Hay una leyenda guaraní que cuenta la historia de un joven indígena que se adentra en la selva del Chaco, equipado con un trozo de tacuara —un tipo de caña de bambú— y una calabaza conocida como “mati” en su idioma. Después de perder el rumbo y toda esperanza, sus provisiones resultan ser una bendición cuando encuentra las hojas de una planta que, una vez mezcladas con agua y sorbidas desde su calabaza, le devuelven el ánimo y le dan energía para continuar.

Hoy en día, esta hoja, de la planta Ilex paraguariensis o yerba mate, una vez tostada, secada, molida y preparada, es la infusión favorita de Sudamérica.

Argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileños consumen distintos tipos de yerba según los diferentes tipos de canchado, como se le llama a la molienda. La yerba argentina y paraguaya es gruesa e incluye partes de las ramas del árbol, “el palo”; la que consumen en Uruguay, en cambio, es fina y, por consiguiente, tiene más polvo; y en Brasil la yerba es casi un polvo verde. Pese a las diferencias, todos son cultores de esta bebida.

Su gran popularidad también contribuye a impulsar una industria que genera más de 2.000 millones de dólares al año. Más allá de la infusión tradicional, la yerba mate se utiliza cada vez más en bebidas energéticas, cosméticos, barritas de cereales, helados y vermú, entre otros productos.

Sin embargo, a medida que los efectos del cambio climático traen consigo desafíos ytransformaciones en la agricultura en este rincón de América del Sur, el panorama de la producción de yerba mate, actualmente dividida entre Argentina, el sur de Brasil y Paraguay, también podría estar a punto de cambiar.

En 2023, Argentina fue el principal productor de yerba mate con 982.000 toneladas, seguido de Brasil (736.000 toneladas) y Paraguay (160.000 toneladas), según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Uruguay, por su parte, nunca ha cultivado la planta en grandes volúmenes, pero la sed de sus 3,4 millones de habitantes por esta bebida lo convierte en el mayor consumidor per cápita, con aproximadamente 10 kg por ciudadano al año, demanda que se cubre con importaciones de sus vecinos.

Un estudio realizado en 2024 por científicos brasileños advirtió que esa realidad puede cambiar, y que las áreas favorables para los cultivos de yerba mate se reducirán en Paraguay y Brasil y se mantendrán estables o hasta aumentarán en Uruguay, por efectos del cambio climático, lo que podría desarrollar esa nueva industria.

El informe presenta cuatro posibles escenarios de cambio climático con diferentes grados de optimismo en cuanto a la magnitud de la reducción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero durante cuatro periodos de 20 años, desde 2020 hasta 2100.

En todos los escenarios posibles proyectados por los investigadores, a medida que pasan los periodos, las zonas cultivables parecen desplazarse a lo largo de los cuatro países, desde el noreste hacia el suroeste.

Para comienzos del próximo siglo, y en el peor escenario posible, Uruguay, al sur del departamento Río Negro, quedaría dentro de un selecto grupo favorable para el cultivo de yerba mate, junto a una pequeña porción de la provincia de Buenos Aires en Argentina, y zonas más pequeñas aún en Rio Grande do Sul y Santa Catarina en Brasil.

En la actualidad Argentina lidera el podio de superficies cultivadas con yerba mate, con más de 230.000 hectáreas; le sigue Brasil, que cuenta con 85.000 hectáreas cultivadas de yerba mate —sin contar la recolección silvestre—; por último, Paraguay con unas 40.000 hectáreas. Uruguay posee producción, de momento, artesanal, por lo que no existen registros estadísticos.

“Este escenario sugiere que Uruguay podría consolidarse como un centro estratégico para el cultivo de yerba mate en las próximas décadas, especialmente si invierte en tecnologías adaptativas y políticas de fomento a la producción. Sin embargo, es importante destacar que este potencial está fuertemente condicionado por el grado de calentamiento global”, advierte a Dialogue Earth Guilherme Botega, del Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, uno de los investigadores.

En medio de estos posibles cambios, Dialogue Earth visitó a pequeños productores de yerba mate que actualmente trabajan en Uruguay y habló con figuras de la industria en Argentina que evalúan la resiliencia de su producción, tras haber sido testigos de los efectos del cambio climático.

El proyecto de Ambá

La jornada arranca temprano en las sierras de Rocha —a unos 300 metros sobre el nivel del mar— donde la blanca bruma se hace más densa por el aporte de un fogón preparado para sapecar unos 30 kilos de hojas de yerba mate.

Sapecar significa “abrir los ojos” en guaraní, y en términos técnicos, sirve para reventar los estomas, las estructuras por dónde respira la planta, en un primer proceso de deshidratación, que se completa en el secado.

El tostado se lleva a cabo en un proyecto dirigido por Ambá, una organización sin fines de lucro dedicada a la restauración de la naturaleza y los ecosistemas. En su centro de regeneración en el este uruguayo ya registraron un millar de árboles de ilex paraguariensis en dos campos de poco más de siete hectáreas. Se trata de árboles que crecen en forma silvestre entre las quebradas, protegidas por una mata de bosque nativo.

Ambá significa “el propósito más alto” en guaraní. La organización plantea que el vínculo emocional del ser humano con la naturaleza está dañado, y se han decidido a cambiar esa realidad restaurando ecosistemas como base para el desarrollo de las comunidades locales y las economías regenerativas.

La yerba mate que se ha integrado en sus paisajes puede que sea solo para su propio consumo, pero no son los únicos que muestran las posibilidades de este cultivo artesanal. Los campos privados y el cultivo de yerba a pequeña escala son cada vez más numerosos. Entre los productores más conocidos se encuentran el vivero I Porá, en el departamento de Maldonado, en el sur del país, y Quebrada de los Cuervos, en el departamento de Treinta y Tres, dirigido por Alberto Demichelli, a quien se considera “pionero” en la reintroducción de la especie en el país.

