En la cooperativa de productores del delta entrerriano, cuya sede se ubica cuando termina la costanera de Villa Paranacito, los directivos están de reunión y por eso nos entretenemos mirando las cosas que se venden a los más de 150 socios desde un pequeño galpón: hay enormes machetes, botas de goma, motores fuera de borda y algún producto veterinario. Estamos en la puerta de entrada a uno de los grandes humedales que tiene la Argentina. La sede social de la entidad da directamente al río. Algunos clientes suelen llegar por tierra, pero la mayoría lo hace por agua. 

El otoño maquilla al delta con colores de ensueño. Si Mendoza es hermosa en esta época del año, esta zona del sur entrerriano, equidistante de los diferentes brazos del Paraná y del río Uruguay, no tiene nada que envidiarle. Es que esta es la mayor cuenca productora de álamos de la Argentina. Las hojas de ese árbol caen plateadas sobre el césped, mientras el río se llena de camalotes y de otras plantas acuáticas que descontroladas van estrechando los cauces por donde deben pasar las embarcaciones. “Será así hasta la primera helada”, nos dicen. La primera gran helada matará esas plantas y despejará los caminos. 

José Jacobsen sale a nuestro encuentro, apurando el final de la reunión porque ellos están muy interesados en mostrar su realidad a los periodistas, porque creen que todo lo que se está discutiendo en torno a una nueva Ley de Humedales los ignora por completo y temen que los legisladores terminen dictando una ley que omita por completo la opinión de los habitantes. José es el presidente de la cooperativa y ya forma parte también del paisaje: su abuelo llegó de Dinamarca y se instaló en el sur bonaerense hasta que a fines de los años 20, viajando en tren de Necochea a Buenos Aires, se cruzó con un extraño que lo tentó ofreciéndole las escrituras de 700 hectáreas de campos en el delta de Entre Ríos, sobre el Brazo Chico. El viejo Jacobsen aceptó con temeridad y muy pronto estaba abriendo surcos a machete para instalarse con su familia. Luego llegaron los tíos, los primos, los hermanos. La colonia danesa de isleños es desde entonces una de las más numerosas y activas.

Los descendientes de los alemanes que se instalaron en el delta también son bastantes. José Luis Peter es uno de ellos y su familia tiene en las islas casi tanto tiempo o más que la de Jacobsen: son históricos vecinos aunque sus casas queden en diferentes islas y a media hora de lancha de distancia. El abuelo y el padre de Peter se dedicaron casi siempre a la forestación pero también al transporte fluvial, ya sea de madera o más recientemente del ganado que comenzó a poblar este lugar de la Argentina. Según datos oficiales hubo casi 350 mil cabezas en el departamento Islas del Ibicuy, que incluye esta zona. Luego de la última gran crecida de 2016 hubo que evacuar y ahora quedan 240 mil. 

Peter nos muestra el mapa catastral de Villa Paranacito que está colgado en la oficina local del Senasa. Se percibe a simple vista que este lugar de la Argentina albergó a mucha gente y en algún tiempo registró un acelerado proceso de división de la propiedad: más cerca del pueblo las fincas son pequeñas pero largas, van desde la orilla del río a la espesura de cada isla. Los campos más grandes recién comienzan a aparecer un poco más al norte, yendo hacia Ceibas, donde la tierra parece un poco más firme. De allí hacia Diamante, recostado sobre el Paraná, el delta entrerriano matiza con miles de hectáreas de campos que todavía son fiscales. Peter nos dice que suele ser allí donde se originan los incendios que cada tanto inundan de humo las grandes ciudades. 

Aprendemos que los tacones de los árboles recién cortados muestran en tonos más oscuros o azulados los años que pasaron bajo la inundación. En todas las charlas con los isleños es recurrente la invocación a las grandes crecientes. Es que ellas explican por sí solas muchas de las cosas que han sucedido en el lugar y también el acelerado proceso de despoblamiento de las islas, donde en los buenos tiempos llegó a haber once clubes sociales y deportivos. 

Los ciclos económicos y productivos tienen mucho que ver con la inundación y sobre todo con cuánto tiempo le llevó a las islas volver a emerger de abajo de las aguas. Hubo una grande en los años 50 que arrasó con casi toda la cultura frutihortícola desplegada por los abuelos de Jacobsen y de Peter, y de muchos otros productores que aprovechaban la cercanía de Buenos Aires para cosechar frutas y verduras que se descargaban luego en el puerto de frutos de Tigre. 

A partir de allí apareció la forestación como opción de supervivencia: la instalación de las grandes empresas celulósicas (una de ellas es la controvertida Papel Prensa, que tiene su planta en San Pedro), provocó que el delta se convirtiera en la principal cuenca de salicáceas del país. Los álamos y sauces crecen rápido y ofrecen una madera blanda que puede ser fácilmente procesada para convertirla en papel.

