Queríamos instalar una bisagra en la historia de la

 violación de los derechos humanos en nuestro país.

Crear conciencia acerca de su importancia.

Y ahora, al cabo de los años, creo que lo hemos cumplido con creces.

Hoy ningún argentino está dispuesto a mirar hacia el costado

si alguien se atreve a violar los derechos humanos.

Raúl Alfonsín - Memoria Política

La orden de aprehensión contra Jeanine Añez generó un debate: si debería ser juzgada por los delitos de “sedición”, “conspiración” y “terrorismo”. De un lado, la derecha objeta que el proceso iniciado es una persecución a una expresidenta que llegó al poder de modo constitucional tras un fraude electoral y una masiva movilización. Esta visión es compartida por la izquierda boliviana antimasista que considera que Evo Morales traicionó al “Proceso de Cambio”, no respetó el referéndum del 21F y apoyó la candidatura presidencial de Carlos Mesa.

Del otro lado, existe una discusión muy interesante entre las izquierdas. Desde algunos sectores se sostiene que Añez sí debería ser juzgada, pero no por el golpe de Estado, sino por delitos más claros para juzgar, como las Masacres de Senkata y Sacaba. De este modo, se evitaría la complejidad que implica condenar un golpe de Estado desde las tipificaciones del Código Penal y las dificultades de establecer los alcances sobre quiénes organizaron el golpe. 

Lo que se observa es que la prisión a Añez volvió a llevarnos a la misma pregunta de noviembre de 2019: ¿en el Estado Plurinacional de Bolivia hubo un golpe que debería ser juzgado? 

La estrategia jurídica del golpe

El 12 de noviembre de 2019, desde Santa Cruz de la Sierra afirmé en televisión que, tras la cadena de renuncias, la nueva presidenta de Bolivia sería Añez: la Vicepresidente Segunda del Senado y quien seguía en la sucesión presidencial. La noticia ya estaba circulando en la prensa internacional. Tras la urgencia, busqué el artículo 169, inciso I de la Constitución Política:

En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidenta o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días.

La Constitución nunca menciona a la Vicepresidenta Segunda del Senado en la línea de sucesión. Sin embargo, los medios y los periodistas estábamos informando eso. ¿Por qué?

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El 29 de enero de 2020, María Galindo publicó “Sedición en la Universidad Católica”. La periodista afirma que “Jeanine no cayó del cielo para salvar la democracia boliviana” y narra una reunión en la Universidad Católica en donde se decide, entre cuatro paredes, proponerle la presidencia a Añez. Hasta ese momento, la senadora del Beni era una política completamente desconocida, por lo que se construyó la imagen de “una mujer beniana y valiente”.

A la campaña de prensa, que fue muy eficiente, le faltaba su pata legal. En las horas siguientes al golpe, cobró relevancia la figura del constitucionalista Luis Vásquez Villamor, quien afirmaba que la solución de la crisis debía ser en el marco del Estado de derecho y de la Constitución. Lo que los medios no explicaban era que Vásquez Villamor también era el vocero de Libre 21: el partido de “Tuto” Quiroga, candidato a presidente en 2019 y 2020.

La estrategia jurídica fue la siguiente: frente al “vacío de poder”, la sucesión presidencial debía ser “ipso facto”, es decir, operar bajo el principio de “inmediatez”. Pendientes de lo que opinara la comunidad internacional, la oposición fue muy inteligente y convirtió al artículo 41 del Reglamento del Senado que trata sobre las “Atribuciones de la Segunda Vicepresidencia” en una línea de sucesión. Así, la simulación de constitucionalidad resultó muy efectiva.

Otra mirada sobre lo que debería haber sucedido

Las inconsistencias de la argumentación jurídica se chocan con lo ocurrido en el pasado. En su condición de Vicepresidente, Carlos Mesa asumió la Presidencia de Bolivia en 2003 tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Cuando en 2005 Mesa renunció a su cargo y, a su vez, también renunciaron los Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, Hormando Vaca Díez y Mario Cossío, el Congreso les aceptó las renuncias y nombró por unanimidad al nuevo Presidente de Bolivia: el entonces presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien era el último eslabón de la sucesión presidencial en la antigua Constitución.

