Tengo que confesar que El gol que me falta me ha producido sensaciones diversas, no confrontadas pero sí diversas, según el momento y según las páginas que iba leyendo de este libro, primera novela que publica Alfredo Serrano Mancilla.

Uno puede acercarse a El gol que me falta de la manera en que uno se acerca a una novela. Porque el libro es una intensa novela, con todos los dramas que caracterizan a una novela que atrapa. Es la apasionante narración de la campaña política del mejor jugador del mundo que ha decidido competir como candidato a la presidencia de su país. La historia de un jugador argentino que se va a Europa, que es el mejor jugador del mundo, que ha llegado a la cima de la carrera, que ya no tiene al frente nadie que lo eclipse, y que de repente se propone intentarlo y meter el gol que le falta.

¿Qué gol le falta al mejor jugador del mundo? ¿Cuál es? Si ya tiene todos los campeonatos ganados, ya ha obtenido todos los títulos, todos los reconocimientos. ¿Qué le falta a este hombre que tiene dinero de sobra, tanto así que quiere comprarse la deuda de las familias argentinas para que no sufran? ¿Cómo es el gol que le falta?

Un relato para dos historias

El relato que cuenta la novela de Serrano Mancilla es el progreso de este hombre, su protagonista, en la decisión de convertirse en presidente, de competir para ganar las elecciones y convertirse en presidente, Esta historia que el Argentino hace como candidato arrastra su historia de jugador de fútbol. Nunca solo, está rodeado del grupo de compañeros que juegan con él en el equipo; a algunos les tiene confianza, a otros no les tiene tanta confianza. Cuenta con una serie de saberes aprendidos en el fútbol, de maneras de comportarse que le dan resultados en el futbol. Ahora va a tratar de aplicarlas, y de hecho las aplica, en la lucha política. Esta es la trama de la novela.

En el fútbol, lo mejor viene una vez que ganas. En la política es a la inversa, lo peor viene después de ganar. Después de vencer, todo es más agobiante en la vida política. Es fácil ganar elecciones. Lo verdaderamente duro es hacer un buen gobierno.

El final es chocante, emocionante. A uno lo conmueve porque no se espera ese final. De una novela, y de esta novela, uno no se esperaba ese final. Después de leer la última página, de llegar a la última línea, uno se queda medio minuto reordenando todo lo que ha leído previamente.

Una narración política atrapante y un estudio sofisticado de la democracia electoral

El gol que me falta es un libro que debe a una dualidad su singularidad única. Esta novela apasionante de la historia de un candidato es también una suerte de ensayo sofisticado sobre la lucha política y las campañas electorales. El libro es las dos cosas a la vez. Es una novela y un tratado de campaña política, y muy sosfisticado.

Porque Alfredo nos ha acompañado a lo largo de estos últimos quince o veinte años de campañas políticas. No creo que haya una persona que haya estado en más campañas políticas que Alfredo. Muchas de ellas victoriosas, algunas con derrotas, pero la experiencia que tiene Alfredo le da para escribir un tratado o manual de cómo se hace  una campaña política. Parte de ese tratado ya ha sido escrito en este libro que es también una novela. No deja de ser fascinante.

Una vez yo le dicho a Alfredo: “Quisiera escribir tu biografía. Se me antoja”. Es alguien qiue ha estado cerca de las personas cuyas candidaturas ganaban o perdían elecciones en los últimos veinte años en el continente, que ha estado cerca de tantos presidentes victoriosos o derrotados. No conozco a nadie que lo haya hecho más que Alfredo. El conocimiento que tiene Alfredo de este área de la lucha política es fascinante y puede escribir 10 obras  de esta experiencia. Una síntesis que es ligera porque está muy muy bien escrita y que por eeo es muy fácilmente digerible, está en la novela y es la parte que a mí más me ha gustado.

Buen fútbol y buen gobierno, comparaciones y contrastes

Solo voy dejando una serie de pistas que yo creo que quienes lean El gol que me falta las van a escarbar y las van a poder desarrollar y ver cómo se entrecruzan en la novela.

A lo largo del relato, la relación entre fútbol y política es un cruce permanente. La novela pone de relieve casi página a página un contraste que cada vez se ve más claro: cómo hay cosas parecidas y cómo hay cosas directamente inversas en la política y en el fútbol. Dos campos y dos prácticas que aun en la distancia se asemejan.

Como surge de la novela, en la vida política nada se asemeja más a la temporada de partidos y campeonatos de fútbol que los períodos de campañas electorales y elecciones. En campaña hasta celebrar elecciones, en las canchas hasta llegar (si se llega) a la final del campeonato, en esas dos temporadas todo está dirigido en la política y en el fútbol hacia el objetivo único de tener éxito, de ganar. Si se pierden las elecciones o los partidos decisivos, todo lo demás se borra, por muy sacrificado, esforzado que haya sido. Buenísimo que hayas trampeado, si ganaste. Si has hecho el mejor discurso, el mejor trabajo, pero perdiste, chau. Lo que queda es si el equipo y o la candidatura ganó o perdió.

A partir de acá, las cosas pueden llegar a ser no sólo diferentes sino opuestas entre fútbol y política. Porque quien perdió es muy fuerte en política. En el fútbol, lo mejor viene una vez que ganas. En política es a la inversa, lo peor viene después de ganar porque hay que entrar en la conducción de todo un país. Algo más duro que ganar.

Y es verdad, después de vencer, todo es más agobiante en política. Es fácil ganar elecciones, lo verdaderamente duro es hacer un buen gobierno. Muchísimo más duro, muchísimo más complicado.

AGB

Cambiar presidentes cada año en medio de escándalos circenses; castigar a los que denuncian con pruebas la corrupción de autoridades; censurar medios de comunicación o regalar armas amparados en las banderas del pacifismo, podrían ser tópicos de algunos países tercermundistas. Pero no. No son cosas que solo suceden en la “jungla”, sino también en el llamado “jardín” europeo, según las cantinflescas declaraciones del alto representante de la Unión Europea (UE), Josep Borrell.

Claro, en 6 años, Inglaterra ha tenido a 5 primeros ministros, compitiendo con la Bolivia neoliberal de inicios del siglo XXI que, en su momento de declive, llegó a tener 5 presidentes en 5 años. Igualmente, la presidenta de la Comunidad de Madrid eclipsa con sus entuertos familiares la corrupción de José Eduardo dos Santos en Angola, con la diferencia de que al menos en África no se proscribió al denunciante de los actos dolosos de Isabel Díaz Ayuso, como sí lo hicieron en España con el dirigente Pablo Casado del Partido Popular (PP). Y si de 'realismo mágico' se trata, los Verdes que integran la coalición de gobierno alemana son insuperables al aprobar el envío de tanques y armas de guerra para matar seres humanos, en cumplimiento de su férreo compromiso para proteger el “medio ambiente”.

Vista a distancia, la política de las viejas elites europeas es una extravagante puesta en escena diaria. Uno puede distraerse con unas vistosas exequias que paralizan a un país durante una semana, en honor a una señora cuya virtud era tomar puntualmente el té. Otro día, en el Parlamento europeo, una guerra convierte instantáneamente la energía nuclear, de abominable peligro para la Humanidad, en ecológicamente sustentable. Poco después, en Italia, triunfa espectacularmente una candidata que reivindica sin complejos a Mussolini, uno de los fundadores del fascismo que llevó a la muerte a 60 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. No bien uno está acabando de digerir este desvarío político, al día siguiente se entera que la primera ministra inglesa, emulando a la Dama de Hierro de los 80s, anuncia el recorte de los impuestos a los ricos, para desdecirse a los tres días y terminar como una dama de hojalata renunciando y anulando esos recortes impositivos.

La primera ministra inglesa, emulando a la Dama de Hierro neoliberal de los 80s, anuncia el recorte de los impuestos a los rico. Para desdecirse a los tres días y terminar como una 'Dama de Hojalata', anulando esos recortes impositivos, y renunciando.

