Durante las próximas dos semanas, representantes de cerca de 200 gobiernos tratarán de lograr consensos en la versión 30 de la conferencia anual de cambio climático de Naciones Unidas, COP30.

Es la primera conferencia del clima que tiene lugar en la Amazonía, específicamente en la ciudad de Belém, Brasil, un bioma vital por su rica biodiversidad pero amenazado por actividades extractivas.

Es también el décimo aniversario del Acuerdo de París, el tratado climático global acordado en 2015 para evitar que las temperaturas medias globales aumenten más de 2 °C por encima de los niveles preindustriales y, en el mejor de los casos, mantener este aumento por debajo de 1.5 °C. Sin embargo, la trayectoria actual es que, para finales de siglo, el planeta se calentará entre 2,3 y 2,5 °C, incluso si los planes que los países se han fijado hasta ahora se cumplen al 100%.

“Estamos perdiendo peligrosamente el límite de 1,5 °C. Vamos en la dirección correcta pero demasiado despacio”, sostuvo Christiana Figueres, ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en una conferencia de prensa la semana anterior al inicio de la conferencia mundial.

La COP30 ocurre en medio de un contexto geopolítico convulsionado y cuestionamientos al estado del multilateralismo. Brasil, como presidente de la conferencia, tendrá el desafío de balancear esas tensiones.

A diferencia de años anteriores, esta edición no tiene como objetivo principal alcanzar un acuerdo o emitir una declaración. El gobierno de Brasil y analistas la han definido como “la COP de la implementación”.

Para ello, los países presentarán sus nuevos planes climáticos nacionales, aunque hasta el domingo, víspera de la cumbre, solo 81 de 198 lo habían hecho. Especialistas coinciden en que se esperan avances en diversos temas, como financiamiento a países en desarrollo, transición energética y adaptación a los efectos del cambio climático.

América Latina, sede de la COP luego de 11 años (la COP20 se realizó en Lima, Perú, en 2014), ya atraviesa impactos visibles y crecientes del cambio climático. Por ejemplo, los científicos han dicho que el reciente huracán Melissa, que afectó especialmente a Jamaica, fue más intenso por efecto del cambio climático.

“La región llega a la COP30 en un punto de inflexión”, dijo Jorge Villareal, director de política climática en la ONG de México Iniciativa Climática. “Estamos fuertemente impactados por la crisis climática, deuda y desigualdades”.

La cumbre de líderes

Días antes del comienzo de la COP, el jueves 6 y el viernes 7 de noviembre, cerca de 60 jefes de estado llegaron a Belém para participar de la Cumbre de Líderes, un segmento previo que pretende dar un impulso político a las negociaciones.

El secretario general de la ONU, António Guterres, criticó duramente a los gobiernos por su incapacidad para limitar el calentamiento a 1,5 °C. “Están cautivos de los intereses de los combustibles fósiles”, dijo en su discurso.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva advirtió que “la ventana de oportunidad que tenemos para actuar se está cerrando rápidamente” y afirmó que “no hay mayor símbolo de la causa medioambiental que la selva amazónica”.

Diversos líderes de América Latina también estuvieron presentes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de “conducir a la humanidad al abismo” por su negacionismo climático y cuestionó el “lobby de los combustibles fósiles” en las conferencias del clima.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió poner “a la ciencia y la evidencia científica en el centro de las decisiones” y avanzar en la implementación, mientras que el presidente de Guyana, Irfaan Ali, defendió el multilateralismo. “No hay otro foro donde los países sean considerados iguales y puedan buscar una respuesta para el planeta”, agregó.

En la lista de asistentes faltaron los líderes de algunas de las economías más contaminantes del mundo, como India, Rusia y Estados Unidos, que se retiró recientemente, y por segunda vez, del Acuerdo de París. China, hoy el principal emisor, envió a su viceprimer ministro, Ding Xuexiang, quien pidió que los países desarrollados tomen la delantera en la acción climática y se respeten los principios de justicia y equidad.

El foco puesto en los bosques

Brasil presentó en la Cumbre de Líderes el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF por sus siglas en inglés), su iniciativa estrella en la COP30. Se trata de un mecanismo voluntario que dará financiación a largo plazo a los países que protegen y gestionan de forma sostenible sus bosques tropicales.

A diferencia de los fondos de conservación tradicionales, que dependen de subvenciones temporales o basadas en proyectos, el TFFF es un fondo de inversión permanente y autofinanciado. Los fondos se colocarán en una cartera diversificada para reembolsar a los inversionistas y recompensar a los países por conservar sus bosques, teniendo en cuenta que en 2024 se perdieron 6,7 millones de hectáreas de bosques tropicales.

Para ello, Brasil fijó un objetivo de 125.000 millones de dólares para el TFFF y pretende recaudar inicialmente 10.000 millones de dólares de gobiernos y organizaciones filantrópicas. Hasta ahora, se han comprometido 5,5 millones de dólares.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que entre ahora y 2030 habrá que cubrir un déficit de 216.000 millones de dólares anuales en financiación forestal. La inversión pública es hoy mayoritaria, con sólo uno de cada diez dólares procedentes de inversores privados.

Mirela Sandrini, directora interina del World Resources Institute (WRI) Brasil, dijo que de contar con suficientes fondos, el TFFF podría hacer que “sea más rentable mantener los bosques de pie que deforestarlos”.

Sin embargo, Teresa Anderson, responsable global de justicia climática de ActionAid, cuestionó en un comunicado que se destinen fondos públicos a “instrumentos financieros complejos” —como el TFFF— en vez de otorgarlos directamente a comunidades.

Gran parte del financiamiento climático pasa por intermediarios, como ONG, consultoras y bancos de desarrollo. Esto ha sido un histórico reclamo de organizaciones indígenas y comunitarias.

Nelson Bastos, pescador e investigador de la isla Marajó en el estado de Pará, Brasil, sostuvo en un comunicado: “¿A quién irá a parar ese dinero? ¿Llegará a las personas que están en el territorio? No. Es solo otra forma que tiene el gobierno de decir que está en el territorio colaborando en la defensa, cuando en realidad está convirtiendo la naturaleza en capital para el mercado financiero”.

El financiamiento climático

En 2024 en la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, se acordó que los países desarrollados “tomarían la iniciativa” en la movilización de 300.000 millones de dólares anuales para 2035, triplicando la meta previa de 100.000 millones, acordada en 2015 en el Acuerdo de París, pero alcanzada recién en 2022. Aún no hay datos sobre cómo va el cumplimiento de la nueva meta.

Además, en la COP29 se acordó que “todos los actores” trabajarían juntos para permitir que, también para 2035, se alcance un financiamiento de 1,3 billones de dólares de todas las fuentes públicas y privadas.

Azerbaiyán y Brasil recibieron el encargo de elaborar una hoja de ruta para orientar los esfuerzos destinados a alcanzar los 1,3 billones. La hoja de ruta de Bakú a Belém se publicó en el marco de la Cumbre de Líderes, la cual establece “cinco frentes de acción” para alcanzar la meta de financiamiento: “reponer, reequilibrar, redirigir, renovar y remodelar”.

Dentro de cada frente se detallan medidas como impuestos internacionales al carbono y al transporte aéreo y marítimo, una reforma de la arquitectura financiera internacional y el uso de canjes de deuda por acción climática.

Se sugiere que los 1,3 billones se alcanzarían con financiamiento bilateral (80.000 millones), bancos de desarrollo y fondos multilaterales (300.000 millones), cooperación Sur-Sur, es decir, colaboración directa entre países en desarrollo (40.000 millones), finanzas privadas (650.000 millones) y “nuevas fuentes de financiación de bajo costo” (230.000 millones), un paraguas que incluye, entre otros, a los mercados de carbono, los canjes de deuda y la filantropía privada.

Sandra Guzmán, directora del Grupo de Financiamiento de América Latina y el Caribe (GFLAC), resaltó en un análisis de la hoja de ruta ciertos elementos positivos como la diversidad de instrumentos financieros y la inclusión de áreas temáticas críticas, como adaptación. Sin embargo, Guzmán cuestionó un mensaje débil sobre las obligaciones de los países desarrollados y un tratamiento parcial del problema de la deuda. “Solo se consideran mecanismos de sostenibilidad de deuda y no un tratamiento más apropiado dependiendo de las circunstancias de cada país”, sostuvo.

La transición energética

América Latina y el Caribe generaron el 65% de su electricidad a partir de fuentes limpias en 2024, muy por encima del promedio mundial del 41%, de acuerdo a un análisis de Ember. A pesar de esa matriz energética mayormente limpia, países como Brasil, Argentina y Colombia todavía dependen económicamente de exportaciones de combustibles fósiles.

En la COP28 de 2023, en los Emiratos Árabes, los países acordaron por primera vez realizar una transición gradual de los combustibles fósiles y triplicar la energía renovable para 2030. Desde entonces, la discusión se ha centrado en cómo avanzar y supervisar la aplicación de estos objetivos y el tema volverá a estar sobre la mesa en la COP30.

En un evento sobre transición energética en la Cumbre de Líderes, el secretario general de la ONU Antonio Guterres pidió por una transición “justa, rápida y final”. Mientras que el presidente brasileño Lula da Silva dijo que el mundo “no puede sostener más el modelo de los fósiles” y que se necesita “una hoja de ruta para terminar con su dependencia”.

Claudio Ángelo, coordinador de política internacional en el Observatorio del Clima de Brasil, destacó el mensaje de Lula. “Será difícil avanzar sobre fósiles, pero una COP que no habla de ellos falla en su propósito. Las palabras importan, y Lula, como anfitrión, le dio a la presidencia de Brasil [en la COP30] el mandato que necesitaba”, agregó.

Brasil también presentó en la Cumbre de Líderes una iniciativa para cuadruplicar el uso de “combustibles sostenibles” para 2035, incluyendo hidrógeno, biogases y biocombustibles. A pesar de lo positivo del anuncio, Janet Ranganathan, directora adjunta de estrategia en el World Resources Institute, advirtió en un comunicado que esta meta podría llevar a un aumento de la deforestación.

En la COP30, los países también discutirán sobre los minerales críticos para la transición energética. Previo a la reunión en Belém, el grupo del G77 y China, que hoy reúne a 134 países en desarrollo, pidió que haya un “diálogo específico” sobre el tema, mientras que la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), un grupo de negociación que incluye a Colombia, Chile y Perú, advirtió que la expansión de la minería puede llevar a mayor deforestación, contaminación y consecuencias para las comunidades locales.

La COP de la adaptación

Si bien el mundo debe reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de manera acelerada, también necesita incrementar la resiliencia para adaptarse a los efectos ya visibles del cambio climático. Sin embargo, los avances en adaptación han sido hasta ahora limitados. Brasil espera revertir esto en Belém, en lo que ha denominado “la COP de la adaptación.”

En el Acuerdo de París, los países incluyeron una Meta Global de Adaptación para “incrementar la capacidad de adaptación y resiliencia”, pero sin detalles sobre cómo sería exactamente el objetivo, cómo se lograría y cómo se haría un seguimiento de los avances. En la COP28 se acordó un marco general para la meta, pero aún no hay objetivos cuantificados y medibles, ni medidas para movilizar financiamiento.

En los dos años siguientes a la COP28, los países trabajaron junto a expertos para reducir una lista potencial de más de 9.000 indicadores a solo 100. Se espera que en la COP30 se adopte una decisión final sobre estos indicadores, ya que la mitad de la población (cerca de 3.600 millones de personas), vive en lugares vulnerables a los efectos del cambio climático.

“Para América Latina, el tema número uno es el financiamiento para la adaptación. Los riesgos son cada vez más altos”, sostuvo Isabel Cavelier, directora de la ONG Mundo Común. “Somos una de las regiones más vulnerables del mundo y tenemos que hacer progresos en ese aspecto. Tenemos que asegurar los medios para adaptarnos”.

La necesidad de un tratado por el metano

En su paso por Belém, la primer ministra de Barbados, Mia Mottley, conocida por su pedido de una reforma de la arquitectura financiera internacional, pidió crear un tratado global legalmente vinculante por el metano, un gas de efecto invernadero con un poder de calentamiento 80 veces mayor que el dióxido de carbono. 

“El mundo debe activar el freno del metano. Es un freno de emergencia que puede darnos más tiempo. Los científicos aconsejan que esta es la principal forma en que podemos no solo detener, sino revertir el aumento de temperatura que hemos visto en todo el planeta”, sostuvo en su discurso.

Desde la COP26 celebrada en Glasgow, 159 países y la Unión Europea se han adherido al Compromiso Global sobre el Metano, cuyo objetivo es reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030, en comparación con los niveles de 2020. Sin embargo, las emisiones de metano siguen manteniéndose en niveles significativamente altos.

El futuro de las COP

Luego de 30 años de conferencias del clima, se están llevando a cabo amplios debates sobre cómo reformar el proceso de la COP para hacerlo más eficaz y se espera que esta discusión esté presente en Belém.

Las propuestas van desde la introducción de nuevas reglas de votación ―el voto actualmente es por consenso― hasta el establecimiento de criterios para seleccionar a los anfitriones de la COP.

Brasil ha creado un grupo con los ex presidentes de las COP, desde la COP21 en adelante, para buscar soluciones que mejoren la gobernanza climática. Una de las grandes expectativas es, precisamente, la presentación de un reporte con recomendaciones que presentarán durante la COP30.

“Hay gente que le pierde esperanza a este proceso por ser lento o no dar resultados ante evidencia de crisis climática. Pero al ir al detalle es evidente que hemos avanzado. En muchos países de América Latina la deforestación ha bajado y el desarrollo de las renovables es significativo. Brasil quiere mostrar progreso y que estamos implementando el Acuerdo de París”, sostuvo Manuel Pulgar Vidal, presidente de la COP20 y ex ministro de Ambiente de Perú.

La COP30 tendrá lugar del 10 al 21 de noviembre en Belém, Brasil. Lee nuestra cobertura de la cumbre aquí.

Este artículo hace parte de una alianza periodística entre Dialogue Earth y Mongabay Latam. Se ha elaborado en el marco de la 2025 Climate Change Media Partnership, una beca de periodismo organizada por la Earth Journalism Network de Internews y el Stanley Center for Peace and Security.

En las últimas dos décadas, América Latina ha sido testigo de un reacomodamiento en el mapa global de poder. Si durante gran parte del siglo XX Estados Unidos fue el socio económico indiscutido en la región, hoy ese lugar está siendo disputado —y en muchos casos ya superado— por China. La magnitud del cambio es tal que ya no se trata solo de un giro comercial, sino de un proceso que redefine equilibrios políticos, diplomáticos y estratégicos.

En este escenario se inscribe el nuevo libro “Desplazamiento económico: China y el fin de la primacía estadounidense en América Latina” de Francisco Urdinez, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del grupo de investigación Núcleo Milenio sobre los Impactos de China en América Latina (ICLAC). Urdinez demuestra como China llenó el vacío económico dejado por la retirada de Estados Unidos entre 2001 y 2020 y analiza la erosión de la influencia política de Estados Unidos en la región.

En una entrevista con Dialogue Earth, Urdinez repasa el proceso que lo llevó a realizar el libro, sus principales hallazgos y las implicancias para los responsables de políticas públicas en América Latina.

–¿Qué lo motivó a escribir este libro y por qué consideró que era el momento adecuado?

–Mi tesis doctoral se centró en cómo Estados Unidos había perdido espacios de influencia en América Latina y cómo China ocupaba esos lugares, una de las ideas centrales del libro. En aquel momento, en 2017, el análisis era más elemental en términos de datos. Con el tiempo descubrí que uno de los mayores problemas era la falta de información sistemática: la comunidad académica y política no tenía suficientes datos para responder a la pregunta de mi investigación. Por eso me dediqué a colaborar en proyectos que recopilaban información sobre inversiones, financiamiento y donaciones, y realicé encuestas entre élites y ciudadanía para medir percepciones sobre el ascenso chino.

Mi premisa siempre fue que el crecimiento económico de China inevitablemente se traduciría en influencia política, como ha ocurrido con otras potencias emergentes a lo largo de la historia. La clave fue construir un índice que midiera el peso económico de China y compararlo con el de Estados Unidos, lo que me permitió narrar con claridad el desplazamiento que estaba ocurriendo.

China no es una “caja negra” que simplemente compra materias primas, sino un entramado de cientos de actores que inciden en la economía regional

El libro está dividido en dos grandes partes. La primera explica por qué el concepto de desplazamiento económico importa, cómo se mide y qué revela sobre la pérdida de peso relativo de Estados Unidos en la región. La segunda parte analiza los efectos políticos de ese proceso, en particular la erosión de la legitimidad del orden construido por Washington en América Latina durante las últimas cinco décadas. Esa doble mirada –metodológica y política– busca mostrar que el fenómeno no es solo económico, sino también estructural en términos de poder internacional.

–¿Cómo define el desplazamiento económico en el contexto de las relaciones entre Estados Unidos, China y América Latina?

–Es el momento en que China se convierte en el socio económico más importante de un país latinoamericano, superando a Estados Unidos. Para medirlo, construí un índice que agrega a todos los actores económicos relevantes: empresas, bancos, agencias de cooperación y proveedores de crédito, tanto chinos como estadounidenses. 

El objetivo era demostrar que China no es una “caja negra” que simplemente compra materias primas, sino un entramado de cientos de actores que inciden en la economía regional. Hacer el mismo ejercicio con Estados Unidos resultó incluso más complejo, pero permitió tener dos índices comparables. Ambos se expresan como porcentaje del PBI de cada país latinoamericano. El desplazamiento se produce cuando el peso económico de China, partiendo de cero, supera al de Estados Unidos. Es una forma clara y sencilla de capturar un proceso continuo y progresivo de pérdida de influencia estadounidense frente al ascenso chino.

–Argumenta que Estados Unidos se ha “replegado” económicamente en la región. ¿Cuál es la mejor evidencia de este declive?

–Los datos son contundentes: en las décadas de 1970 y 1980, Estados Unidos era la principal fuente de inversión y financiamiento externo en América Latina, un rol que había desempeñado desde principios del siglo XX. Washington consolidó su poder global primero como potencia económica y tecnológica, antes de proyectar su influencia cultural y política. Ese rol transformador se ha ido diluyendo de manera gradual, al tiempo que China asumía la tarea de proveer capital, bienes y tecnologías.

En las últimas décadas, América Latina dejó de ser una prioridad para Washington, que concentró su atención en regiones consideradas más estratégicas. Muchas empresas estadounidenses perdieron interés y se produjo una salida de capitales, dejando espacio para que China ocupara ese vacío. Durante años, incluso, sectores de la élite política en Washington vieron con buenos ojos que China dinamizara economías donde Estados Unidos estaba ausente, sin percibirlo como una amenaza. Solo a partir de 2016 comenzó a cambiar esa visión, cuando el ascenso chino pasó a interpretarse como un desafío geopolítico directo.

–¿De qué manera el ascenso económico de China ha transformado los patrones de comercio e inversión en América Latina?

–La transformación ha sido histórica y comparable con procesos similares en África y el sudeste asiático. En pocos años [a principios de la década de 2000], la demanda china de materias primas generó una concentración inédita en las exportaciones de la región. 

Mi libro descarta explicaciones alternativas, como que se debiera solo a un boom de precios de commodities o a afinidades ideológicas con gobiernos de izquierda. Lo central es que, a nivel subnacional, actores económicos descubrieron que China era un comprador confiable y un inversor dispuesto a asumir riesgos con rapidez y sin excesiva burocracia. 

En menos de una década, Beijing pasó de ser un actor marginal a convertirse en uno de los principales proveedores de capital extranjero en la región. Esto obligó a gobiernos y empresas a adaptarse velozmente a un nuevo escenario que nadie había anticipado. La convergencia entre el apetito latinoamericano por capital fresco y la disposición china a proveerlo explica gran parte del fenómeno.

–Se ha comparado la rivalidad entre EE.UU. y China en la región con una nueva Guerra Fría. ¿Por qué cuestiona esa analogía en su libro?

–La Guerra Fría fue una disputa ideológica y tecnológica entre modelos incompatibles, donde la Unión Soviética no ofrecía bienes alternativos a los de Occidente. La competencia actual es diferente: no habrá confrontación militar directa, sino una pugna por el dominio de sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores o la transición energética. China no rechaza el capitalismo; practica un modelo de capitalismo de Estado basado en la acumulación de capital y ganancias. La rivalidad con Estados Unidos, por lo tanto, no es ideológica sino económica y tecnológica. Ambos países compiten por controlar industrias críticas que definirán el orden global en las próximas décadas. Estamos ante una rivalidad explícita y duradera, de la que no hay retorno posible.

–¿En qué medida los países latinoamericanos son actores activos en este proceso, y no simples escenarios de competencia entre grandes potencias?

–La agencia latinoamericana es central. El libro muestra dinámicas tanto “de abajo hacia arriba” como “de arriba hacia abajo”. En algunos casos, gobiernos subnacionales se adelantaron y establecieron vínculos directos con China, como São Paulo durante la pandemia al negociar vacunas. En otros, provincias aprovecharon su alineamiento con gobiernos nacionales para fortalecer negociaciones, como ocurrió con las represas de Santa Cruz en Argentina. También existen ejemplos de iniciativas privadas, como el puerto de Chancay en Perú, que nació de un acuerdo entre empresas antes de que entraran los Estados. Estas dinámicas demuestran que la relación no es solo entre Estados nacionales, sino que involucra múltiples actores locales. Gran parte de la historia actual se explica por estos movimientos “desde abajo”.

–Habla de impactos variables del avance económico chino en la región. ¿Podría dar ejemplos de cómo este desplazamiento se experimenta de forma distinta según el país?

