Carta al lector

Arrancamos a escribir este libro a principios de 2019, cuando se estaba por cumplir un año del inicio de una nueva crisis económica, la sexta desde que ambos autores tenemos uso de razón.

Nadie vislumbraba en octubre de 2017, luego del rotundo triunfo del Gobierno de Macri en la elección de medio término, que una nueva crisis estaba próxima a desatarse. Aun cuando los riesgos inherentes a los enormes desequilibrios económicos como consecuencia de la herencia que había dejado el kirchnerismo y del manejo voluntarista e inconsistente de esa herencia en los primeros pasos de la gestión de Cambiemos estaban a la vista de todos, la crisis llegó de sorpresa. Explicarla fue la primera intención de este libro.

Escribirlo nos llevó más tiempo del que pensamos originalmente porque la propia coyuntura nos fue desviando del proyecto. Ambos trabajamos como consultores independientes y el teléfono literalmente no dejaba de sonar en medio de una incertidumbre que se retroalimentaba. La crisis que había arrancado cuando se le cortó el acceso al mercado a una economía sobre expandida, endeudada y con libre movilidad de capitales, empezaba a impactar sobre la economía real, la inflación y las encuestas. Esto, a su vez, pegaba sobre la dinámica financiera en un círculo vicioso que no pudo ser frenado ni siquiera con un acuerdo con el FMI que era inédito en magnitud y, a diferencia del pasado, incluía pocas condicionalidades e importantes desembolsos frescos a la economía.

La incertidumbre electoral no hacía más que agravar los problemas. La opción del centro, que podría haber acotado esta dinámica, se pulverizó antes de empezar y nos adentramos en una competencia electoral por la presidencia con ambos extremos denominándose mutuamente el “caos” y el “abismo”, con diagnósticos cruzados sobre el origen de los males en la Argentina y por ende propuestas distintas y antagónicas sobre cómo resolverlos.

La visión binaria del mercado no cambió aún cuando el armado electoral implicó un corrimiento al centro de ambos espacios: Cristina invitando a Alberto Fernández a compartir la fórmula, él como presidente y ella como vicepresidente del Frente de Todos; y Macri invitando a Miguel Ángel Pichetto (también armador del peronismo) a acompañar como vicepresidente la fórmula de Juntos por el Cambio.

A medida que nos adentrábamos en la recta final de una carrera electoral con obstáculos (las Primarias Simultáneas y Obligatorias -las PASO- el 11 de agosto de 2019), las encuestas iban relatando día a día, como en el hipódromo, las diferencias en la intención de voto entre ambos espacios con los mercados sobre reaccionando en simultáneo. Se llegó al blooper de tener una euforia del mercado frente a encuestas que mostraban un empate técnico, el viernes previo a que las PASO convalidaran una diferencia de 15 p.p. a favor del Frente de Todos. Resultado que gatilló una abrupta salida de capitales que terminó por derrumbar las reservas del BCRA y los precios de los bonos argentinos disparando el riesgo país, y terminando de romper el programa financiero y económico de Cambiemos. La propia vorágine de los acontecimientos a lo largo de 2019 iba agregando páginas al libro.

Escribir de a dos con énfasis tan distintos desde la economía y la política sobre una historia que se estaba construyendo, y a distancia (uno desde Buenos Aires y otro desde Washington), tampoco era fácil y dilató los tiempos. La idea de tener publicado el libro para las elecciones presidenciales de 2019, se movió para el traspaso del mando el 10 de diciembre.

Cuando logramos cerrar una primera versión del libro y empezamos a buscar quien lo publique las primeras respuestas fueron que un libro sobre el Gobierno de Macri no tenía mercado. “¿Otro libro sobre Macri?”, nos decían. Aparentemente, a nadie le interesaba entender los motivos de la crisis que estaban viviendo, especialmente sí la explicación no estaba posicionada en alguno de los dos extremos de la grieta. 

Decidimos correr el riesgo de mantenernos en el proyecto original, poniendo el punto final del libro en el traspaso del mando, sumando el relato de la “herencia de la herencia”, la exasperante falta de cooperación de Alberto Fernández en la transición y sus primeros pasos en la gestión. En gran medida porque creemos que sin comprender este nuevo fracaso, escapando a explicaciones maniqueas que se pierden en la grieta y que se enfocan en la política económica de un Gobierno y no de un país, no será posible salir del estancamiento crónico que afecta a la Argentina. 

Reflotando una frase de Javier Cercas: “El pasado nunca acaba de pasar. Porque el pasado del que hay memoria y del que hay testigos, no es pasado, es solo una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado”. Recordar este pasado reciente “significa darse los instrumentos para no cometer los mismos errores”. Este fue desde el inicio el principal interés del libro. 

El acuerdo era cerrarlo en marzo de 2020 y publicarlo en mayo, pero entonces nos agarró la pandemia. En el medio, la dinámica siguió agregando páginas. En esta última versión, incorporamos el primer año y medio de Alberto Fernández, que por su intensidad, podría formar parte de un nuevo libro y no sólo un par de capítulos.

El intento de estabilización en el arranque de la nueva gestión chocó con los costos económicos asociados al manejo de una cuarentena eterna para manejar la pandemia en un país sin crédito y sin moneda, recrudeciendo la interna dentro de la propia coalición de gobierno. La reestructuración agresiva de la deuda privada sin un acuerdo con el FMI que descomprimiera los vencimientos, que desde el vamos arrancaban en septiembre 2021 y se concentraban en 2022 y 2023, y sin una solución a la deuda de pesos, mantuvo muy alto el riesgo país y llevó a exagerar el cepo impuesto inmediatamente después de la elección de octubre de 2019. Situación que agregó presión sobre la brecha cambiaria y la inflación, aún cuando el deterioro fiscal coordinado por la pandemia empezó a corregirse más rápido de lo que el propio mercado esperaba en un contexto de inédita liquidez global. 