En el noticiero de la mañana, los funcionarios del Consejo Europeo, hablan de las virtudes de la economía de mercado. En la noche, imponen a sus ciudadanos un incremento del 100 o 200% al costo de la energía domiciliaria, por ir en contra ruta de esa misma economía de mercado. No solo tienen que comerse su retórica sobre el “libre comercio”, pues ello significaría comprar gas barato a Rusia, que ahora es su nuevo “enemigo sistémico”; mostrando que la geopolítica expansiva es un “valor” occidental más fuerte que la libertad de mercado. Sino que, además, lo hacen sin consultar a nadie, sin haber sido elegidos por ningún ciudadano de esos que, ahora, tendrán que pagar de su bolsillo los aprestos guerreristas de sus elites.

Y el racionamiento, esa palabra preferida para descalificar las economías de los llamados “populistas” latinoamericanos, ahora toca las puertas de cada hogar europeo. No importa con qué eufemismo lo intenten edulcorar: ahorro, gasto racional, etc. Lo cierto es que no habrá suficiente gas para las industrias, ni suficiente energía para la calefacción de las familias, ni la suficiente iluminación de los centros comerciales para deslumbrar a los turistas. Si todo esto no fuera suficiente, los mismos burócratas europeístas que, con aires de superioridad, reprochan a China y a Nicaragua la censura que aplican a medios de comunicación, son los que prohíben la emisión europea de las redes informativas rusas RT y Sputnik. Los buenos modales de la opulencia y el cosmopolitismo han sido trastocados por una grotesca competencia de folclorismos.

El envejecimiento y los achaques han llegado muy rápido a un continente que se sentía superior al resto de los mortales. Ni sus poses de imperios de geriátrico pueden esconder la descomposición barroca de sus elites políticas dominantes. Al final, solo serán el enmohecido telón de fondo de una disputa de los verdaderos grandes, EEUU y China, cuyo destino definirá el espíritu de época de este nuevo siglo.

No es el colapso de la civilización, no es el fin de '0ccidente'. Eso sería un exceso para unas oligarquías carentes de esplendor. Es su provincianización. Y ello hay que asumirlo con decoro y sin enfeudamientos perversos. Al fin y al cabo, no hace muchos años millones de familias europeas también abandonaron sus patrias ensangrentadas, y no había puertos latinoamericanos ni africanos con alambres de púas dispuestos para ensartar sus cuerpos. Y nunca se sabe cuándo los vientos del flujo migratorio volverán a cambiar de sentido. 

Ciertamente, no es que al resto, al mundo no europeo, le vaya de maravilla. Sin excepción, todos los países están atravesando un periodo de retrocesos históricos, inestabilidades y deterioro social sin precedentes. Son los síntomas globales del abatimiento de un largo ciclo histórico, de una época de poderío empresarial sin límites que duró 40 años y que, ahora, muestra las miserias de su ocaso. Que esta descomposición económica y moral sea más llevadera con dinero y el tensionamiento de resortes imperiales, es evidente en EEUU y Europa. Pero su degradación es inexorable. Donald Trump, Viktor Orbán, Giorgia Meloni, los neofascismos y supremacismos blancos que crecen al interior de la política norteamericana y europea son la expresión morbosa de un tiempo histórico que desfallece y que, de momento, no tiene sustituto creíble.  

Este momento liminal de la historia de las sociedades que desgarra su cohesión y templanza, se ha repetido cíclicamente en los últimos 100 años con una periodicidad de 40 a 50 años. Sucedió en los 70s e inicios de los 80s del siglo XX, cuando el desfallecimiento del Estado de Bienestar dio lugar al neoliberalismo. Y en el ciclo anterior, cuando en los años 20s el liberalismo decimonónico terminó su declive y fue entonces sustituido por el Estado de Bienestar.

Nadie sabe aún cómo será el nuevo ciclo de acumulación económica y de legitimación política que se impondrá en el mundo para garantizar otros 40 años de estabilidad social. Ojalá que venga de la mano de las expectativas de las clases menesterosas. Y esperemos que no esté precedido de guerras mundiales devastadoras. Que, como lo sabemos, siempre se han originado en Europa, a galope de elites depravadas y ensimismadas, como las que hoy intentan asomar las orejas en el pórtico de la Historia.  

AGB

El mundo está atravesando una transición política-económica estructural. El viejo consenso globalista de libre mercado, austeridad fiscal y privatización que encandiló a la sociedad mundial durante 30 años, hoy luce cansado y carente de optimismo ante el porvenir. La crisis económica del 2008, el largo estancamiento desde entonces, pero principalmente el lockdown del 2020, han erosionado el monopolio del horizonte predictivo colectivo que legitimó el neoliberalismo mundial. Hoy nuevas narrativas políticas reclaman la expectativa social. Flexibilización cuantitativa para emitir billetes sin límite, Green New Deal, proteccionismo para relanzar el empleo nacional, Estado fuerte, mayor déficit fiscal, más impuestos a las grandes fortunas, son algunas de las nuevas ideas fuerza que cada vez son más mencionados por políticos, académicos, líderes sociales y la prensa del mundo entero.  Se desvanecen las viejas certidumbres imaginadas que organizaron el mundo desde 1980. Aunque tampoco hay nuevas que reclamen con éxito duradero el monopolio de la esperanza de futuro. Y mientras tanto, en esta irresolución de imaginar un mañana más allá de la catástrofe, la experiencia subjetiva de un tiempo suspendido carente de destino satisfactorio agobia el espíritu social.

América Latina se adelantó a estas búsquedas mundiales hace más de una década. Los cambios sociales y gubernamentales en Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, dieron cuerpo a esta “primera oleada” de gobiernos progresistas y de izquierda que se plantearon salir del neoliberalismo. Más allá de ciertas limitaciones y contradicciones, el progresismo latinoamericano apostó a unas reformas de primera generación que logro tasas de crecimiento económico del 3 al 5 %, superiores a los registrados en tiempos anteriores. Paralelamente se redistribuyó de manera vigorosa la riqueza, lo que permitió sacar de la pobreza a 70 millones de latinoamericanos y de la extrema pobreza a 10 millones. La desigualdad cayó del 0,54 al 048, en la escala de Gini, y se aplicó un incremento sostenido del salario y de los derechos sociales de los sectores más vulnerables de la población que inclinó en favor del trabajo la balanza del poder social. Algunos países procedieron a ampliar los bienes comunes de la sociedad mediante la nacionalización de sectores estratégicos de la economía y, como en el caso de Bolivia, se dio paso a la descolonización más radical de la historia al lograr que los sectores indígena-populares se constituyan en el bloque de dirección del poder estatal.

Esta primera oleada progresista que amplió la democracia con la irrupción de lo popular en la toma de decisiones, se sostuvo sobre un flujo de grandes movilizaciones sociales, descrédito generalizado de las políticas neoliberales, emergencia de liderazgos carismáticos portadores de una mirada audaz del futuro y un estado de estupor de las viejas élites gobernantes. 

La primera oleada del progresismo latinoamericano, comenzó a perder fuerza a mediados de la segunda década del siglo XXI, en gran parte por cumplimiento de las reformas de primera generación aplicadas.

El progresismo modificó la tasa de participación del excedente económico en favor de las clases laboriosas y el Estado, pero no cambió la estructura productiva de la economía. Esto inicialmente le permitió transformar la estructura social de los países mediante la notable ampliación de las “clases medias”, ahora con mayoritaria presencia de familias provenientes de sectores populares e indígenas. Pero la masificación de “ingresos medios”, la extendida profesionalización de primera generación, el acceso a servicios básicos y vivienda propia, no sólo transformó las formas organizativas y comunicaciones de una parte del bloque popular, sino también su subjetividad aspiracional. Incorporar estas nuevas demandas y darle sostenibilidad económica en el marco programático de mayor igualdad social, requería modificar el modo de acumulación económica y las fuentes tributarias de retención estatal del excedente.

La incomprensión en el progresismo de su propia obra y la tardanza en plantarse los nuevos ejes de articulación entre el trabajo, el Estado y el capital, dieron paso desde el 2015 a un regreso parcial del ya enmohecido programa neoliberal. Pero, inevitablemente este tampoco duró mucho. No había novedad ni expansivo optimismo en la creencia religiosa en el mercado. Solo un revanchismo enfurecido de un “libre marcado” crepuscular que desempolvaba lo realizado en los años 90s del siglo XX: volver a privatizar, a desregular el salario y concentrar la riqueza.