La gran creciente de 1983, con el regreso de la democracia, duró mucho más tiempo y provocó heridas muy profundas: todo se inundó por largos meses. Los más de treinta aserraderos que existían en las islas y competían por la madera disponible con las grandes celulosas no pudieron continuar con su actividad. Hoy solo permanecen activas dos plantas que trabajan con el álamo, una madera que antes se utilizaba mucho para hacer cajas (por ejemplo, las de cerveza o las de gaseosa) y ahora es requerida para la confección de económicos ataúdes. Esas dos empresas están ubicadas a reparo de las aguas, en el camino de acceso a Villa Paranacito. Con semejante cuadro también la forestación ingresó en un periodo declinante del que todavía no puede resurgir.

Los socios de la cooperativa de productores están interesados en nuestra visita porque les permitirá mostrar qué tanto queda de todo aquello, pero sobre todo las chances productivas que -aseguran- sigue teniendo este enorme humedal que muchos ambientalistas quieren congelar y convertir en un santuario donde no pueda hacerse casi nada.Nos llevarán a recorrer las islas y para nuestro asombro lo primero que hacen es invitarnos a subir a una camioneta. Es que un poco más allá de la cooperativa desde hace unos pocos años funciona una balsa que nos permitirá cruzar el río hasta la isla 9. El barco vá y viene, de una orilla a la otra, y es capaz de cargar grandes camiones repletos de rollizos. Conseguir la balsa costó sangre, sudor y lágrimas a los pobladores del lugar, tanto como ahora les cuesta el gasoil que permite encender los motores. Pero mucho más tiempo y trabajo les llevó convencer al departamento de Vialidad de que había que hacer un camino que rodeara toda esa gran isla, conectando a los vecinos también por tierra.

La obra llevó décadas y todavía no está concluida, no cerró el círculo. Pero todos aquí coinciden en que ya transformó por completo la relación entre los isleños y el entorno natural que los contiene. La metáfora del plato nos fue muy útil para comprenderlo. En su estado natural, las islas del delta son como un plato playo y sus bordes suelen ser un poquito más elevados que el centro. Para trazar el camino circundante es necesario hacer un alteo que convierte la isla en un plato sopero: los bordes se elevan artificialmente y el interior queda más protegido de los desbordes. Es el principio de un incipiente proceso de manejo de las aguas.

Carlos Schaaber tiene apellido alemán pero en realidad su familia llegó a las islas en el primer gobierno de Juan Perón, a fines de los 40, desde la provincia del Chaco. Allí con el correr de los años su padre pudo montar un almacén de ramos generales de esos que ofrecen de todo, incluyendo dos viejos surtidores para que las lanchas repongan combustible. Hoy tiene 83 años y su hijo atiende el negocio, mientras su nieta le hace reportajes jugando a ser periodista para un trabajo escolar. Son cuatro generaciones de isleños a los que el camino les facilitó mucho la vida. Carlos conserva la historia viva de esa gesta en una vieja carpeta llena de documentos. La del camino fue sin duda la lucha más importante de su vida.

El cementerio de Villa Paranacito está ubicado cerca del viejo almacén, en la misma isla. Hasta que llegó el camino interno, los cortejos fúnebres se formaban con botes y lanchas (existe todavía incluso una embarcación mortuoria) porque solo se podía llegar por agua hasta al lugar. Los ataúdes se bajaban a un amplio muelle hecho de largas maderas que se hundían en las aguas marrones. Jacobsen y Peter conversan entre ellos: que allí está enterrado mi padre, que más allá está el cuerpo de mi abuelo. Ellos mismos confiesan que jamás se irían y que quieren terminar sus días en este mismo lugar.

“El mapa productivo desde 1935 hasta la fecha viene de la mano de las familias productoras. Recién a partir de los 70 se instalan dos empresas importantes (en referencia a Papel Prensa y a Celulosa Argentina), pero en el departamento alrededor de 60% de las explotaciones pertenecen a la agricultura familiar”, nos dice Hugo Benavídez, que es técnico del INTA de Villa Paranacito y un estudioso de la constante evolución de las islas. Al letargo de la forestación, el especialista remarca que se ha sumado en los últimos quince años una nueva posibilidad, que es la ganadería. En el INTA apuestan sobre todo a los planteos silvopastoriles, que son los que combinan bosques con bovinos, y que hasta imaginan vendiendo bonos de carbono al actuar como sumideros. “La ganadería no es antagónica a la forestación y por suerte en los últimos años también se han advertido efectos beneficiosos de este planteo conjunto”, informa Hugo.

Ahora sí nos subimos a una lancha y surcamos las aguas marrones a gran velocidad: mucho menos suntuosas, finalmente son ellas las 4x4 de los productores de las islas. Nos metemos en el brazo Bravo del Paraná y nos sentimos ínfimos en medio de la enorme masa de agua que fluye debajo nuestro. Desde hace mucho tiempo que las lanchas colectivas no prestan servicio en la zona de Villa Paranacito porque la mayor parte de la población ahora vive del empleo público y ha migrado hacia “el pueblo”, dejando taperas en muchas islas. Los que aguantan allí viven o de las actividades productivas, o de la pesca, o acaso de un incipiente desarrollo del turismo. Todas esas actividades son más sencillas en aquellas zonas del delta donde, como aquel camino, la mano del hombre ha hecho algunos “ataja repuntes”, como llaman los lugareños a los pequeños diques para regular las aguas y que a la vez hacen de caminos internos y les permiten dominar el territorio.

