“Todos los políticos son iguales”, “siempre estuvimos mal”, “hacemos un paso para adelante y dos para atrás”. Los discursos sobre la ineptitud, la ineficacia o la corrupción en torno a la política no son novedad en la Argentina. Pero después de dos años de pandemia, ¿entramos en una crisis de representatividad? ¿Cómo leer el avance de los posicionamientos antipolíticos en la sociedad? Según reveló un informe del Laboratorio de Estudios sobre Democracias y Autoritarismos (LEDA – UNSAM), estaríamos ante una nueva grieta en nuestro país.

Para realizar este estudio, el LEDA trabajó con 15 grupos focales en los que se consideró el perfil político, región y uso de redes sociales de los participantes. “Esta técnica resulta pertinente a la hora de estudiar no sólo opiniones políticas sino representaciones y valoraciones sobre las que se construye la confianza en las instituciones de la democracia y la representación política”, dice Ezequiel Ipar, Doctor en Ciencias Sociales y Director del LEDA. “Los grupos focales, además, permiten indagar en las tramas argumentativas y en las justificaciones de ciertos prejuicios y contenidos ideológicos”, complementa Lucía Wegelin, Doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del equipo.

De acuerdo a los entrevistados, las causas de la crisis actual no están asociadas a la irrupción del COVID-19, sino que se remonta en el tiempo y tiene una “temporalidad cíclica y agobiante”, con altibajos. La falta de trabajo, la precarización y la inflación son sus síntomas principales. Dos puntos clave resaltan en esa memoria histórica: la crisis del 2001 y la hiperinflación del alfonisinismo. Desde entonces, el futuro aparece siempre como incierto.

¿Quién aparece como el o la responsable?: la política. Ipar explica que en los relatos de los focus group la política aparece cargada de una serie de connotaciones negativas que dan sentido a las posiciones anti políticas: es un engaño, destruye lazos, resulta inútil y está alejada de las necesidades del pueblo.

La nueva grieta

“La política no sólo aparece en muchos casos como causante de la crisis (en términos más o menos particularizados en diferentes fuerzas, según el caso), sino que también ella es siempre responsable de no conocer, ni proponer, ni intentar salidas de ese tiempo circular”, asegura Micaela Cuesta, Doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del LEDA

Las razones de quienes sustentan posicionamientos antipolíticos son diversas: la desconfianza en ella, su inutilidad, su capacidad destructiva, la falta de cercanía con las necesidades de la población. De estos mismos relatos se desprende que estamos frente a un desplazamiento sobre la imagen de grieta: el conflicto ya no se registra entre “kirchnerismo” y “macrismo”, sino entre “los políticos” (“ellos”) y “nosotros”, los demás. Entre los primeros, ahora hay un factor igualador: todos son responsables de la crisis.

La nueva grieta aparece como una ficción montada sobre un “acuerdo político”, o como una pelea interna entre esos otros, ajenos a “nosotros”. Cuesta explica que este corrimiento expresa un reforzamiento de las posiciones antipolíticas, ya que también se depositan sobre los otros una serie de apreciaciones negativas sobre sus funciones y el modo en el que las cumplen.

¿Existe una “tercera opción”?

A la hora de interrogar a los y las encuestados sobre sus identificaciones políticas, se desprende una conclusión: estamos ante un escenario de crisis de representación. Ese espacio vacío es vivido como una falta que se padece, pero no parece haber expectativas ni esperanzas: a los entrevistados les resultó muy difícil responder qué tendría que tener unx candidatx para que lxs entusiasme, explica Wegelin.

Sola una cosa se repetía entre los y las votantes de diversas fuerzas y partidos, aunque sin mucho convencimiento: esa persona debería venir de “afuera de la política”. Este caldo de cultivo es condición de posibilidad para que, por ejemplo, una figura como la de Javier Milei genere entusiasmo.

“Milei aparece como habilitado por la crisis de representación pero también limitado por el escenario antipolítico que monta con su discurso ya que parece difícil imaginarlo integrado al sistema político democrático y sólo se lo imagina como marginal”, concluyen desde el LEDA.

Legisladores: “payasos, rosqueros, incompetentes”

En el ámbito legislativo, los resultados de los focus group fueron en la misma dirección. El Congreso está lejos de condensar la imagen del lugar en el que se resuelven las controversias de la democracia. Se lo asocia, en cambio, a figuras de significado variante pero siempre negativo. Una es la de ser la arena de “los chanchullos”: la corrupción, el acuerdo espurio, los privilegios. Los negociados incluyen no sólo al interés de los políticos, sino también a las élites y las grandes corporaciones.

Una segunda imagen es la de un lugar superficial, ajeno a los “verdaderos problemas de la ciudadanía” como las vacunas o la canasta básica, y centrado en discusiones que le interesan a pocos o que no tienen relevancia. Detrás de eso, las respuestas muestran que esa percepción no sólo obedece a la grieta, sino a una dinámica que estaría en el corazón de la política: obstaculizar y discutir por discutir.

Otros, directamente lo asocian al plano de lo ridículo: el ámbito legislativo como circo, un terreno en el que prima lo absurdo y se presentan “tonterías” o proyectos inútiles. Y unos últimos lo asocian a un lugar de ocio y descanso: el Congreso argentino alojaría a legisladores que van al recinto sólo a dormir. 

