En el capítulo 1 de la temporada 3 (Caída en picada - Nosedive) de la ya no tan distópica serie “Black Mirror”, se desarrolla la historia de una mujer joven y soltera que en sólo una semana se le vence el contrato de alquiler y debe encontrar otra casa. 

Para poder alquilar la casa que reúne sus aspiraciones debe cumplir algunos requisitos. En la reunión con la agente de bienes raíces le informan que el alquiler es por un plazo de 6 meses, aumentos semanales y de forma excluyente debe tener una puntuación, un “scoring social” de 4,5. 

El sistema de puntuación que se vive en esta sociedad se construye a través de los vínculos. Todos califican a todos desde sus celulares y con unos implantes oculares pueden ver reflejadas sobre las personas su puntuación. Estas puntuaciones se construyen por las publicaciones de la vida social en redes, por el trato cotidiano, etc. Este sistema de puntaje es fundamental para poder acceder a diferentes servicios - alquiler de autos, de casas, e inclusive a trabajos -. Por supuesto los puntajes son clasistas, quiere decir que tiene más valor un puntaje dado por los más populares que por aquellos que tienen pocos seguidores o puntajes “marginales”. El sistema de clases sociales se divide por los puntos que cada uno tiene.

El clima de sospecha, miedo y presión que se vive en esta sociedad es insoportable. Una especie de todos contra todos en la carrera por no quedar afuera, en los márgenes de un capitalismo cada vez más inhumano. 

En este contexto es que la protagonista deberá hacer lo imposible para llegar a la exclusiva puntuación de 4,5 y conseguir el alquiler de la vivienda. No será fácil, deberá extremar su “simpatía” pero por sobre todas las cosas lograr que algunos seguidores populares le den puntajes altos. Una vieja amiga de la infancia, que goza de una altísima popularidad, se comunica con ella luego de años sin hablarse y le propone que sea la “dama de honor” de su exclusivo y popular casamiento. Allí asistirán los puntajes más altos de una sociedad que se ha convertido en algo que recuerda mucho al retrato que Fritz Lang hizo en M el Vampiro de los años anteriores a la llegada el nazismo. La persecución acecha sobre todos y entre todos, pero ahora, noventa años después, detrás del consumo. Todo lo que se imagina puede ser real, y por eso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Instituto de la Vivienda y junto al Colegio de Corredores Inmobiliarios ha puesto en marcha el sistema de “Scoring” para inquilinos. 

La distopía ya llegó

Mateo 19, 23-30: 

“Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, 

que un rico entre en el reino de los cielos.“

La política de vivienda de la ciudad de Buenos Aires está frente a nuestros ojos cuando caminamos. Torres y más torres en construcción, edificios nuevos con ventanas a oscuras, alquileres impagables, cajeros de bancos repletos de colchones donde duermen los olvidados, cada vez más gente habitando villas, etc, pero poco se dice de las causas. El blindaje mediático, los negocios a diestra y siniestra logran ocultar del debate público la infame desigualdad que reina en una de las ciudades más ricas del mundo. Aquí no hay ningún tipo de regulación ni política de acceso a la vivienda salvo para las constructoras y los amigotes del poder que se van quedando con la ciudad. 

Aquí no hay ningún tipo de regulación ni política de acceso a la vivienda salvo para las constructoras y los amigotes del poder que se van quedando con la ciudad.

El ministerio que tiene a cargo la política de vivienda de la Ciudad es el que conduce “la popular” ministra María Migliore, y el Instituto de la Vivienda el encargado de ejecutarlas. Gabriel Mraida es el presidente del IVC. De trayectoria evangelista llega al Instituto de la mano de Patricia Bulrich luego de ocupar el cargo de director nacional de prevención del delito y la violencia en el Ministerio de Seguridad. Desde su llegada los lazos con la corporación inmobiliaria porteña son cotidianos y los pasillos relatan reuniones en el IVC a diario para planificar políticas de alquiler de vivienda. 

El IVC, por ley 5859 -17 (impulsada por la organización Inquilinos Agrupados) tiene la obligación de controlar y hacer cumplir todas las leyes porteñas que impliquen derechos en el acceso a la vivienda. Sin embargo, el rol que ha tomado la política del difusor del evangelio, asesor en seguridad de Bulrich y ahora “experto” en política de vivienda, es hacer la vista gorda, ensanchar el ojo de la aguja para que así cualquiera (con gruesas billeteras) pueda entrar al reino de los cielos. 

