En este segundo año de pandemia, Chile tendrá al menos tres jornadas electorales. La primera de este fin de semana constituye un hito histórico para el país, y en varios aspectos, para el mundo. Se trata de la elección de alcaldes/as, concejalxs, la elección inaugural de gobernadorxs regionales y, muy importante, la de convencionales constituyentes. 

Existen algunos interrogantes de orden práctico sobre este fin de semana: por un lado, no es posible saber aún cuánto incidirá el temor al contagio del COVID 19 en la participación electoral. Es cierto que el país ha avanzado mucho en la vacunación, pero los niveles de contagios y de ocupación hospitalaria siguen siendo altos. Asimismo, como el voto es voluntario, el costo de no ir a votar se diluye. Evidencia de esto es la tendencia preocupante de un abstencionismo elevado en la última década. 

No obstante, pareciera ser que desde el estallido social de octubre de 2019 se ha mantenido una adhesión fuerte con el proceso constituyente y la idea de acordar nuevos “términos y condiciones” de esta vida en común, con el respeto a los derechos humanos como base primordial. De acuerdo a los resultados del plebiscito de octubre de 2020, un 78% aprobó la idea de cambiar la Constitución, y un 79% eligió hacerlo a través de una asamblea constituyente donde el 100% de sus integrantes fueran electos desde cero. Si bien en esta elección la participación electoral aumentó poco en comparación con anteriores, lo interesante fue que este aumento vino de la mano de una mayor participación por parte de sectores que habitualmente se restaban de los procesos electorales, como las personas jóvenes y quienes viven en sectores vulnerados.

Así, los y las convencionales electas tendrán la responsabilidad de escribir una nueva Constitución para Chile. Este es un momento político esperanzador y desafiante, cuyos resultados van a depender de la combinación de fuerzas, pero que ya tiene a estas alturas algunos hitos positivos: será una Convención constitucional paritaria y con escaños reservados para representantes de pueblos indígenas. 

Paradójicamente, son los resultados magros de la primera aplicación de las cuotas de género en 2017 los que gatillan la idea de proponer y luchar por una Convención Constitucional Paritaria. En medio del estallido social de 2019, la posibilidad de que la ciudadanía eligiera a convencionales con las mismas reglas electorales que regulan las elecciones de congresistas implicaba replicar la representación de un órgano que cuenta con un apoyo social menor al 3%. En ese sentido, una eventual Convención Constituyente necesitaba estar conformada por caras nuevas, las personas que han estado históricamente marginadas del poder en Chile: mujeres y pueblos originarios. Con esta idea en mente, un grupo de la Red de Politólogas junto a representantes de organizaciones de mujeres y el apoyo del movimiento feminista propuso una fórmula electoral que asegura un piso de 45% y un techo de 55% de mujeres.

En muchos de los sistemas presidencialistas latinoamericanos es difícil que se aprueben proyectos sin el apoyo de la Presidencia. La paridad, aprobada el 4 de marzo de 2020, es la primera derrota legislativa del Presidente Sebastián Piñera. El gobierno, a pesar de intentar frenar esta iniciativa presentando alternativas políticamente inviables, no pudo doblegar a la coalición transversal de diputadas (algunas de gobierno y todas las de oposición) y el apoyo de las senadoras que lograron convencer a sus colegas y juntar los votos necesarios: el 60% de los miembros totales de cada cámara. La lucha por los escaños reservados de pueblos indígenas fue más larga y onerosa: se consiguió una integración menor a la buscada y se restaron estos escaños de los distritos, volviéndolos más chicos y por ello, menos conducentes a una representación proporcional. Sin embargo, si una Convención paritaria es una novedad mundial, la presencia de escaños para pueblos indígenas representa un hito histórico en Chile. El reconocimiento del carácter plurinacional del Estado y los derechos de los pueblos son algunas de las expectativas puestas en el nuevo pacto social, con la esperanza de poder superar un pasado de diálogos infructuosos y poner fin al conflicto social y la violencia estatal en La Araucanía. 

Gracias al trabajo de académicas y activistas feministas, y de defensores/as de derechos de los pueblos indígenas, el diseño de esta Convención constitucional ha elevado el piso de la conversación democrática en Chile. Si una pudiera pensar en acciones reparadoras para el maltrecho sistema de representación política tradicional, esta es sin duda una bocanada de aire fresco. Están en juego nuestros derechos fundamentales y la lucha contra una discriminación histórica, que explica, nunca justifica, el hecho de que hayamos tenido menos posibilidades de acceder al poder.

*Coordinadora de la Red de Politológas #NoSinMujeres.

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