En nuestro país el protagonismo de la justicia penal en el debate público es innegable. Un aspecto positivo de esto es el control ciudadano del funcionamiento de las instituciones. Es cierto que ese debate muchas veces responde a una agenda non sancta, transcurre en terrenos poco neutrales o sin amplitud de voces, debatiendo frente al espejo, y no se encuentra exento de trucos o falacias discursivas. Pero aun con esos desvíos es bueno que hablemos y discutamos acerca de cómo funciona una rama importante de nuestras instituciones. Muchas veces a través de esas discusiones, ya sea formando parte de ellas o presenciándolas, sentimos que participamos. Sin embargo, hay diferentes maneras de participar. 

En los enjuiciamientos penales el público siempre fue importante. Pero no es lo mismo ser sólo espectador del castigo, ser espectador del juicio, que formar parte de éste -incluso juzgando- o intervenir en las instancias posteriores a una sentencia. Es un rasgo democrático que la ciudadanía no sea sólo una observadora pasiva de lo que otros hacen. 

La participación ciudadana en la tarea de juzgar está prevista en nuestra Constitución a través de la previsión del juicio por jurados. También en muchos instrumentos internacionales se propone como modo de hacer más legítima y eficiente la prevención, enjuiciamiento y castigo de algunos delitos graves, como la corrupción o la criminalidad organizada. Que la ciudadanía no sólo discuta acerca del Poder Judicial, sino que participe en menor o mayor medida de lo que este hace no sólo implica un fortalecimiento de lo que solemos llamar sociedad civil, sino que es un verdadero acercamiento hacia un espacio del que se habla mucho pero que se conoce poco.

Una manera de acercarse a esa justicia penal distante de la percepción ciudadana es transparentando el destino de los bienes recuperados, sobre todo cuando se trata de bienes de la criminalidad organizada. Hay un consenso internacional en torno a que a este tipo de criminalidad, esencialmente económica, debemos enfrentarla privándola de sus bienes e ingresos. El paso siguiente es definir qué hacer con esos bienes recuperados. Pueden simplemente ingresar a las arcas del Estado o ser devueltos a la sociedad a través del Estado, para que los dos cumplan un papel activo en su reutilización y de esa forma asegurar la participación ciudadana. 

Esto último es lo que sucede en Italia con los bienes incautados a la mafia, y lo que por estos días un grupo de actores de Italia y Argentina (las asociaciones Libera, Multipolar, Acij y Circolo Giuridico), con el apoyo de la Unión Europea, y la colaboración de magistrados de ambos países, así como de la Organización IILA (Organización Internacional ítalo-latinoamericana), intenta replicar en nuestro país.  

Bajo el título “Bien Restituido – para el desmantelamiento patrimonial del crimen organizado y el fortalecimiento de la sociedad civil”, buscan crear un nuevo marco normativo que impulse no sólo el decomiso de los bienes de la criminalidad organizada sino también su destino social a través del trabajo del Estado y de las organizaciones sociales y comunitarias que se dedican a atender las necesidades de los grupos más vulnerables (víctimas de la pobreza, violencia de género, explotación, trata, etc.). 

De este modo, se pretende no sólo reparar el daño causado a la sociedad en su conjunto, sino que estos sectores, que suelen ser las víctimas más tangibles – de modo directo o indirecto- del crimen organizado, participen de la recomposición y puedan encontrar alternativas para salir de la marginalidad y de situaciones de violencia extrema. Ejemplo de ello sería convertir un taller textil clandestino en un espacio gestionado por los trabajadores y el Estado, o transformar un terreno adquirido con dinero ilícito en una plaza de uso público, o convertir una casa secuestrada al narcotráfico como refugio para mujeres que sufren violencia de genero. O simplemente reutilizar una camioneta usada originariamente para transportar droga como un vehículo al servicio de un organismo del Estado o de una organización comunitaria. 

Lo particular de estas experiencias de reutilización social es que inician un círculo virtuoso de empoderamiento y trabajo conjunto de la gente con las instituciones. No se agotan en los casos puntuales -la causa tal o cual- sino que los trascienden, reparando y construyendo ciudadanía. Es lo que ha contribuido a realizar Libera en Italia, donde las leyes permiten la reutilización social de los bienes confiscados al crimen organizado. 

La organización Libera ayuda a que grupos de personas –víctimas o no de la mafia- presenten al Estado propuestas de reutilización social; para ello también los capacita y los orienta en la gestión de cooperativas. Así todos juntos –Estado, organizaciones sociales y sociedad civil- logran generar puestos de trabajo genuinos e ingresos que benefician al conjunto de la sociedad. El mensaje es que lo se roba a la sociedad debe ser reintegrado. 

Para el Poder Judicial y para el Estado en general es la posibilidad de transitar otra recuperación: la de la confianza de la gente. La historia de la mafia es una historia de disputa de legitimidad con el Estado. La mafia se expande en la medida en la que lo público se deslegitima y se muestra ineficaz. Por eso es crítico este momento, en el que la ciudadanía en general mira con escepticismo lo que los jueces y fiscales hacen y deciden. No parece haber mejor opción que el camino de la recuperación de lo público se transite de la mano de la sociedad, para que ella no sea sólo espectadora sino que también se convierta en protagonista de la mejora y fortalecimiento de las instituciones.