Nuevamente preocupa la inflación luego de que se conociera el dato de enero. El Ministerio de Economía insiste con la idea de que la política macroeconómica debería conducir a una desaceleración de la tasa de inflación. Las razones principalmente se encuentran en una expansión menor de la cantidad de dinero para financiar al Tesoro, algo que podría ser auspicioso pero no en un contexto donde el público rechaza al peso para tenencia. La caída de la demanda de dinero genera un exceso de liquidez igual al de la emisión por señoreaje, agravado actualmente por la emisión endógena que provocan los pasivos remunerados del BCRA.

Por otro lado, la política fiscal si bien está haciendo su proceso de ajuste, tampoco es una reducción del déficit sustancial que pueda provocar una reducción de precios por merma de la demanda agregada. Nuevamente, la huida del peso genera un efecto de compensación de esa demanda.

Básicamente el país está en un proceso de inflación inercial, el solapamiento de contratos que se actualizan constantemente le dan un impulso propio a la suba de precios y eso genera expectativas hacia delante que provoca que se mantenga ese comportamiento. Es complejo salir de este tipo de inflación porque requieren un cambio de régimen, pero qué asegura que una nueva política económica implique un “cambio de régimen” es una pregunta que deberían empezar a realizarse quienes deseen gobernar este y los próximos años.

El diagnóstico de la oposición muchas veces esgrimido es que el fracaso de la gestión económica residió en el gradualismo, lo que implica que bajo esa premisa que en una nueva gestión alcanzará con una política de shock. Cerrar el bache fiscal y el financiamiento monetario es más una condición necesaria que suficiente en estos contextos e incluso el tiempo en que se realiza esa corrección es una cuestión de segundo orden mientras exista, lógicamente, financiamiento, pero principalmente una visión del lugar a donde converge la economía a mediano plazo. El ejemplo actual grafica bastante esa situación; una corrección fiscal en 2022 y 2023 que no tiene efecto en la nominalidad debido a que no se asume, ni se lo pone en palabras, al ajuste fiscal y monetario, sino que incluso se esconde en el discurso.

De ahí que la perspectiva del rumbo a mediano y largo plazo que trace la próxima gestión será más importante que la velocidad del ajuste en sí mismo. Esto no quiere decir que no haya que hacer el trabajo necesario para cerrar el déficit fiscal, sino que implica no poner el carro delante del caballo. Cerrar el agujero fiscal per se como si fuera un objetivo en sí mismo no dará resultados, no será suficiente.

Posiblemente para guiar el proceso de desinflación posiblemente haya que recurrir a reglas vinculantes tales como un ritmo de depreciación determinado del peso, una dinámica nominal muy pautada del ritmo de variación del gasto público, una política monetaria consistente, entre otras. En resumen, una concatenación de elementos de política monetaria, fiscal y cambiaria coordinadas y consistentes internamente entre ellas. Incluso, la política distributiva en un país como el nuestro se vuelve una tarea conjunta del BCRA y el Ministerio de Economía.

La dificultad de prometer inflación del 60% anual es que genera comportamientos inconsistentes, no hay una pauta creíble y el resultado puede ser peor que el que existiría en un escenario donde la pauta fuera más realista

Por lo pronto, para el 2023 no se puede esperar a tener grandes resultados en el corto plazo. El Gobierno se ilusiona con una inflación que ronde el 60% cuando en realidad se observa un piso de 90% para este año, en caso de que no existan situaciones de estrés financiero, algo de lo que no estamos exentos.

La dificultad de prometer inflación del 60% anual es que genera comportamientos inconsistentes, no hay una pauta creíble y el resultado puede ser peor que el que existiría en un escenario donde la pauta fuera más realista. Esto sucede debido a que cuando no existe una señal clara, el comportamiento es el sálvese quien pueda, y el que puede se protege de la inflación futura aumentando los precios y los salarios corren atrás de esa dinámica aumentando los costos y dándole más inercia al proceso.

En el cortísimo plazo no vemos chances de que la inflación mensual comience con 3%. Febrero posiblemente encuentre un piso más que un techo en el 6%. Para el mes de marzo el aumento de precios regulados nuevamente mantendrá un guarismo elevado para el registro mensual de aumento de precios.