Futuro

¿Con qué colores está teñido nuestro futuro? Si al presente lo caracteriza una crisis inédita y multidimensional, la impronta del porvenir está marcada por el pesimismo: un país condenado a ponerse palos en la rueda. Entre todas las respuestas, los integrantes del LEDA identificaron tres grandes grupos que enmarcan las reflexiones. Al consultar sobre “los deseos para la democracia”, una parte de los entrevistados hizo hincapié en la idea de refundación moral. Esta idea implicaría, por un lado, superar rivalidades en pos de acuerdos que promuevan tolerancia y respeto. Pero además, un cambio en el propio quehacer político: a la demandada honestidad se le suma la idoneidad y la ejemplaridad.

Un segundo grupo asoció el futuro a la idea de progreso, al deseo de mejoría económica, laboral y educativa. A la búsqueda de un horizonte más igualitario y con mayor equidad social que permita evitar la sensación de que uno “sólo está sobreviviendo”. Finalmente, un tercer grupo, muy menor, apuntó a la necesidad de crear y de apelar a la imaginación política en esta coyuntura para construir formas nuevas de estar con otros.

CC

Una amenaza recorre el Espinillo. El primer indicio lo detectó Ángel Meza, integrante del pueblo qom de esta localidad ubicada al noroeste de la provincia de Chaco, en Argentina, cuando en los primeros días de abril de 2020, al inicio de la pandemia de Covid-19, el gobernador Jorge Capitanich decretó como esencial a las actividades relacionadas con el agronegocio.

La segunda pista fue un video de Facebook. En noviembre del año pasado, Capitanich subió a su página personal una conferencia donde se le veía expectante por el proyecto con empresarios chinos para instalar plantas porcinas en tres puntos de la provincia. El documento se había firmado en octubre pero Carlos Leiva, integrante también del pueblo qom, se enteró un mes más tarde a través de internet. “Vimos en las redes sociales que iba a venir gente china para poder producir banana, mango, y después (ganado) porcino. Así que entre los hermanos nos avisamos del proyecto”, cuenta.

Los spots anunciaban que en cada factoría se criarían 12 mil cerdos. A ellas se le iban a sumar miles de hectáreas de soja y maíz para alimentarlos, y millones de litros de agua para garantizar el funcionamiento de las granjas. “Para producir un kilo de soja se necesitan al menos 2.100 litros de agua y uno de cerdo, 5.900 litros”, dicen diferentes especialistas en el libro sobre los 10 mitos y verdades sobre las megafactorías de cerdos.

El tercer indicio lo escucharon Meza y Leiva a través de la radio local. En distintas entrevistas, entre fines del 2020 y comienzos de este año, el intendente del Espinillo, Zenón Cuellar, anunció que por primera vez llegarían inversiones chinas al pueblo. Decía que los empresarios querían “venir a trabajar la tierra” por veinte años para realizar “actividades productivas”.

En menos de un año, Ángel Meza y Carlos Leiva, junto a otros pobladores de distintos parajes de la zona, fueron testigos de cómo los silencios y rumores le fueron dando forma a un proyecto que está a punto de aterrizar en la puerta de su casa sin ser consultado.

El desmonte avanza en Chacho

En el Chaco, donde los bosques nativos coinciden con los territorios habitados por pueblos indígenas y poblaciones criollas, el pulso de la tala y la deforestación van a un ritmo tan sostenido como acelerado. Así fue que el sistema productivo provincial se transformó de manera violenta a lo largo de las décadas.

Desde 1996, con la instalación del modelo de producción agrario basado en las semillas genéticamente modificadas, el medio ambiente tuvo un punto de no retorno: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación estableció que entre 1998 y 2006 se deforestaron en la provincia más de 245 465 hectáreas de bosques nativos. A pesar de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, aprobada en 2007, los desmontes continuaron. Un ejemplo reciente: entre 2016 y 2019 en Chaco se deforestaron más de 130.487 hectáreas de monte nativo.

A pesar de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, aprobada en 2007, los desmontes continuaron. Un ejemplo reciente: entre 2016 y 2019 en Chaco se deforestaron más de 130.487 hectáreas de monte nativo.

Incluso durante la pandemia la tala no paró. Un monitoreo de deforestación realizado por Greenpeace reveló que en el período de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) —con el cierre de fronteras mediante— entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2020 se arrasó en la región chaqueña con 38.852 hectáreas de bosque nativo: dos mil más que durante el primer semestre del 2019.

La doctora en Ciencias Sociales Mariana Schmidt, especializada en el análisis de políticas de Ordenamiento Territorial, conservación de la naturaleza y gestión de cuencas hídricas en el norte argentino, explica que “el avance de la deforestación genera numerosas afectaciones y consecuencias ambientales y sociales. La desertificación, la salinización de los suelos, la pérdida de biodiversidad, así como las inundaciones y sequías son cada vez más recurrentes en la zona, como resultado del avance de la frontera agroindustrial que se instaló en los territorios en las últimas décadas”.

El Espinillo, ubicado en el interfluvio de los ríos Teuco y Bermejito, no es una excepción dentro de la provincia. La antropóloga Luz Vallejos, que trabaja en distintos proyectos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria desde hace más de una década, recuerda que el esplendor de la tala empezó entre finales de los ochenta y principios de los noventa. Hoy, aunque el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos haya declarado la zona en 2009 como de tipo II de conservación —es decir, un área con mediano valor de conservación, sobre la cual se pueden hacer actividades sostenibles, turísticas, de recolección o científicas—, la tala ilegal de árboles ancestrales es una realidad que desconoce la legislación.

