“De algo podemos estar seguros: este es el camino correcto”. De esta forma concluía la conferencia de prensa de Luis Caputo el 12 de diciembre de 2023, cuando se comunicaba por primera vez con la sociedad argentina para anunciar el nuevo plan económico.

El programa elegido por el gabinete combinaba elementos de ajuste ortodoxo clásico con otros menos tradicionales, sobre todo en el aspecto monetario. Así, la megadevaluación del peso no solo fue acompañada por un recorte fiscal agresivo (inédito en su magnitud), sino también con una reducción en las tasas de interés a la par que se mantenían los controles cambiarios y la fijación del tipo de cambio. Al mismo tiempo, el Gobierno emprendió una agenda de desregulación económica (tanto vía DNU 70, como con la Ley Bases y otros Decretos) que desactivó herramientas estatales relevantes para la protección de la sostenibilidad de la vida de las grandes mayorías. Los acuerdos de precios y salarios que podrían haber al menos mitigado la regresividad en la transferencia de ingresos brillaron por su ausencia.

Pasada esta primera fase el Gobierno encaró un nuevo proceso de apreciación cambiaria sostenido y altas tasas de interés en dólares (a pesar de ser originalmente negativas en pesos reales). Contrario a lo que argumentaba Javier Milei antes de ser presidente, no es novedad en la Argentina que la estabilidad cambiaria permita una desaceleración de los precios. El corazón de esta política económica es similar a otras experiencias históricas, como la tablita de Martínez de Hoz, la convertibilidad o el régimen de metas de inflación de 2016-2018 ejecutado por el tridente Macri-Sturzenegger-Caputo, con la particularidad de que en esta oportunidad está acompañada por severas regulaciones a los flujos financieros heredadas del gobierno anterior y hasta el momento sin un incremento del endeudamiento externo público.

El oficialismo se jacta frecuentemente de haber podido lograr en un mes lo que muchos sostenían que llevaría meses o años lograr: pasar del déficit al superávit fiscal. Lo que esconde es que eso solo fue posible licuando las jubilaciones en más de un 33%. En los primeros meses de gestión, el gasto previsional llegó a explicar casi uno de cada dos pesos ahorrados por el gobierno. En el acumulado del año, la caída del gasto en términos reales es de 28% y se encuentra explicada principalmente por cuatro rubros: prestaciones sociales (35% del ajuste), obra pública (24%), subsidios de tarifas (12%) y masa salarial del sector público (9%). Del lado de los ingresos, la recaudación tributaria se vio deteriorada por la caída en la actividad. Sin embargo, los impuestos vinculados al comercio exterior permitieron compensar parcialmente la caída en IVA (-10%) y Aportes a la Seguridad Social (-10%). 

Los perdedores

Esta distribución del ajuste fiscal, sumada a otros aspectos de la política económica (crucialmente, la política cambiaria), da lugar a una constelación de ganadores y perdedores que dista de la narrativa oficial y las promesas de campaña de Milei. 

Los principales afectados por el programa económico elegido son aquellos que viven (o vivían) de su trabajo. La discusión pública se concentró en los salarios reales, que incluso en el sector privado registrado sigue estando por debajo de los de noviembre (gracias a que el tipo de cambio real también retornó a niveles similares).  El salario de los trabajadores que aún conservan empleo registrado, se ubican aún un 4% por debajo de los niveles de noviembre de 2023, que ya eran muy bajos en comparación con el pasado reciente: un 24% por debajo de diciembre de 2015 en el caso del sector privado y un 39% en el caso del sector público. Para estos últimos, la caída del poder adquisitivo desde que asumió Milei alcanza el 20%. 

