Luego de 6 años y lo que parecía un interminable transcurrir de anuncios postergados, la Corte Suprema de Justicia resolvió con el voto afirmativo de sus cuatro integrantes el expediente relativo a la conformación actual del Consejo de la Magistratura. Sin demasiadas sorpresas, declaró la inconstitucionalidad de la ley vigente y estableció pautas para su adecuación.

 Como ya se ha dicho muchas veces, la figura del Consejo de la Magistratura fue “trasplantada” de sistemas políticos europeos como el español o el francés, de corte parlamentario o de presidencialismo atenuado. La intención era, justamente, mitigar la injerencia del Poder Ejecutivo en el funcionamiento del Poder Judicial, particularmente en torno a la selección de jueces y juezas. Tal como ocurre con las personas, la efectividad de un trasplante depende de cuán compatibles son el órgano trasplantado y quién lo recibe. Luego de veintisiete años, la Argentina sigue aún discutiendo cómo asegurar esta compatibilidad, una tarea que la Convención Constituyente de 1994 le cedió gentilmente al Congreso de la Nación.

 Desde su creación en 1998, el Congreso dispuso tres composiciones diferentes del Consejo de la Magistratura -una de las cuáles no llegó a materializarse-, en un intento por articular algunos de los mandatos que la Constitución de 1994 incorporó en su artículo 114, entre los que se destaca una composición “equilibrada” entre tres estamentos: representantes del voto popular, las y los jueces, y la matrícula de profesionales de la abogacía, a lo que se suma la participación de personas del ámbito académico y científico. En resumidas cuentas, lo que dijo hoy la Corte es que ese equilibrio, si bien no implica necesariamente paridad aritmética, no puede suponer que uno de esos estamentos ejerza de forma determinante un rol tal que le asegure imponerse en la mayoría de las decisiones.

 La interpretación de la Corte sobre la noción de equilibrio contenida en la Constitución parte del diagnóstico de que hoy el estamento de la política (es decir, la representación del Poder Ejecutivo y el Congreso, con su mayoría y primera minoría) se encuentra en condiciones de contar con quórum propio, adoptar autónomamente decisiones que requieran mayoría simple o bien “vetar” el impulso de iniciativas que surjan desde los demás estamentos. Si bien es poco frecuente que oficialistas y opositores compartan decisiones al seno del estamento “político” -del mismo modo que el resto de los estamentos suelen tener también afinidades político-partidarias identificables-, la Corte rechaza explícitamente el planteo de que el equilibrio debe mirar también la forma en la que los diferentes sectores políticos están representados en el Consejo. En la práctica, la reforma del año 2006 aumentó el poder de los oficialismos a costa de, por ejemplo, eliminar la representación de las segundas minorías del Congreso y una menor representación de la academia y la abogacía.

 Los inicios de la causa que resolvió hoy la Corte se remontan al año 2006, inmediatamente después de que fuera aprobada la ley 26.080 que dispuso la actual composición de trece integrantes, en reemplazo de la anterior de veinte, que incluía la representación de la propia Corte. Luego de un fallo por la constitucionalidad en primera instancia y otro por la inconstitucionalidad en la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, la causa llegó al máximo tribunal en 2015. La Corte confirmó ahora el fallo de la instancia anterior y estableció la necesidad de que el Congreso discuta una nueva composición acorde a esta interpretación de “equilibrio”. Hasta tanto ello ocurra, estableció un plazo de 120 días para que el Consejo de la Magistratura readecue su composición. Esto significa que, en caso de que el Congreso no consiga aprobar una nueva ley en los próximos cuatro meses, el Consejo deberá regresar a la composición de 20 integrantes vigente hasta 2006.

Los reducidos tiempos establecidos por la Corte pueden abrir un espacio de incertidumbre sobre el futuro cercano del Consejo. Si bien es necesario cesar con un estado de cosas inconstitucional en el menor tiempo posible, resulta difícil pensar que una decisión que a la Corte -órgano compuesto por cinco autoridades- le tomó seis años, pueda ahora ser resuelta por el Congreso -órgano compuesto por 329 personas- en los próximos 120 días. Las responsabilidades en este punto resultan compartidas. Que la Corte haya postergado su fallo para que la cuestión fuera resuelta por el Congreso fue inicialmente acertada, pero devino en problemática ante el evidente incumplimiento de sucesivas promesas de los restantes poderes de llevarla a cabo. En este punto, resulta sintomático del fondo de la cuestión que el Poder Judicial se haya tomado quince años para una decisión definitiva sobre el tema, tanto como que los poderes políticos con representación ejecutiva y parlamentaria durante todos estos años no hayan logrado avanzar en cambios.

 Es posible que la propuesta enviada por el Ejecutivo hace pocos días como un intento de anticipo a la decisión de la Corte dé algunos indicios de lo que se viene. El proyecto solo atiende el punto de la composición, quórum y mayorías del Consejo (lo que coincide con el núcleo del fallo), pero excluye casi cualquier otra discusión en torno a las funciones del Consejo. El tiempo y la amenaza de un Consejo paralizado atentan contra la posibilidad de una discusión mucho más profunda sobre los problemas de este organismo, sobre todo cuando muchos diagnósticos desde la sociedad civil y la academia apuntan a que los problemas de equilibrio son el principio pero de ningún modo el fin del debate.