La Ley 26.331 de Bosques Nativos del 2009 estableció que cada cinco años se debían hacer reactualizaciones de las categorías de protección de los bosques mediante consultas participativas. Pero durante la siguiente década, el gobierno provincial no realizó las actualizaciones que establece la ley: gran parte de los bosques catalogados con alto y medio nivel de conservación fueron considerados con el nivel más bajo. Por causa de la falta de fiscalización y de una correcta aplicación de la ley, la provincia permitió la deforestación de miles de hectáreas. Por eso, en octubre del 2020, la justicia chaqueña resolvió la inmediata suspensión de la remoción de bosques hasta que no se realice la actualización del ordenamiento territorial. “Ahora el gobierno está súper apurado en actualizar, pero aún así siguen habiendo desmontes [deforestación]”, cuenta Carla Colombo de la organización Somos Monte.

La falta de actualización de las categorías de protección de los bosques y las idas y vueltas gubernamentales tienen un impacto directo, por ejemplo, en el Espinillo, en la localidad donde las inversiones chinas quieren arribar. “Todo el tiempo se ven camiones en la ruta llevando troncos. El desmonte no paró, nunca se frenó y tampoco hay control de la dirección de Bosques”, denuncia Vallejos.

Carta al gobernador ante la desinformación

Carlos Leiva tiene 40 años y es auxiliar docente de la escuela E.E.P. Nº 855 Cacique General Toba Colompotop en el paraje Olla Quebrada, uno de los tantos parajes del Espinillo. Vive en un  territorio comunitario de 150 mil hectáreas, de las cuales diez mil han sido medidas y tituladas en beneficio de varias familias indígenas y criollas. En la zona, un bosque semiárido que incluye sabana, humedales y ríos, se mezclan el monte de xerófilas, las chacras viejas —producto del boom algodonero de los ochenta— y los vacíos que deja la tala.

Cuando Leiva se enteró del proyecto, en diciembre de 2020, nadie en el Espinillo sabía el detalle del convenio. El intendente Zenón Cuellar no precisó quiénes llegarían, ni qué harían ni qué impacto tendría. Cuellar se manejaba con mucha discreción: además de ser el representante municipal —lo cual le permite impulsar el acuerdo—, preside la Asociación Civil Meguesoxochi, es decir, también representa legalmente a las 36 comunidades indígenas del Espinillo. “Primero dijeron que iban a ocupar dos mil hectáreas. Ahora son tres mil. Decían que iban a producir mangos y cítricos. Ahora anuncian que también van a plantar algodón y maíz. Creemos que en la distribución interprovincial del trabajo para la llegada de estos proyectos, acá tocaría producir alimentos para los chanchos”, cuenta Vallejos ante el avance agroindustrial sobre el territorio chaqueño.

Frente al vacío de respuestas de la Municipalidad, Carlos Leiva, Ángel Meza y un sector de la población escribieron una carta al gobernador Capitanich. No querían que las empresas ingresaran a sus territorios sin consulta. Nunca recibieron respuesta. Ante la llegada de más rumores e informaciones cruzadas, la población indígena y criolla decidió manifestarse en contra de cualquier proyecto en la región sin la previa realización de las consultas participativas. “Hicimos seis asambleas en distintos parajes, la última en la Sirena, a 30 kilómetros del Espinillo. Decidimos rechazar por falta de consulta. Hay un montón de cosas que los habitantes queremos saber del convenio, dónde está el acuerdo, si el gobernador sabe”,  cuenta Ángel Meza.

La falta de consulta previa libre e informada es uno de los reclamos que las comunidades indígena sostienen hace meses, exigiendo que se respete el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y distintos instrumentos nacionales e internacionales. “La población tiene que ser consultada siempre sobre cualquier decisión, para cualquier actividad que pueda afectar de alguna manera u otra a la comunidad”, explica Carla Colombo de Somos Monte.

En marzo, Cuellar hizo las primeras reuniones con empresarios de la chino-argentina Feng Tian Food, confirmaron los dirigentes del pueblo qom. Cuentan que en un principio el proyecto se iba a hacer en las tierras comunitarias. Para eso toda la comunidad —es decir, todos sus dueños—, debían estar de acuerdo. Muchos pobladores, sin embargo, se negaron. Entonces los empresarios y el municipio, explicaron Leiva y Meza a elDiarioAR, se interesaron por las diez mil hectáreas que tienen títulos individuales,  y por tanto pueden comprarse o alquilarse sin la necesidad del visto bueno de toda la comunidad. Esas hectáreas están ubicadas en Olla Quebrada y es allí donde aseguran intentan hoy aterrizar los capitales chinos.

Para esos días de marzo, Carlos Leiva y cien vecinos organizaron una reunión bajo el Cristo tallado en madera que está en la entrada del Espinillo. “Salimos para reclamar y protestar: es peligroso porque no sabemos qué convenio se está trayendo. No sabemos en qué consiste el proyecto porque a nosotros nunca nos llegó una propuesta”, dijo Leiva ante la mirada de los pobladores qom. Después de la reunión decidieron manifestar su rechazo y cortaron el acceso a través del puente La Sirena y los ingresos al pueblo. A pesar de ello, ninguna autoridad se hizo cargo del reclamo.

Ángel Meza dice que hasta mayo el municipio organizó varias reuniones a puertas cerradas con los titulares de las tierras, que tienen entre 50 y 100 hectáreas. Aunque su padre ya fallecido era propietario de uno de los lotes, a él no lo llamaron. A los convocados, sostiene Meza, les prometieron dinero y mejores posibilidades a cambio de los títulos. Sin intérpretes o traductores indígenas, los más ancianos —quienes son legalmente los propietarios— quedaron expuestos a firmar documentos “que ni ellos entienden”, denuncia Carlos Leiva. Y asegura que muchos dejaron a disposición los títulos de propiedad en dependencias gubernamentales: “Algunos entregaron fotocopias de título y otros entregaron directamente el original. Yo creo que cada dueño del lote debería poder decidir, pero no a través de Zenón Cuellar”.

