“Todos los políticos son iguales”, “siempre estuvimos mal”, “hacemos un paso para adelante y dos para atrás”. Los discursos sobre la ineptitud, la ineficacia o la corrupción en torno a la política no son novedad en la Argentina. Pero después de dos años de pandemia, ¿entramos en una crisis de representatividad? ¿Cómo leer el avance de los posicionamientos antipolíticos en la sociedad? Según reveló un informe del Laboratorio de Estudios sobre Democracias y Autoritarismos (LEDA – UNSAM), estaríamos ante una nueva grieta en nuestro país.

Para realizar este estudio, el LEDA trabajó con 15 grupos focales en los que se consideró el perfil político, región y uso de redes sociales de los participantes. “Esta técnica resulta pertinente a la hora de estudiar no sólo opiniones políticas sino representaciones y valoraciones sobre las que se construye la confianza en las instituciones de la democracia y la representación política”, dice Ezequiel Ipar, Doctor en Ciencias Sociales y Director del LEDA. “Los grupos focales, además, permiten indagar en las tramas argumentativas y en las justificaciones de ciertos prejuicios y contenidos ideológicos”, complementa Lucía Wegelin, Doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del equipo.

De acuerdo a los entrevistados, las causas de la crisis actual no están asociadas a la irrupción del COVID-19, sino que se remonta en el tiempo y tiene una “temporalidad cíclica y agobiante”, con altibajos. La falta de trabajo, la precarización y la inflación son sus síntomas principales. Dos puntos clave resaltan en esa memoria histórica: la crisis del 2001 y la hiperinflación del alfonisinismo. Desde entonces, el futuro aparece siempre como incierto.

¿Quién aparece como el o la responsable?: la política. Ipar explica que en los relatos de los focus group la política aparece cargada de una serie de connotaciones negativas que dan sentido a las posiciones anti políticas: es un engaño, destruye lazos, resulta inútil y está alejada de las necesidades del pueblo.

La nueva grieta

“La política no sólo aparece en muchos casos como causante de la crisis (en términos más o menos particularizados en diferentes fuerzas, según el caso), sino que también ella es siempre responsable de no conocer, ni proponer, ni intentar salidas de ese tiempo circular”, asegura Micaela Cuesta, Doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del LEDA

Las razones de quienes sustentan posicionamientos antipolíticos son diversas: la desconfianza en ella, su inutilidad, su capacidad destructiva, la falta de cercanía con las necesidades de la población. De estos mismos relatos se desprende que estamos frente a un desplazamiento sobre la imagen de grieta: el conflicto ya no se registra entre “kirchnerismo” y “macrismo”, sino entre “los políticos” (“ellos”) y “nosotros”, los demás. Entre los primeros, ahora hay un factor igualador: todos son responsables de la crisis.

La nueva grieta aparece como una ficción montada sobre un “acuerdo político”, o como una pelea interna entre esos otros, ajenos a “nosotros”. Cuesta explica que este corrimiento expresa un reforzamiento de las posiciones antipolíticas, ya que también se depositan sobre los otros una serie de apreciaciones negativas sobre sus funciones y el modo en el que las cumplen.

¿Existe una “tercera opción”?

A la hora de interrogar a los y las encuestados sobre sus identificaciones políticas, se desprende una conclusión: estamos ante un escenario de crisis de representación. Ese espacio vacío es vivido como una falta que se padece, pero no parece haber expectativas ni esperanzas: a los entrevistados les resultó muy difícil responder qué tendría que tener unx candidatx para que lxs entusiasme, explica Wegelin.

Sola una cosa se repetía entre los y las votantes de diversas fuerzas y partidos, aunque sin mucho convencimiento: esa persona debería venir de “afuera de la política”. Este caldo de cultivo es condición de posibilidad para que, por ejemplo, una figura como la de Javier Milei genere entusiasmo.

“Milei aparece como habilitado por la crisis de representación pero también limitado por el escenario antipolítico que monta con su discurso ya que parece difícil imaginarlo integrado al sistema político democrático y sólo se lo imagina como marginal”, concluyen desde el LEDA.

