El resultado de las PASO mezcló un esperado escenario de tercios con una sorpresa: el partido y precandidato más votado, La Libertad Avanza, de Javier Milei. Con el diario del lunes podemos entender que la crisis económica es la principal motivación para un tercio del electorado en optar por una fuerza inédita en nuestra historia. ¿Qué está pasando en la economía argentina y cuáles son los escenarios económicos que se abren ahora de cara a las elecciones generales de octubre?

Un breve diagnóstico de la economía hoy

En primer lugar, si bien la inflación parecía estabilizarse en torno al 6% mensual, desde fines de julio retomó la tendencia alcista. El aumento de algunos precios atrasados (como carne y servicios regulados) y estacionales (turismo), mayores impuestos a importaciones y la aceleración de los dólares paralelos contribuían a acrecentar la expectativa inflacionaria. 

La devaluación del lunes post-PASO echó por tierra con cualquier optimismo respecto de los próximos meses. Con agosto y septiembre firmemente en dos dígitos, la primera pregunta es por la inercia que muestre la inflación a partir de octubre. El régimen de alta inflación que se ha configurado en el último tiempo en Argentina ha involucrado cambios en los comportamientos: los reajustes de precios son cada vez más veloces o indexados y por tanto la inercia es mayor. La mesa está servida para que la inflación supere incluso este año el 160% interanual.

Esto tiene su efecto constante y directo en el empleo y los ingresos. En los últimos cuatro años el poder adquisitivo del salario mínimo mermó 10%, la jubilación mínima 22% y la asignación por hijo 33%. La baja del salario real en el sector privado alcanzó 6,5% en el caso de quienes poseen un empleo registrado, y 28,8% entre los no registrados (que representan casi 37% del empleo asalariado). Todos los ingresos perdieron, en especial los salarios no registrados y las transferencias estatales (jubilaciones y asignaciones).

El corolario de la caída del salario real es la dificultad de las familias en poder costear las canastas básicas de subsistencia. Para la última mitad del 2022 (incluso con inflación más modesta que la actual) la cantidad de personas en situación de pobreza alcanzó al 39,2% de la población. Peor aún, 5 de cada 10 infantes de menos de 14 años son pobres. Del total de personas pobres, el 21% es indigente (8% de la población).

En parte esto explica el sostenimiento de niveles elevados de actividad laboral (48%) y empleo (45%): más personas de cada familia deben salir a trabajar para llegar a fin de mes (similar a lo ocurrido hacia finales de la convertibilidad). La precarización laboral también es precarización de las condiciones de vida, así como la pobreza de ingresos también es pobreza de tiempos para cada familia en esa situación.

El sector productivo está severamente afectado por la crisis económica. El principal protagonista de estos largos meses es el sector agropecuario, cuya producción cayó 44% en el último año como resultado de la sequía. La industria, en este contexto de inflación y escasez de divisas, desde hace meses empezó a manifestar su merma, aunque el estancamiento actual aún se da a un mayor nivel de actividad que en 2019 (9% más). El comercio tiene una evolución positiva pero modesta de 2,2% en comparación con el año pasado y está en condiciones bastante mejores que en el año anterior a la pandemia. En esta heterogeneidad, no faltan sectores como la minería que aún crece de manera sostenida.

Mientras tanto, las reservas brutas del Banco Central se encuentran en USD 23.700 millones, sus niveles más bajos en 18 años; y las netas muestran récords históricos por lo negativo, rondando ya los USD 10.000 millones en rojo. El dólar oficial ya había acelerado el ritmo de crawling peg (en junio subió 7,6% y en julio 7,1%, de manera que le ganó a la inflación) antes del 22% de devaluación del lunes. Los paralelos también subían a la par y en estos días están re-acomodándose al salto del oficial, recomponiendo la brecha del 100% en torno a la cual rondaron en estos meses.