Ello dio pie a la segunda oleada progresista que desde el 2019 viene acumulando victorias electorales en México, Argentina, Bolivia, Perú y extraordinarias revueltas sociales en Chile y Colombia. Esto enmudeció esa suerte de teleología especulativa sobre el “fin del ciclo progresista”. La presencia popular en la historia no se mueve por ciclos sino por oleadas. Pero claro, la segunda oleada no es la repetición de la primera. Sus características son distintas. Y su duración también.

En primer lugar, estas nuevas victorias electorales no son fruto de grandes movilizaciones sociales catárticas que, por su sola presencia, habilitan un espacio cultural creativo y expansivo de expectativas transformadoras sobre las que puede navegar el decisionismo gubernamental. El nuevo progresismo resulta de una concurrencia electoral de defensa de derechos agraviados o conculcados por el neoliberalismo enfurecido; no de una voluntad colectiva de ampliarlos, por ahora. Es lo nacional-popular en su fase pasiva o descendente. 

Es como si ahora los sectores populares depositaran en las iniciativas de gobierno el alcance de sus prerrogativas y dejaran, de momento, la acción colectiva como el gran constructor de reformas. Ciertamente el “gran encierro” mundial del 2020 ha limitado las movilizaciones; pero curiosamente no para las fuerzas conservadoras o sectores populares allí donde no hay gobiernos progresistas, como Colombia, Chile y Brasil.

Una segunda característica del nuevo progresismo es que llega al gobierno encabezado por liderazgos administrativos que se han propuesto gestionar de mejor forma, en favor de los sectores populares, las vigentes instituciones del Estado o aquellas heredadas de la primera oleada; por tanto, no vienen a crear unas nuevas. Dicho de otra manera, no son liderazgos carismáticos, como en el primer progresismo que fue dirigido por presidentes que fomentaron una relación efervescente, emotiva con sus electores y disruptivas con el viejo orden.

Sin embargo, la ausencia de “relación carismática” de los nuevos líderes no es un defecto sino una cualidad del actual tiempo progresista pues fue por esa virtud que fueron elegidos por sus agrupaciones políticas para postularse al gobierno y, también, por lo que lograron obtener la victoria electoral. En términos weberianos, es la manera específica en que se rutiniza el carisma. Aunque la contraparte de ello será que ya no puedan monopolizar la representación de lo nacional-popular. 

En tercer lugar, el nuevo progresismo forma ya parte del sistema de partidos de gobierno en cuyo interior lucha por ser dirigente. Por tanto, no busca desplazar el viejo sistema político y construir uno nuevo como en la primera época, lo que entonces le permitió objetivamente enarbolar las banderas del cambio y de la transgresión por exterioridad al “sistema tradicional”. Lo que ahora se proponen es estabilizarlo preservando su predominancia, lo que los lleva a una práctica moderada y agonista de la política.

En cuarto lugar, la nueva oleada progresista tiene al frente a unos opositores políticos cada vez más escorados hacia la extrema derecha. Las derechas políticas han superado la derrota moral y política de la primera oleada progresista; y aprendiendo de sus errores, ocupan las calles, las redes y levantan banderas de cambio.

Han cobrado fuerza social mediante implosiones discursivas reguladas que las ha llevado a enroscarse en discursos anti indígenas, anti feministas, anti igualitarismo y anti Estado. Abandonando la pretensión de valores universales, se han refugiado en trincheras o cruzadas ideológicas. Ya no ofrecen un horizonte cargado de optimismo y persuasión, sino de revancha contra los igualados y de exclusión de quienes considera culpables del desquiciamiento del viejo orden moral del mundo: los “populistas igualados”; los “indígenas y cholos con poder”; las mujeres “soliviantadas”, los migrantes pobres, los comunistas redivivos…

Esta actual radicalización de las derechas neoliberales no es un acto de opción discursiva sino de representación política de un notable giro cultural en las clases medias tradicionales, con efecto en sectores populares. De una tolerancia y hasta simpatía hacia la igualdad hace quince años atrás, la opinión publica construida en torno a las clases medias tradicionales ha ido girando hacia posiciones cada vez más intolerantes y antidemocráticas ancladas en el miedo. Las fronteras de lo decible públicamente han mutado y el soterrado desprecio por lo popular de años atrás ha sido sustituido por un desembozado racismo y anti-igualitarismo convertidos en valores públicos.

En el caso de Bolivia, se dio paso a la descolonización más radical de la historia al lograr que los sectores indígena-populares se constituyan en el bloque de dirección del poder estatal.

La melancolía por un antiguo orden social abandonado y el miedo a perder grandes o pequeños privilegios de clase o de casta ante la avalancha plebeya han arrojado a estas clases medias a abrazar salvacionismos político-religiosos que prometen reestablecer la autoridad patriarcal en la familia, la inmutabilidad de las jerarquías de estirpe en la sociedad y el mando de la propiedad privada en la economía ante un mundo incierto que ha extraviado su destino. Es un tiempo de politización reaccionaria, fascistoide, de sectores tradicionales de la clase media.

Y finalmente, en quinto lugar, el nuevo progresismo afronta no solo las consecuencias sociales del “gran encierro” planetario que el 2020 desplomó la economía mundial sino, en medio de ello, el agotamiento de las reformas progresistas de primera generación.

Esto conlleva una situación paradojal: la de unos liderazgos progresistas para una gestión de rutina pero en tiempos de extraordinarias crisis económicas, médicas y sociales.

Además, globalmente estamos en momentos de horizontes minimalistas o estancados: ni el neoliberalismo en su versión autoritaria logra superar sus contradicciones para irradiarse nuevamente, ni los diversos progresismos logran consolidarse hegemónicamente. Esto hace prever, un tiempo caótico de victorias y derrotas temporales de cada una de estas u otras opciones. Sin embargo, la sociedad no puede vivir indefinidamente en la indefinición de horizontes predictivos duraderos. Más pronto que tarde, de una u otra manera, las sociedades apostarán por una salida, la que sea. Y para que el porvenir no sea el desastre o un oscurantismo planetario con clases medias rezando por “orden” a la puerta de los cuarteles como en Bolivia, el progresismo debe apostar a producir un nuevo programa de reformas de segunda generación que, articuladas en torno a la ampliación de la igualdad y la democratización de la riqueza, propugne una nueva matriz productiva para el crecimiento y bienestar económicos. Y, con ello, ayudar a impulsar un nuevo momento histórico, de reforma moral e intelectual de lo nacional-popular y de hegemonía cultural y movilización colectiva -hoy ausentes-, sin los cuales es imposible imaginar triunfos políticos perdurables.    

(Fragmentos del discurso pronunciado en la Universidad Nacional de La Rioja, Argentina, al momento de recibir el nombramiento de Doctor Honoris Causa, 5 de Noviembre del 2021).

AGB

Primero dijeron que no se había mandado ningún material bélico a Bolivia en las jornadas trágicas del golpe de estado del 2019. Luego que se trataba de material antidisturbios para proteger la embajada argentina. Y finalmente, que todo este asunto es un malvado ataque político. Lo cierto es que la ex ministra Bullrich y ex presidente Macri se han asfixiado con sus propias palabras al momento de justificar sus inconductas. Intentaron negar, eludir y hasta huir de un gravísimo asunto de tráfico de armas que ellos mismos crearon. Y cada que hablan, se hunden aún más en sus mentiras. 

Lo cierto es que llegó a Bolivia un “escuadrón de gendarmería” armado con ametralladoras, pistolas y carabinas automáticas, sin ninguna autorización parlamentaria, ni de Argentina y menos de Bolivia que, en este último caso, la Constitución Política del Estado, en el Artículo 158, establece que los únicos que pueden autorizar la entrada temporal de cualquier tipo de fuerza armada extranjera es la Asamblea Legislativa Plurinacional; cosa que no sucedió. 