En la casa de la familia Gottert, el abuelo Don Máximo recuerda anécdotas que reflejan la intensa vida social que existía en aquellas islas de antaño, donde incluso se solían hacer bailes de carnaval. Fue allí donde él se animó a cortejar (aunque quizás haya sido al revés) a una joven danesa pelirroja, que terminaría siendo la madre de sus cinco hijos. Uno de ellos es Haraldo Gottert, que sigue al frente de la explotación familiar de unas 300 hectáreas. Allí conviven una hermosa forestación de álamos que se acercan a la anhelada época de corte (tardan al menos 15 años en lograr su estatura comercial), con un rodeo de vacas de cría que manejan sus jóvenes hijos. Es la conjunción de actividades de la cual nos hablaba Benavídez. Los chicos andan de a caballo, pero con botas de goma. Parece una postal gauchesca de San Antonio de Areco, pero entre bosques y en medio del gran humedal.

El planteo productivo de los Gottert es la síntesis perfecta del paso del tiempo por este delta bendecido por la naturaleza y maldecido también de vez en cuando, en épocas de creciente. El abuelo se radicó cuando esta zona funcionaba como la huerta de los porteños, el padre creció al amparo de un modelo más industrial que requería madera para celulosa y los nietos ven en la ganadería una buena chance para no tener que migrar del lugar, pues logran interesantes índices reproductivos alimentando a su plantel de madres con un pastizal natural que de otro modo se acumularía y sería materia altamente combustible demasiado peligrosa en tiempos de sequía. Ellos mismos ya lo vivieron y perdieron muchos árboles en un feroz incendio que no pudieron controlar. Por eso Haraldo aceptó finalmente incorporar las vacas. “Son el mejor bombero que hay”, reconoce ante la mirada cómplice de sus hijos. 

Juan Antonio González, de 63 años, no tiene registro de cuándo sus antepasados llegaron a las islas. Irrefutablemente criollo, él también cría 50 vacas y otras tantas ovejas en su pequeño campo ubicado en la Isla número 6, que a diferencia de la 9 nunca ha recibido los beneficios de tener un camino. Como todos aquí, González sabe que las retroexcavadoras serán bienvenidas. No celebra el hecho de que en su isla no se haya podido mover todavía la tierra para hacer mejores protecciones. “Donde usted puede cerrar el campo, pueda hacer un ataja repunte, ahí sí que el campo empieza a servirle, y tres veces más que lo que sirve cuando es campo natural”, afirma. 

Vamos volviendo hacia la Villa. Pero Peter se reservó la parada final para mostrarnos un viejo campo que ha comprado su familia de la quiebra de una empresa forestal a muy bajo precio, porque suele inundarse ante una mínima creciente. Salvo por los descuidados sauces allí plantados, está en estado casi virgen y se nos hace muy difícil descender de las lanchas. Ni bien lo logramos, los mosquitos del atardecer nos rodean y se hacen un festival. Podemos caminar unos metros al interior de la isla solo porque hay un viejo tendido de vías oxidadas, por donde circulan algunos carros que se utilizan para sacar la madera del lugar acercándola hacia la orilla. Caminamos sobre los rieles. De otro modo sería casi imposible ingresar. 

“Antes de la década del 90 el mayor porcentaje de las islas eran como esto, al menos en esta zona de Entre Ríos. No había manejo del agua. Pero, bueno, esto tiene su contratiempo. Acá no podés poner un tractor ni ningún tipo de máquina. Tampoco podés traer hacienda. Esto es inundable, no tiene ninguna defensa, no tiene ningún reparo”, nos muestra. El entorno es hostil, sin duda. Peter dice que hasta la fauna autóctona de la zona prefiere ir a pasar sus días en campos más confortables. 

Emprendemos nuestro regreso y las conclusiones son casi obvias: todavía hay vida en el humedal. La hubo mucho más antes que ahora y los que quedan se ilusionan con que se podría recuperar. Nos dicen los productores que hay una enorme porción del delta entrerriano que está casi despoblada e improductiva, expuesta a cazadores furtivos e incendios. Afirman que ellos, los pobladores, son los mejores custodios de este entorno natural. Piden un plan. 

Jacobsen, que lleva toda su vida allí, se rebela ante una derrota que parece cantada. Y lo mismo sucede con Peter y con tantos otros más. “Con una Ley de Humedales de las más duras, como las que proponen la mayoría de los proyectos, nosotros no vamos a poder producir y no vamos a existir más. Esto no es tierra fiscal, esto es una propiedad, pagamos impuesto inmobiliario, Ingresos Brutos, IVA y Ganancias. Pagamos todos los impuestos que hay. Con una ley que no te permita trabajar, todo eso no se va a poder cobrar más. Todos los proyectos de ley dicen que hasta 5% del Presupuesto Nacional se destinaría para el cuidado de los humedales. Con esa plata me parece que se podrían hacer un montón de obras para poder repoblar la zona. Y creo que el Estado debería hacer hincapié en la forestación que es una actividad que genera trabajo, captura carbono y bueno, que se yo. Yo lo que haría si fuese Estado sería promover la producción en vez de prohibirla”, expone José Luis antes de lanzar la amarra hacia el muelle y comenzar la despedida.