–En Sudamérica, el desplazamiento de Estados Unidos por China es casi total, salvo en Colombia y Paraguay, este último por su relación diplomática con Taiwán. En cambio, en Centroamérica y México la dinámica es distinta: allí el peso económico de Estados Unidos sigue siendo predominante, e incluso ha crecido en los últimos veinte años. 

El caso más profundo de vinculación con China es Brasil, que se ha convertido en el motor regional de la relación en sectores como energía renovable y extracción minera. Chile, por su parte, depende de China para cerca del 40% de sus exportaciones, una de las tasas más altas de dependencia comercial del mundo. Estas son realidades estructurales que no se revierten con cambios de gobierno, como demuestran los casos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y el actual presidente argentino Javier Milei [que han adoptado fuertes posiciones antichina]. La interdependencia económica con China llegó para quedarse.

–¿Qué papel juega la ideología en la manera en que los gobiernos latinoamericanos se relacionan con EE.UU. y China?

–La ideología cumple un papel secundario. El caso argentino bajo el ex presidente Mauricio Macri lo ilustra bien: pese a sus críticas iniciales, terminó profundizando la relación con China. Algo similar ocurrió con Jair Bolsonaro y Javier Milei, quienes cuestionaron a Beijing pero no redujeron los vínculos. También hay ejemplos inversos, como el de Chile, donde la relación fue más fluida bajo el gobierno de derecha del ex presidente Sebastián Piñera que con el actual presidente Gabriel Boric, que plantea objeciones sobre derechos humanos y medioambiente. 

En definitiva, lo que pesa más que la ideología es la complementariedad económica y la acción de actores subnacionales y privados. La ideología puede influir en el discurso, pero rara vez altera las dinámicas estructurales.

–¿Ve a Estados Unidos intentando contrarrestar el papel creciente de China? Y si es así, ¿qué tan efectivas han sido esas iniciativas?

–La política estadounidense ha sido reactiva, tardía y coercitiva. En lugar de ofrecer alternativas, se ha basado en sanciones y advertencias, lo que genera frustración en la región. Para muchos países, China no es la opción ideal, pero sí la única disponible para obtener financiamiento rápido y sin condiciones excesivas. Washington cuenta con herramientas como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero no las usa con la misma agilidad que Beijing. De ahí que surjan tensiones cuando se pide a países pobres no adoptar tecnologías como el 5G sin que exista una opción equivalente. Si Estados Unidos no adapta su estrategia para proveer bienes alternativos, corre el riesgo de empujar aún más a América Latina hacia China.

–Para los responsables de políticas en América Latina, ¿qué lecciones o advertencias ofrece su libro sobre cómo navegar este cambio de equilibrio?

–La principal lección es que será cada vez más difícil mantener un equilibrio entre Estados Unidos y China. Durante tres décadas, algunos países lograron beneficiarse de ambos, como Chile y Perú con acuerdos de libre comercio con las dos potencias. Pero Washington avanza hacia una política binaria de “amigo o enemigo” que obligará a los países a elegir. Esto abrirá debates internos que podrían marcar campañas presidenciales y políticas de Estado en la próxima década

El desafío será enorme y no está claro que la región tenga la madurez necesaria para enfrentarlo. Por eso insisto en la necesidad de formar nuevas generaciones de expertos capaces de resistir presiones externas y entender que la relación con China difícilmente se revierta. Salvo un cambio radical en la estrategia estadounidense, China seguirá siendo el principal socio económico de gran parte de América Latina.

Desplazamiento económico: China y el fin de la primacía de Estados Unidos en América Latina, de Francisco Urdinez, fue publicado por Cambridge University Press y ya se encuentra disponible.

Esta entrevista fue publicada originalmente en Dialogue Earth

La COP16, la cumbre de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, ha comenzado esta semana en Colombia, uno de los 17 países más megadiversos del mundo. Más de 23.000 representantes de gobiernos, sociedad civil, medios de comunicación y otros sectores ―una cifra récord para una conferencia sobre biodiversidad― se han reunido en Cali, la tercera ciudad más grande del país, para mantener conversaciones durante dos semanas, en medio de una importante presencia policial.

La cumbre tiene lugar dos años después de la COP15, en la que 196 países firmaron un acuerdo mundial sobre la naturaleza que establecía cuatro objetivos a largo plazo y 23 metas específicas que deben alcanzarse antes de 2030 para detener e invertir la pérdida de biodiversidad. En Cali, los gobiernos se centrarán en la aplicación de este acuerdo, el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal (GBF, por sus siglas en inglés), y muchos empezarán a presentar planes nacionales actualizados al respecto.

Para América Latina, la conferencia es una oportunidad de destacar el papel fundamental de la región en la conservación de la biodiversidad en medio de las crecientes amenazas de las industrias extractivas. Como presidente de la COP, Colombia también se ha propuesto dar prioridad en la agenda a las cuestiones relacionadas con los sistemas energéticos y las transiciones. La energía ha recibido menos atención en cumbres anteriores, pero sus vínculos con la biodiversidad y los recursos naturales, así como con el cambio climático, están siendo destacados por la presidencia y han generado debates en diversos paneles del evento.

“América Latina es una potencia en energías renovables y biodiversidad, y ambos temas están relacionados”, declaró a Dialogue Earth Susana Muhamad, ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y presidenta de la COP16. “Necesitamos empezar a discutir esa intersección para que los gobiernos puedan crear políticas públicas que hagan compatibles los dos objetivos. No se trata solo de descarbonización. Si no recuperamos los ecosistemas a un nivel importante, tampoco vamos a poder estabilizar el clima”.

El año pasado, América Latina generó el 62% de su electricidad a partir de fuentes renovables, en su mayoría hidroeléctricas, pero con una presencia creciente de energía solar y eólica, según datos del think-tank climático Ember. La región también es una productora consolidadade múltiples minerales fundamentales para las tecnologías de energía limpia, ya que representa el 40% de la producción de cobre y suministra el 35% del litio del mundo, entre otros minerales.

Sin embargo, la expansión de los parques solares y eólicos ha provocado conflictos con las comunidades locales en los últimos años, entre disputas por la tierra e impactos en la biodiversidad y los ecosistemas. Lo mismo ha ocurrido con los numerosos nuevos proyectos mineros en la región, desde Argentina hasta Perú. En 2023, el 23% de las inversiones extranjeras en la región se centraron en minerales y materias primas esenciales.

“No nos oponemos a la transición energética, pero nos están sacrificando en nombre de ella”, declaró a Dialogue Earth en Cali Iber Sarapura, residente de la comunidad de Alfarcito, en el salar de Salinas Grandes, al norte de Argentina. Los proyectos para explotar los yacimientos de litio de Salinas Grandes han despertado mucho interés, pero se han topado con una importante resistencia local.

“Vivimos en el único salar de Argentina que ha dicho ‘no’ al litio, un lugar donde solo llueve una semana al año. El agua vale más que el litio”, dijo Sarapura.

La financiación de la biodiversidad en la COP16

Los países acordaron en el marco del GBF que eran necesarios al menos 200.000 millones de dólares de financiación anual para apoyar la protección y restauración de la biodiversidad, que debían ser aportados por múltiples fuentes, incluidos los gobiernos y el sector privado, así como nuevos mecanismos de financiación. La ONU creó un nuevo fondo para el GBF, pero antes de la conferencia solo siete países le habían asignado fondos, por un total de 243 millones de dólares.

En sus intervenciones en la COP16, los gobiernos latinoamericanos destacaron la necesidad de aumentar la financiación para la biodiversidad por parte de los países desarrollados. Gillian Guthrie, representante de Jamaica en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de la ONU, abordó esta cuestión en la sesión plenaria en nombre del GRULAC, el grupo de negociación de América Latina y el Caribe.

“La financiación adecuada es un requisito previo para aplicar el GBF. Los fondos son alarmantemente insuficientes. La escasez de fondos hace que los proyectos sobre el terreno no reciban financiación suficiente”, afirmó Guthrie. “Los países en desarrollo necesitan movilizar recursos a nivel nacional al tiempo que combaten la pobreza, el hambre y la desigualdad. Abogamos por una arquitectura financiera justa para la biodiversidad”.

Brasil, en nombre del Grupo de Países Megadiversos ―un bloque de 20 partes que albergan el 70% de la biodiversidad mundial― afirmó en un comunicado que, aunque están haciendo todo lo posible para aplicar el GBF, la cooperación internacional es fundamental. “La escala de la cooperación, ya sea a través de canales bilaterales o de entidades multilaterales, no ha sido suficiente, oportuna y predecible”, se puede leer en el documento.

Emilio Spataro, asociado en diplomacia de la biodiversidad del Grupo de Financiación del Clima para América Latina y el Caribe (GFLAC), una ONG, declaró a Dialogue Earth que sería imposible cumplir los objetivos de biodiversidad del GBF si no se produce un debate más amplio sobre financiación, comentarios que se hicieron eco de los del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la sesión plenaria de apertura.

“Estados Unidos, China y Europa cobran sobretasas a la tasa de interés a los países que aún hoy podemos absorber como esponjas el CO2 de la atmósfera a través de nuestras selvas y nuestros bosques”, dijo Petro. “Cobrar una prima de riesgo a quienes absorben el CO2 que arrojan los mega ricos del planeta es un contrasentido moral y mortal”, agregó. “Es a los más ricos depredadores a los que hay que cobrarles los impuestos para eliminar el carbono de la producción y del consumo”.

Planes nacionales

Como parte del GBF, los países acordaron presentar sus Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (EPANB) antes de la COP16. Se trata de planes sobre cómo los países cumplirán los objetivos del marco. Sin embargo, el 83% de los 196 países que forman parte del CDB aún no han presentado sus planes actualizados a falta de una semana para el final de la conferencia.

En América Latina, solo Colombia, México, Surinam y Cuba han presentado hasta ahora sus planes. El plan de Colombia, por ejemplo, pretende ampliar la superficie de tierras protegidas en un 10% hasta alcanzar el 34% de su territorio en 2030, y establecer una clara conexión entre naturaleza y clima. El país espera que en 2030 el 3% de su PIB dependa de la biodiversidad, frente al 0,8% actual, impulsando la bioeconomía.

La próxima semana tendrá lugar el llamado Segmento de Alto Nivel de la cumbre COP16, en el que se espera la participación de los presidentes Lula da Silva de Brasil, Dina Boluarte de Perú y Xiomara Castro de Honduras, entre otros. Pronunciarán breves discursos en la sesión plenaria y es posible que también participen en otros actos paralelos de la conferencia.

Se espera que la COP16 finalice el 1ero de noviembre con un acuerdo sobre cómo supervisar, informar y revisar los avances en los objetivos del GBF. Los países también deben concluir las negociaciones sobre el reparto de los beneficios derivados del uso de la información de secuencias digitales (DSI) sobre recursos genéticos vegetales y animales, y aprobar un plan sobre los vínculos entre salud y naturaleza, entre otras cuestiones.

“No debemos ver el Marco Global de Biodiversidad como un obstáculo o un riesgo, sino como una oportunidad para pensar en una nueva economía”, dijo Muhamad.

FK/MG

Este artículo se realizó en el marco de la beca 2024 CBD COP16 organizada por la Earth Journalism Network de Internews y fue publicado originalmente en Dialogue Earth https://dialogue.earth/es/.

América Latina y el Caribe se enfrentan a una grave crisis de biodiversidad, ya que el tamaño medio de las poblaciones controladas de más de mil especies de fauna y flora silvestres se ha desplomado un 95% en tan solo 50 años, según un nuevo informe de la organización WWF. Se dice que la región, una potencia en biodiversidad, ha experimentado la tasa más rápida de declive de la vida silvestre del mundo durante este período, superando con creces el promedio mundial del 73%.

El Informe Planeta Vivo 2024 hace un seguimiento de los cambios en los tamaños de las poblaciones monitoreadas para indicar si, en promedio, la abundancia relativa de las especies aumentó, disminuyó o se mantuvo igual entre 1970 y 2020. Incluye casi 35.000 tendencias poblacionales de 5.495 especies, incluidas 3.936 poblaciones y 1.362 especies de América Latina y el Caribe.

Su índice sugiere que, a escala mundial, los descensos más graves se han observado en las poblaciones de agua dulce (-85%), seguidas de las terrestres (-69%) y luego de las marinas (-56%).

Los autores destacan que, en todo el mundo, la degradación y pérdida de hábitats es la amenaza más reportada para la fauna y la flora silvestres, impulsada sobre todo por el sistema alimentario, seguido de la sobreexplotación, las especies invasoras y las enfermedades. La contaminación también se considera una amenaza importante, al igual que el cambio climático, que se deja sentir con especial fuerza en América Latina, donde, por ejemplo, se ha observado que está provocando el declive de algunas aves amazónicas.

Según la plataforma de seguimiento Global Forest Watch, la deforestación tropical disminuyó un 9% en 2023 en comparación con 2022, pero sigue siendo muy alta, con una superficie de casi el tamaño de Suiza perdida en todo el mundo durante el año. Brasil, la República Democrática del Congo y Bolivia fueron los tres países con mayor pérdida de bosques primarios, a pesar de que en Brasil se ha producido un descenso del 36% desde la introducción de políticas de conservación más estrictas bajo la presidencia de Lula da Silva.

“Monitoreamos todos los factores, pero la deforestación es particularmente agresiva en América Latina, en muchos casos vinculada a la expansión de la frontera agrícola”, dijo a Dialogue Earth Roberto Troya, director regional de WWF en América Latina. “La explotación de los recursos naturales también continúa a toda velocidad, con la minería ilegal arrasando ríos y poblaciones”.

Algunas de las poblaciones de especies destacadas en el informe incluyen una disminución del 65% en los delfines rosados de río del Amazonas (Inia geoffrensis) entre 1994 y 2016, y una disminución del 75% en su pariente más pequeño el tucuxi (Sotalia fluviatilis) en la reserva de Mamirauá en el estado de Amazonas, en Brasil. El año pasado, se informó de la muerte de más de 330 delfines de río en solo dos lagos, en medio de una sequía histórica y bajos niveles de agua.

“La naturaleza está emitiendo una llamada de socorro”, declaró Kirsten Schuijt, Directora General de WWF Internacional, en una conferencia de prensa con motivo de la presentación del informe. “Las crisis vinculadas de la pérdida de naturaleza y el cambio climático están llevando a la vida silvestre y los ecosistemas más allá de sus límites, con peligrosos puntos de inflexión globales que amenazan con dañar los sistemas de soporte vital de la Tierra y desestabilizar las sociedades”.

Una superpotencia en biodiversidad

En Brasil, Colombia y México, América Latina alberga tres de los cinco países con mayor diversidad de aves, anfibios, mamíferos, reptiles, peces y plantas. Solo la selva amazónica alberga alrededor del 10% de la biodiversidad mundial, y estas cifras solo se refieren a las especies conocidas. Desde las praderas uruguayas hasta los arrecifes de coral mesoamericanos, la región desempeña un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad.

Sin embargo, se ha producido un rápido declive de las poblaciones de muchas de las especies de la región. Algunas de las más destacadas son la vaquita marina (Phocoena sinus), la marsopa más pequeña y amenazada del mundo, cuyos últimos ejemplares se encuentran en las aguas septentrionales del Golfo de California, y el jaguar (Panthera onca) de Sudamérica, el mayor felino salvaje del hemisferio occidental, amenazado por la deforestación.

Rebecca Shaw, autora principal del informe, afirma que el declive de una sola especie puede provocar una reacción en cadena: “En la Mata Atlántica brasileña, la pérdida de animales frugívoros como los ciervos, que dispersan las semillas de los grandes árboles tropicales, puede provocar la disminución del almacenamiento de carbono. Estos animales son cazados, y los árboles son sustituidos por otros más pequeños que capturan menos carbono”.

Según los investigadores, el declive de las poblaciones de animales salvajes también puede servir de indicador de alerta temprana sobre el riesgo de extinción y la posible pérdida de ecosistemas. Cuando los ecosistemas resultan dañados, tienen dificultades para proporcionar los beneficios de los que dependen los seres humanos y pueden volverse más vulnerables a los puntos de inflexión, es decir, a cruzar un umbral que puede provocar cambios sustanciales y a menudo irreversibles.

Los puntos de inflexión mundiales, como la extinción de la selva amazónica, tendrían consecuencias negativas más allá de la zona inmediata, afectando a la seguridad alimentaria y a los medios de subsistencia. En septiembre, los incendios en la Amazonía brasileña alcanzaron su nivel más alto en 14 años en medio de una grave sequía y niveles récord de agua en algunos de los principales afluentes del río Amazonas, como el río Negro. Estos fenómenos contribuyen a la desecación de la selva tropical, así como al aumento de las emisiones de carbono.

“El planeta es un sistema integrado, y si una parte está enferma afecta al resto. Si la Amazonía libera muchas emisiones de carbono, esto puede alterar los patrones climáticos en todo el planeta”, dijo a Dialogue Earth Sandra Valenzuela, directora ejecutiva de WWF Colombia. “No es solo una crisis medioambiental, también es humana, con medios de vida afectados”.

El camino a seguir

En su informe, WWF sugiere una serie de estrategias para proteger mejor la biodiversidad, empezando por las áreas protegidas. Sus investigadores destacaron que en la actualidad hay casi 300.000 zonas protegidas designadas en todo el mundo, que cubren el 16% de la superficie terrestre del planeta y el 8% de los océanos, pero que su distribución sigue siendo desigual e insuficiente para apoyar los servicios que la naturaleza aporta a la humanidad.

Uno de los objetivos del Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado por 196 países en 2022, insta a proteger el 30% de las tierras, aguas dulces y océanos para 2030 “mediante áreas protegidas ecológicamente representativas, bien conectadas y gobernadas de forma equitativa”. Se espera que los gobiernos presenten sus nuevos planes sobre biodiversidad en la cumbre sobre biodiversidad COP16 de las Naciones Unidas, que se celebrará este mes en Cali, Colombia.

Los autores del informe también reclamaron cambios en los sistemas alimentarios, optimizando el rendimiento de los cultivos y la productividad ganadera de forma sostenible para evitar una mayor expansión de la frontera agrícola. Sugirieron el uso de prácticas positivas para la naturaleza, como la agroecología y la agricultura regenerativa, no solo en favor de la biodiversidad, sino también para cumplir los objetivos climáticos y mejorar la salud en general, añadieron.

En medio de los intentos mundiales de abandonar los combustibles fósiles, los autores también hicieron un llamamiento para que la transición energética se planifique cuidadosamente, a fin de evitar impactos negativos en los ecosistemas y las comunidades, con casos de tensiones en torno a proyectos renovables ya visibles en América Latina. El paso a las energías renovables debe ser coherente con otros objetivos de desarrollo sostenible y conservación de la naturaleza.

“Aunque la situación es desesperada, aún no hemos pasado el punto de no retorno”, afirmó Schuijt. “Tenemos acuerdos y soluciones mundiales para encaminar la naturaleza hacia la recuperación en 2030, pero hasta ahora se ha avanzado poco en su cumplimiento y ha faltado urgencia. Las decisiones que se tomen y las medidas que se adopten en los próximos cinco años serán cruciales para el futuro de la vida en la Tierra”.

Al menos 196 defensores de la tierra y el medioambiente fueron asesinados el año pasado mientras intentaban proteger el planeta de las industrias extractivas, según revela un nuevo informe de la ONG británica de derechos humanos Global Witness. El 85% de estos asesinatos se produjeron en América Latina, sobre todo en Colombia, México y Honduras, y afectaron especialmente a los pueblos indígenas.

Las nuevas cifras elevan el número total de asesinatos desde que Global Witness comenzó a informar sobre los defensores ambientales en 2012 a 2.106 en todo el mundo. Es probable que se trate de una subestimación de lo que ocurre en el terreno, afirma Laura Furones, autora principal del informe. “Los datos están dispersos, son insuficientes, inaccesibles y a veces faltan por completo”, afirma.

Titulado “Voces silenciadas: la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente”, el informe identifica a Colombia como el país más peligroso del mundo para este tipo de activistas, con al menos 79 asesinatos registrados en 2023. Se trata de la cifra anual más alta documentada por Global Witness. Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes colombianas se vieron desproporcionadamente afectados, representando casi el 40% de estos asesinatos.

En agosto, Colombia se convirtió en el último país en ratificar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado medioambiental regional de Latinoamérica, que pretende proteger a los defensores, permitir el acceso a la información medioambiental y garantizar la participación en la toma de decisiones que afectan al ambiente. Con Colombia, ya son 17 los países de la región que han ratificado el tratado.

“El Estado colombiano ha incumplido su deber constitucional de proteger a los defensores. Estas cifras deberían avergonzarnos”, afirma Astrid Torres, directora de la ONG colombiana Somos Defensores. “El aumento de los asesinatos está directamente relacionado con el modelo económico extractivista del país. Tenemos cientos de conflictos sociales y medioambientales en todo el territorio”.

En México y Honduras se observan tendencias similares, con 18 defensores asesinados en cada país el año pasado. En México, más del 70% de las personas asesinadas eran indígenas. En Brasil, el número de asesinatos descendió de 34 en 2022 a 25 en 2023. Más de la mitad eran indígenas. El informe destaca los avances en la protección medioambiental que se han producido bajo la presidencia de Lula da Silva, que asumió el cargo en enero del año pasado.

“En toda la región, los gobiernos crean narrativas estigmatizadoras contra los defensores, culpando a las comunidades y a las familias y no investigando a las empresas que operan en las regiones donde los defensores son asesinados o amenazados”, afirma Alejandra Gonza, fundadora y directora de Global Rights Advocacy, una ONG que trabaja con defensores en Latinoamérica.

Aunque es difícil establecer una relación directa entre el asesinato de un defensor y los intereses de una empresa concreta, el informe señala a la minería como la industria que más muertes provoca. 25 defensores asesinados el año pasado se habían opuesto públicamente a operaciones mineras y el 92% procedía de América Latina, una región con una elevada concentración de minerales fundamentales para la transición energética.