Ahora bien, la crisis económica no es sólo un problema de esta gestión. En promedio, entre 2012 y 2022 el PBI cayó 0,08%, y en 6 de esos 11 años la variación interanual fue negativa (con el máximo de 10% en 2020 como efecto de la pandemia). Consecuentemente, la pobreza entre 2016 y 2022 se mantuvo en valores promedio de 34% (en 2019 fue de 35,5%), y la indigencia de 7,6% (8% en 2019, al igual que en 2022). El nivel más bajo de inflación entre 2017 y 2022 fue 24,2% en 2017, y desde entonces se ha acelerado hasta los niveles actuales.

La economía hasta las elecciones generales de octubre

La falta de respuestas a esta crisis perpetua pero acentuada en 2023 explica en gran parte el resultado electoral. El problema es que las soluciones de fondo que se necesitan de acá en más aún deberán esperar: no puede tomarlas este gobierno saliente, sino que debe hacerlas quien asuma en diciembre, con mayor poder y plazo para ejecutarlas.

Hoy, en la agenda de gestión sólo hay parches. Algunos serán más necesarios, como una transferencia de urgencia a los hogares más vulnerados. Otros parches implicarán patear para 2024 problemas como la deuda comercial privada (importaciones que no están siendo pagadas, acceso pospuesto a dólar oficial para empresas que recurrieron a otros dólares para pagarlas, etcétera) o los pasivos remunerados del BCRA (que se sitúan en máximos históricos, llegando a casi 14% del PIB, y continuarán creciendo impulsados por su propia tasa de interés) que hace que la reducción de la base monetaria abajo del 5% del PIB parezca insustentable. Otros serán meras actuaciones para las cámaras sin efecto real, como un enésimo acuerdo de precios en un contexto de aceleración inflacionaria.

Todo bajo la mirada atenta de nuestro gran acreedor, que desde que volvió de la mano de los USD 45.000 millones prestados a Macri tiene suficiente poder como para incidir en la capacidad de tomar decisiones de política económica de este gobierno y de cualquiera de los que vengan a futuro. En efecto hoy el FMI exige seguir bajando subsidios energéticos, aumentar tarifas de electricidad y gas y continuar reduciendo el poder adquisitivo de los planes sociales y los salarios públicos. En definitiva, un combo de más inflación, menos poder adquisitivo en los hogares, menos obra pública y más impuestos, en el contexto del proceso electoral. Y aún así, en noviembre estaremos negociando con el FMI por haber incumplido las distintas metas (fiscales, de acumulación de Reservas, etc.) que se acordaron apenas el mes pasado.

Mientras tanto, la incertidumbre respecto de qué tipo de políticas implemente cada potencial presidente lleva a que cada quien se cubra de riesgos como puede: eso implica volatilidad en los mercados financieros, aumentos de precios precautorios, demanda de dólares. Un comportamiento racional en lo individual, pero que a nivel social termina siendo contraproducente.

De cara a octubre, el ministro candidato Massa enfrentará estas tensiones como pueda: con los parches que logre aplicar para aplacar la inflación, el FMI mirándolo por encima de su cabeza, la actividad productiva atada con alambres; pero también con la oportunidad de mostrar un uso creativo y eficiente de las capacidades de gestión pública y de proponer un horizonte distinto. De hecho ese es el gran desafío de Massa y Bullrich: argumentar y convencer de que tienen ideas y herramientas para salir de la crisis que sus coaliciones han provocado y para la cual no han encontrado (o y/o implementado) estrategias para su solución hasta el momento.

Artículo escrito por Florencia Fiorentin (CONICET/UNGS) y Martín Kalos (EPyCA Consultores)

MK/FF/JJD

Las recientes negociaciones con el FMI dejan señales que permiten sacar algunas conclusiones. Por un lado, la falta de un acuerdo implica que el Fondo pide cosas que el Gobierno argentino no está dispuesto a ceder (¿una devaluación?). Por el otro, el hecho de que Argentina haya pagado en julio el vencimiento de deuda significa que espera llegar a un acuerdo en breve.

