Los ochenta están teniendo su momento. Con el 40 aniversario del retorno democrático ya en el horizonte, la publicación de libros destacados y el estreno de la película Argentina, 1985 han puesto a la década – y al gobierno de Raúl Alfonsín – en el centro de escena como quizás nunca antes desde la muerte del ex-presidente en 2009. 

Hay un relato dominante de la historia reciente de América Latina que salta desde el terrorismo de Estado al neoliberalismo de los 90. Es innegable que los gobiernos de facto de los años 70 sentaron las bases de las políticas neoliberales que fueron consolidadas por gobiernos constitucionales dos décadas después. Pero este relato desdibuja una década: la llamada “década pérdida”, nombre que refiere sobre todo a la crisis económica y fiscal de los 80, la peor desde los años 30. 

Esa crisis se puede leer en toda su furia en dos libros sobre la época, los complementarios tomos de Pablo Gerchunoff y Juan Carlos Torre, dos integrantes del equipo económico del gobierno de Alfonsín. Por momentos se leen como relatos de suspenso, casi cinematográficos. A pesar de que sabemos cómo va a terminar todo, no podemos dejar de seguir a los funcionarios del quinto piso, sus negociaciones con el FMI y los sindicatos, el estallido de la hiperinflación y la renuncia de Alfonsín meses antes del final de su mandato. Son libros demasiados lúcidos para buscar respuestas contrafácticas. Y sin embargo una pregunta implícita recorre sus páginas: “¿podría haber salido distinto?” 

El suspenso tiene un registro más heroico en Argentina, 1985, la película del año, que llenó las salas de gente aplaudiendo el “Señores jueces, nunca más” de Julio Strassera, un triunfo de la justicia, columna vertebral de una democracia recién renacida, y el Juicio a las Juntas como un regalo de la Argentina a la jurisprudencia internacional y a la historia.  

Es tentador ver estos relatos – los libros y la película – como antípodas de la década. El triunfo de la democracia y los derechos humanos por un lado, y el fracaso económico por otro. Un reflejo del ciclo de esperanzas y desilusiones que se suele asociar con el gobierno de Alfonsín.

Pero para entender la década no deberíamos ver estos dos extremos por separado, sino como parte indivisible de la audaz promesa de la democracia alfonsinista. Una promesa que representaba una combianción de derechos políticos, socio-económicos y humanos que se reforzaban mutuamente y que eran capaces de refundar el país.

Volvamos al 1985. En junio se lanzó el Plan Austral que atacaba la inflación y trajo un rápido equilibrio económico. En noviembre las elecciones legislativas mostraron el apoyo popular al mandato de Alfonsín y confirmaron a la UCR como fuerza mayoritaria en el Congreso. El año terminó con el juicio a las juntas. Fue un buen momento para el gobierno de Alfonsín, en retrospectiva quizás uno de los mejores. Las partes constitutivas de su proyecto democrático parecían encaminadas. Pero mirando de cerca, ya se pueden ver sus fisuras.

En abril de 1985, unos meses antes de que se pusiera en marcha el Plan Austral, Alfonsín convocó a un acto masivo en la Plaza de Mayo en defensa a la democracia. El juicio a las juntas recién empezaba y corrían fuertes rumores sobre un posible levantamiento militar. Con la plaza llena Alfonsín habló de los logros de la joven democracia y agradeció la “presencia multitudinaria” que representaba a “una sociedad que no es indiferente, sino que está dispuesta a luchar por conservar sus derechos”.  A mitad del discurso, Alfonsín cambió su tono: “Aquí me interesa, sobre todo, hablarles de las dificultades extremas que vamos a atravesar”. Y dedicó el resto del discurso al duro camino por delante en cuestiones económicas, que resumió con la frase más notoria de la noche: “Es decir, en este estado difícil, frente a esta economía desangrada, tenemos que dar respuesta a requerimientos populares y, al mismo tiempo, tenemos que ordenar la economía y tenemos que crecer. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra y es bueno que todos vayamos sacando conclusiones”.

El impacto de estas palabras fue inmediato. Desde el balcón de la casa de gobierno se podían escuchar los gritos y ver cómo columnas de organismos de derechos humanos, sindicalistas y partidos políticos se retiraban de la plaza con una mezcla de bronca y consternación. 

La apuesta económica del Plan Austral salió bien por un tiempo. Pero con el pronunciamiento de la economía de guerra Alfonsín alteró los términos de su propio proyecto político, desestabilizando la alquimia frágil entre derechos, economía y democracia que nunca se recuperó. 