Los riesgos para América Central

Global Witness afirma que los defensores en Centroamérica han sufrido más ataques per cápita que en cualquier otra parte del mundo, y que casi todos ellos (97%) han tenido lugar en Honduras, Guatemala o Nicaragua. En 2023, 36 defensores fueron asesinados en la región. Esto significa que casi uno de cada cinco asesinatos documentados en el mundo tuvo lugar en una región con menos del 1% de la población mundial.

“Tras la pandemia, se ha producido un aumento de grandes proyectos de infraestructuras y extractivistas, lo que ha supuesto amenazas para los defensores”, afirma César Artiga, representante del pueblo salvadoreño para el Acuerdo de Escazú. “Sin embargo, no se trata solo del sector privado. En algunos casos, las amenazas proceden del Estado, que criminaliza a los defensores y crea campañas de desprestigio”.

El informe afirma que América Central ha sido objeto de una extracción “insostenible”, en industrias como la tala y la minería. Se dice que las comunidades se ven obligadas a resistirse ante la ausencia de procedimientos de consulta adecuados. Así lo demostraron los acontecimientos ocurridos en Panamá el año pasado, donde los planes para adjudicar un contrato minero se cancelaron tras protestas a escala nacional que duraron un mes.

Según Global Witness, la expansión de los regímenes autoritarios en Centroamérica otorga impunidad a las élites políticas y económicas que utilizan la violencia para mantener el control de los recursos naturales. La región contiene entre el 5 y el 12% de la biodiversidad mundial en su mosaico de ecosistemas tropicales, que abarca una estrecha franja entre las costas del Pacífico y el Caribe.

“Estos regímenes existen y trabajan en tándem con las élites económicas concentradas, que tienen el poder de facto en los territorios. Ambos se benefician de la explotación de los recursos naturales”, afirma Bertha Zúñiga Cáceres, activista hondureña. Su madre, Berta Cáceres, destacada activista y lideresa indígena que había liderado la oposición a un proyecto hidroeléctrico, fue asesinada en 2016. “Es desgarrador no encontrar justicia para los defensores del medioambiente en la región”.

Los desafíos a futuro

En el informe “Voces silenciadas” se insta a los gobiernos a crear un entorno seguro para los defensores ambientales, quienes deben poder ejercer libremente sus funciones sin temer por sus vidas. Además, los autores llaman a los gobiernos a hacer cumplir las leyes y mecanismos existentes, como el Acuerdo de Escazú y la Convención de Aarhus.

En la cumbre anual del Acuerdo de Escazú, celebrada en abril en Chile, los países aprobaron un plan para proteger a los defensores del medioambiente, pero aún no se ha puesto en práctica. Al mismo tiempo, un grupo de países entre los que se encuentran Costa Rica, República Dominicana y Perú siguen resistiéndose a ratificar el Acuerdo de Escazú, y sus gobiernos suelen esgrimir argumentos como que el tratado es contrario al desarrollo.

“Incluso con los que lo firmaron, no hay un sentido de urgencia con respecto a Escazú”, dice Artiga. “No están avanzando todo lo rápido que deberían en la ejecución de las acciones contempladas en el acuerdo”.

El informe también insta a los gobiernos que identifiquen, documenten y analicen sistemáticamente los ataques contra los defensores ambientales, con el fin de desarrollar mejores medidas de aplicación de la ley. Los autores expresan que la recopilación de datos debe ser transparente y participativa, ya que en muchos casos son los propios defensores quienes disponen de la información más detallada.

Además, se, llama a las empresas a aplicar procedimientos para identificar y mitigar los daños contra los defensores en todas sus operaciones, como comprobaciones de diligencia debida para sus cadenas de suministro. También insta a que haya tolerancia cero ante los ataques y represalias contra los defensores, y a que se establezcan normas que también deban seguir sus proveedores.

“A medida que se acelera la crisis climática, quienes utilizan su voz para defender valientemente nuestro planeta se enfrentan a la violencia, la intimidación y el asesinato. Esto es sencillamente inaceptable”, afirma Furones. “Los gobiernos no pueden quedarse de brazos cruzados; deben tomar medidas decisivas para proteger a los defensores y abordar las causas subyacentes de la violencia”.

Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth https://dialogue.earth/es/

Múltiples incendios forestales afectaron el centro y el sur de Chile en las últimas semanas, siendo los de la región de Valparaíso los más mortíferos en la historia reciente del país. Hasta el 11 de febrero, 131 personas fallecieron por el fuego descontrolado y más de 300 se encuentran desaparecidas, con un total de 40.000 personas damnificadas por los incendios. 

Para el presidente Gabriel Boric, los incendios forestales son “la tragedia más grande” del país desde el terremoto de 2010, que dejó 525 muertos y dos millones de damnificados. Si bien los incendios de la región de Valparaíso ya han sido mayormente contenidos, el trabajo de la reconstrucción será complejo, con 20.000 toneladas de escombros ya retiradas. 

Hablamos en Diálogo Chino con Miguel Castillo, doctor en Recursos Naturales y director del laboratorio de Ingeniería de Incendios Forestales de la Universidad de Chile, para analizar las principales causas detrás de los incendios. Para Castillo, se trató de un problema multifactorial que va más allá de lo forestal y requiere un plan integral desde el gobierno.

La respuesta ante la alerta

En situaciones de emergencia, los ciudadanos chilenos reciben una señal de alarma en sus teléfonos celulares a través del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), gestionado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), una entidad gubernamental. Esta advertencia está integrada en todos los dispositivos móviles y emite notificaciones a los usuarios en caso de evacuación.

Boric sostuvo que las alertas fueron enviadas pero que la evacuación fue dificultosa ya que el fuego se propagaba a una velocidad superior a los 10 kilómetros por hora, más rápido que lo que caminan las personas. Algunos damnificados afirmaron no haber recibido la alerta, por lo que Boric solicitó una investigación del funcionamiento del SAE. 

Para Castillo, la alerta funcionó pero la gente no sabía adónde evacuar. “La alerta SAE tiene que venir acompañada de una educación preventiva de cómo actuar. A la alerta le faltó decir adonde huir”, sostuvo el investigador. “En Chile, tenemos una cultura sísmica, una de aluviones y una de sequía. Pero no tenemos una cultura de los incendios”.

Castillo afirmó que muchas personas en Valparaíso decidieron quedarse en su casa y no seguir las instrucciones de evacuación de la alerta “con la esperanza de que el fuego no llegue y también para resguardar sus propiedades [de robos]”. Sin embargo, esa opción “es la más dificultosa” ya que “cuando quieren escapar ya no pueden”, agregó. 

La planificación territorial

Otro de los factores que explica la escala de los incendios tiene que ver con la infraestructura de la región de Valparaíso, la más afectada por el fuego. Algunas de las áreas quemadas están densamente pobladas, sin códigos de planificación urbana. Además, muchas de las viviendas son precarias y están hechas con materiales inflamables como madera. 

“La población en la zona de Valparaíso aumentó significativamente en los últimos dos años. Los cerros se poblaron de casas construidas con materiales como madera en terrenos tomados”, sostuvo Castillo. “Los carros bomba no pudieron entrar a apagar los incendios por falta de caminos [en las zonas recién habitadas] o porque quedaron atascados en los caminos estrechos”.

Además, las construcciones precarias en las áreas quemadas están en lugares donde originalmente había cortafuegos, un espacio de terreno que no tiene ningún tipo de combustible y evita la propagación de los incendios, explica Castillo. “Se advirtió a los municipios del riesgo. Pero cuando se instalan viviendas es difícil erradicarlas”, dijo.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, sostuvo que la reconstrucción de las viviendas “va a tomar un par de años”. Para Castillo, volver a construir tal cómo estaba “sería una irresponsabilidad” por el riesgo a incendios que tiene la zona. Según el profesor, es una oportunidad para reducir ese riesgo mediante un programa de planificación urbana. 

Factores climáticos

Un estudio realizado en 2020 por el Centro de Investigación en Clima y Resiliencia (CR2) reveló que desde 2010 los incendios forestales en la zona centro-sur de Chile han aumentado en términos de ocurrencia y superficie quemada, en comparación con las tres décadas anteriores, mientras que la duración media de la temporada de incendios también se ha alargado.

En los primeros días de febrero, cuando comenzó el incendio, América del Sur atravesaba por una ola de calor que llevó a la temperatura de Valparaíso a alcanzar los 33°C. Al mismo tiempo, la región registró ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, lo que permitió a las llamas expandirse rápidamente. 

Chile sufre desde 2010 una megasequía impulsada por factores humanos y climáticos, pero en 2023 registró más lluvia que lo habitual. Ello permitió la regeneración de pastos y matorrales, los cuales se encienden rápido en un incendio, explicó Castillo. “Esa vegetación se sumó a la carga de combustible de otros años que no se había quemado”, agregó. 

Desde la década de 1960, la temperatura media en Chile ha aumentado un promedio de 0,13°C por década. El CR2 estimó que este aumento gradual de la temperatura, impulsado por el cambio climático, contribuyó al 20% de la superficie total quemada entre 1985 y 2016 en la zona centro-sur del país. Las proyecciones climáticas son poco alentadoras, sostiene el estudio, lo que podría aumentar el riesgo de incendios.

Especies invasoras

La zona centro-sur de Chile afectada por los incendios se ha transformado en vastas plantaciones forestales exóticas, especialmente pino y eucalipto, en los últimos 40 años, introducidas para la producción de madera y celulosa. De hecho, la zona tiene actualmente más hectáreas de plantaciones forestales que de bosques nativos. 

El CR2 destacó que las plantas exóticas pueden modificar el régimen de incendios forestales, aumentando su velocidad de propagación, extensión, frecuencia, intensidad y temporalidad. Un 70% de las plantas exóticas en Chile provienen de territorios en los que los incendios forestales se presentan de manera frecuente, como Norteamérica y Australia. 

“En un escenario de cambio climático donde las condiciones de temperatura y humedad aumentarán la frecuencia, extensión e intensidad de los incendios forestales, la expansión de la vegetación exótica puede exacerbar los impactos de estos sobre los ecosistemas naturales y en el bienestar humano, aumentando el riesgo de incendios,” sostiene el CR2.

Para Castillo, las empresas forestales han aumentado la inversión en proyectos de prevención de incendios, pero reconoce que tienen un problema de imagen pública. Durante los incendios, Boric planteó la necesidad de una mejor regulación para la industria. Sin embargo, las empresas lo cuestionaron y resaltaron que sin su propio trabajo de prevención, la situación sería “más compleja”.

La intencionalidad de los incendios

La ministra de Interior y Seguridad Pública Carolina Tohá sostuvo que al menos algunos de los focos de los recientes incendios pueden haber sido intencionales. El presidente Boric dijo que en el caso de identificarse responsables de los incendios se los “va a buscar y encontrar y tendrán que enfrentar el repudio de la sociedad y el peso de la ley”.

En Chile, los incendios son causados principalmente por los humanos, ya sea de forma accidental o por una acción deliberada e intencional, según el CR2. De hecho, la ocurrencia de incendios se relaciona con la distancia y ubicación de centros urbanos e infraestructura, como caminos, sitios recreacionales y líneas ferroviarias. 

Del total de incendios registrados entre 1985 y 2018, el CR2 solo pudo determinar la causa del 89%. De estos, el 56% fueron accidentales, 32% intencionales, 11% sin causa conocida y menos del 1% naturales, causados principalmente por rayos. En la zona centro-sur, la más afectada en el país por incendios, las causas accidentales son las más frecuentes.

Los incendios intencionados suponen un reto para la seguridad y la prevención, señaló Castillo, quien destacó que los sistemas de prevención tuvieron un aumento significativo en su presupuesto. “Se modernizaron y Chile es hoy un referente regional”, dijo. “Pero lo que se ha ganado en modernidad se va por tierra con la intencionalidad. Puedes tener gente muy preparada para la primera respuesta, pero un grupo te puede hacer un incendio”.

FK/CRM

Dirigiéndose a la Corte Penal Internacional (CPI) en 2019, John Licht, embajador de Vanuatu ante la Unión Europea, recomendó convertir la destrucción del medioambiente en un delito internacional. “Esta idea radical merece un debate serio ante las pruebas científicas que demuestran que el cambio climático plantea amenazas existenciales para las civilizaciones”, dijo.

Como pequeño estado insular amenazado por la subida del nivel del mar, Vanuatu se ha convertido en uno de los principales defensores de una campaña para convertir el “ecocidio” en delito internacional. Sostienen que tales delitos deberían ser competencia de la CPI, que actualmente persigue cuatro crímenes: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión, que es “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad o la independencia de otro Estado”.

¿Qué es el ecocidio?

El concepto de ecocidio describe cualquier tipo de actividad que deliberadamente cause un daño ambiental significativo. En 2021, un grupo independiente de expertos convocado por la organización sin ánimo de lucro Stop Ecocide International (SEI) anunció una definiciónampliamente aceptada: “actos ilícitos o gratuitos cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que causen daños graves y generalizados o a largo plazo al medioambiente”.

El concepto de ecocidio se utilizó por primera vez para describir la devastación humana y medioambiental causada por el defoliante Agente Naranja, un arma química utilizada durante la guerra de Vietnam. Más tarde pasó a formar parte de los debates habituales en la ONU y en 1998 se propuso como crimen internacional contra la paz para el tratado que creó la CPI, llamado Estatuto de Roma.

La definición jurídica del ecocidio como delito no llegó a incluirse en el Estatuto de Roma, pero cambiar esta situación se convirtió en el principal objetivo de la abogada escocesa Polly Higgins. Una de las voces más destacadas del movimiento mundial para el reconocimiento del ecocidio, cofundó la organización Stop Ecocide International en 2017 junto a Jojo Mehta, su actual directora, y realizó una activa campaña hasta su muerte en 2019.

En declaraciones a Diálogo Chino, Mehta confía en que se está avanzando y que es probable que la CPI reconozca el ecocidio antes de 2030.

“La palabra existe desde hace 50 años, pero no ha empezado a popularizarse hasta hace poco”, afirma Mehta. “El Estatuto de Roma designó los crímenes más graves que afectan a la comunidad mundial. Los daños graves al medioambiente pertenecen a esa categoría. La destrucción del ambiente está tan mal como los crímenes contra la humanidad”.

¿Debe el ecocidio ser un delito internacional?

En la actualidad, la CPI reconoce la destrucción del medioambiente en el contexto de la guerra, por lo que tiene jurisdicción para enjuiciar estos daños como crímenes de guerra. Si el tribunal reconociera el ecocidio, ampliaría la posibilidad de procesar a individuos por daños como la deforestación; el tribunal sólo responsabiliza a individuos, lo que significa que los altos cargos de industrias y gobiernos se enfrentarían a cargos de ecocidio, en lugar de organizaciones o Estados.

Según activistas, la penalización del ecocidio también resolvería una laguna jurídica relacionada con el medioambiente, ya que la responsabilidad jurídica suele basarse en los daños causados a las personas o a la propiedad privada o pública. Este marco resulta difícil cuando los contaminadores contribuyen a una destrucción más amplia que causa daños a escala mundial.

Tenemos acuerdos medioambientales, pero no son vinculantes; no hay nada con fuerza real. El ecocidio la proporciona

Jojo Mehta — Cofundadra y directora de Stop Ecocide International

En 2018, el informe de la ONU “Lagunas en el Derecho Ambiental Internacional” concluyó que el régimen jurídico ambiental existente es fragmentado, poco claro y reactivo. “Se caracteriza por la fragmentación y la falta general de coherencia y sinergia entre un gran número de marcos normativos sectoriales”, se lee en el informe, afirmando que esto conduce a un déficit de coordinación a nivel legislativo y de aplicación.

Kate Mackintosh, investigadora de la Universidad de California y cocreadora de la definición de ecocidio de SEI, explica a Diálogo Chino que su penalización afectaría sobre todo a las empresas. “Imagínense sentarse en la sala de juntas para discutir un proyecto de combustibles fósiles y que el equipo jurídico diga que existe riesgo de ecocidio: tiene un alto valor disuasorio”, afirma.

¿Qué tan fuerte es el concepto de ecocidio?

En 2022, el Papa Francisco escribió una carta a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal en la que hacía referencia al ecocidio e instaba al sistema jurídico a “crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y garantice la protección de los ecosistemas.” La activista climática sueca Greta Thunberg también ha apoyado la campaña y ha donado 100.000 euros (109.000 dólares), parte de un premio que recibió, a la Fundación Stop Ecocide en 2020.

En 2021, la Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley medioambiental que tipificaba el ecocidio como delito civil. Ese mismo año, el Parlamento Federal de Bélgica aprobó una resolución para reconocer el delito de ecocidio a escala nacional e internacional. El pasado noviembre, la Unión Europea acordó actualizar su directiva sobre delitos medioambientales, castigando los casos de destrucción de ecosistemas con penas más duras.

En América Latina, Chile aprobó en agosto de 2023 una ley que añadía un nuevo capítulo a su Código Penal relativo a los delitos contra el medioambiente e incorpora varios elementos de la definición de ecocidio. En junio de ese mismo año, en Brasil, el partido político de izquierda PSOL presentó un proyecto de ley de ecocidio al Congreso, mientras que en México se presentó un proyecto similar en agosto. 

“Existe una sólida base de apoyo al ecocidio; hay debates activos en los parlamentos de todo el mundo”, explica a Diálogo Chino Anna Maddrick, analista jurídica de SEI. “El sentimiento general es que si hay suficiente apoyo de los Estados, el tribunal [de la CPI] estará a favor. El ecocidio es el elemento que falta en el Estatuto de Roma”.

La CPI también ha hecho hincapié en perseguir los delitos medioambientales dentro de las limitaciones de su jurisdicción actual. Un documento de 2016 sobre la selección de casos destacó la inclinación de la Corte a enjuiciar delitos relacionados con la explotación ilegal de recursos naturales, el acaparamiento de tierras y los daños ambientales. Esto provocó que se presentaran ante la CPI varias denuncias contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, citando su destrucción de las políticas medioambientales y las violaciones de los derechos de los indígenas. Hasta ahora, estos casos no se han llevado ante el tribunal.

“Si ya se hubiera reconocido el ecocidio, algunas de las cosas que ocurrieron en lugares como Brasil habrían ido por otros caminos”, afirma Mehta.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

El movimiento para tipificar como delito el ecocidio ha cobrado impulso en los últimos años, pero deben superarse varios retos para lograr su inclusión en el estatuto de la CPI.

Inicialmente, un país debe proponer una enmienda al Estatuto de Roma. Para que esta propuesta pase a la etapa de negociaciones, debe ser aprobada por la mayoría de los 124 Estados partes del Estatuto. A continuación, la propuesta se somete a múltiples rondas de negociación antes de volver a estos miembros para otra votación. Para ser aprobada, una enmienda necesita el apoyo de al menos dos tercios de los miembros.

Si una enmienda superara con éxito estas fases, los Estados miembros conservarían el derecho a no ratificarla. Este resultado impondría limitaciones a la jurisdicción de la CPI sobre los territorios y ciudadanos de ese territorio. Además, los Estados que no son parte del Estatuto de Roma no se verían afectados, lo que limitaría aún más el alcance de la legislación sobre ecocidio.

Aunque Vanuatu ha planteado la cuestión en la agenda política, el país aún no ha propuesto oficialmente la modificación del Estatuto de Roma. Queda por ver si algún gobierno dará un paso tan audaz, pero Mehta sostiene que la probabilidad es cada vez mayor: “Cuanto más crece la conversación, más rápido se expande a nivel político”.

Este artículo se publicó originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

Luego de haber negado la existencia de la crisis climática y prometido cerrar el Ministerio de Ambiente, el gobierno entrante de Javier Milei enviará una representante a la conferencia de cambio climático de Naciones Unidas COP28 en Dubai, Emiratos Árabes. La conferencia finalizará el 12 de diciembre, dos días después de la asunción presidencial.

Marcia Levaggi, actual embajadora de Argentina en Senegal, será nombrada secretaria de Política Exterior por Milei y tomará el lugar de jefa de la delegación de Argentina en la COP28. Levaggi es una funcionaria de carrera con una trayectoria en temas ambientales. Durante el gobierno de Mauricio Macri, fue la directora de asuntos ambientales en Cancillería.

La COP, la conferencia anual de la ONU de cambio climático, ahora en su 28 edición, reúne a 198 países con el objetivo de avanzar en políticas para enfrentar la crisis climática. El rol de los combustibles fósiles está en el centro del debate, con la expectativa de un acuerdo en el cierre de la conferencia para la transición a las energías renovables. 

Argentina participa de la conferencia de cambio climático con representantes del gobierno saliente de Alberto Fernández, encabezada por la secretaria de Cambio Climático Cecilia Nicolini. Además, participan representantes de empresas, especialmente de energía, gobiernos provinciales y organizaciones sociales y ambientales. 

No es la primera vez que Argentina cambia su delegación en el medio de una conferencia del clima. En diciembre de 2015, luego de la asunción de Macri, Juan Carlos Villalonga, ex director de Greenpeace, quien luego sería diputado, fue enviado por Macri para encabezar la delegación. Allí, mostró disidencias con el gobierno saliente de Cristina Fernández.

“Fue una transición disruptiva, había que serlo ya que en ese entonces Argentina negociaba en la COP con países como Venezuela, Bolivia e Irán, un grupo con posiciones complicadas en ambiente. Posteriormente Argentina se fue acercando a Brasil y Uruguay y eso no creo que cambie con Milei,” afirmó Villalonga desde la COP28. 