Legisladores: “payasos, rosqueros, incompetentes”

En el ámbito legislativo, los resultados de los focus group fueron en la misma dirección. El Congreso está lejos de condensar la imagen del lugar en el que se resuelven las controversias de la democracia. Se lo asocia, en cambio, a figuras de significado variante pero siempre negativo. Una es la de ser la arena de “los chanchullos”: la corrupción, el acuerdo espurio, los privilegios. Los negociados incluyen no sólo al interés de los políticos, sino también a las élites y las grandes corporaciones.

Una segunda imagen es la de un lugar superficial, ajeno a los “verdaderos problemas de la ciudadanía” como las vacunas o la canasta básica, y centrado en discusiones que le interesan a pocos o que no tienen relevancia. Detrás de eso, las respuestas muestran que esa percepción no sólo obedece a la grieta, sino a una dinámica que estaría en el corazón de la política: obstaculizar y discutir por discutir.

Otros, directamente lo asocian al plano de lo ridículo: el ámbito legislativo como circo, un terreno en el que prima lo absurdo y se presentan “tonterías” o proyectos inútiles. Y unos últimos lo asocian a un lugar de ocio y descanso: el Congreso argentino alojaría a legisladores que van al recinto sólo a dormir. 

Futuro

¿Con qué colores está teñido nuestro futuro? Si al presente lo caracteriza una crisis inédita y multidimensional, la impronta del porvenir está marcada por el pesimismo: un país condenado a ponerse palos en la rueda. Entre todas las respuestas, los integrantes del LEDA identificaron tres grandes grupos que enmarcan las reflexiones. Al consultar sobre “los deseos para la democracia”, una parte de los entrevistados hizo hincapié en la idea de refundación moral. Esta idea implicaría, por un lado, superar rivalidades en pos de acuerdos que promuevan tolerancia y respeto. Pero además, un cambio en el propio quehacer político: a la demandada honestidad se le suma la idoneidad y la ejemplaridad.

Un segundo grupo asoció el futuro a la idea de progreso, al deseo de mejoría económica, laboral y educativa. A la búsqueda de un horizonte más igualitario y con mayor equidad social que permita evitar la sensación de que uno “sólo está sobreviviendo”. Finalmente, un tercer grupo, muy menor, apuntó a la necesidad de crear y de apelar a la imaginación política en esta coyuntura para construir formas nuevas de estar con otros.

CC

La xenofobia está lejos de ser un sentimiento marginal en el país. Basta con revisar el celular a diario para encontrar fácilmente estas posiciones en redes sociales, en manifestaciones o en actos públicos. El Laboratorio de Estudios sobre Autoritarismo y Democracia (Lectura Mundi-UNSAM) confirma este clima: según su último estudio, una de cada dos personas en el país muestra algún tipo de reparo hacia la migración. Aún más llamativo es que tres de cada diez encuestadxs se manifestaron a favor de prohibir cualquier tipo de ingreso. ¿Cuántxs se muestran favorables, independientemente del país de origen? Poco menos de la mitad: 48,4%. 

Entre las distintas dimensiones que aporta el trabajo para pensar la cuestión migratoria se encuentra la especificación por provincias y regiones. Este punto es central para pensar discursos, desigualdades y discriminaciones que se fueron configurando históricamente en cada territorio. Por ejemplo, el estudio muestra que lxs habitantes de la Ciudad de Buenos Aires son lxs más proclives a preferir inmigracion europea (un 5% en comparación con un promedio del 2% en el resto del país). “Esta diferencia puede deberse a que, desde su gestación, Capital Federal aceptó inmigrantes pero respondió solo de manera positiva al imaginario de los movimientos inmigratorios de 1880 y de la posguerra, de los cuales puede sentirse heredera”, explican los autores de la investigación.

El Leda está dirigido por el doctor en Ciencias Sociales Ezequiel Ipar y coordinado por las doctoras en Ciencias Sociales Micaela Cuesta y Lucía Wegelin. Para esta investigación, el equipo realizó 3.140 encuestas telefónicas entre noviembre de 2020 y febrero de 2021. El análisis y la redacción de la investigación, que se publicó en junio, estuvo a cargo del propio Ipar, Cuesta y Lucas Reydo.