Y también llegaron 70.000 cartuchos de escopeta, 661 granadas de mano de gas y otros implementos. Las ex autoridades argentinas señalan que todo este material se hubiera usado en entrenamiento del escuadrón. Más que un pretexto es una manera macabra de hacerse la burla de si mismos, ¿Se imaginan a 11 uniformados encerrados en una casa gastando 70.000 cartuchos en 7 meses, encima con solo 2 escopetas que - según el informe de Ministerio de Defensa de Argentina del 10 de julio del 2021- son las que llevó el escuadrón de gendarmería? Creerles este adefesio explicativo significaría que el contingente “Alacrán” hubiera tenido que disparar 333 cartuchos por día al interior de la embajada. Y ciertamente no hay vecinos ni par de escopetas que aguanten semejante exabrupto; a no ser que se haya intentado hacer un túnel bajo tierra a modo de “entrenamiento”.

Lo cierto es que ese material bélico fue entregado a la policía boliviana, tal como lo ha admitido el actual comandante de esa institución; y a los militares, tal como agradeció el general de la Fuerza Aérea Terceros a través de una carta; luego denunciada como falsa, pero que el mismo cartel de medios de comunicación conservadores que iniciaron esa campaña de desprestigio de la misiva, tuvieron que retractarse. 

En resumen, “alacranes”, munición letal para armas automáticas, granadas de gas y 70.000 cartuchos de escopeta 12/70, llegaron a Bolivia sin ninguna autorización congresal ni civil en las horas que se estaba consumando el golpe de estado de noviembre del 2019.

Esto tiene implicaciones legales en ambos países. En Bolivia, aquellos mandos policiales y militares que tramitaron, aceptaron y ayudaron a la entrada del destacamento de una fuerza armada extranjera sin autorización de la Asamblea Legislativa, violentaron la “integridad territorial y soberanía del Estado”, penalizada por el Código Penal con 15 a 30 años de cárcel. En el caso militar el delito se agrava siendo que se trata del incumplimiento de la única misión que justifica su existencia. 

Pero, además, los oficiales bolivianos que aceptaron la entrada de un avión militar extranjero, lo llevaron a la Base Aérea Militar, ordenaron su descarga y guardado, infringieron la Ley 400 de “Control de Armas y Municiones” que, en su Artículo 28, claramente expresa que cualquier internación de armas de fuego y munición para proteger embajadas, debe obligatoriamente ser autorizado por el Ministerio de Defensa y Cancillería. Al incumplir este trámite legal, los oficiales policiales y militares incurrieron en un “tráfico ilícito” sancionado con 30 años de cárcel. Los involucrados extranjeros de este tráfico podrían ser requeridos por la justicia boliviana. 

Pero más allá de estas inevitables consecuencias legales, ¿no sabía el ex-canciller argentino Faurie que la entrada de escuadrones armados y municiones para proteger la embajada requería autorización congresal y ministerial boliviana? Obviamente que Faurie lo sabía, pues se trata de un trámite que lo hacen regularmente todas las cancillerías que tienen embajadas en Bolivia. Y entonces, ¿Por qué este grosero traspié de diplomacia y respeto de las instituciones democráticas?

De hecho, no se trató de un “olvido” pues, como establece el mismo informe del Ministerio de Defensa de Argentina, la Policía Bolivia, presentó a la embajada un documento el 12 de noviembre, un día antes de la llegada del personal armado y las municiones, en el que los policías, atribuyéndose el papel de Asamblea Legislativa, de Ministerio de Defensa y Cancillería “autorizan” la entrada del escuadrón “Alacranes” y de la munición argentinos. 

Entonces, queda claro que con quien negoció el gobierno de Macri fue con policías, y seguramente con militares, por eso la carta de agradecimiento del general Terceros y el uso de la plataforma militar de la Fuerza Aérea Boliviana. ¿Y desde cuando un gobierno democrático negocia la autorización de llegada de tropas y envió de munición letal con policías y militares de otro país? Estos temas delicados de seguridad interna y soberanía territorial, en gobiernos democráticos, son de responsabilidad exclusiva de presidentes electos, de ministros designados por autoridades civiles electas. 

¿Y entonces porque Macri, su Canciller y su Ministra negociaron con los generales? Porque ellos eran el gobierno de Bolivia durante esos días; lo eran de facto.  Macri lo sabía y, al negociar con ellos la autorización de la llegada del avión argentino C-130, los reconoció como gobierno. 

No importa cuán grave haya podido ser la situación de la embajada argentina en Bolivia, lo cierto es que al transar con generales sublevados el gobierno argentino reconoció, respaldó y legitimó a esa camarilla golpista. Y en vez de desconocerla, Macri los avaló y felicitó “regalándoles” 70.000 municiones antidisturbios. 

La realidad de esos días es que nadie molestó a la embajada argentina, como sí lo hicieron con la delegación mexicana asediada por paramilitares y policías, quizá porque no les “regalaron” municiones a los generales. 

Queda entonces en el aire, la pregunta sobre las convicciones democráticas de un gobierno democrático como el del ex presidente Macri. ¿Es democrático negociar y armar a militares golpistas?, ¿Hay apego a la protección de la vida y los derechos humanos entregando munición a generales de un país en el que estos salen a las calles a reprimir civiles desarmados? 

Algún seguidor del general Jorge Rafael Videla dijo que lo que se mandó a Bolivia fueron “empanadas”, sin ningún efecto letal. Pues esas “empanadas” le sacaron el ojo al campesino Hernán Maldonado, le perforaron los pulmones Sonia, una niña de 15 años, le arrancaron pedazo de carne de la pierna a Juvenal.

Las armas y municiones llegaron el 13 de noviembre del 2019. Dos días después, tropas policiales y militares “reforzadas” con el cargamento recibido desde Argentina, asesinaron en Sacaba a 11 civiles e hirieron a 120. Días después, en Senkata, otros 11 civiles serían masacrados y 78 heridos de gravedad. ¿Podrá Macri dormir tranquilo sabiendo que Paulino Condori y Percy Conde, murieron por impacto directo de proyectiles de escopeta? ¿Sabrá que muchas familias han quedado con padres mutilados y que hay centenares de niños huérfanos resultantes de la represión ordenada por los generales con los cuales negoció una falaz “protección” de la embajada?

En fin, en descargo del ex presidente Macri se puede afirmar que este peligroso extravío de las convicciones democráticas no es su patrimonio personal. Es ahora ya un hecho común a todas las fuerzas políticas conservadoras del mundo. Cuando el horizonte neoliberal estaba en su cenit, la democracia era el lugar de la validación de la convergencia estructural de las elites políticas. Hoy, asistimos al ocaso del consenso del libre mercado. Las hegemonías también envejecen; y en este caso descomponiéndose monstruosamente. 

Su visión instrumental de la democracia los está llevando a considerar a las prácticas electivas y las normativas constitucionales en unas molestias prescindibles a la hora de preservar privilegios de clase y apellido. No es casual que Trump haya convocado a sus seguidores a asaltar el Capitolio, que Carlos Mesa haya llamado a quemar tribunales electorales en Bolivia, que Mario Vargas Llosa busque escamotear el voto de pobladores indígena-campesinos en el Perú o que el “Grupo de Lima”, de la mano de los gobiernos conservadores de Ecuador y Argentina, se haya convertido en una internacional de la muerte proveyendo de material bélico para consolidar un golpe de Estado. Han regresado al primitivismo de una lectura schmittiana del poder en la que el gobierno reconocido desde ahora, no es aquel electo por el pueblo; sino el que puede imponer, a sangre y fuego, el estado de excepción.

Trágicamente, la democracia está bajo asedio. Y no por los llamados “populismos”, sino por un neoliberalismo crepuscular.  

AGL

Todas las cosas envejecen: los organismos vivos, las personas y las ideas. Es la dureza de la segunda ley de la termodinámica. Pero hay maneras dignas de hacerlo, manteniéndose leales a los principios con los que se alcanzó el cenit de la existencia, consciente de los errores y sin arrepentimientos ni transformismos de última hora. Pero hay existencias que se corrompen por elección, que se degeneran por decisión. Son los seres que se revuelcan en la putrefacción del alma arrastrando tras de sí las pestilencias de un destino extraviado. 