La crisis cambiaria desatada en 2018 que, a los tumbos, llevó el dólar oficial de $17 a $100, y el dólar marginal a $180, continúa, con una tasa de inflación que -con muchos precios contenidos por la política-, retornó al 50% y un Gobierno que vuelve a intentar forzar el corto plazo para llegar a la elección, esta vez de medio término, consumiendo los dólares que, cual maná del cielo, recibió el país en 2020 por el salto en el precio de la soja y la tardía emisión de DEGs del FMI. 

El final de esta “tragicomedia de enredos” vuelve a quedar abierto frente a la necesidad de la gestión de Alberto Fernández de cerrar y pasar por el nuevo Congreso un acuerdo con el FMI, con un programa que extienda el horizonte de la Argentina después del próximo 14 de noviembre y evite una disrupción monetaria que vuelva a cambiar el régimen inflacionario. 

Otra vez una elección vuelve a paralizar el país mientras el BCRA consume los dólares de las reservas para financiar un aumento del bienestar transitorio con rendimientos decrecientes. Todo esto mientras en la recta final, el electorado se entera que el presidente y su familia habían violado las reglas de la cuarentena para festejar el cumpleaños de la primera dama, cuando todos estábamos confinados en nuestras casas y alejados de nuestras familias.

Debemos entregar el libro y poner fin a un relato del derrotero de la Argentina que exaspera. La historia continúa, pero su final no está predeterminado. Como mostramos en este libro, lo que sucedió fue resultado de decisiones que los actores políticos fueron tomando en cada momento con un horizonte en extremo cortoplacista. 

La grieta, y la falta de planificación que ha marcado la política argentina de las últimas décadas hace difícil ser optimista respecto a que el final no sea, una vez más, uno disruptivo.

15 de Agosto de 2021  

El libro

Lo que se ofrece en este libro es el resultado del diálogo permanente entre una economista y un politólogo que desde sus trabajos vienen analizando in situ el desarrollo de los acontecimientos. La confluencia de la visión politológica, centrada en el análisis de la construcción política y de la economía, que centra el análisis en la restricción presupuestaria, intenta reconstruir la historia escapando a interpretaciones maniqueas de izquierda y de derecha.

Las metáforas de la náutica que se incluyen en el nombre de los capítulos surgen de las usadas por el propio gobierno de Macri para alentar a la tropa a medida que la corrida contra el peso se agudizaba. En julio de 2018 el mensaje oficial sostenía: “nos dieron un barco que estaba destruido, lo empezamos a arreglar de a poco para corregir el rumbo y en el medio del camino nos agarró la tormenta. Hoy la prioridad es tapar los agujeros porque nos está entrando agua, pero lo importante es que vamos a mantener el rumbo”. 

Las versiones fueron mejorando, a veces pasaban de la náutica al automovilismo, como la del “auto en la banquina”, pero siempre se hacía alusión a mantener el rumbo. Esto aun cuando en medio de las turbulencias financieras, el gobierno de Macri se vio obligado a ir al FMI y a dar marcha atrás con decisiones que hasta entonces actuaban como dogmas. 

Una de las últimas versiones de la metáfora náutica mencionada en una arenga a la tropa en boca de un alto funcionario fue: “Preparé un velero de muy buena calidad y al poco de andar me topé con una tremenda tormenta de frente. Ahora lo único que queda es aferrarse al mástil hasta que pase la tormenta”. Mientras se reafirmaba la estrategia de polarización con Cristina apuntando a un peronismo dividido para asegurar el resultado de la elección en medio de una brusca recesión con la cuenta capital abierta. Una vez definido el resultado de las PASO que coordinó una agresiva toma de ganancias sobre Argentina y la ruptura del programa con el FMI, cambio de ministro mediante, la nueva metáfora náutica pasó a ser: “Ahora el desafío es estacionar el barco en el muelle el 10 de diciembre de 2019, no antes”.

El barco se estacionó, pero el manejo de la deuda y la pandemia del nuevo Gobierno hicieron que volviera a entrar peligrosamente agua al barco. Cuando el mundo nos volvió a ayudar a fines de 2020, la decisión fue chapotear en el barro para evitar tomar decisiones en el año electoral.  

El libro está conformado por siete capítulos y un epílogo. 

El primer capítulo, analiza la competencia electoral de 2015, la llegada de Macri a la presidencia y la herencia que recibió. “Recibimos un barco averiado”. 

El segundo ahonda en el primer año de la gestión de Cambiemos, los errores de diagnóstico y el choque que provocó la fragmentación de las decisiones. “En el astillero, listos para zarpar”. 

El tercero revisa el camino hacia las elecciones legislativas de 2017: la primera gran prueba política del gobierno de Macri, frente al mercado que sólo pedía la gobernabilidad, financió y festejó una duplicación del desequilibrio de las cuentas externas en un país que no tenía moneda y había quitado todos los controles de capitales. “Saquen los botes salvavidas, quedan feos y no los necesitamos”. 

El cuarto se centra en el intento de corregir en 2018, las complicaciones que aparecieron en un país donde todos están de acuerdo en que el ajuste lo haga el otro y que además enfrentó una doble sequía: el corte al crédito y la pérdida de una tercera parte de la cosecha. Acá se relata el desarrollo de la toma de ganancias que arrancó con el desarme del carry trade que había alentado el BCRA con una meta de inflación inconsistente en los dos años previos y derivó en una fuga de capitales que no se detuvo con el salvataje inédito del FMI. “Colgados del mástil hasta que pase la tormenta”. 

El quinto abarca el camino a la elección presidencial; la estrategia de polarización del Gobierno apostando al big data con la sociedad “aguantando” la recesión con la cuenta capital abierta; la decisión de Cristina de competir como vicepresidenta detrás de un armador del peronismo como Alberto Fernández; la unificación del peronismo y la reacción del mercado complicando una transición donde la cooperación entre el FMI, Alberto Fernández y Mauricio Macri no apareció, ni siquiera una vez definido el 27 de octubre el resultado electoral. “Con big data y estrategia esquivamos el iceberg”.

