Durante las últimas semanas, algunas ‘investigaciones’ han generado en Bolivia un revuelo mediático al señalar inconsistencias en figuras importantes del hoy gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) a la hora de responder si los acontecimientos de noviembre de 2019 -que llevaron a la renuncia del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera- constituyeron o no un golpe de Estado. Es curioso que la puntillosa lupa de medios que presumen de no tener afinidades políticas se haya colocado casi con exclusividad sobre políticos del MAS. Durante las últimas semanas, decenas de notas y editoriales de los medios bolivianos han enumerado las ‘contradicciones’ de los masistas sobre los hechos del pasado noviembre,  mientras que de los políticos de oposición no encontramos casi ni notas a pie de página. Esto puede deberse a dos motivos: a que los políticos de la oposición hayan mantenido siempre una posición exquisita y coherente a lo largo de este año y medio en torno a la discusión que nos ocupa -y por lo tanto no cabe dedicarles una atención similar a la que requieren los masistas-, o bien a que estos medios asumen una clara posición política y la defienden como propia.

Lo que se persigue con esto de iluminar una parte del debate, oscureciendo otro, es vender la idea de que la posición del MAS – que se trató de un Golpe de Estado- configura un relato ideológico, mientras que la posición de la oposición y de algunos medios afines -no fue Golpe- no es sino la mera descripción de los hechos. Sabemos que pocas operaciones como ésta son tan profundamente ideológicas: qué destaco, qué oculto, quién lo decide. Sin embargo, sin mucho esfuerzo podemos encontrar numerosas y relevantes inconsistencias en las posiciones de la oposición política sobre el tema en cuestión.

Algunas contradicciones de Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana

El 8 de noviembre de 2019 encontramos declaraciones de Silvia Salame -entonces senadora electa- del partido de Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana (CC). La senadora de CC hoy en ejercicio, experta en Derecho -había sido fue magistrada del Tribunal Constitucional-, sostenía contra los líderes de los comités cívicos y políticos opositores que exigían la renuncia de Evo Morales que: “Cualquier solución pasa por una solución que esté acorde con la CPE, no se puede pedir derrocarlo al Presidente, ese tipo de solicitudes están al margen de la Ley”.

Dos días después, como sabemos, Evo Morales renunciaba a la presidencia del país.

Y pocas horas después de la renuncia de Evo Morales, el entonces líder cívico cruceño y actual gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, escribía en Twitter que militares y policías buscaban capturar a Morales en el Chapare. ¿Quién era el soberano entonces? Esta es solo una de las preguntas importantes.

Pero el 8 de noviembre dejó otro documento muy relevante y llamativamente olvidado por parte de los narradores de los estrictos hechos de esos días. Andrea Barrientos, Adriana Salvatierra, Cecilia Moyoviri, Valeria Silva, Vania Sandoval, Susana Rivero, Cecilia Requena, Mabel Monje, Paola Cortés, Jessica Sulzer todas senadoras y diputadas electas, por el MAS y CC en las elecciones del 20 de octubre de 2019, firmaron un texto conjunto que tenía seis breves puntos. Transcribimos parte del párrafo de inicio: “Nosotras, mujeres de distintas organizaciones políticas, reconociendo nuestra legitimidad y asumiendo nuestra corresponsabilidad para contribuir a encontrar salidas pacíficas, democráticas e institucionales a la actual situación que ya ha costado tres vidas, convencidas del valor primordial de la vida humana que, para detener y evitar …”.