Cecilia Nicolini sostuvo que no hay un equipo de transición para el área de ambiente, algo que sí existe para otras áreas de gobierno, como economía. Sin embargo, admite contactos a nivel de cancillería para la COP28, lo que explica la próxima llegada de Levaggi a Dubái. “Estaban mas o menos de acuerdo en seguir nuestra línea de trabajo,” agregó. 

A pesar de ello, la posición negacionista de Milei sobre el cambio climático genera preocupación y nervios entre los argentinos en la conferencia. El equipo técnico no sabe qué pasará con sus trabajos al regresar a Buenos Aires y las organizaciones de la sociedad civil están preocupadas por el futuro de la política climática luego de la conferencia. 

“No creo que la comunidad internacional los deje salir del Acuerdo de París,” sostuvo una delegada de Argentina que pidió no ser identificada, en relación al acuerdo internacional firmado en 2015 en la COP21 para limitar la suba de la temperatura. El antecedente más directo es la salida de Estados Unidos del acuerdo durante el gobierno de Trump.

El hecho de que la crisis climática haya llegado a la agenda internacional de todos los gobiernos puede actuar como un freno al negacionismo climático de Milei, sostienen los argentinos que participan en la conferencia

El hecho de que la crisis climática haya llegado a la agenda internacional de todos los gobiernos puede actuar como un freno al negacionismo climático de Milei, sostienen los argentinos que participan en la conferencia. Además, rechazar la acción climática también le jugaría en contra al gobierno ya que significaría un freno al financiamiento climático.

Argentina debe reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos ya visibles de la crisis climática y para ello accede a financiamiento internacional. En Brasil, cuando el expresidente Jair Bolsonaro redujo significativamente la acción climática, el gobierno dejó de acceder a gran parte del financiamiento para el Amazonas.

Además, reducir emisiones también puede ser una oportunidad económica para algunos sectores, como las renovables, un argumento que los argentinos en la COP esperan sirva para que Milei revea su postura. “Argentina es uno de los países con más cantidad y mejor calidad de recursos renovables”, Martín Dapelo, consultor en renovables, sostuvo desde la conferencia.

En la COP28, el presidente de Francia Emmanuel Macron le pidió a Milei que “se sume en lo que respecta a las cuestiones climáticas, porque verá que esto también es bueno para su país”. Susana Muhamad, ministra de Ambiente de Colombia, también dijo estar preocupada por el negacionismo climático, el cual tiene “atado una tendencia autoritaria.”

Apenas se conoció su triunfo electoral, el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, también dejó en claro que para su gobierno la lucha contra el cambio climático es una prioridad.

Argentina en la COP y el rol de Macri

En la misma semana que se desarrollaba la conferencia climática en Emiratos Árabes, el ex presidente Macri estuvo en Abu Dabi reunido con Sheik Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes. Macri publicó en sus redes sociales que compartió con el presidente miradas sobre problemas globales, entre ellos, el cambio climático. 

La evidente injerencia de Macri en el armado del gobierno de Milei podría ser un elemento que frene las posiciones negacionistas del nuevo presidente, coinciden los argentinos en la COP28. “Macri estuvo sumamente involucrado con clima en su gobierno y ahora está en todos lados en el gabinete de Milei,” sostuvo un especialista en clima de Argentina, que pidió no ser identificado. 

Un grupo de ex secretarios de Cambio Climático durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, Diego Moreno, Carlos Gentile, Pilar Bueno Rubial, Rodrigo Rodríguez Tornquist y Cecilia Nicolini, publicaron esta semana una carta donde pidieron que el clima continúe siendo una política de estado “para el beneficio de los habitantes”.

“La continuidad y coherencia en estas políticas es un activo nacional. Incumplirlas nos posicionaría dentro de un minoritario grupo de erráticos países negacionistas, con relevantes consecuencias para el desarrollo nacional”, se lee en la carta. “Esta política de Estado se ha mantenido en el tiempo, independientemente del color partidario”.

Para María Inés Zigaran, ministra de Ambiente de Jujuy, y Gervasio Malagrida, ministro de Ambiente de Misiones, ambos en Dubái, un posible desmantelamiento de políticas públicas climáticas con Milei podría ser compensado en parte por el accionar de las provincias. De todos modos, ambos esperan que Milei revea o por lo menos modere sus posturas. 

“Yo abogo para que el presidente se pueda sentar con las provincias y escuchar la mirada que tenemos de la crisis climática, que es un tema más allá de pertenencias políticas,” afirmó Zigaran. “No me puedo imaginar un gobierno que no tenga una política climática. De ocurrir sería regresivo y disruptivo. Espero lograr una relación racional con ellos.”

En la COP28, Argentina firmó una declaración voluntaria para triplicar las fuentes de energía renovable y duplicar la eficiencia energética. Además, reclamó por mayor financiamiento para la acción climática, incluyendo el canje de deuda, y evitó firmar una declaración para reducir las emisiones de agricultura y ganadería.

La conferencia finalizará el 12 de diciembre, con un escenario de conflicto abierto entre los países sobre el futuro del sector energético, el mayor contaminante a nivel global. De incluir una mención a la transición de los combustibles fósiles en el texto final, algo que hasta ahora nunca ha ocurrido en las COP, Argentina tendrá mucho trabajo por delante, considerando los planes para expandir Vaca Muerta.

“La agenda climática a futuro tiene que estar marcada por un cese de la exploración y explotación de combustibles fósiles y honrar los compromisos climáticos internacionales asumidos por el país,” sostuvo María Laura Castillo Díaz del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), presente en Dubái.

Con casi 100 mil asistentes, la COP28 ―la cumbre de las Naciones Unidas sobre cambio climático en los Emiratos Árabes Unidos― se parece más a la sede de una Copa Mundial de fútbol o una Exposición Universal que al lugar donde se llevan adelante negociaciones internacionales de vital importancia. No obstante, los gobiernos, la sociedad civil y los representantes del sector privado ya están en la cumbre buscando acordar cómo impulsar una mayor acción contra el cambio climático.

Para América Latina, las respuestas no son sencillas. La región contribuye con menos del 10% de las emisiones mundiales, en su mayoría procedentes del sector energético, la agricultura y el cambio de uso del suelo, y sus líderes han presentado visiones diferentes en la COP28 sobre cómo reducir estas emisiones, aunque coinciden en gran medida en la necesidad de una mayor financiación climática por parte de los países desarrollados.

Los presidentes de dos de las mayores economías latinoamericanas, Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Gustavo Petro, de Colombia, aprovecharon sus discursos en la inauguración de la cumbre para manifestar su compromiso con la acción climática, pero reconocieron una responsabilidad menor que la de los países desarrollados, llamamientos a los que se sumaron Santiago Peña, de Paraguay, y Xiomara Castro, de Honduras, además del vicepresidente boliviano David Choquehuanca.

“Como representante de los pueblos del sur global, históricamente colonizados y principales proveedores de recursos, enfrentamos a las peores consecuencias del cambio climático. Mientras tanto, los más poderosos del mundo anuncian planes especiales para escapar a otros planetas, dejando atrás una Tierra devastada”, dijo Castro.

La presidenta hondureña, que presentó una lista de siete medidas sugeridas para abordar la crisis climática, desde el canje de deudahasta la reducción del consumo en las economías desarrolladas, culpó al capitalismo del aumento de las temperaturas en el mundo. El boliviano Choquehuanca se expresó en un tono similar: “El norte global es responsable del desequilibrio global que estamos viendo. Buscan un crecimiento permanente en detrimento del sur”.

Para el brasileño Lula, el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los países para hacer frente a la crisis climática no es negociable. “Amenazarlo va en contra de cualquier noción básica de justicia climática. Esta noción exige que se cumplan las obligaciones de financiación y transferencia de tecnología”, añadió.

Por su parte, Petro afirmó que las emisiones “se pueden medir en desigualdad social”, ya que los países ricos son los que más contaminan. “Están expandiendo su consumo de carbono y llevando a la humanidad hacia la crisis”, añadió.

El presidente colombiano también pidió una reestructuración de los sistemas financieros mundiales para ayudar a los países en desarrollo a afrontar los retos del clima y el desarrollo sostenible. Además, hizo un llamamiento a la unidad de los países del sur global en sus posiciones, mientras la cumbre se encamina hacia las negociaciones en su segunda semana.

El debate sobre los combustibles fósiles

La elección de Emiratos Árabes Unidos, líder mundial en la industria del petróleo y el gas, como país anfitrión de la COP28 generó numerosas críticas por parte de activistas medioambientales, al igual que la elección del presidente de la cumbre, Sultán Ahmed Al Jaber, simultáneamente consejero delegado de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), la petrolera nacional de su país.

Esto ha contribuido a situar el debate sobre los combustibles fósiles en lo más alto de la agenda de la cumbre. El primer borrador del inventario mundial, cuyo objetivo es evaluar los avances en la lucha contra el cambio climático y determinar qué más se necesita para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, menciona tanto la “eliminación progresiva” como la “reducción progresiva” de los combustibles fósiles, una formulación muy controvertida, ya que muchos países dependientes de los combustibles fósiles abogan por la segunda, menos ambiciosa. Es probable que el texto, incluida la incorporación de la palabra “eliminación” o “reducción”, cambie a medida que avancen las negociaciones.

Hasta ahora, la COP28 ha puesto de relieve las diferentes ambiciones y caminos hacia la transición energética entre los países de América Latina, donde algunos, como Argentina, siguen planeando aumentar la producción, mientras que otros, como Colombia, buscan trazar el rumbo hacia un futuro postpetróleo.

El sábado, el presidente colombiano Petro anunció en la cumbre que su país se uniría formalmente a un bloque que promueve un tratado de no proliferación de combustibles fósiles que ponga fin a la exploración y expansión. La campaña, liderada inicialmente por grupos de la sociedad civil, ha recibido hasta ahora el apoyo de 10 países, en su mayoría pequeños estados insulares, y 95 ciudades y gobiernos subnacionales. “Es hora de que más países sigan el ejemplo, en primer lugar las naciones ricas del norte global”, declaró Alex Rafalowicz, director de la iniciativa.

Junto con Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México y otros 100 países, Colombia también suscribió el compromiso voluntario de triplicar la capacidad de energía renovable para 2030, uno de los acuerdos clave a los que aspiraba la presidencia de la COP28.

Si no eliminamos todos los combustibles fósiles al mismo tiempo, no evitaremos las peores consecuencias de la crisis climática

Dean Cooper — Responsable mundial de energía de WWF

“Con este compromiso, los países han reconocido acertadamente que las energías renovables son el futuro de las necesidades de generación de energía de la Tierra, pero si no eliminamos todos los combustibles fósiles al mismo tiempo, no evitaremos las peores consecuencias de la crisis climática”, declaró Dean Cooper, responsable mundial de energía de WWF, en relación con el compromiso sobre energías renovables.

Entre otros anuncios destacados que consiguieron signatarios latinoamericanos figura el compromiso voluntario de 50 empresas petroleras de alcanzar cero emisiones netas en sus operaciones para 2050, incluidas las empresas estatales Petrobras de Brasil e YPF de Argentina. La Carta de Descarbonización del Petróleo y el Gas, aclamada por Al Jaber como un “gran primer paso” para la industria, ha sido recibida con duras críticas: en una carta abierta, 320 grupos ecologistas calificaron los compromisos voluntarios como una “cortina de humo” y una “distracción peligrosa”, que “busca hacer pasar como ecologista a la industria de los combustibles fósiles”, y pidieron que se negocie una eliminación total en la COP28.

Lula da Silva fue una de las estrellas de la COP27 el año pasado y, desde su regreso a la presidencia de Brasil en enero, ha realizado notables progresos sobre algunas de sus promesas ambientales, claves en su campaña, sobre todo en la reducción de las tasas de deforestación del país. La COP28, sin embargo, fue un escenario más complejo para el líder sudamericano.

Aunque reconoció el progreso y el potencial de las energías renovables en Brasil, Lula se enfrentó al escrutinio de los activistas por la entrada de Brasil ―anunciada en la misma COP― a la OPEP+, un grupo compuesto por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados productores de petróleo. “¿El país quiere ser un líder climático o un Estado dependiente de los combustibles fósiles? No puede ser las dos cosas a la vez”, afirmó Peri Dias, representante para América Latina de la organización ecologista 350.org, durante su intervención en la COP28. En una reunión con ONG brasileñas en la COP, Lula afirmó que al unirse a la OPEP+ podría “ayudar a convencer a los mayores productores de petróleo” de que utilicen sus beneficios para apoyar la transición energética.

Agricultura y comercio

Pero no todo ha tenido que ver con los combustibles fósiles en la COP28 hasta el momento. Los debates sobre agricultura también ocupan un lugar destacado en la agenda de los gobiernos latinoamericanos. Brasil y Argentina, potencias agrícolas de la región, compartieron preocupaciones similares sobre posibles cambios en las normativas comerciales destinadas a evitar daños medioambientales en el sector. Además, varios países latinoamericanos se unieron a una declaración para reducir las emisiones de la agricultura.

Apenas comenzó la COP28, Brasil, en nombre del bloque BASIC de negociación climática que también incluye a India, China y Sudáfrica, pidió que se incluyera en el orden del día de la cumbre su preocupación por las “medidas comerciales unilaterales y coercitivas”. Los países, dice la carta de Brasil a los secretarios de la COP, deberían “reiterar su oposición a la politización de las cuestiones relacionadas con el cambio climático y a todas las formas de unilateralismo y proteccionismo”.

Aunque finalmente no se incluyó en el orden del día de la COP, la petición de Brasil fue una reacción a la nueva ley de la Unión Europea (UE) para prohibir las importaciones de materias primas asociadas a la deforestación, así como a una cláusula medioambiental que la UE incluyó este año como requisito adicional para un acuerdo comercial con Mercosur, el bloque comercial sudamericano que Brasil comparte con Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, recientemente incorporado.

Argentina compartió preocupaciones similares y publicó una declaración conjunta con grupos del sector agroalimentario. Sin hacer referencia específica a la UE, denunció “medidas comerciales unilaterales restrictivas o distorsivas que, lejos de buscar obtener resultados legítimos en materia ambiental, tienen como objetivo proteger a sus industrias y mercados internos frente a la competencia internacional”.

Durante su estancia en la COP28, Lula se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el presidente español, Pedro Sánchez, y dijo que los dos bloques estaban a punto de cerrar el retrasado acuerdo comercial, acordado en 2019 pero aún sin formalizar. La UE pisó el freno después de que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro asumiera el cargo en 2019, pero Lula, que actualmente ocupa la presidencia del Mercosur, está ansioso por efectivizar el acuerdo.

El bloque Mercosur celebrará este jueves una reunión presidencial en Brasil, donde parecía que el acuerdo iba a debatirse e incluso a cerrarse. Sin embargo, el acuerdo se tambalea una vez más: en la COP, el presidente francés Emmanuel Macron afirmó que el acuerdo, en su forma actual, “no es bueno para nadie”, mientras que, se espera, las decisiones se aplazarán hasta la asunción de Javier Milei el próximo domingo. La UE, por su parte, ha cancelado la asistencia de su responsable de Comercio al evento.

En la COP28, Brasil firmó una declaración voluntaria sobre agricultura sostenible, sistemas alimentarios resilientes y acción por el clima, junto con otros 133 países, entre ellos Chile, Colombia, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. La declaración insta a seguir incorporando la agricultura a los planes climáticos de los países y a aumentar la reducción de emisiones en el sector.

Argentina y Paraguay estuvieron ausentes del compromiso. La delegación argentina no firmará ningún nuevo compromiso en la COP28 a días del cambio de gobierno. En cuanto a Paraguay, documentos oficiales a los que tuvo acceso el medio El Surti muestran cómo la agroindustria ha influido en la posición del país en la cumbre, incluso restando importancia al papel del sector en las emisiones climáticas.

La COP28 durará hasta el 12 de diciembre, y la segunda semana se dedicará en gran parte a las negociaciones, mientras los delegados ―muchos ya aparentemente cansados― intentan llegar a una conclusión sobre la declaración final de la cumbre.

Este artículo se realizó en el marco de la Climate Change Media Partnership 2023, una beca de periodismo organizada por la red Earth Journalism Network de Internews y el Centro Stanley para la Paz y la Seguridad, y fue publicado en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

La Argentina decidirá esta semana quién será su próximo presidente en una de las elecciones más reñidas de las últimas décadas, en la que los votantes se enfrentan a dos visiones muy diferentes sobre el futuro del país, tanto a nivel doméstico como externo.

La segunda vuelta del domingo enfrentará a Sergio Massa, ministro de Economía, con el libertario radical Javier Milei, que sorprendió a los analistas al obtener el mayor porcentaje de votos en las primarias celebradas en agosto y cuyas posiciones y propuestas extremas han llegado a los titulares en todo el mundo.

La mayoría de las encuestas indican un resultado muy apretado para el balotaje. Massa obtuvo casi el 37% de los votos frente al 30% de Milei, mientras que la candidata que quedó en tercer lugar, Patricia Bullrich, ha apoyado desde entonces la campaña de Milei y su partido, La Libertad Avanza.

Las elecciones tienen lugar en un momento en el que Argentina se enfrenta a continuas dificultades económicas y a una crisis cada vez más profunda que parece haber provocado un creciente hastío de la población respecto a la clase política, algo que muchos señalan como el factor que ha impulsado el ascenso de Milei. La multimillonaria deuda externa está poniendo a prueba las finanzas públicas, el 40% de los 46 millones de habitantes del país viven en la pobreza y la inflación interanual se acerca al 140%, un aumento que se ha producido bajo el mandato de Massa en la cartera económica y la presidencia de Unión por la Patria.

Los resultados de las elecciones del domingo pueden cambiar no solo la política interior de Argentina, sino también sus perspectivas exteriores, según sugieren las promesas de campaña de ambos candidatos. En particular, Milei ha dicho que no mantendrá vínculos políticos con China ni con ningún otro país “comunista”, limitando las relaciones al sector privado, mientras que Massa considera que China seguirá siendo un socio clave.

Argentina ha profundizado significativamente sus relaciones con China desde el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). El gobierno de Alberto Fernández ha mantenido esta cercanía desde que asumió el poder en 2019: no solo encontró en China un aliado durante la pandemia de Covid-19 y la crisis económica del país sino que durante su mandato tuvo lugar la adhesión de Argentina a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), el programa insignia de desarrollo de infraestructuras globales de China.

China es ahora el segundo socio comercial de Argentina, después de Brasil. El sector agroalimentario argentino desempeña un papel destacado en esta relación, con el 92% de las exportaciones de soja del país y el 57% de sus envíos de carne a China el año pasado. China también ha realizado notables inversiones en el sector energético del país y en su creciente industria del litio.

La política exterior de Massa y Milei

Durante su campaña, Massa ha señalado que buscará la continuidad con la actual administración en la política hacia China. “Es uno de nuestros socios comerciales más importantes, el segundo. Aspiramos a que ese flujo de intercambio se consolide”, declaró el ministro de Economía a la prensa tras la primera vuelta de las elecciones. En términos más generales, Gustavo Martínez Pandiani, asesor de Massa, ha dicho que su gobierno tendría una política exterior “pragmática”.

La Argentina dispone actualmente de una línea de swap de divisas con China por un valor de 18.000 millones de dólares, a la que ha recurrido durante el mandato de Massa como ministro de Economía para ayudar a pagar parte de su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En agosto, Argentina fue invitada a unirse a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica como miembro de pleno derecho del grupo de economías emergentes BRICS, en parte gracias al apoyo de China.

En vísperas de las elecciones, Sabino Vaca Narvaja, embajador de Argentina en China, afirmó que romper los lazos con el país asiático supondría la pérdida de “millones de puestos de trabajo” y una “triple implosión productiva, social y financiera”. Destacó los numerosos proyectos de infraestructuras financiados por bancos chinos en Argentina, como dos represas hidroeléctricas en la Patagonia, y afirmó que estas iniciativas podrían suspenderse si se rompen los lazos entre ambos países.

Milei ha indicado que, de ser elegido, buscaría romper relaciones con China debido a que está gobernada por el Partido Comunista, tildando al país de “asesino” y afirmando que sus ciudadanos no son “libres”. También ha prometido sacar a Argentina del Mercosur, el bloque comercial de naciones sudamericanas, y ha calificado al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de “socialista con vocación totalitaria”.

Sin embargo, Diana Mondino, probable ministra de Asuntos Exteriores de Milei, afirmó que sus declaraciones se han sacado de contexto y que su posible gobierno buscaría tener relaciones abiertas y transparentes con todos los países. Milei sólo pondría fin a los acuerdos “secretos” entre Estados, dijo Mondino, refiriéndose al swap de divisas de Argentina con China. “No sabemos la tasa de interés que tendremos que pagar”, dijo.

Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, respondió a las declaraciones de Milei invitándole a visitar China. “Creo que si el Sr. Milei viene a China y ve el país por sí mismo, encontrará una respuesta totalmente distinta a la pregunta de si el pueblo chino es libre y China es segura”, declaró Wang en una rueda de prensa celebrada en agosto.

En el último debate presidencial entre los candidatos, celebrado el 12 de noviembre, Massa trató de recordarle a Milei la importancia de China para la economía nacional, ya que representa una gran parte de las exportaciones de muchas provincias argentinas. Milei respondió afirmando que Argentina podía simplemente encontrar otros socios comerciales, y rechazó las declaraciones de Massa de que los puestos de trabajo se verían afectados por los cambios en la relación con China.

El futuro de la relación China-Argentina

Expertos en política exterior dijeron que, si bien la relación con China podría cambiar si Milei es elegido, no es probable que los lazos se rompan por completo. Varios recordaron que el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) también había cuestionado la relación con China, pero que ambos países siguieron relacionándose durante toda su administración.

