El 2 de mayo, Agustín Valdez, jefe de la Guardia Tradicional e hijo del gobernador yaqui en Loma de Guamuchil, fue asesinado en esa misma localidad. Tomás Rojo Valencia, líder visible de uno de los ocho pueblos yaqui, desapareció el 27 de mayo cuando caminaba muy temprano en Vícam, su comunidad en el norteño estado de Sonora —a unos 1270 kilómetros de Ciudad de México. Luego de que un lugareño halló un cuerpo semienterrado el 18 en las proximidades de Vícam, la Procuraduría (fiscalía) local de Justicia confirmó el 21 de junio que se trata del defensor del agua.

El 8 de junio fue asesinado Luis Urbano Domínguez, defensor yaqui del agua, en el centro de Ciudad Obregón (Sonora). Y en otro episodio intimidante para los indígenas, Lorena Josefina Valenzuela, hermana del líder yaqui Mario Luna, desapareció el 17 de junio cuando salía de Vícam hacia su trabajo en el municipio cercano de Empalme y apareció cinco días después.

Conflicto de intereses

Fuentes consultadas señalan que la defensa de sus recursos naturales ha entrado en conflicto con intereses económicos y grupos criminales.

Mario Luna, miembro de la tribu, recordó que el incremento en la violencia en Sonora se ha “desbordado”, pues bandas criminales se han apoderado de grandes extensiones de territorio. “Lamentablemente, esto ha provocado que defensores de derechos humanos y del territorio se vean aún más vulnerables, en la mira de los intereses y poderes de facto que operan tras estas bandas”, señaló.

“Es muy difícil el trabajo que hemos venido realizando desde 2010, nos enfrentamos a diferentes problemáticas”, como el agua, dijo el activista este lunes 27, en rueda de prensa.

Agua, el recurso en disputa

Entre los años ’40 y los ’60, el gobierno mexicano construyó tres represas para riego y generación eléctrica en la zona. En antelación a esos planes, en 1937 les adjudicó unas 450.000 hectáreas y en 1940, la mitad del caudal del río Yaqui, el más importante de la región —una cuota de 250 millones de metros cúbicos al año—.

Otro trago seco fue la construcción del Acueducto Independencia, inaugurado en 2013, con capacidad instalada de 75 millones de metros cúbicos y que traslada el líquido desde la presa “Plutarco Elías Calles” a la ciudad de Hermosillo, a unos 1.890 kilómetros al norte de Ciudad de México —un trasvase de la cuenca del río Yaqui a la del río Sonora—, para cubrir el crecimiento urbano e industrial.

En 2014, autoridades estaduales persiguieron penalmente a los dirigentes yaquis Luna y Fernando Jiménez por su oposición al Acueducto Independencia. Ambos líderes permanecieron encarcelados entre 2014 y 2015 por su rechazo al megaproyecto.

La instalación del gasoducto Aguaprieta, propiedad de IEnova, filial de la estadounidense Sempra Energy, también generó rispideces con los yaquis. El pueblo de Loma de Bácum rechazó el paso del tramo Guaymas-El Oro por sus tierras. En octubre de 2016, hubo disturbios en esa localidad que dejaron tres muertos.

Por ello, las autoridades detuvieron y enjuiciaron a Fidencio Aldama, condenado a 15 años de prisión, pero sus familiares y organizaciones de derechos humanos consideran que ese proceso es injusto y parcial.

La campaña por la libertad de Aldama dijo a este medio que están “atentos” a la ola de violencia, pero declinaron emitir más comentarios.

Empresas ferrocarrileras, de telecomunicaciones y la estatal Comisión Federal de Electricidad también han instalado infraestructura en su territorio sin su consentimiento, como el caso de una carretera que atraviesa la zona.

En el sur de Sonora, la estatal Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha entregado 47 concesiones de agua subterránea a empresas de generación de energía, agrícolas, mineras y cerveceras por un volumen de 64.81 millones de metros cúbicos de agua, según el Registro Público de Derechos de Agua (Repda).

Además, existen 179 títulos hídricos en Sonora para 59 acuíferos de la zona. Para los tres situados en el Valle del Yaqui, el volumen entregado suma 943.64 millones de metros cúbicos.

Asimismo, Conagua ha dado 53 concesiones en territorios indígenas, 42 localizadas en el sur de Sonora y por un volumen anual de 1,119 millones de metros cúbicos, según estimaciones del colectivo Agua para Todos.