Principalmente porque sí existía alternativa: dejar de pagar, quedarse con esos dólares y utilizar los seis meses de margen que da el FMI para normalizar pagos, sin que eso dispare un default. Eso hubiera sido patearle el problema al primer mes de mandato del próximo gobierno, que heredará una situación de reservas agónica, deuda comercial, nueva renegociación necesaria con el FMI y el cepo cambiario que impide que entren dólares al país, una cosecha sin sequía y un gasoducto inaugurado que mejorarán la balanza comercial argentina en 2024.

Ese incumplimiento y cese de negociaciones con el FMI le hubiera permitido a Massa plantear un discurso más duro y anti-FMI para congraciarse con el espectro progresista o izquierdista del electorado, incluyendo a parte del kirchnerismo. Seguramente no tenía sentido: el voto que Massa necesita captar no es ese (que no votaría a JxC y entonces post-PASO tendrá que elegir entre votar al FIT o votar a UP: no habrá opciones electorales en el medio), sino el de centro y centro derecha que intentará disputar con JxC.

Si logra llegar a un acuerdo, en lo que resta del año el FMI debería girar a Argentina USD 7.700 millones, mientras que Argentina pagaría vencimientos de deuda por USD 4.600 millones. Haber pagado el último vencimiento implicó una emisión monetaria de $ 688.000 millones del BCRA, para prestarlos al Tesoro como Adelanto Transitorio y que el Tesoro usara ese dinero para comprarle DEGs y yuanes por el equivalente a los U$S 2.692M a pagarle al FMI. Pero ahora sí para Argentina el flujo de divisas resultante de alcanzar un acuerdo sería positivo en el segundo semestre.

Por ahora, Argentina ya anunció que pagará al FMI recién a fin de mes los distintos vencimientos de julio: prevé hacerlo con los DEG del próximo desembolso, cosa que el FMI por ahora estaría dispuesto a aceptar.

¿Qué pide el FMI a cambio? Una combinación de:

○       tasas de interés reales más altas: algo que seguramente el Gobierno conceda; de mínima, no las bajará en estos meses de inflación mensual levemente menor al 8% de Tasa Efectiva Mensual definido por el BCRA.

○       reducción del déficit vía menores subsidios energéticos: la propia Secretaria de Energía Flavia Royón admitió en una entrevista esta semana que si bien viene cumpliendo con la meta fiscal en subsidios, el FMI podría pedir un esfuerzo mayor. El problema es que el próximo aumento de tarifas energéticas está pautado para noviembre: adelantarlo implicaría que se concrete antes de las elecciones.

○       devaluación abrupta del tipo de cambio oficial: esto no soluciona ningún problema (salvo que la devaluación sea parte de un programa de estabilización y salida del cepo cambiario, algo que este gobierno no puede hacer) y si acelera la inflación corre el riesgo de espiralizarse a niveles incluso más peligrosos que el actual. En cambio, es probable que el Gobierno proponga micro-devaluaciones (por ejemplo que el aumento siga siendo un goteo diario, pero en el total del mes supere a la inflación) y/o devaluaciones efectivas sectoriales (a través de impuestos a la importación, que abarcaría a todos los productos importados pero seguramente deje afuera a medicamentos, alimentos y energía).

A la vez, el Gobierno sigue negociando con China. Aprovecha la bipolaridad global consolidada en el ascenso chino y sus múltiples políticas financieras, cambiarias y monetarias para expandir su influencia mundial; y del retroceso en el liderazgo estadounidense.

China financió en las últimas décadas en Argentina proyectos en energía, infraestructura y agricultura, incentivando o exigiendo que se contratara a empresas chinas como contraprestación.

Además acordó swaps de monedas con varias naciones (reduciendo el comercio en dólares) y promovió la inclusión del yuan en las Reservas Internacionales de los Bancos Centrales, a fin de consolidarlo como divisa global. Su política monetaria en el mediano plazo implicó la depreciación del yuan frente al dólar, permitiéndole competir favorablemente en precios. Si bien el yuan en transacciones comerciales internacionales aumentó, aún está lejos de desafiar la hegemonía del dólar.