Al sistema de “scoring inquilino” que pronto lanzarán el Gobierno porteño, el IVC y el Colegio de Corredores, no lo denominan “puntaje”, sino “scoring”. 

Asumidas las políticas de vivienda de los organismos de crédito internacionales (BID, BM, FMI) desde los '90 ha cambiado el enfoque y se ha llevado adelante la desregulación total del mercado inmobiliario mientras el Estado sólo se dedica a dar marginales créditos hipotecarios, y focalizar en políticas paliativas sobre los sectores más empobrecidos (subsidios, hogares de tránsito, magras urbanizaciones, etc). Se puede discutir y estudiar la pobreza, pero bajo ningún punto de vista la riqueza. En ese sentido el sistema de scoring pretende llevar adelante una perversa evaluación de inquilinos e inquilinas para determinar quién se “merece” y quién no la intervención del Estado a la hora de acceder a la vivienda en alquiler. Seguros de caución, intermediación del Estado entre propietarios e inquilinos, algún crédito para ingresar a la vivienda, etc.

El boomerang

“Basta que los recién llegados tengan que temer a la vida un poco más que a la muerte, 

y el torrente de violencia rompe todas las barreras“.

Sartre. Prólogo a “Los condenados de la tierra”. F. Fanon. 1961

Lacie, la inquilina protagonista de nuestro citado capítulo de Black Mirror verá insoportable e imposible cumplir con la puntuación necesaria para alquilar la vivienda. 

Es entonces que durante el casamiento de su amiga entra en un brote violento. Consciente del perverso sistema que la ha llevado a degradar la condición humana no puede evitar tomar el micrófono, una cuchilla y denunciar frente a todos los populares invitados la humillación, la hipocresía que los rodea. 

Entre llantos y risas psicóticas será reducida por la seguridad del barrio privado donde se desarrolla la boda. Para finalmente terminar presa. Ya no podrá calificar a nadie. Ha quedado fuera del sistema. 

En la Ciudad donde hay una vivienda cada dos personas, doscientas cincuenta mil viviendas vacías, cientos de hectáreas públicas se rematan para que el mercado inmobiliario se la lleve a un precio vil, mientras los alquileres se dolarizan y las inmobiliarias tienen vía libre para violar cualquier ley, el gobierno nos va a puntuar a los inquilinos y las inquilinas. Llenaremos planillas y planillas que deberán garantizar que somos “confiables” para los propietarios rentistas y las inmobiliarias. 

En la Ciudad donde hay una vivienda cada dos personas, doscientas cincuenta mil viviendas vacías, cientos de hectáreas públicas se rematan para que el mercado inmobiliario se la lleve a un precio vil,

Los gobiernos de las grandes ciudades están llevando adelante medidas regulatorias para limitar las viviendas vacías, los aumentos de precios de alquileres y propiedades. En algunos casos se discute la expropiación a grandes tenedores de viviendas. El mundo no es el mismo luego de la crisis de las hipotecas del 2008 y mucho menos luego de la pandemia. El acceso a la vivienda esta en crisis producto de sectores concentrados de la economía que ven el negocio de bienes raíces como un elemento más del negocio financiero. 

El IVC hará el trabajo sucio que no se anima a hacer contra el mercado inmobiliario. Pero esto no es un capítulo de Black Mirror. 

Acá la vida duele de verdad, la desigualdad se está tornando escandalosa e insoportable y siguen tirando de la soga. 

La respuesta se está construyendo. Organización para defendernos, pero también para evitar que la lógica del “scoring social” avance sobre nuestra dignidad. 

Vamos a lograr que la vivienda sea un derecho. 

GM

“Esos señores propietarios contribuyen a la revolución y al desorden en una proporción que ni siquiera sospechan. No todo el malestar social proviene de la propaganda maximalista disolvente; nadie conspira tanto contra la sociedad como ese capitalismo delirante que tiende a hacer odiosa la vida y que es responsable del descrédito institucional de la sociedad actual”. Julio Moreno, diputado radical por La Rioja, 1920. 

Cuatro décadas más tarde, y peronismo mediante, en la misma Cámara de Diputados nacional escuchamos el siguiente discurso: “Se mantiene el precio locativo más bajo del mundo entero. No alcanza a un 2% del salario familiar. Es la ley de alquileres que mantiene el más rígido control de precios, y ha caído en la arbitrariedad al impedir el retorno gradual de los alquileres al derecho común. Los aumentos acordados en la actualidad resultan irritantes, al limitarlos al pseudo aumento del 5% anual sobre la vieja valuación existente al 1 de enero de 1955. La mayoría de los problemas en la ley de alquileres giran alrededor del mecanismo de precios”. El reclamo fue formulado por una entidad de brumosa nomenclatura: la Asociación de Pequeñas Mujeres Propietarias de la Capital Federal, según consta en el expediente 594 de 1964.