El sexto, “Vuelve a entrar agua al barco”, abarca el primer año de gestión de Alberto Fernández. Del discurso inaugural y el ajuste denominado “Solidaridad Social y Reconversión Productiva”, al exasperantemente lento manejo de la deuda privada que finalmente se reestructuró sin holdouts y sin enmarcar en un acuerdo con el FMI.  Analiza la cuarentena eterna y el recrudecimiento de las internas dentro del Frente de Todos, a medida que los costos económicos emergieron con la brecha cambiaria que llegó al 130% en noviembre pasado. La carta de Cristina y el llamado al FMI de noviembre 2020.    

El séptimo, “Chapoteando en el Barro”. El cambio en la liquidez global con la rápida recuperación económica mundial coordinado por la vacuna contra el Covid-19 y el estímulo fiscal en Estados Unidos. En un contexto económico más benigno, con dólares frescos (soja y DEGs), llegó la decisión de transitar 2021 sin acuerdo con el FMI, apostando a que el avance de la vacunación y la apertura de la economía cambien el ánimo de cara a la elección.      

Finalmente, el Epílogo pone esta crisis en el contexto de las muchas anteriores, e intenta una mirada un poco más larga sobre los desvaríos de la Argentina. Describe cómo el país volvió a dilapidar una oportunidad histórica, como la que le dio el mundo a América Latina en los últimos años, para sentar las bases de un crecimiento menos errático y más inclusivo.

La dificultad para buscar consensos y el péndulo entre gobiernos “populistas” que llegan al poder con la economía en recesión y distribuyen para crecer  y consolidarse en el poder hasta tropezarse con desequilibrios macroeconómicos insostenibles, y gobiernos que intentan hacer ajustes para devolverle competitividad a la economía apelando al crédito en dólares que se corta antes de tiempo y termina en una crisis macroeconómica, vuelve una vez más a repetirse. La diferencia es que esta vez, un Gobierno peronista agarró una economía que no terminaba de aterrizar, se enfrentó a una situación única con la pandemia y sin reservas suficientes y una concentración agresiva de vencimientos con el FMI deberá enfrentar los dos años que le quedan.  

La debilidad institucional y la escasez de dólares autogenerada hace que ningún gobierno pueda tener objetivos de largo plazo, y que la búsqueda de soluciones rápidas para resolver las herencias que se acumulan termine convalidando el péndulo al cual como Sísifo parecemos condenados como país.

Arrancó la carrera electoral. Para las PASO faltan apenas 24 días, y 63 para las elecciones definitivas. La presión cambiaria lógicamente escaló frente a un Gobierno que decidió usar los dólares que cual maná del cielo está recibiendo por la soja y los DEGs del FMI para transitar 2021 sin un acuerdo con el que Fondo descomprima los vencimientos de dólares que arrancan en septiembre próximo y se concentran en 2022 y 2023. La cuenta de dólares y de pesos empieza a crujir.

La acumulación de reservas del BCRA de la primera mitad del año producto de una liquidación récord del campo frente a la señal de precios de los granos y la decisión del Gobierno de pisar la devaluación del peso tocó un techo a mediados de julio y desde entonces acumula una caída de US$1.500 millones, con reservas netas que se ubican en US$5.700 millones.

Las menores compras en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios), el uso creciente de dólares para intervenir en la brecha cambiaria y el reloj del pago a organismos internacionales de crédito explicaron la caída y retroalimentan las expectativas frente a la concentración de vencimientos en dólares a organismos de los próximos meses.

 El dólar SENEBI de $177 es “recontra alto” y contrasta con un dólar de $160, a precios de hoy en el pico de 2002. Sólo se explica por la falta de horizonte el día después de la elección mientras a la caída en las Reservas se suma un Tesoro que encuentra dificultades para refinanciar los vencimientos de pesos y la fuerte corrección fiscal de la primera mitad del año empieza a revertirse y empieza a ser financiada en forma creciente por el BCRA.

De todos modos, con cepo, la pregunta no es si se llega o no a la elección; la pregunta es con qué brecha cambiaria y con cuántas reservas en el BCRA se llega. Fundamentalmente, en qué medida el intento de administrar la escasez de dólares e impulsar el consumo no termina generando cortocircuitos que moderan la “desinflación a pulmotor” que busca el gobierno anclando el dólar oficial y las tarifas.

A diferencia del mundo en desarrollo, en la Argentina todavía se está vacunando a buen ritmo y los anti vacunas todavía no son el problema. Junto con la aceleración del proceso de vacunación, la descongestión de las terapias intensivas y la “necesidad” política de reactivar el consumo; de la noche a la mañana las restricciones a la movilidad desaparecieron.

El riesgo de las nuevas variantes intenta ser contenido frenando los vuelos y dejando varados a “los irresponsables que se fueron de vacaciones en pandemia”. De algún modo, no afecta al núcleo de votantes del gobierno y se enmarca en el discurso del “te estamos cuidando”, mientras la oposición se ocupa de marcar los groseros errores en el diseño del proceso de vacunación (vacunatorio VIP incluido), y en la última semana en los ingresos a Olivos y la grotesca foto del festejo de cumpleaños de la primera dama en plena cuarentena.

La reapertura de actividades luego de las restricciones a la movilidad de abril y los 10 días de cuarentena de mayo (incluyendo feriados) empieza a reflejarse en los indicadores de actividad de junio y los primeros de julio que muestran un rebote bastante fuerte en el margen. El intento de poner plata en el bolsillo vía segunda vuelta de paritarias, la baja del impuesto a las ganancias, un nuevo bono para la AUH y los jubilados y líneas de crédito subsidiadas como el Ahora 30 para la compra de bienes durables o los créditos para monotributistas, seguramente van a tener un impacto sobre el consumo en los próximos tres/cuatro meses, sobre todo de bienes durables.

