En 2019, Argentina tuvo un desempeño casi 50% más bajo que países vecinos como Uruguay y Chile en el índice de eficacia del Estado elaborado por el Banco Mundial. El dato no es novedad: en 2015 un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que nuestro país estaba por debajo del promedio de la región y por detrás de otros países con niveles similares de desarrollo socio-económico tanto en la elaboración como en el uso de dos herramientas de gestión que son fundamentales para implementar políticas públicas efectivas: los planes de gobierno y los sistemas de monitoreo y evaluación. No solo no tenemos antecedentes fuertes en planes de gobierno con metas medibles a nivel nacional, sino que tampoco contamos con capacidades para evaluar las políticas públicas que implementamos.

En tiempos de emergencia como el actual, estas deficiencias se vuelven más visibles y la necesidad de contrarrestarlas, más evidente. Las evaluaciones hechas por CIPPEC respecto de la estrategia contra la COVID-19 adoptada en los barrios informales de la Ciudad de Buenos Aires en 2020 son una prueba más de la importancia de gestionar con apoyo en la evidencia. Los datos del Barrio Mugica muestran, por un lado, la relevancia de contar con información de calidad para poder diagnosticar y focalizar las intervenciones de gobierno. Por otro, la importancia de apoyar la gestión en estrategias de monitoreo y evaluación. Nuestras evaluaciones de impacto y de proceso aportaron evidencia sobre la efectividad de los enfoques integrales que combinan factores sanitarios con redes de protección social, lo que brinda insumos para un mejor manejo de la pandemia en esta nueva ola.  

Para que a nivel nacional el tránsito por la pandemia produzca el menor daño económico y social posible y en la recuperación contemos con mejores indicadores que permitan encontrar una pronta salida de la crisis, tenemos que robustecer nuestros planes de gobierno y los sistemas de monitoreo y evaluación. El reto es doble: lograr implementar el conjunto de programas necesarios correctamente y de manera articulada, y medir la efectividad de cada una de estas intervenciones para así retroalimentar el proceso de toma de decisiones.

De esta forma, los planes de gobierno contribuyen a reducir los problemas de implementación de políticas públicas. Permiten focalizar esfuerzos en torno a ciertas prioridades estratégicas mediante la definición de objetivos y metas concretas para la gestión. Acompañados por unidades de seguimiento, estos planes son clave para coordinar y gestionar problemas de implementación de manera transversal.

Los sistemas de monitoreo y evaluación apuntan directamente al segundo desafío: la medición de los resultados alcanzados. Con el monitoreo se hace un seguimiento de las acciones de gobierno que facilita la medición de los logros y permite ajustar las políticas públicas durante la implementación, lo que optimiza el uso de recursos. La evaluación mide la calidad de los servicios brindados y estima los cambios sociales y económicos que son atribuibles única y exclusivamente a cada una de las políticas priorizadas.  

Desde CIPPEC tenemos la convicción de que el uso inteligente de los datos puede cambiar el rumbo del país, tanto frente a la crisis actual como en la capacidad de desarrollo futuro. Por eso acompañamos a distintos gobiernos en el fortalecimiento de estas capacidades estatales. Si funcionarias y funcionarios incorporan metas y seguimiento en los modelos de gestión y cuentan con evidencia rigurosa y oportuna que sirva de apoyo en el proceso de toma de decisiones, podremos crecer más y mejor, a mediano y largo plazo.