Los árboles de Ambá en Rocha crecen a su antojo, gracias a las aves que comen sus semillas rojas —parecidas a las del café—, y que luego de un proceso de escarificación en el tracto digestivo, son dispersadas con la deposición.

“Haciendo la cosecha de hojas en un campo, sin querer, el dueño nos dijo que vio un árbol nuevo. Nos llevó a ver ese árbol y caminando por la zona encontramos diez más que no habíamos contado. Eso es dispersión pura de la semilla”, cuenta Talía Zamboni, coordinadora de Restauración Ecológica de Ambá.

El grupo organiza actividades abiertas a la comunidad, en las que se circundan los distintos senderos serranos y se realiza parte del proceso que convierte a las hojas en yerba y, como es de prever, todo sucede al ritmo del mate.

Una historia de silvicultura y ganadería

Su cultivo a gran escala ha hecho creer al público que la yerba mate es un arbusto, pero en estado silvestre es un árbol que puede alcanzar alturas de entre 10 y 30 metros, con troncos de hasta 80 centímetros de diámetro, por lo que se poda para facilitar la recolección de las ramas.

La especie se desarrolla mejor en regiones con una temperatura media anual de entre 15 y 25 °C, siendo la óptima de 20 a 23 °C, y una precipitación anual superior a 1.200 mm. Además, es reacia a la luz solar directa.

Otro de los pioneros en Uruguay es el ingeniero agrónomo Raúl Nin, quien vio por primera vez un árbol de yerba mate en 1964, en el departamento de Tacuarembó, y se ha vuelto referencia y proveedor de árboles.

Cientos de plantines esperan crecer en su vivero Ca’aguigua —“morador del bosque” en guaraní—, un espacio de 1.600 metros cuadrados a menos de un kilómetro del mar de la ciudad costera de La Paloma, con más de 200 especies nativas.

Nin cuenta que hay productores que le solicitan cientos de plantas y reseña que ha pasado con los árboles de yerba mate que crecían en el Uruguay a mediados del siglo XX.

“En la Segunda Guerra Mundial no quedó un monte en pie en Uruguay porque no había petróleo y hubo que traer la línea férrea desde Paraguay para sacar el carbón. Luego llegó el negocio forestal, o sea, se perdió la producción en masa por decisiones políticas y por necesidad de la época”, relata.

La silvicultura se ha convertido en una importante actividad económica y un sector exportador para Uruguay, con aproximadamente el 6% de su superficie dedicada a monocultivos de eucalipto y pino, lo que genera preocupación por el impacto ambiental.

Nin agrega otros factores: el reemplazo de nativas por exóticas y el auge de la ganadería, tanto por el uso de la tierra como por debilidad que tienen las vacas por las amargas hojas de yerba mate.

Regeneración

Así como Nin y Ambá en Uruguay están tratando de demostrar el potencial de la producción de yerba mate a pequeña escala para integrarse a los ecosistemas locales, los productores a gran escala, como los de Argentina, también se ven obligados a tener en cuenta los cambios ambientales y la necesidad de adoptar enfoques diferentes.

“Necesitamos volver a generar sistemas productivos que se parezcan a sus ambientes naturales”, plantea la subgerente del área técnica del Instituto argentino de la Yerba Mate (INYM), Verónica Scalerandi.

La ingeniera agrónoma reconoce que el informe de sus colegas brasileños “invita a tomar conciencia” y advierte que ya ha visto algunos avances de lo que plantea en las últimas sequías de 2021-2022.

“Los efectos de las precipitaciones no son solamente que llueva 1.200 milímetros de promedio [en las zonas de cultivo de yerba mate de Argentina], sino que el cambio climático lo que está haciendo es que estas precipitaciones se concentren, y además se conjuga con algo que el informe no tiene, que es que nuestros suelos están altamente degradados, y que la precipitación llegue a las raíces de las plantas no depende de la cantidad de agua que cae, sino de las condiciones físicas de nuestros suelos”, afirma. 

Un informe del INYM al que Dialogue Earth tuvo acceso relevó condiciones físico-químicas de los suelos yerbateros argentinos que demuestra que cerca del 80% están en condiciones malas de calidad física, por laboreo, sobrelaboreo, compactación, y falta de cobertura, lo que implica que menos del 60% de las precipitaciones efectivamente lleguen a las raíces de las plantas.

“Tenemos promedios de producción muy bajos que evidencian que hay cultivos que están muy degradados y produciendo muy poquito, pero uno va a veces a un campo, a un productor que maneja las cosas bien y tiene rendimientos altos”, dice Scalerandi.

La especialista es, no obstante, optimista. “La yerba mate es la oportunidad para nuestra ecoregión, que es el relicto de selva paranaense, porque es un cultivo nativo que le gusta la sombra, que se lleva muy bien con la cobertura arbórea y que se puede cultivar haciendo un manejo eficiente de las coberturas espontáneas y naturales de los suelos, lo que otros llaman malezas”, sostiene.

La representante del INYM considera que la sostenibilidad del sector no se logrará únicamente aumentando la producción, sino que la verdadera oportunidad frente al cambio climático reside en desarrollar sistemas más resilientes y priorizar la protección del suelo, que considera el único factor capaz de garantizar la producción a largo plazo.

Los paredones de una enorme fábrica con aspecto de nave espacial se erigen en un vacío campo amarillo. Estamos en el centro de Uruguay, en plena zafra de soja, en la frontera entre los departamentos de Durazno y Tacuarembó, una zona logística de excelencia en un país circular, ubicada a un par de horas de las fronteras con Brasil y Argentina, y a poco menos de tres de la capital, Montevideo.