“China se comprometerá con Argentina de cualquier forma posible, independientemente del resultado de las elecciones presidenciales”, afirmó Margaret Myers, directora del programa de Asia y América Latina del Diálogo Interamericano. “Dicho esto, una victoria de Milei daría lugar sin duda a un replanteamiento de las relaciones con China, y posiblemente incluso a una revisión de los proyectos existentes”.

Myers señaló las dos represas de la Patagonia, actualmente en construcción y sujetas a cláusulas de incumplimiento cruzado, lo que significa que su cancelación llevaría a la cancelación de otros proyectos financiados por China. Argentina también está negociando la construcción de una nueva central nuclear con China, que podría quedar en suspenso si Milei resulta elegido.

Jorge Malena, director de la comisión de asuntos asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), dijo que mientras Massa profundizaría la relación con China debido a la “dependencia financiera y política”, Milei tendría que moderar su postura debido al papel que China tiene como socio comercial e inversor clave en Argentina.

Ignacio Villagrán, director del Centro de Estudios Argentina-China (CEACh) de la Universidad de Buenos Aires, está de acuerdo: “Para China, da igual quién esté en el poder mientras continúen los proyectos de inversión. Si bien hay un signo de interrogación sobre Milei, él no tendrá injerencia en lo que las provincias acuerden con China”. La estructura federal de nuestro país permite a las provincias entablar relaciones con China con independencia del Gobierno nacional. Este ha sido el caso de Jujuy, por ejemplo, donde se encuentra Cauchari, una planta solar de 300 MW financiada por bancos chinos, así como una planta de extracción de litio propiedad en parte de la empresa minera china Ganfeng Lithium.

Para China, da igual quién esté en el poder mientras continúen los proyectos de inversión

Ignacio Villagrán — Director del Centro de Estudios Argentina-China (CEACh) de la Universidad de Buenos Aires

“A pesar de las declaraciones de Milei, es poco probable que la relación argentino-china empeore de forma significativa o permanente, ya que se basa en una relación económica creciente en términos de comercio, inversión y, más recientemente, la ampliación del canje [de divisas]”, afirmó Pepe Zhang, investigador principal del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council.

Guo Cunhai, coordinador del Centro de Estudios sobre China y América Latina (CECLA) de la Academia China de Ciencias Sociales, afirmó que la relación entre China y Argentina ha resistido situaciones complejas con anterioridad y probablemente seguirá haciéndolo. “La base de la relación es la necesidad mutua. La cooperación beneficiará a ambas partes y la división las perjudicará”, añadió.

El candidato que gane la segunda vuelta este domingo asumirá la presidencia el 10 de diciembre, dos días antes de que finalice la COP28, la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.

Marina Bello contribuyó con información adicional para este artículo.

JJD

A pesar de la creciente toma de conciencia de que las emisiones de gases de efecto invernadero generan el cambio climático, las emisiones alcanzaron un máximo histórico en 2022. Las emisiones de dióxido de carbono han recibido históricamente más atención, pero para limitar el calentamiento global a medio plazo también será clave una reducción rápida y sostenida de la contaminación por metano. Sin embargo, establecer una visión fiable y global de las emisiones de metano de la industria de los combustibles fósiles es un problema constante.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que las emisiones de metano son responsables de alrededor del 30% del aumento constante de la temperatura media mundial desde la revolución industrial. El metano atmosférico es más potente a la hora de atrapar el calor que el dióxido de carbono ―al menos 80 veces más potente a lo largo de 20 años―, pero se disipa mucho más rápidamente. Dada la urgencia de la crisis climática y los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero a corto plazo del Acuerdo de París, las emisiones de metano son una preocupación urgente.

Las fugas de metano ―el escape del gas de las tuberías de combustibles fósiles y los sitios de perforación y producción― también son un problema importante. “Los índices de fuga de metano muy pequeños de los sistemas de gas rivalizan con las emisiones de gases de efecto invernadero del carbón”, afirma Deborah Gordon, directora del programa de Inteligencia Climática del Rocky Mountain Institute, que formó parte de un equipo responsable de un estudio publicado en julio sobre las fugas de metano en los sistemas de gas y carbón. Su investigación reveló que incluso una tasa de fuga de metano de tan sólo el 0,2% a lo largo de 20 años puede generar emisiones e impactos climáticos equivalentes a los de la minería del carbón.

El metano suele ser un subproducto desperdiciado en sectores como la agricultura, pero un bien valioso en otros: la industria del gas premia el metano, que constituye hasta el 90%de lo que vende como “gas natural”. La industria de los combustibles fósiles es responsable de cerca del 35% de todas las emisiones de metano de origen humano.

El año pasado, Shell fue el séptimo productor mundial de petróleo por volumen y la quinta empresa petrolera por ingresos. Sus operaciones se extienden por 70 países e incluyen la exploración, producción y comercialización de gas. Shell también ha liderado los esfuerzos del sector por controlar las emisiones de metano. Shell informó una disminución de las emisiones totales de metano de sus operaciones en un 27% en 2022, de hasta 40.000 toneladas, frente a las 55.000 toneladas de 2021. La empresa también afirma haber cumplido su objetivo de mantener la intensidad de sus emisiones de metano por debajo del 0,2%.

Sin embargo, se está cuestionando la forma en que gigantes de los combustibles fósiles como Shell calculan sus emisiones de metano. Según Dominic Watson, experto en metano del Fondo de Defensa Medioambiental (EDF por sus siglas en inglés), “las emisiones de metano procedentes del petróleo y el gas se subestiman sistemáticamente”.

Watson afirma que prácticamente no se realizan mediciones directas en los lugares de extracción de petróleo y gas ni en las infraestructuras. En su lugar, los productores de petróleo y gas se basan en cálculos “basados en factores”, realizados con programas de contabilidad comerciales. Además, según Watson, estas empresas llevan décadas declarando sus emisiones de metano y fijando objetivos de contaminación de forma independiente.

¿Qué es la intensidad de emisión del metano?

Las cifras de intensidad de emisión del metano están diseñadas para hacer un seguimiento de los niveles de contaminación por metano de los productores de petróleo y gas. La cifra se calcula controlando el metano emitido por cualquier gas que se venda y expresando después esas emisiones como porcentaje del total vendido por la empresa. Esta métrica relativamente nueva fue estandarizada por una coalición de las principales compañías de petróleo y gas (incluida Shell) llamada Oil and Gas Climate Initiative (OGCI). En 2018, la OGCI anunció que todas sus empresas miembros se proponían reducir su intensidad de emisión de metano al 0,25 % para 2025.

“En casi a todo lugar al que vamos, encontramos metano”

El metano puede escaparse a lo largo de la cadena de valor del petróleo y el gas, emisiones que también se dice han sido subnotificadas, incluso en jurisdicciones en las que los reguladores supuestamente son más rígidos.

Un estudio de 2018 sobre las instalaciones de petróleo y gas de Estados Unidos descubrió que los índices de contaminación por metano eran más de un 60 % peores que las propias estimaciones del gobierno. Al abarcar casi el 30% de la producción de gas de Estados Unidos, los investigadores utilizaron mediciones terrestres validadas con observaciones aéreas para descubrir que más del 2,3% de todo el metano producido simplemente era liberado a la atmósfera.

Otro estudio realizado por la Clean Air Task Force (CATF) a lo largo de dos años estudió 430 instalaciones de petróleo y gas en 15 países europeos. Publicado a principios de 2023, el estudio identifica 881 fuentes de emisiones.

“En casi todos lugar al que vamos, encontramos metano”, afirma Theophile Humann-Guilleminot, termógrafo que recogió pruebas para el estudio del CATF.

El papel de Shell en las emisiones de metano

Shell anunció por primera vez su intención de reducir las emisiones de metano en 2018, y la empresa se comprometió a reducir la intensidad de estas emisiones por debajo del 0,2% para 2025, mediante el uso de equipos avanzados de detección de metano, la reparación de fugas y la sustitución de equipos obsoletos.

Una semana después, la Oil and Gas Climate Initiative anunció el mismo objetivo para sus miembros de entonces: BP, Chevron, China National Petroleum Corporation, Eni, Equinor, ExxonMobil, Occidental, Pemex, Petrobras, Repsol, Saudi Aramco, Shell y Total.

Estos objetivos también han dado lugar a iniciativas del sector del petróleo y el gas como la Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP por sus siglas en inglés), cuyo órgano de gobierno incluye a la Comisión Europea, a EDF, a CATF y al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La OGMP pretende establecer un marco de notificación de emisiones de metano global, exhaustivo y basado en mediciones. Más de 100 empresas han firmado desde 2020.

En el informe de 2022 del OGMP, Shell fue la empresa mejor calificada de la iniciativa por sus esfuerzos durante 2021. Sin embargo, esta calificación simplemente indica que Shell está en el camino de proporcionar informes más sólidos y precisos de sus datos de emisiones de metano en el futuro.

Según Manfredi Caltagirone, director del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano del PNUMA, los datos comunicados por Shell se basan principalmente en “factores de emisión”. Se trata de valores representativos que intentan relacionar la cantidad de un contaminante liberado a la atmósfera con otra unidad de actividad o proceso. Caltagirone describe la reducción del 27% de las emisiones de metano en 2022 comunicada por Shell como “no del todo creíble todavía”, pero admite que la compañía está “empezando a obtener algunas mediciones de mejor nivel”, lo que llevará a una mayor precisión en los informes.

Informar no es el único obstáculo

Si la industria del gas quiere reducir las emisiones de metano, los operadores tienen que saber dónde se producen las fugas y poner fin al “venteo” deliberado de metano. Las fugas se producen por el mal funcionamiento de válvulas, compresores y tanques de almacenamiento, mientras que los tanques de almacenamiento están diseñados para liberar metano a propósito si se presurizan demasiado.

La AIE afirma que más del 70% de las emisiones de metano del sector de los combustibles fósiles pueden reducirse con la tecnología existente. Además, ha calculado que aproximadamente el 40% de esas emisiones generadas durante las operaciones de petróleo y gas pueden evitarse sin costo neto, debido al valor del gas ahorrado.

Diálogo Chino habló con Tania Meixus Fernandez, asesora principal de OGMP: “Al final, la única forma de reducir las emisiones es comprobar que están ahí. Hay que usar la tecnología para comprobar dónde están las emisiones. Y a partir de ahí, desarrollar una estrategia de mediación. Pero sin salir a la calle, solo sentándose frente a una computadora, no es posible”.

Al final, la única forma de reducir las emisiones es comprobar que están ahí

Tania Meixus Fernandez — OGMP

Las estructuras de gestión del sector del petróleo y el gas son otro obstáculo: hay grandes diferencias en los esfuerzos de mitigación de emisiones entre los activos explotados por las grandes empresas de combustibles fósiles y los que simplemente son de su propiedad y aún no han sido explodatos. Según James Turrito, director de campañas de la CATF, las grandes petroleras y empresas de gas poseen “un capital significativo” en activos no explotados, sobre los que no informan ni se comprometen públicamente a reducir las emisiones de metano.

Los activos no explotados suelen gestionarse mediante estructuras empresariales complejas, como las empresas conjuntas: cada una tiene su propio consejo, que no rinde cuentas a los accionistas, mientras que muchas son explotadas conjuntamente por compañías petroleras nacionales. “Hasta la fecha, no hemos visto tantas compañías petroleras nacionales que intenten abordar realmente el problema del metano. Hay razones para ello y barreras que van más allá de ser simplemente malos actores”, afirma Turrito. 

Extracción de gas y fugas de metano en Vaca Muerta

En junio, Sebastián Sánchez, vocero de Shell, intervino en un taller sobre metano convocado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina. Dijo que Shell Argentina, que tiene intereses en el yacimiento de gas de Vaca Muerta, había reducido su intensidad de metano en un 72% desde 2019. Sánchez atribuyó esta reducción a la eliminación de la quema rutinaria y a un mejor monitoreo.

Situada en Neuquén, la vasta formación de Vaca Muerta contiene algunos de los mayores yacimientos de gas no convencional del mundo. Con un tamaño similar al de Bélgica, es actualmente la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional y la segunda de gas de esquisto. En Vaca Muerta se explotan cientos de pozos, divididos en bloques que son propiedad y están explotados por la petrolera estatal YPF o por alguna de las aproximadamente 12 empresas internacionales.

Shell gestiona un área de 769 km2 en Vaca Muerta, operando cuatro bloques(Sierras Blancas, Cruz de Lorena, Coirón Amargo Sur Oeste y Bajada de Añelo). También es accionista de otros tres bloques. Por otra parte, la compañía inauguró este año el oleoducto de 105 kilómetros, en asociación con Pan American Energy y Pluspetrol, para transportar petróleo desde Vaca Muerta hasta la vecina provincia de Río Negro.

El gobierno argentino quiere aumentar sus exportaciones de gas, y en junio firmó un memorando de entendimiento sobre cooperación energética con la Unión Europea. En el documento, ambas partes acuerdan reducir las fugas de metano en la cadena de suministro de gas fósil “al máximo nivel técnicamente viable”.

Los combustibles fósiles representan actualmente más del 80% del mix energético de Argentina, pero el país aún no regula las emisiones de metano de su sector energético: un proyecto de ley que proponía dicha regulación se estancó en el Congreso durante 2020. Sin embargo, durante el taller sobre metano celebrado en junio, la secretaria de Energía de Argentina, Flavia Royon, afirmó que el Estado está trabajando actualmente con los gobiernos provinciales en un “marco nacional” en este ámbito.

En contraste con las afirmaciones de Sánchez sobre el historial de reducción de metano de Shell Argentina, el ex secretario de Energía del país, Gerardo Rabinovich, afirma que es probable que las empresas de Vaca Muerta no estén declarando todas las emisiones. “Las áreas en las que trabajan son muy grandes y los inspectores no las visitan muy a menudo. Si hay una fuga, tardará mucho tiempo en arreglarse”, dijo Rabinovich a Diálogo Chino. “Cada vez se presiona más a las empresas para que hagan un mejor seguimiento de las emisiones”.

En 2018 y 2023, un equipo de EarthWorks, una organización medioambiental estadounidense, visitó Vaca Muerta para rastrear fugas de metano. Utilizando cámaras infrarrojas, pudieron establecer que al menos el 5% del gas producido en Vaca Muerta se filtra y se desperdicia, a menudo intencionadamente si es necesario liberar presión.

Shell Argentina no respondió a la solicitud de comentarios de Diálogo Chino sobre sus emisiones de metano en Vaca Muerta.

El auge de los datos por satélite

En el ámbito de la detección de emisiones de metano, cada vez se dispone de más herramientas. Entre ellas se encuentran los dispositivos portátiles, la tecnología aérea y nuevos satélites de monitoreo del metano.

En 2021, el proveedor de datos por satélite Geofinancial Analytics utilizó su herramienta MethaneScan para monitorear las concentraciones de metano en el aire en América del Norte, Europa y Brasil con el fin de rastrear las emisiones generadas por las empresas de combustibles fósiles. El estudio comparó los resultados de MethaneScan con los datos de emisiones de metano autodeclarados por los productores de petróleo y gas, y llegó a la conclusión de que esos datos subestimaban el problema.

Según la AIE, en 2022 los satélites detectaron 3 millones de toneladas de metano procedentes de fugas “muy grandes” en explotaciones de petróleo y gas. Estos eventos se detectaron en 20 países diferentes; por ejemplo, un “evento de ultraemisión” de metano de 17 días en México, causado por el mal funcionamiento de una antorcha de gas.

En 2022, una investigación de la BBC utilizó datos de satélites del Banco Mundial para identificar millones de toneladas de emisiones de metano no declaradas procedentes de la quema de gas en yacimientos petrolíferos. Las grandes petroleras BP, Eni, ExxonMobil, Chevron y Shell estaban implicadas.

Como señaló la AIE en 2022, la cobertura por satélite dista mucho de ser completa: aún no se hace un seguimiento de las regiones ecuatoriales y de alta mar ni, por ejemplo, de las principales zonas productoras de petróleo y gas de Rusia.

Hay planes para lanzar una serie de satélites de última generación con resoluciones significativamente mejoradas en los próximos años: el Fondo de Defensa Medioambiental lanzará MethaneSat a principios de 2024, que afirma será el satélite de seguimiento de metano más avanzado del espacio; Carbon Mapper, una ONG con sede en Estados Unidos, afirma que desplegará una “constelación” completa de satélites en 2025 para impulsar los esfuerzos de seguimiento; y Kayrros, una empresa de análisis de datos, ha firmado un acuerdo para proporcionar datos de fugas globales al PNUMA, de modo que pueda presionar a los mayores emisores.

“Históricamente, ha habido poca transparencia en los seguimientos de los resultados de las empresas en materia de metano”, afirma Caltagirone . “Pero los medios para medir, notificar y verificar las emisiones, incluso a través de satélites de detección de metano de nueva generación, están evolucionando rápidamente”.

Este reportaje se ha realizado con el apoyo económico de Clean Energy Wire (CLEW), que ofrece becas para periodismo climático relacionado a empresas.

Fue publicado originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

La exposición a los desastres se ha intensificado en las últimas décadas en América Latina y el Caribe. El aumento de la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, impulsado por los efectos del cambio climático, así como por el impacto de la actividad humana sobre el medioambiente, ha acentuado las ya vulnerables condiciones sociales y económicas de la región.

Un desastre es un acontecimiento repentino o gradual que causa trastornos en el funcionamiento de una sociedad o comunidad, provocando pérdidas humanas, económicas, materiales o medioambientales. Puede deberse a muchos tipos de peligros ―naturales, provocados por el hombre y tecnológicos―, así como a diversos factores que influyen en la exposición y vulnerabilidad de las poblaciones.

América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más propensa a los desastres, después de Asia, y esta situación no hace más que volverse más compleja y urgente, dijeron expertos a Diálogo Chino. Se estima que hasta tres cuartas partes de la población de la región vive en zonas de riesgo de desastres, por lo que estos fenómenos tienen el potencial de producir efectos altamente destructivos.

Los desastres relacionados con el clima son los más destacados en la región, representando el 83% de los 106 desastres ocurridos en 2022, según datos recogidos por EM-DAT, una base de datos internacional sobre desastres. América del Sur fue la subregión más afectada, con inundaciones y tormentas como los desastres más comunes, siendo Brasil, Venezuela, Colombia y México los países que experimentaron el mayor número de desastres el año pasado.

¿Por qué América Latina es propensa a los desastres?

Además de la elevada exposición física a los peligros, los expertos señalan que América Latina y el Caribe tienen un complejo entorno de factores de riesgo, como desplazamientos y migraciones masivas, densas poblaciones urbanas, lento crecimiento económico, cambio climático e inestabilidad política.

Amaly Fong Lee, investigadora sobre desastres de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, afirmó que la población de la región es vulnerable “porque la mayoría de nuestras ciudades aún están en desarrollo”.

A medida que muchas ciudades de América Latina y el Caribe han crecido, a menudo lo han hecho sin una planificación adecuada, con asentamientos informales que se desarrollan en los bordes de entornos urbanos en expansión, a menudo en colinas y zonas de pendiente pronunciada, lo que aumenta el riesgo de peligros como los corrimientos de tierras. En una región de aproximadamente 660 millones de habitantes, unos 340 millones viven en ciudades de 500.000 o más habitantes que son muy vulnerables al menos a un tipo de peligro natural.

La región está expuesta a una gran variedad de peligros, desde terremotos a sequías. “Tenemos una variedad de ecosistemas que nos hace muy vulnerables, con muchos países situados en zonas sísmicas y volcánicas y otros en llanuras afectadas por inundaciones y sequías”, afirma Pascal Girot, experto en desastres de la Universidad de Costa Rica.

El Análisis Global de Riesgos de 2005 del Banco Mundial ―un estudio que no se ha vuelto a repetir desde entonces― estimaba que siete de los 15 países más vulnerables del mundo a los desastres, expuestos a tres o más peligros, se encontraban en la región. Muchos de los fenómenos que han azotado a América Latina se vieron agravados por el fenómeno climático El Niño-La Niña, que puede provocar alteraciones en las temperaturas, las precipitaciones y los patrones de viento. Es probable que el cambio climático aumente la frecuencia y gravedad de estos peligros.

¿A cuántas personas afectan los desastres ambientales en América Latina y el Caribe?

Entre 2003 y 2022, el número de personas afectadas por desastres en la región ascendió a 174 millones, lo que supone un aumento del 67,3% en comparación con los 20 años anteriores (1983-2002), según datos recogidos por EM-DAT. Entre estos dos periodos, el número de muertes (278 mil) y los daños (254.000 millones de dólares) también aumentaron un 93,2% y un 252,1%, respectivamente. Esto contrasta con un descenso global general en estas tres áreas.

En una región donde se estima que 201 millones de personas, casi un tercio de la población total, viven en la pobreza, un desastre puede hacer que personas que han conseguido salir de la pobreza vuelvan a estas situaciones, ya que los efectos de un desastre se magnifican entre los grupos más vulnerables. Esto es especialmente problemático para los países de América Latina y el Caribe, considerada por muchas ONG y grupos de reflexión como la región más desigual del mundo.

¿Cuál es el costo de los desastres en América Latina y el Caribe?

Las pérdidas asociadas a los desastres han provocado importantes trastornos en las economías de muchos países.

Los países caribeños propensos a los huracanes y con islas pequeñas ―como Antigua y Barbuda, y Dominica― son los que experimentan mayores daños económicos debido a los desastres, han perdido en promedio casi el 3% de su PIB anual entre 1980 y 2018. Algunos desastres son mayores que otros, como el huracán María en 2017, que en Dominica causó daños estimados en el 220%de su PIB.

Bolivia, uno de los países más pobres de la región, experimentó 84 fenómenos meteorológicos extremos ―como sequías, inundaciones, incendios forestales, corrimientos de tierras y olas de calor― entre 1965 y 2020, que causaron daños por el valor de 3.700 millones de dólares, equivalentes aproximadamente al 9% de su PIB actual.