Vale decir, claro, que la confluencia de condiciones globales y locales en que operó el gobierno del Alfonsín no fue obra del expresidente. Pero para el final de su mandato, el hombre que tanto había hecho por consolidar una idea más holística de la democracia fue testigo del colapso de ese proyecto por efecto de las propias medidas de su gobierno. La exuberancia de la primavera democrática encontró un paralelo igualmente intenso en el reconocimiento por parte de la población de que la “democracia”, lejos de ser la panacea que venía a restañar los dolores del pasado, podía también perpetuarlos y producir sus propias y novedosas contradicciones. Alfonsín mismo lo resumió en 1992, sobre el final de una última ola de hiperinflación y en vísperas de las severas desigualdades de la década que venía, con una sutil enmienda a su célebre definición de la democracia: “Creo que con la democracia se come, se cura y se educa”, dijo, “pero no se hacen milagros”.

Cuando Alfonsín murió, en marzo de 2009, miles de personas abarrotaron las calles para darle su adiós final, una escena emotiva con la que empieza el libro de Gerchunoff. Las procesiones, con sus cantos y sus carteles, traían a la memoria las grandes e impactantes movilizaciones del comienzo del gobierno de Alfonsín el 10 de diciembre de 1983.

En las semanas que siguieron a su muerte, los homenajes a Alfonsín parecieron asegurarle un lugar en la memoria colectiva como el gran portador de las virtudes cívicas y la decencia política. “Se fue un hombre digno”, declaró el entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati. Esta valoración, formulada desde una de las instituciones más notoriamente opositoras al gobierno de Alfonsín, se reiteró en los pronunciamientos públicos de adversarios y amigos por igual: “Gran estadista argentino”, “Hombre de la ética”, “Anti-corrupto” y desde luego, la más oída, “Padre de la democracia”. 

¿Qué es ser “Padre de la democracia”? El título deja a Alfonsín como símbolo de una nueva frontera, que se abriría entre los ciclos cada vez más violentos de alternancia cívico-militar y una era de constitucionalidad y derechos. Pero el rótulo también se presta a confusiones, en la medida en que simplifica las expectativas y disputas que definieron la extensa participación de Alfonsín en la escena política nacional.

En cuanto a la historia, el relato de esperanzas y desilusiones en torno al gobierno de Alfonsín en cierta forma funciona. Pero al igual que con el título de “Padre de la democracia” hace que la mirada sobre Alfonsín sea incompleta. Convendría entonces revisar los intersticios entre los momentos de gravitación de Alfonsín en el escenario nacional. El dramático ir y venir del retorno a la democracia, atenazado entre el ocaso de la guerra fría y el alba de la era neoliberal, dio cuenta de los intentos de un proyecto hegemónico que, en última instancia, facilitó la transición de una época a otra.

Los recuerdos sobre los ochenta revelan tanto las preocupaciones del presente como respecto de las realidades de los años del gobierno de Alfonsín. Hace unas semanas José Manuel Salazar-Xirinachs, flamante secretario ejecutivo de CEPAL, declaró que la actual crisis económica de América Latina es peor que en los años ochenta, y amenazó con una nueva y duradera “década pérdida”. Ahora, que la democracia está por cumplir 40 años, la búsqueda de una democracia capaz que dar de comer, educar y curar sigue siendo tan urgente hoy como en 1983.

JA

Raúl Alfonsín prometió, al asumir su presidencia en 1983, que ningún niño volvería a pasar hambre en la Argentina. Casi cuatro décadas más tarde Alberto Fernández anunció la erradicación del hambre como prioridad de su gobierno. Evocaba en su asunción el famoso mantra alfonsinista que ligaba la democracia a la comida, la educación y la salud. Esa promesa, tan vital en el 2019 como en el 1983, se volvió más urgente con los impactos de la pandemia y las extremas desigualdades que siguen aumentando. Y ahora el lanzamiento de la Tarjeta Alimentar volvió a poner al hambre en el centro de disputas sobre cómo enfrentar la pobreza.  

En realidad, la comida y el acceso a ella han sido una prueba de fuego de la democracia inaugurada en 1983. 

Hacia finales de la dictadura la extensión de las ollas populares y las historias sobre niños desnutridos, sobre todo en las periferias urbanas, desafiaban la imagen de un país fértil y productor de alimentos en donde el hambre no existía. Con el retorno de la democracia se descubrió que casi el 25% de la población tenía necesidades básicas insatisfechas. Eso quería decir que, si bien el cuarto de la población no padecía de hambre extremo, su bienestar estaba en riesgo. 

El Programa Alimentario Nacional, mejor conocido como el PAN, fue la respuesta a esa emergencia social dejada por la dictadura. El PAN fue el mayor programa de alimentos de la historia argentina, y la primera vez que un gobierno nacional se vio compelido a depender de una distribución masiva de alimentos para dar de comer a sus ciudadanos.

En su momento más alto, en 1986, el PAN entregaba alrededor de un millón 300 mil cajas de comida por mes. Aproximadamente 5 millones 600 mil personas recibían la ayuda alimentaria del PAN, casi el 17% de la población de ese momento. En Buenos Aires, la producción del PAN en el Mercado Central podía alcanzar las 55.000 cajas por día. En Entre Ríos, el centro de distribución responsable de todas las entregas del PAN en la región Noreste, la producción rondaba un promedio de 20.000 cajas por día. 