CC

El presidente Alberto Fernández decidió hace ya más de veinte días, el 17 de mayo, cerrar las exportaciones de carne vacuna por treinta días, aunque todos suponen que la medida durará más tiempo que ese. Fue su modo de pegar un golpe, sonoro y contundente, de alto impacto económico y político. La razón que esgrimió sería luego confirmada por algunas encuestas, como la que acaba de publicar el IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna): a mitad de mayo ese alimento había subido otro 6% y acumulaba 76% contra igual mes del año pasado. El precio promedio de un kilo de carne ya había llegado a 668,33 pesos.

Más allá de lo justiciera que parezca la medida y del pretendido argumento de defender el bolsillo de la gente, ha sido imposible en estos quince días de cepo exportador encontrar a alguien entendido del negocio de la carne que le haya dado la razón al Presidente, más allá claro de sus acólitos y de los militantes políticos. Además, muy pocos creen que esta prohibición producirá el efecto deseado sobre los precios, más allá de que algo puedan reducirse en el cortísimo plazo. 

Incluso al interior del propio gobierno la decisión cayó bastante mal, pues resultó ser una visible desautorización a Matías Kulfas y a su secretaria de Comercio, Paula Español, que incluso había negociado un nuevo acuerdo de precios con los frigoríficos exportadores que casi no llegó a aplicarse, pues esta decisión de alto impacto hizo regresar todo a fojas cero. Mucho peor la pasó el titular de Agricultura, Luis Basterra, que se enteró escuchando las noticias. 

En la historia de la industria frigorífica argentina, que arrancó en 1876, cuando por primera vez se transportó carne congelada (malamente, pues llegó casi podrida) hacia Europa a bordo del  buque francés “Le Frigorifique”, a nadie se le había ocurrido nunca prohibir las exportaciones de carne. Las excepciones fueron Néstor Kirchner en 2006 y el actual presidente ahora. Pero fue Alberto el único que intervino en las dos decisiones, pues en la primera era jefe de Gabinete y le tocó negociar con las organizaciones agropecuarias un modo regulado del comercio. Para finales de 2009, cuando comenzaron a verse los efectos devastadores que ese cierre provocó sobre el stock ganadero (que se achicó 20%) y sobre los precios de la carne -que finalmente se triplicaron ante la escasez de hacienda-. ya se había ido del gobierno. Quizás por eso no se acordaba ahora de que esa receta no era aconsejada por nadie. 

Para finales de 2009, cuando comenzaron a verse los efectos devastadores que ese cierre provocó sobre el stock ganadero y sobre los precios de la carne -que finalmente se triplicaron ante la escasez de hacienda-. Alberto ya se había ido del gobierno.

Juan Manuel Garzón, el economista jefe del IERAL, reconstruyó los pasos que dio el gobierno de aquel entonces y los que ha estado dando Alberto ahora y parecen dos calcos. Primero se aumentaron las retenciones a la carne (entonces lo hizo el ex ministro Roberto Lavagna en noviembre de 2005 y ahora lo hizo Guzmán ni bien asumió); luego se crearon permisos de exportación a los fines estadísticos (entonces Felisa Miceli creó los ROE y ahora se instrumentó un sistema de declaraciones juradas (DJEC) a través de una declaración jurada de Kulfas y Basterra) y finalmente se avanzó con el cierre compulsivo de los embarques (antes fue por 180 días y ahora se anunció por solo 30). Todos saben lo que viene ahora: una negociación con la industria frigorífica exportadora nucleada en el Consorcio ABC para intentar algún tipo de regulación de las exportaciones. De hecho, en los últimos días estuvo circulando un borrador en el que el Gobierno proponía dejar algunos cortes de consumo popular dentro del país y de esa manera reducir un 40% los volúmenes de carne a exportar este mes de junio. Respecto de cuánto: ahí las historias también son parecidas, pues en 2005 se había llegado a exportar 770 mil toneladas (el 25% de la producción total de carne) y ahora -en 2020- se exportaron 900 mil toneladas (un 28% del total).

Más allá de las semejanzas históricas, hay muchas cosas que no son distintas a aquel cierre de 2006, que finalmente fue en total solo unas pocas semanas y después devino en un sistema controlado que se extendió, con mayor o menor fuerza, hasta el cambio de gobierno de fines de 2015, y que tuvo consecuencias muy negativas para el negocio ganadero, según coinciden todos los análisis especializados.

Para empezar, era muy diferente la situación de la economía, pues aquella Argentina de Néstor Kirchner estaba saliendo vigorosamente de la crisis de 2001 y la exportación de carnes se veía fortalecida por un tipo de cambio posconvertibilidad que resultaba muy competitivo. Tanto, que en 2005 los frigoríficos brasileños comenzaron su desembarco en el país, comprando empresas significativas como el Swift y el Quickfood.