Este es el patético devenir del político Vargas Llosa de hoy; no de aquel genio literario que hizo méritos propios para entrar en la estantería de las letras universales con “La ciudad y los perros” o “Conversación en la catedral”.  Su actual prosa política viene chabacana, llena de monstruosidades ideológicas que mancillan la pulcritud de los ideales conservadores que algún día profesó. Es como si hubiera un empeño deliberado por envilecer  a la persona que obtuvo el Premio Nobel  y dejar en pie a un decadente político atribulado por pasiones bárbaras.

Vargas Llosa se traga sus otrora enjundiosas convicciones democráticas para apoyar sin decoro a la heredera y encubridora del régimen fujimorista que cerró el Congreso de la Republica, suspendió al poder judicial, ordenó el asalto militar de medios de comunicación del Perú y promovió escuadrones de la muerte con decenas de masacres en su haber. Eso habla de un pervertido drama en el que un reposado liberal muta a un ardiente neofascista. 

Y no es un tema de temperamento débil o convicciones efímeras que quizá, en este caso, hayan ayudado a la elegancia de su prosa. En realidad, Vargas Llosa es un ejemplo, letrado de un desplazamiento emocional de la época.

Respalda groseras maniobras de la derrotada Keiko Fujimori que denuncia “fraude” electoral y anula miles de votos de comunidades indígenas y mantiene un curioso silencio frente al manifiesto de ex jerarcas militares para que las Fuerzas Armadas desconozcan la victoria de Pedro Castillo.  Así se emparenta ideológicamente con Trump que instigó a sus seguidores a tomar violentamente el Congreso de Estados Unidos en enero del 2021; o con el candidato presidencial Carlos Mesa que, al conocer su derrota en noviembre del 2019 contra Evo Morales, convocó a los suyos a incendiar los tribunales electorales bolivianos, incluidos los votos de los ciudadanos. Se trata de actitudes no muy diferentes a la de Bolsonaro que reprocha a las dictaduras brasileñas (1964-1985) el solo haber torturado en vez de haber matado a los izquierdistas; o a la indignidad de Piñera arrugando su pequeña bandera nacional, para mostrarle a Trump que sus colores y estrella cabrían en una esquina de la bandera norteamericana.  

Son síntomas del ocaso de un liberalismo político que, en su rechazo a asumir con aplomo el crepúsculo de sus luces, prefiere desnudar sus miserias en la retirada. Antes podía jactarse de su filiación democrática, su tolerancia cultural y conmiseración por los pobres, porque, con independencia del partido político victorioso, los ricos siempre triunfaban en el mundo en el que las alternativas de “mundos posibles” estaban diseñados a su medida. 

Ahora el planeta se ha sumergido en una incertidumbre de destino. Las élites dominantes divergen sobre cómo salir del atolladero económico y medioambiental que han provocado, los pobres ya no se culpabilizan de su pobreza, la utopía neoliberal se desvanece y los sacerdotes del libre mercado ya no tienen a sus pies a feligreses a quienes embaucar con redenciones futuras a cambio de complacencias actuales. 

Es el tiempo del ocaso del consenso globalista. Ni los de arriba tienen criterios compartidos de hacia dónde ir; ni los de abajo confían en el viejo curso que los de arriba les señalaban. Todos viven un estado de estupor colectivo, de ausencia de futuro factible que desencadena, entre los humillados globales, estallidos de angustia, malestar, enojo y sublevación. Occupy Wall Street, el Movimiento de los Indignados en España, los “chalecos amarillos” de Francia, los levantamientos populares de Chile, Perú y Colombia, las oleadas de progresismos latinoamericanos, son los síntomas de una convulsa de época de ansiedades desatadas que apenas comienza. Nadie de los inconformes sabe con certeza hacia dónde ir, aunque saben con claridad plebeya y callejera lo que ya no pueden soportar. Es la época de un presente que desfallece y de un futuro que no llega ni anuncia su existencia y las viejas creencias dominantes se fisuran, se repliegan para dar paso a la incredulidad radical primero, y luego, a la búsqueda de alguna nueva certidumbre donde enraizar las esperanzas.

Se trata de un caos creador que erosiona las viejas tolerancias morales entre los de “arriba” y los de “abajo” y que, con ello, empuja al consenso neoliberal que agrupó a la sociedad a replegarse. La calle y el voto, ya no los medios de comunicación ni los gobiernos, son ahora los espacios de la gramática donde se escribirá el nuevo estado de animo popular.  La democracia se revitaliza desde abajo, pero paradójicamente por ello, se ha convertido en un medio peligroso para los ideólogos neoliberales que fueron demócratas en tanto el voto no pusiera en riesgo el consenso privatizador y de libre mercado. Pero, ahora que la calle y el voto impugnan la validez de este único destino, la democracia se presenta como un estorbo y hasta un peligro para la vigencia del neoliberalismo crepuscular. 

Las denuncias de fraude que se extiende por las Américas, y que seguramente se harán presentes en Europa, no son sólo el aullido de guerra de los derrotados. Son la desesperada consigna de las ahora minorías neoliberales, para atacar sistemáticamente la institucionalidad democrática y la legitimidad del voto como modo de elección de gobernantes. El golpe de Estado tiende a instalarse como una opción factible en el repertorio político conservador.  Y todo ello lo hace cabalgando un lenguaje enfurecido que aplasta en su galope cualquier respeto por la tolerancia y el pluralismo. Enarbolan sin reparos el supremasismo racial contra indígenas y migrantes por igual.  Desprecian el inconformismo plebeyo al que califican de expresiones de “hordas salvajes”, “ignorantes” “alienígenas” o “terroristas”. Y en un anacronismo risible, desempolvan la fraseología “anticomunista” para encubrir con miedos atávicos el disciplinamiento violento de los pobres, las mujeres y los izquierdistas. El neoliberalismo va degenerando en un acomplejado neo fascismo.

Estamos ante la descomposición del neoliberalismo político que, en su fase de ocaso y perdida de hegemonía, exacerba toda su carga violenta y está dispuesto a pactar con el diablo, con todos las fuerzas tenebrosas, racistas y antidemocráticas, para defender un proyecto ya malogrado. El consenso universalista del que se jactaba el neoliberalismo en los años 90s, ha dado lugar al odio enfeudado de una ideología de outlet. Y, como lo demuestra el último Vargas Llosa, la narración de esta putrefacción cultural es un bodrio literario carente de la épica de las derrotas dignas.    

AGL

No hay victoria política sin previa victoria cultural. No es posible que una fuerza social, o élite política, conquiste democráticamente el monopolio de la gestión de los bienes comunes de una sociedad sin que antes una parte mayor de la población concurra al imaginario de expectativas que aquella fuerza social expresa y propone. Esto vale tanto para las periódicas disputas electorales nacionales como para la formación de los grandes ciclos políticos, revolucionarios o conservadores.

Por eso es que en estos últimos 40 años el ascenso escalonado de los regímenes neoliberales en el mundo vino siempre precedido, y fue después renovado, por un triunfo en el modo de imaginar el curso de acciones posibles con la que la mayoría de la población organizaba su vida cotidiana y sus esperanzas.

En la década de 1980, las contradicciones del “Estado de Bienestar” en el Norte, del “desarrollismo” en el Sur, y los límites de una ciudadanía corporativa-sindical desbordada por todos lados ante la emergencia de nuevos sujetos individuados demandando reconocimiento, crearon un estado de disponibilidad colectiva para sustituir creencias, que supo ser aprovechado por el dogma liberal. El proyecto neoliberal exponía una propuesta “renovada” de crecimiento económico fundado en el libre mercado, la desregulación laboral, la concentración de la riqueza y el achicamiento del Estado. Pero también, como correlato lógico y normativo de la nueva fase de acumulación empresarial, proponía una reforma moral del orden social mediante la “liberación” de la individualidad, la competitividad y el consumo instantáneo como nuevos tensores de la visión del mundo cotidiano.

Ante esa crisis general económica y cognitiva, las izquierdas mundiales paradójicamente apelaban a profundizar las causas de la propia crisis. El proyecto de sociedad “alternativa” de las izquierdas de entonces solo se diferenciaba de la realidad existente en términos cuantitativos: cuántas empresas más había que nacionalizar o cuánto mayor debería ser el incremento salarial de los sindicalizados. No había en esto promesa alguna de un nuevo mundo capaz de superar las contradicciones del viejo o de articular las expectativas de derechos de aquella multitud de sujetos que se movía por fuera del mundo sindical.