Como el proyecto siguió avanzando sin consentimiento de buena parte de parte de los habitantes del Espinillo, ese mismo mes un grupo de pobladores qom viajó a Resistencia para hacer una presentación ante la Secretaría de Derechos Humanos. Les tomó nota un funcionario de dicho organismo, quien labró un acta donde los miembros de la comunidad indígena expresaban su disconformidad. Lo primero que les llamó la atención fue la falta de intérpretes indígenas que pudieran hablar el idioma qom. Lo que siguió fue peor, cuando el funcionario les mostró el escrito de su declaración y leyeron la primera página: “Nosotros habíamos declarado ‘no queremos a los chinos’, pero resulta ser que pusieron ‘queremos a los chinos’. Al revés”, contó un integrante del pueblo qom del Espinillo en un conversatorio virtual organizado por la Campaña en Defensa del Agua.

Hoy, las inversiones parecen cada vez más próximas, aunque al hablar con los funcionarios del gobierno provincial nadie expone la misma información. A mediados de agosto, el Ministro de Industria y Producción de Chaco, Sebastián Lifton, aseguró a Carbono News que los tres complejos de producción de cerdos integrados por cinco granjas se instalarán en tres zonas de la provincia: entre La Leonesa y General San Martín (norte); entre Presidencia La plaza y Roque Saenz Peña (centro), y entre Charata y Gancedo (sudoeste). Cuando comiencen a funcionar, Lifton calcula que la producción de cerdos en la provincia se incrementará en un 73%. Aunque para Sebastián Bravo, Subsecretario de Ganadería, que depende del Ministerio de Producción, Industria y Empleo del Gobierno de Chaco, las cosas no están tan claras, según lo precisó en una entrevista concedida para este reportaje.

—En ninguna de las tres zonas las localidades están definidas. La zona norte va a abarcar San Martín, ahí ya hay un frigorífico en la localidad de Vedia. Pero en la zona centro puede que se instalen en Plaza, Machagai o Quitilipi y Sáenz Peña. Y en el sudoeste puede ser Campo Largo, Charata o Las Breñas. En ningún caso hay algo concreto.

—¿Todos los proyectos se van a hacer con inversiones chinas?

—No, no está nada confirmado.

—Entonces, ¿el acuerdo que firmó el gobernador no tendría vigencia?

—No, con China no se firmó nada. No hay nada cerrado. Se comunicará cuando se oficialice.

—¿Los proyectos de la instalación de granjas contemplan Consultas Previas Libres e Informadas o evaluación de impactos ambientales? ¿Se están llevando a cabo las medidas correspondientes?

—Todo eso está hecho. Hoy cualquier productor, sea o no de China, tiene que tener autorizaciones de distintos organismos para poder llevar a cabo su proyecto.

Al respecto, elDiarioAR consultó por posibles iniciativas con la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, que depende de la Secretaría de Ambiente y Biodiversidad del Gobierno de Chaco. La respuesta fue que “no estaban al tanto” del tema, ya que estaban trabajando específicamente en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.

Debido al lugar que el tema ocupó en la agenda pública, el Defensor del Pueblo de Chaco, Bernardo Voloj, envió un pedido de informe al Gobierno de la provincia para solicitar información sobre los modelos de producción de los proyectos, los planes de gestión ambiental y tratamientos de afluentes. Al cierre de esta nota todavía no había recibido una respuesta.

Mientras tanto, en las últimas semanas ocurrieron otras novedades. A las jornadas del 25 de agosto en rechazo a un acuerdo porcino con China, se sumaron la desmentida del gobernador Capitanich sobre cualquier tipo de convenio al respecto y la decisión de la Justicia Federal de ordenar a Cancillería que informe si firmó un memorándum con el país asiático.

A las jornadas del 25 de agosto en rechazo a un acuerdo porcino con China, se sumaron la desmentida del gobernador Capitanich y la decisión de la Justicia Federal de ordenar a Cancillería que informe si firmó un memorándum con el país asiático.

La falta de agua, una constante

Además de resistir la llegada de estos proyectos, Carlos Leiva debe afrontar otros conflictos de la comunidad. De manera recurrente, él y otros pobladores indígenas y criollos de distintos parajes se quedan sin agua en sus aljibes. Tampoco pueden juntar agua de precipitaciones: hace meses que no llueve en la zona. A pesar de estar rodeada de los ríos Bermejito y Teuco, el Espinillo es seco y no tiene lluvias constantes. El acueducto más cercano pasa por la ruta provincial N.° 3 y sólo llega a algunas escuelas porque nunca se realizaron conexiones domiciliarias. “Tenemos que llevar bidones, carretillas y baldes para sacar agua de ahí. Pero a veces tampoco responde, o tira poco, una sola vez a la semana. A veces hasta se paraliza un mes”, dice. 

Lo que cuenta Leiva es común para los habitantes del Espinillo y otras localidades rurales de Chaco. En estos lugares, donde existen Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en parte por la ausencia de fuentes de agua, cloacas, baños y saneamiento, sus integrantes pierden hasta 6 horas por día en el acarreo de agua. “Y aun así tampoco sabemos las condiciones del agua, muchas veces contaminada”. agrega Carla Colombo.