Patrón impune

Para Edith Olivares, directora Ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional, el caso de los yaquis ejemplifica la situación de quienes defienden el territorio.

“En México, defender derechos humanos es peligroso, y la obligación del Estado es generar condiciones para esa actividad, sin poner en riesgo la vida de las personas y sus comunidades”, declaró en la conferencia de prensa del lunes 27.

Esas agresiones siguen el patrón de impunidad de ataques a defensores del territorio que ha convertido a este país latinoamericano en uno de los más peligrosos en el mundo para esa actividad, como lo evidencian varios reportes al respecto

En su informe anual 2020-21, Amnistía Internacional reportó que en México fueron asesinadas 24 personas defensoras de derechos humanos.

Un panorama similar esboza el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2019, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que estima que casi la mitad de los 65 ataques, amenazas e intimidaciones en contra de defensores ambientales relacionados con el agua entre 2012 y 2018 están ligados a la construcción del acueducto Independencia.

La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió el 24 de junio a las autoridades garantizar los derechos a la libertad, la paz y la seguridad de los yaquis, a investigar de forma urgente y exhaustiva las desapariciones y asesinatos y a buscar a las personas desaparecidas.

“En México, los pueblos indígenas son víctimas de la violencia de diferentes actores, incluido los grupos del crimen organizado, quienes buscan tener el control de su territorio. Los liderazgos de estos pueblos están más expuestos a represalias y acciones violentas debido a su visibilidad por la defensa de sus derechos al territorio y cosmovisión. Su asesinato o desaparición tiene un efecto amedrentador sobre los pueblos indígenas, que impide el libre ejercicio de sus derechos humanos”, dijo Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México, en un comunicado.

Plan de justicia

El pueblo yaqui y el gobierno ya firmaron un plan de justicia para ese grupo aborigen, que incluye la construcción de un acueducto, una planta potabilizadora y alcantarillado, así como la transferencia de la gestión de un distrito de riego que han gestionado de facto desde años por unas 23.000 hectáreas.

Para el Acueducto Independencia y el nuevo plan se preparan consultas públicas. En el primer caso, así lo ordenó en 2013 la Suprema Corte de Justicia, pero las autoridades estaduales y federales lo ignoraron.

Ese conflicto no solo está vigente, sino que se mantiene latente, como concluye el estudio de 2018 Agua, yaquis y conflictos. El caso del conflicto del Acueducto Independencia en Sonora, elaborado por tres académicos del estatal Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Ese análisis considera “intratable” el conflicto, debido a su duración, magnitud e intensidad, pues “sigue vigente, tanto en el terreno legal como en la práctica con la consulta pública inconclusa”, lo que impide una aprobación de la resolución de la evaluación de impacto ambiental del proyecto.

Deuda consuetudinaria

Luna hizo un llamado “a la justicia y la reparación por la violencia sufrida y ocupación del territorio”. Asimismo, denunció que al acueducto “nadie lo toca y eso ha provocado que se aprovechen las fuerzas oscuras de la obra para estigmatizar a quienes seguimos hablando contra la megaobra y los intereses de los acaparadores de agua”.

En la región, “hay bastante fuga de agua, hay usuarios que no están contemplados en el padrón oficial y hacen uso de los recursos”, dijo. Y concluyó: “Así se gesta la impunidad, no podemos ignorar cómo se dan las cosas”.

En abril, entró en vigencia el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú —del cual México es parte, pero aún debe adaptar sus leyes a ese marco internacional—.

Las agresiones registradas reflejan no sólo la urgencia de una mayor protección para los defensores, sino también los retos que el país enfrenta para su cumplimiento, como ha ocurrido con otros tratados de derechos humanos.

El acuerdo “obliga a tomar medidas adecuadas para proteger a las personas defensoras”, y para investigar y prevenir agresiones, explicó Olivares, al tiempo que recalcó en las omisiones históricas de México en cumplir esa misión.

“Claramente, no ha estado a la altura de las obligaciones para proteger a defensores. La persistencia de ataques y asesinatos evidencian los altos riesgos que enfrentan las personas defensoras. La persistencia de una narrativa que estigmatiza a defensoras genera un ambiente de hostilidad que puede legitimar esos ataques, pues un día sí y otro también escuchamos a las autoridades estigmatizando a opositores a grandes proyectos”, resaltó la activista.