En la década de los ‘80 era difícil ignorar el PAN. La comida venía embalada en una gran caja de cartón, con el inconfundible logo azul del PAN estampado en ambos lados. “Es hora de compartir el pan”, decía una campaña publicitaria extendida, que reivindicaba la alimentación como parte de un momento de altruismo nacional y de restitución de derechos fundamentales. Los spots de televisión incluían una canción infantil y una voz en off que anunciaba: “La solidaridad puede vencer la soledad”. Hace unos años una galería de arte en San Telmo exponía una caja PAN en el centro de una muestra, brillando como una caja pop de Andy Warhol – un artefacto de la democracia. 

La caja ofrecía alrededor de 15 kilos de alimentos no perecederos, que incluían leche en polvo, yerba, aceite de cocina, fideos, polenta, harina, merluza, corned beef y azúcar. Los contenidos de la caja PAN variaron continuamente durante sus seis años de operación, pero su objetivo principal, no: proveer el 30 por ciento de los requerimientos calóricos mensuales para una familia de cuatro integrantes. 

Los beneficiarios eran inscriptos por trabajadores sociales, conocidos como “agentes PAN” – un ejército de “soldados de democracia”, como algunos se auto llamaban. Cada mes la jefa del hogar era convocada a una reunión junto con otras 30 mujeres, para recoger la caja en centros de distribución montados en escuelas, iglesias, clubes de barrio y edificios municipales. La reunión era una parte importante del diseño del programa, que incluían proyectos de “solidaridad social” que iban desde talleres de nutrición hasta la creación de jardines comunitarios.

El PAN fue concebido como un programa de emergencia paliativa y, sobre todo, de corto plazo. 

Quizás por eso al momento de su lanzamiento, el PAN había tenido el apoyo de casi todo el espectro político. En 1984 los legisladores aprobaron el PAN por dos años, tiempo que creían suficiente, con el optimismo de la primavera democrática, para revertir el hambre y la recesión económica que la dictadura había dejado. 

Cuando la esperada recuperación no llegó, no tardaron en aparecer las críticas que vieron en el PAN la prueba y la razón de la crisis de un estado benefactor. 

En 1987, Antonio Cafiero, recién elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, apuntó al PAN en nombre de un peronismo en plena renovación. Calificó a las cajas PAN como limosnas que “enturbian la mente de los argentinos”. Algo similar fue la conclusión de María Julia Alsogaray, entonces diputada por la UCeDé, partido que se potenció a lo largo de la década del ‘80 como principal defensor del ajuste. Alsogaray culpó al PAN de crear “una generación de niños del Estado. Al recibir alimentos de manos del Estado y no de sus padres se cambia fundamentalmente su estructura psicológica, y no podemos esperar que tengan la dosis necesaria de energía y actividad individual que es fundamental para impulsar a este país hacia adelante”.

Si al comienzo del gobierno de Alfonsín la eliminación del hambre formaba parte de sus esperanzas iniciales, la comida también estuvo en el centro de los acontecimientos que marcaron su fin. En medio de la hiperinflación de 1989, la necesidad de aliviar la emergencia alimentaria parecía más apremiante que en 1983. Con el estallido social y los saqueos a los supermercados, se suspendió el PAN en varios lugares del país.

A lo largo de sus seis años de operación, el PAN reflejó la promesa de una democracia capaz de satisfacer las necesidades básicas, pero también sus profundos límites. Si bien el PAN respondió al sufrimiento acuciante, proporcionando a muchos una asistencia crítica en nombre de “derechos humanos fundamentales,” también, al poner el hambre en el centro de las nuevas cuestiones sociales, inauguró una visión más restringida del bienestar social, una visión que se ocupa de la necesidad más elemental, pero lo hace con escasa capacidad para satisfacer otras demandas. 

El asistencialismo se instaló como principal respuesta a una emergencia social continua. Los gobiernos que vinieron después de Alfonsín implementaron sus propios planes alimentarios, siguiendo de algún modo el modelo PAN de entrega de comida, reemplazando cajas por bolsas o tarjetas.

Las críticas al PAN durante los ‘80 – “su clientelismo”, su carácter de una caridad desmovilizadora – se vuelvan escuchar en estos días con las críticas al Tarjeta Alimentar. Con una importante diferencia: la emergencia de hoy de es más profunda y estructural que los ‘80.

“¿Para qué sirve el PAN?”, preguntaba un artículo del diario Clarín en 1986, poco después de que el programa fuese extendido por primera vez. ¿Cómo se podría resolver “el déficit nutricional de varios millones de argentinos”, si el PAN “no alcanza a generar el trabajo para solucionar los problemas económicos nacionales ni para combatir la pobreza de mañana”?