Las inundaciones son el desastre más común en la región, afectando especialmente a Colombia, Brasil y Perú. En 12 ocasiones desde 2000, según los datos de EM-DAT, las inundaciones en América Latina y el Caribe han causado más de mil millones de dólares en daños totales. Las tormentas también son cada vez más frecuentes: la temporada de huracanes del Atlántico de 2020 fue la más activa de la que se tiene registro, con 30 tormentas con nombre, 14 de ellas huracanes. La sequía, por su parte, es el desastre que ha afectado a un mayor número de personas: 53 millones desde el año 2000.

¿Qué desastres recientes han afectado a la región?

El año pasado, las lluvias extremas en Sudamérica provocaron inundaciones y corrimientos de tierra que afectaron a miles de personas. En el estado brasileño de São Paulo murieron al menos 19 personas. En Centroamérica y el Caribe también se registraron lluvias torrenciales e inundaciones, mientras que en Surinam el gobierno declaró zonas de desastre a siete de los diez distritos del país tras las inundaciones.

En lo que va de año se han producido acontecimientos igualmente perjudiciales. En Argentina, una grave sequía provocada por La Niña ha afectado a los agricultores y a la economía en general, reduciendo aproximadamente el 3% del PIB. En Haití, al menos 78 personas murieron y 143 resultaron heridas durante la tormenta tropical Arlene, mientras que al menos 88 murieron y 43 resultaron heridas a causa de un corrimiento de tierras en la ciudad de Alausí, en el centro de Ecuador, provocado por la erosión del suelo.

¿Qué es la reducción del riesgo de desastres?

Históricamente, los esfuerzos en materia de desastres se han centrado en la respuesta de emergencia. Sin embargo, hacia finales del siglo XX, los expertos reconocieron en gran medida que los países sólo pueden prevenir las pérdidas y aliviar el impacto de los desastres gestionando el riesgo y trabajando sobre los factores subyacentes, como el desarrollo urbano. Es lo que se conoce como reducción del riesgo de desastres (RRD).

La RRD es “el concepto y la práctica de reducir los riesgos de desastre mediante esfuerzos sistemáticos para analizar y reducir los factores causales de los desastres”, tal y como la describe Naciones Unidas. Implica actividades relacionadas con la prevención, como la reubicación de la población de una zona de peligro; la mitigación, como la construcción de defensas contra inundaciones; y la preparación, como la identificación de rutas de evacuación.

En 2015, los gobiernos de todo el mundo adoptaron el Marco de Sendai, un acuerdo mundial de las Naciones Unidas sobre la RRD. Incluye siete objetivos que deben cumplirse para 2030, como la reducción de la mortalidad por desastres y las pérdidas económicas, y el aumento del número de países con estrategias de riesgo de desastres. La aplicación del Marco cuenta con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR por sus siglas en inglés).

“Podemos prevenir los desastres abordando las vulnerabilidades”, afirma Deysi Jerez Ramírez, investigadora sobre reducción del riesgo de desastres de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México. “Si no hay población vulnerable, se reducen los daños causados por un fenómeno natural”.

Fong Lee añadió: “Nuestros países están más acostumbrados a responder a la emergencia que a trabajar de antemano en los factores que conducen al desastre. Esto debe cambiar”.

Los expertos coinciden en que, en lugar de tratar las secuelas de los desastres, los países deberían centrarse en mitigar el riesgo de desastres. “Los países deberían incorporar una perspectiva de riesgo de desastres a todas las áreas de gobierno y pensar a largo plazo”, afirma Raquel Letjerer, arquitecta uruguaya especializada en gestión de riesgos. “Gastar dinero en hacer frente a los impactos de los desastres significa renunciar a fondos que deberían invertirse en el desarrollo de la región”. La ONU estima que cada dólar invertido en reducción y prevención de riesgos puede ahorrar hasta 15 dólares en la recuperación posterior al desastre, y cada dólar invertido en hacer que las infraestructuras sean resistentes a los desastres ahorra 4 dólares en la reconstrucción. Entre 2010 y 2019, se gastaron 133.000 millones de dólares en ayuda relacionada con desastres, pero solo 5.500 millones en medidas para reducir los riesgos y disminuir sus impactos.

¿Qué progresos ha realizado la región en materia de reducción del riesgo de desastres?

América Latina y el Caribe han avanzado en algunos de los objetivos del Marco de Sendai. Los gobiernos están asignando fondos regulares para la RRD y estableciendo normas para incorporar evaluaciones de RRD en los procesos de aprobación de proyectos públicos, informa UNDRR. Para 2020, la mitad de los 33 países de la región contaban con estrategias, planes y políticas nacionales de RRD.

Los países también han empezado a desarrollar e implantar sistemas de alerta temprana, una herramienta clave que mitiga el riesgo producido por los desastres. En Sudamérica, organismos gubernamentales, centros de investigación y el sector privado se han asociado para crear SISSA, un sistema de información sobre la sequía centrado en los países del sur de Sudamérica.

Muchos gobiernos siguen considerando la reducción del riesgo de desastres como un gasto innecesario, cuando en realidad es una inversión

Amaly Fong Lee — Universidad Marítima Internacional de Panamá

“En nuestro sitio web, la gente puede visualizar la situación actual de la sequía, tanto a nivel regional como local. Hay información sobre la humedad del suelo, la previsión meteorológica, la vegetación y mucho más”, explica María de los Milagros Skansi, una de las coordinadoras de SISSA. “También trabajamos en el fortalecimiento de la capacidad de nuestras instituciones miembros para mejorar nosotros mismos”.

También ha habido proyectos gubernamentales de divulgación para minimizar el impacto de los desastres. En Bolivia y Perú, las comunidades agrícolas locales que viven cerca del lago Titicaca colaboraron con gobiernos e investigadores en el proyecto Pachayatiña/Pachayachay (que significa “sabiduría de la tierra” en las lenguas aymara y quechua), en el que trabajaron para crear capacidad para hacer frente a la sequía, desde la mejora de las previsiones meteorológicas hasta la investigación sobre los impactos de la sequía y su prevención.

Dentro de la región también se están preparando proyectos bilaterales. Las ciudades de Córdoba, en Argentina, y São Paulo, en Brasil, están trabajando en un proyecto transfronterizo para hacer frente a su vulnerabilidad colectiva a las inundaciones, la sequía y los corrimientos de tierras. Mientras tanto, en Centroamérica, la ONG Global Water Partnership trabaja con comunidades urbanas y rurales para desarrollar sistemas de recogida de agua de lluvia y minimizar el impacto de las sequías.

A pesar de estos esfuerzos, los expertos coinciden en que siguen existiendo muchos retos en la prevención de desastres en América Latina y el Caribe. Muy pocos países han implementado enfoques multisectoriales para abordar los factores de riesgo, como el fortalecimiento de la planificación del uso del suelo para prohibir la construcción en zonas de riesgo, mientras que la financiación centrada en los desastres todavía se ha asignado principalmente a las actividades de respuesta de emergencia.

“Muchos gobiernos siguen considerando la reducción del riesgo de desastres como un gasto innecesario, cuando en realidad es una inversión”, afirmó Fong Lee. “Podríamos salvar vidas y dinero actuando hoy mismo. Ahora necesitamos un despertar político”.

Este artículo se publicó originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

Una nueva iniciativa mundial para combatir los delitos contra el medioambiente se ha puesto en marcha. La recién lanzada Alianza contra los Delitos contra la Naturaleza buscará ponerle fin a las redes delictivas ambientales, cuyas actividades ilícitas generan hasta 280.000 millones de dólares al año, según informó el proyecto.

La alianza ―dirigida por los gobiernos de Noruega, Estados Unidos y Gabón― reunirá a Estados, organismos internacionales, fuerzas de seguridad y organizaciones de la sociedad civil para luchar contra la explotación ilegal de los recursos naturales y la fauna y flora silvestres.

Según expertos, los delitos contra el medioambiente son cuarta actividad delictiva actividad delictiva más lucrativa del mundo, por detrás del tráfico de drogas, la trata de personas y la falsificación, con la deforestación ilegal, la conversión de tierras, la minería, la pesca y el comercio de especies silvestres, entre las formas más frecuentes.

La alianza fue anunciada el miércoles en una reunión del Fondo Mundial para el Medioambiente ―el mayor fondo multilateral del mundo para la acción ambiental― y pretende aumentar la voluntad política, incrementar los compromisos financieros e impulsar la capacidad internacional para combatir los delitos contra el ambiente.

“Los delitos contra la naturaleza amenazan nuestra seguridad colectiva. Socavan el Estado de derecho, alimentan la corrupción, destruyen ecosistemas y llevan a las especies al borde de la extinción, mientras proporcionan miles de millones de dólares a los grupos delictivos transnacionales”, declaró Jennifer Littlejohn, subsecretaria de la Oficina de Océanos y Medioambiente de Estados Unidos, en la presentación de la alianza en Vancouver, Canadá.

Es hora de actuar a escala mundial para ponerles fin a la explotación criminal y la degradación de la naturaleza con fines lucrativos

Ghada Waly — Directora Ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Aunque en los últimos años han surgido muchas organizaciones públicas, privadas, comunitarias y de la sociedad civil para luchar contra los delitos contra el medioambiente, estos esfuerzos han estado normalmente fragmentados, algo que la Alianza contra los Delitos contra la Naturaleza pretende solucionar proporcionando un foro de colaboración y coordinación.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) e Interpol también se han sumado a la iniciativa, junto con organizaciones de la sociedad civil como TRAFFIC, el Instituto de Recursos Mundiales y la organización Indigenous Peoples Rights International (IPRI). En total hay 22 miembros y se espera que se unan más socios, ya que la alianza empezará a funcionar oficialmente en los próximos meses.

Yulia Stange, directora de la Alianza contra los Delitos contra la Naturaleza, declaró que los miembros trabajarán en áreas clave en las que su enfoque colaborativo y multisectorial puede tener un gran impacto. Entre ellos figuran proyectos para identificar y desbaratar los flujos financieros vinculados a los delitos contra el medioambiente, iniciativas para acelerar el uso de la tecnología y trabajos para reforzar la capacidad de los defensores ambientales.

“Los delincuentes ven en los delitos contra el medioambiente una oportunidad de obtener grandes beneficios y un bajo riesgo. La opinión pública lo considera un delito sin víctimas, cuando en realidad tiene un gran impacto en las personas”, declaró Stange en la presentación de la iniciativa. “La alianza quiere mover la aguja en materia de delitos contra el medioambiente. Queremos convertirlos en una actividad de alto riesgo y baja recompensa para los delincuentes de todo el mundo”.

Delitos contra el medioambiente

Expertos han afirmado que la prevalencia de los delitos contra el ambiente constituye un obstáculo importante para avanzar en la lucha contra el cambio climático, hacer frente a la pérdida de biodiversidad, reducir futuras pandemias y lograr un desarrollo sostenible. La escala de los delitos es inmensa y sus autores suelen estar vinculados a delitos financieros, así como a violaciones de los derechos humanos y laborales. La Alianza contra los Delitos contra la Naturaleza informa que los crímenes contra el medioambiente generan cada año entre 110.000 y 281.000 millones de dólares en ingresos delictivos, y pueden tener repercusiones indirectas de hasta 2 billones de dólares anuales.

Las operaciones mineras ilícitas destruyen bosques y contaminan ríos en toda la cuenca del Amazonas y otros ecosistemas forestales vitales. Las actividades pesqueras ilegales interrumpen cadenas alimentarias cruciales que sirven tanto a las poblaciones humanas como a la vida marina. El tráfico de vida silvestre también amenaza la supervivencia de numerosas especies emblemáticas, como tigres, jaguares, elefantes y rinocerontes.

La abundancia de flora, fauna y recursos minerales en América Latina hace que la región sea especialmente vulnerable a los delitos contra el medioambiente. Informes han revelado que muchos grupos delictivos organizados que históricamente se dedicaban al tráfico ilegal de drogas ahora se han centrado en los delitos contra el ambiente, aprovechando los bajos riesgos, los altos beneficios y la corrupción general.

Al albergar casi una cuarta parte de los bosques tropicales del mundo, América Latina es un punto caliente en el comercio ilegal de madera, cuyo valor global se estima en hasta 150.000 millones de dólares anuales.

Por ejemplo, el año pasado, una operación en 12 países dirigida por Interpolcondujo a la recuperación de más de 80 camiones cargados de madera ilegal procedente de bosques de América Latina y el Caribe, valorados en más de 700.000 dólares estadounidenses. Durante la operación de Interpol se denunciaron casi 300 incidentes y se detuvo a 69 personas.

América Latina es también la región más peligrosa del mundo para los defensores del medioambiente, con frecuencia en el punto de mira de los delincuentes medioambientales. Desde 2012, más de 1.700 activistas han sido asesinados en todo el mundo, y casi el 70% de los casos se han producido en América Latina. Brasil ha registrado el mayor número de asesinatos, que han afectado especialmente a indígenas o afrodescendientes, seguido de Colombia.

La selva amazónica se ha convertido en punto caliente de delitos medioambientales y la violencia contra los defensores del ambiente, en parte por su abundancia de recursos naturales.

A principios de este mes ocho países amazónicos se reunieron en la ciudad brasileña de Belém, y firmaron una declaración en la que se comprometían a reforzar la cooperación contra los delitos medioambientales. La declaración incluía la creación de una fuerza conjunta de policía ambiental con sede en Manaos, en el estado brasileño de Amazonas.

Aunque ningún gobierno latinoamericano se ha unido aún a la nueva alianza contra los delitos ambientales, fuentes de la Asamblea del GEF dijeron a Diálogo Chino que algunos habían expresado interés en formar parte.

Si bien la Alianza contra los Delitos contra la Naturaleza es un paso en la dirección correcta, ahora tendrá que abordar los numerosos obstáculos transversales que se han identificado previamente. Entre ellos se encuentran las élites políticas y económicas que protegen a los beneficiarios de los delitos, el alcance transnacional de las actividades y la naturaleza globalizada y compleja de las cadenas de suministro de recursos naturales, entre otros.

“Los grupos de delincuencia organizada están profanando frágiles ecosistemas mediante el tráfico de especies silvestres, la minería ilegal, el tráfico de residuos y otras actividades ilícitas”, declaró Ghada Waly, Directora Ejecutiva de la UNODC, en la presentación de la alianza. “Es hora de actuar a escala mundial para ponerles fin a la explotación criminal y la degradación de la naturaleza con fines lucrativos”.

Por el momento no se han anunciado compromisos financieros firmes para luchar contra los delitos contra el medioambiente a través de la nueva alianza, aunque se espera que en los próximos meses se aclaren los detalles sobre sus funciones y capacidades.

FK/MG

Este artículo fue realizado con el apoyo de la red Earth Journalism Network de Internews. Y fue publicado originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

Argentina aspira a generar el 57% de su energía eléctrica a partir de fuentes renovables para finales de la década, según un plan oficial de transición energética presentado a finales de junio. El país también se propone construir 5.000 kilómetros de nuevas líneas de transmisión, reducir en un 8% la demanda total de energía y generar un gigavatio (GW) de energía distribuida. El Gobierno calcula que el costo del plan asciende a 86.600 millones de dólares.

Estos objetivos representan un cambio potencialmente significativo para la combinación energética de Argentina. Los combustibles fósiles representan hoy aproximadamente el 60% de la generación de electricidad, porcentaje que se pretende reducir al 35% para 2030 mediante la expansión de las energías renovables, incluida la hidroeléctrica, y en particular la eólica y la solar. De los 14 GW de capacidad adicional previstos en el plan de transición, casi 10 GW corresponden a fuentes limpias, y el resto a gas natural, energía nuclear e hidrógeno.

“Es la primera vez que Argentina pone en cifras la transformación necesaria en su sector energético para cumplir los compromisos climáticos del país”, dijo a Diálogo Chino Juan Carlos Villalonga, consultor en energías renovables y ex diputado nacional. Agregó que lo ideal sería que el plan se discutiera “al más alto nivel, pero la atención está centrada en la campaña electoral presidencial” antes de las primarias de agosto y la votación general del 22 de octubre.

En su compromiso con el Acuerdo de París sobre cambio climático, conocido como contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), Argentina se comprometió a limitar sus emisiones netas en 2030 a 349 millones de toneladas equivalentes de CO2. Gestionar el papel del sector energético será un desafío clave para cumplir este objetivo, al ser responsable del 53% de las emisiones del país, según la última actualización de su inventario de gases de efecto invernadero en 2019.

Sin embargo, hasta la fecha, la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles ha sido un objetivo difícil de alcanzar para Argentina. El Gobierno tiene grandes esperanzas de explotar Vaca Muerta, una formación geológica que alberga algunos de los mayores yacimientos de gas y petróleo de esquisto del mundo, mientras que la expansión de las energías renovables se ha estancado en gran medida desde la crisis económica del país entre 2018 y 2019.

El nuevo plan pretende abordar esto al darle prioridad a las renovables frente a los fósiles, aunque éstos seguirán desempeñando un papel importante. Está previsto que la producción de gas aumente de los 133 millones de metros cúbicos diarios actuales a 174 millones de metros cúbicos diarios en 2030, un aumento del 30% que le permitiría a Argentina prescindir de las importaciones de gas y aumentar las exportaciones mediante una serie de proyectos de infraestructura, como plantas de gas natural licuado (GNL) y gasoductos.

“Es un plan realista basado en las dificultades sociales y económicas de Argentina”, dijo a Diálogo Chino Ignacio Sabatella, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). “Llegó al final del mandato del gobierno porque llevó tiempo alinear todas las áreas gubernamentales, como los ministerios de ambiente y energía”.

Baches en el camino

El nuevo plan reconoce que Argentina se enfrentará a numerosos obstáculos para cumplir sus objetivos. La transición energética “no debe aislarse de la realidad macroeconómica y del complejo escenario externo comprometido por la deuda en moneda extranjera”, dice el documento, destacando la necesidad de acceder a créditos a tasas bajas y mejorar la economía en general.

Para Juan Ignacio Arroyo, economista y consultor energético independiente, una cosa es que el plan sea ambicioso y otra muy distinta es ser capaz de cumplir esa ambición. “En ciertas ocasiones, hay tensiones entre la velocidad y la sostenibilidad de una transición energética”, dijo a Diálogo Chino. “Cuanto más ambicioso seas, más necesitás invertir en la red de transporte de electricidad y en las importaciones para instalar los parques solares y eólicos”.

Argentina lleva años teniendo un acceso limitado o nulo a los mercados financieros internacionales, una situación que probablemente perdure, debido a su elevado nivel de deuda externa. El país está renegociando actualmentesus acuerdos de deuda con el Fondo Monetario Internacional, y recientemente firmó un acuerdo para renovar su swap de divisas con China y duplicar la cantidad a la que puede acceder hasta casi 10.000 millones de dólares.

Según el plan, el aumento de las exportaciones de gas permitiría destinar más fondos a proyectos de energías renovables. Sin embargo, no propone la creación de un mecanismo específico a través del cual esos ingresos se canalizarían directamente hacia las renovables. El año pasado se escucharon propuestas similares durante los debates sobre la ampliación de las perforaciones petrolíferas en alta mar, pero los planes de reinvertir parte de los ingresos en renovables finalmente se archivaron.

Para Arroyo, una preocupación clave es: “¿Cómo nos aseguramos de que la transición energética no profundice las restricciones económicas del país?”. En esta línea, el plan subraya la importancia de que la transición sirva de catalizador para las capacidades tecnológicas, industriales y científicas de Argentina, y para desarrollar cadenas de valor nacionales. Sin embargo, esto parece contradecirse con la última licitación del país para proyectos de energías renovables, que no exigía ni incentivaba la integración de suministros locales por parte de las empresas solicitantes.

La construcción de los 5.000 kilómetros de nuevas líneas de transmisión también será una tarea complicada. Argentina no ha realizado inversiones significativas en su red de transporte de electricidad en los últimos 25 años, lo que está afectando a su capacidad para construir y conectar nuevos parques solares y eólicos. Las empresas también han advertido de que la infraestructura existente tiene problemas por falta de mantenimiento.

El pasado mes de octubre, el gobierno relanzó un plan para invertir 1.400 millones de dólares en seis líneas de transmisión de energía, un plan que se anunció por primera vez hace seis años pero que no se llevó a cabo. China Electric Power Equipment and Technology (CET) también acordó el año pasado invertir 1.100 millones de dólares en la red energética del área metropolitana de Buenos Aires.

No solo grandes proyectos de energías renovables

Al mismo tiempo que propone instalar parques eólicos y solares a escala comercial, el plan también destaca el potencial de la generación distribuida: sistemas locales y a pequeña escala que permiten producir electricidad a partir de fuentes cercanas al punto de uso, en lugar de fuentes más centralizadas como las centrales eléctricas. Esto permite que los compradores tradicionales de electricidad, desde los propietarios de viviendas hasta las plantas industriales, se conviertan en productores.

El último informe sobre generación distribuida en Argentina, publicado en mayo, mostraba 23,2 megavatios de capacidad instalada. El plan de transición energética fija como objetivo que esta cifra alcance el gigavatio. Sabatella dijo que el objetivo puede alcanzarse, destacando que los proyectos distribuidos de menor escala no dependen tanto de la importación de equipos como los grandes parques solares y eólicos. “Es especialmente relevante para quienes no pueden acceder a la red de gas”, añadió.

El plan también destaca el papel del hidrógeno verde, frecuentemente llamado el “combustible del futuro” y fabricado con energías renovables. El objetivo es generar 20.000 toneladas anuales de aquí a 2030, una meta modesta, según Villalonga.