Los esfuerzos por controlar precios o firmar acuerdos de aumentos de precios bajo una pauta no suplen al rol de coordinación que tiene que efectuar la política económica desde el discurso. Es decir, no es una cuestión de control, sino de coordinación. Algo en lo que falló sistemáticamente el actual gobierno.

El país ha retornado a los niveles de actividad pre Covid. Sin embargo, muchas características son diferentes a las condiciones iniciales de aquel 20 de marzo. Algunas negativas, como mayor informalidad y una asignación poco eficiente de recursos, principalmente trabajo aplicado a sectores poco productivos. Los indicadores socioeconómicos constituyen otra materia pendiente en la recomposición. Pero no todo es negativo, en términos macroeconómicos el país ha logrado el superávit comercial y de cuenta corriente.

Con reservas en niveles mínimos, la economía funcionará gracias al flujo. Los nuevos precios (la soja cotiza US$600 por tonelada en Chicago), aportarán alrededor de US$1.500 millones a las exportaciones respecto a lo proyectado originalmente. Eso representa unos 2 puntos de las importaciones domésticas. Dada la histórica elasticidad ingreso-importaciones, esto le da un aire a que la recuperación de la actividad no se vea estrangulada solo por la falta de divisas que surgen del balance comercial. En términos concretos, esos dólares alcanzan para que la economía se expanda un 3,5% (0,8 puntos porcentuales por encima del nivel del último trimestre 2021).

La razón de un alivio tan magro pese a la super soja de 600 dólares se debe a que las cantidades exportadas están afectadas por la corriente La Niña, que deprimió el volumen exportado del complejo sojero en 13% en volumen. Y eso todavía queda a la espera de ver qué sucede con las lluvias en las próximas semanas. 

Puede aparecer una pregunta sobre este punto: ¿por qué es necesario acumular US$5.000 millones de reservas, como exige el FMI? ¿No es mejor destinarlo a importar? Los bancos centrales tienen reservas para atenuar fluctuaciones por ataques especulativos que puedan ser transitorios. En este caso, ya con las restricciones a la cuenta financiera no tiene sentido hacer ese colchón. 

Sin embargo, es necesario por varios motivos. En primer lugar, para ir construyendo una posición de fortaleza del Banco Central que le permita ir retirando gradualmente estas restricciones que impiden la inversión extranjera directa y afectan distorsionando el resultado comercial. En segundo lugar, porque la liquidez es necesaria cuando los mercados están incompletos o fallan. En Argentina no hay mercados de seguros adecuados, mercados de crédito, etc. Por ejemplo, si no hay disposición a refinanciar el flujo de vencimientos del Tesoro es bueno tener stock para afrontar pagos y disipar dudas de voluntad y capacidad de hacer frente a las obligaciones. 

Lo que hay que notar es que el país muestra una debilidad al estar aún dependiendo de condiciones externas tan cambiantes. El clima es un factor que sigue siendo decisivo para determinar el valor de las exportaciones, algo que acentuará su volatilidad en los años venideros de la mano del cambio climático. La liquidez internacional es otro factor que está fuera de nuestro control, un aumento de las tasas en Estados Unidos nos puede afectar negativamente dada la correlación negativa con el precio de las materias primas. Sobre este punto también es esperable mayor volatilidad. Así se pueden citar otros ejemplos, como la demanda relativa mundial esperada. 

Así lo que hoy se festeja como una buena noticia que es el precio de la soja en niveles elevados no es más que una muestra de la fragilidad de la economía. La estructura productiva poco diversificada, una deuda histórica que el país no puede solucionar y un debate que aún no logra calar en la discusión con la suficiente fuerza. La transición demográfica de algunos países de Oriente y África parece que sostendrán la demanda de alimentos en el largo plazo, pero la volatilidad de los precios y las cantidades de estos productos es alta. 