Aquí, el anuncio de la instalación de la planta de pasta celulosa (también conocida como pastera) UPM 2, en 2019, y la promesa de 10.000 puestos adicionales de trabajo generó gran expectativa y no pocas polémicas.

La primera de las pasteras instaladas fue inaugurada por la finlandesa Botnia en 2007 y transferida a UPM-Kymmene Corporation, de igual nacionalidad, dos años después. Se asienta sobre el binacional río Uruguay, cerca de la ciudad uruguaya Fray Bentos y la argentina, Gualeguaychú. Generó, desde su aprobación en 2005, un fuerte conflicto diplomático. La obra fue repudiada por los vecinos de Gualeguaychú, quienes se movilizaron en las rutas y hasta llegaron a cortar el puente internacional General San Martín, que conecta a estos países. 

Aquel conflicto, en parte, se resolvió por un fallo de la Corte Internacional de Justicia, que en abril de 2020 instruyó a los dos países a hacer un monitoreo permanente conjunto del río, por medio de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), organismo que, seis años después, constató que la planta ubicada en Fray Bentos sí contaminó el río.

Ahora bien, esta es sólo una de las cuestiones socioambientales a atender.  Y, con esta nueva pastera a meses de ser inaugurada, la pregunta es: ¿se aprendió de la experiencia o se repetirá la historia?

¿De qué se alimenta una pastera?

Millones de árboles exóticos, genéticamente idénticos, se vislumbran desde las rutas como un perfecto círculo verde rodeado de nada. Es que, para que exista una pastera, primero tiene que existir forestación. Y, en esta parte del mundo, eso se traduce en monocultivo de eucaliptos. 

Así, la producción de pasta celulosa comienza dos décadas antes del proceso industrial, con la plantación de esta especie originaria de Australia. La actividad se abrió paso por todo Uruguay impulsada tanto por capitales nacionales (la familia del presidente Luis Lacalle Pou es un ejemplo) como extranjeros (entre ellos, las firmas Arauco, Stora Enso y la propia UPM), que aprovechan el suelo charrúa, donde estos árboles toman entre 8 y 10 años en crecer, mientras que en Finlandia lo hacen entre 50 y 60 años.

En las últimas tres décadas, el negocio de la madera se convirtió en un pilar de la economía uruguaya, al punto de que el nuevo proyecto de UPM —obra proyectada en US$4000 millones, la mayor inversión privada en la historia del país— prevé aportar 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional cuando la planta esté en funcionamiento.

Sin embargo, el cultivo de eucaliptos también conlleva impactos negativos en el suelo y en el agua. Se trata de plantas de crecimiento rápido, que capturan muchísimos nutrientes, toman grandes volúmenes de agua desde las napas freáticas o acuíferos superficiales y alcanzan reservas de agua profundas a las que los pastos no tienen acceso.

“La forestación es, quizás, el daño ambiental a más largo plazo”, advierte el sociólogo Daniel Pena, quien —junto a la educadora popular, Soledad Recoba; la abogada especializada en Derecho Ambiental, Carolina Neme; la doctora en Ciencias Biológicas, Natalia Bajsa; y el ingeniero agrónomo forestal, Gastón Carro— reunieron diversos estudios que enumeran los impactos ambientales que el desarrollo de esta industria acarrea en aguas y suelos.

Entre ellos se incluyen la reducción en la calidad del agua y la disminución, en el orden del 20% al 50%, en la recarga de los acuíferos y de los causales de los arroyos. Esto último, por la acumulación de hojarasca, que lleva a que crezca una gran cantidad de hifas de hongos, las cuales generan un fenómeno de hidrofobicidad, repeliendo el agua e impermeabilizando gradualmente el suelo.

Paralelamente, el crecimiento de la biomasa radicular y otros fenómenos —como la pérdida de materia orgánica así como la destrucción de micro y macroagregados del suelo— conducen a una compactación y pérdida de poros, vital para el ingreso de agua al sistema.

Los suelos se acidifican (es decir, su pH disminuye, lo que genera problemas de desarrollo en el crecimiento de plantas y otros organismos microbiológicos) por la pérdida gradual de calcio, magnesio y sodio. La pérdida de materia orgánica lleva a que se compacten, disminuyendo su calidad y haciéndolos más erosionables.

Las plantaciones forestales tienen, a su vez, una mayor capacidad evaporativa que las praderas, lo que aumenta la tasa de evapotranspiración tanto en épocas secas como en húmedas. Esto genera un limitante a mediano plazo para las actividades agropecuarias (agricultura y ganadería), aun en predios vecinos a la actividad, ya que las napas —claro está— no conocen las delimitaciones de los alambrados.

Con la desecación del suelo durante el verano, los niveles de evaporación pueden hacer que el agua subterránea ascienda y deposite sales en o cerca de la superficie, lo que se conoce como salinización. Estas sales son tóxicas para las plantas y difíciles de eliminar del sistema, y pueden afectar cursos de agua superficiales o pozos para consumo humano y/o animal.

Además, la expansión de las plantaciones puede significar la agudización de las condiciones de déficit hídrico durante los eventos de sequía.

Agroquímicos, y después

Sumado a ello, en 2019, informes ambientales develaron que, en sus viveros, UPM hace uso de agrotóxicos como el hormiguicida fipronil, los herbicidas glifosato, flumioxazin e isoxaflutole así como los fertilizantes multicote y sulfato de amonio. 