El swap con Argentina se ubica hoy en el nudo de la política argentina: ante la escasez de reservas, la conversión de yuanes a dólares implica convertir el swap en un préstamo a una tasa que hoy supera el 7% TNA.

En comparación, la deuda con el FMI paga hoy una tasa del 7,8% TNA. Es la suma de la tasa de interés del FMI más sobre-tasas que debe pagar Argentina, por el tamaño de su deuda con el FMI y porque esa deuda ya cumplió más de tres años desde que Macri la acordó.

De manera bilateral, China se posiciona como prestamista “de última instancia” para países como Argentina, en condiciones financieras más ventajosas que las que promueve el FMI. Si el FMI condiciona sus créditos “baratos” a la implementación de reformas de la política económica y/o estructurales, China exige mejoras comerciales y de oportunidades de negocios para sus empresas.

En la última década China rescató a otros países por un monto que equivale al 20% de los préstamos otorgados por el FMI. Pero ese crédito chino “difiere de los de los prestamistas internacionales establecidos de último recurso en que (i) son opacos, (ii) tienen tasas de interés relativamente altas y (iii) están dirigidos casi exclusivamente a los deudores de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.”[1] La comparación con los demás países “auxiliados” por China no es precisamente auspiciosa: Argentina necesitó rescates de China a la par de naciones mucho menos desarrolladas como Mongolia, Pakistán o Surinam.

[1] Sebastian Horn, Bradley C. Parks, Carmen M. Reinhart y Christoph Trebesch (2023), “China as an International Lender of Last Resort”. NBER Working Paper No. 31105.

La suba de tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense (FED) tardó en llegar pero fue rápida: en febrero de 2022 llevaba casi dos años por debajo del 0,1% y un año después se ubica hoy en 4,6%. Esto trastocó el financiamiento disponible y, en general, usar sus propios depósitos bancarios pasó a ser para las empresas la forma más barata y rápida de solventar gastos. Esa salida de depósitos forzó a varios bancos a usar todo el efectivo disponible y, luego, a vender los activos más fácilmente liquidables que tuvieran.

Entre los primeros bancos en enfrentar dificultades para contener su salida de depósitos estuvo el Silicon Valley Bank (SVB). La corrida bancaria reveló un problema previo: había invertido USD 21.000 en títulos públicos del Tesoro estadounidense que ahora valían menos (por la suba de tasas de la FED) y al venderlos debió asumir pérdidas por USD 1.800 millones. En el caso del SVB eso equivale a varios años de ganancias. De hecho, supera todo su ingreso neto del año 2021 (USD 1.500 millones). El precio de sus acciones se derrumbó de una manera nunca antes vista: en el lapso de horas se precipitó un 62% antes de que las autoridades regulatorias detuvieran su cotización y procedieran a cerrar el banco.

El problema de fondo: el principal público del SVB eran empresas de base tecnológica, que en los últimos años redujeron su crecimiento y por ende también sus propios depósitos bancarios. Pero esos fondos, además, habían sido mal invertidos frente al escenario actual de suba de tasas.

Ahora bien, esos errores de inversión se repetían en otras entidades de manera acotada. En los siguientes días la FED salió a contener ese nicho de crisis: invocó la excepción de riesgo sistémico para dejar quebrar al banco, pero financiar el rescate completo de los depósitos en él, utilizando casi USD 150.000 millones de un fondo de seguro ya existente aportado por las entidades bancarias estadounidenses. También facilitó el financiamiento a todas las demás entidades bancarias para que pudieran afrontar eventuales corridas. Con todo esto, la crisis de liquidez que suscitó la quiebra del SVB debía quedar acotada.

Todas estas medidas no son algo menor: sientan precedente para futuras corridas bancarias y demuestran el poder de lobby del ecosistema empresarial estadounidense, responsable de haber depositado dinero muy por encima del asegurado por la regulación en un banco que no administraba correctamente sus fondos disponibles.