La productividad del sector puede ser tan o más elevada que la del sector servicios e incluso algunas industrias. Así, una primarización de la economía con una buena inserción no es del todo negativa, pero viene con una cuota de inestabilidad importante sobre políticas domésticas ya bastante erráticas con el ciclo político local. ¿Es necesario industrializar al país? La mayoría de los países desarrollados pasaron por un período de industrialización pero actualmente son productores de servicios de alto valor agregado. Quizás el país se pueda saltear esa etapa. 

Por lo pronto, mientras el mercado siga mostrando precios elevados para los productos agropecuarios no se hará la transición a una economía más compleja. Queda ahí la discusión acerca de si es necesario el rol del Estado. Aunque si bien no sea para elegir otros sectores e impulsarlos, entonces para mitigar los efectos sobre la volatilidad macro del precio y cantidades exportables de bienes primarios. 

Las dificultades al final se terminan encontrando en instituciones básicas de funcionamiento: los mercados incompletos (seguros para el agro, seguros de cambio, etcétera), los mercados que fallan (deuda, crédito) y la falta de consistencia política. Exigir un fondo anticíclico suena raro en un país de tan pocos acuerdos y donde nunca cierran las cuentas públicas. Temas que se pueden solucionar, pero requieren de una disciplina y organización completamente distinta a la que la política y las políticas de las últimas décadas han logrado desarrollar, por lo menos, en estos últimos 10 años.

DT

Nuevamente el mes de noviembre registró una inflación por encima del 3%. Dos meses de discusión sobre los precios para tan malos resultados no parece haber sido un gran acierto. A pesar del congelamiento de alimentos, de un tipo de cambio que se sigue retrasando, tarifas y combustibles congelados y una actividad poco dinámica, la inflación no cede a un ritmo inferior al 40% anual. 

Lo mejor a lo que puede aspirar el Gobierno, luego de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es a encontrar una nominalidad más alta en torno al 4% o 5% mensual, una vez que las anclas mencionadas se dejen de utilizar como política antiinflacionaria. El problema con esta estrategia es que situaría a la inflación en un rango de entre 60% y 80% para 2022. Ese nivel de inflación, en un escalón más alto del actual, reabre el conflicto distributivo y pone un cepo al crecimiento.

Así, es de esperar que el próximo año nuevamente los salarios pierdan contra el aumento de los precios y el Estado termine haciendo el ajuste del gasto licuando los ingresos de la seguridad social. Esto redunda en una política fiscal altamente regresiva que se podría haber suavizado e, incluso, evitado si se hubiera comunicado la situación debidamente a la sociedad y se hubiera ejecutado un programa donde todos los actores avanzaran en la misma dirección. Sin embargo, el camino por el cual se optó fue otro. El ministro Martín Guzmán insiste en la necesidad de coordinar expectativas, pero es el primero en desalinear las mismas, planteando metas de inflación incumplibles y, rompiendo así, los contratos.

Con este nivel de inflación pensar que la economía puede crecer por encima del arrastre estadístico es muy ambicioso. En especial, con tasas de interés reales negativas y una inflación cuyo nivel ya se encuentra alto y posiblemente se intensifique, lo cual posiblemente redunde en un menor ahorro interno y, por tanto, menores posibilidades de reemplazar la capacidad instalada. Asimismo, en un escenario donde los precios superan al aumento de los salarios, pero los productores son conscientes de que ello no responde a una mayor riqueza, sino que es producto de una descoordinación de precios a raíz de una mala política monetaria, el resultado en el nivel de empleo sería nulo.

Por otro lado, los problemas de brecha cambiaria se acentúan en la medida que el tipo de cambio oficial sigue atrasándose y el Banco Central pierde reservas. Esto deriva en un desequilibrio de las cuentas externas que parecería intentar resolverse cerrando el ingreso de importaciones, lo cual siembra las dudas de cómo se hará la economía de los insumos necesarios para traccionar la recuperación tan auspiciada por el gabinete económico.

En Argentina, con este nivel de inflación e incertidumbre, tanto económica como política, resulta dificultoso iniciar o expandir actividades productivas, en especial con la falta de solidez de nuestra instituciones, entendidas como las reglas de juego bajo las cuales se desenvuelven los contratos entre distintos sectores. 