La izquierda mundial influyente, a pesar de la sofisticación, radicalidad de su lenguaje y, en muchos casos, de su heroísmo político, era ya una izquierda conservadora, a la defensiva, sin iniciativa histórica, demandante de la reactualización de los viejos proyectos de inclusión en un momento en que las élites dominantes ya habían decidido cambiar las reglas de dominación. Luego se sumó la implosión de la URSS. Que, con más o menos críticas, había sido el referente de un modelo de sociedad alternativa al capitalismo. La sentencia thatcheriana de que “No hay alternativa” resonó como la cínica y lapidaria constatación de un hecho fáctico. No será extraño, por tanto, que el neoliberalismo entre en la Historia con una épica transformadora, innovadora, contra un orden mundial en ocaso. Y frente a los insumisos fragmentados, la dosificada coerción estatal hará el trabajo.

La derrota cultural de las izquierdas fue de tal magnitud, que estas desaparecieron del mapa político, ya sea por extinción o por conversión, dando lugar a fines del siglo XX a una gran convergencia estructural de élites políticas y sociales en torno al neoliberalismo. Al poco tiempo, ya no era posible distinguir entre demócratas o republicanos; socialdemócratas o socialcristianos; nacionalistas, socialistas o liberales. Todos proponían lo mismo: privatización, tratados de libre comercio, competitividad, globalización. La diferencia de proyectos de destino fue sustituida por el carisma o la fotogenia. Este consenso global de las élites fue más importante que el propio Consenso de Washington, pues se trataba de la unificación del orden lógico, moral, procedimental y normativo del sentido común planetario.

Esto permitió una segunda gran convergencia procedimental de la política: la asociación entre libre mercado y democracia representativa. Claro, si hay un solo futuro, el riesgo de que el voto de las clases menesterosas pueda representar algún peligro para el nuevo diseño conservador es insignificante. Y por ello, el neoliberalismo que había probado en Chile su afinidad electiva con el autoritarismo, pudo aceptar su convivencia instrumental con la participación democrática de la población.

Todo este orden lógico y moral del mundo comienza hoy a desvanecerse. Las “reformas estructurales”, las cadenas globales de valor, la desindicalización y el éxito de los “mejores” han dejado una geografía infinita de “perdedores” sin ilusión alguna por el futuro. Son los obreros precarizados y las “clases medias” devaluadas en sus méritos tradicionales; son los asalariados sin empleo y los pequeños empresarios asfixiados por productos más baratos. Y no se trata de “efectos colaterales” de una globalización preponderantemente inclusiva: son los efectos mayoritarios y puros de un neoliberalismo exitoso que, por ello, ahora deviene crepuscular.

Con el siglo XXI nació la oleada progresista latinoamericana. Era el síntoma de un tiempo por venir. Le siguieron las recurrentes crisis económicas mundiales, las protestas en el Norte y un creciente malestar social. Lo más relevante ahora, sin embargo, es el abatimiento del horizonte predictivo de la sociedad en su conjunto, la pérdida del optimismo frente al porvenir. 

Y en medio de este desapasionamiento general por el futuro, angustiosamente incierto, un nuevo “fantasma” recorre el mundo: la divergencia de élites.

Si durante cuarenta años la “unipolaridad” fue la metáfora que resumía la convergencia mundial hacia un único destino deseado, hoy la “multipolaridad” es el eufemismo de un destino histórico desgarrado o, peor aún, ausente. Se trata de un tiempo liminal donde todos sabemos lo que está terminando, pero nadie sabe lo que viene después; el futuro se presenta como un abismo sin promesa alguna.

Las élites que gobiernan el mundo no pueden brindar certeza de un porvenir motivador. Es como si la línea del tiempo que nos encamina hacia una meta ya no existiera y por tanto el presente fuera un tiempo dilatado de manera indefinida.

En medio de este caos cognitivo, lo relevante del momento es la divergencia propositiva de las élites dominantes. Unas persisten en mantener las cosas tal como están, con más libre mercado y recorte fiscal: son los fósiles políticos. Algunos exigen pasar a una etapa libertarista del neoliberalismo, pero sin contaminaciones culturalistas del “marxismo”. Otros buscan capturar la decepción apelando al proteccionismo de sus mercados y la revitalización de sus burguesías productivas bajo membresía “verde” o ultra nacionalista. Los más radicales hablan de un nuevo tipo de socialismo. Hay, pues, una dispersión de la manera de imaginar el futuro propia de un presente sin destino compartido. Desde entonces, “populismo” es la manera de nombrar el miedo y la ignorancia ante esta divergencia de futuros posibles.

Y por supuesto, todo desacuerdo sustantivo en los modos de organizar imaginariamente la cadena de sucesos por venir genera una discrepancia en los procedimientos políticos  a seguir para alcanzar esos acontecimientos esperados. Más aún cuando se han elevado desde lo nacional-popular hasta ponerse al frente quienes intentan desarmar, parcial o totalmente, el modo de centralizar la riqueza dominante en las últimas décadas. Eso es lo que ha pasado con la democracia.

Si entre las élites dominantes hay desacuerdo sobre cuál debe ser el futuro, para ofrecerles ese modelo a las clases subalternas, entonces el riesgo que estas opten electoralmente por cursos de acción por fuera de los márgenes de la dominación conocida se incrementa exponencialmente. Es así que la democracia se presenta cada vez más como un riesgo mayor para las formas tradicionales de mando. En tiempos de divergencia de horizontes predictivos colectivos, la libertad de elección de la plebe tiende a convertirse en un peligro que corroe la continuidad del mando de las clases satisfechas. De ahí que el resultado inmediato sea la actual fascistización racializada de las derechas políticas mundiales, su desenfreno autoritario e, incluso, su apego a suspender la constitucionalidad democrática del Estado, como ha sucedido con los golpes de Estado en Bolivia el 2019 o en EEUU el 2021. El espacio del centro derecha se angosta; en realidad, toda ella se lanza a los brazos de la extrema derecha. El fascismo del siglo XX y el “post-fascismo” del siglo XXI no son anomalías en un sistema político sano, sino el producto natural y embravecido del ocaso de una época.

En el caso de los países con mayores ingresos, la fascistización viene de la mano de un estancamiento de la movilidad social ascendente, de la renuncia de la izquierda política a encauzar este descontento hacia una querella radical por un orden económico alternativo y, por supuesto, del éxito de la derecha política por enmarcar las “causas” del malestar en la “presencia de la migración”, el “asedio estatal a las libertades” o en la “degradación del orden familiar”. En los países con gobiernos progresistas, el desapego a la democracia de los sectores medios tradicionales vendrá precisamente como resultado de los éxitos relativos de los procesos de igualdad social. El racismo y las políticas de odio serán el rechazo a la movilidad social ascendente de sectores anteriormente excluidos (indígenas, mujeres, pequeños productores) que, ahora con nuevos derechos, reconocimientos e influencias, devalúan los bienes y privilegios poseídos por las viejas clases medias.

Así, esta época liminal que atraviesa el mundo parece contener dos fases.

La primera fase de época está caracterizada por la perplejidad de un tiempo sin dirección que está acarreando la divergencia de élites, la disociación entre neoliberalismo y libre mercado, la fascistización de segmentos sociales y la implosión de la política centrista.

Todo ello preparará inevitablemente la entrada a la segunda fase de época, que se identificará por una generalizada disponibilidad colectiva a la revocatoria de las fundamentales creencias organizadoras de la vida y el destino. Este será el escenario donde se definirá el espíritu argumental de la nueva época socio-económica del mundo. Y, como sucedió antes, la victoria del nuevo orden planetario, sea el que sea, primero será cultural y moral. Luego después, político y económico.  