Parte del deterioro del poder de compra se debe a los aumentos súbitos de las tarifas de los servicios públicos (tanto gas, como electricidad, agua y transporte) y privados (prepagas, telecomunicaciones) que afectan especialmente a la clase media. El foco en el salario real, sin embargo, da una mirada parcial sobre el deterioro de la situación de los asalariados. Incluso en los sectores donde la caída en los ingresos laborales ha sido menos pronunciada, la estadística (y el Gobierno) esconde que hay menos asalariados que antes, producto de una actividad económica que no termina de repuntar. Solo en el sector industrial, se perdieron 120.000 puestos de trabajo y se cerraron 2300 empresas. Hacia agosto la relevancia del efecto empleo en la pérdida de masa salarial ya era superior a la del efecto salario, y es esperable que esto se mantenga en los próximos meses. 

En medio de ese proceso de devaluación y vuelta al punto de partida, aumentó la desigualdad y la heterogeneidad del mercado de trabajo, con los ingresos de la economía popular mostrando menos capacidad para recuperar lo perdido. Además de no haber recuperado sus ingresos laborales tras la devaluación (se encuentran aproximadamente un 20% por debajo del nivel de noviembre), estos trabajadores fueron impactados por el congelamiento del salario social (ex-Potenciar Trabajo) y el ajuste a la asistencia social en general. Allí radica una de las claves para entender el aumento alarmante de la pobreza y la indigencia, más allá de los aumentos en la Tarjeta Alimentar y la AUH.

Otros grandes perdedores del modelo son los jubilados. En lo que va de 2024 perdieron 15,8% de poder de compra en comparación con el mismo período del año anterior. El ajuste a los jubilados no es un efecto colateral, sino un objetivo deliberado: el gobierno congeló el bono complementario para la jubilación mínima en los $70.000 que había dispuesto el gobierno anterior, cambió por decreto la fórmula de movilidad jubilatoria para evitar los aumentos que esta hubiera implicado, y vetó la fórmula alternativa votada por el Congreso. Ahora además le restringe el acceso a los medicamentos.

También se vieron especialmente perjudicados los jóvenes estudiantes y sus docentes, como resultado del ajuste sobre la educación pública. No sólo se recortó el presupuesto para los gastos de funcionamiento, sino también el vinculado a pagos de salarios. Cuando se propuso una alternativa que permitiera sostener las clases y su calidad, nuevamente el gobierno decidió vetar el proyecto. Una mención adicional requieren los recortes en las becas: el Gobierno decidió reducir más de un 60% el presupuesto congelando sus montos y cerrando su acceso.

Finalmente, una de las injusticias más marcadas del nuevo gobierno es la dramática situación de la mayor parte de los niños y niñas de nuestro país. El 67,1% de los niños, niñas y adolescentes se encontró por debajo de la línea de pobreza en el primer semestre, lo cual representa un incremento de 8,6 puntos porcentuales en solo un semestre. Los menos privilegiados son los niños.

Los ganadores

Que existan tantos perdedores es en parte condición de posibilidad para que otros hayan podido ganar, y mucho. El lugar más destacado lo tiene el sector financiero y en particular los fondos de inversión especulativa, que se vieron fuertemente beneficiados por el esquema de tasas. Los rendimientos en dólares de los títulos públicos acumulan un 60% desde principio de año, las acciones de algunos bancos crecieron más del 200% en dólares y el valor de mercado de los títulos públicos en dólares más del 250% punta a punta. Se trata de retornos que se encuentran entre los más altos del mundo.

El Gobierno también premia deliberadamente a los evasores fiscales de hoy y del pasado. Tanto el blanqueo como la moratoria previstos en la Ley Bases, que ya se encuentran vigentes, condonan las penalidades por evadir impuestos. El blanqueo permite que quienes acumularon riquezas en dólares en el pasado dispongan de ellos como si no hubieran incurrido en un delito tributario al no declararlos. La acumulación de esas riquezas en el pasado es uno de los factores detrás de las dificultades para estabilizar la macroeconomía, es decir que hoy se premia a quienes en el pasado desestabilizaron la economía. 