Los motivos que condujeron al primer cierre de las exportaciones de carne, por otro lado, podrían sonar a chiste si se compara la situación inflacionaria de aquel momento con la de ahora. En marzo de 2006, cuando Néstor arremetió contra los frigoríficos, la carne vacuna acumulaba una suba de apenas 15% en el mercado local, contra el casi 80% interanual que lleva subiendo ahora. Un agravante es que ahora no es la carne la única que aumenta sino que están bastante descontrolados casi todos los precios de la economía, salvo los que puede controlar el propio gobierno, a través de precios máximos. Con la carne, por la variedad de cortes, de categorías ganaderas y de actores que pululan en el negocio, esto parece de entrada imposible.

Tampoco es la misma argentina ganadera. El cierre de las exportaciones de Néstor se decidió pocos meses antes del mundial de fútbol de 2006, que se jugaba en Alemania, por entonces el principal cliente de la Argentina. Todavía hoy pueden escucharse los insultos de los importadores porque se quedaron sin el famoso bife argentino para atender a los miles de turistas que recibieron en ese momento y que se quedaron sin los cotizados cortes de la Cuota Hilton, que se arma con novillo engordado a pasto. Hoy, en cambio, apareció China importando proteínas animales a gran escala, de todos los países y de todos los tipos. Por eso en este cierre las cargas más afectadas son las que se confeccionan con la carne flaca y fibrosa de la vaca vieja, de descarte o “conserva”, un nombre que le quedó de la época en que su único destino eran las latitas de corned beef que preparaban los frigoríficos ingleses. 

También cambió el contexto político y empresario. En 2006 el kirchnerismo recién estaba comenzando a definir su enemigos políticos y el campo estaba desprevenido: ni siquiera se había formado la Mesa de Enlace.

China, claramente el mercado más dañado por la decisión de Alberto, representa hoy el 75% de las exportaciones totales, y de su participación más del 80% es para ese tipo de carne, que tiene muy poca aceptación en el mercado local pero que en China gusta mucho, porque se sirve largamente hervida como parte de caldos y guisos. Dos de los cortes más demandados por China son el brazuelo y el garrón, que no son otra cosa que lo que nosotros conocemos aquí como el osobuco. Para ellos, eso es una exquisitez y por eso ahora llegan a pagar unos 7.500 o 8.000 dólares la tonelada (precio puesto en China), que es lo mismo que un argentino podría pagar por el lomo o el mejor asado de ternero.

También cambió el contexto político y empresario. En 2006 el kirchnerismo recién estaba comenzando a definir su enemigos políticos y el campo estaba desprevenido: ni siquiera se había formado la Mesa de Enlace, que nacería recién dos años después, en la aventura de las retenciones móviles a la soja. Esta vez, en cambio, los dirigentes rurales no tardaron ni 24 horas en declarar un paro ganadero (cese de comercialización de hacienda) que tuvo un llamativo alto acatamiento y se extendió por casi 12 jornadas. La Mesa de Enlace levantó la medida de fuerza el miércoles a la medianoche, para permitir un reabastecimiento de carne en un mercado que comenzaba a sentir los faltantes. Ofreció una tregua de cortesía al Presidente y le pidió una audiencia. Pero mientras tanto prepara la metralla para arrancar de nuevo con las protestas posiblemente esta semana.

No es, además, ese ruralismo desvencijado el único sector empresario que se anima a hacerle frente al gobierno. El Consejo Agroindustrial Argentino, un foro de más de 55 entidades y cámaras de las más diversas actividades vinculadas al agro, intervino con ánimo de intentar revertir la decisión presidencial, como ya había logrado hacer a principios de 2021, cuando se cerraron temporalmente las exportaciones de maíz. El Presidente, temeroso de romper su único lazo con el sector agroalimentario, los convocó el mismo miércoles y les prometió un espacio de negociación, que todavía no se concretó.

Incluso varios gobernadores, a diferencia de lo que había sucedido en 2006, se animaron a alzar su voz contra la decisión del gobierno central, y no solamente desde la Región Centro: a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se sumaron, por ejemplo, voces disonantes desde Mendoza o Corrientes.

Las negociaciones paralelas que hasta aquí venía manteniendo el ministro Kulfas con los grandes frigoríficos del Consorcio ABC (entre ellos los grupos brasileños, que en 2006 recién empezaban a internacionalizarse y ahora dominan todo el comercio global de carne vacuna), fracasaron hasta aquí siempre por la misma razón: cuando elevan una propuesta, Alberto en persona se ha venido ocupando de rechazarla. “Las exportaciones seguirán suspendidas mientras los precios de la carne no bajen”, ha dicho varias veces por los medios el Presidente. A más de 15 días del experimento y luego del paro agropecuario, los valores de la hacienda no bajaron sino que subieron un pequeño escalón más, mostrando que el contexto es muy diferente al que quizás recuerde el Presidente de los tiempos en que era el jefe de Gabinete de Néstor.

El Consorcio ABC ha ofertado elevar las 6.000 toneladas por mes que volcó en el verano y las 8.000 toneladas del nuevo acuerdo de precios que no llegó a aplicarse, hasta 12.000 toneladas. Este volumen equivale a cerca de un 8% del consumo interno total.

