 años. “Ahora tenemos poco personal, cansado, agotado, casi sin vacaciones. Además, varios que estuvieron contagiados no pueden volver a trabajar porque se están recuperando de las secuelas, otros fallecieron”, describió la especialista.  

VERDADERO

Según datos del Gobierno y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en mayo de 2020 estos hospitales estaban instalados y en julio último ya funcionaban. Los hospitales modulares representan 840 camas de terapia e internación, 276 respiradores y 24 ventiladores de transporte. 

Están ubicados en los municipios bonaerenses de Almirante Brown, Florencio Varela, General Rodríguez, Hurlingham, Lomas de Zamora, Moreno, Quilmes, Tres de Febrero y Mar del Plata, así como también en Resistencia (Chaco), Córdoba capital (Córdoba) y Granadero Baigorria (Santa Fe). Once de ellos contaron con financiamiento internacional de la ONU y uno -el de General Rodríguez- con aportes de empresarios locales.

ENGAÑOSO

Las jubilaciones mínimas, que representan el 65% del total, fueron las únicas que superaron la inflación de 2020, si se consideran los bonos extraordinarios y la suma fija que dio el Gobierno nacional -que no incrementan a futuro los haberes-. El resto de las jubilaciones perdieron contra el aumento de precios.

Además, en el primer trimestre de 2021, pese al incremento del 8,07% que se otorgó para marzo a todas las categorías, todos los haberes jubilatorios arrancarían el año por debajo de la inflación estimada. El Gobierno nacional anunció que dará 2 bonos de $ 1.500 sólo para las jubilaciones mínimas, pero ello aún no se oficializó.

ENGAÑOSO

En el primer semestre de 2020 (último dato disponible), según los datos del INDEC, la pobreza alcanzó al 40,9% de las personas. Esto implica una suba de 5,4 puntos porcentuales respecto al semestre anterior (el segundo de 2019), como señaló el Presidente.

Por otra parte, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo semestre de 2019, la pobreza pasó de 25,7% a 35,5%, una suba de 9,8 puntos porcentuales. La cifra registrada en el segundo semestre de 2017 es el indicador más bajo registrado durante la gestión de Cambiemos, mientras que la del segundo semestre de 2019 es la más alta.

Sin embargo, Fernández comparó la suba porcentual de un semestre contra la suba de 2 años, es decir, 4 semestres y ello es incorrecto metodológicamente. 

Lo que el Presidente omitió en su afirmación es que la suba registrada en los primeros 6 meses de 2020 (tres de los cuales fueron previos a la pandemia) fue la más alta de los últimos 4 años. 

VERDADERO

Según las estadísticas actualizadas de Our World in Data, de las 227 millones de vacunas aplicadas hasta el 25 de febrero último, unas 206 millones (el 90,7% del total) se concentran en 18 de los 194 países, y estos son en su mayoría desarrollados.

El ranking lo encabezan los Estados Unidos (68 millones), China (40,5 millones) y el Reino Unido (19 millones), y lo siguen India (13 millones), Turquía (8 millones), Israel (8 millones) y Brasil (casi 8 millones). Es decir que tan solo estos 7 países acaparan el 72,5% del total de vacunas. Si se toma a los primeros 18 países en el ranking -el 10% de los países del mundo- que además de los 7 mencionados incluye a los Emiratos Árabes, Alemania, Francia, Italia, Rusia, España y Chile, entre otros, la cifra de vacunas llega a los 206 millones, que es equivalente al 90,7% del total. Según este registro, la Argentina se encuentra en la posición 24 con unas 830 mil dosis aplicadas hasta el momento.

VERDADERO

El dato se aproxima al último registro de actividad industrial publicado por el INDEC, que informó que en diciembre de 2020 el sector tuvo un repunte del 4,9% -aún mayor al 4,5% que indicó el mandatario- respecto del mismo mes de 2019.

En diciembre de ese año, la producción manufacturera registró el nivel más alto desde julio de 2019, cuando aún gobernaba Cambiemos. 

Con este dato positivo, los especialistas consultados coinciden en que es correcto hablar de una recuperación, como mencionó Fernández previamente en el mismo discurso.

VERDADERO

Entre 2016 y 2019, la inversión educativa del Gobierno nacional tuvo una caída de 33,5% en términos reales, es decir, descontando la inflación. 

De acuerdo con la Ley de Educación Nacional, la Nación y las provincias deben destinar un 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a la inversión en educación consolidada. Sin embargo, esa meta no se alcanzó en ninguno de los años que gobernó Mauricio Macri y sólo se cumplió en 2015, durante el último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se alcanzó la cifra del 6,1% del PBI, según un informe de Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). 

El mismo estudio indica que el gasto destinado a Educación por parte del Gobierno nacional y las provincias cayó año a año hasta tocar el piso del 4,8% del PBI en 2019, el último año de la gestión de Cambiemos. Esto representa el indicador más bajo desde 2007.  

DISCUTIBLE

El total de incautaciones de marihuana durante 2020 fue de casi 198 mil kilos, según los datos preliminares del Ministerio de Seguridad de la Nación. 

Respecto de las cifras de 2019, hay una controversia oficial sobre el número final de kilos incautados ya que la gestión de la ex ministra Patricia Bullrich (Cambiemos) contabiliza un operativo de destrucción de plantaciones en Paraguay mientras que la actual conducción, a cargo de Sabina Frederic, no lo tiene en cuenta porque se concretó en otro país. Si se contabiliza este decomiso, la cantidad de kilos incautados de marihuana en 2019 cayó un 47% contra 2020. Si no se lo hace, en cambio, aumentó un 55%, incluso más de lo que marcó el Presidente.

ENGAÑOSO

En el Presupuesto 2021 aumentó fuertemente el gasto destinado a disminuir las brechas de género y se avanzó en el tratamiento de esta perspectiva, según los especialistas.

Sin embargo, desde 2018, cuando gobernaba Cambiemos, el país viene trabajando en una metodología oficial para implementar esta mirada en el presupuesto.

Si bien hubo mejoras respecto de los años anteriores, actualmente sólo 13 ministerios cuentan con partidas identificadas como “Presupuesto con Perspectiva de Género” (PPG).

FALSO

La afirmación del Presidente no se sostiene al ser contrastada con los datos. El Consejo de la Magistratura informó que actualmente hay 141 magistrados que pagan el impuesto a las Ganancias, sobre un total de 752 magistrados nacionales y federales, lo que alcanza casi al 19% del total. 

Los magistrados estaban exentos del pago de este impuesto por una acordada de la Corte Suprema de 1996, pero una ley sancionada por el Congreso en 2016 y un fallo posterior del máximo tribunal establecieron nuevos alcances del impuesto. Desde entonces, todos los magistrados nombrados de febrero de 2017 en adelante deben abonar el tributo, siempre y cuando no hubieran tenido un cargo de magistrado previo a esa fecha.

El presente informe fue realizado por Laura Zommer y equipo de Chequeado