Al disgregar los resultados totales por zonas geográficas, hay tres regiones que resaltan por estar debajo del promedio nacional de cantidad de habitantes a favor de cualquier inmigración: Cuyo, donde el 45,1% se manifestó a favor, el NEA -38,8%- y el NOA -36,4%-. “Una hipótesis viable puede tener que ver con que estas dos últimas regiones se encuentran en zonas limítrofes con Brasil, Bolivia y Paraguay. Allí sus habitantes suelen percibir con más intensidad los conflictos fronterizos, por ejemplo, en cuestiones económicas o políticas”, explican los autores de la investigación.

Para tomar un punto de referencia con el que comparar los resultados de este estudio, hay que remitirse al Mapa Nacional de la Discriminación, cuya segunda serie fue publicada en 2014. En ese trabajo, realizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI), se pidió a lxs encuestadxs que optaran por la frase con la que se sentían más identificados: si “Argentina debe estar abierta a todo el mundo que quiera venir a vivir” o “Argentina debe ser sólo para las/los argentinos”. Un 67% eligió la primera opción, mientras que un 33% optó por la segunda. 

A nivel internacional la Encuesta Mundial de Valores, una red mundial de científicos sociales que estudia el cambio de valores y su impacto en la vida social y política, midió en 2017 las preferencias de políticas migratorias en el país. Sobre una muestra de 1.003 casos, el 10,1% escogió la respuesta “dejar ingresar al país a cualquiera que lo desee”, un 41% optó por “dejar ingresar personas en tanto haya trabajos disponibles”, un 38,7% prefirió “limitar el número de extranjeros que quieran ingresar”, y un 6,3% “prohibir el ingreso de personas de otros países”.

Las migraciones como asunto de política estatal no son una novedad: atraviesan el debate público desde el siglo XIX. La Constitución de 1853, la Ley Avellaneda, de 1876, y gran parte del marco regulatorio elaborado hasta principios del XX fueron pensados bajo la idea rectora de que la inmigración proveniente de Europa sería beneficiosa para el desarrollo del país, tanto en términos económicos como sociales. Algunas de esas visiones permanecen hasta el presente, como el artículo 25 de la Constitución que dispone que el “Gobierno federal fomentará la inmigración europea”. 

Desde 2004, por ley, migrar es un derecho humano. Aunque en los 17 años desde la sanción de la normativa que regula el ingreso de personas extranjeras (nº 25.871) hubo muchos vaivenes. Recién en marzo de este año, por ejemplo, se derogó el DNU 70/17, un decreto sancionado durante la gestión de Cambiemos que violaba los derechos de las personas migrantes.

Hoy, estos debates y posicionamientos se reactualizan a través de las generaciones. Y los resultados no parecen ser los más promisorios: lxs más jóvenes son lxs que evidenciaron porcentajes más altos en términos de prejuicios xenófobos. Un 32% de lxs centennials encuestados -personas entre 16 y 24 años- se mostró a favor de prohibir el ingreso de personas migrantes. Ese número es el más alto de todos los valores desagregados por edad: entre aquellxs que tienen entre 25 y 40 años desciende levemente -un 29%-, y llega a su porcentaje más bajo entre lxs que tienen 75 años o más -un 17%-.

A la hora de pensar posibles explicaciones de las posturas entre lxs más jóvenes, lxs investigadores del Leda señalan que, entre otros factores, hay que ponderar los procesos de precariedad laboral y una mayor exposición a redes sociales, donde los llamados “discursos de odio” y la discriminación a minorías encuentran mayor circulación. Esto último suele además estar acompañado de informaciones falsas, por ejemplo, sobre el número de personas migrantes que hay en el país: “suele aludirse a ”hordas de inmigrantes“ cuando los datos demuestran que entre 1869 y 2010 la migración limítrofe se mantuvo entre un 2%- el mínimo histórico en 1947- y un 3,5% -número del último censo que incluye también a la migración peruana-. Otro de esos mitos tiene que ver con la cantidad de personas extranjeras en cárceles federales: ese número se mantiene estable desde hace una década en el orden del 6%, el mismo porcentaje que el promedio continental. 

Estas representaciones, claro está, no surgen en el vacío. Y tampoco pueden leerse separadas de otras dimensiones como la racial o la de clase. En este sentido es relevante repasar los trazos de ciertas políticas migratorias de los últimos 30 años. Si durante los años ‘90 la lupa gubernamental y mediática había hipervisibilizado a las migraciones regionales como amenaza, en los primeros años del siglo XXI primó el discurso de la integración regional, con la contraparte de dejar en muchos casos a otras nacionalidades por fuera del margen de lo regular. 