 El Consejo de la Magistratura mantiene a casi tres décadas de su incorporación a nuestro sistema institucional desafíos en cada una de las misiones que le fueron encomendadas. La idoneidad e independencia de quienes son elegidos o elegidas para la magistratura no está garantizada -así como la celeridad en estas designaciones-, la rendición de cuentas disciplinaria de estas autoridades es casi nula, y el ejercicio de la administración del conjunto del Poder Judicial se ve constantemente limitada por defectos propios y tensiones con la Corte Suprema. La oportunidad de un debate participativo que ponga fin a tantos vaivenes está servida, ojalá que las fuerzas políticas que forman parte del Congreso la aprovechen y cumplan con el rol que les corresponde. La próxima conformación del Consejo -y ojalá definitiva- debe surgir de un acuerdo amplio de las y los representantes del pueblo, única vía posible para asegurar una composición que se ajuste al mandato constitucional con plena legitimidad democrática.

Coordinador del programa de acceso a la justicia y apertura del Poder Judicial de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

WC

Aunque muchas veces suene lejano y hasta poco comprensible, somos muchas las personas, activistas, militantes, intelectuales y periodistas (y un largo etcétera) las que, casi como un mantra, insistimos (molestamos) para que los gobiernos sean más “transparentes”, “abiertos” o que, simplemente, “publiquen información”.

Quienes no lo entienden, o no quieren hacerlo, ven en esta insistencia una obsesión cívica, un fetiche poco trascendente para nuestro sistema político y la densidad de nuestra democracia. Creo, humildemente, que se equivocan.

La agenda de la transparencia y el acceso a la información pública, aunque quizás demasiado apropiada por sectores conservadores en los últimos años, marida bastante bien con algunas de las principales preocupaciones de nuestro debate público en pos de una democracia igualitaria y capaz de proteger los derechos humanos -especialmente de los grupos más desaventajados-. Sin mecanismos de transparencia no podríamos saber cuáles son las políticas públicas (o la ausencia de ellas) que permiten que niñas como M. vivan en la calle o qué amistades de funcionarios se vacunaron antes que nuestros familiares de riesgo. ¿Qué presupuesto se asigna a las políticas para erradicar la violencia de género? ¿Qué empresas se benefician de exenciones fiscales y por qué? ¿Quién o quiénes se reúnen con el presidente y por qué? ¿Cuántas personas perciben la AUH? ¿Cómo se controlan los incendios en la Patagonia? ¿Cuál es el avance de las causas por delitos de lesa humanidad? ¿Cuántas leyes aprobó el Congreso este año? Son preguntas sobre temas fundamentales y transversales que no podríamos responder sin acceso a la información.

Lejísimos aún de un escenario ideal, la sanción de la Ley N° 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública dio comienzo a una lenta pero progresiva transformación institucional hacia un nuevo paradigma de apertura. La creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) en el Poder Ejecutivo y órganos análogos en el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público (el Congreso y la Corte Suprema de Justicia siguen mirando para otro lado) incorporó una instancia autónoma de control y promoción que -aunque perfectible- ha sido en estos años una herramienta sumamente útil para quienes somos activistas por la igualdad, la democracia y los derechos humanos.

Además de controlar la aplicación de la Ley 27.275 mediante la resolución de reclamos por información denegada y de monitorear la transparencia del Poder Ejecutivo (incluidos organismos descentralizados, contratistas del Estado, concesionarias públicas, universidades nacionales, partidos políticos o empresas del Estado), la AAIP absorbió -en una decisión no exenta de críticas- a la ya disuelta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Es decir que, además, tiene la tarea de controlar que nuestra privacidad no sea vulnerada por el propio Estado o el sector privado, incluyendo a las principales corporaciones globales de la hiperdigitalización en la que vivimos.

Sin embargo, y en una decisión que pareciera no comprender las implicancias que tiene el acceso a la información en la protección de los derechos humanos y el impulso de una sociedad más igualitaria, el Poder Ejecutivo propuso y está cerca de confirmar como Director de Acceso a la Información Pública al abogado Gustavo Fuertes, quien no acredita en su curriculum ningún conocimiento, trayectoria o compromiso relevante en los complejos temas que deberá abordar.

No tenemos certezas de que será un mal funcionario. Pero tampoco contamos con elemento alguno que nos permita creer que puede ser uno bueno. El riesgo es entonces demasiado grande y no podemos correrlo cuando se trata de proteger derechos humanos vertebrales para nuestro sistema político. 

Todo gobierno tiene la facultad de designar a quien considere, y sobre la base de criterios que no necesita explicar, en la mayoría de los puestos de la administración pública. Sin embargo, en algunos organismos no alcanza con la confianza personal o política del o la designante, ya sea por el carácter eminentemente técnico del cargo y/o porque el tipo de competencias hace necesario mayores niveles de autonomía respecto de las o los decisores políticos. En este caso, tanto el rol técnico de la AAIP como el hecho de ser un organismo que debe controlar al resto de la administración pública, explican la necesidad de que quien esté a su cargo sea la persona más capaz que tengamos disponible para ocupar el puesto. 

No sabemos con seguridad si la falta de una autoridad con probada idoneidad (y, por ende, autonomía) en esta Agencia vaya a redundar en un escenario trágico de rechazo a todos los reclamos de la ciudadanía o en la baja de los portales de datos abiertos del Poder Ejecutivo. Pero su candidatura tampoco genera la confianza de que el derecho a la información será garantizado en aquellos casos que despierten resistencias en quienes impulsaron su designación, ni de que vaya a adoptar una actitud proactiva para que se publique cada vez más información y más sustantiva.

Una vez más, como tantas otras veces en el pasado lejano y reciente, volvemos casi a foja cero en la discusión sobre por qué es trascendental que las instituciones públicas sean transparentes hasta que duela y sean controladas de forma independiente. Cuando pensamos que ya casi terminamos de cruzar el Rubicón, alguna nueva decisión o portazo nos devuelve varios metros para atrás. Pero no importa, vamos a seguir insistiendo.