Todas políticas ya utilizadas en el pasado, que en un contexto de escasez de reservas tienen rendimientos cada vez más decrecientes. Dicho en criollo impactan un poco sobre las cantidades y mucho, en una segunda vuelta, sobre los precios y la brecha cambiaria.

No obstante, sin una disrupción en la economía hasta las elecciones (como ocurrió en 2019) ni capacidad para generar el salto abrupto en el “bienestar transitorio” (como ocurrió en 2011 y 2017) y con un espacio que no se quebró (llegaron con la coalición unida a la elección), es poco probable que el resultado sea contundente a favor o en contra del Gobierno.

La Argentina “continúa” después del 14 de noviembre, y la concentración de vencimientos en dólares torna imperioso un programa económico que descomprima los vencimientos con el FMI. Por lo pronto sabemos que a menos que volvamos a tener un nuevo maná del cielo en 2022, no hay dólares suficientes para seguir pagando con reservas sin terminar en una disrupción monetaria que transporte a la Argentina a un nuevo régimen inflacionario. Y no hay financiamiento monetario disponible dentro de la carta orgánica actual del BCRA para financiar un déficit mayor a 1,5% del PIB el próximo año.

En nuestra visión, a este nivel de inflación y con la brecha cambiaria entre 75% y 85% dependiendo de que dólar se use, los incentivos son muy perversos y las correcciones graduales pueden servir para evitar un escenario disruptivo (como el que aparecería si el BCRA pierde las reservas y/o defaultea al FMI), pero no va a servir para sentar las bases de un crecimiento sostenido. Aun despejando los vencimientos del FMI, si no se derrumba la tasa de interés en dólares (hoy en 20%), la brecha cambiaria no va a bajar en forma consistente. Con la brecha cambiaria alta, los incentivos son malos y el BCRA no va a acumular reservas en forma sostenida.

Difícilmente el Gobierno esté dispuesto a un programa de shock el día después. Lo más probable es que incorpore un intento de corrección gradual del déficit fiscal en un contexto de reducción también gradual de la nominalidad y de la brecha cambiaria con una aceleración del ritmo de devaluación más en línea con la inflación.

Si consigue despejar los vencimientos de la deuda con el FMI y el Club de Paris, las chances de avanzar en un programa mediocre no disruptivo no son pocas. En cualquier caso, dada la concentración de vencimientos de pesos y dólares en el primer trimestre del año, los tiempos para armar, negociar el programa y pasar el programa por el Congreso son muy cortos.

Otra vez cortando clavos y desaprovechando la oportunidad que este año nos brindó el mundo para intentar sentar las bases de un esquema de estabilización. 

La centralidad política del peronismo en la Argentina tiene su origen en la conjunción entre organizaciones gremiales e identidad política. La columna vertebral del Justicialismo fue el sindicalismo. “Fue”, porque esa reunión invencible desde el 45 al 83 en los períodos que había elecciones libres, expresaba políticamente una realidad social nueva: la de la urbanización y proletarización de las capas populares del país.

Las estadísticas actuales muestran que los sectores sociales más bajos de la Argentina ya no se describen más como asalariados formales pasibles de afiliación sindical. El trabajo informal, el desempleo, la exclusión dan cuenta de los sectores populares argentinos tanto o más que el trabajo formal sindicalizado.

De hecho, de los 20 millones de personas activas hay menos de 9 que tienen un trabajo formal. De estas sólo 6 tienen un trabajo formal en el sector privado. A su vez, sólo 3,5 millones de trabajadores están sindicalizados (uno de cada cuatro del sector privado y dos de cada tres en el sector público). Hay alrededor de 3 millones de personas adicionales con algún grado de “formalidad”: 0,4 millones de trabajadores autónomos, 1,6 millones de monotributistas, 1 millón de empleadas domésticas y monotributistas sociales. El resto, 8 millones de personas opera en la informalidad total.

Los planes sociales en manos de la Nación ascienden a más de 9,5 millones de beneficiarios (muchas veces cruzados con los propios trabajadores formales). También hay 9,2 millones de beneficiarios del régimen previsional de los cuales 5,7 millones pertenecen al régimen general, 1,6 millones reciben pensiones no contributivas y el resto pertenece a regímenes especiales (incluyendo las cajas provinciales) que por sí solos explican 40% del gasto previsional.

Con 9 millones de trabajadores activos, se financia a casi 8 millones de beneficios jubilatorios pagados por la Nación. El total de gasto previsional de la Argentina asciende a casi 12% del PIB y representa el 75% de las transferencias al sector privado que a su vez dan cuenta de un tercio del gasto público.

Una buena parte de la explicación del triunfo electoral de Macri en 2015 se encuentra en esa diferenciación entre “los de abajo”: los históricos trabajadores peronistas sintieron que “su” peronismo se ocupaba más de los excluidos que de ellos, que eran quienes trabajaban y a quienes castigaban con el Impuesto a las Ganancias sobre el salario. Una “contradicción” en sus propios términos que no tiene en cuenta cuál es el basamento de los sistemas tributarios del mundo desarrollado. Pero esos trabajadores ya le habían perdonado al peronismo cosas más inconvenientes para sus intereses colectivos: en los noventa el peronismo avanzó en las reformas estructurales que abrieron la economía, privatizaron y sacudieron las estructuras sindicales en pos de un aumento en la productividad de la economía y su contracara dada por una triplicación de la tasa de desempleo que llegó a alcanzar 18% en 1995.