¿Qué piden Kulfas y Español a los empresarios como prenda de paz para llevarle al Presidente? Que vuelquen grandes volúmenes de cortes que no exportan al mercado local, a precios más baratos, en los niveles que tenían en diciembre. Hasta aquí, en medio de una suerte de extorsión, el Consorcio ABC ha ofertado elevar las 6.000 toneladas por mes que volcó en el verano y las 8.000 toneladas del nuevo acuerdo de precios que no llegó a aplicarse, hasta 12.000 toneladas. Este volumen equivale a cerca de un 8% del consumo interno total y hasta ahí los números podrían cerrar, porque imaginando un subsidio de 100 pesos por kilo en manos de estos grupos privados, implicaría un costo de 12 millones de dólares. Es bastante más de la mitad de lo que el sector tributa hoy por retenciones. 

A pesar de esa oferta, el propio Alberto se ha ocupado hasta aquí de esmerilar toda posibilidad de acuerdo. “No tengo ninguna duda de que después de 16 días de negociación, en donde me consta que los exportadores tuvieron un diálogo fluido e inteligente con el ministro Kulfas y la secretaria Español, la decisión del tema no pasa por el Ministerio de Desarrollo Productivo y ni siquiera por el Presidente sino que es una decisión de estrategia política que ya está tomada y se encuentra vinculada a las elecciones legislativas”, es el análisis que hizo el analista ganadero Víctor Tonelli este fin de semana. No es el único que piensa así. Casi todos los dirigentes del sector productivo piensan que estos movimientos oficiales apuntan a demonizar al sector agropecuario por la suba de los precios. Y ven detrás los hilos manejados por el Instituto Patria y La Cámpora. Mientras tanto, aturde el silencio de aliados del oficialismo, como Sergio Massa o Felipe Solá, que en su momento también criticaban con dureza estas intervenciones en los mercados.

ML

Resulta muy difícil de comprender para la gente que no pertenece al sector productivo. La soja subió en el mercado internacional de unos 310 dólares por tonelada para esta época del año pasado a unos 560 dólares la semana pasada, es decir más del 80% en el término de un año. Todos lo celebran. Todos menos los propios productores de soja.

Casi nadie esperaba en la Argentina este suceso casi fortuito, que resultará clave para la economía en los próximos meses. De golpe y porrazo, una cosecha de granos que usualmente valdría US$ 23.000 millones pasó a cotizar a US$ 33.613 millones, según el cálculo más reciente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

¿Cómo no celebrarlo? Son US$ 10 mil millones de ingresos adicionales de un año para el otro, con lo que aquí se está necesitando generar divisas genuinas. Para comparar: cuando la economía comenzó a tropezar fuerte a partir de 2018, el ex presidente Mauricio Macri responsabilizaba de esa crisis a la falta de unos US$ 8.000 millones que se habían perdido por culpa de la sequía.

Esas divisas ya están llegando, incluso más rápido que la propia cosecha, que recién ahora está tomando ritmo. Las empresas que procesan y exportan la soja, nucleadas en las cámaras Ciara-CEC, informaron ayer sábado que, contabilizado el mes de abril, el ingreso de agro-dólares a las ventanillas del Banco Central acumulaba en este primer cuatrimestre una suma de US$ 9.755 millones, que es récord para los últimos siete años. Tener oferta de dólares a valor oficial es lo que necesitan las autoridades para mantener sujetas las riendas del dólar, especialmente en este año electoral.

Celebra entonces todo el Gobierno y sobre todo el ministro Martín Guzmán, que por arte y parte de esta escalada, y con los precios de la soja en los niveles más elevados desde 2014, deberá hacer un ajuste fiscal de menor dramatismo para conformar al Fondo Monetario, pues el impacto sobre la recaudación crecería en unos US$ 2.600 millones, que además no son coparticipables. La propia BCR estimó que la recaudación por derechos de exportación podría llegar a los US$ 8.600 millones en el ciclo 2021/22, con la soja aportando ella solita 7.100 millones.

Todo en la Argentina se valoriza al compás de la soja. Los analistas económicos rehacen sus números. Los políticos oficialistas ingresan en la campaña electoral con este viento de cola que no esperaban. Sube fuerte la soja y casi todos lo celebran, pues la Argentina es el tercer mayor productor y exportador de ese cultivo y sus derivados, detrás de Brasil y los Estados Unidos.

 Pero algo falla, porque los que no celebran son los propios productores de esa planta oleaginosa. Por el contrario, hay un clima de creciente tensión entre las autoridades económicas y las cuatro gremiales históricas nucleadas en la Mesa de Enlace. Hace falta un manual para tratar de entender qué es lo que pasa por la cabeza de los productores que les impide disfrutar de este aparente sensacional momento. Es eso lo que intentaremos explicar en esta nota.

 Los productores de soja, sean grandes o pequeños, son unos 60 mil. Todos ellos, con seguridad, se disgustan cuando ven a los diarios y a los noticieros titular con que el agro se está beneficiando con una soja de más de 500 dólares. Y en ese punto tienen razón, porque en ningún caso ellos llegan a embolsar esos famosos 500 billetes. Los que en todo caso llegan a cobrar esa suma de dinero son los exportadores, cuando colocan los granos en el mercado internacional que se maneja con los precios de referencia de Chicago. Allí la soja rozó esta semana los US$ 566. Un sueño que tocan con los dedos de la mano los productores de Estados Unidos, Brasil o Paraguay, pero no los argentinos.