¿Es posible que lo que aquí leemos sea una importante contradicción? Las firmantes apelan a su legitimidad, y con poco esfuerzo podemos ver que lo que las identifica, además de ser mujeres políticas, es el hecho de haber sido todas candidatas en puestos de salida a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y haber resultado electas. Está claro que el grupo firmante tiene esto muy en cuenta cuando escribe lo que escribe y firma lo que firma. Si sólo las hubiera convocado su condición de mujeres, otras, seguramente muchas más serían las firmas; si sólo las hubiera convocado su condición de mujeres políticas, también veríamos un elenco seguramente más amplio y además no solo limitado a dos fuerzas políticas. No, aquí vemos mujeres políticas de las dos principales fuerzas políticas de esas elecciones, mujeres políticas recién elegidas como diputadas y senadoras en las elecciones del 20 de octubre de 2019. Pero...si  Mesa y CC repetían día sí y día también que en esas elecciones habían sido víctimas de un “fraude gigantesco”... ¿cómo es que sus cabezas de lista al Senado de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz firmaban un documento el 8 de noviembre apelando a su legitimidad emanada de esas cuestionadas urnas? Hay que leer el resto del documento. No se pide la renuncia de Evo Morales; no se denuncia absolutamente nada, nada, sobre las elecciones del 20 de octubre; se critica la violencia, los grupos de choque; se condena expresamente la violencia contra las mujeres que “están ejerciendo liderazgo político y dirigencial”: poco antes la alcaldesa masista del municipio de Vinto, en el departamento de Cochabamba, había sido vejada y humillada ante las cámaras durante horas, aunque no hacen mención expresa. Las demandas que suscriben las legisladoras electas de CC contradicen a las que sostenía su propio partido, que incendiaba la calle en cada rueda de prensa, denunciaba fraudes en cada recinto electoral y exigía la renuncia de Evo Morales sin importarle mucho ni el cómo ni el coste.

Cuando Jeanine Áñez decidió lanzar su candidatura presidencial a finales de enero de 2020, llegaron ataques virulentos de quienes hasta ese momento habían sido apoyos de primer orden como Carlos Mesa y Tuto Quiroga. Procuraron argumentar su desacuerdo en razones de principios democráticos – los mismos que habían guardado bien en noviembre pasado- pero lo que más les molestaba era que tenían una competidora nueva en la cancha, que además tenía el control del Ejecutivo. Carlos Mesa entonces escribió: “Pero hay algo más grave, lo que está en juego es la imagen internacional del país. Una candidatura de la Presidenta desbarata su rol histórico y la credibilidad de la transición. No hace otra cosa que avalar las afirmaciones del ex Presidente huido y del coro que le hace eco, de que en Bolivia sí hubo un golpe de Estado”. En otra parte del texto dice: “La tesis del golpe de Estado se basa en la idea de que quien lo dio usa la sucesión constitucional como una excusa para hacer realidad su verdadera intención: apropiarse del gobierno en el largo plazo como quien se apropia de un botín”. Jeanine Áñez mantuvo su candidatura ocho meses. La retiró un mes antes de las elecciones. Quienes señalaban que en Bolivia hubo un golpe de Estado, entonces, tenían un importante motivo más para sostener esto: la candidatura de Añez, en palabras de Mesa, avalaba esta tesis; la avaló por buena parte del 2020.

Hace pocos días, Comunidad Ciudadana (CC) ha presentado un documento en el que en sus dos primeros puntos sostiene un programa:

1.   Sin renunciar a nuestra interpretación de los hechos y en homenaje al bien mayor de la patria, superar la polarización política que generan los discursos antagónicos entre fraude electoral y golpe de Estado, dejando de lado todas las acciones de confrontación, judicialización y persecución que la acentúen y potencien, y como consecuencia de ese espíritu, liberar a los presos políticos;

2.   Reconocer a las elecciones generales de 2020, en las que el pueblo expresó su decisión, como el elemento clave que resuelve ese antagonismo.

En la primera frase del primer punto encontramos una contradicción evidente con lo que Carlos Mesa y su partido sostenían hasta hace muy poco: el “fraude monumental” como hecho irrefutable. Ahora en CC ya no se ven a sí mismos como los auténticos registradores de los hechos y la verdad absoluta y hablan de distintas interpretaciones de los hechos.

El segundo punto también muestra una importante contradicción ya que, hace un par de meses, el jefe de campaña de CC y principal estratega, Ricardo Paz, le decía al periodista cruceño Tuffí Aré sobre el resultado de las urnas de 2020: “Una cosa es que nosotros digamos, sí, nos han ganado la elección porque nos han ganado con más del 10, evidente y real. Ahora, ¿nos han ganado por casi 27%? No, no nos han ganado con 27% puntos. Eso no es así. No podemos cuantificarlo exactamente...”. De nuevo, como hicieron en 2019, denunciar fraude sin pruebas. No podemos cuantificarlo pero lo sabemos, decía Paz. Ahora leemos que aceptan el resultado y no le arrojan sombras de duda sin más evidencia que su sospecha. Estas contradicciones son, qué duda cabe, bienvenidas y saludables. También señalan algo muy importante. Las últimas elecciones generales resolvieron el antagonismo entre los discursos en pugna. El 55,11% que votó por el MAS en las elecciones de octubre de 2021 muy probablemente conocía cuáles eran las posiciones de este partido sobre los debates fundamentales de nuestro país y decidió refrendarlas en las urnas.