Durante el gobierno de Cambiemos, la mirada de derechos viró hacia un tratamiento de la cuestión migratoria desde una perspectiva securitista. Tres ejemplos permiten mostrar el tono de los últimos años. Con el DNU 70/17 -que había sido declarado inconstitucional por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal previo a su derogación-, las expulsiones llegaron a aumentar un 350% en el caso de personas que estaban en una situación administrativa irregular. En otras palabras, que no habían cometido delito alguno. 

En paralelo, los procesos de radicaciones se demoraron y redujeron -particularmente después de la implementación del sistema Radex- al punto que para el pasado octubre se habían resuelto en el año 67.532. Para tomar dimensión, vale aclarar que el promedio anual de la última década fue de 232.190. Además, entre 2015 y 2019 las tasas migratorias aumentaron en un 1.000%. Hoy, tramitar residencias permanentes o temporarias tiene un costo de $ 3.000 para personas provenientes de países del MERCOSUR o estados asociados, mientras que aumenta a $ 6.000 para personas extra MERCOSUR. 

Discursos de odio

El análisis sobre xenofobia realizado por el Leda está enmarcado en una investigación más amplia, que incluye las múltiples modalidades de expresiones autoritarias que erosionan las formas de vida y las instituciones de la democracia. A lo largo de su trabajo, el Leda relevó más de 3.000 casos en los que, además de poner el foco en la xenofobia, reparó en discursos racistas y discriminatorios hacia el colectivo LGBT+, a partir de los cuales elaboró un Índice de Discursos de Odio (DDO). 

Al cruzar ese índice con la pregunta “¿Qué cree usted que debería hacer el Estado con la inmigración?”, resalta un dato: casi seis de cada diez personas que tienen preferencias por la inmigración europea aprueban o promueven los DDO. Este porcentaje es mayor, incluso, que entre quienes se oponen a cualquier tipo de inmigración -un 39,7%  aprueba o promueve los DDO-.

En cambio, quienes sostienen una posición universalista, que reconoce a la migración como un derecho independientemente del país de origen, son quienes -presumiblemente- rechazan y critican con mayor vehemencia los discursos de odio: casi siete de cada diez personas.

A cinco meses de iniciado el operativo de vacunación, los nombres comerciales de las vacunas contra el covid ya son parte del habla cotidiana de los argentinos. Y objetos de disputa. Los primeros resultados de un estudio realizado por el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA/Lectura Mundi - UNSAM) muestran, entre otras cosas, cómo los argentinos se identifican con las vacunas de Pfizer, Sputnik V y AstraZeneca y Sinopharm.

En esa discusión, tomaron partido y discutieron en chats y redes sociales sobre sus preferencias. La encuesta del LEDA registró esos posicionamientos, que revelan un mapa heterogéneo: la vacuna con mayores preferencias es la Sputnik V, elegida por un 13,21% de la muestra. Detrás aparecen la fabricada por AstraZeneca -11,11%-, Pfizer -9,21%- y Sinopharm -5%-, mientras que uno de cada tres encuestados no tiene preferencias. El otro dato relevante es que una de cada cinco personas desdeñan la eficacia o están en contra de la vacuna.

Desde el inicio de la carrera sanitaria contra el virus, las negociaciones del gobierno argentino con países o empresas que desarrollaron las vacunas iniciaron un debate público que terminó poniendo al mismo nivel argumentos científicos con teorías conspirativas y prejuicios políticos heredados de la Guerra Fría.

El informe Discursos de Odio en la Argentina señala que habría “una relación entre grupos de preferencia de determinadas vacunas y modos muy violentos de participación en la esfera pública”. Según los resultados de la encuesta, entre los que eligen la vacuna Pfizer, desarrollada en los Estados Unidos, un 45,8% aprueba y promueve discursos de odio, aunque también es cierto que dentro de esta preferencia un 42,7% los desaprueba.

Los porcentajes se mantienen en el mismo orden para aquellos que prefieren la vacuna de AstraZeneca, desarrollada por el Reino Unido: un 41,1% promueve los discursos de odio y un 49,9% los rechaza.