 La primera explicación es que a esos 560 dólares hay que restarle las retenciones del 33%, el nivel máximo que le impuso el Congreso al presidente Alberto Fernández a los pocos días de asumir, dentro de la Ley de Emergencia Económica sancionada en diciembre de 2019. Ese es el tope de retenciones que se pueden aplicar con respaldo legislativo, al menos hasta el 31 de diciembre de 2021.

 Ese tributo aduanero se cobra con cada embarque de exportación, y la mayoría de veces por anticipado, a las grandes aceiteras. Te espero en el puerto, es el latiguillo que resume todo. Desde el vamos, el Estado se queda con 33% de los famosos 560 dólares, es decir unos 180 dólares por tonelada embarcada. Si los precios no hubieran subido como subieron el último año, por esa misma tonelada el Fisco estaría recaudando poco más de 100 dólares. ¡Miren si no hay entonces motivo para el festejo en los despachos oficiales!

 Para el productor, en cambio, ahí se produce una primera reducción violenta de sus ingresos potenciales si, como en los otros países, las retenciones no existieran. El derecho de exportación actúa “desacoplando” el valor interno de la soja del mercado internacional, pues las cerealeras recuperan el tributo que la Aduana les retiene en el puerto descontando ese 33% de los precios pagados a los productores. Es decir, no pagan los 560 dólares que marchan las pizarras de Chicago sino ese precio internacional (calculado todos los días por el Ministerio de Agricultura) menos el 33% de retenciones.

 Es decir que los 180 dólares que recauda el Estado nunca pasan por las manos del productor, que debe conformarse con cobrar por su soja una suma equivalente a unos 330 o 340 dólares por tonelada. Las grandes cerealeras hacen el clearing, pues depositan por un lado y descuentan por el otro. El mecanismo las convierte en un agente de recaudación infalible, porque hasta el 5% de la cosecha de soja que no sale a la exportación y se utiliza para consumo interno sufre ese descuento.

 Es imposible evadir los derechos de exportación, salvo en casos de contrabando que permitan vender la soja en países vecinos que no cobran retenciones. El Gobierno viene denunciando algunos secuestros de soja en la frontera de Misiones con Brasil. Pero son cargas ínfimas respecto de la producción global, de menos del 0,005%.

 Las retenciones constituyen la mayor parte de la presión fiscal que recae sobre una hectárea agrícola. La Fundación FADA, formada por productores de Río Cuarto, cada tres meses se dedica a medir esa presión y al 31 de marzo pasado concluía que de cada 100 pesos que genera una hectárea de soja unos 67 pesos (el 66,9%) se van en pagar impuestos, sean derechos de exportación u otros tributos.

 Pero todavía así, frente a la suba de los precios de la soja, cabe preguntarse por qué los productores no celebran un aumento que también derrama sobre ellos. En rigor, el valor interno de la soja estaba a fin de abril del año pasado unos 213 dólares y ahora se ubica en 331 dólares por tonelada, con un aumento más que significativo de 120 dólares. Así, si un chacarero cosechaba su soja en abril de 2020 y se decidía a venderla de inmediato cobraba a los viejos precios unos 14.000 pesos por tonelada. Hoy, esa misma tonelada -por el impacto adicional de la devaluación del peso- cotiza a 31.000 pesos.

 ¿De qué se quejan entonces los productores de soja? ¿Por qué no celebran? De un año a otro su ingreso en pesos subió a más del doble. Se trata de un aumento paritario con el que no podría llegar a soñar casi ningún otro argentino. Pero aquí viene un segundo proceso de extracción de recursos, bastante más complejo.

Por las disposiciones del Banco Central, las operaciones con granos en el mercado interno deben ser liquidadas al tipo de cambio mayorista del Banco de la Nación, que en las últimas jornadas rondaba los 93 pesos. Es decir que las cerealeras compran la soja de los productores al valor externo menos las retenciones y canjeando el resultante por un dólar oficial que es bastante menor a la cotización del dólar “libre”, en sus diferentes variantes.

En este punto, el argumento utilizado por los productores para justificar sus altas dosis de mal humor es que la existencia de una brecha cambiaria cercana a los 50 pesos por dólar constituye una suerte de “retención encubierta” que tiene origen en una situación macroeconómica que ya se arrastra un par de años y no parece tener horizonte de solución. El razonamiento es teórico y podría aplicarse a cualquier asalariado argentino (con ingresos pesificados a 95 cada vez puede comprar menos dólares a 145). Pero en el caso de la soja, al ser un producto dolarizado, queda más expuesta esta situación.

El analista de mercados y director periodístico del Canal Rural, Carlos Etchepare, se toma todas las mañanas el trabajo de mensurar lo que él llama “distorsiones” cambiarias, que también se repiten en otros cultivos. El viernes, para el caso de la soja y tomando un valor externo de 555 dólares por tonelada, calculó que el Estado se apropiaba de 172 dólares por vía de las retenciones convencionales y que otros 179 dólares quedaban en el camino de la brecha entre el dólar oficial y el Contado con Liquidación o dólar bolsa. Es decir que -valuada en dólares- la soja terminaba dejando en los bolsillos del productor 204 dólares y no los 560 que aparecen en los títulos de los diarios ni los 340 dólares que quedan descontadas las retenciones.