La experiencia también desmiente que Añez debía ocupar “ipso facto” la Presidencia de Bolivia tras las renuncias de los presidentes del Senado y Diputados, Adriana Salvatierra y Víctor Borda. Esto lo explicó con claridad el periodista Julio Peñaloza Bretel. El 14 de agosto de 2018, José Gonzáles renunció a la presidencia de la Cámara Alta y no asumió el cargo la Vicepresidenta, Lineth Guzmán. En cambio, las y los senadores eligieron a Milton Barón para presidir el Senado.

Finalmente, se señala el aval del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a través de un comunicado del 12 de noviembre de 2019. Sin embargo, en febrero de 2020, el magistrado del TCP Petronilo Flores explicó que el comunicado no tiene valor legal: “El Código Procesal Constitucional solo reconoce como vinculante las sentencias constitucionales plurinacionales, las declaraciones constitucionales y los autos constitucionales”. Incluso Vasquez Villamor respaldó a Flores. Hasta que el TCP indique lo contrario, la sucesión no es constitucional.

Existe una mirada alternativa sobre lo que debería haber sucedido. Tal como ocurrió en 2005 y 2018, ante las renuncias de sus autoridades, las Cámaras de Senadores y Diputados debían haber reunido el quórum para elegir una nueva directiva. Siguiendo el artículo 169, inciso I, tras las renuncias de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, el nuevo Presidente del Senado se habría convertido en el nuevo Presidente del Estado Plurinacional.

Un horizonte de democracia en América Latina

Ante los desacuerdos, existe un consenso: se debe respetar el debido proceso. Las diferencias comienzan con la tipificación del golpe bajo los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. Para salvaguardar la legitimidad del proceso, tal vez sea conveniente abandonar la acusación de terrorismo, un tipo penal utilizado para perseguir a la oposición. En cambio, es difícil refutar que Añez se alzó públicamente “para deponer a algún funcionario” o “impedir su posesión” (Art. 123), o que hubo una conspiración para romper el orden constitucional (Art. 126).

Mientras Lenín Moreno y Sebastián Piñera reprimían las movilizaciones en Ecuador y Chile, en Bolivia la Policía se amotinaba contra Evo Morales. Dos días más tarde, el Alto Mando Militar desobedecía su prohibición de deliberar y le sugería al Presidente la renuncia. La prensa nunca explicó que los artículos 244 y 251 de la Constitución expresan que las Fuerzas Armadas deben “garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido”, mientras que la Policía no puede participar en una acción política partidaria. En cambio, sí se informó el inciso B del artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas sobre la atribución del Alto Mando de analizar las situaciones conflictivas “para sugerir ante quien corresponda las soluciones apropiadas”. De más está decir que ninguna atribución militar puede violar la Constitución.

Por último, a diferencia de la Argentina, en Bolivia los políticos suelen fugarse. En 2003, Sánchez de Lozada y su ministro Carlos Sánchez Berzaín huyeron hacia Estados Unidos. Lo mismo volvió a suceder 17 años más tarde: los ex ministros Arturo Murillo y Fernando López abandonaron el país horas antes de que Luis Arce Catacora ganara en las urnas. Además, Áñez vive en Beni: tal vez el departamento con las fronteras más porosas. En Bolivia, el riesgo de fuga existe.

En el prólogo a Memoria Política. Transición a la democracia y derechos humanos, el intelectual Juan Carlos Portantiero destacaba un pasaje de Raúl Alfonsín: “Han pasado muchos años y aún hoy me formulo la misma pregunta que daba vueltas en mi cabeza en aquel entonces: más allá de las consignas bien intencionadas, ¿alguien creía y aún cree seriamente que en ese tiempo, con una democracia que recién emergía luego de años de dictadura militar, era posible detener y juzgar a mil quinientos o dos mil oficiales en actividad de las Fuerzas Armadas?”.

El Estado Plurinacional de Bolivia y América Latina necesitan democracias fuertes. Si no se juzga a Jeanine Añez respetando el debido proceso, el día de mañana habrá otro golpe. Más allá de la complejidad, Bolivia se encuentra frente a la oportunidad de tener su propio “Nunca Más”.