AGL       

Kristalina Gueorguieva, doctora en economía, es la directora general del FMI y ciertamente conoce, como todos los funcionarios de esa institución, el manejo de la incertidumbre en determinadas variables macroeconómicas que modelizan las decisiones individuales de consumidores y productores. De hecho, el Global Integrated Monetary and Fiscal Model (GIMF), con el que el FMI disciplinó durante cuatro décadas la comprensión y dirección de las políticas económicas de los países del mundo, incluye las llamadas “variables estocásticas” al momento de prever expectativas sobre los períodos futuros de la economía.

Por ello, sorprende que lo más relevante de la declaración de la Directora General, previa a la cuadragésima tercera reunión del Consejo del FMI en abril, haya sido precisamente el afirmar que el mayor “peligro” que envuelve al mundo sea la incertidumbre. El peligro ya no es, como antes se pontificaba, el déficit fiscal, los excesivos impuestos, las subvenciones, el gasto público en el área de salud, el populismo o el intervencionismo estatal. No, al contrario, ahora en un giro de 180 grados se recomienda que frente a la “gran recesión” y al “lockdown”, los gobiernos deben “transferir recursos a los ”hogares vulnerables“, ampliar ”subsidios“, ”inyectar capital“ a las pequeñas empresas, elevar la inversión pública en infraestructura, salud y educación, aplicar tributos progresivos a la riqueza, a los beneficios empresariales excesivos, a las grandes herencias, etc.

La incertidumbre a la que el FMI le teme no es pues la aleatoriedad de las expectativas de mercado de los actores individuales, fácilmente capturadas por el juego de probabilidades en las ecuaciones con las que se calculan las variables estocásticas de los GIMF. Aquello correspondía a los tiempos de una realidad social domesticada, donde productores, consumidores, gobernantes, políticos, ideólogos, comunicadores compartían un mismo horizonte cultural de destino predecible: la competencia salvaje, la ganancia, el libre mercado y la globalización. 

Hoy, en cambio, hay una realidad que desborda y fisura por todos lados ese corsé predictivo y la simpleza matemática de esas variables. La incertidumbre se está apoderando de la propia organización del mundo y de su porvenir. La pandemia ha obligado a los estados a romper reglas de mercado para proteger a sus ciudadanos; la acumulación empresarial ha sido paralizada para poner por delante responsabilidades médicas, los déficits fiscales se han disparado para financiar la estabilidad de las bolsas de valores y las transferencias monetarias de emergencia. Las élites, después de 40 años de unanimidad en cuanto a horizontes de futuro, ahora divergen sobre las políticas económicas a adoptar ante la gravedad de la crisis. El venerado “mercado mundial” detrás del cual corrían todos los agentes económicos, es hoy una entelequia escurridiza descuartizada por un enfurecido nacionalismo de vacunas. Cada Estado “desarrollado” cuida las vacunas fabricadas en su territorio, dejando al resto a la suerte divina. La globalización se arrodilla ante la fuerza pura y cruda de las soberanías territoriales.

El espectáculo es grotesco. Cada uno de los fetiches de la modernidad neoliberal es inmolado en el fragor de un mundo encendido por la consigna de sálvese quien pueda, como pueda y donde pueda. Así, los sacerdotes del libre cambio han devenido proteccionistas, con Boris Johnson a la cabeza. Los promotores de la consigna de que “el Estado es el problema”, primero con Donald Trump y su “America First”, y luego con Biden y su “Made in America”, relanzan a ese Estado como único demiurgo capaz de intentar sacar de la decadencia a EEUU. Los líderes de la anteriormente detestada economía planificada, como China, ahora son los más fervientes defensores de la globalización. Y si el propio FMI hoy tiene que recomendar lo que hace dos años era condenado y sancionado, entonces estamos ante un descomunal estupor cognitivo que se ha apoderado de las élites planetarias dominantes. Los “años dorados” donde gobernantes y gobernados compartían una misma hoja de ruta global, y cuando las diferencias estaban en la velocidad para llegar a un destino fijado de antemano, ahora ha estallado en múltiples perspectivas o, lo que es peor, en la ausencia de un destino plausible.

Esta es la verdadera incertidumbre que aterra a Gueorguieva porque en este vaciamiento del sentido de la historia imaginada, el viejo mundo neoliberal ordenado alrededor de un destino ilusoriamente compartido ,que le daba consistencia al cálculo probabilístico de las variables estocásticas, ahora se cae a pedazos por decisión de sus propios administradores.

Y al final, ello tiene un precio histórico.

Es el propio FMI quien alerta, en un estudio reciente, que la “larga sombra” de conflictividades post Covid-19 puede llevar a “derrocar gobiernos”. El asalto al Capitolio norteamericano del 6 de enero es la epidermis de una herida de época que recorre el mundo. Claro, las tolerancias morales de los gobernantes hacia los gobernados, lentamente comienzan a deshilacharse por todos lados.

Cuando todo el orden lógico y procedimental del horizonte dominante que ha organizado el curso de la vida cotidiana de la sociedad se desvanece, lo que emerge es el abismo de la historia en cuyo interior insondable todo puede pasar. Es la época de un caos estructural que, inicialmente, promueve la parálisis del horizonte predictivo de las clases subalternas; es decir, es la experiencia del tiempo como un hecho suspendido, como una agobiante excepcionalidad indefinida que no tiene vocación ni promesa. 

¿Y que podría pasar cuando la “larga sombra” del enojo de los de abajo en algún momento quiera romper, por decisión y riesgo propios, la asfixia de un tiempo dilatado y sin futuro para inventar un nuevo destino imaginado? Si ahora el FMI, obligado por las circunstancias, propone elevar impuestos a las grandes fortunas y al patrimonio en directa contradicción con su antiguo catecismo del “goteo”, no sería raro que las clases plebeyas, quizá, vayan un poco más allá y pongan en duda la propiedad de los dueños de esas grandes fortunas, o piensen cosas “peores”. Si por el momento, con la vigencia de la gran propiedad privada, no hay futuro capaz de volver a encandilar las expectativas sociales, podría ser que, sin esa gran propiedad, las cosas sean distintas.

Nadie lo sabe, pero lo que es cierto es que el futuro se abre paso a tropezones y jaloneado por el miedo. La incertidumbre de hoy ya no es la de los valores probables de una variable, sino de la validez de la totalidad de las ecuaciones del FMI que modelizan el comportamiento social sumiso.

Entonces la “incertidumbre peligrosa” a la que teme Gueorguieva es la que hoy atenaza, en primer lugar, a los decisores del orden planetario, a los que lo dirigen. Resulta claro que si los que gobiernan el mundo no saben hacia dónde vamos, su dominación carece de validación proyectiva en el tiempo. Esta ahí por la inercia de la dominación pasada, por los sedimentos arcaicos en el sentido común de la sociedad, pero no tiene dinamismo regenerativo propio. Es pues una hegemonía crepuscular, en cierta medida zombi.

El mundo está debajo del pórtico de un extraño tiempo carente de esperanza, en el que no hay futuro y, lo peor, que nadie sabe cómo será. No es casual que la angustia de las elites planetarias respecto a si las viejas técnicas de dominación, exitosa durante 40 años, serán eficaces ante una sociedad que, al dejar de confiar en los consuetudinarios cursos de acción posibles, tienda a volverse más receptiva a explorar otras opciones de destino. En sentido estricto esa es precisamente la experiencia patética de la libertad, entendida no como la posibilidad de elegir entre lo que unos pocos han decidido, sino de decidir sobre las cosas mismas que habrá que elegir. De ahí que el temor del FMI es, sobre todo, el miedo a hallar en el fondo del abismo la premonición sartreana de que estamos “condenados a ser libres”, es decir, a perder el control sobre el horizonte de previsibilidad de las sociedades.

“Ipso facto, ahorrando formalismos”. Esas son las palabras que se usaron el 12 de noviembre de 2019 para consumar el golpe de Estado contra Evo Morales. Así lo confesó monseñor Ricardo Centellas, a nombre de la Conferencia Episcopal boliviana, en un comunicado leído el viernes 19 de marzo. La frase es simple y brutal a la hora de entender por qué una vicepresidenta segunda del Senado, representante de una fuerza política minoritaria en Bolivia, con un largo prontuario de posiciones racistas contra a la mayoritaria población indígena del país, fue investida con la banda presidencial en un oscuro cuarto del Palacio Quemado -el viejo palacio de gobierno que había caído en desuso en 2018-,  y de la mano de un general en uniforme de combate.