 La Asociación de Productores Rurales de Marcos Juárez, una de las más combativas de Córdoba, hizo el mismo cálculo con una soja que en Chicago valdría 566 dólares como la semana pasada. Aquí al productor le quedarían solo unos 206 dólares billetes. Este “hot sale”, según la ironía utilizada por los dirigentes rurales, implicó que el productor perdió el 64% de su ingreso potencial. Etchepare coincide al afirmar que el productor cobra solamente 37% del ingreso que debería recibir.

 Vale aclarar que eso sucedería en el caso de que el productor, al vender su soja, la cobre en pesos al tipo de cambio oficial y con esos mismos pesos intentara de inmediato adquirir dólares en el mercado paralelo. No es algo que pase con todos los productores y con toda la cosecha, pues la mayoría de los chacareros utiliza parte de sus granos como moneda de cambio

¿Qué quiere decir? Que para enfrentar una gran parte de los gastos de producción (la compra de semillas, agroquímicos y otros insumos) e incluso algunas inversiones en bienes de capital (maquinaria agrícola o camionetas) los productores se financian mediante planes canje por soja, pagaderos luego de cada cosecha... en toneladas de soja. Para ese tipo de financiamiento o crédito comercial, que según especialistas ya cubre el 50% de los costos totales de cada campaña, esta distorsión cambiaria no corre.

 Las quejas, de todos modos, se repiten. Y algunos análisis insisten en que el productor no debería estar cobrando los 31 mil pesos por tonelada de soja sino bastante más, cerca de unos 81 mil pesos por tonelada. ¿Será posible?

 Hay que recordar que cuando cosechan su soja, la inmensa mayoría de los productores debe abonar, además de los planes canje y otros costos como la tarifa de cosecha o los fletes de camión, el alquiler de la tierra donde produce. Según diferentes estimaciones, en la región pampeana cerca del 70% de las siembras se realiza sobre campos de terceros. El valor de arrendamiento, dependiendo de la zona y la calidad del campo, puede oscilar entre 10 y 20 quintales (de 1 a 2 toneladas) por hectárea. Es el equivalente -a valores locales sin la “distorsión” cambiaria“- de entre 340 a 700 dólares.

 La patria “rentista” también juega su partida en la construcción del malhumor agropecuario. Con el dinero que reciben por el alquiler de su campo, luego del pago de los impuestos correspondientes (en especial Ganancias y el Inmobiliario Rural), a los dueños de la tierra no les queda mucho por hacer más que posicionarse en dólares, pues no existen demasiadas alternativas de inversión. Esto recarga las tintas de quienes identifican a la brecha cambiaria como uno de los grandes problemas de los productores sojeros.

 En realidad, quienes producen soja y asumen todos los riesgos de hacerlo tienen este año dificultades mucho más urgentes. En su último reporte semanal sobre el avance de la cosecha, el jueves, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que ya se lleva cosechado el 31% de los campos sembrados con soja este año, y que debido a los mediocres rendimientos (el promedio apenas supera los 30 quintales) que se están obteniendo en muchos de ellos, la cosecha total se estima en apenas 43 millones de toneladas.

 La culpable fue la sequía que castigó a los cultivos todo el verano. Los pronósticos, al comienzo de la campaña, habían arrancado en 52 millones.

Ni el Estado que recauda retenciones ni los dueños de la tierra que cobran alquileres suelen apiadarse de los productores ante situaciones como estas: en muchos lotes castigados por la falta de lluvias, sobre todo del norte de Buenos Aires o la provincia de Entre Ríos, la productividad ofrece resultados de 12 a 25 quintales por hectárea, que no alcanzan para cubrir los costos de producción. Esos productores seguro perderán plata este año, sea que la soja se las paguen a 560 dólares o los 206 dólares luego de descuentos. Con tan baja productividad muchos de ellos no alcanzarán los denominados “rindes de indiferencia”, que son los que en una planilla de márgenes agrícolas definen qué volumen de soja se debe producir de mínima para salvar los gastos y comenzar a ganar algo de dinero.

Por eso hay muchos productores que todavía no tienen nada para celebrar. No al menos hasta que no conozcan los números finales de la cosecha.

Por supuesto habrá otros casos de empresas agrícolas que saldrán mejor paradas y aprovecharán el viento de cola de los altos precios de la soja. Esta semana la Universidad Austral difundió los resultados de su AG Barometer, una encuesta a 406 productores cuyo valor bruto de producción es igual o mayor a 200.000 dólares. Una de las preguntas fue si pensaban hacer inversiones de capital este año y el 54 % de los encuestados contestó que pensaba invertir lo mismo o más que el año pasado.

 Es decir que hay un importante segmento agrícola al que no se lo escuchará descorchar champaña ni festejar por la soja de más de 500 dólares. Pero algo de resto les quedaría como para renovar la camioneta, seguir jugando la partida y esperar por tiempos mejores, sin retenciones ni brecha cambiaria.

WC