Milei hizo del “no hay plata” un eslogan de gestión, pero lo cierto es que tanto estas medidas como otras políticas implementadas este año tienen alto costo fiscal. El caso más patente es la rebaja del Impuesto a los Bienes Personales, que implica una reducción de impuestos al 1% más rico del país justo cuando se le niegan alimentos a los comedores y medicamentos a los jubilados. 

El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) perpetúa la rebaja impositiva para los sectores concentrados del poder económico, de manera que el “regalo fiscal” no sólo se aplica a hoy, sino también al futuro. Ganan las grandes empresas mineras y petroleras, mientras cierran las PyMEs. Y la carga fiscal caerá a futuro sobre otras partidas que deban compensar los beneficios que el régimen garantiza durante décadas. Por último, un beneficiario destacado es la SIDE, con el presupuesto para espionaje aumentando un 71% en términos reales.

Un modelo recesión-dependiente

El deterioro de la actividad, los salarios y las condiciones de vida de las grandes mayorías no son un efecto colateral de la política económica, sino su eje rector. En lo inmediato, permite mantener a raya las importaciones y reducir la inflación, disciplinando a los actores que participan de la puja distributiva. En el largo plazo, tiene como objetivo modificar estructuralmente la distribución del ingreso en la Argentina, achicando cada vez más la clase media al tiempo que una minoría concentra porciones mayores de la torta. 

El “modelo” de Milei no es en este sentido algo muy novedoso respecto a los que se ha hecho en la mayor parte de los últimos 50 años. Avanzar por un camino que promete arrasar con la industria argentina tendrá como correlato inevitable un país con desempleo masivo que en el mejor de los casos se combinará con una macro estable. Pero incluso esa estabilidad tendrá patas cortas, en tanto un peso en constante apreciación resulta insostenible en el largo plazo.

*El autor es diputado nacional de Unión por la Patria y director del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas.

MC

La aceleración de la inflación y las tensiones cambiarias (que ponen aún más presión sobre los precios internos) han agudizado las condiciones coyunturales que justifican la implementación de una política de transferencia de ingresos de amplio alcance.

En ese marco, el debate en torno a la propuesta de establecer un Salario o Ingreso Básico Universal contiene diversas aristas. Una de las cuestiones que surgen más a menudo es la del financiamiento. Aun entre las voces que se pronuncian en favor aparecen cuestionamientos respecto de la posibilidad de financiarlo. Este planteo resulta, en parte, razonable considerando las actuales limitaciones fiscales, impuestas tanto por la restricción externa como por el acuerdo firmado con el FMI. Por eso en este artículo voy a profundizar en este punto.

El costo anual de otorgar un salario o ingreso básico para 7,5 millones personas con un monto igual a la Canasta Básica Alimentaria de una persona adulta (equivalente a la línea de indigencia) es de 1,8% del PIB. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este programa implicaría una reorganización de las políticas ya existentes de transferencia de ingresos. Por eso, subsumiendo otros programas alimentarios y una porción de las políticas sociales existentes, el gasto adicional al actualmente erogado por el Estado nacional sería de aproximadamente 1% del PIB. Y si además se considera que el nuevo poder de compra inyectado en el mercado genera actividad económica que paga impuestos (lo que se denomina retorno fiscal), finalmente se llega a un costo neto a financiar de 0,7% del PIB.

¿Cómo se podría financiar ese 0,7% del PIB sin recurrir a la emisión monetaria, es decir, sin incrementar el déficit fiscal? Existen varias alternativas que pueden combinarse.

Las alternativas presentadas suman una masa de recursos que casi duplica el costo neto de un salario o ingreso básico universal para 7.5 millones de personas, lo que habilita a pensar que una combinación de estas medidas, aplicadas total o parcialmente según el caso, alcanzaría para lograr el objetivo de reducir significativamente la indigencia en nuestro país hasta casi eliminarla, sin incrementar el desequilibrio fiscal. Por supuesto, también se podrían pensar otras ideas. De lo que se trata es de reemplazar los “imposibles” prematuros por la búsqueda de alternativas, así como también de fijar prioridades. A pesar de cómo se los quiera presentar, los planes tradicionales de estabilización con ajuste terminaron siempre estallando por los aires con números alarmantes de pobreza y desigualdad. La “estabilización” no puede ser con la gente afuera.