En junio pasado, el Ministerio de Ganadería uruguayo tomó muestras del arroyo Santana, en Paysandú, donde UPM tiene viveros, y constató la presencia de agroquímicos, así como de hierro y arsénico. Esto motivó una advertencia de la cartera ambiental nacional sobre posibles sanciones. Sin embargo, esos daños —junto a otros— ya llegaron a la mismísima rambla de Montevideo y a numerosos ríos internos, con la floración de cianobacterias en las aguas. Todo esto ocurre cuando todavía falta cerca de un año para que la segunda planta de la firma finlandesa inicie sus operaciones.

Una vez forestada, la madera de eucalipto es llevada a la planta, donde se corta en trozos pequeños que se almacenan en grandes pilas de acopio para luego tamizarlos y seleccionar los de mejores dimensiones para la cocción de la madera, que separa la lignina de la celulosa. Esta última continúa por línea de fibra, donde es lavada y blanqueada. La pulpa luego se seca, se corta en láminas y se embala para facilitar el manejo, almacenamiento y transporte.

Servilletas, pañuelos, toallas y papel higiénico, toallitas para bebés, pañales y productos de higiene personal, filtros para café y té, envoltorios de alimentos frescos, bolsas y vasos de papel, embalaje de cartón para sólidos y líquidos, etiquetas y pegatinas, diarios, revistas y libros, impresiones, recibos, sobres y notas post-it, agentes aglutinantes en productos alimenticios y farmacéuticos, telas y ropa… Son muchos los productos que necesitan de la existencia de plantas de celulosa y pareciera casi imposible esquivarlos.

Un derrame que no llegó a todos lados

Centenario es el pueblo más cercano a la planta. Su población original, de unas 1500 personas, escaló a unas 2500, todos trabajadores golondrina que están por abandonar el lugar.

“Es una zafrita de un año o año y medio, pero también pasa que son los menos en ese abanico de posibilidades. El beneficio no fue ni para la mitad ni para la cuarta parte del pueblo”, analiza Eduardo Bovio, secretario de la Junta de Centenario.

El arribo de los obreros elevó el costo de las propiedades. Una casa tipo de dos o tres dormitorios, que en el pueblo solía alquilarse por unos 15.000 o 20.000 pesos uruguayos (US$400-500), llegó a costar US$2000 o US$2500. Casas más comunes, cuyos alquileres oscilaban entre los 8000 y los 10.000 pesos (US$200-250), escalaron a US$1000. Y otro tanto sucedió en Durazno y Paso de los Toros.

Pero, para Bovio, no fue lo que se esperaba. En el pueblo —cuenta—, se abrió un solo almacén y “las ventas de los comercios no aumentaron más de un 20%”. A diferencia de lo ocurrido en Fray Bentos, considera, UPM esta vez llegó más preparada y gastó menos.

“Las empresas vinieron más empobrecidas, los salarios son menores. En Fray Bentos, faltaron casas y restaurantes. Aquí, sobró todo. Vinieron empresas con menos recursos que buscaron cómo alquilar y bien, trataron de redistribuir los recursos económicos. La situación fue más organizada y no hubo desabastecimiento. Hubo normalidad y se mantuvo, y, por tanto, ahora va a empezar a bajar. Las empresas están desafectando funcionarios, vuelven las casas a estar libres y el que consumía antes, ya no está”, describe Bovio.

Y agrega: “Hasta la empresa que abastece la comida para la planta viene de Montevideo. También las cerámicas, los colchones, las camas, las heladeras y hasta las casas —módulos plásticos con sólo dos aberturas, puerta y ventana— vienen de la capital”.

El incremento de los alquileres también colaboró con la formación de asentamientos en Paso de los Toros, cuenta el concejal por el Partido Colorado y empresario hotelero Rolando Sánchez. “Son personas de Paso de los Toros que no pudieron seguir alquilando por el aumento de los precios. Antes, alquilaban por 15.000 pesos, y hoy salen entre 50.000 y 60.000”, detalla.  

Una situación similar se vive en Durazno, pero con gente que ha llegado de otro departamento, no ha tenido posibilidades de trabajo y permanece ahí.

La otra cara

Las ciudades, en contraposición, se han beneficiado con muchas cosas. En Paso de los Toros, se mejoró la planta de tratamiento de efluentes y el saneamiento, y se hizo un vertedero nuevo que reemplazó a un basurero desorganizado. En Durazno se repararon los caminos, que conectan con la Ruta Nacional 5, donde también hay obras de ampliación; mejoró tanto la educación como la atención comercial; se inauguró un shopping (centro comercial), hay nueva hotelería y una oferta deportiva enriquecida, al punto que aparecieron o se nutrieron actividades como polo, hockey, cricket y rugby por influencia de la gente que llegó.

Fabiana Lemme, asistente dental de 50 años nacida y criada en Durazno, aprovechó el arribo masivo para alquilar su casa, mudándose a un apartamento. Lo hizo a una empresa lituana que trabaja para UPM y, con la operación, logró un ahorro de poco más de US$2000 mensuales. “Todavía no sé si me sirvió, porque no sé cómo me van a entregar la vivienda cuando se vayan. Pero, fue una oportunidad para un ahorro chiquito, en un momento donde tuve que enfrentar un cáncer”, dice.

La empresa le hizo algunas exigencias antes de firmar. Le pidió siete camas individuales con su correspondiente ropa blanca y dos heladeras, entre otros electrodomésticos. Hoy, viven allí ciudadanos turcos, pero la ocupación es rotativa.

Durazno es una típica ciudad con ritmo de pueblo de las que abundan en el interior uruguayo. De plazas con abuelos alimentando a las palomas, periódico local con fotos sociales en su pliego central y perros durmiendo la siesta en la calle. 

Pero, la vida ahí ha cambiado, sobre todo durante la semana. Comercios que antes no tenían mesas ocupadas, hoy se llenan. Y surgieron muchos emprendimientos, en especial gastronómicos, que aprovechan la demanda creciente.