De las contradicciones escamoteadas al olvido deliberado del uso de la coerción física

No solo vemos que ha existido un notable olvido en el tratamiento mediático de las contradicciones de los actores de la oposición en el debate sobre el Golpe de Estado de 2019. Y sólo hemos mostrado algunas de las más importantes. Tampoco es satisfactorio, ni completo, el tratamiento dado a algunos testimonios, no contradictorios pero sí muy relevantes de actores masistas. Mucho se ha escrito últimamente sobre lo que hace más de un año dijo el vocero presidencial, Jorge Richter, cuando era analista político en una entrevista. En cambio, se recuerdan muy, muy poco los motivos que llevaron a Víctor Borda a renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados el 10 de noviembre de 2019.

Hay que apuntar que uno de los argumentos más caros por parte de algunos de los medios más conocidos del país y de los políticos de oposición es que el MAS, de manera deliberada, generó un vacío de poder para, convulsión mediante, recuperar fortalecido ese poder antes vaciado. Andrea Barrientos, una de las autoridades electas firmantes del texto del 8 de noviembre de 2019 y actual jefa de senadoras de CC, ha repetido esto en varias ocasiones.

Ríos de tinta y horas de televisión estas últimas semanas fueron dedicados a la senadora masista Adriana Salvatierra, sobre la cuestión de cuándo y por qué motivos renunció a la presidencia del Senado en aquel noviembre de 2019. Sin embargo, sobre el diputado masista Víctor Borda, entonces presidente de la Cámara de Diputados, no hemos visto que en los últimos meses le dedicaran mucha más atención que la escasa o nula dirigida al documento del 8 de noviembre de 2019 de las mujeres candidatas electas del MAS y CC. ¿A qué se debe este deliberado olvido? Muchos medios contaron el día 10 de noviembre los motivos por los cuales Borda renunció: cívicos de Potosí habían secuestrado a su hermano Marco Antonio, a quien golpearon y vejaron, y no lo iban a soltar hasta lograr que Víctor renunciara a la Presidencia de Diputados y con ello perdiera el derecho y el lugar que tenía en la línea de sucesión constitucional. Nadie ha desmentido lo dicho por Borda quien, en las pocas entrevistas posteriores que le han hecho, ha reafirmado lo dicho esa jornada. De hecho, la senadora Barrientos podría, con facilidad, encontrar el desgarrador testimonio de Marco Antonio Borda Belzu grabado pocos días después del hecho. Visiblemente lastimado, el hermano de Víctor Borda cuenta ante las cámaras que ese día 10 de noviembre, alrededor de las 9.00 de la mañana, un grupo de personas identificadas con el movimiento cívico potosino irrumpen en su hogar de manera violenta, buscan agredir sexualmente a su hija de 14 años, lo golpean, lo agreden sexualmente, destruyen su casa y lo sacan de allí semidesnudo. Le advierten que no lo dejarán ir hasta que su hermano renuncie a la presidencia de la Cámara de Diputados. Y recién lo liberan alrededor de las 6.00 de la tarde después de que Evo Morales comunicara públicamente su renuncia. Todavía hay quienes sostienen, sabiendo esto, la tesis de que “el MAS generó un vacío de poder”. Y son los mismos que dicen ser meros registradores de los hechos. La historia de Borda no encaja, entonces mejor procurar casi no hablar de ella y mejor hablar del semanario que dirigió Richter hace veinte años. En Bolivia, y en casi cualquier otro lugar, lograr la renuncia de un presidente de Diputados con los modos con que se consiguió la de Borda tiene un nombre y no es precisamente el de una pacífica, legal y legítima sucesión constitucional.