El día del padre suele ser un día en donde todas las familias se encuentran a festejar (este año tal vez por zoom o al aire libre), pero también es un día en donde las redes sociales y los medios se llenan de mensajes que idealizan la paternidad. Vamos a decirlo claramente: los “padres” no tenemos el mejor historial a la hora de paternar de manera responsable. Históricamente el rol de las tareas de cuidado, en especial de los niños y niñas, ha sido asignado a las mujeres.

La irrupción del feminismo vino a cuestionarlo todo, incluyendo también los estereotipos y modelos clásicos de la paternidad. Cada vez son más las familias que toman otras formas, mujeres jefas de hogar y hombres que se hacen cargo de los quehaceres domésticos. Sin embargo, estamos lejos de una equidad en el reparto de tareas. El contexto pandémico es un claro ejemplo de ello. Visibilizar esta problemática, cuestionar e interpelar nuestro rol y tratar de realizarlo de otro modo es fundamental para ir hacia ese horizonte.

Para hacer estas transformaciones, además de voluntad hay que sortear límites impuestos desde la legislación general: según la ley de contrato de trabajo los padres tenemos tan solo dos días de licencia por paternidad, los cuales ni siquiera son obligatorios. Según la ley actual, ¿cuál es el rol que se nos está asignando a los padres? ¿Cómo podemos construir una paternidad presente y responsable si a los dos días del nacimiento de nuestro bebe tenemos que volver a trabajar?

Más allá de la ampliación que algunos gremios muy puntuales lograron en sus convenios colectivos o los marcos regulatorios más progresivos de algunas provincias, es urgente que el Estado modifique la legislación general para asegurar una licencia equitativa para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras registradas. Un debate aparte es el de los trabajadores y trabajadoras no formales que ni siquiera pueden acceder a estas licencias básicas, ya sea porque sus empleadores se aprovechan de esta situación o porque no tienen la cobertura social para tomar las licencias de manera remunerada. En cualquiera de los casos, la responsabilidad central de trabajar en una redistribución de los cuidados es del Estado.

Argentina es de los países de la región con menor licencia por paternidad. Los únicos en peores condiciones son Haití, Honduras, Costa Rica y Puerto Rico, con cero días cada uno. Para un país que es punta de lanza en la legislación de derechos civiles y sociales, nuestro actual régimen de licencias es vetusto. En ese sentido, el año pasado presenté un proyecto de ley que propone ampliar la licencia por paternidad, volviéndola remunerada, obligatoria e intransferible. Esto último es fundamental, dado que los estudios muestran que en los países donde existen amplias licencias parentales electivas entre madres y padres, la mayoría de los varones no hace uso de ellas. En Chile, por ejemplo, tienen 12 semanas de licencias parentales 100% pagas y 18 al 50%, pero solo el 0,2% de los padres las toman. A su vez, el proyecto también propone crear una licencia por nacimiento transferible de 30 días para que cada familia pueda organizarse según sus necesidades. El objetivo es que el aumento sea progresivo hasta lograr la paridad, y poder instalar un método más flexible para las familias de nuestro país.

La pandemia, que ha sido terrible para todas y todos nosotros, paradójicamente me dio la posibilidad de estar con mi hijo sus primeros meses de vida, y creo que eso es un derecho al que deberían poder acceder todos los padres. Es el privilegio que portamos como varones, en una sociedad machista, el que hace que por ley sean las mujeres las responsables de cuidar al niño o niña recién nacida y es urgente revertir esta situación. Pero no solo eso, también tenemos que cambiarla porque deseamos estar para nuestros hijos, queremos ejercer una coparentalidad responsable. Y ese deseo también es un cambio cultural que debemos impulsar, y para el cual una legislación progresiva podría hacer la diferencia. 

IH