“Hay una lucha de clases, está bien, pero es mi clase, la clase rica, la que está haciendo la guerra y nosotros estamos ganando”, dijo el multimillonario estadounidense Warren Buffett. La frase no salió sola. Fue tras una pregunta sobre cómo podía ser que él —gracias a ese eufemismo que los multimillonarios llaman “planificación fiscal”— lograba pagar menos impuestos que su secretaria. La respuesta fue esa: que su clase, la rica, hace una guerra que va ganando.

Eso es cierto. Pero no es el resultado de una ley natural, como es la gravedad, por ejemplo. Es el resultado de políticas de gobiernos que se dedicaron a gobernar para la minoría de los ricos y para eso fue necesario afectar a las mayorías. A veces fue mediante dictaduras, como la de 1976, que modificó la estructura productiva argentina y puso en la mira a los trabajadores, que fueron quienes primero sufrieron el impacto de ese golpe: vieron achicar sus salarios y crecer sistemáticamente la precarización laboral.

Otras veces fue apuntalando gobiernos que llegaron al poder elegidos por la mayoría, pero gobernaron para esa minoría. Es lo que está ocurriendo en este momento. No sólo porque hay empresarios, de los más poderosos del país, que pusieron funcionarios en las primeras líneas del gobierno, sino porque el presidente Javier Milei lo volvió a refrendar ante un auditorio de empresarios en la Unión Industrial Argentina: “Vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes”.

Esa confirmación de la política económica, basada en devaluación, liberación de precios y una serie de acciones para favorecer abiertamente al capital, está en línea con lo que había dicho en otras oportunidades: los salarios son miserables en la Argentina. Y él, junto a su gobierno, vino a profundizar ese camino.

Esa política de destrucción salarial la registró el informe del centro de estudios CIFRA-CTA en su informe de agosto pasado: “Dado que este proceso de caída salarial ocurre desde bajos niveles de remuneraciones, cuando se realiza una comparación de mediano plazo se obtienen resultados muy negativos. El último dato del salario medio registrado privado lo ubica 26,4% por debajo de noviembre de 2015 mientras que el salario público está 41,2% por debajo del nivel de ese momento”.

Para que los empresarios argentinos agranden sus bolsillos debe achicarse el de las personas que trabajan para ellos. Porque no se trata de medidas que aumenten la productividad del trabajo, sino de políticas directas de transferencias de ingresos desde abajo hacia arriba. Lo que era salario, pasa a ser parte de las ganancias empresarias.

Este proceso lo comenzaron a registrar claramente en el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), que en abril graficaron esa transferencia del siguiente modo: “La pérdida del 20% del poder adquisitivo del salario, resultado de estos tres meses del gobierno de Milei, implica que de 5 días de la semana que trabajamos, uno lo hacemos gratis”. Podemos precisar ahora que, para el caso de los empleados públicos, los días de trabajo gratuito son más de dos a la semana.

Milei eligió gobernar contra la mayoría de la población: los que trabajan, los jubilados, los desempleados, los estudiantes. Y eso no tiene otro destino que ampliar las desigualdades, aumentar la pobreza y ampliar la riqueza de los más ricos a costa del resto de la población. Tal como lo hizo Buffett, Milei vino a ratificar que la lucha de clases existe.

MC/JJD

Se instaló un falso debate alrededor del proyecto de ley para que los salarios inferiores a $150.000 dejen de pagar el impuesto a las Ganancias. Se intenta contraponer un supuesto privilegio de esos asalariados con los intolerables niveles de pobreza.

Sin embargo, las personas que perciben como consecuencia de su trabajo salarios dignos no son responsables de la pobreza. Por el contrario, son parte de la solución.

Analicemos primero el proyecto de ley: la suba del mínimo no imponible supone una reducción de $47.000 millones en la recaudación impositiva. Pero el mismo proyecto retorna al 35% el impuesto a las Ganancias de las sociedades -que el macrismo había reducido a 25%- lo que implicará una recaudación adicional de $41.000 millones. La primera falacia entonces radica en afirmar que el Estado deja de recaudar $47.000 millones que pudieran destinarse a planes sociales. En todo caso, la reducción será de $6.000 millones, es decir, no podrá atribuirse al beneficio de esos trabajadores y trabajadoras que el Estado destine o no lo recaudado en medidas que contribuyan a paliar la pobreza.

Pero esa lectura lineal de la incidencia de esta medida en los niveles de recaudación omite un dato mucho más importante, y es que lo que los asalariados dejen de pagar del impuesto a las Ganancias más que seguramente se destinará al consumo interno. Y eso, además del virtuosismo que en sí mismo supone el crecimiento de la demanda, implica subas en la recaudación a través del IVA. Así, es probable que sólo desde el punto de vista tributario, la modificación de la ley del impuesto a las Ganancias implicará un aumento de la recaudación fiscal.

La pobreza revelada por el INDEC días pasados es insoportable, y desde luego el Estado es responsable de resolverla. Una emergencia de esa magnitud requiere de medidas urgentes, probablemente a través de más asistencia social. Pero la solución de fondo radica en la creación de empleo con salarios dignos, poniendo en la cima de la agenda pública el objetivo del pleno empleo.

Las mayores crisis económicas del capitalismo -y la provocada por la pandemia del Covid-19 sin dudas debe inscribirse entre ellas- requirieron de soluciones drásticas. La más importante de ellas, la de los años 30, se enfrentó con intervención estatal para generar empleo y promover salarios dignos, que reactivaron la demanda y, con ella, la producción.

Son necesarias políticas que apunten a la reducción de los niveles de desigualdad imperantes, niveles que suponen que el 20% más rico del país tenga un ingreso 13 veces mayor que el 20% más pobre.

Medidas como la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, aunque parciales pues el salario como tal no debería pagar ese impuesto, se inscriben en esa senda. Compensar lo recaudado por el retorno al 35% del impuesto a las Ganancias de las sociedades con el aumento del mínimo no imponible a las remuneraciones, supone una transferencia de ganancias que seguramente no se convirtieron en inversión hacia los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, que como dijimos, redunda en un crecimiento del consumo.

Una reforma tributaria estructural que deje atrás el actual sistema regresivo y grave la riqueza para terminar con la pobreza debería ser el siguiente paso.

MC