Esto es lo que implica un acuerdo con el FMI. De ninguna forma asegura crecimiento, por lo que las expectativas en torno a este lucen algo sobreestimadas. Una vez realizados los desembolsos, el organismo busca recuperar el dinero prestado. Por lo tanto, su atención está puesta en los números fiscales de la administración argentina, de modo que esta cuente con el superávit para pagar. Cómo se llegue a ese resultado será una decisión política de la cual el FMI no forma parte. En este sentido, lograr ese ajuste fiscal significará tomar medidas que probablemente tengan efectos recesivos sobre la economía. Por supuesto, los costos reales podrían ser minimizados en caso de que el Gobierno comunicara esto al conjunto de la sociedad civil, de modo de confluir en un consenso que permita encaminar la situación. Sin embargo, el modus operandi continúa siendo la discrecionalidad acompañada de un relato para su electorado que ni siquiera sirvió de retórica para ganar las elecciones.

Resaltadas estas cuestiones, el cierre de un acuerdo no significa sostenibilidad del mismo. El descuido de las cuentas fiscales durante los últimos dos años supone un precio más elevado que pagar en 2022, lo cual vulnera la continuidad del programa, en especial de cara a los comicios de 2023 y un oficialismo debilitado luego de las elecciones de noviembre. Oficialismo que, incluso, se puede ver fragmentado ante la desilusión de los resultados económicos; carta que no dejará de utilizar Cristina Fernández, quien ya destacó que un acuerdo con el FMI puede significar un cepo para la inclusión. ¿En el 2023 el peronismo propondrá más o menos ajuste? ¿Y la oposición qué postura tomará?

Así se empieza a mostrar la constante de que el Gobierno demora mucho en cerrar acuerdos cuya duración luego será escueta, lo cual es síntoma de una gestión que tiene dificultades para gobernar, porque en lugar de tener un diagnóstico de los problemas del país, se ha posicionado sólo como un dispositivo electoral.

GL/MD

Por estas fechas, 10 años atrás, el Congreso difundió el dato de inflación de junio: 1,5%. Al mismo tiempo caían multas a las consultoras por difundir guarismos similares. Claro, era el doble que la inflación oficial (0,8%). En estos días se espera con “optimismo” o cierto entusiasmo un número más cerca del 3% que del 4% para la inflación de junio 2021. La inflación es como esas enfermedades silenciosas con las que parece que se puede convivir. 

En aquel momento no se hacía nada serio para frenar a la inflación más que poner controles de precios y empezar a retrasar el tipo de cambio. Hoy, 10 años después, otra vez se apela a controles de precios y retraso en el tipo de cambio. Aún así, seguimos esperanzados con que la inflación del año siguiente pueda ser más baja que la actual. ¿Las razones? Difíciles de encontrar, quizás porque cada año la inflación se justifica por algún fenómeno transitorio: la depreciación del peso, las tarifas, el precio internacional de los alimentos, etcétera. Siempre habrá alguna explicación, lo que sigue sin aparecer es realmente una política anti inflacionaria. 

Este año la inflación va a cerrar en el doble que en 2011 y se sigue sin consensuar una política desinflacionaria. Así como duplicamos la inflación en 10 años es esperable que la reduzcamos a en un plazo similar, pero si aparece la vocación de hacerlo. 

En el corto plazo la inflación se puede manifestar como un promedio de la variación del salario, las tarifas y el tipo de cambio. Pero tomemos el mes de junio: salarios reales por el piso, tarifas congeladas y un dólar que se mueve a la mitad que el resto de los precios. Es el mejor escenario y bajo ese contexto es esperable que la inflación mensual alcance un 3%, lo que marca en parte la inercia con la que habrá que convivir, una línea de base sobre la cual ya no se puede actuar con paliativos. 

Hacia delante se puede esperar una recuperación forzosa del salario para generar un no tan mal clima pre electoral. La política cambiaria deberá profundizar su retraso y las tarifas deberán permanecer congeladas para compensar el efecto inflacionario de corto plazo que pueda dar la suba salarial. Nuevamente se empiezan a desalinear tarifas y tipo de cambio, el resultado es más inflación en los años venideros.