Esos “formalismos” escamoteados a los que se refiere despectivamente el Monseñor son los de la Constitución Política del Estado (CPE), madre de todo el ordenamiento normativo del país, que en su artículo 169, de manera innegociable, que en democracia, y para garantizar la democracia, establece que el orden de sucesión presidencial recae exclusivamente del Presidente al Vicepresidente; a falta de éste, en el presidente de la Cámara de Senadores; y a falta de este en el presidente de la Cámara de Diputados. Se trata de una estructura de transmisión de mando constitucional cerrada a cualquier tipo de interpretación y sin ninguna ambigüedad, precisamente para garantizar el respeto al voto mayoritario de la población y a su representación numérica expresado en la elección de sus principales autoridades

No es un “formalismo” más, con el cual limpiarse la nariz como lo hace la jerarquía católica, a no ser que precisamente se esté ante una conjura violenta contra el ordenamiento democrático del país. Claro, la lógica de la Asamblea Constituyente del 2008, al redactar esta norma fue que el mando del país, ante cualquier eventualidad, siempre recaiga en autoridades portadoras del voto mayoritario de los electores. El artículo impide imperativamente el pervertido manejo político de décadas anteriores, cuando las minorías políticas, por componendas entre las fuerzas que habían perdido la elección, llegaban sin embargo a gobernar: así Jaime Paz Zamora, candidato del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), que en las elecciones de 1989 había salido tercero, llegó a la presidencia gracias al apoyo en el Congreso del ex dictador Hugo Banzer (1971-1978). Según la nueva CEP, a la organización política que obtenga la mayoría del apoyo electoral, le corresponderá directamente la Presidencia y Vicepresidencia del Estado; a la organización que tenga mayor número de senadores elegidos por departamento, la presidencia del Senado, y a la organización que obtenga mayor número de diputados por circunscripción uninominal y plurinominal, la presidencia de la Cámara de Diputados. Y cuando tenga que proceder la sucesión constitucional, el mando democrático siempre recaerá obligatoriamente sobre la fuerza política con mayor votación y representantes en uno de los tres niveles de la jerarquía estatal. De ahí que, “ahorrarse” ese “formalismo”, era simplemente asesinar a la democracia.

Esta lógica del ordenamiento normativo que garantiza el gobierno democrático del país a las mayorías a través de sus representantes nacionales y territoriales electos, continúa en el Reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 35 establece que la Presidencia del Senado y la primera Vicepresidencia corresponden al bloque de mayorías, es decir a los que obtuvieron mayor número de senadores en el país; la segunda Vicepresidencia, el lugar que ocupaba Jeanine Áñez, al bloque de minorías. En el marco de la Constitución y la democracia era metafísicamente imposible que la segunda vicepresidenta del Senado, lugar de las minorías, pueda ocupar el lugar de las mayorías, esto es, la presidencia del Senado. A no ser, claro, que de por medio estén la espada y la biblia para “ahorrar formalismos”, es decir, dar un golpe de Estado.

Por si no fuera suficiente esta integralidad del orden jerárquico del Estado asentado en la lógica de gobierno de mayorías, el artículo 75 del citado Reglamento señala que, para convocar a una sesión de la Cámara de Senadores, el quórum obligatorio para instalar la sesión es el de la mayoría absoluta de sus miembros, es decir 19 senadores sobre un total de 36. Los partidos opositores apenas tenían 11 senadores -9 del Movimiento Demócrata Social (UD) y 2 del Partido Demócrata Cristiano (PDC)-, por lo que no importaba cuántas invocaciones se hicieran al cielo, era imposible convertir 11 senadores en los 19 que la cámara necesitaba para sesionar. Y si sesionaba con el quórum la única ruta democrática y constitucional que había era elegir a un nuevo o nueva presidenta del Senado del bloque de mayorías, en este caso del Movimiento al Socialismo (MAS) que tenía 25 senadores, para que luego, inmediatamente asumiera la Presidencia del Estado. Pero esto significaba echar por la borda el financiamiento de paramilitares que quemaron Órganos Electorales departamentales, olvidarse de los jugosos sobornos empresariales a los comandantes de las FFAA y la Policía, desoír los inmorales rezos delante las puertas de los cuarteles y atragantarse los relatos de fraude con el que los opositores, tras la caída en las encuestas en enero de 2019, habían encubierto su insuperable condición de minorías derrotadas.

“Pero para qué tanta Constitución, democracia, leyes y lógica de mayorías”, exclamó alguno de los conjurados de la “católica” ese fatídico 12 de noviembre. Allí estaban los dirigentes opositores Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, Jorge Quiroga y otros. Y a falta de inteligencia y convicción democrática sobraba odio racial y revanchismo violento. Así que “ipso facto, ahorrando formalismos” según el Monseñor, 11 senadores opositores ahora serán más que 19, y las minorías serán declaradas, Dios mediante,  “mayorías”, gracias al poder de las armas y los rezos emperifollados.

Ciertamente este “milagro” no resiste la prueba de consistencia aritmética de los sumerios ni mucho menos tiene un átomo de democrático o constitucional. Pero así sucedió; sobre el poder de las bayonetas, Áñez, que por voto popular y norma constitucional solo podía leer la correspondencia de la Cámara, ahora entraba por la ventana al Palacio de Gobierno para recibir una espuria banda presidencial y ser escoltada por una cofradía de uniformados desleales a su institución y a la democracia. Los que nunca pudieron ganar elecciones nacionales, ahora eran gobierno; los eternos derrotados por el voto popular, ahora ganaban parapetados detrás de tanquetas. Al día siguiente, “ipso facto, ahorrando formalismos”, el odio y el racismo se enseñoreaban para cobrar venganza de unos indios alzados que se habían atrevido a ser gobierno. A falta del indio presidente para ser linchado, se quemaban wiphalas en La Paz y Santa Cruz, en tanto que en Cochabamba, los nietos de los hacendados se encargaban de expulsar cholas de la ciudad. Se iniciaba el año infame.

Hay, empero, que ser justos; el método “ipso facto” no es un invento enjundioso de Monseñor. Ya lo empleó Torquemada en 1485 para deshacerse de conversos y de bibliotecas “peligrosas”. La economía de “formalismos” políticos los practicó también con notable eficiencia Fray Vicente, doctrinero de Pizarro, que a decir de Waman Puma, en su magistral Nueva corónica y buen gobierno, dio la señal para que las tropas españolas, “ipso facto”, se lanzaran a “matar indios como hormigas” en Cajamarca, en 1532; y todo porque supuestamente “estaban en contra de la fe” católica.

“Ipso facto, ahorrando formalismos”, fue también el ideario que guió a Himmler para instaurar campos de exterminio que, con métodos “expeditos” y sin ataduras legales mataron a más de 12 millones de judíos y comunistas durante la Segunda Guerra Mundial.

En fin, este desprecio por los “formalismos” de la democracia, la dignidad de la vida, de la tolerancia y el respeto a la voluntad de las mayorías sociales, es propio del fanatismo ideológico, el racismo político y el fascismo. Pero, aún queda pendiente la pregunta sobre por qué una jerarquía de una institución religiosa tan importante haya avalado una brutal violación de la democracia y la lógica constitución de mayorías, cuando muchos de sus párrocos de base, que si comparten el dolor del feligrés, han luchado por la democracia y la igualdad. Y quizá la respuesta la tenga otro Monseñor que fue delegado a la Constituyente, como los viejos cruzados de Urbano II en el siglo XI, para hacer retroceder a los constituyentes “impíos” que querían separar la iglesia del Estado. La laicidad del Estado que al final resultó, les pareció una afrenta tan diabólica como aquella implementada por el mariscal Antonio José de Sucre al expropiar los bienes de la Iglesia. “Si para ustedes es patria o muerte –señaló ahora el Monseñor- para nosotros es Iglesia o muerte”. Y ciertamente lo fue. El 14 de noviembre, “ipso facto, economizando formalismos”, la biblia de Fray Vicente entraba a palacio con su estela de muerte de indios y de democracia por igual.