Pero ojo: también la FED tiene su cuota de responsabilidad en estas quiebras. Su suba de tasas en el último año fue acompañada de una contracción en su balance, que tensionó a la baja los precios de los bonos y finalmente generó esta pequeña crisis de liquidez. De hecho, con estas nuevas medidas, la FED está recomponiendo parcialmente esa liquidez, expandiendo su balance (pero sin llegar a los niveles de hace un año).

Pero, además, si el SVB es un banco suficientemente relevante (décimo quinto mayor banco de Estados Unidos en términos de activos) como para tener que ser rescatado de esta manera ante una corrida, ¿cómo es que estaba exento de estándares adecuados de regulación y control? Desde la reforma que impulsó Trump a la regulación bancaria, los bancos con activos menores a USD 250.000 millones no deben cumplir con tener una cierta proporción de sus pasivos colocados a largo plazo (para moderar los riesgos de iliquidez) y pueden adquirir casi sin límites instrumentos menos líquidos. Para peor Estados Unidos no obliga a sus entidades financieras a realizar pruebas de estrés frente a eventuales variaciones en las tasas de interés, algo que sí hace por ejemplo la Unión Europea. Con ese test, quizás esta crisis bancaria hubiera sido prevenida mucho antes de que pudiera ocurrir.

La primera crisis se contuvo, pero el contagio ya estaba disparado

El impacto del SVB es también subjetivo: puso en alerta a un amplio sector del mercado global de la existencia de fallas en la regulación bancaria. Credit Suisse ya venía de un año en rojo por alrededor de USD 8.000 millones en 2022, causado principalmente por la salida de grandes inversores institucionales inconformes hacía años con la calidad de gestión del banco. Pero durante la semana pasada se conocieron límites en su capacidad de obtener capital fresco de su principal accionista (el Banco Nacional de Arabia Saudita) y problemas contables internos: dos cuestiones que, en otro momento, hubieran sido menos problemáticas, pero que en este contexto derrumbaron su cotización bursátil. Ni siquiera alcanzó la intervención del Banco Central suizo aportándole liquidez y demostrando que el CS tenía detrás el apoyo del Gobierno.

El 19 de marzo CS fue absorbido por el otro gigante suizo, el UBS, que la compró por USD 3.230 millones (menos de la mitad de su valor bursátil de diez días antes). Este acuerdo fue forzado por las autoridades suizas y de hecho en ese marco se salteó legalmente la aprobación por parte de sus accionistas. Además de ganar de manera inmediata una mayor escala operativa, UBS también obtuvo un mecanismo de control de pérdidas por parte del gobierno de ese país, que se haría cargo de hasta USD 9.000 millones de eventuales pérdidas para UBS derivadas de esta fusión; y USD 108.000 millones en asistencia de liquidez del Banco Central suizo. Así, las autoridades de ese país aportaron formas varias (pero cuantiosas) de financiamiento para evitar que la crisis de gestión del CS se extienda al resto del sistema bancario.

Pero no necesariamente está cerrado aún este capítulo de crisis bancaria: distintos problemas que se manifiesten en otras entidades podrían disparar aún nuevos episodios, incluso si estos conflictos no tienen estrictamente una misma raíz. La desconfianza reinante en el corto plazo es un problema que requiere tiempo y coordinación política internacional para ir desarmándose. En ese sentido debe entenderse el anuncio de los bancos centrales de Canadá, Inglaterra, Japón, la UE y Suiza de que ofrecerían diariamente operaciones de canje de divisas para garantizar el acceso a dólares de los bancos de esos países. Restablecer la confianza en la capacidad de las instituciones bancarias en devolver sus depósitos es clave para que el sistema financiero vuelva a funcionar.