La comunicación entre ambos tipos de residentes se realiza, celular mediante, usando aplicaciones de traducción simultánea, y hasta se han formado algunas parejas ocasionales. “Capaz que queda algún niño olvidado por acá”, bromea Fabiana.

Los fines de semana, en cambio, muchos de esos trabajadores hacen miniturismo por Uruguay. Montevideo, Punta del Este y Colonia son los destinos que suelen visitar. Y la ciudad vuelve a su ritmo habitual.

No obstante, con la obra civil casi terminada, muchas de las casas en Centenario y Carlos Reyles, que UPM levantó en terrenos privados o fiscales alquilados para que vivan los obreros, están comenzando a vaciarse, al tiempo que las ciudades comienzan a repoblarse de un modo más permanente.

En este contexto, el 20 de mayo pasado, el Ministerio de Vivienda de Durazno y la compañía firmaron la cesión de 500 de los módulos utilizados durante la construcción de la planta una vez que finalice la obra. La ministra Irene Moreira afirmó que serán casas de uno o dos dormitorios que cumplirán con los estándares de calidad, y se entregarán a ciudadanos de Durazno y Tacuarembó (Paso de los Toros)  en el primer trimestre de 2023. 

La precuela

En el informe “Impactos sociales y culturales de las plantas de celulosa en Fray Bentos y Conchillas”, Pena y Recoba identifican muchos puntos en común entre la primera experiencia de UPM en Fray Bentos y la actual en Durazno. La más significativa es que en ambas hay dos momentos muy marcados: primero, la obra civil, que lleva más tiempo y emplea mayor cantidad de gente; luego, el tiempo de producción, con menos empleados y más calificados.

La empresa dice haber tomado nota de eso. “Se intentó tomar la mayor cantidad de aprendizajes para minimizar los impactos y acelerar todos los procesos positivos”, afirma Matías Martínez, gerente de Comunicaciones de UPM. Y cuenta que la empresa y la fundación que lleva el mismo nombre dispusieron siete equipos que trabajaron con el Gobierno nacional, las gobernaciones locales y ONGs —como El Paso— para consensuar acuerdos que hicieran más amigable la instalación de la segunda planta y se evitaran los errores de la primera experiencia, como aumento de la conflictividad social, denuncias de explotación sexual, hacinamiento habitacional y colapso de los servicios públicos, entre otros.

“Nosotros queremos generar comunidades fuertes, porque necesitamos que la gente se quede a vivir acá”, apunta.

Tallar nuevas maderas

Carmelo Vidalin transita su cuarto mandato como intendente de Durazno. Es, además, un vecino reconocido al punto de ser interpelado por las ventanas que dan a la sala de reuniones del edificio comunal.  

“No quiero que me pase lo de Fray Bentos”, enfatiza. “Tengo un compromiso con el Gobierno nacional y con UPM de que, en la medida en que van terminando las obras, los obreros que no son del departamento deben volver a sus lugares de origen”, agrega, antes de mostrar la carpeta de un proyecto de polo logístico que va a presentar pocos días después. 

“Tenemos una comisión que trabaja por el Durazno de los próximos 30 años”, sostiene. “La expectativa es grande, pero el cambio que se da en la sociedad, en todos los aspectos en los últimos años, es tan rápido que el desvelo principal que tiene este intendente es la de preparar gente en las diferentes áreas, para que la inteligencia artificial no sustituya al hombre y a la mujer.”

La advertencia la vio con sus propios ojos en la planta de Rinde, empresa que produce alimentos balanceados para vacunos, que sustituyó a 30 personas por un robot. “En la medida que nosotros no nos preparemos y pensemos que solamente con voluntarismo, con garra charrúa podemos, marchamos; hay que estudiar y prepararse en todas las áreas.”

En este camino, la intendencia trabaja con Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) y otras instituciones con el objetivo de elevar la calidad educativa de los trabajadores locales y así poder cubrir la nueva oferta laboral que se avecina.

“Que haya una escuela en construcción, no sólo para saber manejar una cuchara o una plomada, sino para conocer todas las tecnologías constructivas y todas las formas de seguridad. Que no tengan que venir de Croacia o de Rusia soldadores especializados para trabajar en UPM y que nosotros tengamos la chance de enviar uruguayos a otros países”, se ilusiona Sánchez. 

Mientras ese futuro potencial se construye, lo que viene —en cuestión de meses— es la pastera en funcionamiento: el tiempo de saber qué es lo que realmente queda de aquel progreso prometido y ver si este incluye —esta vez— criterios de sostenibilidad que, además de los económicos, velen por lo social y lo ambiental.

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte.  

RB

Promediando la década 2000, fueron varios los médicos de Argentina y Uruguay que comenzaron a probar al cannabis en sus pacientes en forma clandestina. Los profesionales debían sortear la prohibición que recaía sobre la milenaria planta y, además, el prejuicio de colegas, instituciones y hasta las propias familias de esas personas que, por lo general, acudían ya desesperados de dolor y frustrados por los tratamientos convencionales. El surgimiento del movimiento de madres cultivadoras en Sudamérica mostró a la opinión pública otra realidad, la de miles de niños y niñas con epilepsia que sufrían numerosos ataques y daños en sus organismos. Las evidencias ya nadie pudo discutirlas, y los gobiernos aprobaron el cannabidiol (CBD) rápidamente. 

Uruguay fue el primero de ellos y, en septiembre, una obra social incorporó al cannabis a sus tratamientos y acaba de abrir la primera policlínica especializada. Un espacio que, en simultáneo, sirve como cohorte científica y que ya registró que el empleo de cannabis reduce tres veces el uso de opioides y que, incluso, hay casos en los que directamente los reemplaza. 