Nada nuevo bajo el sol, salvo que ya no destinamos el 2%, ni el 15% o el 18% de nuestros ingresos para pagar el alquiler. Cien años después de la primera cita el alquiler de un monoambiente está por encima de la jubilación mínima. De los ingresos totales de un hogar tipo se destina casi el 50% para la vivienda. Dicho de otro modo: el total de un salario promedio alcanza para el alquiler de un departamento de dos ambientes. 

En Argentina cada vez hay menos propietarios con más propiedades y cada vez más generaciones de inquilinos. La desigualdad creciente que este extractivismo inmobiliario provoca no es materia de discusión, por un doble motivo: porque es obvio, es decir nadie lo duda; pero también porque está naturalizado, como un mandato divino.

Sin embargo, lo que sí le preocupa a la clase política y a los grandes medios de comunicación, y mucho es la “renta más baja de la historia”, el “intervencionismo del Estado en la propiedad privada” y los efectos perversos de la ley de alquileres.

“Esta limitación a ajustar el precio de los alquileres una vez por año, con una inflación de entre el 30 y 45% anual proyectada, aceleró la decisión de muchos propietarios de retirar las propiedades para alquilar. La tercera medida que provocó el mismo efecto, fue la obligación establecida en el artículo 16 de la Ley 27.551 referida a declarar los contratos de locación ante la AFIP. Sin duda esta medida pensada desde lo fiscal, sería adecuada en un país normal; pero no es el caso de Argentina, azotada por décadas de intervencionismo estatal, que han distorsionado por completo las reglas en las que podría desenvolverse el mercado”. La cita pertenece esta vez a los fundamentos del proyecto de ley (2943-D de 2021) presentado hace pocos días por JxC con firmas de los diputados nacionales Héctor Stefani, Pablo Torello, Gustavo Hein, Jorge Enríquez, Alberto Asseff, Juan Aicega, José Luis Patiño, David Schlereth, María Lujan Rey, Virgina Cornejo, Gisella Scaglia, Francisco Sánchez.

El discurso que se ha desplegado, además de cínico, nos subestima de forma escandalosa: “la ley de alquileres ha perjudicado a ambas partes”, dicen. “Y contrariamente a lo que busca, ha generado la suba de los precios”. Es exactamente el mismo mensaje que plantea que las leyes que buscan proteger las condiciones de trabajo, en realidad generan desempleo y precarización.

Como podemos ver, en lo relativo al acceso a la vivienda el contenido del debate ha retrocedido un siglo: el punto de partida es la anulación del derecho a vivir en una casa dignamente. La vivienda es una mercancía sujeta a la ley de la oferta y la demanda: quien puede pagarla bien, y el que no a la calle, o a vivir en el hacinamiento.

La ley de alquileres, que entró en vigor hace un año, plantea condiciones mínimas y perfectamente racionales, algunas de las cuales solo buscan sacar de la ilegalidad al abuso de los propietarios: contratos de tres años en lugar de dos; registrar los contratos de alquiler en la AFIP; y que el índice por el cual se actualicen los precios sea un promedio entre la inflación y el salario. Pero el Estado no logra ni siquiera garantizar su cumplimiento. 

Incluso con la ley, el propietario puede fijar el precio que quiera sin importar el valor, la zona o el estado del inmueble y por esto estamos ante un golpe de mercado en respuesta al intento de regulación, que como siempre consiste en dos prácticas ampliamente ilegítimas: desabastecimiento y aumento de precios. 

Es evidente que la ley fue una conquista de la Federación de Inquilinos Nacional (la cual presido) frente al conservadurismo de la clase política y el lobby del mercado inmobiliario. Pero el Estado no estaba preparado para poner en marcha las herramientas que garanticen su cumplimiento por falta de voluntad, por la transversalidad del negocio con la vivienda y porque los gobiernos han perdido la capacidad de disciplinar al poder económico.

Nosotros vamos a defender esta Ley y seguiremos avanzando contra la lógica neoliberal, porque tenemos razón: el acceso a la vivienda de las mayorías no puede estar en manos del mercado.

GM