Estos casos son ejemplos de cómo la desregulación por parte del Estado de un sector como el bancario para dejarlo expandirse con menos límites puede llevar a una crisis. Como en tantas otras crisis, es el Estado quien debe luego impulsar y costear los ajustes necesarios para que la economía se recomponga. Volvemos a un viejo problema en el sistema capitalista mundial: la imposibilidad de encontrar y sostener un equilibrio entre una regulación prudente por parte del Estado y la expansión dinámica del sector privado.

¿Y por casa cómo andamos?

Para Argentina, la experiencia de los años 2007-2009 enciende alarmas. Esa crisis financiera se inició con el estallido de una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos que llevó a numerosas familias a no poder pagar sus créditos hipotecarios, pero derivó en la crisis económica mundial más grave desde la Gran Depresión de 1929-1937. En Argentina en aquel momento se hablaba del “desacople” y se enunciaba la falta de financiamiento internacional como una suerte de desgracia con suerte (o virtud incluso) que nos desengancharía de la crisis mundial. El resultado, sin embargo, fue una merma del PIB del 6% en 2009 que además dilapidó un momento clave (y los recursos disponibles en ese entonces) para intentar un proceso de desarrollo de largo plazo.

Hoy, casi sin Reservas Internacionales netas y con una crisis perpetua de más de 10 años, una crisis internacional de una magnitud incluso más moderada que la de 2008-2009 podría ser sumamente grave para cualquier intento de recuperación económica. Por ahora el impacto es más bien indirecto: los bancos comprometidos en esta crisis no tienen clientes en Argentina de manera masiva y Argentina no se financia en el mercado voluntario global de deuda como para que la afecte directamente el freno a la suba de tasas de interés. El mayor efecto se dará a través del menor crecimiento económico en algunos de nuestros socios comerciales, empezando por Estados Unidos y Europa. Es una mala noticia en el contexto de un año 2023 ya complicado por la escasez de dólares agravada por la sequía, la incertidumbre electoral, la inflación acelerada y la falta de motores que dinamicen el crecimiento, pero además con un Estado argentino que cuenta con pocos recursos para intervenir y atender a los eventuales efectos locales de esta nueva crisis bancaria mundial.

MK

El Gobierno Nacional se fijó como meta para 2021 que los salarios le ganen a la inflación, una lucha que en los últimos años la suba de precios ganó por knockout. Esto es a la vez un objetivo en sí mismo porque implica mejores condiciones de vida para una población muy golpeada, algo necesario para la recuperación económica de corto plazo y, aunque no se diga en voz alta, una base para competir electoralmente en agosto y octubre.

En los últimos años los salarios perdieron “en términos reales”: subieron en pesos, pero menos que la inflación. Septiembre de 2015 fue el último “pico” del salario en Argentina: desde entonces perdieron un 23,3% del poder adquisitivo. En términos prácticos, si en septiembre de 2015 un trabajador o trabajadora con su salario podía llenar un changuito, hoy sólo podría llenarlo hasta 3/4 partes. La mayor parte de esa pérdida de capacidad de compra del salario se dio en 2018 (-6,3% sólo en ese año) y 2019 (-9,5%), pero no se detuvo en 2020 (-3,6%).

En ese promedio general se esconden realidades muy distintas: quienes trabajan en el sector privado de manera registrada perdieron 21,5% del poder adquisitivo de su salario; quienes están empleadas en el sector privado pero de manera informal, un 24,9%; y quienes trabajan en el sector público, 28,4%.

Si a esto se le suma la amplia proporción de desempleo (o de personas que ya ni siquiera buscan trabajo porque creen que no lo van a encontrar) y precarización laboral, la situación de los hogares ha empeorado dramáticamente, como lo demuestran las preocupantes tasas de pobreza e indigencia. Esto no es nuevo en la sociedad argentina, que ha visto reducir sus salarios, aumentar su pobreza, empeorar su distribución del ingreso y perder puestos de trabajo formales, en distintas oleadas pero en forma persistente desde 1975.