EG

Si hay un pueblo que sabe de primera mano el significado de la injusticia hídrica ese es el Yaqui, una de las 69 poblaciones indígenas que habitan en México. Y más hoy, que llevan semanas reclamando por la desaparición de uno de sus líderes, Tomás Rojo, cuyo rostro y voz es símbolo de lo que se conoce como “guerra por el agua”.

Un acueducto, tres embalses y falta de agua potable son testimonio de una historia que ha arrinconado a este colectivo aborigen, compuesto de ocho pueblos del estado de Sonora, en el norte mexicano. El agua ha sido tan consustancial para su cultura y su existencia como la tierra, un nudo indisoluble que, desatado, es la brújula hacia la extinción.

El mencionado Tomás Rojo es vocero de la tribu e integrante del Movimiento Ciudadano por el Agua. “[Las obras] Han sido construidas sin el consentimiento de la población”, dijo a este cronista, semanas antes de su desaparición el jueves 27 de mayo luego de salir temprano a caminar en Vícam, su comunidad. El cociente de esa ecuación de infraestructura es cada vez menos agua para su pueblo y sus actividades económicas, entre las que se destaca la agricultura, por ser la más importante.

Historia de la injusticia hídrica 

Entre los años ’40 y los ’60, el Gobierno mexicano construyó tres represas para riego y generación eléctrica en la zona. En antelación a esos planes, en 1937 les adjudicó unas 450.000 hectáreas y en 1940, la mitad del caudal del río Yaqui, el más importante de la región —una cuota de 250 millones de metros cúbicos al año.

Otro trago seco fue la construcción del Acueducto Independencia, inaugurado en 2013, con capacidad instalada de 75 millones de metros cúbicos. Este traslada el líquido desde la presa “Plutarco Elías Calles” a la ciudad de Hermosillo, a unos 1.890 kilómetros al norte de Ciudad de México —un trasvase de la cuenca del río Yaqui a la del río Sonora—, para cubrir el crecimiento urbano e industrial.

A esa lista se suma el impacto de la crisis climática en la región, donde el agua disponible proviene de las lluvias estacionales.

“Ahora el problema es la sequía, hay un déficit de agua. El cambio climático sigue afectando. Tenemos que estar previendo esas situaciones, la disputa del agua, el efecto del cambio climático, las proyecciones deficitarias”, advirtió Rojo, cuya aparición con vida está siendo reclamada a viva voz en México. 

Al respecto, productores agrícolas del Valle del Yaqui afirmaron: “Es preocupante que, en el arranque del Plan de Justicia para los pueblos Yaquis, ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, haya desaparecido una persona que siempre se preocupó por su pueblo y que su vida esté en peligro”.

Cóctel de amenazas

El conflicto por el agua en Sonora es un ingrediente del cóctel que amenaza a México, un país de unas 129 millones de personas altamente vulnerable a los efectos de la emergencia climática, como sequías, tormentas intensas, inundaciones, aumento de la temperatura y suba del nivel del mar. A ello se suma una paradoja: mientras el sur y el sureste tienen agua en exceso, los habitantes del centro al norte se enfrentan a su insuficiencia.

Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del Programa de Investigación Sierra Nevada de la estatal Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), enumera los fenómenos que marcan el agua en el país: acaparamiento por empresas agrícolas, mineras, inmobiliarias, hoteleras, embotelladoras y cerveceras; contaminación, agudizamiento ante vulnerabilidad por sequías, inundaciones y sobreexplotación de acuíferos.

“La crisis del agua es parte de lo que vemos todos los días”, apunta.

Abasto del líquido a centros urbanos y áreas rurales remotas; deterioro de la calidad de ríos, lagos y embalses; mal manejo de aguas residuales; invisibilidad de la importancia de las aguas subterráneas; visión limitada de la gestión de cuencas; fallas de regulación del acceso a aguas superficiales y subterráneas fueron los hallazgos del estudio “Problemática y política del agua”, parte de la “Agenda Ambiental 2018” que un grupo de académicos entregó al entonces presidente electo López Obrador.

La adición de esas contrariedades resulta en conflictos, como el que viven los Yaquis en Sonora.

Esteban Castro, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), quien ha centrado parte de su trabajo en la situación hídrica de México, recuerda que este país latinoamericano ha sido pionero en identificar conflictos. En 1981, los había en 93 ciudades.

