La centralidad política del peronismo en la Argentina tiene su origen en la conjunción entre organizaciones gremiales e identidad política. La columna vertebral del Justicialismo fue el sindicalismo. “Fue”, porque esa reunión invencible desde el 45 al 83 en los períodos que había elecciones libres, expresaba políticamente una realidad social nueva: la de la urbanización y proletarización de las capas populares del país.

Las estadísticas actuales muestran que los sectores sociales más bajos de la Argentina ya no se describen más como asalariados formales pasibles de afiliación sindical. El trabajo informal, el desempleo, la exclusión dan cuenta de los sectores populares argentinos tanto o más que el trabajo formal sindicalizado.

De hecho, de los 20 millones de personas activas hay menos de 9 que tienen un trabajo formal. De estas sólo 6 tienen un trabajo formal en el sector privado. A su vez, sólo 3,5 millones de trabajadores están sindicalizados (uno de cada cuatro del sector privado y dos de cada tres en el sector público). Hay alrededor de 3 millones de personas adicionales con algún grado de “formalidad”: 0,4 millones de trabajadores autónomos, 1,6 millones de monotributistas, 1 millón de empleadas domésticas y monotributistas sociales. El resto, 8 millones de personas opera en la informalidad total.

Los planes sociales en manos de la Nación ascienden a más de 9,5 millones de beneficiarios (muchas veces cruzados con los propios trabajadores formales). También hay 9,2 millones de beneficiarios del régimen previsional de los cuales 5,7 millones pertenecen al régimen general, 1,6 millones reciben pensiones no contributivas y el resto pertenece a regímenes especiales (incluyendo las cajas provinciales) que por sí solos explican 40% del gasto previsional.

Con 9 millones de trabajadores activos, se financia a casi 8 millones de beneficios jubilatorios pagados por la Nación. El total de gasto previsional de la Argentina asciende a casi 12% del PIB y representa el 75% de las transferencias al sector privado que a su vez dan cuenta de un tercio del gasto público.

Una buena parte de la explicación del triunfo electoral de Macri en 2015 se encuentra en esa diferenciación entre “los de abajo”: los históricos trabajadores peronistas sintieron que “su” peronismo se ocupaba más de los excluidos que de ellos, que eran quienes trabajaban y a quienes castigaban con el Impuesto a las Ganancias sobre el salario. Una “contradicción” en sus propios términos que no tiene en cuenta cuál es el basamento de los sistemas tributarios del mundo desarrollado. Pero esos trabajadores ya le habían perdonado al peronismo cosas más inconvenientes para sus intereses colectivos: en los noventa el peronismo avanzó en las reformas estructurales que abrieron la economía, privatizaron y sacudieron las estructuras sindicales en pos de un aumento en la productividad de la economía y su contracara dada por una triplicación de la tasa de desempleo que llegó a alcanzar 18% en 1995.

Steven Levitsky detectó que el peronismo es el único partido de América Latina y Europa Oriental que llevó adelante las reformas pro-mercado y mantuvo la competitividad electoral; todos los demás o bien se extinguieron o quedaron reducidos a la insignificancia en las urnas. Al peronismo sus bases lo siguieron, como pedía en su momento el líder de esas transformaciones, Carlos Menem.

Luego de la victoria de Cambiemos en 2015 el peronismo regresó al gobierno aunque la heterogeneidad en sus bases de apoyo se ha profundizado, al menos si se las analiza con estadísticas en mano. Esto pone al peronismo otra vez frente al desafío de representar a los cada vez menos trabajadores sindicalizados y al variopinto universo de los excluidos. Una caldera.

Muchas organizaciones sociales forman parte de la coalición de gobierno. Estos funcionarios, tienden un puente entre la formalidad institucional y la informalidad del territorio, transmitiendo puertas adentro las demandas de sus bases que están en la calle. Allí, ganan o pierden su legitimidad estos dirigentes.

En los movimientos sociales está sucediendo lo mismo que con la dirigencia sindical: hay cada vez más elencos dirigentes entronizados en el control durante años con manejo de cajas cada vez más grandes - se acercan al 1% del PIB-. En algunos casos financiadas con impuestos transitorios “con asignación específica” como ocurrió con una porción del impuesto país a la compra de dólares o con el impuesto a la riqueza.

Sin embargo, a diferencia de las dirigencias sindicales, los liderazgos de los movimientos sociales siguen teniendo como principal escenario las calles para demostrar su fortaleza y expresar sus demandas al Gobierno. La reválida de los títulos de conducción social, tiene un calendario más exigente con pruebas sorpresas según aprieten las necesidades de sus bases. Esto hace que, los referentes sociales tengan menos paciencia que sus homólogos sindicales en la negociación con el Estado.

El reciente conflicto en torno a las Tarjetas Alimentar es un sólo ejemplo de las fricciones que se dan entre el Gobierno y las organizaciones sociales. El 7 de mayo del presente año, Alberto Fernández anunció la ampliación de los beneficiarios de las Tarjetas Alimentar y un aumento en el monto de las mismas. Esta medida, si bien significa un subsidio adicional a las familias de bajos ingresos, no fue bien recibida por los principales dirigentes sociales. Juan Grabois y Emilio Pérsico cuestionaron el carácter asistencialista de la medida, aunque en rigor se quejaron de las comisiones bancarias e indirectamente del puenteo en el manejo de la caja. Esto revitalizó las discusiones sobre el perfil de la política pública orientada a lo social, es decir, si los fondos públicos deben destinarse a transferencias directas o a programas de empleo y urbanización barrial. Ante esta situación, los dirigentes más cercanos al Gobierno adujeron que la medida era eventual, y que pasada la situación adversa, se avanzaría con medidas más cercanas a las demandadas por los dirigentes de los movimientos sociales.

El oficio de calderero

Esta dimensión del PJ como partido de encuadramiento de bases es subvalorada en los análisis, solo permea en frases de resignación del estilo “a este país el único que lo puede gobernar es el Peronismo”, o “con esta pandemia a Macri le explotaba”, a veces con una georreferencia en el conurbano para especificar el punto exacto de la incrustación de caldera.

Pero hay una funcionalidad del desempeño justicialista para el sistema político. No casualmente en la Argentina se están procesando las demandas sociales dentro del sistema y en Chile, Colombia y Venezuela se expresan por fuera de las instituciones o directamente con un viraje autoritario.

Paradójicamente, este esquema de funcionamiento que torna “estable” la política se da en medio de una inestabilidad macroeconómica que sigue aumentando las inequidades del sistema con un mercado formal de empleo cada vez más reducido y un sistema previsional que no se financia si se quiere sostener la universalidad. En el medio, un sistema tributario que en un contexto de informalidad creciente sigue agregando tributos para intentar cerrar una brecha fiscal estructural en un país que se quedó sin crédito y sin moneda y con riesgos ciertos de cambiar otra vez de régimen inflacionario si no se avanza rápido en un acuerdo con el FMI que descomprima los vencimientos por US$44.000 millones que se concentran en los próximos dos años.

¿Encontrará el peronismo como en los '90 los mecanismos para salir de este entuerto? ¿o dejará de ser, en palabras de Levitsky la excepción a la regla?

 La nota es un extracto de uno de los capítulos del último informe mensual de Eco Go donde se analizó más detalladamente el comportamiento de la caldera social y el rol de los movimientos sociales. Informe Nº 169: “El ruido del Tiempo: sin margen para seguir procrastinando después de octubre”

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