“La gente añosa es la que más nos consulta porque consumen antiinflamatorios esteroideos que pueden afectar el riñón o analgésicos mayores derivados de los opioides, como el llamado tramadol, que les da tontera. El cannabis ayuda a que, si igual tienen que usar esos medicamentos, puedan disminuir las dosis y los efectos colaterales”, afirma a elDiarioAR Julia Galzerano, directora de la primera clínica especializada y que pertenece al Casmu (Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay), la obra social.  

La especialista explica que, de momento, sólo pudieron hacer investigaciones retrospectivas, y que se necesitan investigaciones con doble ciego para determinar la eficacia del cannabis como analgésico. Sin embargo, en un estudio epidemiológico observacional y retrospectivo sobre 355 pacientes que concurrieron a consultar espontáneamente sobre cannabis entre agosto de 2016 y diciembre de 2017, se evidenció que el 60,6% de los pacientes tratados refirió mejoría de sus síntomas. 

La investigación se realizó, en su mayoría, con mujeres con un promedio de edad de 67 años, de nivel educativo terciario, y las patologías de consulta fueron neurológicas, enfermedades reumáticas o artro-degenerativas, neoplasias, psiquiátricas y misceláneas. 

Solo el 16,3% de la población estudiada presentó efectos adversos de grado leve, no obstante, los altos costos y la gestión dificultosa para conseguir el aceite fueron causas para no iniciar o abandonar el tratamiento. Y son razones por las cuáles poca gente puede acceder aún a la sustancia. 

Son tres los medicamentos a base de cannabis que se ofrecen en Uruguay. Uno de ellos, producido íntegramente en el país, es el Bidiol, cuya presentación de 30 mililitros tiene un costo de 3.890 pesos (unos 85,50 dólares). 

Son tres los medicamentos a base de cannabis que se ofrecen en Uruguay. Uno de ellos, producido íntegramente en el país, es el Bidiol, cuya presentación de 30 mililitros tiene un costo de 3.890 pesos (unos 85,50 dólares).

El Epifractán, el primero de los comercializados, va desde los 1.030 hasta los 5.953 pesos (de 22 a 118 dólares), según la presentación y concentración de cannabinoides. El más caro de los tres es el Xannadiol, con dos presentaciones que cuestan 5.250 (116 dólares) y 9.990 pesos (220 dólares). 

Precios elevados en comparación con los del mercado no regulado, donde los 150 mililitros de aceite con una concentración media de CBD oscila los 1.200 pesos uruguayos (26 dólares). 

El prejuicio funciona

“La pregunta es si se van a volver adictos o si va a estar en su historia clínica que consumieron marihuana”, cuenta Galzerano en base a la experiencia de sus consultas, con agenda llena desde hace dos meses. “Hay que deconstruir esa cuestión social porque de 10 pacientes seis o siete te la hacen”. 

Una de esas personas es Jimena Martín, una uruguaya de 32 años que sufre de epilepsia desde los cuatro, aunque en un principio, solo sintomatizada en ausencias, el “pequeño mal”, como le llaman en la jerga. 

“Rechazaba el tratamiento de cannabis porque lo asociaba con droga, pero cuando me explicaban que era una parte de la planta que no tenía lo que yo llamaba droga me terminé decidiendo. Peor que lo que estaba pasando no iba a ser”, cuenta. 

Jimena atravesó su enfermedad como un verdadero calvario. Tomó etosuximida y ácido valproico. De las ausencias pasó a las convulsiones y llegó a ingerir 13 píldoras por día, entre ellas cuatro antiepilépticos.  

Pasó un mes internada, intubada y atada, con una convulsión atrás de otra. Sus venas se saturaron y se afinaron hasta parecer “hilos”. En suma, perdió su trabajo hace cuatro años y, hasta el momento, nadie se atrevió a contratarla. “A los epilépticos nos ponen el cartel de problemáticos”, se lamenta. 

Luego de muchas dudas, la mujer decidió alternar sus medicamentos con cannabis porque quiere ser mamá y necesita bajar la cantidad de medicina que recibe su cuerpo.  

“Es creer o reventar. Durante años fue una convulsión atrás de otra y a partir de que comencé de a poco con las gotitas de cannabis medicinal es increíble el cambio que ha hecho”, cuenta. 

Hace más de dos años que toma el aceite Charlotte, producido en Estados Unidos, que consigue cuando viaja algún conocido y todavía no se anima a reemplazarlo por uno local. 

Hoy ingiere 32 gotas al día. 12 a las 8 de la mañana; otras 12 a las tres de la tarde y las 12 restantes a las ocho de la noche. 

“Los neurólogos dicen, con respecto a la epilepsia, que descansar y dormir bien es otro medicamento. Bueno, esto es lo mismo”, define. 

En Uruguay existen al menos 10 opioides registrados para su comercialización, entre los que se encuentran: fentanilo, remifentanilo, tramadol, morfina, codeína, etilmorfina, metadona, oxicodona, meperidina y dihidrocodeína.  

Y si bien el país no maneja las graves estadísticas de naciones como Estados Unidos sobre abuso de esta sustancia, un informe de la OEA de 2020, dijo que sí es preocupante el consumo de diversos medicamentos opioides de forma inyectada en Uruguay, el uso de parches de fentanilo, y el consumo desmedido del tramadol, la morfina y el suboxone aún sin indicación médica.  

Pero el dato más preocupante es la repetida aparición de estos medicamentos en los intentos de suicidios, un problema que golpea fuertemente a Uruguay. 

Es por ello que la mirada de Jimena hacia el cannabis es la misma que tiene el gobierno uruguayo, que en los últimos dos años apalancó el desarrollo del cannabis medicinal, no sólo por su rentabilidad comercial, sino también para fomentar el consumo interno. 