“Se sabía que se iban a agravar. Hay cosas que no han avanzado y que no se han resuelto, algunas graves. Hay conflictos entre usos rivales del agua: Ciudad de México extrae agua de varios estados y eso genera conflictos que siguen allí. Los intentos de regular la extracción han fracasado en el país. La mayor parte del agua se extrae de forma ilegal, de forma consentida. La gestión se ha vuelto más compleja”, explica.

La suma de esas dificultades interpone un obstáculo mayúsculo para que México logre la meta de agua limpia y saneamiento para toda la población, el sexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por Naciones Unidas en 2015 y que deben cumplirse para 2030.

Un país que se seca

México cuenta con una superficie de 1,96 millones de kilómetros cuadrados. De ellos, el 67% es árido y semiárido, y sólo el 33% restante, húmedo. La disparidad hídrica es un reflejo de su geografía.

En 2018, el agua renovable totalizó 451.585 millones de metros cúbicos —equivalentes a cubrir todo el país con 23 centímetros de agua. El 67% se da en el sur y sureste; el 33%, en el norte y noreste, según datos de la estatal Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A saber: el agua renovable es la cantidad máxima factible de explotar anualmente sin alterar el ecosistema y que equivale al aporte de la lluvia. De cada 100 litros de lluvia, 72 regresan a la atmósfera por evotranspiración; 22 se escurren por ríos y arroyos; y 6 se infiltran en los 653 acuíferos, 108 de los cuales estaban sobreexplotados, 32 tenían suelos salinos o agua salobre y 18, intrusión de agua salada marina (por la suba del nivel del mar y su infiltración en los mantos freáticos).

Aunque su importancia ha sido invisibilizada, el agua subterránea es fundamental para México, que posee 757 cuencas hidrológicas, pues el 39% de los usos nacionales —excepto la hidroelectricidad— depende de ella.

En 2021, el país viene padeciendo una dura sequía que impacta severamente la agricultura, la ganadería y la disponibilidad de líquido para centros urbanos. A pesar del inicio de la temporada lluviosa en mayo, más de la mitad del territorio presenta condiciones secas.

Esas estadísticas transmiten una imagen más compleja. Si bien México tenía en 2017 un grado de presión nacional bajo (19,5%), su riesgo de estrés hídrico es alto, de acuerdo a la plataforma Aqueduct, elaborada por la Alianza Aqueduct, formada por gobiernos, empresas y fundaciones. De hecho, México es el segundo país de América en estrés hídrico, detrás de Chile. 

El grado de presión sale de dividir el agua usada entre la renovable. Se considera “alto” si es mayor a 40% y “sin estrés” cuando es menor a 10%. En contraposición, el estrés aparece cuando la demanda excede la cantidad disponible.

Riesgo dispar 

El territorio mexicano parece una paleta de colores. Del centro al norte pueden sufrir estrés hídrico en 2040. En tanto, la esquina noroccidental presenta riesgo medio-alto de empobrecimiento de acuíferos. Y prácticamente todo el Golfo de México y el Mar Caribe, riesgo medio-alto de sequía.

El país registra un uso intenso de agua, reflejado en su huella hídrica (el impacto de las actividades humanas sobre el recurso) de 1.978 m3/persona al año, cuando la media global es 1.385.

Para Patricia Ávila, académica del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trata de un problema multidimensional.

“El agua es el reflejo de los problemas nacionales. La población más pobre tiene acceso diferente en términos de cantidad y calidad. Que haya cobertura no garantiza que tengan agua. Para la población rural, pobres urbanos y zonas indígenas, el acceso es muy limitado. Incluso en las ciudades no hay agua corriente todos los días”, explica.

A esos fenómenos, la experta añade el deterioro ambiental por la destrucción de bosques y la construcción de infraestructura, así como la contaminación del agua, al grado de que “muchas fuentes ya no son potables para garantizar condiciones adecuadas para la población”.

Datos de Oxfam indican que casi 10 millones de personas carecen de agua en sus hogares.

La situación de Ciudad de México, con más de 8 millones de habitantes, es particularmente delicada. Se encamina al llamado “Día Cero”, cuando se quedará sin recurso suficiente para satisfacer sus necesidades. Es el tercer de los 33 estados del país con mayor estrés hídrico, detrás de Baja California Sur (territorio árido) y Guanajuato (debido a las actividades agrícolas).

Escasez de dinero

A pesar de la problemática, el presupuesto de Conagua se ha achicado en al menos 50% entre 2015 y 2021. La provisión de agua potable absorbe la mayoría de esos fondos.