“En la actualidad, la demanda local de hidrógeno, en su mayor parte ‘gris’ [producido a partir de combustibles fósiles], es de 400.000 toneladas anuales”, escribió Villalonga en un posteo en su blog en el que analizaba el plan. “Se puede suponer que a 2030 esa demanda crecerá a 500.000 toneladas anuales. Es decir que la demanda de hidrógeno bajo en emisiones representaría el 4% del total”.

En mayo, el Gobierno sometió a consideración del Congreso un proyecto de ley destinado a regular e incentivar el crecimiento de la incipiente industria del hidrógeno verde, pero es probable que sus avances sean lentos a corto plazo, ya que la atención se centra en las elecciones.

El plan de transición energética también establece el objetivo de que los vehículos eléctricos representen el 2% del parque total a finales de la década.

La “transición justa” -concepto que se refiere a garantizar que la transición a una economía neutra en carbono sea justa e inclusiva para todos- también se menciona como objetivo clave. Para el Gobierno, esto significa equilibrar los aspectos económicos, sociales y medioambientales de una transición que abandone los combustibles fósiles, y prestar atención a la velocidad a la que se produce.

Una transición energética “justa” también implica abordar las desigualdades previas en el sector energético, crear empleos dignos, garantizar que toda la población tenga un acceso razonable a la energía a un precio asequible, que los costos de la transición sean competitivos y que se incluya a los grupos vulnerables, según el plan.

Para Arroyo, la mención de estos conceptos es un paso adelante: “Aunque no es la más moderna de las definiciones de transición justa, ya que no habla mucho de conceptos como gobernanza o democratización del sector energético, sí incorpora otros elementos importantes como la reducción de la pobreza energética, la creación de empleos verdes en todo el país y la descentralización de las cadenas de valor.”

Además de lanzar el plan, el Gobierno también publicó un documento con lineamientos para el sector energético a 2050. Incluye tres escenarios, del menos ambicioso al más ambicioso. En 2050, las energías renovables, incluida la hidroeléctrica, podrían representar al menos el 80% de la generación de electricidad, mientras que los vehículos eléctricos podrían constituir al menos el 29% del parque automotor, pero incluso este escenario menos ambicioso requeriría una inversión de al menos 264.000 millones de dólares, según las previsiones del propio documento.

FK/MG

Este artículo fue publicado originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

Una comunidad indígena hizo declaraciones contra el Estado colombiano en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de un caso que podría resultar significativo para la protección del medioambiente y los derechos indígenas en toda Latinoamérica.

Durante una audiencia de dos días, los representantes del pueblo U'wa pidieron al tribunal, con jurisdicción en la mayoría de los países latinoamericanos, que fallara contra el gobierno por décadas de violaciones de sus derechos sobre la tierra y daños medioambientales. Estos daños se vincularon en gran medida a las actividades petroleras y relacionadas al gas, incluida la falta de consulta sobre nuevos proyectos.

Los U'wa son unas 6.000 personas que viven en el noreste de Colombia, aunque históricamente también habitaron zonas de la actual Venezuela. Su territorio ancestral abarcaba una superficie de 1,4 millones de hectáreas, pero se redujo considerablemente, y las 22 comunidades actuales solo habitan una pequeña parte de la tierra que poseían.

“Cuando destruyen nuestro territorio para nosotros es como morir lentamente, es como aceptar que la muerte espiritual y cultural de nuestro pueblo está muy cerca”, declaró ante el tribunal Daris María Cristancho, líder indígena U'wa.

El caso es el último acto de resistencia de los U'wa tras décadas de lucha contra fuerzas externas que han amenazado su cultura y su existencia, una lucha que los ha convertido en uno de los grupos indígenas más conocidos de Colombia.

Cuando destruyen nuestro territorio para nosotros es como morir lentamente, es como aceptar que la muerte espiritual y cultural de nuestro pueblo está muy cerca.

Daris María Cristancho — indígena U'wa

Desde la década de 1990, los U'wa protestaron contra la explotación de combustibles fósiles en sus territorios por parte de multinacionales como Shell y Occidental Petroleum, protagonizando ocupaciones y marchas por sus causas, colaborando con ONG e incluso amenazando con suicidios masivos.

En 2016, los U'wa presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusando al gobierno colombiano de violaciones de derechos humanos. La comisión falló a favor de los indígenas en 2019 e hizo una serie de recomendaciones al gobierno para que garantizara sus derechos. Pero al no cumplirse estos requisitos, en 2020 la comisión envió el caso a la Corte Interamericana, y ahora está siendo juzgado.

“Pido a la Corte que respete nuestro hogar, porque es nuestra cultura, nuestra cosmovisión”, dijo Cristancho en la audiencia. Su petición fue que “se devuelva el territorio al pueblo U'wa”.

Lucha indígena en Colombia

En la audiencia, celebrada los días 25 y 26 de abril, Cristancho y otros miembros de la comunidad U'wa relataron al tribunal los problemas a los que se enfrentaron debido a la extracción de gas y petróleo en sus tierras, incluidos los proyectos Magallanes y Gibraltar, operados por la empresa estatal Ecopetrol, así como los oleoductos que atraviesan su territorio. También habrían sido afectados por la presencia de fuerzas armadas en su territorio y por el desplazamiento forzado.

“El gobierno ha autorizado proyectos extractivos en su territorio desde la década de 1990”, declaró a Diálogo Chino Wyatt Gjullin, abogado de Earth Rights, la ONG que apoya el caso legal de los Uwa. “Ahora, el oleoducto más grande del país, Caño Limón-Coveñas, atraviesa sus tierras, así como un gasoducto. Ambos han contaminado el medioambiente y las fuentes de agua”.

Desde que asumió el cargo el año pasado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo repetidas declaraciones en apoyo a la protección de las tierras indígenas, incluso en actos internacionales. Este tipo de medidas fueron una parte clave de su discurso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en abril. “Si no hay equilibrio con la naturaleza, dejamos de existir, como dicen los indígenas”, afirmó Petro.

Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y su interlocutora en el caso de los U'wa, dijo que el gobierno estaba abierto a un diálogo con los U'wa, pero no reconocía su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos: “Debemos comprometernos a caminar codo a codo, con voluntad política, con aceptación de los cambios culturales y la evolución social”, dijo Zamora en la audiencia.

La comunidad U'wa ya había firmado acuerdos con el gobierno colombiano en 2014 y 2016, que pusieron fin a las protestas contra los proyectos de petróleo y gas. Sin embargo, siguen surgiendo disputas, con nueve contratos para proyectos en todo el país actualmente en revisión para su reactivación, tras su anterior suspensión debido a la oposición de la comunidad. La administración de Petro se ha comprometido a no conceder nuevos contratos de petróleo y gas en Colombia, pero dijo que respetaría los ya existentes.

Ebaristo Tegría, abogado y profesor U'wa, declaró a Diálogo Chino que su pueblo quiere ser el que decida lo que ocurre en su tierra. “Todos los proyectos extractivos deben ser cancelados”, dijo. “Ecopetrol ya tiene tres proyectos en nuestra tierra y ahora quiere empezar un cuarto. El gobierno sólo piensa en los ingresos”.

El año pasado, el Presidente Petro impulsó la ratificación del Acuerdo de Escazú, el histórico tratado latinoamericano que establece normas regionales sobre el derecho de acceso a la información y la participación en asuntos medioambientales. El tratado está a la espera de la confirmación final de la Corte Constitucional del país. Para Tegría, sin embargo, su aplicación sigue siendo una perspectiva lejana, y las realidades para los defensores del ambiente siguen siendo difíciles. “El gobierno nos dijo en las audiencias públicas previas al inicio de un nuevo proyecto petrolero que la decisión era suya, no nuestra”, añadió.

Aún no se fijó una fecha para que la Corte Interamericana se pronuncie sobre el caso U'wa. Sin embargo, Tegría confía en que obtengan una sentencia favorable que no sólo los beneficie a ellos, sino también a otros grupos y organizaciones indígenas: “Colombia tiene 115 comunidades indígenas y cada una tiene sus propios problemas. La sentencia puede sentar un precedente y demostrar a otras comunidades que pueden luchar por sus derechos”.

La sentencia del tribunal también podría sentar un precedente legal para los sistemas judiciales de toda América Latina. “Lo que diga la Corte [Interamericana] puede tener un gran impacto legal a nivel nacional”, dijo Wyatt Gjullin. “Pasa a formar parte de la legislación nacional de los Estados miembros. Puede reforzar los derechos de las comunidades indígenas de toda la región”.

Este artículo fue publicado originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

Una coalición de ONGs latinoamericanas expresó su preocupación por las violaciones de las normas medioambientales y sociales por parte de inversores chinos en la región, en un informe presentado en el marco de una revisión de la ONU sobre el historial de las actividades chinas en el extranjero.

El informe, presentado en febrero al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU por más de 50 organizaciones de la sociedad civil, analiza 14 proyectos liderados por empresas chinas o con financiación de bancos chinos, llevados a cabo en nueve países latinoamericanos en los sectores de infraestructuras, energía y extracción. El documento argumenta que los inversores chinos no han hecho suficientes esfuerzos para evitar impactos ambientales negativos en la región.

Si bien reconocen avances en la política pública de China para las actividades en el extranjero, las organizaciones pidieron por mayores compromisos con las normas medioambientales y sociales en los proyectos desarrollados en América Latina.

“Nuestro esfuerzo en la ONU es lograr que China atienda los impactos negativos de sus inversiones y entienda que esta es una preocupación legítima de las organizaciones de la sociedad civil de la región”, sostiene Marco Gandarillas, miembro de Latinoamérica Sustentable (LAS), una de las organizaciones promotoras del informe

Las obligaciones de China por sus proyectos de inversión en el extranjero han sido objeto de varios exámenes por parte de órganos de la ONU desde 2016. Estos incluyen el Exámen Periódico Universal (EPU) —el proceso del Consejo de Derechos Humanos tras el cual China reconoció los reclamos de ONGs latinoamericanas en 2019— y el del CDESC, encargado de evaluar si los Estados garantizan sus derechos económicos, sociales y culturales.

Como parte del proceso de revisión del CDESC, organizaciones de la sociedad civil fueron invitadas a enviar sus observaciones sobre las empresas chinas en América Latina, que luego la ONU incorporó al informe final con recomendaciones al gobierno chino, publicado el 3 de marzo, al que el gobierno chino ya ha dado una primera respuesta.

Proyectos chinos en América Latina en primer plano

El informe de las ONGs incluye proyectos mineros y petroleros, represas hidroeléctricas y ferrocarriles, entre otros, desarrollados por 11 empresas chinas y/o respaldados por bancos chinos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Todos los proyectos se encuentran en ecosistemas frágiles y generaron un daño ambiental significativo, sostienen.

Tal es el caso de los proyectos extractivos en Ecuador que se encuentran en la cuenca del Amazonas, por ejemplo. Solo el proyecto minero Mirado, explotado por Ecuacorriente, filial de las empresas estatales chinas Tongling y China Railway Construction Corporation, habría provocado impactos en al menos 16 ecosistemas diferentes. El análisis también destaca que cuatro proyectos, situados en México, Bolivia, Venezuela y Ecuador, se han llevado a cabo o está previsto que se lleven a cabo dentro de zonas protegidas.

“Las empresas eligen proyectos en zonas conflictivas y luego los problemas se arrastran a lo largo de todo el ciclo del proyecto, como con la represa Rucalhue en Chile”, dice Gandarillas. La Central Rucalhue es una propuesta de represa hidroeléctrica de 90 megavatios en el río Bío Bío, en el centro de Chile, un proyecto llevado adelante por la empresa China International Water & Electric Corporation desde 2018. Sería la cuarta hidroeléctrica que se instalaría en el río tras proyectos como las represas de Pangue y Ralco, ambas construidas por la empresa hispano-chilena Endesa, y que han generado controversias por la escasez de agua que sufre el país.

“Las comunidades dijeron muchas veces que no quieren más represas en esta región”, agrega Gandarillas.La contaminación del aire y del agua también caracterizan a la mayoría de los proyectos analizados en el informe. Tal es el caso de la central de fundición de minerales Buriticá en Colombia de la empresa Zijin Mining Group y la mina Mirador en Ecuador.

El informe denuncia que, en al menos 10 de los casos, los proyectos no tienen una licencia ambiental adecuada, con base en un estudio de impacto ambiental exhaustivo, y han generado conflictividad con las comunidades que habitan en la zona. Por ejemplo, en el proyecto minero Las Bambas en Perú de la empresa MMG, la mayor inversión extranjera realizada en el país hasta ahora.

Las comunidades dijeron muchas veces que no quieren más represas en esta región

“Hubo una relocalización forzada de las comunidades en la zona. Además, la empresa modificó el estudio de impacto ambiental y no realizó la consulta previa antes de iniciar el proyecto”, sostiene Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, que representa a más de 30 organizaciones sociales y ambientales en Perú.

El informe sostiene que algunos de los proyectos analizados han dado lugar a abusos de los derechos de los pueblos indígenas. Las ONGs afirman que las empresas realizan sus proyectos en territorios de comunidades que rechazan actividades extractivas por sus impactos ambientales y sociales. El impacto suele ser alto y de largo plazo, y en el informe se denuncia que las empresas no cumplen con progresos de debida diligencia.

El informe destaca el caso de la mina de cobre San Carlos-Panantza en Ecuador de la empresa Explorcobres, filial del consorcio CRCC-Tongling que también explota el proyecto Mirador. Este proyecto, en el sur de Ecuador, afectaría al 70% del territorio ancestral del pueblo indígena Shuar Arutam. Tras años de denuncias, las operaciones de la mina se paralizaron en 2020. En 2022, la Corte Constitucional del país dictaminóque se había violado el derecho de los pueblos al consentimiento libre, previo e informado y retiró la licencia medioambiental del proyecto.

Aunque estos proyectos han sido llevados a cabo por inversores chinos, los países anfitriones, los gobiernos y los socios locales también han contribuido a que fueran posibles al darles luz verde y establecer normas, explicaron a Diálogo Chino representantes de las organizaciones que elaboraron el informe.

Las recomendaciones

En el informe del CDESC sobre el proceso de revisión, que abarcó el desempeño general de China en una serie de cuestiones de derechos, se pedía específicamente al Estado chino que garantizara que sus empresas y bancos que operan en el extranjero —ya sea en América Latina o en cualquier otro lugar— “rindan cuentas por las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales”, con especial atención a los efectos sobre las comunidades indígenas.

El CDESC también le pidió al gobierno que las víctimas de abusos tengan acceso a mecanismos de denuncia eficaces y una reparación adecuada. Además, lo instó a tomar medidas para “garantizar la responsabilidad jurídica de las entidades empresariales y sus subsidiarias” en relación a las violaciones de derechos en sus actividades en el extranjero.

El mismo día en que el CESCR publicó su informe, el gobierno chino respondió con un documento en el que asegura que estudiará las observaciones a través de un grupo de trabajo. “China le da gran importancia a sus obligaciones bajo los instrumentos de derechos humanos y continuará siendo parte de un diálogo constructivo entre las partes”, se lee en el documento.

Durante los últimos años, China ha publicado planes para orientar el trabajo de sus empresas y financistas en el exterior. Ello representa un giro de un enfoque previo basado en el cumplimiento de marcos regulatorios nacionales a un compromiso con mejores prácticas y estándares internacionales, sostienen las ONGs de América Latina.

Por ejemplo, los Lineamientos de Desarrollo Verde para la Cooperación y la Inversión Extranjera, publicadas conjuntamente por los ministerios chinos de Medioambiente y de Comercio, promueven que los inversores chinos vayan más allá de “las reglas del país anfitrión” y que, si faltan regulaciones locales, los actores chinos (empresas o bancos) podrían adoptar los estándares chinos o mejores prácticas internacionales. Por otra parte, la Cámara de Comercio de Importadores y Exportadores de Metales, Minerales y Productos Químicos de China está elaborando un mecanismo de reclamación para los proyectos mineros chinos en el extranjero.

A pesar del avance en estos planes, el principal desafío sigue siendo la implementación de los mismos por parte de las instituciones financieras y las empresas, al igual que la supervisión por parte del gobierno, sostienen las organizaciones latinoamericanas. Para ello, piden un mayor diálogo con los actores chinos.

“Las embajadas chinas se podrían establecer como un canal formal de contacto y comunicación al cual las comunidades y organizaciones de la sociedad civil pueden acudir para alertar tempranamente de las problemáticas ambientales y sociales”, afirma Gandarillas.

“Hay sectores en China que van en la dirección correcta y la ONU es un espacio en el que China tiene que rendir cuentas y hacer compromisos para promover cambios graduales y viables que se podrían implementar en América Latina”.

FK/MG

Artículo publicado en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/ 

En Chile, la empresa estatal CODELCO, la mayor productora de cobre del mundo, anunció el año pasado el cierre de una planta de fundición, Ventanas, ubicada en una de las zonas más contaminadas del país: Quintero, en la región central de Valparaíso. La decisión se tomó luego de un nuevo episodio de contaminación del aire que afectó a cientos de personas y obligó a cerrar escuelas. El presidente Gabriel Boric dijo sentir “verguenza”.

El anuncio generó una reacción inmediata de los trabajadores de Ventanas, quienes convocaron a un paro por no haber sido consultados acerca del cierre, el cual aseguraron provocaría la pérdida de puestos de trabajo locales. Finalmente, luego de días de tensión, acordaron finalizar las protestas ante el compromiso del gobierno de medidas de apoyo para los trabajadores que pierdan sus empleos.

Lo ocurrido en Chile se repite en diferentes partes de América Latina. La transición hacia economías sostenibles y bajas en emisiones de gases de efecto invernadero está obligando a industrias contaminantes a transformarse. Pero la manera en la que se realice ese cambio es igual de importante que su velocidad, ya que sino se corre el riesgo de incrementar desigualdades, aseguran los expertos.

El concepto de transición justa es impulsado por sindicatos y organizaciones ambientales como una herramienta clave para garantizar que la transición hacia una economía baja en emisiones se produzca de forma justa para todos. Si bien existe hace décadas, el concepto cobró mayor fuerza en los últimos años ante los rápidos cambios que debe realizar la economía a partir de la crisis climática.

15 millones es la cantidad de empleos netos que podría generar la descarbonización de la economía de la región

“El concepto está entrando con fuerza”, sostiene Javiera Lecourt, coordinadora del proyecto Transición Justa en América Latina, quien analizó el significado del concepto en la región. “La transición no es el fin, es el cómo. Es cambiar culturas de trabajo y formas de desarrollo muy arraigadas. No va a pasar de un día para el otro. Hay gente que se desarrolló en actividades extractivas y no sabe hacer otra cosa”.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la transición justa significa “volver verde la economía de una manera que sea lo más justa e integradora posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás”. Aunque esto da una idea general, la definición varía entre países y sectores, cada uno incorporando su punto de vista.

Así, para la Confederación Sindical de las Américas (CSA), que reúne a 48 organizaciones de trabajadores en 21 países de la región, la transición justa significa cambiar el modelo de producción y consumo. “Tiene que haber una discusión de fondo de la que tienen que formar parte los trabajadores”, sostienen voceros de la organización. “La transición justa es una transición de modelo”.

El origen de la transición justa

Sindicatos de Estados Unidos introdujeron el concepto de transición justa en la década de 1980. Al principio, lo entendían solamente como un programa de apoyo a trabajadores que perdían su empleo por políticas de protección del ambiente. Pero con el tiempo pasó a significar algo mucho más amplio, una transición gradual hacia empleos y economías sostenibles con el objetivo de no dejar a nadie atrás.

A medida que aumentó la comprensión de la urgencia de la crisis climática, los sindicatos empezaron a vincular la transición justa específicamente a la acción contra el cambio climático. Fue así que empezaron a hacer campaña para incluir el concepto en los acuerdos internacionales de las Naciones Unidas, como con el Acuerdo de Paris del 2015, que busca limitar el calentamiento global.

Tuvieron algo de éxito. En su preámbulo, el acuerdo reconoce “los imperativos de una transición justa de la mano de obra y la creación de trabajo decente y empleos de calidad de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional”. Además, el concepto de transición justa está vinculado a 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de metas adoptadas a nivel global en 2015.

No hay una receta de transición justa. Cada lugar necesita de enfoques específicos

En ese mismo año, la OIT también estableció una serie de lineamientos para la transición justa luego de una negociación entre gobiernos, sindicatos y empresas. Allí, se establece que la transición deberá contar con un consenso social sólido, respetando los derechos del trabajo y adecuando las políticas a la realidad de cada país y su economía, entre varios lineamientos.

Pero las organizaciones sociales y ambientales también establecieron sus propios lineamientos. Por ejemplo, para el proyecto Transición Justa en América Latina, se debe fomentar la reconversión de empleos, planificar la diversificación de la matriz energética, compensar a los afectados por la transición e impulsar un diálogo transversal en toda la sociedad acerca de la transición.

“No hay una receta de transición justa. Hay varios espacios que generaron su listado de principios pero es un concepto que tiene que ser ajustado a condiciones locales. Cada lugar necesita de enfoques específicos para su transición justa”, afirma Catalina Gonda, coordinadora de política climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina.

Abandonar los combustibles fósiles

De todos los sectores económicos en transición, es el energético el que se encuentra atravesando el mayor cambio. La energía representa cerca de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de América Latina. El petróleo, gas y carbón son utilizados para la generación de electricidad, el transporte y las industrias, lo que trae un costo ambiental asociado.

La transición energética se refiere a gradualmente dejar de utilizar combustibles fósiles para la producción y consumo de energía y reemplazarlos por fuentes de energía renovable como la eólica y solar. Los expertos lo describen como un cambio enorme pero necesario para poder evitar una mayor suba de la temperatura a nivel global, que ya alcanzó 1.1 grados Celsius desde el comienzo de la Revolución Industrial.