Steven Levitsky detectó que el peronismo es el único partido de América Latina y Europa Oriental que llevó adelante las reformas pro-mercado y mantuvo la competitividad electoral; todos los demás o bien se extinguieron o quedaron reducidos a la insignificancia en las urnas. Al peronismo sus bases lo siguieron, como pedía en su momento el líder de esas transformaciones, Carlos Menem.

Luego de la victoria de Cambiemos en 2015 el peronismo regresó al gobierno aunque la heterogeneidad en sus bases de apoyo se ha profundizado, al menos si se las analiza con estadísticas en mano. Esto pone al peronismo otra vez frente al desafío de representar a los cada vez menos trabajadores sindicalizados y al variopinto universo de los excluidos. Una caldera.

Muchas organizaciones sociales forman parte de la coalición de gobierno. Estos funcionarios, tienden un puente entre la formalidad institucional y la informalidad del territorio, transmitiendo puertas adentro las demandas de sus bases que están en la calle. Allí, ganan o pierden su legitimidad estos dirigentes.

En los movimientos sociales está sucediendo lo mismo que con la dirigencia sindical: hay cada vez más elencos dirigentes entronizados en el control durante años con manejo de cajas cada vez más grandes - se acercan al 1% del PIB-. En algunos casos financiadas con impuestos transitorios “con asignación específica” como ocurrió con una porción del impuesto país a la compra de dólares o con el impuesto a la riqueza.

Sin embargo, a diferencia de las dirigencias sindicales, los liderazgos de los movimientos sociales siguen teniendo como principal escenario las calles para demostrar su fortaleza y expresar sus demandas al Gobierno. La reválida de los títulos de conducción social, tiene un calendario más exigente con pruebas sorpresas según aprieten las necesidades de sus bases. Esto hace que, los referentes sociales tengan menos paciencia que sus homólogos sindicales en la negociación con el Estado.

El reciente conflicto en torno a las Tarjetas Alimentar es un sólo ejemplo de las fricciones que se dan entre el Gobierno y las organizaciones sociales. El 7 de mayo del presente año, Alberto Fernández anunció la ampliación de los beneficiarios de las Tarjetas Alimentar y un aumento en el monto de las mismas. Esta medida, si bien significa un subsidio adicional a las familias de bajos ingresos, no fue bien recibida por los principales dirigentes sociales. Juan Grabois y Emilio Pérsico cuestionaron el carácter asistencialista de la medida, aunque en rigor se quejaron de las comisiones bancarias e indirectamente del puenteo en el manejo de la caja. Esto revitalizó las discusiones sobre el perfil de la política pública orientada a lo social, es decir, si los fondos públicos deben destinarse a transferencias directas o a programas de empleo y urbanización barrial. Ante esta situación, los dirigentes más cercanos al Gobierno adujeron que la medida era eventual, y que pasada la situación adversa, se avanzaría con medidas más cercanas a las demandadas por los dirigentes de los movimientos sociales.

El oficio de calderero

Esta dimensión del PJ como partido de encuadramiento de bases es subvalorada en los análisis, solo permea en frases de resignación del estilo “a este país el único que lo puede gobernar es el Peronismo”, o “con esta pandemia a Macri le explotaba”, a veces con una georreferencia en el conurbano para especificar el punto exacto de la incrustación de caldera.

Pero hay una funcionalidad del desempeño justicialista para el sistema político. No casualmente en la Argentina se están procesando las demandas sociales dentro del sistema y en Chile, Colombia y Venezuela se expresan por fuera de las instituciones o directamente con un viraje autoritario.

Paradójicamente, este esquema de funcionamiento que torna “estable” la política se da en medio de una inestabilidad macroeconómica que sigue aumentando las inequidades del sistema con un mercado formal de empleo cada vez más reducido y un sistema previsional que no se financia si se quiere sostener la universalidad. En el medio, un sistema tributario que en un contexto de informalidad creciente sigue agregando tributos para intentar cerrar una brecha fiscal estructural en un país que se quedó sin crédito y sin moneda y con riesgos ciertos de cambiar otra vez de régimen inflacionario si no se avanza rápido en un acuerdo con el FMI que descomprima los vencimientos por US$44.000 millones que se concentran en los próximos dos años.

¿Encontrará el peronismo como en los '90 los mecanismos para salir de este entuerto? ¿o dejará de ser, en palabras de Levitsky la excepción a la regla?

 La nota es un extracto de uno de los capítulos del último informe mensual de Eco Go donde se analizó más detalladamente el comportamiento de la caldera social y el rol de los movimientos sociales. Informe Nº 169: “El ruido del Tiempo: sin margen para seguir procrastinando después de octubre”

DTC

“Primero la salud y la vida, después la deuda”. Así se titula la proclama del 25 de mayo firmada por un grupo de políticos, sindicalistas, actores y periodistas entre otros, pertenecientes al Frente de Todos, a través de la cual exigen al Gobierno, del cual forman parte, que suspenda los pagos al Club de París y al FMI mientras dure la pandemia. También exigen que negocie agresivamente las condiciones de refinanciación de los vencimientos de capital por US$44.000 millones a partir de septiembre (que se concentran entre 2022 y 2023), forzando los estatutos del organismo en términos de tasa de interés y plazos. Recordemos que, por la magnitud del crédito otorgado a la Argentina respecto a su cuota, el país aceptó pagar una penalidad de 200 puntos básicos por sobre la tasa de interés básica que cobra el FMI.

Lo patológico es que esta proclama ocurre apenas diez días después de la visita del Presidente y su ministro de Economía a Europa. Visita en la que intentaron renegociar contra reloj el vencimiento por US$2.400 millones con el Club de París del próximo 30 de mayo, y después de la cual dejaron trascender que el organismo estaría dispuesto a “liberar” del default a la Argentina. Ocurre casi en simultáneo a la conversación pautada entre Alberto Fernández y Angela Merkel, siendo Alemania uno de los países con capacidad para torcer la decisión. Y también en simultáneo a la noticia filtrada por el propio Gobierno respecto a que a principios de junio vendría una misión para avanzar con el Artículo IV: el informe que hace el FMI sobre todos los países miembros sin programa y que en el caso de Argentina (donde el programa está caído desde agosto de 2019, después del resultado de las PASO) es una de las exigencias del Club de París para refinanciar el vencimiento mencionado y evitar el default. 