Entre los objetivos sanitarios presentados por el Ministerio de Salud Pública para el año 2020 se encuentra como primer punto estratégico favorecer los estilos de vida y los entornos saludables, y disminuir así los factores de riesgo.  

Una de las estrategias postuladas para alcanzar ese fin es la prescripción racional de 17 estupefacientes y psicofármacos por parte de los profesionales de la salud y su uso adecuado por parte de los usuarios. 

En esa empresa también es necesario convencer a los propios médicos, muchos de los cuáles siguen en los 2000, mirando de reojo a una planta con propiedades probadas y que los pacientes mencionan, curiosos, en sus consultorios. 

“A nosotros nos enseñaron que era una droga de abuso y no que tenía propiedades médicas, y los tratamientos nuevos en las prácticas médicas te lo presentan los visitadores, y con el cannabis no hay visitadores”, dice Galzerano, que también preside la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología (SUEN). 

Con ese organismo, y también con el Casmu, capacita a colegas desde 2016 y les recomienda que sumen al cannabis en su farmacopea. Y si bien asume que todavía no existe un trabajo interdisciplinario en torno a la planta, dice que muchos especialistas comenzaron a enviarle pacientes, sobre todo, desde el área de salud mental. 

La evidencia es la propia Jimena, y las miles de personas que vienen consumiendo cannabis, aún desde épocas clandestinas. 

“Anímicamente, al sentirse uno mejor y ver que todo está funcionando. Ver que no tenes convulsiones y no estas hospitalizado -donde solo ves agujas y médicos que te intuban- te mejora, no de un día para el otro, pero te mejora muchísimo la calidad de vida”.  

“Yo antes necesitaba estar sí o sí con mi pareja o mis padres. No podía hacer ni un mandado sola y, a los 32 años, me sentía impotente. Hoy, el solo hecho de irme de vacaciones aunque sea a algún lugar cercano como Brasil o Argentina o animarme a proyectar una familia es un cambio de vida”, resume la mujer a la que el cannabis le aceitó la existencia.

RM

El cultivo se presenta como un camposanto en donde todavía se erigen algunas plantas. La cosecha terminó y aquellas que no llegaron a ser levantadas morirán de pie. El cielo plomizo se une en armonía a los morados, ocres, azules y verdes de hojas y cogollos.

Es también el final para muchos animales de monte que encontraron en el cultivo un oculto y seguro ecosistema.

“Cuando se hace el despalillado hay un primer control en el que se encuentra de todo: nidos de pájaros, orugas de lagarta, liebres y víboras, que saben llegar hasta el secadero”, enumera Juan Vaz, consultor del cultivo de la chacra Kender y nombre de peso en la historia de la legalización del cannabis en Uruguay.

Allí, en uno de los secaderos se respira un clima de sosiego y la música marca el ritmo de las tareas. Un trío de mates se cruza entre los dedos pegoteados de Juan, Emiliano, Gastón, Matías, Carolina, Maia, Andrés y Thiago.

La chacra de cannabis entera está armada con tres pilares de la economía circular: containers, pallets y tachos de pintura. La industria está en formación y las bandejas donde descansan los cogollos lo anuncian: “Uso exclusivo agropecuario”. El resto de los activos es fruto de la inversión inicial, y será ganancia en la próxima temporada.

Lejos de la búsqueda estética que desvela a los cultivadores domésticos, en un cultivo industrial las plantas reciben el trato de cañaverales. Aquí la weed , como se conoce en el mercado a la costosa marihuana, es hemp o cáñamo, el nombre que reciben las plantas de los cultivos industriales. No hay modernos y costosos indoors ni macetas de lona. Hay lodo, hojas amarillas y cogollos quemados.

También hay porros, claro, fruto de la cosecha personal y recreo de estos trabajadores rurales que aportan amor agregado a un producto pensado por su valor.

“La gente piensa que hay que hacer 40 hectáreas de golpe para poder hacerse millonario de la noche a la mañana y está mal esa ecuación. Es preferible hacer una hectárea de calidad, bien hecha, con gente contenta y sacando resultados esperados. Esto es una maratón, no una carrera de velocidad y hay que dar pasos firmes y seguros”, explica a elDiarioAR Nicolás Ferrari, director de Kender, una joven empresa que cultiva cannabis puro en cannabidiol (CBD) y lo exporta a Suiza. Lo hace mientras esquiva charcos.

Demasiada agua

La faena arranca temprano en el campo, incluso en uno que cultiva cannabis. En Maldonado, al este de Uruguay, donde la humedad promedio oscila el 70%, el clima no convoca. Las nubes negras tapan la luz y la lluvia arreció durante toda la noche. Los caminos resbalan y el agua y el barro estarán presentes todo el día, como lo estuvieron durante toda la temporada.

“Recibimos 900 milímetros de lluvia en febrero, en plena flora, en una zona donde suele llover 1.000 milímetros anuales. El agua trajo consigo hongos botrytis, fusarium y esclerotinia, entre otros”, cuenta Ferrari. 

El hoy famoso CBD es el componente de la marihuana que no es psico disociativo, como sí lo es el tetrahidrocannabinol, o THC, y además de fumarlo o vaporizarlo, se encuentra en alimentos, productos fitoterapéuticos y aceites.

Las lluvias del último verano ocasionaron la pérdida del 30% de las plantas, pero la firma creada por Ferrari y otros tres argentinos logró cosechar cerca de 3.500 kilos de flor seca que saldrá en poco tiempo a Europa, donde el CBD está reemplazando al tabaco.

Este uso, y el medicinal es lo que convierte al cannabis en un producto en vías de comoditizarse, aunque falta mucho para eso. 

“El que quiera invertir, que invierta en bitcoin y tal vez tiene más suerte”, aconseja Ferrari.

