En una entrevista periodística reciente la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad buscó dar cuenta de la actividad del ministerio que dirige y atacó a quienes la critican argumentando que la problemática es “estructural”.  El Ministerio ha sido fuertemente cuestionado por su parálisis y la inocuidad de sus actividades cuando ante los ojos de todo el país la situación de las mujeres resulta alarmante. En estos mismos días, la organización de mujeres Plenario de Trabajadoras convocó a un Congreso Nacional con más de 7.000 inscriptas. La peculiaridad de este congreso es que los sectores más afectados por la acción del gobierno y del Ministerio de las Mujeres tomarán la palabra y fijarán fechas de acciones para conquistar sus reivindicaciones. La numerosa participación es una expresión de la crisis que están sufriendo las trabajadoras en Argentina y la necesidad de organizarse y reclamar por sus derechos. 

Desde el comienzo de la pandemia, dos cuestiones pusieron rápidamente la atención pública sobre la situación de las mujeres: el incremento de las consultas por violencia de género, junto con el hecho de que se producía un femicidio diario, de víctimas que en la mayoría de los casos habían buscado ayuda y denunciado a los agresores, y las centenares de mujeres trabajadoras jefas de hogar con trabajos precarios que perdían sus ingresos, problema que fue particularmente visible en el caso de las trabajadoras de casas particulares. La inacción del Ministerio de Mujeres fue completa mientras difundía una agenda de reuniones ajena a las problemáticas que sacudían a las mujeres y a todo el país y requerían medidas urgentes. 

Como parte de su actividad para atender la crisis, la ministra alude al Plan Acompañar, que en los primeros nueve meses que lleva de existencia y con un presupuesto de $4.500 millones apenas había llegado a 837 mujeres, equivalente a una ejecución presupuestaria del 3%. 

El Acompañar difícilmente tiene difusión pública –las mujeres en los barrios a los que apunta se enteran de su existencia por la filtración de flyers que mandan punterxs gubernamentales - y cuenta con escasas Unidades de Acompañamiento –que tampoco incorporaron personal suficiente para la atención. Las mujeres víctimas de violencia que solicitan el plan, si son aprobadas, luego de pasar por variados requisitos, cobran $25.000 durante seis meses. Este ingreso servirá, por ejemplo, para paliar el hambre durante esos meses, pero de ninguna manera un subsidio de ese monto y por ese tiempo representa una política de género. 

El Programa Acompañar es incompatible con otros, como el Plan Potenciar Trabajo. Las miles de mujeres víctimas de violencia de género que dependen de estos ingresos –cuando el desempleo entre las mujeres alcanza el 12% y el 25% entre las más jóvenes- están por fuera completamente de la asistencia del Ministerio.  Además aparecen otras cuestiones, como el hecho de que el programa no garantiza el acceso a una vivienda, fundamental para mujeres que necesitan un lugar donde escapar de situaciones de violencia en sus hogares. 

Otro aspecto que ha sido puesto de relieve, sobre todo desde el #NiUnaMenos, es el esfuerzo que deben hacer las víctimas para que se tomen las denuncias, recorrer distintas instituciones, comisarías, comisarías de la mujer, juzgados que se contradicen entre sí, para conseguir un botón antipánico o una perimetral que pocas veces se garantiza su cumplimiento. La reforma judicial impulsada por el gobierno no contempla estas problemáticas, que están en el centro de la revictimización que se ejerce sobre las mujeres. La llamada “justicia feminista” no se materializa en ninguna reforma concreta. 

Una mención especial merece el caso de las trabajadoras de casas particulares, a quien el Estado deja a merced de la voluntad de los empleadores. Un dato es ilustrativo: la escala salarial para las trabajadoras de casas particulares que aprobó el Ministerio de Trabajo paga hoy un promedio de $23.000 y no ha habido ninguna ayuda particular para este gremio especialmente precarizado y feminizado. Más de 1.200 trabajadoras de este gremio que se reunieron en la comisión de Trabajadoras de Casas Particulares en el Congreso del Plenario de Trabajadoras (un hecho político sin precedentes en nuestro país) se disponen a poner en pie un sindicato que las represente realmente. 

Con la aprobación del aborto legal, gracias al empuje del movimiento de mujeres, el Ministerio de la Mujer y el gobierno, que busca erigirse como representante de nuestros derechos, se quedó sin agenda progresiva

El Ministerio de la Mujer ha mostrado ser un rotundo fracaso y frustra las expectativas de muchas mujeres. La pandemia no puede ser el pretexto. Por el contrario, en todo caso, debería haber sido el momento en que era más necesaria una intervención urgente para la atención de las mujeres. Pero la política de “mujeres gobernando” no ha mostrado modificaciones con lo que teníamos hasta el momento: instituciones estatales que no promueven políticas de fondo, de asistencia integral, que aborden los problemas de género como el movimiento de mujeres y las organizaciones que las conforman conocemos que debe hacerse y reclamamos que se haga. 

La mejora en las condiciones materiales es fundamental para promover un cambio en la situación de las mujeres. Los programas deben ajustarse a la canasta familiar, hoy en $60.000. Es necesaria la asistencia integral a las víctimas de violencia de género, material e interdisciplinaria por el tiempo que sea necesario según lo definan los profesionales a cargo. Un fuero único judicial que centralice las denuncias de violencia de género. 