El agua es uno de los mayores problemas de la región, junto con el avance de la deforestación de bosques nativos y la situación de tenencia de la tierra por gran parte de las comunidades indígenas y campesinas. Mariana Schmidt, enumera al menos tres puntos críticos sobre el agua. “A la falta de acceso a infraestructura básica de servicios hay que sumar los prolongados y persistentes periodos de sequía-cuyos impactos se ven potenciados por la falta de cobertura vegetal: las deforestaciones”- la vez, Schmidt sostiene que debemos tener en cuenta la calidad del agua, en muchos casos degradada o contaminada, “por el uso de agroquímicos en la producción agroindustrial o por razones naturales. Por ejemplo, los altos niveles de arsénico en algunas zonas de la región”.

¿Qué cambios trae el modelo del agronegocio actual en las comunidades?

El pueblo qom habita ancestralmente las zonas del centro y meridiano del Gran Chaco, es decir, es anterior a la llegada e instalación de la colonia y a la posterior conformación del Estado argentino. En estos siglos, sea a través de ocupaciones españolas o del avance del ejército argentino, la violencia, la muerte y las imposiciones socioculturales fueron una constante para estas poblaciones, víctimas de la usurpación de territorios que luego se utilizaron para explotaciones agroindustriales. La historia de los últimos cien años no deja dudas.

En las décadas de 1930 y 1940, la industria del agro creció, avanzó sobre los territorios indígenas y aquellos que no pudieron continuar con un modo de vida cazador-recolector se incorporaron progresivamente a la industria del algodón y el azúcar. Desde entonces, la sedentarización forzada, la práctica agrícola y la afluencia de ganaderos se fue haciendo cada vez más presente.  Hoy, ¿qué cambios trae la nueva oleada de los agronegocios?

La que responde es Francisca González, una integrante del pueblo qom: “Nosotros ahora estamos acorralados: no tenemos un territorio amplio, como el que tenían nuestros ancestros. Desde que llegó la gente de afuera ocuparon por lotes, por manzanas, por barrios. Entonces empezamos a estar privados de poder ir al monte y hacer recolección de medicina, de frutas, de agua, animales, de leña”.

Mientras agentes estatales y empresarios del agronegocio ven el territorio como un espacio con recursos para extraer y explotar, las comunidades locales lo viven de otra manera. La territorialidad indígena está atada al uso de los comunes que provee la tierra, pero también a todos los seres que viven en ella, a la naturaleza de la que es parte y a los seres espirituales que la habitan.

De realizarse el emprendimiento en el Espinillo, se sumaría a las divisas e inversiones en la provincia generadas por proyectos productivos. Esta vez, sus promotores dicen que la china Feng Tian Food dejará 129 millones de dólares en el Chaco argentino. Para alcanzar esta y otras inversiones, Argentina debió sumarse en el año 2000 a la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) y, más adelante, en el 2009, a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el Consejo Suramericano de Infraestructura y planeamiento (COSIPLAN).

El objetivo fue insertarse en proyectos de desarrollo productivo regional. Para conectarse y comercializar con mercados internacionales el gobierno construyó y pavimentó rutas viales e hidrovías, y reparó líneas de ferrocarriles. Una de estas obras se ubica sobre la ruta provincial N.° 3 y está financiada por organismos de crédito internacional como el Banco Mundial. Esta ruta conecta al Espinillo con otras rutas provinciales y nacionales de gran importancia para el traslado de diferentes productos.

“Hace dos meses empezaron a construir. Hay aplanadoras, obrajeros: el proyecto ya tiene su base. Ya están pisando el suelo”, dice Luz Vallejos. Para la antropóloga, lejos de promover mejoras en sus condiciones de vida, intensifican las actividades extractivas abaratando los tiempos y costos del transporte de productos como la madera y la soya.

Cuando se termine de asfaltar, esa ruta se conectará con otros circuitos que desembocan en los puertos de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Este corredor fluvial conecta y facilita el transporte de productos desde Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia a mercados internacionales. Tiene una extensión de 3442 kilómetros y un área de influencia de 720 mil kilómetros cuadrados. Para Argentina es central ya que a través de ella se exporta el 80% de lo producido en el país, fundamentalmente soja y sus derivados. Se inauguró en 1996, mismo año en que se instaló la soja transgénica en Argentina, cultivo que ocupa 542 973 hectáreas de Chaco.

Con este tipo de iniciativas, las promesas de crecimiento económico en la provincia vuelven a florecer. Pero lo cierto es que cerca del 70% de los hogares chaqueños está hoy bajo la línea de pobreza y su capital, Resistencia, es la ciudad más pobre del país. Esta foto se ramifica y recrudece hacia cada resquicio de monte.

Proponen análisis de evidencias antes del proyecto

“Lo que nosotros vemos es que estas plantaciones para el medio ambiente no convienen, porque van a generar un impacto en la zona. Nosotros protegemos el medio ambiente y los recursos naturales”, dice Carlos Leiva.

Cualquiera de los proyectos en danza —ya sea las factorías de cerdos o las hectáreas dedicadas a la producción de cultivos—, implican diferentes formas de extractivismo, con la amenaza de un alto nivel de impacto social y ambiental. Para debatir y evaluarlos, Guillermo Folguera, doctor en Ciencias Biológicas, propone analizar cuatro grupos de evidencias. El primero: las consecuencias en la salud. En un segundo grupo menciona las afectaciones ambientales: algunas vinculadas con los desechos de los animales; otras relacionadas con lo que éstos consumen —tanto agua como granos— porque implican una fuerte presión sobre las formas de deforestación involucradas, y unas últimas dadas por los químicos que requieren estos de emprendimientos.