Hace 10 años el problema de la inflación estaba al tope de las preocupaciones, hoy sigue siendo una de las principales preocupaciones en las encuestas. Es curioso, pero existe cierta desconexión entre la política económica y las demandas de la sociedad. 

El aumento de los salarios respecto a los precios sucederá solo en el segundo semestre durará algunos meses y luego nuevamente habrá que navegar en una inflación más elevada porque, insistimos, no hay política anti inflacionaria. El capricho de “aumentar” el salario real a toda costa redunda en mayores niveles de inflación a futuro por dos vías: aumento no justificado de salarios y mayor atraso tarifario y cambiario a corregir a futuro.

No es que no sea deseable un aumento de los ingresos laborales y de las prestaciones sociales, es la forma. No se puede realizar por decreto y en forma desorganizada, debe ser el fruto de una mayor actividad que impulse un mercado de trabajo más dinámico. En este punto siempre la discusión se vuelve confusa, porque la justificación está en que la mejora de los ingresos salariales y de las jubilaciones impulsan al consumo y a la producción. 

Sucede que en una sociedad con tanta memoria inflacionaria, de ahí la relevancia de marcar que este fenómeno lleva más de una década, la ilusión de poder presionar sobre la demanda sin que ello se traslade a precios es ingenua. No lo es porque los grandes especuladores se quieren quedar con los ingresos de los trabajadores, lo es porque todos los actores tienen una conducta a intentar protegerse de una suba generalizada de precios. Sucede tanto con una cadena de supermercado como con un cuentapropista que tiene que realizar un presupuesto. 

Ese comportamiento se vuelve cada vez más racional a medida que la inflación se extiende en el tiempo, que no se cumplen las pautas inflacionarias y que no existe un compromiso con la reducción de la inflación a futuro. Es poco probable pensar en un 2022 con una inflación inferior a la de este año si se insiste sólo en echar culpas de este fenómeno complejo a los fijadores de precios. 

La inflación lentamente nos está condenando a problemas de anemia en el crecimiento, mala asignación de esfuerzos por parte del gabinete económico y problemas distributivos incluso dentro del universo de asalariados. ¿Hasta cuándo habrá que esperar para realmente poner la resolución de este problema como un consenso de la política? 

El 42% de las personas están en situación de pobreza y más del 10% están en situación de indigencia. En cualquier lugar del mundo diríamos que la economía tocó fondo. Sin embargo, estamos en Argentina y aún muchos se preguntan: “¿Cuándo explota esto?” La explosión de la economía se asocia al fin de un modelo que, por lo general, da surgimiento a otro distinto. El proceso es acompasado por un cambio político y organizacional: la sociedad permite esa reorganización. La degradación del país es peor, no tiene color político: ningún partido en el poder pudo resolver problemas, ni estructurales ni coyunturales. Quizás la opción sea entender que estos grandes asuntos de la economía argentina no están tan disociados. 

Inflación y pobreza, un vínculo no tan evidente

La inflación es uno de los motores que generan pobres en Argentina. Nuestra medición de pobreza es ‘absoluta’. Es decir, si en Argentina un individuo o un hogar no gana determinado nivel de ingresos que alcance para sostener una canasta de consumo básica, entonces, está en situación de pobreza. Para explicarme mejor, en el límite esto implica que podemos tener un país con el 100% de pobres. 

La ecuación parece sencilla: si los ingresos crecen por debajo de los precios, los pobres se incrementan. Un ejercicio mental puede ayudar a clarificar la cuestión. Si dada la producción de un país los precios suben, lo único que hubo fue un cambio distributivo: unos tienen más, otros tienen menos. Luego, puede haber consecuencias en la cantidad de producto que provoquen más pobreza. Pero, el corazón de por qué la inflación causa pobreza es -meramente- distributivo. 

Actualmente, el país tiene un ingreso per cápita similar al de 1974, pero peor distribuido. Más allá de haber caído varios peldaños en el ranking global, puertas adentro estamos peor. El coeficiente de Gini es una variable que mide desigualdad. Sin entrar en tecnicismos, un valor de 0 implica completa igualdad, un valor de 1 implica completa desigualdad. En 1974, el Gini de Argentina era de 0.35. Actualmente es de 0.45. Una torta de cumpleaños de 47 años más chica y peor distribuida. 