La austeridad impuesta por López Obrador desde que llegó al poder en diciembre de 2018, con tal de poder financiar megaproyectos como una refinería en la costa del Golfo de México y el Tren Maya que recorrerá cinco estados en el sur-sureste, ha hecho mella en el sector ambiental, incluido el ramo hídrico.

En 2019, su administración lanzó el “Programa Nacional Estratégico para el Conocimiento y Gestión de Cuencas de Agua para el Bien Común y la Justicia Ambiental”, con el fin de investigar soluciones a la gestión del líquido. De 47 proyectos elegidos, el Gobierno seleccionará un pequeño grupo para un trabajo de cinco años.

En la medida en que avanza el reloj climático hacia desastres de peores consecuencias, a México, como al mundo entero, tiempo no le sobra.

Para Omar Arellano, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, existe necesidad de avanzar hacia una perspectiva renovadora de la gestión del agua y de cuencas. “Hay un avance que no atiende de manera profunda y determinada los problemas, hay muchas simulaciones. Por ejemplo, hay propuestas de recuperación de ríos, pero no hay participación ciudadana. La visión se sigue basando en tubos, concreto y plantas de tratamiento”, cuestiona.

Tiempo de descuento

En una dimensión paralela, una nueva ley del sector está atorada en la Cámara de Diputados. Hasta ahora, esa institución ha recibido seis iniciativas, entre ellas la primera del país elaborada por organizaciones de defensa del derecho humano al agua, pueblos indígenas, productores agrícolas y académicos.

México incluyó el derecho humano al agua en su Constitución en 2012 y, por mandato legal, tenía un año para aprobar una nueva Ley de Aguas. Ese incumplimiento va por su séptimo año, como si arrancar hojas al calendario fuese ya un oficio.

El debate alrededor de esa nueva legislación refleja los conflictos por el recurso, pues mientras empresas y políticos abogan por mantener el estatus quo, otros grupos quieren una regulación que cambie la visión sobre su manejo.

Luego de siete años de foros y talleres, la iniciativa ciudadana se construyó sobre 12 consensos. Entre ellos: respetar el líquido de pueblos y comunidades; prohibir la entrega de agua para minería tóxica y fractura hidráulica (o fracking); acabar con el acaparamiento de concesiones; evitar la privatización de servicios hídricos; garantizar pleno acceso a la información y recursos públicos suficientes para el ramo.

Sin embargo, la ley no parece ser prioritaria para el Gobierno y el partido en el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y ha quedado a la expectativa de la recomposición del Congreso legislativo mexicano.

“Es necesario tener una ley de aguas que esté a la altura de lo que el país necesita”, plantea Moctezuma, académico de la UAM.

 Para Castro, investigador de Conicet, la ley no lo es todo: primero se tiene que aplicar. “Esperamos que pase una ley en México que permita la gestión más democrática del agua. Si se aprueba un proyecto progresista, ese logro será resultado de una lucha en relación con los conflictos. Pero, las injusticias no se van a resolver de un día para el otro”, resalta.

El negocio de la escasez 

El pueblo Yaqui espera algo más que una ley para tener agua suficiente. “Si los riesgos se concretan, prácticamente dejará al sur de Sonora con gran déficit de agua y condenaría la existencia de la tribu. Tal vez tenga que pasar una generación que sufra los estragos más amargos, pues la proyección a 2030 para la cuenca del Yaqui es un déficit de 270 millones de metros cúbicos. Si se agrega las extracciones ilegales, va a ser más crítico. Hacen del agua una mercancía muy cara en Sonora, la escasez es negocio de especuladores”, lamentó Rojo.

 La comunidad y el Gobierno ya firmaron un acuerdo para la construcción de un acueducto, planta potabilizadora y alcantarillado, así como la transferencia de la gestión de un distrito de riego por unas 23.000 hectáreas que han gestionado de facto desde años.

Si bien Ávila conserva la esperanza de que las investigaciones en marcha ayuden a resolver los problemas, guarda reservas similares sobre la postura gubernamental.

“No estamos seguros si al Gobierno le interesa hacer los cambios necesarios o si va a poder hacerlos. No veo cambios, no veo una visión diferente. No han internalizado el cambio climático en las medidas”, sostiene, y propone una reconversión agrícola a partir del faltante de líquido y diversificación de fuentes, como la captura de agua de lluvia.

Solo una cosa parece cierta. La crisis climática hará más cuesta arriba que haya recurso para todos.

EG

Esta publicación es parte de un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América latina. Licencia Creative Commons.