El tercer conjunto de evidencias está relacionado con los efectos sociales que provocan este tipo de iniciativas. Lejos de favorecer a los sectores menos beneficiados, dice Folguera, reproducen formas de concentración que acrecientan las desigualdades y terminan por expulsar a la población nativa de sus territorios. Por último, el cuarto grupo está asociado a las percepciones sociales, es decir, “con la forma en la cual las comunidades aceptan o rechazan este tipo de proyectos”.

A principios de junio, Ángel Meza y otros pobladores se reunieron con el Defensor del Pueblo del Chaco Bernardo Voloj. Después de escucharlos, Voloj se reunió dos veces con Cuellar. En la primera, el intendente no hizo referencias concretas al proyecto. En la segunda, realizada en agosto, dijo que trabajarían “en un sistema frutihortícola y agrícola a partir de acuerdos con propietarios individuales”. Hasta el momento, la documentación respaldatoria sigue sin aparecer.

Mientras tanto los pobladores qom del Espinillo esperan. Conjeturan frente al silencio de lo que puede venir. En los últimos días de agosto escucharon nuevos rumores: “A los que arreglaron con los inversores les van a alquilar las tierras o dar en comodato. También comentaron que los chinos volverían para entregar algo de dinero. Pero esos son comentarios de boca en boca. Después, no sabemos mucho”, explica Leiva. Y anticipa: “Cuando llegan personas que no son del lugar, primero empiezan por poco y después se terminan adueñando del territorio. Ese es el miedo que más tenemos. Y más cuando empiezan a alambrar. Eso es un peligro”.

MC/EFB

Una primera versión de esta nota fue publicada originalmente en Mongabay.

La xenofobia está lejos de ser un sentimiento marginal en el país. Basta con revisar el celular a diario para encontrar fácilmente estas posiciones en redes sociales, en manifestaciones o en actos públicos. El Laboratorio de Estudios sobre Autoritarismo y Democracia (Lectura Mundi-UNSAM) confirma este clima: según su último estudio, una de cada dos personas en el país muestra algún tipo de reparo hacia la migración. Aún más llamativo es que tres de cada diez encuestadxs se manifestaron a favor de prohibir cualquier tipo de ingreso. ¿Cuántxs se muestran favorables, independientemente del país de origen? Poco menos de la mitad: 48,4%. 

Entre las distintas dimensiones que aporta el trabajo para pensar la cuestión migratoria se encuentra la especificación por provincias y regiones. Este punto es central para pensar discursos, desigualdades y discriminaciones que se fueron configurando históricamente en cada territorio. Por ejemplo, el estudio muestra que lxs habitantes de la Ciudad de Buenos Aires son lxs más proclives a preferir inmigracion europea (un 5% en comparación con un promedio del 2% en el resto del país). “Esta diferencia puede deberse a que, desde su gestación, Capital Federal aceptó inmigrantes pero respondió solo de manera positiva al imaginario de los movimientos inmigratorios de 1880 y de la posguerra, de los cuales puede sentirse heredera”, explican los autores de la investigación.

El Leda está dirigido por el doctor en Ciencias Sociales Ezequiel Ipar y coordinado por las doctoras en Ciencias Sociales Micaela Cuesta y Lucía Wegelin. Para esta investigación, el equipo realizó 3.140 encuestas telefónicas entre noviembre de 2020 y febrero de 2021. El análisis y la redacción de la investigación, que se publicó en junio, estuvo a cargo del propio Ipar, Cuesta y Lucas Reydo.

Al disgregar los resultados totales por zonas geográficas, hay tres regiones que resaltan por estar debajo del promedio nacional de cantidad de habitantes a favor de cualquier inmigración: Cuyo, donde el 45,1% se manifestó a favor, el NEA -38,8%- y el NOA -36,4%-. “Una hipótesis viable puede tener que ver con que estas dos últimas regiones se encuentran en zonas limítrofes con Brasil, Bolivia y Paraguay. Allí sus habitantes suelen percibir con más intensidad los conflictos fronterizos, por ejemplo, en cuestiones económicas o políticas”, explican los autores de la investigación.

Para tomar un punto de referencia con el que comparar los resultados de este estudio, hay que remitirse al Mapa Nacional de la Discriminación, cuya segunda serie fue publicada en 2014. En ese trabajo, realizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI), se pidió a lxs encuestadxs que optaran por la frase con la que se sentían más identificados: si “Argentina debe estar abierta a todo el mundo que quiera venir a vivir” o “Argentina debe ser sólo para las/los argentinos”. Un 67% eligió la primera opción, mientras que un 33% optó por la segunda. 

A nivel internacional la Encuesta Mundial de Valores, una red mundial de científicos sociales que estudia el cambio de valores y su impacto en la vida social y política, midió en 2017 las preferencias de políticas migratorias en el país. Sobre una muestra de 1.003 casos, el 10,1% escogió la respuesta “dejar ingresar al país a cualquiera que lo desee”, un 41% optó por “dejar ingresar personas en tanto haya trabajos disponibles”, un 38,7% prefirió “limitar el número de extranjeros que quieran ingresar”, y un 6,3% “prohibir el ingreso de personas de otros países”.