La principal función de este argentino de 34 años es combinar la sabiduría de ingenieros agrónomos con la experiencia de cultivadores recreativos de cannabis, muchos de ellos producían en su casa para regalar o vender y hoy son los dueños de algunos de los 171 clubes legales de cultivo que existen en Uruguay.

“La que necesitamos es una mano de obra especializada”, advierte el abogado, “muchos vienen del mundo del cannabis clandestino, de muchos años de trabajar con la planta cuando era ilegal”.

Entre las seis hectáreas de Kender y otras siete de dos campos asociados se cosechó un cargamento que, según los precios internacionales, podría rondar los 750.000 dólares. La inversión de los argentinos pasará el punto de equilibrio en su segundo año de actividad, y hasta podría generar un 20% de ganancia.

La demanda de flores va en ascenso. “Si tiras 200 millones de kilos de flores hay mercado”, garantiza Juan Vaz, un nombre de peso en la historia de la legalización del cannabis en Uruguay y asesor de Kender, gracias a una vasta experiencia de cultivo en España y otros lugares donde persiste la prohibición y aún no puede mencionar.

El negocio mundial del cannabis medicinal tiene muchas empresas dando vueltas, pero pocas economías reales. Abundan eternos buscadores de inversores para proyectos que van cambiando de dueños e inflando acciones pero, a veces, no llegan a tirar una sola semilla al suelo.

Por esta razón hablar de Latinoamérica como tierra prometida es algo apurado y es una apreciación que se mide más en caracteres que en hectáreas. De momento, el mercado del cannabis en la región es apenas un esbozo de intenciones que viven chocando con la realidad de gobiernos y funcionarios que entienden poco del tema. De acuerdo con New Frontier Data, América Latina ocupa el último puesto entre las principales regiones, con US$9.800 millones de ganancias anuales. Asia es el primero, con US$132.900 millones. 

“La parte regulatoria te limita mucho”, confiesa Ferrari, “Obviamente el boom del cannabis no viene acompañado de las regulaciones de los países y eso achica el mercado, pero este escenario no quita que se puede ir abriendo en los próximos meses / años y las opciones van a ser mayores”.

Jornaleros 

Entre marzo y abril, cuando llega la zafra, los jornaleros dejan todo lo que estén haciendo, incluso a sus familias, y se van al campo a recoger flores. Acá no faltan brazos. Los llamados cannabicultores son el primer eslabón de un negocio que comienza a dejar divisas.

Los cosecheros llegan de distintas partes de Uruguay: de San Carlos, Maldonado y Montevideo. Arrancan a las 5 de la mañana y a veces se toman hasta cuatro colectivos para llegar al campo.

Las jornadas duran hasta diez horas. A lo largo del día levantan, seleccionan, limpian y secan cogollos de CBD. La paga les sirve para, luego, pasar el invierno sin sobresaltos. La chacra Kender empleó en total a unas 30 personas durante la última cosecha. Fueron reclutados por el boca a boca o en redes sociales, sobre todo, en historias de Instagram. 

El cannabis es legal en Uruguay desde 2013. Sin embargo, la comunidad en torno a la hierba aún conserva costumbres de su pasado clandestino. No es para menos, en los últimos meses se repitieron violentos allanamientos policiales sin orden judicial en casas de cultivadores domésticos. Los allanamientos fue un avance del ministerio del Interior -conducido por Jorge Larrañaga- sobre los registros del Ircca, el organismo que controla la actividad.

Los jornaleros tienen todas las características de cualquier otro trabajador golondrina, pero muchos de ellos se consideran aprendices de un arte que aman y que los desafía: el cultivo de marihuana.

En el caso de Emiliano Mumari, también sirvió para curarse de una adicción. Nació en Montevideo hace 34 años pero vive en Guazuvirá, un apacible balneario de Canelones, a una hora de la capital. Tuvo su primera planta de cannabis a los 19 años gracias a un psiquiatra que le planteó ese consumo como una alternativa al alcohol y la cocaína. En su primer cultivo le fue bien, a pesar de no tener acceso a internet o a alguien que le enseñara. 

“La terapia de cultivar marihuana ya es valiosa por sí misma. Meter la mano en la tierra, jugar con las lombrices e imitar los procesos de la naturaleza te conecta, y fumar también es mi medicina del día a día, hoy es lo único que consumo”, dice Emiliano, padre de León, de 7 años. 

Hace una década que Emiliano cultiva “de corrido”, pero la posibilidad de trabajar en Kender la vive como un posgrado.

“Físicamente el campo es duro, las distancias son largas, cuando llueve te pesan los pies y es sacrificado pero si te gusta esto estás en el mejor lugar de todos. Se me dio la posibilidad de conocer esto, y claro, un club te permite hasta 99 plantas y acá había 10.000. Es un laburo que además está bien pago y se forma un grupo de amigos tremendo con los que venís a compartir algo bueno. Cada vez hay más trabajo”, asegura.

Y opina: “Hay una contradicción porque, por un lado, el país se vende como el Uruguay cannábico y al inversor lo traen por ese lado y por el otro tenés al ministro del Interior persiguiendo a los cultivadores que, en realidad, son la base para que esto funcione, porque esto no es como plantar lechuga. Esto requiere conocimiento pero también pasión”.

Emiliano fundó su propio club. Los clubes de cannabis son una de las tres modalidades de acceso a esta sustancia según la legislación uruguaya. Son asociaciones sin fines de lucro para la producción y distribución legal de cannabis entre un grupo cerrado de usuarios. La de Emiliano era en la zona de Melilla, en el peligroso oeste montevideano, pero un robo de plantas volvió todo a fojas cero y lo obligó a reinventarse. Algo que ya sabe hacer.

RB