Sin embargo, la relación se modifica de manera contundente entre aquellos que elegirían vacunarse con la Sputnik V, del laboratorio ruso Gamaleya. En este caso, sólo un 14,0% aprueba los discursos de odio, mientras que un amplio 70,8% los rechaza. Lo mismo sucede al analizar el índice DDO en relación a los que prefieren la vacuna china Sinopharm: un 21,9% se manifiesta afín, mientras que el 67,7% está en contra.

Para esta investigación, el LEDA hizo un relevamiento de más de 3.000 casos poniendo el foco en los discursos racistas y discriminatorios hacia los extranjeros y el colectivo LGTB+, pero también recabó las preferencias a la hora de recibir una vacuna contra el Covid-19.

“En la esfera pública pareció activarse la memoria de un conflicto que polarizó al mundo: comunismo/anti-comunismo. Si a los primeros se los demonizaba, a los segundos se los asociaba con el diálogo democrático. Sin embargo, en el cruce con el índice de DDO la asociación parece indicar un sentido inverso”, dice Ezequiel Ipar, doctor en Ciencias Sociales y director del proyecto. “Las preferencias o los ‘gustos’ en torno a las vacunas se transformaron en un prisma de nuestra cultura y del modo en el que usamos ese trasfondo cultural para enfrentar la pandemia”, explica .

La encuesta también muestra que entre los convencidos de que en las vacunas “hay algo raro”, el porcentaje de quienes promueven DDO asciende a 34,9%.  Entre los que consideran que “no hace falta vacunarse” el porcentaje es similar: un 34,1% se manifiesta a favor estos discursos. Para completar, Ipar señala que entre quienes aceptaban cualquier vacuna “sólo un 17,1% aprueba o promueve los discursos de odio”. 

¿Qué son los discursos de odio (DDO?)

Desde hace meses, el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (Leda/Lectura Mundi - UNSAM) investiga el alcance y la propagación de los discursos de odio en Argentina, cuyo crecimiento sostenido resulta alarmante. Para ello, el Leda construyó un índice que describe desde un plano analítico y sociológico las disposiciones de las personas hacia los discursos que promueven, incitan o legitiman “la discriminación, la deshumanización y/o la violencia hacia una persona o un grupo de personas en función de su pertenencia a un grupo religioso, étnico, nacional, político, racial, de género o cualquier otra identidad social” en la esfera pública digital.

La primera etapa de este estudio tuvo lugar entre noviembre de 2020 y febrero de 2021. Sus resultados son sumamente reveladores, ya que es el primer trabajo académico en el país en abordar de manera sistemática y federal este tipo de fenómenos. “Para comprender qué está sucediendo y qué puede suceder con los discursos de odio tenemos que contar con instrumentos adecuados que permitan medir su fuerza, su distribución en la ciudadanía y sus posibles causas. Es necesario contar con información objetiva que nos permita conocernos a través de un espejo en el que no siempre nos gusta mirarnos”, explica Micaela Cuesta, doctora en Ciencias Sociales e integrante del Leda. 

Antisemitismo, el otro gran prejuicio

Este informe también indagó en algunos prejuicios sobre el origen de la pandemia y la reactualización de antiguos prejuicios antisemitas que vinculan a los judíos con el afán de hacer fortuna. Sorprendentemente, casi cuatro de cada diez personas —un 37%— mostraron algún grado de acuerdo con la idea de que el coronavirus surgió como un plan de empresarios judíos para ganar dinero fabricando vacunas. En el otro extremo, un 43,8% manifestó algún tipo de desacuerdo. 

“El antisemitismo no es un prejuicio social que funcione aislado, sino que se articula con otros que, como podemos ver en los resultados, disponen también a la aprobación y la promoción generalizada de los discursos de odio”, agrega Lucia Wegelin, doctora en Ciencias Sociales e integrante del estudio. En ese sentido, ambos investigadores advirtieron que el crecimiento de estas formas radicalizadas del odio social es uno de los mayores desafíos que enfrenta hoy la convivencia democrática. “Estos discursos y su instrumentalización a través de las redes sociales tienden a destruir esa confianza mínima que todo sujeto necesita para expresar su voz públicamente y generan de esta manera un nuevo tipo de censura, una exclusión participativa”, concluyen.

SMF/EFB