Las migraciones como asunto de política estatal no son una novedad: atraviesan el debate público desde el siglo XIX. La Constitución de 1853, la Ley Avellaneda, de 1876, y gran parte del marco regulatorio elaborado hasta principios del XX fueron pensados bajo la idea rectora de que la inmigración proveniente de Europa sería beneficiosa para el desarrollo del país, tanto en términos económicos como sociales. Algunas de esas visiones permanecen hasta el presente, como el artículo 25 de la Constitución que dispone que el “Gobierno federal fomentará la inmigración europea”. 

Desde 2004, por ley, migrar es un derecho humano. Aunque en los 17 años desde la sanción de la normativa que regula el ingreso de personas extranjeras (nº 25.871) hubo muchos vaivenes. Recién en marzo de este año, por ejemplo, se derogó el DNU 70/17, un decreto sancionado durante la gestión de Cambiemos que violaba los derechos de las personas migrantes.

Hoy, estos debates y posicionamientos se reactualizan a través de las generaciones. Y los resultados no parecen ser los más promisorios: lxs más jóvenes son lxs que evidenciaron porcentajes más altos en términos de prejuicios xenófobos. Un 32% de lxs centennials encuestados -personas entre 16 y 24 años- se mostró a favor de prohibir el ingreso de personas migrantes. Ese número es el más alto de todos los valores desagregados por edad: entre aquellxs que tienen entre 25 y 40 años desciende levemente -un 29%-, y llega a su porcentaje más bajo entre lxs que tienen 75 años o más -un 17%-.

A la hora de pensar posibles explicaciones de las posturas entre lxs más jóvenes, lxs investigadores del Leda señalan que, entre otros factores, hay que ponderar los procesos de precariedad laboral y una mayor exposición a redes sociales, donde los llamados “discursos de odio” y la discriminación a minorías encuentran mayor circulación. Esto último suele además estar acompañado de informaciones falsas, por ejemplo, sobre el número de personas migrantes que hay en el país: “suele aludirse a ”hordas de inmigrantes“ cuando los datos demuestran que entre 1869 y 2010 la migración limítrofe se mantuvo entre un 2%- el mínimo histórico en 1947- y un 3,5% -número del último censo que incluye también a la migración peruana-. Otro de esos mitos tiene que ver con la cantidad de personas extranjeras en cárceles federales: ese número se mantiene estable desde hace una década en el orden del 6%, el mismo porcentaje que el promedio continental. 

Estas representaciones, claro está, no surgen en el vacío. Y tampoco pueden leerse separadas de otras dimensiones como la racial o la de clase. En este sentido es relevante repasar los trazos de ciertas políticas migratorias de los últimos 30 años. Si durante los años ‘90 la lupa gubernamental y mediática había hipervisibilizado a las migraciones regionales como amenaza, en los primeros años del siglo XXI primó el discurso de la integración regional, con la contraparte de dejar en muchos casos a otras nacionalidades por fuera del margen de lo regular. 

Durante el gobierno de Cambiemos, la mirada de derechos viró hacia un tratamiento de la cuestión migratoria desde una perspectiva securitista. Tres ejemplos permiten mostrar el tono de los últimos años. Con el DNU 70/17 -que había sido declarado inconstitucional por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal previo a su derogación-, las expulsiones llegaron a aumentar un 350% en el caso de personas que estaban en una situación administrativa irregular. En otras palabras, que no habían cometido delito alguno. 

En paralelo, los procesos de radicaciones se demoraron y redujeron -particularmente después de la implementación del sistema Radex- al punto que para el pasado octubre se habían resuelto en el año 67.532. Para tomar dimensión, vale aclarar que el promedio anual de la última década fue de 232.190. Además, entre 2015 y 2019 las tasas migratorias aumentaron en un 1.000%. Hoy, tramitar residencias permanentes o temporarias tiene un costo de $ 3.000 para personas provenientes de países del MERCOSUR o estados asociados, mientras que aumenta a $ 6.000 para personas extra MERCOSUR. 

Discursos de odio

El análisis sobre xenofobia realizado por el Leda está enmarcado en una investigación más amplia, que incluye las múltiples modalidades de expresiones autoritarias que erosionan las formas de vida y las instituciones de la democracia. A lo largo de su trabajo, el Leda relevó más de 3.000 casos en los que, además de poner el foco en la xenofobia, reparó en discursos racistas y discriminatorios hacia el colectivo LGBT+, a partir de los cuales elaboró un Índice de Discursos de Odio (DDO). 

Al cruzar ese índice con la pregunta “¿Qué cree usted que debería hacer el Estado con la inmigración?”, resalta un dato: casi seis de cada diez personas que tienen preferencias por la inmigración europea aprueban o promueven los DDO. Este porcentaje es mayor, incluso, que entre quienes se oponen a cualquier tipo de inmigración -un 39,7%  aprueba o promueve los DDO-.

En cambio, quienes sostienen una posición universalista, que reconoce a la migración como un derecho independientemente del país de origen, son quienes -presumiblemente- rechazan y critican con mayor vehemencia los discursos de odio: casi siete de cada diez personas.

A cinco meses de iniciado el operativo de vacunación, los nombres comerciales de las vacunas contra el covid ya son parte del habla cotidiana de los argentinos. Y objetos de disputa. Los primeros resultados de un estudio realizado por el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA/Lectura Mundi - UNSAM) muestran, entre otras cosas, cómo los argentinos se identifican con las vacunas de Pfizer, Sputnik V y AstraZeneca y Sinopharm.