Un default al Club de París (en el que se incurriría si no se subsana el pago 60 días después del vencimiento), prácticamente duplicaría el monto adeudado al organismo. Esto es así debido a la letra chica del acuerdo firmado en 2014 por el entonces ministro de Economía y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para reestructurar el default en el que todavía estaba la Argentina desde la salida de la convertibilidad. Otra vez, la defensa del “presente y el futuro de los argentinos”, como titula la proclama, puede terminar aumentando en forma directa la deuda.   

Si bien no es la primera vez que una movida dentro de la propia coalición de gobierno patea en contra, lo cierto es que a medida que los días transcurren, el juego se torna cada vez más perverso y puede terminar atentando contra el propio objetivo de la política puesto en llegar a la elección sin que la coalición de gobierno se rompa y con la brecha cambiaria contenida. Si bien la aceleración en la liquidación de la cosecha coordinada por la suba en el precio de la soja (que vale remarcar durante los feriados cayó US$50, a US$555 la tonelada) y un BCRA que puso el freno al ritmo de devaluación del dólar oficial, le permitió al BCRA empezar a recomponer reservas, reducir la exposición en futuros e intervenir en la brecha cambiaria que se mantiene en torno a 70%, lo cierto es que hasta noviembre falta mucho y el equilibrio es delgado. Sobre todo, por la incertidumbre que genera el impacto sobre las nuevas medidas de restricción a la movilidad de las personas impuestas frente a la llegada de la tercera ola sin vacunas suficientes. 

La concentración de vencimientos fue un seguro que tomó el FMI para asegurar que cualquiera que tomara las riendas del país a fines de 2019 se sentara a la mesa de negociación. Más allá de los errores de un programa que pretendió financiar la reelección con un esquema extraordinariamente rígido, la cuenta capital abierta y flexibilidad cambiaria, que no haya habido transición en 2019 después del resultado de las PASO, y haber avanzado en una renegociación de la deuda con privados sin enmarcarla en un acuerdo con el FMI, fue un grave error que explica que la deuda recién reestructurada rinda 20%. Desde el vamos se conocía el cronograma de pagos al FMI y el calendario electoral en 2021, y parados a hoy negociar un programa que funcione y que además debe ser aprobado por el Congreso en medio de una elección luce inviable. De ahí la necesidad de un acuerdo puente que postergue los vencimientos y/o un acuerdo posterior que devuelva los pagos de septiembre y diciembre en el arranque como parte del programa. 

Si bien coincido en que los US$4.370 millones que le tocan a la Argentina por la emisión de DEGs del FMI deberían utilizarse para estabilizar las reservas en el marco de un acuerdo con el organismo que permita reestructurar los vencimientos, no es lo mismo una reestructuración que un default. No sólo el Club de París exige un acuerdo con el FMI como garantía para reestructurar sus vencimientos, también China lo exige para sostener los desembolsos para financiar las inversiones que está llevando a cabo en el país. 

El carácter laxo del “nuevo FMI postpandemia”, la consolidación fiscal que empieza a darse en los últimos meses como contracara de la aceleración de la inflación y el rebote de la actividad (aún con los anuncios de mayores gastos Covid-19), el salto en la recaudación de retenciones a estos precios de las commodities y el impuesto a las “grandes fortunas” da margen para avanzar en algún acuerdo. A contramano, juega la brecha cambiaria, el abuso del uso del dólar como ancla y fundamentalmente la distorsión de precios relativos que se empieza a acumular en una economía cada vez más cerrada, donde los controles de precios no son para todos y que sostiene hace seis meses una inercia inflacionaria que corre a un ritmo del 60% anualizado (4% mensual). Pero un programa fiscal, financiero, monetario consistente, no es viable sino se avanza en modificar andamiajes en el funcionamiento de la economía. 

El status quo actual del mercado laboral donde con los salarios licuados sólo 5,8 millones de los 20 que representa la población económicamente activa tiene un empleo formal privado, requiere urgente una definición que evite el aumento en las inequidades que provoca y fundamentalmente evite que se siga destruyendo la base imponible. Para empezar una eliminación de la prohibición de despidos y de la doble indemnización que se impuso a principios de 2020 y se sostuvo hasta hoy.  

La discusión sobre el mercado laboral no puede hacerse por separado del régimen previsional. Al final de cuentas, la moratoria previsional incorporó a muchos de los que habían quedado excluidos del mercado laboral formal durante los 90s. Y si bien actuarialmente quienes perciben la moratoria no van a incidir presupuestariamente en 10 años, entonces el problema va a ser el monotributo donde se necesita el aporte de 14 aportantes a este régimen para financiar una jubilación mínima. Tampoco puede resolverse el déficit previsional aumentando la edad jubilatoria sin buscar una solución al esquema de indemnización vigente. Para empezar, se requiere otra vez una definición sobre la nueva movilidad previsional que motorizó el gobierno, ya que a estos niveles de inflación la economía no funciona, y bajar la inflación con la mitad del gasto público de la Nación indexado al pasado revierte la consolidación fiscal de 2021.

El esquema tributario requiere una discusión aparte.  La combinación de brecha cambiaria en 70% con las alícuotas actuales, está generando una erosión creciente de la base imponible que atenta contra el contrato social, el crecimiento y la viabilidad de la consolidación fiscal necesaria. 