Un hecho que demuestra cómo se ha consolidado esta situación a nivel general en todo el país es que la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular está obteniendo personería social. Esto aún no implica un reconocimiento como gremio en sí, pero pone en tela de juicio el modelo sindical tradicional. La degradación de las condiciones laborales extendida en las últimas décadas obligó a la población trabajadora a organizarse para trabajar y vivir en torno a la Economía Popular y fuerza hoy a repensar cómo se institucionaliza la representación de ese amplio sector de la sociedad (cartonero, campesino, artesano, de venta ambulante, de programas sociales, cooperativista y de empresas recuperadas, entre otras) que está fuera de sindicatos de rama y centrales obreras.

El salario busca ganar (por puntos) el round 2021

Con 2021 ya iniciado, el contexto para mejorar el salario real no es fácil: para empezar, las PyMEs a lo largo y ancho del país recién empiezan a recuperar ventas, ya superado el peor momento económico de la pandemia. En casi todos los sectores productivos existe capacidad ociosa: o sea que podrían aumentar su producción rápidamente sin necesidad de contratar más personal ni invertir en nuevas máquinas. El desempleo y la precarización laboral continuarán siendo altos este año, sin que se generen en forma relevante nuevos puestos de trabajo formales y/o con buenos salarios. Todo esto también resta a la capacidad de sindicatos y trabajadores/as de presionar por aumentos de sueldo significativos.

En contrapartida, en el corto plazo un aumento del salario real es la única manera de que Argentina continúe recuperando algo del terreno perdido en manos de la recesión 2018-2020. La inversión apenas rebotará desde niveles históricamente bajos, la exportación no tiene suficientes nuevos nichos competitivos, el gasto público deberá moderarse para continuar reduciendo el déficit fiscal y aún falta para la creación de empleo de calidad. Aún así, todo parte de niveles tan bajos en comparación con 2020, que Argentina no necesita de nada de todo eso para rebotar un 5,5% en el crecimiento de su PIB.

Para crecer por encima de ese número y dejar algún tipo de arrastre para 2022, la única opción es que aumente significativamente el consumo de los hogares a través de una suba en el salario real. Y aún así, falta para poder sacarse de encima la sensación de crisis perpetua: incluso con el crecimiento en 2021, el PIB argentino recién volverá a los niveles que tenía en 2010. Esta “década perdida” larga aún podría prolongarse: lo que ocurra post-2021 depende de una coordinación de políticas públicas y agenda privada que en parte dependerán de lo que pase en las elecciones.

Por esto, la recuperación del salario y del consumo es clave. En particular, al Gobierno le permitiría mostrar buenas noticias y recrear un sentimiento de optimismo respecto de una mejora en la calidad de vida, de manera de llegar con mayores chances a las elecciones legislativas de agosto y octubre.

Las negociaciones salariales se darán entonces bajo esa tensión: por un lado, enfrentan una inflación que difícilmente baje de 40%, número que implicaría que no hubo nuevos episodios de volatilidad pese a la crisis económica vigente desde 2018. En ese sentido, el Gobierno apunta a fijar expectativas en torno al 30% y por ende podría homologar aumentos salariales de cerca del 35% “para que recuperen poder adquisitivo”. Pero ese 35% sería en la práctica una reducción real del salario, incluso en el mejor escenario . Reconciliar estos planteos implica aceptar una nueva proliferación de cláusulas gatillo y de instancias de renegociación más adelante en el año.

Otra tensión: un aumento del salario mínimo (hoy por debajo de la línea de pobreza) implica también un mayor gasto fiscal en las prestaciones atadas a ese piso, pero también una mejora de ingresos para familias que hoy lo necesitan. La combinación de aumentos salariales con una apreciación cambiaria, mantener los controles cambiarios (el “cepo”), reducir algún impuesto puntual (como Ganancias a una porción de la población de ingresos medios), continuar con la absorción monetaria y apuntalar las múltiples transferencias y subsidios que todas las empresas y familias del país reciben (en mayor o menor medida), podría entonces generar la recomposición del consumo que el Gobierno se puso como meta para 2020.

MK