Después de dos años de audiencias, el 10 de junio terminó el juicio conocido como “Contraofensiva Montonera” con condenas a prisión perpetua para cinco de los seis imputados que llegaron al veredicto. Fue un juicio importante y conmovedor. El esfuerzo inmenso de las querellas, el Ministerio Público Fiscal y les sobrevivientes y familiares organizades logró llegar a este juicio, obtener una sentencia luego de diez años de tramitación y hacer una contribución muy relevante a la construcción de la verdad sobre lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar. En especial, logró avanzar sobre un gran pendiente: la reconstrucción, por lo menos en parte, de la estructura de inteligencia del terrorismo de Estado y su intervención en el plan de exterminio. 

Se investigaron hechos que damnificaron a 94 militantes montoneras y montoneros y sus hijes víctimas de secuestros, torturas, asesinatos y desaparición. Las audiencias orales y públicas se pudieron seguir por el canal de YouTube de un medio autogestivo, La Retaguardia, o a través del Diario del juicio. Declararon doscientos testigues. Por los delitos de lesa humanidad que afectaron no solo a las 94 víctimas sino a familias enteras y al menos a tres generaciones, fueron responsabilizados integrantes de la Jefatura de Inteligencia del Ejército, del Batallón de Inteligencia 601, del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares y del Destacamento de Inteligencia 201. Cinco fueron condenados como coautores de homicidios, privaciones ilegales de la libertad y torturas. 

Les militantes de la Contraofensiva Montonera, sin embargo, no fueron las únicas personas víctimas del dispositivo de la inteligencia militar. La investigación sobre sus alcances, sus relaciones con las otras patas del aparato represivo, y el juzgamiento de quienes formaron parte de esa estructura siguen muy demorados. En cierto modo, son obturados porque las investigaciones están fraccionadas en diferentes jurisdicciones del país según el centro clandestino de detención en el que tuvieron lugar los hechos. 

Miles de responsables continúan impunes porque actuaron con alias, en la clandestinidad o desde sus escritorios, y no pudieron ser identificados por les sobrevivientes. Son miles las víctimas desaparecidas sobre las que aún hoy no sabemos nada, ni siquiera en qué centro clandestino de detención estuvieron secuestradas. Pero sin dudas, hay responsables que planificaron y ejecutaron sus secuestros, torturas y desapariciones y otros que formaron parte de la mesa de toma de decisiones de este engranaje del poder desaparecedor. Para identificarlos, para entender el lugar que tuvieron en esa maquinaria, es importante avanzar en la investigación de las distintas estructuras de inteligencia. 

La inteligencia permitía la “detección de blancos”, el posterior secuestro de las personas que serían sometidas a torturas para obtener información que luego sería procesada por agentes de inteligencia para obtener nuevos “blancos” y continuar así con el plan de exterminio de todo tipo de militancia y oposición a la dictadura. Quienes actuaron en el área de inteligencia de las jefaturas, departamentos, secciones de unidades, comandos del Ejército, en el Batallón de Inteligencia 601 y en los destacamentos que de él dependían tuvieron un rol clave en el plan sistemático de represión, desaparición y exterminio. También quienes lo hacían en la ex SIDE y en las estructuras de inteligencia de la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, el Servicio Penitenciario Federal, las policías y servicios penitenciarios provinciales. 

Desde 2010, con el decreto de desclasificación nº 4 dictado por la presidenta Cristina Fernández, se crearon equipos para relevar documentación burocrática de archivos de las fuerzas armadas y de seguridad que permitieron aportar nuevas pruebas a las investigaciones judiciales. Estos equipos fueron reducidos o desarmados durante el gobierno de Mauricio Macri a pesar de los reclamos de quienes impulsamos el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Hace unos días el presidente Alberto Fernández dictó el decreto nº 359/2021 por el que prorrogó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y dispuso fortalecer la tarea de protección y sistematización de archivos históricos para esclarecer el rol de los organismos de inteligencia en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado. En el decreto se reconoce que esa disposición es una respuesta al histórico reclamo de víctimas, sobrevivientes, organismos de derechos humanos y de la sociedad en su conjunto de conocer la información que se encuentra en poder de la ex SIDE. 

Parte de la reconstrucción de la verdad se logró con el juicio de la Contraofensiva. Queda mucho por hacer. Les sobrevivientes ya han declarado en muchísimas oportunidades. Es momento de que el Estado trabaje activamente para reconstruir este aspecto del terrorismo de estado aún en penumbras, porque a 45 años del inicio de la dictadura cívico militar tenemos la expectativa de seguir construyendo verdad, de saber qué pasó con las miles de personas desaparecidas y de identificar a los responsables.

PL/SH