A contramano del teorema de Baglini que sostiene que la irresponsabilidad de las propuestas de política económica es inversamente proporcional a la cercanía del gobierno, acá son los propios los que esmerilan sistemáticamente cualquier intento de enderezar el rumbo. La lógica de que detrás hay un juego de policía bueno policía malo para fortalecer la negociación viene ciertamente fallando y generando la ruptura del crédito soberano más tonta de la historia. Están jugando con fuego, perdiendo otra oportunidad para la economía, pero fundamentalmente poniendo en riesgo su propia estrategia cortoplacista.

WC

Cada vez que se publican los números de pobreza todos nos escandalizamos. Sobre todo, cuando hacemos foco en la tragedia que implica que 6 de cada 10 menores sea pobre en la Argentina. Sin embargo, la creación de pobres ha sido una constante a lo largo de los últimos años, casi que uno podría definirla como la única política de Estado que se mantuvo estable, independientemente del gobierno de turno.  

En los últimos 50 años la población se duplicó y la cantidad de pobres se multiplicó por veinte a pesar de que las transferencias directas del Estado representan hoy casi 15 puntos del PIB entre jubilaciones (moratoria incluida), planes sociales y subsidios a las empresas para financiar parte del atraso tarifario. 

Asimismo, tenemos un Estado que, aún después del ajuste de Mauricio Macri y antes del salto transitorio que provocó la pandemia, es casi 50% más grande que el que teníamos hasta los años 90, pero con una salud y educación que, si bien siguen siendo gratuitas y universales, fueron cooptadas por el poder sindical y transferidas a las provincias en los 90 y dejaron de ser utilizadas por una porción creciente de la población, lo cual erosiona el contrato social y la base tributaria. 

Un 30% de los alumnos de las escuelas primarias y secundarias de todo el país asisten a la educación privada y un 65% de la población cuenta con una cobertura de salud privada a través de las obras sociales y/o de las medicinas prepagas, con diferenciales de calidad/resultados cada vez mayores. 

Las asimetrías en la educación se dispararon con la pandemia frente a una muy diferente reacción del sector público y privado para encarar una “virtualidad de prepo” y la decisión política de mantener un año cerradas las escuelas. Asimetrías que el propio Gobierno agravó cuando decidió encarecer la compra de computadoras para favorecer la producción de Tierra del Fuego. 

En lo que hace a la salud, el intento de centralizar las decisiones para manejar la pandemia se fue dejando de lado cada vez que los dispositivos implementados empezaron a fallar. Un año atrás, el Malbrán concentraba todos los test y no superaba los 300 diarios. Hoy éstos dejaron de ser un bien escaso y el manejo descentralizado funcionó con una pata pública importante. En el caso de la vacuna, los errores y/o mala suerte dependiendo del lado de la grieta que se analice, sumadas al grotesco de las noticias sobre la existencia de un vacunatorio vip y una distribución federal de las mismas sin tener en cuenta criterios respecto a la población de riesgo derivaron, tarde, en la decisión de autorizar a los distritos y al sector privado a comprarlas directamente. 

En el caso de las camas, un año atrás la discusión sobre su manejo duró apenas una semana, aunque también es cierto que ni el sistema privado ni el público se congestionó. Hoy todavía la discusión no apareció, pero los riesgos de congestión frente a la demora en la vacunación están cada vez más cerca. En el medio un manejo de los precios de la salud erráticos; mientras los medicamentos suben sin que nadie los mire, las prepagas quedaron atrapadas junto con las empresas de alimentos y las tarifas. Detrás, otra vez la discusión sobre la nacionalización del sistema de salud que de momento funciona como mecanismo de negociación con los sindicatos, y que no tiene en cuenta que 4 de los 6 millones de afiliados a las prepagas derivan aportes que representan en promedio casi un 7,5% del salario de bolsillo del aportante principal. El 1,5% restante de los 9% que representan los aportes, queda en manos de los sindicatos y del sistema de seguro de salud para financiar los altos costos del sistema. 

Digo esto porque, mientras esta discusión entra en la agenda, el Gobierno baja el impuesto a las ganancias a los mismos trabajadores para mejorarles el salario. La contradicción con el manejo del impuesto a las ganancias también alcanza a los jubilados; mientras licua las jubilaciones más altas, les baja el impuesto a las ganancias. Y lo financia con un aumento en el impuesto a las ganancias a las empresas mientras permite que las provincias suban ingresos brutos.  Un corso a contramano, diría un amigo. 

Respecto al sistema previsional este representa más del 50% del gasto nacional, 35% del gasto total, en una economía donde sólo 9 millones (6 millones privados y 3,2 millones públicos) de los 12 millones de ocupados formales (17 millones cuando se cuenta también a los informales y 19 cuando se incluye a los desocupados) tienen aportes regulares a un sistema de seguridad social nacional que cuenta con 6,5 millones de jubilados, 8 cuando se incluyen las pensiones graciables. Actuarialmente los jubilados de la moratoria previsional de 2006, que duplicó la cantidad de jubilados, no van a estar en 10 años, pero entonces el problema va a ser el monotributo, teniendo en cuenta que con los aportes actuales se necesitan catorce monotributistas para completar un haber mínimo. Y obviamente también al sector informal sin ningún tipo de aporte. 

Paradójicamente, la Argentina enfrenta los problemas que presentan las economías del bienestar, pero sin haber alcanzado el desarrollo y cuando todavía no gastó el bono demográfico. Sin moneda y sin crédito, en gran medida porque para financiar este cambalache se abusó por turnos del impuesto inflacionario y la deuda, el país convive con graves problemas de competitividad generados por esta escalada en la puja distributiva. Puja que ya no es sólo entre el capital y el trabajo, sino fundamentalmente entre el sector público y privado, incluyendo entre ambos al sector sindical; entre la Nación y las provincias y, fundamentalmente, entre sectores donde la posibilidad para ajustar sus precios en una economía con inflación alta, la protección infinita del mercado, los esquemas de incentivos y/o subsidios diferenciales siempre están justificados en la ineficiencia del sistema en su conjunto.