En esa discusión, tomaron partido y discutieron en chats y redes sociales sobre sus preferencias. La encuesta del LEDA registró esos posicionamientos, que revelan un mapa heterogéneo: la vacuna con mayores preferencias es la Sputnik V, elegida por un 13,21% de la muestra. Detrás aparecen la fabricada por AstraZeneca -11,11%-, Pfizer -9,21%- y Sinopharm -5%-, mientras que uno de cada tres encuestados no tiene preferencias. El otro dato relevante es que una de cada cinco personas desdeñan la eficacia o están en contra de la vacuna.

Desde el inicio de la carrera sanitaria contra el virus, las negociaciones del gobierno argentino con países o empresas que desarrollaron las vacunas iniciaron un debate público que terminó poniendo al mismo nivel argumentos científicos con teorías conspirativas y prejuicios políticos heredados de la Guerra Fría.

El informe Discursos de Odio en la Argentina señala que habría “una relación entre grupos de preferencia de determinadas vacunas y modos muy violentos de participación en la esfera pública”. Según los resultados de la encuesta, entre los que eligen la vacuna Pfizer, desarrollada en los Estados Unidos, un 45,8% aprueba y promueve discursos de odio, aunque también es cierto que dentro de esta preferencia un 42,7% los desaprueba.

Los porcentajes se mantienen en el mismo orden para aquellos que prefieren la vacuna de AstraZeneca, desarrollada por el Reino Unido: un 41,1% promueve los discursos de odio y un 49,9% los rechaza.

Sin embargo, la relación se modifica de manera contundente entre aquellos que elegirían vacunarse con la Sputnik V, del laboratorio ruso Gamaleya. En este caso, sólo un 14,0% aprueba los discursos de odio, mientras que un amplio 70,8% los rechaza. Lo mismo sucede al analizar el índice DDO en relación a los que prefieren la vacuna china Sinopharm: un 21,9% se manifiesta afín, mientras que el 67,7% está en contra.

Para esta investigación, el LEDA hizo un relevamiento de más de 3.000 casos poniendo el foco en los discursos racistas y discriminatorios hacia los extranjeros y el colectivo LGTB+, pero también recabó las preferencias a la hora de recibir una vacuna contra el Covid-19.

“En la esfera pública pareció activarse la memoria de un conflicto que polarizó al mundo: comunismo/anti-comunismo. Si a los primeros se los demonizaba, a los segundos se los asociaba con el diálogo democrático. Sin embargo, en el cruce con el índice de DDO la asociación parece indicar un sentido inverso”, dice Ezequiel Ipar, doctor en Ciencias Sociales y director del proyecto. “Las preferencias o los ‘gustos’ en torno a las vacunas se transformaron en un prisma de nuestra cultura y del modo en el que usamos ese trasfondo cultural para enfrentar la pandemia”, explica .

La encuesta también muestra que entre los convencidos de que en las vacunas “hay algo raro”, el porcentaje de quienes promueven DDO asciende a 34,9%.  Entre los que consideran que “no hace falta vacunarse” el porcentaje es similar: un 34,1% se manifiesta a favor estos discursos. Para completar, Ipar señala que entre quienes aceptaban cualquier vacuna “sólo un 17,1% aprueba o promueve los discursos de odio”. 

¿Qué son los discursos de odio (DDO?)

Desde hace meses, el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (Leda/Lectura Mundi - UNSAM) investiga el alcance y la propagación de los discursos de odio en Argentina, cuyo crecimiento sostenido resulta alarmante. Para ello, el Leda construyó un índice que describe desde un plano analítico y sociológico las disposiciones de las personas hacia los discursos que promueven, incitan o legitiman “la discriminación, la deshumanización y/o la violencia hacia una persona o un grupo de personas en función de su pertenencia a un grupo religioso, étnico, nacional, político, racial, de género o cualquier otra identidad social” en la esfera pública digital.

La primera etapa de este estudio tuvo lugar entre noviembre de 2020 y febrero de 2021. Sus resultados son sumamente reveladores, ya que es el primer trabajo académico en el país en abordar de manera sistemática y federal este tipo de fenómenos. “Para comprender qué está sucediendo y qué puede suceder con los discursos de odio tenemos que contar con instrumentos adecuados que permitan medir su fuerza, su distribución en la ciudadanía y sus posibles causas. Es necesario contar con información objetiva que nos permita conocernos a través de un espejo en el que no siempre nos gusta mirarnos”, explica Micaela Cuesta, doctora en Ciencias Sociales e integrante del Leda. 

Antisemitismo, el otro gran prejuicio

Este informe también indagó en algunos prejuicios sobre el origen de la pandemia y la reactualización de antiguos prejuicios antisemitas que vinculan a los judíos con el afán de hacer fortuna. Sorprendentemente, casi cuatro de cada diez personas —un 37%— mostraron algún grado de acuerdo con la idea de que el coronavirus surgió como un plan de empresarios judíos para ganar dinero fabricando vacunas. En el otro extremo, un 43,8% manifestó algún tipo de desacuerdo. 

“El antisemitismo no es un prejuicio social que funcione aislado, sino que se articula con otros que, como podemos ver en los resultados, disponen también a la aprobación y la promoción generalizada de los discursos de odio”, agrega Lucia Wegelin, doctora en Ciencias Sociales e integrante del estudio. En ese sentido, ambos investigadores advirtieron que el crecimiento de estas formas radicalizadas del odio social es uno de los mayores desafíos que enfrenta hoy la convivencia democrática. “Estos discursos y su instrumentalización a través de las redes sociales tienden a destruir esa confianza mínima que todo sujeto necesita para expresar su voz públicamente y generan de esta manera un nuevo tipo de censura, una exclusión participativa”, concluyen.

SMF/EFB