Sucede que estas medidas resultan incompatibles con la orientación fondomonetarista del gobierno, que no puede ofrecer a las mujeres que más lo necesitan otra cosa que una asistencia estatal mínima. La bajísima ejecución presupuestaria del Acompañar resulta más adjudicable a especulaciones financieras del gobierno que sólo recauda para pagar deuda que al carácter “estructural” de la violencia de género. Con la aprobación del aborto legal, gracias al empuje del movimiento de mujeres, el Ministerio de la Mujer y el gobierno, que busca erigirse como representante de nuestros derechos, se quedó sin agenda progresiva. En materia de género y más allá. 

Finalmente, los sectores más reaccionarios de la sociedad –los que atacan por la aprobación del aborto legal- se refuerzan en la medida en que el Estado descansa en la iglesia católica y la evangélica como rueda de un auxilio para su política de asistencia social de miseria y contención social, sobre todo en los barrios, ante el ajuste. Son los gobiernos, en Argentina y en América Latina, los que ceden recursos, beneficios y privilegios a las iglesias enemigas de los derechos de las mujeres. 

En estos días, en que la evidencia de la extensión de la violencia de género se acentúa, varios funcionarios de primera línea del gobierno nacional opinaron sobre la actuación del Poder Judicial en los femicidios. 

La certeza de la extrema revictimización que el Poder Judicial ejerce sobre las víctimas fue puesta sobre la mesa por el movimiento de mujeres hace mucho tiempo, con la denuncia de los fallos y de la protección estatal a los denunciados. Las madres protectoras se organizan contra la línea judicial de revincular a hombres violentos e incluso abusadores con sus hijos abusados y contra la persecución y extrema violencia que el sistema judicial descarga sobre ellas. Los niños y niñas víctimas de abuso en instituciones confesionales debieron conformar una Red de Sobrevivientes y otros agrupamientos para protegerse de las estrategias judiciales de la Iglesia católica, una poderosa institución que tiene sus propios representantes en el Poder Judicial, nombrados y promovidos por el poder político. El caso del cura Carlos José ilustra esta realidad.

El Consejo de la Magistratura, encargado de sancionar a los jueces que cometen atropellos, cuyos integrantes hablan de “justicia feminista”, en los hechos no castiga ni sanciona las responsabilidades de las y los jueces.

Después de seis años de gritar #NiUnaMenos no ha surgido de los organismos creados para tal fin una reforma del funcionamiento del sistema actual. Los gobiernos no dieron muestra de un sólo avance en este rubro: no se han propuesto modificaciones procesales, tampoco en la forma de elección de jueces y fiscales ni en políticas de asistencia a la víctima o de seguimiento de los hombres denunciados por violencia. El Ministerio de las Mujeres de la Nación no dirige un sólo dispositivo de alcance nacional y sólo se limita a ofrecer la construcción de dispositivos –insuficientes- en distritos de su afinidad política, que han mostrado no tener ningún tipo de intención política de avanzar en solucionar este flagelo. La temática se utiliza para conseguir adhesión a la reforma que promueven de la justicia federal, pero no prospera en iniciativas sobre los juzgados que toman los casos de violencia de género o con medidas asociadas a cambiar la realidad que vivimos las mujeres trabajadoras. 

Hoy, las mujeres que deben denunciar a hombres violentos no cuentan con un sistema claro para hacerlo, ya que cada distrito se maneja a su antojo. Luego, sus causas van a juzgados civiles y juzgados penales y si hay reincidencias es posible que se diversifiquen en función de la obligación de radicar denuncias en diferentes distritos. Terminar con la dispersión de las causas en fueros diferentes y la multiplicidad de juzgados requiere la creación de un fuero único para la materia y la obligatoriedad de que toda causa que consista en denuncias de una mujer por violencia de género se tramite en un solo lugar, con interlocutores formados, que se mantengan en el tiempo y con equipos interdisciplinarios para abordar las diferentes aristas que implican estos casos. 

Otro aspecto fundamental es modificar la forma de elección de jueces para este fuero, cosa que nadie plantea, por la elección de jueces y que sean revocables. Los circuitos actuales de selección y de sanción son los mismos desde el punto de vista político, por eso no ocurre nada. 

Ante el fracaso público de los ministerios de las mujeres que resolverían los problemas que no pudieron atender, en el mejor de los casos, a las víctimas de femicidios que averiguaron a dónde podían ir y no encontraron respuesta, ni a aquellas que no se lo propusieron porque sabían del maltrato sufrido por otras mujeres, la ausencia de soluciones o incluso mayores problemas, como la judicialización de los hijos, es necesaria la creación de un organismo autónomo de los gobiernos de turno para poder impulsar medidas para las mujeres. 

No existen recetas aseguradas sobre estas cuestiones, pero lo que es claro es que si no se mueven las cosas de fondo, no hay forma de cambiar nada. A la luz de los hechos, las declaraciones gubernamentales aparecen signadas por un uso político de la temática más que por una muestra de decisión de transformación del sistema. Con la designación de Martín Soria esta pretensión queda absolutamente sepultada, sus antecedentes están muy lejos de asociarse a la defensa de una perspectiva de género.

VB