Mientras tanto, en la coyuntura actual después de una licuación del salario provocada por dos años de crisis y uno de pandemia, la principal ventaja competitiva de la Argentina es el desplome del costo laboral originado en la licuación de los salarios. Y en un mundo cada vez mas virtual esto podría ser una enorme oportunidad. Pero con el régimen laboral actual, incluida la prohibición de despidos, y la incertidumbre política que provoca el cortoplacismo de la política y la dificultad creciente para encontrar consensos básicos en un país cada vez más agrietado, la creación de empleo formal sigue esperando y la pobreza escalando.

MDP

En su discurso inaugural del año legislativo, el presidente Alberto Fernández puso el pie en el acelerador de la carrera electoral. Quedó en evidencia que la prioridad del Gobierno ya no es, como en octubre pasado -cuando la brecha cambiaria se escapaba por encima del 130%-, un acuerdo con el FMI que ayude a estabilizar la macroeconomía. Mas bien, ya casi transitados los meses hasta la salida de una nueva cosecha bendecida por una soja en US$520 la tonelada y una brecha cambiaria contenida en 65%, la prioridad consiste en usar la retórica contra el organismo como caballito de batalla de cara a la elección. Una vez más, después de octubre vemos.  

El anuncio de que se avanzaría en una querella contra Macri y sus funcionarios inició una guerra de números sobre el endeudamiento y la fuga de capitales, buscando culpables a uno y otro lado de la grieta. 

Lo patético de la situación es que esa fuga ha sido una constante en los últimos quince años en un país que, a diferencia del resto de la región, no aprovechó el contexto global y la baja inercia inflacionaria que había dejado la convertibilidad para construir una moneda. Un país en el que, desde 2012 -cuando la economía perdió el superávit de las cuentas externas (el fiscal se había perdido en 2009 y en 2015 había llegado a un déficit primario de 3,8% del PIB)-, el “desendeudamiento kirchnerista” y el “endeudamiento  macrista” convivieron ambos contra un deterioro creciente del balance del Banco Central (BCRA).

Desde 2006 a la fecha, la formación de activos externos totalizó USD180.000 millones, casi medio PIB y cinco veces el tamaño del crédito en los bancos. La contracara fue un estancamiento crónico de la economía a partir de 2012 -cuando la Argentina perdió el superávit en la cuenta corriente- y hasta principios de 2018 -cuando el corte al crédito, y un programa con el FMI (que no sirvió para estabilizar) pusieron a la economía en recesión-. 

Con datos del BCRA, la formación de activos externos alcanzó a: 

En 2020, nuevo cepo mediante, la formación de activos externos se cortó a USD3.000 millones, pero la cancelación de deudas privadas superó los USD10.500 millones. La cancelación de deuda pública fue menor (sólo USD1.600 millones) como contracara de la reestructuración. Los pasivos remunerados saltaron a 10% del PIB y el déficit fiscal a 6,4% en plena pandemia.     

La principal diferencia es como se financió. Hasta 2011 la formación de activos externos se financió con flujos. El uso de reservas para pagar la deuda del Tesoro se reponía con dólares, que entraban por el superávit de la cuenta corriente.  

Entre 2012 y 2015, ya con déficit externo, la fuga se financió con Reservas del BCRA. En rigor, el cepo la redujo, pero en simultáneo aceleró un proceso de desendeudamiento público y privado que alcanzó a US$11.000 millones por año. Al final del camino, el BCRA se había quedado sin reservas, pero el sector público y privado se habían desendeudado.  

Entre 2016 y 2017 mientras el déficit de cuenta corriente escalaba, la formación de activos externos se financió con deuda pública y privada (USD17.000 millones por año del sector público y casi USD9.000 del sector privado), dando lugar al aumento en las reservas mencionado antes. 

Entre 2018 y 2019 una vez cortado el crédito, la formación de activos externos y la cancelación de deuda con el mercado (-USD9.800 por año el sector público y -USD6.500 el sector privado) se financió con Reservas (las que el BCRA había comprado en los dos años anteriores) y en parte con los dólares del FMI. 

El dinero es fungible. Dependiendo de quien haga las cuentas, los dólares del FMI se usaron para cancelar deudas y/o para financiar la salida de capitales. Los números de la deuda del Tesoro con el mercado muestran una suba de USD90.000 millones en los primeros dos años del gobierno de Macri (de 12,5% del PIB a 25% del PIB). De estos, USD15.000 millones fueron usados para reducir la deuda con los holdouts, el resto para financiar un déficit financiero mayor a 6 p.p. del PIB por año. Desde el acuerdo con el FMI y hasta fines de 2019 la deuda con el mercado se redujo en USD29.000 millones, un poco licuando y un poco pagando.  

Rearmando el flujo de fondos, antes de que arranque la corrida la Argentina tenía USD36.000 millones en las reservas netas. De estas, sólo quedaban USD10.000 millones al cambio de gobierno (incluyendo los USD44.000 millones que desembolsó el FMI) y hoy sólo quedan USD2.200 millones. Como contracara del financiamiento monetario del salto en el déficit en 2020, el stock de pasivos remunerados que vuelve a superar los 10 puntos porcentuales del PIB y el aumento de la deuda en pesos alcanzó a 2 puntos del PIB. 

Una vez más, dependemos de la suerte (del precio de la soja y/o de una capitalización del FMI que nos traiga dólares frescos) para poder seguir manejado la brecha cambiaria con precios de los bonos de la deuda -recién reestructurada- de remate.   

Mientras tanto, lejos de intentar aprovechar el contexto actual para estabilizar la macro, como en el gran bonete seguimos discutiendo a los gritos cuando se jodió la Argentina e iniciando nuevos procesos judiciales que, en una situación de empate hegemónico, se frenan siempre cuando cambia el signo político. 

MDP