Pero el cambio a las renovables no se puede dar de cualquier manera, coinciden organizaciones sociales y ambientales y sindicatos. Es por ello que piden por una “transición energética justa”. Esto significa no sólo lograr un sistema energético menos contaminante, sino también uno que sea más equitativo y democrático y tenga en cuenta los derechos de los trabajadores y las comunidades.

“El sector energético es uno de los principales responsables de los conflictos ambientales y de las violaciones de derechos de los pueblos y territorios”, sostienen desde Amigos de la Tierra y la Confederación Sindical de las Américas en un reporte de 2022. Para ello, piden que no se repitan los mismos errores con las energías renovables en su expansión en América Latina.

En México y en Brasil, el desarrollo de proyectos de energía eólica ha generado rechazo de las comunidades rurales en donde se instalaron los proyectos, que sostienen no haber sido consultadas previamente. En Ecuador, la demanda de madera balsa, el principal material para la construcción de las hélices de los molinos eólicos, ha aumentado la presión sobre los bosques en el Amazonas.

El empleo en la transición justa

Bien gestionadas, las transiciones hacia economías ambiental y socialmente sostenibles pueden impulsar la creación de puestos de trabajo, mejorar la calidad del empleo y reducir las desigualdades, sostiene la OIT. América Latina perdió 26 millones de empleos por la pandemia del Covid-19, agravado por problemas preexistentes como la informalidad laboral y la desigualdad.

La descarbonización de la economía de la región podría generar 15 millones de empleos netos, de acuerdo a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OIT. Si bien se perderían 7.5 millones de empleos, especialmente en el sector de los combustibles fósiles por el paso a renovables, se generarían 22.5 millones en energía solar y eólica, silvicultura y construcción, entre otros.

Muchos de los trabajadores que perderían sus empleos podrían hacer uso de sus habilidades en nuevas industrias, sostienen los autores del informe. Pero para ello las empresas y gobiernos deberán implementar mecanismos de reconversión laboral y desarrollo de competencias laborales para apoyar a los trabajadores en la transición, agregan.

Esto es especialmente importante para las ciudades y pueblos de América Latina cuyas economías dependen en gran parte de sectores económicos contaminantes como los combustibles fósiles, sostienen investigadores del Stockholm Environment Institute (SEI) en Colombia.

Se necesitarán de inversiones, asistencia técnica y un compromiso político que promueva la diversificación de la economía, sostienen.

En Argentina, la extracción de petróleo y gas en Vaca Muerta, la formación geológica del oeste de la provincia de Neuquén que alberga algunos de los mayores yacimientos de shale gas del mundo, ha generado una migración de miles de personas en búsqueda de empleo. La actividad económica de la provincia gira en torno a Vaca Muerta, tanto los empleos directos como los indirectos.

Jonatan Nuñez, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina, sostiene que la relación entre los empleos que se ganan y se pierden en la transición plantea problemas geográficos y sectoriales. “Las reconversiones de un sector al otro no son siempre posibles. Además, los lugares donde se crean y pierden empleos no son necesariamente los mismos”, dice. Para Nuñez, América Latina debe repensar su lugar en el mundo en la transición energética. La región posee destacadas reservas de minerales demandados en la transición, como el litio, utilizado para las baterías de los autos eléctricos. Pero si los minerales solo se extraen y exportan sin generar valor agregado, el potencial de crear nuevos empleos será muy limitado, agrega, en comparación a un escenario donde los minerales se utilizan en las industrias locales.

Un largo camino

El concepto de transición justa empieza gradualmente a aparecer en documentos de política pública de los gobiernos de América Latina, sostiene José Vega Araujo, investigador del SEI en Colombia. “Pero todavía falta mucho camino por recorrer. Cada país debe definir con claridad lo que entiende por transición e incorporarlo en paquetes de políticas concretas”, agrega.

Entre los 170 países de todo el mundo que ya actualizaron sus planes de acción ante el cambio climático a nivel global, 65 (38%) hacen referencia a la transición justa, de acuerdo a un análisis de Naciones Unidas publicado el año pasado. En América Latina, el listado incluye a Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Paraguay y Antigua y Barbuda.

En Chile, el gobierno de Gabriel Boric creó a fin del año pasado la Oficina de Transición Socioecológica Justa dentro del Ministerio de Ambiente. El objetivo es acercar a a las personas que habitan en comunidades con industrias contaminantes al sector privado y al Estado para así avanzar hacia una economía sostenible, sostuvo el ministerio en un comunicado. 

Para ello, se está trabajando en planes de transición para las llamadaszonas de sacrificio, ciudades o pueblos cuya calidad de vida y entorno ambiental han sido afectadas por la actividad industrial instalada. El término fue creado por la sociedad civil para hacer referencia a los impactos no solo de la industria del carbón, sino también del cobre, el cemento y los químicos, entre otros.

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro anunció en la cumbre climática COP27 el pasado noviembre un proceso de diálogo para construir una hoja de ruta para la transición energética justa. Se buscará sustituir las fuentes de energía fósil por renovables en base a un criterio de “equidad, gradualidad y participación social vinculante”, se sostiene en el documento presentado.El carbón es el mineral más importante para la economía de Colombia. Es el segundo producto de exportación y genera más de 130.000 empleos. El gobierno le ha asegurado al sector que los empleos no están en riesgo ya que la transición será gradual, y que los empleos por el turismo y la agricultura serán mayores que los del carbón. Para Petro, a Colombia le queda una década de exportación de fósiles.

Los sindicatos y los movimientos sociales y ecologistas de América Latina reconocen que la transición ya se está produciendo en la mayoría de los países de la región. Sin embargo, creen que aún hay tiempo para dar forma a cómo se está llevando a cabo, pidiendo a los gobiernos y a las industrias que inicien un diálogo para encontrar puntos en común sobre el mejor camino a seguir de la forma más inclusiva posible.

“Limpiar las industrias contaminantes en pos de una transición energética no tiene por qué significar crear nuevas desigualdades o profundizar las ya existentes”, afirma Gonda. “Todo el mundo necesita sentarse a la mesa para debatir qué significa una transición justa, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada sector: desde las comunidades a las industrias, pasando por los gobiernos”.

Artículo publicado en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/ 

Los países del grupo de economías emergentes BRICS celebrarán esta semana su cumbre anual ante un escenario global tenso por la guerra en Ucrania. El evento reunirá a los líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica de modo virtual por la pandemia, pero también tendrá a Argentina como invitado, que ya expresó su deseo de sumarse al grupo. 

La cumbre anual del bloque tiene como eje “fomentar una asociación BRICS de alta calidad y marcar el comienzo de una nueva era para el desarrollo global”. La salud pública y la cooperación en vacunas son las áreas priorizadas por China, el presidente del bloque. Sin embargo, la guerra en Ucrania, que ha provocado intentos del Norte Global de aislar a Rusia, no figura en la agenda.

China solicitó formalmente a los otros miembros de BRICS considerar la posibilidad de expandir el grupo pero sin nombrar candidatos específicos. La propuesta fue aceptada, de acuerdo a un comunicado conjunto de todo el bloque, en el que los países no establecen plazos y piden revisar los procedimientos necesarios antes de avanzar. 

En la cumbre de cancilleres de BRICS celebrada en mayo, el presidente de Argentina Alberto Fernández envío una carta en la que resaltó al grupo como “alternativa de cooperación frente a un orden mundial que viene funcionando para el beneficio de unos pocos” y resaltó que los intereses de Argentina se alínean con los del bloque. 

La adhesión de Argentina sería la segunda vez que el bloque agrega a un nuevo miembro desde que Sudáfrica se unió en 2010, después de la cumbre celebrada en Rusia. Otros países como Indonesia también han sido mencionados como posibles nuevos miembros, lo que ampliaría todavía más este grupo de potencias emergentes del Sur Global.

“Argentina ve su futuro no en la Vieja Europa o en el Atlántico Norte, sino en el Nuevo Sur, encarnado en los BRICS, y cuyo núcleo está en Asia-Pacífico”, sostuvo Jorge Heine, investigador de Boston University, en una columna para el Global Times de China. 

La posible expansión de BRICS

El interés de Argentina no es nuevo. Desde 2015, primero con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego con el ex presidente Mauricio Macri, el gobierno resaltó su deseo de formar parte del grupo de los BRICS. Sin bien no se avanzó más allá de declaraciones, especialistas coinciden en que el escenario actual es distinto.

Esteban Actis, investigador de la Universidad de Rosario, sostuvo que ante la invasión de Rusia en Ucrania es probable que se produzca una fragmentación de la gobernanza, con un menor peso de espacios como el G20. Ante ello aparece el deseo de China de ampliar BRICS para darle más robustez al bloque y sumar nuevos países emergentes. 

“Siempre fui bastante escéptico sobre la posibilidad de que Argentina se sume pero los cambios en el escenario internacional pueden posibilitar  de que eso suceda y de que haya una ampliación”, agregó. “A ello se suma el apoyo de Brasil y del gobierno de Bolsonaro, anteriormente reticentes a expandir el bloque”.

Fuentes diplomáticas sostuvieron a la agencia estatal de noticias Télam que el proceso de adhesión será “largo”, pero que el gobierno ya había recibido comunicaciones no oficiales de compromisos de Brasil, China e India. Sumar un nuevo país a los BRICS requiere el consenso pleno de todos los miembros, lo que lo vuelve más complejo.

BRICS se formó en 2009 como un foro de cooperación económica y comercial entre los las principales economías emergentes del mundo en ese momento, con el objetivo de ser un contrapeso a las organizaciones financieras y comerciales internacionales encabezadas por los países occidentales, especialmente Estados Unidos.

El bloque se posicionó en ese entonces como una fuerza poderosa en la economía global, con el potencial de cambiar significativamente el orden mundial actual. Sin embargo, el escepticismo hacia el progreso del bloque es generalizado, incluso con sus más entusiastas partidarios cuestionando la falta de avances en políticas sustantivas. 

Para Julieta Zelicovich, doctora en relaciones internacionales, la heterogeneidad del bloque vuelve dificultosa su ampliación. Si bien China y Brasil pueden estar de acuerdo en sumar a Argentina por sus intereses con el país, ese no sería necesariamente el caso de Sudáfrica, India o Rusia, sin incentivos claros para ampliar el bloque, agregó Zelicovich.

En búsqueda de financiamiento

Una posibilidad quizás más sencilla para Argentina sería sumarse al banco de los BRICS, el llamado Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, por sus siglas en inglés). La adhesión se puede dar sin necesariamente ser un miembro de BRICS, tal como es el caso de Uruguay, Emiratos Árabes Unidos y Bangladesh, los más recientes en sumarse al NDB. 

“El NDB sería un espacio interesante para Argentina y coincide con la idea del gobierno de participar en organismos financieros alternativos”, sostuvo Zelicovich. 

Argentina se encuentra atravesado por una crisis económica y de deuda soberana, con escasas reservas monetarias en su Banco Central y un limitado acceso a fuentes de financiamiento. Ello ha frenado la expansión de sus parques de energía solar y eólica, necesarios para una transición energética, entre otros proyectos. 

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, sostuvo que promoverá a Argentina como candidato para sumarse al NDB, luego de una reunión en abril con su par argentino Martín Guzmán. Para Guedes, la adhesión de Argentina permitiría una mayor integración entre las dos economías, especialmente en energía y agricultura.

Desde su creación en 2014, el NDB ha aprobado cerca de 80 proyectos en todos sus países miembros, por un total de US$30 mil millones. Los proyectos en áreas como transporte, agua y saneamiento, energía limpia, infraestructura digital, infraestructura social y desarrollo urbano están dentro del alcance del banco.

Federico Vaccarezza, profesor de Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Austral, sostuvo que la adhesión al NDB significaría una nueva vía de financiamiento para Argentina, especialmente en infraestructura energética. “Ante un escenario de falta de dólares en el país, el NDB representa una oportunidad”, agregó. 

Así como la posible membresía del NDB, Argentina se incorporó en 2020 al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII, por sus siglas en inglés), un banco de desarrollo creado en 2015 por iniciativa de China. 

Uno de los objetivos originales del AIIB era apoyar la construcción de infraestructura en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China (BRI, por sus siglas en inglés), a la que Argentina se unió formalmente este año cuando Fernández visitó Beijing. 

Artículo publicado en Diálogo Chino 

FK

El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Se usa como insumo en la refinación de petróleo, la producción de amoníaco y metanol, y la fabricación de acero, con una demanda de 70 millones de toneladas por año. Pero es casi en su totalidad generado a partir de combustibles fósiles, liberando emisiones contaminantes. 

Sin embargo, existe una alternativa. El hidrógeno verde o renovable es la gran apuesta de muchos países para aprovechar el potencial de las energías renovables, y al mismo tiempo generar un combustible limpio, que permita reemplazar a los millones de autos y camiones que hoy funcionan a nafta y gasoil.

El hidrógeno verde se obtiene a partir de la electrólisis del agua, un proceso que utiliza la electricidad para separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua. Es por eso que si la energía utilizada se obtiene de fuentes renovables no se generarán emisiones contaminantes, que agravan el cambio climático. 

Se estima que, para 2030, Europa, los Estados Unidos, China, Japón y Corea van a contar con 2,7 millones de autos particulares eléctricos a hidrógeno, que demandarán un consumo de 710.000 toneladas anuales de hidrógeno. El 40% de esa demanda sería producida por esos países, en tanto que al 60% restante tendrían que importarlo. 

Es acá donde entra América Latina. La región tiene la producción de electricidad más limpia del mundo, y un enorme potencial de mantener esta posición gracias a su enorme potencial solar y eólico. Es por eso que muchos países desde Chile a Costa Rica ya están dando los primeros pasos para producir y exportar hidrógeno verde en el futuro cercano. 

Esto permitiría a la región no solo acelerar su propia transición energética, sino también generar divisas para la economía, severamente afectada por la pandemia de Covid-19. Además, se podrían aprovechar los picos de alta generación de electricidad de las fuentes renovables al usar el excedente para producir hidrógeno. 

“América Latina cuenta con algunos de los recursos de energía renovable más abundantes y competitivos del mundo, incluyendo hidroeléctrica, solar y eólica. Los elementos que hacen de la región un líder mundial en energías renovables pueden facilitar un ascenso similar para la producción de hidrógeno limpio en esta década”, sostiene Cecilia Aguillon, directora de la Energy Transition Initiative del Instituto de las Américas. 

El proyecto de Chile

Chile cuenta con una estrategia nacional para el hidrógeno verde que apunta a convertir al país en un productor y exportador de clase mundial en menos de 20 años. El Gobierno proporcionará financiamiento, actualizará las regulaciones, estimulará la inversión y el desarrollo, y alentará a los actores públicos y privados a integrar el hidrógeno verde.

El plan del presidente Sebastián Piñera tiene tres objetivos principales: producir el hidrógeno verde más barato del planeta para 2030, estar entre los tres principales exportadores para 2040 y contar con 5GW de capacidad de electrólisis en desarrollo al 2025. El primer paso será una ronda de financiamiento de US$50 millones.

“El hidrógeno verde puede representar para Chile una industria tan importante como lo es el cobre actualmente”, afirma Juan Carlos Jobet, ministro de Energía de dicho país. “Tenemos tremendas ventajas competitivas para ser líderes mundiales en producción y exportación de hidrógeno verde gracias a nuestras energías renovables.” 

Según la estrategia, Chile podría producir hasta 160 megatones anuales de hidrógeno verde. En sus planes de crecimiento, el Gobierno prevé que la industria local comenzaría con un mercado de US$1000 millones para aplicaciones locales en 2025 y crecería 15% al año hasta US$9000 millones en 2050, más US$24.000 millones en exportaciones

El desarrollo de la tecnología vendría en tres etapas. Primero, enfocado en el consumo interno a través de la demanda existente, por ejemplo, de refinerías. Luego, se promovería el uso del hidrógeno en el sector transporte a nivel local. Finalmente, llegaría el despliegue a gran escala de infraestructura de exportación. 

Chile pasó de tener un 3% de capacidad instalada de energía renovable no convencional en 2014 a tener actualmente un 25%, aprovechando la radiación solar en el norte del país y los fuertes vientos de la Patagonia. Esto significa que ya ha cumplido su objetivo de tener el 20% de las energías renovables para 2025.

El año pasado anunció su compromiso de ser neutral en cuanto a emisiones de carbono para 2050 y prometió eliminar progresivamente todas las centrales eléctricas de carbón para 2040. Para ello espera expandir todavía más la energía solar y eólica, alineado con la estrategia de producir hidrógeno verde. 

“Tenemos 70 veces más capacidad de generación de energía renovable que la que consumimos actualmente, por lo que tenemos que encontrar formas de aprovechar ese potencial, no sólo para mejorar nuestra calidad de vida, sino también para exportarlo al mundo y para generar ingresos”, advierte Jobet. 

El rol de Argentina y Uruguay

Uruguay también planea incentivar en los próximos años el desarrollo de la producción de hidrógeno verde con el objetivo de exportarlo. El país es líder en energías renovables en América Latina, con una matriz basada en un 98% en fuentes limpias gracias a décadas de políticas gubernamentales en esa dirección.

Para el desarrollo de la industria, el gobierno de Luis Lacalle Pou planea incentivar la llegada de empresas privadas extranjeras que inviertan en producción a cambio de la firma de contratos de provisión con el Estado. El primer paso será construir una planta piloto en Montevideo, capital del país, con capacidad para producir 900 kilos de hidrógeno por día. 

El proyecto Verne, como se lo conoce internamente, requerirá de una inversión estimada de US$20 millones durante el año que llevarán los trabajos. Para esto, la petrolera nacional Ancap convocará a una licitación para adjudicar un contrato de construcción, operación y mantenimiento.

“Vemos con buenas perspectivas la posibilidad de exportar hidrógeno a empresas que están necesitando descarbonizar su matriz. Uruguay puede tener hidrógeno generado a partir de esta electricidad certificada verde y eso tiene valor para países centrales que están buscando descarbonizarse”, sostiene Omar Paganin, ministro de Energía nacional. 

A pesar de sólo contar con un 8% de energías renovables, la Argentina también tiene un potencial de energía solar y eólica destacado que le permitiría proyectar la producción del hidrógeno verde. Sin embargo, todavía no se han desarrollado políticas públicas que impulsen su desarrollo. 

El país cuenta con una Ley de Promoción del Hidrógeno, sancionada en 2006 pero todavía no reglamentada. La norma establece la creación del Fondo Nacional de Fomento del Hidrógeno (Fonhidro), el cual sería financiado por el Estado, y los proyectos de hidrógeno contarían con numerosos beneficios impositivos. 

Ahora bien, la ley corre riesgo de caducar a fin de 2021 de no ser reglamentada. Es por eso que el diputado por la Unión Cívica Radical Gustavo Menna presentó, en 2019, un proyecto de ley para postergar su fecha de vencimiento por 20 años y actualizar el texto, poniendo el foco en la producción de hidrógeno verde.

“El Poder Ejecutivo no la ha puesto en marcha ni le dio presupuesto. Hay una clase dirigente que no tiene una mirada estratégica y que pierde el tiempo con cuestiones menores. Hemos perdido como país la mirada de mediano y largo plazo”, detalla Menna, quien aguarda el tratamiento en comisión del proyecto. 

Según el diputado, la actual capacidad de generación eléctrica verde que tiene la Argentina es suficiente para poder impulsar la industria local del hidrógeno en una primera etapa, focalizada en el transporte público. Pero, advierte que sería necesario mejorar la infraestructura para su distribución por el país. 

Empresas locales han dado los primeros pasos para movilizar a la industria. Y-TEC, empresa de investigaciones tecnológicas de YPF, lanzó el consorcio H2AR junto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet). El mismo trabajará en los próximos dos años en el estudio de escenarios para la producción, transporte y exportación de hidrógeno. 

“El objetivo inicial será consolidar una visión común y delinear hojas de ruta en distintos campos de aplicación, que permitan identificar desafíos, impulsar iniciativas piloto conjuntas y conformar un entorno normativo y de negocios”, explica el gerente General de Y-TEC, Santiago Sacerdote. 

Planes piloto en América Latina

Paraguay también se ha unido al grupo de interesados en el hidrógeno al prometer una hoja de ruta con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La estrategia determinará el uso del combustible para el transporte de carga y pasajeros de larga distancia, planificando una primera planta piloto de hidrógeno.

En Colombia, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, sostuvo en noviembre que el Gobierno también está trabajando en una hoja de ruta para incentivar el hidrógeno verde. A partir de allí se avanzará en un marco regulatorio para incentivar la investigación en la temática e inversiones privadas, detalló. 

“El hidrógeno verde juega una perspectiva preponderante a nivel global. Promueve seguridad energética, sostenibilidad y equidad, al tiempo que se enmarca en los cuatro ejes de la transición energética: descarbonización, descentralización, digitalización y demanda”, señala José Antonio Vargas, director de la empresa energética ENEL en Colombia. 

Costa Rica dio sus primeros pasos en 2011, cuando la empresa Ad Astra Rocket y la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo crearon un centro experimental de hidrógeno. El país presentó en 2019 su estrategia de descarbonización a largo plazo, en el que propone desarrollar el hidrógeno verde para ser carbono neutral en 2050. 

La Alianza Costarricense de Hidrógeno, un grupo de compañías en su mayoría privadas que representan a todos los actores presentes en la cadena de valor del hidrógeno verde (energía renovable, infraestructura de hidrógeno, distribuidores de gas, compañías de vehículos, etc.), lideran el impulso para su desarrollo.

“América Latina se beneficia de amplios recursos de energía renovable y agua, ambos ingredientes clave en la producción de hidrógeno verde. Si podemos aprovechar este potencial, podría dirigir a la región hacia la independencia energética”, concluye José Antonio Castro Nieto, científico jefe de Ad Astra Rocket en Costa Rica. 

Esta publicación es parte de un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América latina. Licencia Creative Commons.