Sobre esta situación es que se monta el tema inflacionario. Muchas familias y hogares que no logran recomponer ingresos al ritmo del incremento de precios quedan por debajo de la línea de pobreza. El vínculo entre inflación y pobreza se agrava con una mala distribución. 

Con una inflación que desde LCG anticipamos que estará entre 4% y 4,5% para el mes de marzo y con un abril que parece mostrar un piso de 3,5%, el futuro en materia de indicadores socioeconómicos no luce muy promisorio. La cuestión es más delicada y hay que evitar caer en los extremos. Que la inflación per se no cause la pobreza no implica que la misma no sea un problema y que no tenga relación con la segunda, como se explicitó en el párrafo anterior. 

Este Gobierno festejaría tener una inflación de 30% para 2021, 10 puntos porcentuales por encima de los que teníamos hace 10 años y que, poco a poco, fuimos naturalizando. El camino más cómodo es el de culpar a consultores, medios, analistas, gobiernos anteriores, etcétera, de querer generar mal ambiente. El problema inflacionario fue observado con igual vehemencia en los distintos gobiernos, incluso cuando era mucho más baja. Se trata, simplemente, de advertir que el camino por el que estamos transitando es peligroso no sólo en el corto plazo, sino en las consecuencias de seguir aceptando que la inflación puede instalarse, con niveles más elevados y consecuencias graves sobre el capital humano: ¿De qué crecimiento inclusivo se puede hablar con 57% de niños y jóvenes pobres?

Pobreza, desigualdad y crecimiento 

Sociológicamente, se percibe a la desigualdad como una lucha. “El de al lado quiere que yo financie su renta baja, justo yo que trabajo todo el día. Es injusto que pague tantos impuestos.” Es que es difícil internalizar las externalidades de la igualdad. El de al lado tiene que avanzar a la par, también, para que esto sea sostenible para todos. Se crean falsos dilemas y la sociedad se polariza.

En el otro extremo, “hay que igualar para crecer, entonces hay que redistribuir ingresos.” Esa es una mirada muy simplista de un proceso más complejo. Se asume que el producto a distribuir ya existe y es independiente de la distribución. Que de esa vereda se acuse de simplista a la teoría del derrame es igual de ridículo a que bajo la óptica de esta última se desestime el problema de la desigualdad. 

Ambos extremos derivan en crisis macroeconómicas. En la segunda, si la ‘igualdad’ no incorpora un significado más amplio que el de la dimensión única de la igualdad de ingresos, no se produce crecimiento. El conflicto de distribuir algo pequeño arruina las cuentas públicas o genera pujas de distribución de migajas. En la primera, la de la “meritocracia pura”, genera conflicto distributivo que no permite que se completen los mercados y la economía funcione en un subóptimo que terminará haciendo socialmente inviable llegar a ser un país de renta alta e igualitario con baja pobreza. En el medio, faltará inversión, en capital físico y capital humano, principalmente.

Se habla de la necesidad de generar empleo (para una fuerza laboral no cualificada) y, al mismo tiempo, se pretende avanzar en insertarse al mundo exportando servicios intensivos en capital humano en un mundo donde economía del conocimiento gana espacio. Esos niveles de contradicción son, en alguna medida, el producto del fracaso de no comprender adecuadamente, en el pasado y en el presente, las interconexiones entre crecimiento e igualdad y, sobre todo, de entenderlas como un ciclo o relación bidireccional, en lugar de ponerlas en extremos contradictorios.

Parte de la grieta actual pasa por una discusión entre ‘redistribución’ o ‘asignación eficiente para crecer’. Es un falso dilema, que -en el corto plazo- confunde-, porque los efectos de un ciclo virtuoso de crecimiento, igualdad (en sentido amplio) y reducción de pobreza se dan en el largo plazo. Como mucho debería existir el debate sobre “¿por dónde empezar?”, pero nunca plantearlo como modelos antinómicos.

GL